Los 10 mitos del nacionalismo catalán — Joaquín Leguina

Este es un muy interesante libro, disecciona perfecta, aunque someramente, la trayectoria y el comportamiento de los distintos partidos políticos que han dado lugar al esperpento nacionalista y a su trágico totalitarismo.
Que pena de tiempo perdido. Si los políticos se hubiesen dedicado a trabajar en lugar de expoliar al país física y moralmente que diferente sería todo.

En Cataluña, el castellano es, además de la lengua común, la lengua materna del 55 % de los catalanes, frente 31,6 %, que tiene el catalán. La clase política de primera línea presenta otro perfil: según solventes estudios de hace pocos años, tan sólo el 7 % de los parlamentarios reconoce el castellano como su “identidad lingüística”. Una circunstancia poco compatible con lo que normalmente sucede con las colonias: los colonizados son los que mandan. Como tampoco lo es que Cataluña sea la región con mayor PIB de España, que el presidente de la Comisión de Exteriores de la metrópoli sea un nacionalista catalán o que el presidente de la Generalitat y otros cincuenta y cinco altos cargos de la Generalitat cobren más que el presidente del Gobierno. Y, si se mira la trama social, la fabulación nacionalista todavía resulta más extravagante. Cerca del 70 % de los catalanes, que en primera y segunda generación proceden de otras partes de España, ocupan las partes más bajas de la pirámide social y viven en el extrarradio de las ciudades, mientras que los “colonizados” habitan en los mejores barrios. También aquí la lengua empeora las cosas, al menos si nos importa la igualdad.

El nombre de Cataluña aparece por primera vez a fines del siglo XI y comienzos del siglo XII, al mismo tiempo que los primeros textos literarios en catalán, dos siglos después de que el conde de Barcelona, Wifredo el Velloso, consiguiera unir los condados de la entonces llamada Marca Hispánica.
   Desde el siglo XIII Cataluña constituiría, con Aragón, Valencia y Baleares, la Corona de Aragón. Corona de Aragón y Corona de Castilla se unieron por medio del matrimonio de los Reyes Católicos, formando la llamada —y reconocida como tal en los documentos de la época— Monarquía de Espanya. No se trata de la unidad nacional, sino de la unión de dos territorios que ya eran gobernados por los Trastámara desde comienzos del siglo XV. Durante aquel reinado se incorporaron a las Coronas de Castilla y Aragón los reinos de Granada, Navarra y América y las plazas norteafricanas. También se consolidaron las posesiones italianas de la Corona de Aragón.
La atribución de un carácter global a todos los españoles es cosa que se viene realizando desde antiguo aunque sea de maneras diferentes. Sin embargo, puede afirmarse también que en nuestro siglo se ha multiplicado tal clase de caracterizaciones globales, y que incluso de una peculiar teoría dogmática sobre el origen y el modo de ser de los españoles se ha pretendido sacar elementos suficientes para revolucionar toda la Historia de España, o, mejor dicho, para destruir todas las interpretaciones de ella, conocidas hasta el día.
Los trabajos de Caro Baroja acerca de lo castizo, al contrario de los de Unamuno o Castro, muestran su rechazo a conceder entidad sustantiva a las identidades nacionales, más allá de los símbolos patrióticos y de las emociones políticas.

Los nacidos en democracia fuimos educados en una visión irónica de las naciones. Al menos, de la nación española. No se dice que el nacionalismo español no exista; no lo he conocido. Mis libros escolares —magníficos manuales de la editorial Vicens-Vives, que aún consulto— eran siempre ponderados y dejaban poco margen al estremecimiento telúrico. No menos sobrios eran mis maestros: la batalla de Covadonga fue una pelea a pedradas; el Cid, un mercenario; la Conquista, una gran empresa con no pocas sombras y la Guerra de la Independencia una buena bronca por una mala causa. Una educación descreída que, sumada a la irritación que seguía produciendo la España franquista, y la construcción europea, nos convenció de que las identidades nacionales eran cosa del pasado. El problema era que en otras partes del país el proceso era el contrario. Si en Madrid nos preguntábamos sobre el alcance de la unión dinástica de los Reyes Católicos, en Barcelona se celebraba, sin empacho ni sonrojo, el milenario de la nación catalana. Si para los políticos capitalinos acudir al desfile del 12 de octubre era un «coñazo» (Rajoy dixit), para el establishment del Principado santiguarse ante la estatua de Rafael Casanova, héroe improbable y mártir imposible, era acto solemne y aduana patriótica. Una especie de derecho de crédito generado durante la dictadura facultaba al nacionalismo catalán a empapuzar de «identidad» a sus administrados.

A finales de los años cincuenta del siglo XIX, la Renaixença (así se llamó el movimiento) trató de importar los fenómenos nacionalistas que el romanticismo, para desgracia de los europeos, había extendido por toda Europa. Los autores de la Renaixença pusieron en el primer plano de sus reivindicaciones la lengua (salvo alguna poesía durante los años treinta de aquel siglo XIX, en Cataluña se publicó poco en catalán). Ese cambio lingüístico a favor del catalán tendría a la larga una importancia capital, pues iba a convertirse en el palo del pajar del nacionalismo: «No diexis morir la lengua si vols que visca la patria; honra ton bressol y honrarás ta bandera», diría Lluís G. de Pons en el discurso con el cual inauguró els Jocs Florals de 1861. Como observa Pere Anguera, de quien hemos tomado esta cita, que se mencionen patria y bandera tampoco debe llamar a engaño, ya que entonces todo seguía aún inserto en la mitología españolista.
El arte, la literatura, las concepciones jurídicas, el ideal político y económico de Cataluña han iniciado la obra exterior, la penetración pacífica en España, la transfusión a las otras nacionalidades españolas y el organismo del Estado que las gobierna. El criterio económico de los catalanes en las cuestiones arancelarias ha triunfado hace años.
En abril de 1901, como resultado de la fusión entre Unió Regionalista y la Lliga de Catalunya, nació la Lliga Regionalista de Catalunya. La Lliga era una formación conservadora que no se declaró independentista «por no ponerse fuera de la ley». En las siguientes elecciones celebradas ese mismo año la Lliga obtendría 6 diputados (de los 44 que se eligieron en Cataluña). El catalanismo político se hacía así parlamentario.
Aparte de los 6 diputados catalanistas, obtuvo un escaño un partido que pronto daría mucho que hablar: el que dirigía Alejandro Lerroux, «el emperador del Paralelo». Los restantes 37 escaños se los repartieron los partidos turnantes: el liberal y el conservador.

Pau Casals habló en la sede de la ONU en Nueva York y dijo lo siguiente:
Soy catalán, actualmente de una provincia de España. Pero ¿qué fue Cataluña? Cataluña fue la primera nación del mundo. Os diré por qué: Cataluña tuvo el primer Parlamento, mucho antes que Inglaterra; Cataluña acogió los inicios de las Naciones Unidas; todas las autoridades de Cataluña del siglo XI se encontraron en una ciudad de Francia que entonces era catalana para hablar de Paz: ¡en el siglo XI! Paz en el mundo y en contra de las guerras. Eso era Cataluña.

Emotivo discurso, lástima que todo en él fuera falso. Pero así funcionan los mitos.

Según los nacionalistas, la agresión más añosa recibida por Cataluña a manos de Castilla se remonta, según esa mitología romántica, al siglo XV y tiene como hito el Compromiso de Caspe (1412), que se produjo a raíz de que Martín el Humano quedó sin descendencia al fallecer su hijo Martín el Joven. La dinastía quedó así sin heredero, lo cual provocó la convocatoria en Caspe de los representantes de los reinos que componían la Corona de Aragón. Los reunidos tomaron la decisión de poner al frente de la dinastía a Fernando de Antequera, entonces regente de Castilla. Fueron Bofarull y Balaguer, ya citados aquí, quienes «descubrieron» el Compromiso de Caspe como «gran agravio» y «una conspiración» contra Cataluña, pero la obra canónica de este mito fue escrita por Domènech i Montaner en un estilo novelado, a la cual tituló La iniquidad de Caspe (1930).
Como ha dejado escrito Vicens Vives, «en Caspe no hubo ninguna iniquidad, porque la proclamación de Fernando era la única salida posible al problema planteado».
El mito de Caspe ha perdido vigencia con el tiempo. También el levantamiento, pero siguen vivos otros dos mitos: el de 1714 y el de la Guerra Civil (1936-1939).

El himno oficial de Cataluña se titula precisamente así: Els segadors. ¿Pero de qué segadores nos habla y qué Cataluña era aquella «triunfante» que «volverá a ser rica y plena»?
Se trata de un motín campesino y popular provocado por el hambre y por la obligación de alojar en sus casas a los soldados de Felipe IV. El motín tuvo lugar el día del Corpus de 1640 y durante él se sumaron a los campesinos desplazados hasta Barcelona buena parte de las capas populares de la ciudad. Asesinaron al virrey y asaltaron las casas de los miembros de la Audiencia. También los notables de la ciudad sufrieron los ataques de una muchedumbre que gritaba «¡Viva el rey de España! ¡Mueran los traidores!”. La ira popular y los asaltos se extendieron durante bastante tiempo a Vic, Gerona y otros muchos lugares.
En efecto, en diciembre de 1640 el enviado de la Generalitat al Ampurdán escribía a los diputados que no se podían visitar sin soldados los pueblos y villas de Cataluña… «porque en esta tierra todos los que vamos a tratar cosa de la Generalitat, somos, según ellos, unos traidores».

La mitificación del 11 de septiembre de 1714 como hito en la historia de Cataluña y jornada en la que se recuerda la pérdida de un pasado constitucional frente a una monarquía absolutista nació, como ya se ha visto, con la Renaixença a finales del siglo XIX.
El 11 de septiembre de 1891, un pequeño grupo de simpatizantes de la Unió Catalanista organizó el primer acto ante la estatua del conseller en cap Rafael Casanova. Con los años, esta celebración se ha convertido en tradición. La elección de la fecha tuvo en su origen notables detractores dentro del catalanismo político, como Prat de la Riba, que la consideraba símbolo de la decadencia nacional, o Pere Coromines, que se negaba a mitificar la defensa de un modelo político monárquico.
En cualquier caso, el dramatismo y los sufrimientos que provocaron el cerco y asedio de Barcelona son incuestionables. El asedio duró un año y tres meses en una ciudad que ya había sufrido sitios hacía poco tiempo. En efecto, durante 1697 fue asediada y tomada por los franceses. En 1705 la tomaron los austracistas, después de lanzar sobre la ciudad más de 6.000 bombas. En abril de 1706 fue otra vez sitiada, esta vez por los borbónicos, que no pudieron tomarla.
El incuestionable patetismo de aquel sitio y del consiguiente asalto no autorizan, sin embargo, un relato maniqueo como el montado por el nacionalismo catalán. ¿Qué ocurrió realmente?
Aquella batalla formó parte de una guerra no entre españoles y catalanes, sino que fue producto de una lucha sucesoria, tras la muerte de Carlos II en 1700, entre los borbónicos, partidarios del duque de Anjou (nieto de Luis XIV de Francia y futuro Felipe V), y los partidarios de Carlos de Habsburgo.
Del lado de Carlos se alinearon austriacos, británicos, holandeses, portugueses y dentro de España buena parte de la Corona de Aragón —Cataluña incluida—, aunque las autoridades catalanas habían mostrado en un inicio fidelidad al duque de Anjou, que era quien figuraba como heredero en el testamento del Hechizado (así se denominó a Carlos II). Que esto es verdad lo demuestran los elogios que recibió el pretendiente Borbón cuando viajó a Barcelona para satisfacer las aspiraciones catalanas y se casó con su primera esposa en el monasterio de Vilabertrán (Gerona).
1714 se ha convertido hoy en paradigma de la felicidad perdida, y la Cataluña anterior a 1714 se nos presenta como un mundo ideal que sólo está en el imaginario de la voluntad política distorsionadora de la historia. […] Si algo pone en evidencia la guerra de Sucesión es que hubo muchas Cataluñas y, desde luego, muchas Españas, y que el conflicto nunca fue bipolar (Cataluña contra España, ni España contra Cataluña), sino multipolar y, desde luego, nunca fue el producto de la fatalidad de una naturaleza de diferencias insalvables. Las diferencias, como las similitudes, más que la naturaleza, las construye y deconstruye la historia.

En la redacción del Título VIII de la Constitución, base sobre la cual habría de edificarse después el Estado autonómico, la propuesta socialista para regular la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías se recogía en tres listas detalladas y claras: la de las atribuidas en exclusiva al Estado para que legislara sobre ellas y las ejecutara, otra de competencias compartidas, y una tercera con las materias sobre las que las nacionalidades y regiones tendrían competencia exclusiva para legislar y ejecutar; tal reparto competencial reproducía la sistemática de los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución de la II República.
Esa propuesta hubiera evitado muchos problemas posteriores. ¿Por qué no prosperó? Evidentemente, porque a los nacionalistas no les interesaba una Constitución «cerrada».
La tensión nacionalista, las dudas y los correspondientes vaivenes son, a mi juicio, las causas que llevaron a una redacción del Título VIII de la Constitución, que, como aquellas fincas a las que se refería una famosa ley agraria franquista, sigue siendo «manifiestamente mejorable». En efecto, el texto del mentado Título VIII está lleno de agujeros y no exento de ambigüedades, lo cual permitió que los Estatutos pudieran incrementar la relación de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas; pero con el inconveniente de un mayor grado de indeterminación en la asignación competencial a cada uno de los niveles estatal o autonómico, fuente esta de muchos de los conflictos competenciales posteriores.
Cuando en el año 2000 el PP alcanzó la mayoría absoluta, Aznar cambió de actitud en asuntos autonómicos —y también en otros— e, «impasible el ademán», dejó de escuchar a los nacionalistas (o quizá, simplemente, dejó de escuchar).

Los Países Catalanes— que sobrepasa los límites del Principado.
   Las líneas básicas eran las siguientes: 
   1. Configuración de la personalidad catalana: explicación y potenciación de los ejes básicos de «nuestra personalidad colectiva».
   2. La divulgación de la historia y del hecho nacional catalán: difusión de los «acontecimientos cruciales de nuestra historia y de nuestros personajes históricos».
   3. El nuevo concepto de nación dentro del marco europeo: Catalunya (Països Catalans), como nación europea emergente. La Europa sin fronteras ha de ser una Europa que reconozca a naciones como Cataluña.
   4. El descubrimiento de un potencial futuro: Catalunya (Països Catalans), como centro de gravedad del sur de la Comunidad Económica Europea (CEE).
   5. Un memorial de agravios: «Catalunya es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico». Descubrimiento, constatación y divulgación de los hechos discriminatorios y carencias de forma contundente y sistemática.
   6. La sensibilización colectiva: «Catalunya es un pueblo que camina en busca de su soberanía dentro del marco europeo».
   7. Revitalizar el concepto de Catalunya como una sociedad civil viva, cohesionada, con conciencia de pertenencia y generadora de riqueza.
   8. Ejercer plenamente la soberanía en todos aquellos espacios donde «tengamos» competencias.

Pasqual Maragall nunca expresó con claridad de dónde salió la necesidad de un nuevo Estatuto con el cual se pretendió nada menos que meter por la ventana del Estatuto lo que no cabía por la puerta de la Constitución. O, en otras palabras: se pretendió cambiar la Constitución desde un Estatuto. ¿Para qué? Para otorgarle a Cataluña un estatus especial dentro de un federalismo «asimétrico». Un federalismo que no se parecía a ninguno de los conocidos, porque ni en los EE. UU. ni en Alemania ni en ningún otro federalismo existen «asimetrías» como las que se pretendía colar en aquel desgraciado Estatuto.
¿Y qué opinaban de este disparate las gentes normales y corrientes del PSOE? Puedo contar lo que opinaban en privado, aunque algunos hubo —pocos— que sí opinamos en público oponiéndonos. Pero ninguno, absolutamente ninguno, pudo opinar sobre el texto de aquel proyecto de ley en los órganos internos del partido porque «el mando» no dio ocasión. Ni el Comité Federal ni el Grupo parlamentario debatieron el asunto. Probablemente tampoco la Comisión Ejecutiva. Nadie pidió explicación alguna acerca de por qué Zapatero se había pasado por el arco del triunfo los acuerdos de Santillana.

“Espanya nos roba» me viene a la cabeza el nombre de Félix Millet. Millet es el «ciudadano que nos honra» (en 2008 Montilla le dio este título). También se le otorgó la Creu de Sant Jordi (Pujol) y la llave de Barcelona (Maragall). Era la quintaesencia de la cultura oficial catalana. Una persona de bien. Empero, a Millet se le acusa de haber «distraído» entre 20 y 30 millones del Palau de la Música. En esto Millet era un digno representante de la Cataluña que no responde ante los ciudadanos, ni siquiera ante Dios ni ante la Historia. Sólo responde ante sí misma.
Millet sostenía que en Cataluña «siempre han mandado cuatrocientas familias», cuyos miembros fueron franquistas leales (y prácticos) para pasarse luego, sin cambiarse de desodorante, a servir al nacionalismo con «alma, corazón y vida». Tenían, en efecto, convicciones firmes, pero cambiantes.
Tampoco el PSC está libre de culpa en este asunto. Por ejemplo, Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet, hizo colla con Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta (íntimos amigos de Pujol) y tienen un proceso abierto por malversación. Es lo que tiene el «hecho diferencial»: mientras que en otros lugares de España los corruptos de un partido roban solos, en Cataluña «afanan» todos juntos.
Mas para enriquecerse, ahí está la saga de los Pujol. Una familia «milagrosamente» enriquecida.

El discurso demagógico lo primero que hace es pervertir las palabras. Éste es el caso de la frase «derecho a decidir». ¿Quién no desea poder decidir? Pero decidir es un verbo transitivo que necesita obligatoriamente de un objeto directo para que su significado sea completo y, en este caso, ese complemento directo no aparece por ninguna parte.
Estos términos («derecho a decidir») se empezaron a usar en 2003 en Euskadi, dentro del proceso que se llamó Plan Ibarretxe y se utilizaron estas palabras para ocultar las que no se querían usar: «derecho de autodeterminación» o, mejor, «derecho a la secesión unilateral», que es, en realidad, lo que los nacionalistas reivindican ahora.
Vayamos, pues, al «derecho de autodeterminación».
¿Existe un derecho de autodeterminación en Cataluña?
Está establecido —lo explican bien José M. Ruiz Soroa y Alberto Basaguren (en La secesión en España)— que la autodeterminación sólo se refiere a los pueblos «dependientes», es decir, a quienes se hallan en situación colonial o bajo invasión militar. La Declaración de Viena de 1993 es muy clara a este respecto: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación», y negárselo constituye «una violación de los derechos humanos»; pero esto no significa avalar acciones encaminadas «a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos que […] estén dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción de ningún tipo».
O, en palabras de Álvarez Junco: «La autodeterminación no se deriva de que minorías nacionales territorializadas existentes hoy dentro de un Estado tengan derecho a la independencia política; sólo lo tendrán aquellas que carezcan de instituciones democráticas o sean tratadas de forma discriminatoria. Aceptada esta distinción, queda claro el significado del derecho de autodeterminación y la situación en que debe hallarse un pueblo para ser titular del mismo».

El Estado no conserva intacta ninguna de sus grandes funciones específicas. Ni acuñar moneda (pasó al BCE), ni guardar fronteras y aduanas (suprimidas las internas del continente por Schengen; compartidas las exteriores), ni la de una verdadera política exterior (las diplomacias han iniciado su fusión lenta en el SEAE), ni la de hacer individualmente la guerra.
En estos años de crisis, el despojo de las competencias ha sido de vértigo. Sobre todo en la economía, que es precisamente la motivación del independentismo catalán de nuevo cuño. Todos los instrumentos clásicos de política económica están transferidos o se están transfiriendo a la UE:
1) El monetario y financiero, o el manejo del tipo de interés y la cantidad de dinero en circulación. También la supervisión bancaria.
2) El cambiario, o manejo del tipo de cambio.
3) El fiscal, o presupuesto e impuestos.
4) El comercio exterior, la tarifa exterior común, las decisiones comunes en la OMC.
5) Incluso el mercado laboral, la Seguridad Social y las políticas de empleo y sociales (de la edad de jubilación a las pensiones) se van equiparando a rebufo de la crisis.

El Parlamento de Cataluña, en el proceso de construcción de un Estado independiente para la nación catalana, considera fundamental trabajar para la proyección internacional de la realidad política, económica y social del país, y también fomentar el establecimiento de relaciones permanentes con la comunidad internacional». De este modo, en materia de política exterior, el Parlamento catalán considera prioritario: «Adoptar una estrategia de diálogo y colaboración constante con las instituciones europeas, especialmente con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, establecer relaciones bilaterales con las autoridades de los Estados que tienen más influencia en la comunidad internacional, y establecer una interlocución permanente con la Organización de las Naciones Unidas y los organismos que de ella dependen, para facilitar el reconocimiento internacional de las decisiones que el pueblo de Cataluña tome sobre su futuro colectivo».

Lo aquí reproducido en cursiva muestra con claridad la preocupación que el aislamiento suscita entre los líderes de las huestes soberanistas, pero cuando esa deriva aislacionista se les muestra con argumentos jurídicos o con declaraciones del mismo contenido, ellos salen por peteneras diciendo, por ejemplo, que «no se concibe una Europa sin Cataluña». Vayamos a ello.
La historia reciente de Europa está plagada de guerras y matanzas provocadas por culpa de las «identidades», ya fueran étnicas, religiosas… y, sobre todo, nacionales, pero fijemos la atención sólo en el siglo XX. La Gran Guerra (1914-1918), cuyo centenario se conmemora en estos días, constituyó el mayor desastre del siglo XX y está en el origen de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, cuando el presidente norteamericano Wilson llegó a Europa, después de que su país hubiera intervenido decisivamente en la derrota austro-germana, traía en la cartera sus célebres Catorce puntos, con los cuales se proponía resolver los problemas europeos sustituyendo los imperios multiétnicos por Estados pretendidamente homogéneos.
Pues bien, por encima y más allá de los argumentos económicos, jurídicos y políticos contra la secesión está el primer derecho de cualquier ciudadano: el de no ser expulsado de su propio país, el derecho a mantener su nacionalidad. Y un Estado decente tiene como primera y principal obligación la de defender ese derecho. Nadie puede arrebatarle a cualquier español su nacionalidad, su derecho a seguir siéndolo y a vivir donde le parezca dentro de su país.

Por suerte, en los últimos tiempos se ha ido construyendo un corpus de doctrina inequívocamente contraria al separatismo que es preciso difundir y apoyar aquí y acullá, porque en este asunto no existe nada inexorable y las opiniones de los catalanes, como las de cualquier ser humano, no son fijas, sino variables, y dependen en buena medida de la capacidad de convicción que demuestre la sociedad civil no-separatista en Cataluña, pero también en el resto de España. Sin ánimo de tomar a Antonio Machado por un oráculo, aunque sea parafraseada, una cita suya viene aquí al pelo: «No está el mañana en el ayer escrito».

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