Covid-19 Y Derechos Humanos: La Pandemia De La Desigualdad — Patricia Aguirre· Magdalena Álvarez · Pilar Arcidiácono · Gonzalo Assusa · María Barraco · Juan Pablo Bohoslavsky · Soledad Buhlman · Jacinta Burijovich · Alfredo Calcagno · Nancy Cardinaux · Laura Clérico · Claudia Danani · Elvira Domínguez Redondo · Horacio Javier Etchichury · Gabriela Fernández · Gustavo Gamallo · Roberto Gargarella · Carla Gerber · Natalia Gherardi · Verónica González Bonet · Juan Cruz Goñi · Ana Verónica Heredia · Henry Jiménez Guanipa · Gabriel Kessler · Damián Loreti · Liber Martin · Mariela Morales Antoniazzi · Agustina Palacios · María Florencia Pasquale · Martín Passini · Laura Pautassi · Mario Pecheny · Flávia Piovesan · Silvina del Valle Ramírez · Corina Rodríguez Enríquez · Mónica Roqué · Andrés Rossetti · Julieta Rossi · Roberto Saba · Silvia Serrano Guzmán · Sebastián Waisgrais · Alicia Ely Yamin · Solana María Yoma / Covid-19 And Human Rights: The Inequality Pandemic by Patricia Aguirre· Magdalena Álvarez · Pilar Arcidiácono · Gonzalo Assusa · María Barraco · Juan Pablo Bohoslavsky · Soledad Buhlman · Jacinta Burijovich · Alfredo Calcagno · Nancy Cardinaux · Laura Clérico · Claudia Danani · Elvira Domínguez Redondo · Horacio Javier Etchichury · Gabriela Fernández · Gustavo Gamallo · Roberto Gargarella ·Carla Gerber · Natalia Gherardi · Verónica González Bonet · Juan Cruz Goñi · Ana Verónica Heredia · Henry Jiménez Guanipa · Gabriel Kessler · Damián Loreti · Liber Martin · Mariela Morales Antoniazzi · Agustina Palacios · María Florencia Pasquale · Martín Passini · Laura Pautassi · Mario Pecheny · Flávia Piovesan · Silvina del Valle Ramírez · Corina Rodríguez Enríquez · Mónica Roqué · Andrés Rossetti · Julieta Rossi · Roberto Saba · Silvia Serrano Guzmán · Sebastián Waisgrais · Alicia Ely Yamin · Solana María Yoma (spanish book edition)

Si alguna vez hemos necesitado recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha dejado claro.
La pandemia viene seguida de una recesión económica mundial. Junto con la emergencia climática, ella presenta la mayor amenaza global a los derechos humanos que hemos visto en generaciones. Abordarla efectivamente exige ampliar la protección que solo pueden ofrecer las políticas basadas en los derechos humanos. Me refiero a políticas que promuevan la salud pública, la confianza del público en las medidas de sus autoridades, y una mayor resiliencia social y económica; políticas que protejan a las personas más vulnerables y hagan frente a las profundas desigualdades que están acelerando la incidencia y el impacto de la pandemia. Porque, sin embargo, mientras el virus no discrimina, sus impactos lo hacen.
Entre los más afectados por la Covid-19 están las personas pobres, que tienen más probabilidad de vivir y trabajar en condiciones que hacen imposible protegerse del virus; miembros de minorías raciales, étnicas y religiosas, cuyos derechos ya están obstruidos y negados por un racismo multidimensional y estructural; los pueblos indígenas; personas mayores… La pandemia es, de hecho, una devastadora tragedia humana. Estamos navegando en un territorio desconocido. Sin embargo, es precisamente en tiempos de crisis que necesitamos principios sólidos para guiar nuestro camino. Así como las personas se vuelven más vulnerables a la Covid-19 por las comorbilidades, lagunas y fallos en materia de derechos humanos generan mayores vulnerabilidades para las sociedades. Las desigualdades, la discriminación y otras cuestiones críticas, han debilitado nuestra resistencia a choques.

El objetivo central: relevar los modos en que la conjunción de las crisis impacta sobre cada uno de los derechos humanos -y particularmente a los grupos expuestos a mayor vulnerabilidad-; y brindar «una agenda transformadora para construir un modelo económico centrado en los derechos humanos antes que en la expansión del capital».
32 capítulos, el libro discute uno de los ejes centrales del debate global de este tiempo: la falsa dicotomía salud vs. economía, sólo sostenible desde la ideología neoliberal. Pero avanza más allá: plantea un conjunto de propuestas de políticas integrales y transversales a los diversos sectores, demostrando finalmente que sólo con políticas basadas en derechos humanos se puede salir del conjuro de una crisis que es sanitaria, económica, social, ambiental, que afecta al país y el mundo. Esta concepción política interpela «la tradición liberal de las libertades negativas y rebalancea los derechos humanos poniendo mayor énfasis en las obligaciones positivas».
El libro se compone de cuatro partes. En la primera, «Miradas generales sobre la pandemia, las políticas sanitarias y la recesión económica», se presentan los primeros nueve artículos / capítulos de la obra, que problematizan y articulan ejes temáticos como los derechos humanos y el sistema internacional de los DDHH, las desigualdades, la democracia, la economía, el cambio climático y la agenda feminista con el contexto de la pandemia.
La segunda parte es un recorrido por la afectación de los derechos humanos en distintos campos, a raíz de la pandemia, las políticas implementadas y las disputas (políticas, sociales, económicas y culturales) que tensionan en este tiempo. La salud, el derecho a la vivienda, la alimentación y el agua, la protección y el derecho a los cuidados, la educación, el trabajo, el acceso a la justicia, las políticas y prácticas de control y vigilancia en la pandemia, el acceso a la información, la libertad de expresión y la libertad de circulación.
La tercera parte profundiza aún más en las situaciones de especial vulnerabilidad de determinados grupos que se ven desproporcionadamente afectados por la pandemia y la desigualdad: los sectores populares y empobrecidos, las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y disidencias sexuales, las niñas, niños y adolescentes; las personas migrantes, los pueblos indígenas y la población carcelaria. La cuarta parte recupera las principales reflexiones y lecturas anteriores y concluye con una serie de propuestas que constituyen una verdadera «agenda transformadora».

No es el virus lo que discrimina, sino las personas y la infraestructura social y económica que imponen unas (pocas) personas a otras (muchas): el retraimiento de los Estados en áreas profundamente sensibles para los derechos humanos –tales como vivienda, salud y educación–, un sistema económico-jurídico que legitima la concentración del capital hasta el paroxismo, un mercado del trabajo que institucionaliza la explotación laboral, la creciente protección de patentes monopólicas, la naturalización de políticas fiscales regresivas, así como la mercantilización de derechos económicos y sociales explican un escenario en el que las desigualdades y la consiguiente pobreza se encuentran asociadas a mayores niveles de contagio y letalidad de la Covid-19.
No debe sorprender que esté emergiendo la noción de soberanía estratégica que está poniendo ahora el foco en la responsabilidad y correlativo poder de los Estados nacionales para proteger eficazmente la salud de sus respectivas poblaciones y asegurar resiliencia suficiente para garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales (Acemoglu y Robinson, 2019) y con ello la reproducción social: un modelo económico centrado en las necesidades y los derechos humanos de las personas antes que en la expansión del capital. Esta noción de soberanía estratégica desafía algunos pactos que se habían forjado durante la hiperglobalización, como aquellos referidos al ilimitado flujo del comercio internacional, la protección de las inversiones extranjeras, la libre circulación de personas por el mundo, la inviolabilidad de las patentes intelectuales, la desregulación de capitales financieros, la financiarización de prácticamente todos los aspectos de la vida.
Si la nueva normalidad es un oxímoron que continuará beneficiando a las elites o si en cambio entraña una verdadera agenda transformadora depende de todas y todos nosotros. Es algo que se construye día a día, antes que nada, a partir de la confrontación de ideas.

Cualquier limitación de derechos humanos que se disponga en situaciones extraordinarias debe estar claramente justificada, ser necesaria, estar prescripta por ley de alcance general, ser proporcional y estar en línea con las normas internacionales de derechos humanos, ser estrictamente necesaria por las exigencias de la situación, no debe ser discriminatoria ni derogar derechos inderogables (cfr. los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP; y Comité de Derechos Humanos, observación general Nº 29, 2001).
Privilegiar o asentar un derecho significará, frecuentemente, menguar otros. De ahí la importancia de reconocer que existen criterios vigentes para balancear derechos humanos en competencia. Pretender ignorar esa necesidad de balancearlos supondría maximizar las tensiones del sistema democrático, que es el encargado de resolver esas tensiones. De ahí que la discusión no pueda pasar por alto, tampoco, las mismas condiciones del debate democrático en el que las decisiones son adoptadas. De mismo modo, no se puede ignorar que existen criterios vigentes para balancear derechos humanos en competencia.

Covid-19 y sus efectos negativos en la garantía de los derechos humanos se revelan a nivel global en cualquier faceta de la condición humana. Es incuestionable, por tanto, la reafirmación de los derechos humanos, que “son universales, indivisibles e interdependientes, están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente para la creación o reconstrucción de sociedades resilientes, inclusivas, justas y pacíficas”, como lo declara en julio de 2020 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
La pandemia de Covid-19 revela la necesidad de reforzar el enfoque holístico de los derechos humanos. La interdependencia e indivisibilidad rige para la protección de los DESCA (salud, agua, educación, trabajo) y también para garantizar los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, acceso a la información, entre otros), y tal protección debe ser reforzada para atender a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Solo para tomar un ejemplo, en el contexto de Covid-19 se corroboró que el derecho esencial a la salud depende igualmente del derecho a la información como eje clave del derecho a la libre expresión.
Frente la pandemia, la Corte IDH y la CIDH han reiterado el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y denotado la protección reforzada para atender a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, reflejando reiterativamente los casos de interseccionalidad (Góngora-Mera, 2020). Sin duda, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha subrayado que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben cumplir con los principios de temporalidad, legalidad, razonabilidad, necesariedad, proporcionalidad y ser conformes a criterios científicos.
Es sorprendente la falta de preparación que los Estados han mostrado para el advenir de una pandemia de características globales. No era un riesgo desconocido, pero ha existido gran reticencia política a escala nacional, regional e internacional para articular políticas que establecieran claramente cuáles eran las responsabilidades de los distintos agentes implicados para su prevención y para mitigar los daños. El rol central del Estado en la gestión de la pandemia ha resultado en medidas proteccionistas de la soberanía que, simultáneamente, han propiciado el uso del régimen de protección de los derechos humanos para evaluar la gestión de la crisis y las posibles responsabilidades estatales.

La atención a la pandemia generada por Covid-19 implicó cambios en la gestión de las políticas de salud: declaración de la emergencia sanitaria, reorganización de servicios, adquisición de nuevos equipamientos, protección de insumos críticos, protocolización de la atención, fortalecimiento de las unidades de terapia intensiva, entre otros.
La reorganización que favoreció la atención y el tratamiento del coronavirus generó, a su vez, tensiones y contradicciones al interior de los propios equipos de salud. El sistema sanitario ha sufrido una grave sobrecarga. También ha puesto al descubierto históricas dificultades estructurales del sistema de salud: hospitalocentrismo, hegemonía biomédica, perspectiva reduccionista, escasa integración intersectorial y fragmentación. El foco puesto en los niveles de atención de mayor complejidad es un sesgo habitual del sector salud, mucho más en la asistencia a patologías como Covid-19 que reforzaron el paradigma médico-biologicista por su carácter “infeccioso”.

El derecho al acceso a la justicia, como derecho instrumental para la garantía del resto de los derechos humanos, es crucial en el marco de un Estado social y democrático de derecho en situaciones de normalidad, pero lo es mucho más en contextos excepcionales en los cuales los poderes de gobierno son ejercidos con particular potencia y los derechos fundamentales de las personas y los colectivos son restringidos de modo más intenso. Pero, además, en situaciones de excepción como la actual crisis sanitaria por Covid-19 que nos toca atravesar, el funcionamiento del servicio de justicia se torna especialmente relevante en cuanto otros canales de denuncia, protesta y movilización social en espacios públicos no están habilitados por efecto del confinamiento y los órganos de representación política funcionan a medias. De igual modo, en una acepción más amplia del acceso a la justicia, se torna vital el acceso a ventanillas y procedimientos administrativos para el abordaje y reclamo rápido y expedito de problemáticas urgentes surgidas de la emergencia y sus consecuencias.

La crisis que la irrupción de la pandemia de Covid-19 ha provocado en los inicios de esta convulsionada segunda década del siglo XXI da cuenta de las múltiples crisis preexistentes y que sistemáticamente interpelan respecto de las desigualdades estructurales y de la degradación de las condiciones de vida de millones de personas. Entre otras particularidades, la pandemia se ha caracterizado por la asombrosa y rápida propagación, junto con las graves consecuencias que acarrea, no solo respecto de las vidas que ha cobrado sino precisamente por el desconcierto que produce y porque irrumpe en medio de situaciones estructurales de desigualdad.
En ese contexto, la centralidad del cuidado se puso en evidencia prácticamente desde el mismo momento de declaración de la crisis sanitaria.

La Covid-19 generó una emergencia de salud pública de dimensiones inéditas. Sus impactos inmediatos y en el largo plazo conllevan riesgos y efectos particulares en niñas, niños, adolescentes y en sus familias en múltiples dimensiones de su bienestar, especialmente en aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en términos de los efectos sobre su salud, la pandemia generó fuertes impactos en su bienestar emocional, físico y socioeconómico. En particular, las restricciones que tienen los hogares para hacer frente a las contingencias vinculadas con las medidas de aislamiento, pérdidas de empleo e ingresos, entre otras, repercuten en las posibilidades de ejercer plenamente sus derechos.
Además, los efectos del aislamiento social, el cierre de escuelas y espacios de primera infancia, la convivencia en entornos que no siempre son seguros y con mayores niveles de violencia, entre otros, tienen efectos en el corto y mediano plazo sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Más aún, la situación de confinamiento y la incertidumbre ante el regreso a la cotidianeidad pueden tener un efecto negativo en la salud mental de las niñas, los niños, y las y los adolescentes.
La pandemia por Covid-19 ha resultado en importantes restricciones a la movilidad de las personas a nivel mundial. Al mes de agosto de 2020, más de 47.000 restricciones a la movilidad se encuentran vigentes en todo el mundo (de acuerdo con el Covid-19 Mobility Impacts Portal desarrollado por la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–). Esta situación nos demanda un ejercicio de reflexión para repensar las políticas y las prácticas en torno a la movilidad humana poniendo el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en el centro del debate.
La pandemia a causa de la Covid-19 ha desencadenado múltiples crisis, en el orden sanitario, humanitario, económico y social, configurando un escenario mundial donde las medidas de contención de la enfermedad conllevaron inmediatamente un virtual detenimiento de la movilidad humana. Esta situación, impensable hasta hace poco, está siendo determinante en las condiciones de vida de las personas, agudizando los niveles de pobreza, indigencia, desempleo, desocupación, limitaciones en el acceso a la justicia, violencia, descontento social, entre otros, a nivel mundial. Es también impensable que esta situación sea fácil o rápidamente reversible, y la “nueva normalidad” es una configuración que deberá ser construida con la participación de todos los actores sociales. Las personas migrantes deben ser consideradas miembros plenos y activos de la sociedad y también deben tener la oportunidad de poder aportar a la respuesta a la Covid-19, así como de participar de las discusiones sobre cómo reconstruir mejor y construir esa “nueva normalidad”.

En definitiva, el trato dado a las personas privadas de la libertad durante la pandemia ha dejado entrever que gobernar significa siempre trazar una serie de cortes en torno a los cuales se decide la humanidad y la no humanidad de individuos. La pandemia nos ha colocado ante nuestro propio espejo social revelando qué tan laxos son los límites que consideramos tolerables para el trato de la vida y qué tan ineficaces son los instrumentos de los que disponemos para reducir el sufrimiento humano.
La pandemia de Covid-19 no implica solo una crisis sanitaria, social y económica, sino que también es una crisis de derechos humanos y una oportunidad para demostrar la legitimidad y eficacia de estos últimos.
Estos momentos son, por lo tanto, épocas de más verdad y, como tal, a pensar los grandes dilemas humanos que han quedado al descubierto. La pobreza, la injusticia, el abuso a la tierra y a la vida, la desprotección de algunos, pero también la vulnerabilidad de la especie toda, son los espectros que la aparente normalidad escondía y han salido del escondite.

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If we have ever needed to be reminded that we live in an interconnected world, the new coronavirus has made it clear.
The pandemic is followed by a global economic recession. Along with the climate emergency, it presents the greatest global threat to human rights that we have seen in generations. Addressing it effectively requires expanding the protection that only human rights-based policies can offer. I am referring to policies that promote public health, public confidence in the actions of their authorities, and greater social and economic resilience; policies that protect the most vulnerable people and tackle the deep inequalities that are accelerating the incidence and impact of the pandemic. Because, however, while the virus does not discriminate, its impacts do.
Among those most affected by Covid-19 are poor people, who are more likely to live and work in conditions that make it impossible to protect themselves from the virus; members of racial, ethnic, and religious minorities, whose rights are already obstructed and denied by multidimensional and structural racism; native populance; older people… The pandemic is indeed a devastating human tragedy. We are sailing in unknown territory. Yet it is precisely in times of crisis that we need strong principles to guide our way. Just as people become more vulnerable to Covid-19 due to comorbidities, gaps and failures in human rights generate greater vulnerabilities for societies. Inequalities, discrimination and other critical issues have weakened our resistance to shocks.

The central objective: to highlight the ways in which the conjunction of the crises impacts each of the human rights -and particularly the groups exposed to greater vulnerability-; and provide «a transformative agenda to build an economic model centered on human rights rather than the expansion of capital.»
32 chapters, the book discusses one of the central axes of the global debate of this time: the false dichotomy health vs. economy, only sustainable from the neoliberal ideology. But it goes further: it proposes a set of comprehensive and transversal policy proposals for the various sectors, finally demonstrating that only with policies based on human rights can one escape from the spell of a crisis that is health, economic, social, environmental, that affects to the country and the world. This political conception challenges «the liberal tradition of negative freedoms and rebalances human rights by placing greater emphasis on positive obligations».
The book is made up of four parts. In the first, «General views on the pandemic, health policies and the economic recession», the first nine articles / chapters of the work are presented, which problematize and articulate thematic axes such as human rights and the international human rights system, inequalities, democracy, the economy, climate change and the feminist agenda in the context of the pandemic.
The second part is a tour of the impact on human rights in different fields, as a result of the pandemic, the policies implemented and the disputes (political, social, economic and cultural) that are causing tension at this time. Health, the right to housing, food and water, protection and the right to care, education, work, access to justice, control and surveillance policies and practices in the pandemic, access information, freedom of expression and freedom of movement.
The third part goes even deeper into the situations of special vulnerability of certain groups that are disproportionately affected by the pandemic and inequality: the popular and impoverished sectors, the elderly, people with disabilities, women and sexual dissidence, girls , children and adolescents; migrants, indigenous peoples and the prison population. The fourth part recovers the main reflections and previous readings and concludes with a series of proposals that constitute a true «transforming agenda».

It is not the virus that discriminates, but the people and the social and economic infrastructure that some (few) people impose on others (many): the withdrawal of the States in deeply sensitive areas for human rights – such as housing, health and education–, an economic-legal system that legitimizes the concentration of capital to paroxysm, a labor market that institutionalizes labor exploitation, the growing protection of monopolistic patents, the naturalization of regressive fiscal policies, as well as the commodification of economic rights and social problems explain a scenario in which inequalities and the consequent poverty are associated with higher levels of contagion and lethality of Covid-19.
It should not be surprising that the notion of strategic sovereignty is emerging, which is now focusing on the responsibility and correlative power of nation states to effectively protect the health of their respective populations and ensure sufficient resilience to guarantee the provision of essential goods and services ( Acemoglu and Robinson, 2019) and with it social reproduction: an economic model focused on the needs and human rights of people rather than on the expansion of capital. This notion of strategic sovereignty challenges some pacts that had been forged during hyperglobalization, such as those referring to the unlimited flow of international trade, the protection of foreign investments, the free movement of people around the world, the inviolability of intellectual patents, the deregulation of financial capital, the financialization of practically all aspects of life.
Whether the new normal is an oxymoron that will continue to benefit the elites or instead entails a truly transformative agenda is up to all of us. It is something that is built day by day, first of all, from the confrontation of ideas.

Any limitation of human rights that is available in extraordinary situations must be clearly justified, necessary, prescribed by law of general scope, proportional and in line with international human rights standards, strictly necessary due to the demands of the situation , it must not be discriminatory or derogate from non-derogable rights (cf. the Siracusa Principles on the limitation and derogation provisions of the ICCPR; and Human Rights Committee, general comment No. 29, 2001).
Privileging or establishing a right will often mean diminishing others. Hence the importance of recognizing that there are current criteria to balance competing human rights. Pretending to ignore this need to balance them would mean maximizing the tensions of the democratic system, which is responsible for resolving those tensions. Hence, the discussion cannot ignore, either, the very conditions of democratic debate in which decisions are adopted. Similarly, it cannot be ignored that there are current criteria to balance competing human rights.

Covid-19 and its negative effects on the guarantee of human rights are revealed globally in any facet of the human condition. It is unquestionable, therefore, the reaffirmation of human rights, which «are universal, indivisible and interdependent, interrelated and mutually reinforcing for the creation or reconstruction of resilient, inclusive, just and peaceful societies», as stated in July 2020 the General Assembly of the United Nations (UN).
The Covid-19 pandemic reveals the need to reinforce the holistic approach to human rights. Interdependence and indivisibility governs the protection of ESCER (health, water, education, work) and also to guarantee civil and political rights (freedom of expression, access to information, among others), and such protection must be reinforced to care for people and groups in vulnerable situations. Just to take an example, in the context of Covid-19 it was confirmed that the essential right to health also depends on the right to information as a key axis of the right to free expression.
In the face of the pandemic, the Inter-American Court and the IACHR have reiterated the principle of interdependence and indivisibility of human rights and denoted reinforced protection to care for people and groups in situations of vulnerability, repeatedly reflecting cases of intersectionality (Góngora-Mera, 2020). Undoubtedly, the Inter-American Human Rights System has also emphasized that measures that may affect or restrict the enjoyment and exercise of human rights must comply with the principles of temporality, legality, reasonableness, necessity, proportionality, and be in accordance with scientific criteria.
The lack of preparation that States have shown for the advent of a global pandemic is surprising. It was not an unknown risk, but there has been great political reluctance at the national, regional and international levels to articulate policies that clearly establish the responsibilities of the different agents involved for its prevention and to mitigate the damage. The central role of the State in the management of the pandemic has resulted in protectionist measures of sovereignty that, simultaneously, have led to the use of the human rights protection regime to evaluate the management of the crisis and the possible responsibilities of the State.

Attention to the pandemic generated by Covid-19 implied changes in the management of health policies: declaration of a health emergency, reorganization of services, acquisition of new equipment, protection of critical supplies, protocolization of care, strengthening of units intensive care, among others.
The reorganization that favored the attention and treatment of the coronavirus generated, in turn, tensions and contradictions within the health teams themselves. The health system has suffered a serious overload. It has also exposed historical structural difficulties of the health system: hospitalocentrism, biomedical hegemony, reductionist perspective, poor intersectoral integration, and fragmentation. The focus on the most complex levels of care is a common bias in the health sector, much more so in care for pathologies such as Covid-19, which reinforced the medical-biological paradigm due to its “infectious” nature.

The right to access to justice, as an instrumental right to guarantee the rest of human rights, is crucial in the framework of a social and democratic State of law in normal situations, but it is much more so in exceptional contexts in which the powers of government are exercised with particular power and the fundamental rights of individuals and groups are restricted more intensely. But, in addition, in exceptional situations such as the current health crisis due to Covid-19 that we have to go through, the functioning of the justice service becomes especially relevant as other channels of complaint, protest and social mobilization in public spaces are not enabled by effect of the confinement and the organs of political representation work only halfway. Similarly, in a broader sense of access to justice, access to windows and administrative procedures for the rapid and expeditious approach and claim of urgent problems arising from the emergency and its consequences becomes vital.

The crisis that the outbreak of the Covid-19 pandemic has caused at the beginning of this convulsive second decade of the 21st century accounts for the multiple pre-existing crises that systematically question structural inequalities and the degradation of living conditions. of millions of people. Among other peculiarities, the pandemic has been characterized by its astonishing and rapid spread, along with the serious consequences that it entails, not only in terms of the lives it has claimed but precisely because of the confusion it produces and because it bursts into the midst of structural situations of inequality. .
In this context, the centrality of care became evident practically from the moment the health crisis was declared.

Covid-19 generated a public health emergency of unprecedented dimensions. Its immediate and long-term impacts entail particular risks and effects on children, adolescents and their families in multiple dimensions of their well-being, especially those who are in a situation of greater vulnerability.
Although children are not the most affected population group in terms of the effects on their health, the pandemic generated strong impacts on their emotional, physical, and socioeconomic well-being. In particular, the restrictions that households have to deal with contingencies related to isolation measures, loss of employment and income, among others, have repercussions on the possibilities of fully exercising their rights.
In addition, the effects of social isolation, the closure of schools and early childhood spaces, living in environments that are not always safe and with higher levels of violence, among others, have short- and medium-term effects on the development of girls , children and adolescents. Furthermore, the situation of confinement and the uncertainty of returning to daily life can have a negative effect on the mental health of children and adolescents.
The Covid-19 pandemic has resulted in significant restrictions on the mobility of people worldwide. As of August 2020, more than 47,000 mobility restrictions are in force worldwide (according to the Covid-19 Mobility Impacts Portal developed by the International Organization for Migration –IOM–). This situation calls for an exercise in reflection to rethink policies and practices around human mobility, placing respect for the human rights of migrants, refugees and displaced persons at the center of the debate.
The pandemic caused by Covid-19 has triggered multiple crises, in the health, humanitarian, economic and social order, setting up a world scenario where the measures to contain the disease immediately led to a virtual stoppage of human mobility. This situation, unthinkable until recently, is determining people’s living conditions, exacerbating levels of poverty, indigence, unemployment, joblessness, limitations in access to justice, violence, social unrest, among others, at the world. It is also unthinkable that this situation is easily or quickly reversible, and the «new normality» is a configuration that must be built with the participation of all social actors. Migrants must be considered full and active members of society and must also have the opportunity to contribute to the response to Covid-19, as well as to participate in discussions on how to build back better and build that «new normal».

In short, the treatment given to people deprived of their liberty during the pandemic has suggested that governing always means drawing up a series of courts around which the humanity and non-humanity of individuals are decided. The pandemic has placed us before our own social mirror, revealing how lax are the limits that we consider tolerable for the treatment of life and how ineffective are the instruments that we have to reduce human suffering.
The Covid-19 pandemic does not only imply a health, social and economic crisis, but it is also a human rights crisis and an opportunity to demonstrate the legitimacy and effectiveness of the latter.
These moments are, therefore, times of more truth and, as such, to think about the great human dilemmas that have been revealed. Poverty, injustice, abuse of the land and life, the lack of protection of some, but also the vulnerability of the entire species, are the specters that apparent normality hid and have come out of hiding.

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