Hacienda Somos Todos, Cariño. Cómo Nos Engañan Para Que Creamos Que Pagamos Poco Y Por Nuestro Bien — Carlos Rodríguez Braun, María Blanco, Luis Daniel Ávila / We Are All Members Exchequer Treasure, Honey. How They Fool Us Into Believing We Pay Little And For Our Good by Carlos Rodríguez Braun, María Blanco, Luis Daniel Ávila (spanish book edition)

Los libros del autor me parecen interesantes y aunque no se coincida en todos los postulados, la lectura siempre es gratificante.

Una de las regularidades más claras de la política y la fiscalidad es que a más democracia, más impuestos. Hay diversas interpretaciones sobre este fenómeno, que iremos repasando, pero resulta incuestionable que la generalización de la democracia ha venido acompañada del aumento en la presión fiscal.
No es un aumento uniforme ni los niveles son idénticos en el mundo, por supuesto, pero esa asociación es patente, independientemente de épocas y lugares. En pocos países esta regularidad se manifestó de modo más diáfano que en España, donde la presión fiscal, medida por el gasto público en porcentaje del PIB, apenas llegaba al 25 por ciento cuando murió Franco en 1975, y en menos de veinte años alcanzó casi el 50 por ciento.
Curiosamente, democracia significa elegir, pero el pueblo, tanto en democracia como fuera de ella, nunca ha elegido los impuestos que desea pagar. En verdad, no desea pagarlos. En su práctica totalidad, las encuestas señalan que los ciudadanos preferirían pagar menos impuestos. Otra cosa es que puedan aprobar que les suban los impuestos a los demás, «los ricos», un importante asunto sobre el que volveremos. Pero si se trata de cada uno de nosotros, así como la mayoría preferimos la democracia a cualquier otro sistema político, también la mayoría preferimos individualmente pagar menos impuestos. Y, sin embargo, en democracia, y en todo el mundo, la gente ha terminado pagando mucho más que en cualquier otro momento de la historia.

La campaña (Hacienda somos todos) subraya que los impuestos, como cualquier otra cosa que haga el Estado, son algo que hemos aceptado todos, son «lo acordado». Se trata de la muy vidriosa noción del contrato social, combinada con la noción de que el Estado es una reproducción poco menos que fidedigna de la sociedad. De ahí que Hacienda proclame: «El control fiscal del país está en nuestras manos, en las de nuestros representantes en las Cortes». Se trata de una falacia patente, incluso totalitaria, pero de cualquier forma reveladora de la necesidad de legitimar el poder mediante su solapamiento con la comunidad. Si el poder somos nosotros, entonces obviamente no podremos causarnos ningún daño, ni violarnos ningún derecho. La clave de la libertad individual, que es la limitación del poder, salta por los aires: ¿por qué vamos a limitar un poder que en realidad somos nosotros?.
Para disfrazar esta coacción, el poder recurre a la noción de participación, que siempre está presente en las justificaciones políticas de nuestro tiempo democrático y supuestamente liberal, y que es un puro señuelo.
Así como el Estado nunca puede ser solidario ni generoso, porque la virtud es incompatible con la coacción, y nunca somos realmente generosos con lo que no es nuestro, tampoco el Estado pide esfuerzos ni aportaciones a los ciudadanos. Si así fuera, no habría ninguna diferencia entre la Madre Teresa de Calcuta y la Agencia Tributaria. Y las hay. La primera pide esfuerzos, la segunda los exige bajo pena de multa e incluso prisión. En realidad, por eso mismo es que Hacienda somos todos, pero lo somos en un sentido peculiar: lo somos porque es muy peligroso no serlo.

La legitimación del poder se vería gravemente cuestionada si se extendiera la idea de que los impuestos son lo que son, es decir, una imposición sin el consenso de aquellos a los que Hacienda, muy gráficamente, suele calificar en sus impresos como «sujetos pasivos». Para evitar en todo lo posible potenciar el resentimiento de los ciudadanos ante las exacciones tributarias, el poder, todo poder, ha tendido a explotar una teoría que busca ocultar dicha imposición disfrazándola, precisamente, de consenso.
El salto de unos derechos a otros representó un cambio fundamental en el papel del Estado. Antes, la libertad, la justicia y el derecho conminaban a que estuviera claramente limitado. Ahora, la libertad, la justicia y el derecho se traducen en que crezca sin límites claros. O, más bien, que se expanda sin límites exteriores o superiores a él mismo.
Si el Estado antes no tenía más que un papel contenido, ahora su papel es fundamental. En el mundo de los nuevos derechos sociales, un Estado que no discrimine entre nosotros, que nos trate por igual y que no pretenda igualarnos a la fuerza mediante la ley, un Estado que, por tanto, represente un peso pequeño sobre la comunidad, parece bastante improbable.

Los impuestos obedecen a cálculos políticos y no a ninguna demanda social. Si el Estado pone unos tipos muy elevados en la fiscalidad sobre la gasolina es porque puede hacerlo, porque sus súbditos no pueden evadir esos impuestos. Y si en ningún país el IVA alcanza unos tipos tan altos como en el caso de los combustibles, ello se debe a que un IVA del 50 por ciento arrojaría a una porción significativa de la población al mercado negro y al contrabando.
Esta misma lógica explica que el impuesto sobre patrimonio sea siempre mucho más reducido que el de la renta, o incluso que en muchos países haya desaparecido. Es evidente que si el Estado nos quitara en un año el 30 por ciento, el 40 por ciento o incluso más de nuestro patrimonio, lo que sucedería es que al año siguiente no habría patrimonio: ninguno de nosotros se compraría una vivienda, sabiendo que deberá entregar un tercio de la misma al fisco durante el siguiente ejercicio fiscal. En cambio, la mayoría de nosotros seguimos trabajando, aunque la fiscalidad sobre la renta se torne sumamente progresiva.
Se dirá que cuando el Estado planifica su estrategia fiscal, lo hace teniendo en cuenta a sus súbditos.
Otro artificio particularmente sutil e inteligente de Hacienda son las retenciones. Mediante esa estratagema, sumada a la imposición indirecta y especial, las personas se habitúan a fijarse sólo en el monto neto de lo que cobran y en el monto bruto de lo que pagan, y dejan de ser plenamente conscientes de la suma total que se lleva la Agencia Tributaria.
Los bienes públicos son una muestra de los fallos del mercado que, al parecer, demostrarían que, aunque rechacemos los impuestos, en realidad los aceptamos porque con ellos conseguimos bienes que no conseguiríamos si el Estado no existiera. Hay también otros fallos, que numerosos economistas exponen para demostrar que la intervención pública es imprescindible, y que son tan dudosos como los bienes públicos.
Un caso interesante, porque tiene que ver con una reciente bandera que el Estado esgrime para justificar su coacción, es el medio ambiente. Se supone que la contaminación es lo que llaman los economistas una externalidad negativa, es decir, un coste de la producción de algún bien que no aparece reflejado en el precio de mercado, y, en consecuencia, se produce en exceso. Como es un fallo del mercado, la conclusión es que el Estado debe intervenir, cobrar un impuesto o incluso prohibir la actividad en cuestión, lo que equivaldría a un impuesto infinito…
El Estado se esfuerza en presentarse como si fuera una institución más de la sociedad, de hecho, igual que nosotros.

El Estado no tiene recursos propios: todo lo que tiene se lo quita antes a la gente. Por lo tanto, para concluir que sin Estado no habría hospitales, hay que partir del supuesto de que la gente es totalmente irracional, e incluso que propende a suicidarse en masa. Asimismo, la conclusión exige el olvido de la historia, un olvido revelador, porque es incuestionable que mucho antes de que existiera el Estado moderno, con su sanidad pública, hubo hospitales a cargo de una institución milenaria, que, como vimos, en muchas ocasiones el Estado procura marginar o reemplazar: la Iglesia.
Por tanto, sólo desde las hipótesis de la irracionalidad o la amnesia podríamos deducir que, si la gente no pagara impuestos, y por tanto conservara sus ingresos, no gastaría ni una fracción de éstos en preservar su salud, y, por tanto, perecería en proporciones calamitosas. El supuesto es tan absurdo que únicamente cabe concluir lo contrario, a saber, que si los ciudadanos retuviésemos el dinero que el Estado nos arrebata, lo gastaríamos, precisamente, en los capítulos que estos textos de la Agencia Tributaria de 2017 sugieren que sólo existen gracias a los impuestos. Es decir, lo gastaríamos en sanidad, educación, pensiones…
La falacia estriba en que el Estado no satisface, sino que viola, una necesidad sentida por todos y cada uno de los ciudadanos: proteger el fruto de su trabajo y conservar lo que es suyo. Cualquiera sabe que los ciudadanos exigimos que nadie nos quite lo que es nuestro. Sin embargo, el Estado ignora totalmente esas importantes necesidades y exigencias de sus súbditos, escudandosé en que los ciudadanos deben ser “honrados”.
La política fiscal descansa sobre la idea de la verdad. Pero es una idea asimétrica, porque el Estado es el que advierte a los ciudadanos, les amonesta para que digan la verdad, un aviso que, lógicamente, supone que no la van a decir y, al revés, supone que él sí la dice. Esta asimetría, que alcanza su máxima expresión a propósito del fraude fiscal, que repasaremos en el capítulo siguiente, es una clamorosa falsedad, como es bien sabido: el Estado es tan mentiroso como cualquier persona, y en realidad, más, mucho más. El fisco miente masivamente, y no sólo sin propósito alguno de enmienda, sino con alevosa reiteración.
La caza fiscal de famosos del mundo del arte, el cine y la música no es, por supuesto, un fenómeno exclusivamente español, aunque aquí haya empezado temprano y haya registrado nombres tan célebres como Julio Iglesias. La lista de los llamados «exiliados fiscales» es nutrida…
El grupo musical más famoso de todos los tiempos, Los Beatles, cantaba Taxman , compuesta por George Harrison, en protesta por la onerosa fiscalidad progresiva. El recaudador de impuestos protagoniza la canción y dice: «Es uno para ti y diecinueve para mí». No era una exageración, sino un cálculo exacto. El Gobierno laborista de Harold Wilson había introducido un tipo especial marginal del 95 por ciento para los más ricos, con lo que Harrison aludía a que, de la última libra esterlina que él ganaba, el Estado se quedaba con diecinueve de los veinte chelines.

En 2019, la Agencia Tributaria convocó un premio de redacción dirigido a escolares para, como dijo la prensa, «concienciar a los jóvenes del sentido social que tiene el pago de impuestos».
No pagamos muchos impuestos porque haya defraudadores, ni porque haya paraísos fiscales, ni porque los políticos sean corruptos. Los países nórdicos, tienen una evasión fiscal relativamente baja, y sus gobernantes y funcionarios gozan de una justificada fama de honradez acrisolada. Y no solamente los impuestos son allí relativamente elevados, sino que prueban la falsedad de la idea fundamental tan extendida que recoge el poema de Jiménez Millán. En efecto, en los países nórdicos los impuestos son pagados por «los de siempre», es decir, por la gran masa del pueblo. Y no puede ser de otra manera. Cuando los Estados son tan grandes como los actuales, no hay manera de financiarlos sin descargar su peso sobre la mayoría de los ciudadanos.

Si los impuestos reflejan lo que todos somos y todos aceptamos y, además, son siempre para bien, no sólo resulta que la obligación de pagar impuestos está totalmente justificada, sino que el incumplimiento de dicha obligación debe ser siempre lo peor de lo peor.
Y así ha sido el mensaje de los recaudadores, y lo siguió siendo bajo el llamado Estado liberal, que generalizó el sistema democrático al tiempo que elevó la presión tributaria hasta cotas nunca vistas. Por eso, en democracia, el fisco en todo el mundo acomete vastas campañas de propaganda que persiguen un doble objetivo. Por un lado, se busca retratar a los que no pagan impuestos (a menudo se añade «sus impuestos») con los colores más siniestros. Y, por otro, aunque menos explícitamente, se pretende justificar la sanción que pueda descargarse contra personas tan repudiables y antisociales.
Muchos ciudadanos, en efecto, perciben que el mismo Estado que abomina del fraude fiscal comete fraude, es decir: «acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete». Hemos visto, y veremos, ejemplos de esta conducta engañosa por parte del Estado en perjuicio de sus súbditos, a quienes priva de sus bienes alegando argumentos endebles.
Los defraudadores, se dirá, son delincuentes, y esto es indudable, pero su delito no puede ser asimilado a los demás, a los delitos tipificados desde hace siglos, y que tienen que ver con las normas, en principio, propias de una sociedad de mujeres y hombres libres. Estas normas tienen un origen moral, y evolutivamente se han ido plasmando en el derecho, que es condición para la preservación de la sociedad. Por eso se persigue desde siempre a los violadores, los asesinos y los ladrones: porque son incompatibles con esa preservación de la sociedad. Se dirá: los defraudadores fiscales no son violadores ni asesinos, pero sí son ladrones. Esto no es cierto, porque un ladrón se define por la apropiación definida de lo definiblemente ajeno. Ha de haber sustracción de una propiedad privada concreta, de personas concretas, para que hablemos de hurto o robo. Se dirá: los defraudadores fiscales roban a la sociedad. Pero, en ese caso, estaríamos identificando al Estado con la sociedad, lo que no es correcto: el Estado no es la sociedad ni sus instituciones. Por lo tanto, quien no paga impuestos no es identificable con quien roba a una persona, a una organización benéfica, a una comunidad de vecinos…
El que el fraude a la Hacienda Pública sea un delito especial, que lo es, no le quita su carácter de infracción legal, lo que nos permite subrayar la degradación moral que el Estado desencadena con su intervención, creando delitos, fomentando el incumplimiento de la ley y generalizando incentivos perversos que socavan la convivencia y difunden un espíritu depredador, opuesto al que brota en comunidades cuya normativa deriva de acuerdos voluntarios, y no de imposiciones del poder. Esto se observa no sólo en la elusión fiscal y los quebrantamientos de las abundantes regulaciones de la vida de los ciudadanos en múltiples campos, sino también en las trampas que el Estado propicia entre sus supuestos beneficiarios. Otra vez, protagonizan estas violaciones de la ley millones de ciudadanos que engañan a las autoridades en las prestaciones de diverso tipo, a las que tienen acceso en esquemas ampliamente redistributivos, desde los seguros de desempleo hasta los gastos farmacéuticos de los pensionistas. Pretendido baluarte de la ética, habitualmente receloso de la moralidad de la gente en sus tratos y contratos libres, el Estado incentiva conductas que las personas no llevan a cabo de modo masivo en los ámbitos propios de la sociedad civil.

No existe una relación clara entre los impuestos que pagamos y el hecho de recibir los bienes y servicios que necesitamos, porque no somos los que pagamos quienes lo decidimos. En la sociedad, en cambio, sí: pagamos por lo que necesitamos. Sin embargo, el pensamiento antiliberal nos predica siempre lo contrario, y declara que, cuando somos libres, en la sociedad civil, en el mercado, allí nos dejamos llevar por el consumismo y terminamos comprando lo que no necesitamos. Como si los políticos, los burócratas, los sindicalistas y demás grupos de interés supieran lo que la gente necesita de verdad, mejor que la propia gente.
El engaño fundamental es que pagamos muchos impuestos porque otros no pagan: «Los que defraudan sólo contribuyen a que usted pague más». Es manifiestamente falso, porque pagamos lo que nos obliga a pagar el poder, y en absoluto es cierto que «es necesario que declaremos todos para que el reparto sea justo». Esto simplemente obedece a la extraña lógica política conforme a la cual el criterio del Estado es idéntico a la justicia.
El Estado, por tanto, se presenta como el que ayuda a los ciudadanos, cuando, en realidad, su objetivo no es garantizarles nada, sino garantizarse él mismo el cobro de determinados tributos. Por eso amenaza a los ciudadanos para que cumplan con Hacienda, faciliten su trabajo de comprobación exigiendo facturas y así se ahorren «disgustos».
Algo parecido sucedió durante la pandemia de 2020, cuando debido a la necesidad de evitar la transmisión del virus a través de monedas y billetes, se promovió el pago generalizado con tarjetas de crédito o digitalmente a través del móvil. Se llegó a hablar de prohibir el uso de dinero efectivo por razones sanitarias. Pero ese enfoque sin duda contemplaba también el aumento de la recaudación del IVA.
Los impuestos no son establecidos por ángeles, sino por políticos que desean legitimarse con diferentes excusas o por grupos de presión que pretenden más beneficios o influencia, y la población parece percibir que el objetivo de los tributos no es tanto el laudatorio de sus objetivos explícitos, sino la lisa, llana y creciente recaudación. Estos y otros engaños por parte del poder deberían ser incorporados en el análisis. En vez de simplificar la cuestión en términos de héroes y villanos, convendría pensar en el paternalismo de las autoridades y la reacción que las personas pueden emprender para neutralizar la acción estatal. Por ejemplo, defraudar.

El Estado no sólo esconde la realidad de una presión fiscal creciente, sino que también disimula que las formas de la fiscalidad han ido cambiando en la dirección de crecientes recortes de la libertad de las personas.
La escena está preparada para la confusión, y normalmente abunda. Se emprenden vericuetos, como que el impuesto ha de sufragar el bien común o que debe ser proporcional a la capacidad de pago, etc. Algunos ingenuos se declaran satisfechos argumentando que, como el gasto público representa una ganancia social, dicha ganancia compensa la pérdida de capacidad económica soportada por los contribuyentes. Se afina la cuestión de la equidad horizontal (tratar igual a los iguales) y la equidad vertical (tratar desigual a los desiguales), con lo que, naturalmente, no puede llegarse a ninguna conclusión sólida, y muchos terminan aferrándose, con más o menos desparpajo, a la vidriosa noción de que un impuesto es justo si es legal, lo que es más que dudoso…

Los países nórdicos no se hicieron ricos gracias al socialismo, sino que se hicieron ricos antes, gracias al capitalismo. Sus economías crecieron considerablemente, con una presión fiscal relativamente baja: en 1960 era similar a la de los países desarrollados, desde un 25 por ciento del PIB en Dinamarca hasta un 32 por ciento en Noruega. Tenían entonces unos indicadores excelentes en salud y esperanza de vida. Sus grandes conquistas en bienestar e igualdad precedieron al incremento del gasto público y los impuestos.
Dicho incremento tuvo como resultado un freno en el crecimiento, por los incentivos negativos a que dieron lugar los mayores impuestos y las políticas redistributivas del Estado de bienestar.
Otro equívoco es el que relaciona automáticamente el bienestar con el gasto social. Como explica Vito Tanzi, la diferencia en el gasto social de los países nórdicos con el resto resulta mucho menor una vez que dicho gasto es considerado en términos netos, es decir, una vez que se descuentan los impuestos que pagan los ciudadanos beneficiarios del gasto social. Y cuando se incluye todo el gasto social, no sólo el público, sino también el privado, se obtienen resultados notables: de pronto, los supuestamente rácanos Estados Unidos alcanzan un nivel de gasto social similar al de los países nórdicos.
Lo que se nos asegura que no puede suceder, sucedió: bajaron los impuestos y se frenó el aumento del gasto público. El modélico modelo del redistribuidor puede ir, y efectivamente fue, demasiado lejos.
Por fin, el supuestamente modélico modelo nórdico esconde no sólo la prueba de que el gasto público puede frenarse, y de que esa desaceleración impulsa el crecimiento de la economía, la prosperidad y el empleo, sino que además la reforma fiscal de estos paradigmas progresistas consistió fundamentalmente en recortar los impuestos sobre la renta y sobre el capital, generalizando en cambio la imposición sobre el consumo.

Cabe detectar en la opinión pública en décadas recientes un ánimo cada vez más hostil a las usurpaciones, que puede derivar de diferentes causas, desde la deslegitimación de los gobernantes ineficientes y corruptos hasta la insatisfacción con los servicios y prestaciones públicos, desde el mayor aprecio por los empresarios al mayor rechazo ante la intrusión de las autoridades en nuestros derechos y libertades, como comprobamos en la crisis del coronavirus. Y, desde luego, el rechazo social a los impuestos es claramente mayor ahora que antes, llevando incluso a espectáculos realmente insólitos como el que se hayan organizado en España manifestaciones callejeras contra la presión fiscal, de las que se hicieron eco todos los medios de comunicación en el caso del impuesto de sucesiones.
Es posible, sólo posible, que lo que esté en crisis no sea el capitalismo o el liberalismo, como siempre se asegura, y lo hemos vuelto a comprobar con la pandemia del coronavirus. Es posible que la crisis afecte al oneroso Estado redistribuidor de nuestro tiempo, y que brote de las mentiras que el propio Estado propaga con insistencia.
Los ciudadanos estaremos más dispuestos que antes a señalar dichas mentiras, y a castigar con nuestra voz y nuestro voto a quienes nos prometen que nunca les subirán los impuestos a las personas corrientes, ni a las pequeñas y medianas empresas, ni a los ahorradores, si, como suele suceder, no dicen la verdad.
Si aumenta el número de quienes desconfían del cariño de Hacienda, puede que se rompa el círculo vicioso en el que los poderosos nos animan a permanecer, obedeciendo, callando y pagando por nuestro bien.

Libros de los autores comentados en el blog:

https://weedjee.wordpress.com/2015/05/21/el-liberalismo-no-es-pecadola-economia-en-cinco-lecciones-carlos-rodriguez-braun-juan-ramon-rallo/

https://weedjee.wordpress.com/2018/04/23/afrodita-desenmascarada-maria-blanco-gonzalez-unmasked-aphrodite-by-maria-blanco-gonzalez-spanish-book-edition/

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The author’s books are interesting to me and although not all the postulates coincide, reading is always rewarding.

One of the clearest regularities of politics and taxation is that the more democracy, the more taxes. There are different interpretations of this phenomenon, which we will review, but it is unquestionable that the generalization of democracy has been accompanied by an increase in the tax burden.
It is not a uniform increase and the levels are not identical in the world, of course, but that association is evident, regardless of times and places. In few countries this regularity was manifested more clearly than in Spain, where the fiscal pressure, measured by public spending as a percentage of GDP, barely reached 25 percent when Franco died in 1975, and in less than twenty years it reached almost 50 percent.
Interestingly, democracy means choosing, but the people, both in democracy and outside of it, have never chosen the taxes they want to pay. In truth, you don’t want to pay them. Almost all of the surveys show that citizens would prefer to pay less taxes. Another thing is that they can approve raising taxes on others, “the rich,” an important matter to which we will return. But if it is about each one of us, just as most of us prefer democracy to any other political system, the majority also prefer individually to pay less taxes. And yet, in a democracy, and all over the world, people have ended up paying much more than at any other time in history.

The campaign (We are all Treasury) emphasizes that taxes, like anything else the State does, are something that we have all accepted, they are “what was agreed.” This is the very glassy notion of the social contract, combined with the notion that the state is a less than trustworthy reproduction of society. Hence, the Treasury proclaims: “Fiscal control of the country is in our hands, in those of our representatives in the Cortes.” It is a patent fallacy, even a totalitarian one, but in any way revealing of the need to legitimize power through its overlap with the community. If the power is us, then obviously we cannot cause ourselves any harm, nor violate any rights. The key to individual freedom, which is the limitation of power, is blown up: why are we going to limit a power that is actually us?
To disguise this coercion, power resorts to the notion of participation, which is always present in the political justifications of our democratic and supposedly liberal time, and which is a pure decoy.
Just as the State can never be supportive or generous, because virtue is incompatible with coercion, and we are never really generous with what is not ours, neither does the State ask for efforts or contributions from citizens. If so, there would be no difference between Mother Teresa of Calcutta and the Tax Agency. And there are. The first calls for efforts, the second demands them under penalty of a fine and even prison. Actually, that is why we are all the Treasury, but we are in a peculiar sense: we are because it is very dangerous not to be.

The legitimation of power would be seriously questioned if the idea were to spread that taxes are what they are, that is, an imposition without the consensus of those whom the Treasury, very graphically, usually describes in its forms as “taxpayers” . To avoid as much as possible to enhance the resentment of citizens against tax exactions, power, all power, has tended to exploit a theory that seeks to hide such taxation, disguising it, precisely, as consensus.
The leap from one rights to another represented a fundamental change in the role of the State. Before, freedom, justice and the right required that it be clearly limited. Now, freedom, justice and law mean that it grows without clear limits. Or rather, that it expands without limits outside or above itself.
If the State previously had only a contained role, now its role is fundamental. In the world of the new social rights, a State that does not discriminate between us, that treats us equally and that does not seek to equalize us by force through the law, a State that, therefore, represents a small weight on the community, it seems quite unlikely.

Taxes are due to political calculations and not to any social demand. If the State puts very high rates on gasoline tax it is because it can do so, because its subjects cannot evade those taxes. And if in no country the VAT reaches such high rates as in the case of fuels, this is because a VAT of 50 percent would throw a significant portion of the population on the black market and smuggling.
This same logic explains why the wealth tax is always much lower than the income tax, or even that in many countries it has disappeared. It is evident that if the State took away 30 percent, 40 percent or even more of our assets in one year, what would happen is that the following year there would be no assets: none of us would buy a home, knowing that deliver a third of it to the treasury during the following fiscal year. Instead, most of us continue to work, even though income taxation becomes highly progressive.
It will be said that when the State plans its fiscal strategy, it does so with its subjects in mind.
Another particularly subtle and intelligent device of the Treasury is withholdings. Through this stratagem, added to indirect and special taxation, people get used to looking only at the net amount of what they charge and the gross amount of what they pay, and they are no longer fully aware of the total amount that they take. the Tax Agency.
Public goods are a sample of the failures of the market that, apparently, would demonstrate that, although we reject taxes, we actually accept them because with them we obtain goods that we would not obtain if the State did not exist. There are also other failures, which many economists expose to show that public intervention is essential, and that they are as doubtful as public goods.
An interesting case, because it has to do with a recent flag that the State uses to justify its coercion, is the environment. Pollution is assumed to be what economists call a negative externality, that is, a cost of producing some good that is not reflected in the market price and, consequently, is produced in excess. As it is a market failure, the conclusion is that the State must intervene, collect a tax or even prohibit the activity in question, which would be equivalent to an infinite tax …
The State strives to present itself as if it were just another institution of society, in fact, just like us.

The State does not have its own resources: everything it has it takes from the people beforehand. Therefore, to conclude that without the State there would be no hospitals, one must start from the assumption that people are totally irrational, and even that they tend to commit suicide en masse. Likewise, the conclusion demands the forgetting of history, a revealing forgetting, because it is unquestionable that long before the modern state existed, with its public health, there were hospitals run by a millenary institution, which, as we saw, on many occasions the State tries to marginalize or replace: the Church.
Therefore, only from the hypotheses of irrationality or amnesia could we deduce that, if people did not pay taxes, and therefore conserved their income, they would not spend even a fraction of these in preserving their health, and, therefore, would perish in dire proportions. The assumption is so absurd that it is only possible to conclude the opposite, namely, that if citizens withhold the money that the State takes from us, we would spend it, precisely, in the chapters that these texts of the Tax Agency of 2017 suggest that they only exist thanks to to taxes. That is, we would spend it on health, education, pensions …
The fallacy is that the State does not satisfy, but rather violates, a need felt by each and every citizen: to protect the fruit of their work and preserve what is theirs. Anyone knows that citizens demand that no one take away what is ours. However, the State totally ignores these important needs and demands of its subjects, shielding itself from the fact that citizens must be “honest.”
Fiscal policy rests on the idea of truth. But it is an asymmetric idea, because the State is the one that warns citizens, admonishes them to tell the truth, a warning that, logically, assumes that they are not going to tell it and, conversely, assumes that it does. This asymmetry, which reaches its maximum expression with regard to tax fraud, which we will review in the next chapter, is a glaring falsehood, as is well known: the State is as liar as any person, and in reality, more, much more. The treasury lies massively, and not only without any purpose of amendment, but with treacherous reiteration.
The tax hunt for celebrities from the world of art, film and music is not, of course, an exclusively Spanish phenomenon, although it has started early here and has registered names as famous as Julio Iglesias. The list of so-called “tax exiles” is long …
The most famous musical group of all time, The Beatles, sang Taxman, composed by George Harrison, in protest at the onerous progressive taxation. The tax collector stars in the song and says, “He’s one for you and nineteen for me.” It was not an exaggeration, but an exact calculation. The Labor government of Harold Wilson had introduced a special marginal rate of 95 per cent for the richest, which Harrison meant that, of the last pound sterling he earned, the state kept nineteen of the twenty shillings.

In 2019, the Tax Agency announced a writing award aimed at school children to, as the press said, “to make young people aware of the social meaning of paying taxes.”
We don’t pay a lot of taxes because there are fraudsters, or because there are tax havens, or because politicians are corrupt. The Nordic countries have relatively low tax evasion, and their leaders and officials have a justifiable reputation for refined honesty. And not only are taxes relatively high there, but they also prove the falsity of the fundamental idea so widespread that Jiménez Millán’s poem collects. Indeed, in the Nordic countries, taxes are paid by “the usual ones”, that is, by the great mass of the people. And it cannot be otherwise. When states are as large as they are today, there is no way to finance them without putting their weight on the majority of citizens.

If taxes reflect what we all are and we all accept and, furthermore, they are always for the good, not only does it turn out that the obligation to pay taxes is totally justified, but the breach of said obligation must always be the worst of the worst.
And this has been the message of the tax collectors, and it continued to be so under the so-called liberal state, which generalized the democratic system while raising the tax burden to levels never seen before. For this reason, in a democracy, the treasury throughout the world undertakes vast propaganda campaigns that pursue a double objective. On the one hand, it seeks to portray those who do not pay taxes (“their taxes” are often added) in the most sinister colors. And, on the other, although less explicitly, it is intended to justify the sanction that can be inflicted against such repudiatable and antisocial people.
Many citizens, in effect, perceive that the same State that abhors tax fraud commits fraud, that is to say: “action contrary to truth and rectitude, which harms the person against whom it is committed.” We have seen, and will see, examples of this deceptive conduct on the part of the State to the detriment of its subjects, whom it deprives of their property alleging flimsy arguments.
Fraudsters, it will be said, are criminals, and this is undoubted, but their crime cannot be assimilated to others, to crimes established for centuries, and which have to do with the rules, in principle, typical of a society of free women and men. These norms have a moral origin, and have evolved into the law, which is a condition for the preservation of society. That is why rapists, murderers and thieves have always been persecuted: because they are incompatible with this preservation of society. It will be said: tax fraudsters are not rapists or murderers, but they are thieves. This is not true, because a thief is defined by the definite appropriation of what is defiably alien. There must be theft of a specific private property, of specific people, for us to speak of theft or robbery. It will be said: tax fraudsters steal from society. But, in that case, we would be identifying the State with society, which is not correct: the State is not society or its institutions. Therefore, whoever does not pay taxes is not identifiable with whoever steals from a person, from a charity, from a community of neighbors …
The fact that fraud against the Public Treasury is a special crime, which it is, does not remove its character as a legal infraction, which allows us to highlight the moral degradation that the State unleashes with its intervention, creating crimes, promoting non-compliance with the law and generalizing perverse incentives that undermine coexistence and spread a predatory spirit, opposite to that which sprouts in communities whose regulations derive from voluntary agreements, and not from impositions of power. This is observed not only in tax avoidance and the breaches of the abundant regulations of the lives of citizens in multiple fields, but also in the traps that the State fosters among its supposed beneficiaries. Once again, these violations of the law are the protagonists of millions of citizens who deceive the authorities in the benefits of various kinds, to which they have access in widely redistributive schemes, from unemployment insurance to the pharmaceutical expenses of pensioners. Pretended bastion of ethics, habitually suspicious of the morality of people in their free deals and contracts, the State encourages behaviors that people do not carry out on a massive scale in the areas of civil society.

There is no clear relationship between the taxes we pay and the fact of receiving the goods and services we need, because we are not the ones who pay who decide. In society, however, yes: we pay for what we need. However, antiliberal thinking always preaches the opposite, and declares that, when we are free, in civil society, in the market, there we let ourselves be carried away by consumerism and we end up buying what we don’t need. As if politicians, bureaucrats, trade unionists and other interest groups know what the people really need, better than the people themselves.
The fundamental deception is that we pay a lot of taxes because others don’t pay: “Those who cheat only help you pay more.” It is manifestly false, because we pay what the power of attorney requires us to pay, and it is not at all true that “it is necessary that we all declare so that the distribution is fair.” This simply obeys the strange political logic according to which the criterion of the State is identical to justice.
The State, therefore, presents itself as the one that helps citizens, when, in reality, its objective is not to guarantee them anything, but to guarantee itself the collection of certain taxes. That is why he threatens citizens to comply with the Treasury, facilitate their verification work by demanding invoices and thus save “annoyances”.
Something similar happened during the 2020 pandemic, when due to the need to prevent the transmission of the virus through coins and banknotes, the widespread payment with credit cards or digitally through mobile phones was promoted. There was talk of banning the use of cash for health reasons. But that approach undoubtedly also contemplated increasing VAT collection.
Taxes are not established by angels, but by politicians who want to legitimize themselves with different excuses or by pressure groups that seek more benefits or influence, and the population seems to perceive that the objective of the taxes is not so much the laudation of their explicit objectives, but the smooth, flat and growing collection. These and other deceptions on the part of power should be incorporated into the analysis. Instead of simplifying the matter in terms of heroes and villains, it would be useful to think about the paternalism of the authorities and the reaction that people can take to neutralize state action. For example, difraud.

The State not only hides the reality of a growing tax burden, but also conceals that the forms of taxation have been changing in the direction of increasing cuts to the freedom of the people.
The scene is set for confusion, and it usually abounds. Difficulties are undertaken, such as that the tax must pay for the common good or that it must be proportional to the ability to pay, etc. Some naïve people declare themselves satisfied arguing that, as public spending represents a social gain, said gain compensates for the loss of economic capacity borne by taxpayers. The question of horizontal equity (treating equals equally) and vertical equity (treating unequal ones unequally) is refined, with which, naturally, no solid conclusion can be reached, and many end up clinging, with more or less self-confidence, to the glassy notion that a tax is fair if it is legal, which is more than doubtful …

The Nordic countries did not get rich thanks to socialism, they got rich earlier thanks to capitalism. Their economies grew considerably, with a relatively low tax burden: in 1960 it was similar to that of developed countries, from 25 percent of GDP in Denmark to 32 percent in Norway. They then had excellent indicators of health and life expectancy. His great achievements in welfare and equality preceded the increase in public spending and taxes.
This increase resulted in a slowdown in growth, due to the negative incentives to which higher taxes and redistributive policies of the welfare state gave rise.
Another misunderstanding is the one that automatically relates welfare to social spending. As Vito Tanzi explains, the difference in social spending in the Nordic countries with the rest is much smaller once said spending is considered in net terms, that is, once the taxes paid by citizens who benefit from social spending are discounted. . And when all social spending is included, not just public, but also private, you get remarkable results: suddenly, the supposedly meager United States reaches a level of social spending similar to that of the Nordic countries.
What we are assured cannot happen, happened: taxes were lowered and the increase in public spending stopped. The model redistributor model can and did go too far.
Finally, the supposedly model Nordic model hides not only the proof that public spending can be curbed, and that this slowdown drives economic growth, prosperity and employment, but also that the fiscal reform of these progressive paradigms consisted fundamentally in cutting taxes on income and capital, instead generalizing the tax on consumption.

An increasingly hostile mood towards usurpations can be detected in public opinion in recent decades, which can derive from different causes, from the delegitimization of inefficient and corrupt rulers to dissatisfaction with public services and benefits, from the greater appreciation for businessmen to the greatest rejection of the intrusion of the authorities into our rights and freedoms, as we see in the coronavirus crisis. And, of course, the social rejection of taxes is clearly greater now than before, even leading to really unusual shows such as the one that has been organized in Spain street demonstrations against tax pressure, which were echoed by all the media in the case of inheritance tax.
It is possible, only possible, that what is in crisis is not capitalism or liberalism, as is always assured, and we have checked it again with the coronavirus pandemic. It is possible that the crisis affects the onerous redistributive state of our time, and that it may emerge from the lies that the state itself insistently spreads.
Citizens will be more willing than before to point out these lies, and to punish with our voice and our vote those who promise us that they will never raise taxes on ordinary people, nor on small and medium-sized companies, nor on savers, yes, as is often the case, they don’t tell the truth.
If the number of those who distrust the affection of the Treasury increases, the vicious circle in which the powerful encourage us to remain, obeying, keeping silent and paying for our good may be broken.

Books from the authors commented in the blog:

https://weedjee.wordpress.com/2015/05/21/el-liberalismo-no-es-pecadola-economia-en-cinco-lecciones-carlos-rodriguez-braun-juan-ramon-rallo/

https://weedjee.wordpress.com/2018/04/23/afrodita-desenmascarada-maria-blanco-gonzalez-unmasked-aphrodite-by-maria-blanco-gonzalez-spanish-book-edition/

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