No podemos crear una economía que proporcione dignidad y calidad de vida a los trabajadores estadounidenses a menos que primero digamos la verdad; que estamos pidiendo al pueblo que haga más con menos dinero y que viva más tiempo con menos seguridad. Los salarios no han subido en cuarenta años, pese a que el coste de la sanidad, la educación y la vivienda se ha disparado. La clase media vive al día.
Debemos decir la verdad acerca de las cárceles masificadas: que metemos en prisión a más personas que ningún otro país del mundo, sin motivo. Debemos decir la verdad acerca de la brutalidad policial, de los prejuicios raciales, del asesinato de hombres negros desarmados. Debemos decir la verdad acerca de las empresas farmacéuticas, que introdujeron el consumo de opiáceos adictivos en muchas comunidades, abusando de su confianza; y de los préstamos de salario y las universidades con afán de lucro que han exprimido a estadounidenses vulnerables y los han cargado de deudas. Debemos decir la verdad acerca de la avaricia de las empresas depredadoras que han convertido la liberalización, la especulación económica y el negacionismo del cambio climático en su credo. Y eso es precisamente lo que pienso hacer.
Se esperaba que este libro fuera más una memoria de vida personal, pero el contenido era menos personal y más de logros políticos y temas en los que Estados Unidos, como nación, deberá enfocarse. Se puede decir que el enfoque de este libro está más en los votantes estadounidenses que en los lectores globales habituales (¡como yo!).
El contenido muestra y resalta la credibilidad, la integridad, el carácter personal y también la claridad de Kamala Harris como individuo.
Seguramente esperaré una memoria más centrada de Kamala Harris -.
Kamala Harris creció en California, hija de padres inmigrantes. Su padre vino a los Estados Unidos desde Jamaica y su madre vino de la India. Sus padres participaron activamente en el movimiento de derechos civiles y le transmitieron su preocupación por la justicia social.
En este libro, Kamala escribe sobre su vida temprana, su educación, su carrera como abogada joven, fiscal adjunta de distrito y luego fiscal de distrito de San Francisco, Fiscal General de California y, finalmente, su vida como senadora de los Estados Unidos. Escribe conmovedoramente la profunda influencia que ejerció su madre en la vida de Kamala. Escribe extensamente sobre los problemas que defiende y la necesidad de nunca dejar de trabajar por el mejoramiento de los demás.
No es de extrañar que Joe Biden la eligiera para ser su vicepresidenta. Los temas sobre los que escribe Kamala son temas que preocupan a muchas personas. Su determinación, experiencia y su interminable preocupación por el bienestar de los demás serán una ventaja para la nueva administración.
La armonía entre mis padres no duró. Con el tiempo, las cosas se pusieron feas. Dejaron de ser amables el uno con el otro. Yo sabía que se querían mucho, pero daba la impresión de que se habían vuelto aceite y agua. Cuando tenía cinco años, el lazo que los unía se rompió bajo el peso de la incompatibilidad. Se separaron poco después de que mi padre aceptara un trabajo en la Universidad de Wisconsin y, unos años después, se divorciaron. No se pelearon por el dinero. Solo lo hicieron por quién se quedaba con los libros.
San Francisco, al igual que todo nuestro país, es diversa, pero está profundamente segregada; es más un mosaico que un crisol. Sin embargo, nuestra campaña atrajo a personas que representaban el dinamismo de toda la comunidad. Los voluntarios y simpatizantes llegaban a raudales desde Chinatown, Castro, Pacific Heights, Mission District: blancos, negros, asiáticos y latinos; ricos y de clase obrera; hombres y mujeres; ancianos y jóvenes; homosexuales y heterosexuales.
Han pasado casi quince años desde mi toma de posesión como fiscal de distrito. Prácticamente no he pasado ni un solo día desde entonces sin trabajar, de un modo u otro, en la reforma del sistema de justicia penal. Lo he hecho durante dos mandatos como fiscal de distrito y casi dos mandatos como fiscal general, y presenté una legislación de reforma de la justicia penal en mis primeras seis semanas como senadora de Estados Unidos. Aunque esa mañana de la toma de posesión en 2004 comprendí plenamente la importancia que estos asuntos tenían para mí, jamás podría haber imaginado que me llevarían desde San Francisco a Sacramento y después a Washington, D.C.
El sistema de justicia penal castiga a los pobres. ¿Qué justicia es esa? Y ¿qué sentido tiene? ¿Cómo promueve la seguridad pública? Entre 2000 y 2014, el 95 % de los presos nuevos eran personas a la espera de juicio. Estas son, en su mayoría, personas no violentas cuya culpabilidad no ha sido demostrada, y estamos gastando 38 millones de dólares diarios para meterlas en prisión mientras esperan que llegue el día de su juicio. Que alguien pueda quedar o no en libertad bajo fianza no debería depender de cuánto dinero tiene en el banco. O del color de su piel: los hombres negros pagan fianzas un 35 % más altas que los hombres blancos por los mismos cargos. Los hombres latinos pagan casi un 20 % más. No es casualidad. Es sistémico. Y tenemos que cambiarlo.
Si nuestro sistema judicial no tiene consecuencias serias para la brutalidad policial, ¿qué mensaje transmite a los agentes de policía? Y ¿qué mensaje envía a la comunidad? La seguridad pública depende de la confianza de la población. Depende de que los ciudadanos crean que serán tratados de forma justa y transparente.
Pero cuando los negros y los racializados tienen más probabilidades que los blancos de que los paren, los detengan y los condenen; cuando los departamentos de policía están equipados como regimientos militares; cuando el uso de una fuerza letal no acarrea consecuencias, ¿es de extrañar que la credibilidad de estas instituciones públicas penda de un hilo?.
También tenemos que mantener la presión externa, mediante la cual las organizaciones y los ciudadanos pueden dar lugar a un cambio significativo.
Las generaciones venideras sufrirán como consecuencia de la insensatez y la codicia del pasado. No podemos cambiar lo que ya ha ocurrido. Pero podemos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir.
La cultura de Wall Street no ha cambiado. Solo lo han hecho algunas de las reglas. Y los bancos están librando una batalla a gran escala para revocar las reformas de Wall Street de la era Obama que han contribuido a contenerlos. Cuando no han logrado revocarlas, han hecho todo lo posible por burlarlas. Según un análisis de The Wall Street Journal, entre 2010 y 2017, los principales bancos invirtieron 345.000 millones de dólares en préstamos de alto riesgo, canalizando el dinero a instituciones financieras no bancarias, los llamados bancos en la sombra. «Los bancos dicen que su nueva estrategia de conceder créditos a prestamistas no bancarios es más segura que tratar directamente con consumidores con malos informes de crédito y empresas con cuentas generales inestables —apuntaba el periódico—. Sin embargo, estas relaciones significan que los bancos siguen profundamente interconectados con los préstamos de mayor riesgo a los que juraban haber renunciado después de la crisis financiera.
Dado que la globalización ha privado al país de millones de puestos de trabajo y ha desplazado a grandes sectores de la clase media, los inmigrantes se han convertido en un objetivo fácil a quienes culpar. Cuando la Gran Recesión devastó las zonas rurales de Estados Unidos, varios políticos republicanos señalaron a la inmigración como el problema, mientras obstruían un proyecto de ley que habría creado nuevos puestos de trabajo. Pese al papel importantísimo que han desempeñado en la creación y conformación de Estados Unidos, los inmigrantes que llegan aquí en busca de una vida mejor siempre han sido un chivo expiatorio fácil.
Nuestro país fue creado con muchas manos, por personas procedentes de todos los rincones del mundo. Y con el paso de los siglos, los inmigrantes han ayudado a levantarlo y a impulsar la economía, aportando mano de obra para industrializarlo e inteligencia para crear innovaciones que cambian la sociedad.
Una sociedad se juzga por la forma en que trata a sus niños, y la historia nos juzgará con suma dureza por esto. La mayoría de los estadounidenses ya lo saben. La mayoría de los estadounidenses están horrorizados y avergonzados. Somos mejores que eso. Y debemos corregir los errores que esta Administración ha cometido en nuestro nombre.
Demasiados compatriotas están siendo aplastados por el peso de los altos precios de los fármacos, y tienen que elegir entre tomar los medicamentos que necesitan y comprar otros productos esenciales, como alimentos. Y eso sin mencionar el peligro financiero al que se enfrentan si van a urgencias.
El problema con la atención sanitaria mental no es solo el coste. También hay escasez de profesionales cualificados. Según el Departamento de Salud, Estados Unidos necesitará contar con 10.000 profesionales de salud mental en 2025 solo para satisfacer la demanda prevista. Y si nos centramos en el problema a nivel regional, el reto es incluso mayor. Alabama solo tiene un profesional de la salud mental por cada 1.260 personas; Texas, solo uno por cada 1.070 personas; Virginia Occidental, uno por cada 950 personas. Un informe de la asociación Nueva Economía Estadounidense (NAE) reveló que aproximadamente el 60 % de los condados de Estados Unidos no tienen ni un psiquiatra. En los condados rurales, donde viven 27 millones de personas, solo hay 590 psiquiatras, es decir, uno por cada 45.762 personas.
Incluso en Maine, el estado con mejor acceso a la atención de salud mental, el 41,4 % de los adultos con enfermedades mentales no reciben tratamiento.
Tenemos que restablecer la autoridad de la DEA para ir tras los principales fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos por su papel en la creación y el mantenimiento de esta crisis. Y necesitamos invertir recursos en los esfuerzos para hacer cumplir la ley con el fin de cortar el suministro de fentanilo procedente de China.
Por último, debemos comprender que, en el fondo, se trata de una cuestión de salud pública, no de una cuestión de justicia penal. No podemos seguir repitiendo los errores de la fallida guerra contra las drogas que llevó a tanta gente adicta al crack a la cárcel. Es un comportamiento humano normal querer dejar de sentir dolor, ya sea físico o emocional, y la gente buscará maneras de hacerlo.
Necesitamos un renacimiento de los sindicatos en Estados Unidos.
Y digamos la verdad definitiva: las grandes corporaciones y las personas más ricas del país más rico del mundo pueden permitirse pagar la parte que les corresponde de impuestos para que podamos arreglar la economía. Es necesario, es ético y es lo más sensato.
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We cannot create an economy that provides dignity and quality of life for American workers unless we first tell the truth; that we are asking the people to do more with less money and to live longer with less security. Wages have not risen in 40 years, even though the cost of healthcare, education and housing has skyrocketed. The middle class lives from day to day.
We must tell the truth about overcrowded prisons: that we put more people in prison than any other country in the world, for no reason. We must speak the truth about police brutality, racial prejudice, the murder of unarmed black men. We must tell the truth about the pharmaceutical companies, who introduced the use of addictive opiates in many communities, abusing their trust; and from salary loans and for-profit colleges that have squeezed vulnerable Americans and loaded them with debt. We must speak the truth about the greed of the predatory companies that have made liberalization, economic speculation and climate change denial their creed. And that is precisely what I intend to do.
There was an expectation of this book to be more of a personal life memoir, but the content was less personal and more of political achievements and issues on which America, as a nation, will need to focus. It can be said the focus of this book is more on the American voters than the regular Global readers (like me!).
The content does show and highlight the credibility, integrity, personal character and also clarity of Kamala Harris as an individual.
I will surely look forward to a more focussed memoir from Kamala Harris -.
Kamala Harris grew up in California, the daughter of immigrant parents. Her father came to the United States from Jamaica and her mother came from India. Her parents were active in the civil rights movement and passed on to her a concern for social justice.
In this book, Kamala writes about her early life, her education, her career as a young lawyer, deputy district attorney and then district attorney for San Francisco, Attorney General of California, and finally, life as a United States Senator. She writes movingly about the profound influence her mother exerted on Kamala’s life. She writes extensively about the issues she champions and the need to never give up working for the betterment of others.
It is no wonder that Joe Biden chose her to be his vice president. The issues Kamala writes about are the issues which concern many people. Her determination, experience, and never ending concern for the welfare of others will be an asset to the new administration.
The harmony between my parents did not last. Over time, things got ugly. They stopped being nice to each other. I knew they loved each other very much, but it seemed that they had turned into oil and water. When he was five years old, the bond that united them broke under the weight of incompatibility. They separated shortly after my father accepted a job at the University of Wisconsin and, a few years later, they divorced. They didn’t fight over the money. They only did it for who got the books.
San Francisco, like our entire country, is diverse, but deeply segregated; it is more of a mosaic than a crucible. However, our campaign attracted people who represented the dynamism of the entire community. Volunteers and supporters flocked from Chinatown, Castro, Pacific Heights, Mission District: white, black, Asian, and Latino; rich and working class; men and women; old and young; homosexuals and heterosexuals.
Almost fifteen years have passed since my inauguration as district attorney. I have hardly spent a single day since then without working, in one way or another, on reforming the criminal justice system. I’ve done it for two terms as a district attorney and nearly two terms as attorney general, and I introduced criminal justice reform legislation in my first six weeks as a United States senator. Although that morning of the 2004 inauguration I fully understood the importance of these issues to me, I could never have imagined that they would take me from San Francisco to Sacramento and then to Washington, D.C.
The criminal justice system punishes the poor. What justice is that? And what is the point of it? How do you promote public safety? Between 2000 and 2014, 95% of new prisoners were awaiting trial. These are mostly non-violent people whose guilt has not been proven, and we are spending $ 38 million a day to put them in prison while they wait for their trial day. Whether or not someone can be released on bail shouldn’t depend on how much money they have in the bank. Or the color of your skin: Black men pay bail 35% higher than white men for the same charges. Latino men pay almost 20% more. It’s not by chance. It is systemic. And we have to change it.
If our judicial system does not have serious consequences for police brutality, what message does it convey to police officers? And what message does it send to the community? Public safety depends on the trust of the population. It depends on citizens believing that they will be treated fairly and transparently.
But when blacks and racialized people are more likely than whites to be stopped, detained, and convicted; when police departments are equipped as military regiments; When the use of lethal force has no consequences, is it any wonder that the credibility of these public institutions hangs in the balance?
We also have to maintain external pressure, by which organizations and citizens can bring about meaningful change.
Generations to come will suffer from the folly and greed of the past. We cannot change what has already happened. But we can make sure it doesn’t happen again.
The culture of Wall Street has not changed. Only some of the rules have. And the banks are waging a full-scale battle to overturn the Obama-era Wall Street reforms that have helped contain them. When they have failed to revoke them, they have done everything possible to circumvent them. According to an analysis by The Wall Street Journal, between 2010 and 2017, major banks invested $ 345 billion in subprime loans, funneling the money to non-bank financial institutions, the so-called shadow banks. «Banks say their new strategy of lending to non-bank lenders is safer than dealing directly with consumers with bad credit reports and companies with unstable general accounts,» the newspaper noted. Yet these relationships mean that banks remain deeply interconnected with the riskier loans they swore they gave up after the financial crisis.
As globalization has deprived the country of millions of jobs and displaced large sections of the middle class, immigrants have become an easy target to blame. When the Great Recession devastated rural America, several Republican politicians pointed to immigration as the problem, while obstructing a bill that would have created new jobs. Despite the critical role they have played in the creation and shaping of America, immigrants who come here in search of a better life have always been an easy scapegoat.
Our country was created with many hands, by people from all corners of the world. And over the centuries, immigrants have helped lift it up and propel the economy, bringing the labor to industrialize it and intelligence to create society-changing innovations.
A society is judged by the way it treats its children, and history will judge us harshly for this. Most Americans already know. Most Americans are horrified and ashamed. We are better than that. And we must correct the mistakes that this Administration has made on our behalf.
Too many compatriots are being crushed under the weight of high drug prices, and they have to choose between taking the drugs they need and buying other essentials, such as food. And that’s not to mention the financial danger they face if they go to the ER.
The problem with mental health care is not just cost. There is also a shortage of qualified professionals. According to the Department of Health, the United States will need 10,000 mental health professionals in 2025 just to meet projected demand. And if we focus on the problem at the regional level, the challenge is even greater. Alabama only has one mental health professional for every 1,260 people; Texas, just one for every 1,070 people; West Virginia, one for every 950 people. A report from the New American Economy Association (NAE) revealed that approximately 60% of counties in the United States do not have a single psychiatrist. In rural counties, where 27 million people live, there are only 590 psychiatrists, that is, one for every 45,762 people.
Even in Maine, the state with the best access to mental health care, 41.4% of adults with mental illness do not receive treatment.
We need to reestablish the DEA’s authority to go after major pharmaceutical manufacturers and distributors for their role in creating and sustaining this crisis. And we need to invest resources in law enforcement efforts to cut off the supply of fentanyl from China.
Finally, we must understand that, at its heart, this is a public health issue, not a criminal justice issue. We cannot keep repeating the mistakes of the failed war on drugs that landed so many crack addicts in jail. It is normal human behavior to want to stop feeling pain, be it physical or emotional, and people will look for ways to do so.
We need a rebirth of unions in America.
And let’s tell the ultimate truth: Big corporations and the richest people in the world’s richest country can afford to pay their fair share of taxes so we can fix the economy. It is necessary, it is ethical and it is the most sensible thing to do.
David, earth planet , knopfler and a humble man 