¡Viva El Socialismo! Crónicas 2016-2020 — Thomas Piketty / Time for Socialism: Dispatches from a World on Fire, 2016-2020 (Vivement le socialisme !. Chroniques 2016-2020) by Thomas Piketty

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En los años noventa fue más liberal que socialista, pero treinta años después cree que el hipercapitalismo ha ido demasiado lejos y que debemos pensar en la superación del capitalismo, en una nueva forma de socialismo, participativo y descentralizado, federal y democrático, ecológico y feminista.
La historia decidirá si la palabra «socialismo» está definitivamente muerta y debe ser reemplazada. En mi opinión, puede salvarse, y de hecho sigue siendo el término más apropiado para designar la idea de un sistema económico alternativo al capitalismo. En cualquier caso, uno no puede contentarse con estar «en contra» del capitalismo o del neoliberalismo: hay que estar también y sobre todo «a favor de» otra cosa, lo que exige ser capaz de definir con precisión el sistema económico ideal que uno desearía poner en práctica, la sociedad justa que uno tiene en mente, sea cual sea el nombre que finalmente decida darle. Se ha convertido en un lugar común decir que el sistema capitalista actual no tiene futuro, ya que profundiza en las desigualdades y agota el planeta. Esto no es falso, pero, a falta de una alternativa concreta, el actual sistema tiene todavía muchos días por delante.

Un libro interesante en cuanto a sus crónicas a lo largo de los años, pero en caso de haber leído sus libros interesa muy especialmente la última parte del libro.

El estancamiento de la inversión en educación observado en las últimas décadas, a pesar del fuerte aumento de la proporción del grupo de edad que accede a la educación superior, ha contribuido tanto al aumento de la desigualdad como a la desaceleración del crecimiento de la renta per cápita. A esto se suma la persistencia de desigualdades sociales extremadamente elevadas en lo que respecta al acceso a la educación. Éste es sin lugar a dudas el caso de Estados Unidos, donde la probabilidad de acceso a la educación superior (en gran parte privada y de pago) depende fundamentalmente de la renta familiar. Pero también es el caso de un país como Francia, donde la inversión pública en educación (todos los niveles incluidos) está distribuida de manera muy desigual dentro de cada grupo de edad, particularmente a la vista de las enormes desigualdades entre los recursos asignados a los itinerarios de estudios selectivos y los no selectivos.
La transformación del sistema legal no será suficiente. Para asegurar un verdadero reparto del poder debe movilizarse también el sistema tributario y de herencias, de manera que se promueva una mayor distribución de la propiedad.
No se puede aplicar ninguna política medioambiental válida si no forma parte de un proyecto socialista global basado en la reducción de las desigualdades, la circulación permanente del poder y de la propiedad y la redefinición de los indicadores económicos. Insisto en este último punto: no tiene sentido la distribución del poder si mantenemos los mismos objetivos económicos. Es necesario cambiar el marco, tanto individual como localmente (en particular con la introducción de una tarjeta individual de emisiones de carbono) o a escala nacional. El producto interior bruto debe ser sustituido por la noción de renta nacional (lo que implica deducir todo el consumo de capital, incluyendo el capital natural), el foco de atención debe estar en cómo se distribuye y no en los promedios, y estos indicadores de renta (indispensables para construir una norma colectiva de justicia) deben complementarse con indicadores ambientales adecuados.
En segundo lugar, insisto en el hecho de que la herencia universal (también podemos hablar de «dotación de capital universal») representa sólo una pequeña parte del gasto público total. La sociedad justa tal y como la presento aquí se basa sobre todo en el acceso universal a un conjunto de bienes fundamentales (educación, salud, pensiones, vivienda, medio ambiente, etc.) que permiten a las personas participar plenamente en la vida social y económica, y no puede reducirse a una dotación de capital monetario.
Es perfectamente posible avanzar de manera gradual hacia un socialismo participativo cambiando el sistema jurídico, fiscal y social de un país determinado, sin esperar a la unanimidad del planeta. Así es como la construcción del Estado social y la reducción de las desigualdades tuvo lugar durante el siglo XX. La igualdad educativa y el Estado social pueden relanzarse país por país. Alemania o Suecia no esperaron la autorización de la Unión Europea o las Naciones Unidas para establecer la cogestión. Otros países podrían hacer lo mismo ahora.
El socialismo participativo que defiendo no vendrá de arriba: es inútil esperar que una nueva vanguardia proletaria venga a imponer sus soluciones. Los mecanismos mencionados aquí tienen la intención de abrir el debate, nunca de cerrarlo. El verdadero cambio sólo puede venir de la reapropiación por parte de los ciudadanos de las cuestiones e indicadores socioeconómicos que nos permitan organizar la deliberación colectiva.

Empresas como Apple y otras han aportado sin duda innovaciones considerables al mundo, lo cierto es que estos gigantes no podrían haber surgido sin décadas de investigación pública y de infraestructuras colectivas, beneficiándose al mismo tiempo de unos tipos impositivos inferiores a los de las pequeñas y medianas empresas, tanto estadounidenses como europeas.

La principal lección para Europa y el mundo es clara: urge reorientar la globalización de manera fundamental. Los principales desafíos de nuestro tiempo son el aumento de la desigualdad y el calentamiento global. Por consiguiente, es preciso establecer tratados internacionales que respondan a estos desafíos y promover un modelo de desarrollo equitativo y sostenible. Estos nuevos acuerdos pueden contener, de ser necesario, medidas para facilitar el comercio. Pero la cuestión de la liberalización del comercio ya no debe estar en el centro. El comercio debe volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: un medio para alcanzar metas más altas. Concretamente, debemos dejar de firmar acuerdos internacionales que reducen los derechos de aduana y otras barreras comerciales sin incluir en el mismo tratado, y desde los primeros capítulos, normas cuantificadas y vinculantes para combatir el dumping fiscal y climático, como tipos mínimos comunes de impuestos sobre los beneficios empresariales y objetivos verificables y sancionables de emisiones de carbono. Ya no es posible negociar tratados de libre comercio a cambio de nada.
Desde este punto de vista, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), entre la Unión Europea y Canadá, es un tratado de otra época y debe ser rechazado. Es un tratado estrictamente comercial, que no contiene medidas fiscales o climáticas vinculantes. Sin embargo, contiene toda una parte sobre la «protección del inversor» que permite a las multinacionales demandar a los Estados en tribunales de arbitraje privados, pasando por alto los tribunales públicos aplicables a cualquiera.

La zona del euro necesita un gobierno económico: un presupuesto común, impuestos comunes, capacidad de endeudamiento e inversión, una estrategia de crecimiento, un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. Pero, para que todo esto sea posible algún día, la zona del euro debe contar sobre todo con instituciones democráticas que permitan la toma de decisiones en común. No tiene mucho sentido hablar de un gobierno para la zona del euro si no se dice ante qué órgano democrático deberá rendir cuentas ese gobierno.
En la actualidad, el principal órgano decisorio de la zona del euro es el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN). El problema es que este consejo es habitualmente incapaz de tomar decisiones.
La razón de esta inacción es que el ECOFIN suele funcionar según el principio de unanimidad: en materia fiscal, basta con un veto de Luxemburgo para bloquearlo todo. Y en las pocas decisiones que en principio pueden ser tomadas por mayoría de votos, los países grandes tienen un derecho de veto en la práctica.

Seamos claros: la supresión del impuesto sobre la fortuna (ISF) es un grave error moral, económico e histórico. Esta decisión muestra una profunda incomprensión de los retos desigualitarios que plantea la globalización.

Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la desastrosa gestión de la crisis en la zona del euro, en particular en detrimento de España, desde hace décadas se promueve un modelo de civilización basado en la idea de que es posible tenerlo todo al mismo tiempo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, sin ninguna obligación real de solidaridad y financiación de los bienes públicos. En estas condiciones, ¿por qué no probar suerte haciendo de Cataluña un paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo? Existe, por supuesto, un presupuesto federal europeo, pero es extremadamente débil. Y, sobre todo, debería recaer en buena lógica sobre los hombros de los Estados que más se benefician de la integración económica, con un impuesto europeo común sobre los beneficios empresariales y las rentas más elevadas, como ocurre en Estados Unidos (podríamos ir más allá, pero estamos muy lejos de hacerlo). Europa podrá oponerse a los separatismos si pone finalmente la solidaridad y la justicia fiscal en el centro de su acción.
Debemos sacar a Europa del estancamiento tecnocrático actual, proponemos la creación de una Asamblea Europea. Esto permitirá el debate y la votación de estos nuevos impuestos europeos, así como de los Presupuestos para la democratización. Esta Asamblea Europea puede crearse sin necesidad de modificar los tratados europeos existentes.
Esta Asamblea Europea, lógicamente, tendrá el deber de comunicarse con las actuales instituciones para la toma de decisiones (en particular, el Eurogrupo, en el que los ministros de Economía de la zona del euro se reúnen de manera informal todos los meses). No obstante, en caso de desacuerdo, la Asamblea tendría la última palabra. De no ser así, quedaría comprometida su capacidad de ser un lugar para un nuevo espacio político transnacional donde los partidos, los movimientos sociales y las ONG finalmente podrían expresarse. También estaría en juego su eficacia real, ya que el problema es finalmente sacar a Europa de la eterna inercia de las negociaciones intergubernamentales. Debemos tener en cuenta que la regla de la unanimidad fiscal en vigor en la Unión Europea ha bloqueado durante años la adopción de cualquier impuesto europeo y sostiene la evasión eterna del dumping fiscal por parte de los ricos y con mayor movilidad social, una práctica que continúa hasta hoy pese a todas las argumentaciones. Esto seguirá siendo así si no se establecen otras normas para la toma de decisiones.

Para que un impuesto sobre el carbono tenga éxito, es imperativo que su recaudación se asigne al acompañamiento social para la transición ecológica. El gobierno ha hecho justamente lo contrario: de los 4.000 millones de euros de aumento de la recaudación a cuenta de los impuestos sobre carburantes en 2018, y los 4.000 millones adicionales previstos para 2019, sólo tenía previsto gastar el 10 por ciento en medidas de acompañamiento, mientras que el resto financiaba de hecho la supresión del impuesto sobre la fortuna y la «flat tax» sobre las rentas del capital.
Si quiere salvar su mandato de cinco años, Macron debe restaurar inmediatamente el impuesto sobre la fortuna y utilizar esos ingresos para compensar a los más afectados por el aumento del impuesto sobre el carbono, que debe retomarse. Si no lo hace, entonces significará que ha elegido una ideología anticuada en favor de los ricos y a expensas de la lucha contra el calentamiento global.
La falta de debate económico es lo que alimenta las tensiones identitarias y los callejones sin salida. Desde el momento en que se renuncia a cualquier perspectiva de política económica alternativa y se insiste constantemente en que el Estado no controla nada más que sus fronteras, entonces no es sorprendente que el debate político se centre en cuestiones de fronteras e identidades. Es hora de que todos los que se oponen al previsible choque entre el nacionalismo identitario y el liberalismo elitista se unan y se movilicen en torno a un programa de transformación económica. Eso pasa por una educación más justa, por la superación de la propiedad capitalista y por un proyecto concreto y ambicioso de renegociación de los tratados europeos. Si no conseguimos superar las pequeñas rencillas y las viejas disputas, corremos el riesgo de que el odio se lo lleve todo por delante.

Más allá de las especificidades nacionales, debemos analizar primero el Brexit como lo que es: la consecuencia de un fracaso colectivo en la forma en que se ha organizado la globalización económica desde la década de 1980, particularmente dentro de la Unión Europea. Los sucesivos líderes europeos, en particular los franceses y alemanes, tienen su parte de responsabilidad. La libre circulación de capitales, bienes y servicios, sin una regulación colectiva, sin una política fiscal o social común, redunda sobre todo en beneficio de los más ricos y con mayor movilidad social, y perjudica a los más desfavorecidos y a los más frágiles. No podemos definir un proyecto político y un modelo de desarrollo simplemente confiando en el libre comercio, la competencia de todos contra todos y la disciplina del mercado.
La Unión Europea ha añadido ciertamente dos elementos a este modelo general de organización de la economía mundial: la libre circulación de personas y un pequeño presupuesto común (1 por ciento del PIB europeo), alimentado por contribuciones de los Estados miembros y con el que se financian pequeñas transferencias de los países más ricos (alrededor del 0,5 por ciento de su PIB) a los más pobres. Junto con la moneda común (que también existe en África occidental), esto es lo que distingue a la Unión Europea de otras zonas de libre comercio del mundo, como la de América del Norte (México, Estados Unidos, Canadá), en donde no se permite la libre circulación de personas ni existe un presupuesto común ni fondos estructurales regionales. El problema es que esos dos elementos son insuficientes para vincular a los países entre sí. La apuesta de los partidarios del Brexit es simple: el curso actual de la globalización permite el libre comercio de bienes, servicios y capitales, manteniendo el control sobre el flujo de personas, y sin contribuir a un presupuesto común. La trampa mortal para la Unión Europea sólo puede evitarse redefiniendo radicalmente las reglas de la globalización, con un enfoque del tipo del «federalismo social». Dicho de otro modo, el libre comercio debe estar condicionado a la adopción de objetivos sociales vinculantes, que permitan a los agentes económicos más ricos y con mayor movilidad social contribuir a un modelo de desarrollo sostenible y equitativo.
En resumen: los nacionalistas cuestionan el movimiento de personas; el federalismo social debe cuestionar el movimiento de capitales y la impunidad fiscal de los más ricos.

¿La crisis epidémica de la COVID-19 va a precipitar el fin de la globalización mercantil y liberal y la aparición de un nuevo modelo de desarrollo más justo y sostenible? Es posible, pero nada está escrito. Por el momento, la urgencia absoluta es darse cuenta de la gravedad de esta crisis y hacer todo lo posible para evitar lo peor, una hecatombe colosal.
El nuevo Estado social requerirá una fiscalidad justa y un registro financiero internacional, para que las personas más ricas y las grandes empresas puedan contribuir tanto como sea necesario. El actual régimen de libre circulación de capitales, establecido a partir de los años 1980-1990 bajo la influencia de los países ricos (en particular de Europa), favorece de hecho la evasión de multimillonarios y multinacionales de todo el mundo; e impide que las frágiles administraciones tributarias de los países pobres pongan en marcha una fiscalidad justa y legítima, lo que perjudica gravemente la construcción del Estado en sí mismo.
Esta crisis puede ser una oportunidad para reflexionar sobre una dotación sanitaria y educativa mínima para todos los habitantes del planeta, financiada por el derecho universal de todos los países a una parte de los ingresos fiscales soportados por los agentes económicos más prósperos: las grandes empresas y los hogares con rentas y patrimonios más elevados (por ejemplo, más de diez veces la media mundial; es decir, el 1 por ciento más rico del planeta). Al fin y al cabo, dicha prosperidad proviene de un sistema económico mundial (y, por cierto, de la explotación desenfrenada de los recursos naturales y humanos del mundo entero durante varios siglos). Hace falta una regulación mundial para garantizar la sostenibilidad social y ecológica del planeta, incluida la introducción de una tarjeta individual de emisiones de carbono que prohíba las más elevadas.

Libros del autor comentados en el blog:

https://weedjee.wordpress.com/2017/03/14/la-economia-de-las-desigualdades-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2017/03/15/la-crisis-del-capital-en-el-siglo-xxi-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2017/03/15/el-capital-en-el-siglo-xxi-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2020/01/15/piketty-esencial-jesper-roine-pocket-piketty-a-handy-guide-to-capital-in-the-twenty-first-century-by-jesper-roine/

https://weedjee.wordpress.com/2020/04/10/capital-e-ideologia-thomas-piketty-capital-and-ideology-by-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2021/04/25/viva-el-socialismo-cronicas-2016-2020-thomas-piketty-time-for-socialism-dispatches-from-a-world-on-fire-2016-2020-vivement-le-socialisme-chroniques-2016-2020-by-thomas-pikett/

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In the 1990s he was more liberal than socialist, but thirty years later he believes that hypercapitalism has gone too far and that we must think about overcoming capitalism, in a new form of socialism, participatory and decentralized, federal and democratic, ecological and feminist. .
History will decide if the word «socialism» is definitely dead and should be replaced. In my opinion, it can be saved, and in fact it is still the most appropriate term to designate the idea of an alternative economic system to capitalism. In any case, one cannot be content with being «against» capitalism or neoliberalism: one must also and above all be «in favor of» something else, which requires being able to define with precision the ideal economic system that one wants. I would like to put into practice the just society that one has in mind, whatever name you finally decide to give it. It has become commonplace to say that the current capitalist system has no future, as it deepens inequalities and depletes the planet. This is not false, but, in the absence of a concrete alternative, the current system still has many days to go.

An interesting book in terms of his chronicles over the years, but if you have read his books, the last part of the book is of particular interest.

The stagnation of investment in education observed in recent decades, despite the sharp increase in the proportion of the age group accessing higher education, has contributed to both the increase in inequality and the slowdown in the growth of personal income. capita. Added to this is the persistence of extremely high social inequalities with regard to access to education. This is undoubtedly the case in the United States, where the probability of access to higher education (largely private and paid) depends fundamentally on family income. But this is also the case in a country like France, where public investment in education (all levels included) is very unevenly distributed within each age group, particularly in view of the huge inequalities between the resources allocated to the students. selective and non-selective study itineraries.
The transformation of the legal system will not be enough. To ensure a true distribution of power, the tax and inheritance system must also be mobilized, so as to promote a greater distribution of property.
No valid environmental policy can be applied if it is not part of a global socialist project based on the reduction of inequalities, the permanent circulation of power and property and the redefinition of economic indicators. I insist on this last point: the distribution of power does not make sense if we maintain the same economic objectives. The framework needs to be changed, both individually and locally (in particular with the introduction of an individual carbon card) or on a national scale. Gross domestic product must be replaced by the notion of national income (which implies deducting all capital consumption, including natural capital), the focus of attention must be on how it is distributed and not on averages, and these indicators of income (essential to build a collective norm of justice) must be complemented with adequate environmental indicators.
Second, I insist on the fact that universal inheritance (we can also speak of «universal capital endowment») represents only a small part of total public spending. The just society as I present it here is based above all on universal access to a set of fundamental goods (education, health, pensions, housing, environment, etc.) that allow people to participate fully in social life and economic, and cannot be reduced to an endowment of monetary capital.
It is perfectly possible to progress gradually towards a participatory socialism by changing the legal, fiscal and social system of a given country, without waiting for the unanimity of the planet. This is how the construction of the social state and the reduction of inequalities took place during the 20th century. Educational equality and the social state can be relaunched country by country. Germany or Sweden did not wait for authorization from the European Union or the United Nations to establish co-management. Other countries could do the same now.
The participatory socialism that I defend will not come from above: it is useless to wait for a new proletarian vanguard to come and impose its solutions. The mechanisms mentioned here are intended to open the debate, never to close it. The real change can only come from the reappropriation by citizens of the socio-economic issues and indicators that allow us to organize collective deliberation.

Companies like Apple and others have undoubtedly brought considerable innovations to the world, the truth is that these giants could not have emerged without decades of public research and collective infrastructures, benefiting at the same time from lower tax rates than those of small and medium-sized companies. companies, both American and European.

The main lesson for Europe and the world is clear: it is urgent to reorient globalization in a fundamental way. The main challenges of our time are increasing inequality and global warming. Therefore, it is necessary to establish international treaties that respond to these challenges and promote an equitable and sustainable development model. These new agreements may contain, if necessary, measures to facilitate trade. But the issue of trade liberalization should no longer be at the center. Trade must go back to being what it should never have ceased to be: a means to higher goals. Specifically, we must stop signing international agreements that reduce customs duties and other trade barriers without including in the same treaty, and from the first chapters, quantified and binding rules to combat fiscal and climate dumping, such as common minimum types of taxes on business benefits and verifiable and sanctionable carbon emission targets. It is no longer possible to negotiate free trade agreements for nothing.
From this point of view, the Global Economic and Trade Agreement (CETA), between the European Union and Canada, is a treaty from another era and must be rejected. It is a strictly commercial treaty, which does not contain binding fiscal or climate measures. However, it contains a whole part on «investor protection» that allows multinationals to sue States in private arbitration courts, bypassing the public courts applicable to anyone.

The euro area needs an economic government: a common budget, common taxes, debt and investment capacity, a growth strategy, a sustainable and equitable development model. But for all of this to one day be possible, the euro area must above all have democratic institutions that allow common decision-making. There is little point in talking about a government for the euro area if it is not stated to which democratic body that government will be accountable.
Currently, the main decision-making body in the euro area is the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN). The problem is that this council is usually incapable of making decisions.
The reason for this inaction is that ECOFIN tends to operate according to the principle of unanimity: in tax matters, a Luxembourg veto is enough to block everything. And in the few decisions that in principle can be taken by majority vote, the large countries have a veto right in practice.

Let’s be clear: the abolition of the fortune tax (ISF) is a serious moral, economic and historical mistake. This decision shows a profound misunderstanding of the unequal challenges posed by globalization.

Europe also has a great responsibility in this crisis. In addition to the disastrous management of the crisis in the euro area, particularly to the detriment of Spain, for decades a model of civilization based on the idea that it is possible to have everything at the same time has been promoted: integration into a large market European and global, without any real obligation of solidarity and financing of public goods. Under these conditions, why not try your luck by making Catalonia a Luxembourg-style tax haven? There is, of course, a European federal budget, but it is extremely weak. And above all, it should logically fall on the shoulders of the states that benefit the most from economic integration, with a common European tax on corporate profits and higher incomes, as is the case in the United States (we could go further , but we are a long way from doing it). Europe will be able to oppose separatisms if it finally puts solidarity and tax justice at the center of its action.
We must get Europe out of the current technocratic stagnation, we propose the creation of a European Assembly. This will allow the debate and voting on these new European taxes, as well as on the Budgets for democratization. This European Assembly can be created without the need to modify existing European treaties.
This European Assembly, of course, will have a duty to communicate with the current decision-making institutions (in particular the Eurogroup, in which the ministers of the economy of the euro area meet informally every month). However, in case of disagreement, the Assembly would have the last word. Otherwise, its ability to be a venue for a new transnational political space where parties, social movements and NGOs could finally express themselves would be compromised. Their real effectiveness would also be at stake, since the problem is finally to get Europe out of the eternal inertia of intergovernmental negotiations. We must bear in mind that the tax unanimity rule in force in the European Union has for years blocked the adoption of any European tax and supports the eternal evasion of tax dumping by the wealthy and with greater social mobility, a practice that continues until today despite all the arguments. This will continue to be the case if no other rules for decision-making are established.

For a carbon tax to be successful, it is imperative that its revenue is allocated to social support for the ecological transition. The government has done just the opposite: of the 4,000 million euros of increased collection on account of fuel taxes in 2018, and the additional 4,000 million planned for 2019, it only planned to spend 10 percent on accompanying measures , while the rest actually financed the abolition of the wealth tax and the flat tax on capital income.
If he wants to save his five-year term, Macron must immediately restore the wealth tax and use that revenue to compensate those most affected by the carbon tax increase, which must be resumed. If he doesn’t, then it means that he has chosen an outdated ideology in favor of the rich and at the expense of fighting global warming.
The lack of economic debate is what fuels identity tensions and dead ends. Since any alternative economic policy perspective is renounced and it is constantly insisted that the state controls nothing but its borders, then it is not surprising that the political debate centers on questions of borders and identities. It is time for all those opposed to the foreseeable clash between identity nationalism and elitist liberalism to unite and mobilize around a program of economic transformation. This involves a fairer education, overcoming capitalist property and a concrete and ambitious project to renegotiate the European treaties. If we do not manage to overcome the small quarrels and the old disputes, we run the risk that hatred will take it all away.

Beyond national specifics, we must first analyze Brexit for what it is: the consequence of a collective failure in the way economic globalization has been organized since the 1980s, particularly within the European Union. Successive European leaders, particularly the French and German, bear their share of responsibility. The free movement of capital, goods and services, without collective regulation, without a common fiscal or social policy, benefits above all the richest and most socially mobile, and harms the most disadvantaged and the most fragile. We cannot define a political project and a development model simply by relying on free trade, the competition of all against all and the discipline of the market.
The European Union has certainly added two elements to this general model of organization of the world economy: the free movement of people and a small common budget (1 per cent of European GDP), fed by contributions from the Member States and with which they finance small transfers from the richest countries (about 0.5 percent of their GDP) to the poorest. Together with the common currency (which also exists in West Africa), this is what distinguishes the European Union from other free trade zones in the world, such as North America (Mexico, the United States, Canada), where it does not the free movement of people is allowed, nor is there a common budget or regional structural funds. The problem is that these two elements are insufficient to link the countries to each other. The bet of the Brexiters is simple: the current course of globalization allows free trade in goods, services and capital, while maintaining control over the flow of people, and without contributing to a common budget. The death trap for the European Union can only be avoided by radically redefining the rules of globalization, with a ‘social federalism’ approach. In other words, free trade must be conditional on the adoption of binding social objectives that allow the richest economic agents with greater social mobility to contribute to a sustainable and equitable development model.
In short: nationalists question the movement of people; social federalism must question the movement of capital and the fiscal impunity of the richest.

Is the epidemic crisis of COVID-19 going to precipitate the end of commercial and liberal globalization and the emergence of a new model of more just and sustainable development? It is possible, but nothing is written. For the moment, the absolute urgency is to realize the gravity of this crisis and to do everything possible to avoid the worst, a colossal catastrophe.
The new social state will require fair taxation and international financial registration, so that the wealthiest people and big companies can contribute as much as necessary. The current regime of free movement of capital, established from the years 1980-1990 under the influence of the rich countries (in particular in Europe), in fact favors the evasion of billionaires and multinationals from all over the world; and it prevents the fragile tax administrations of poor countries from implementing a fair and legitimate tax system, which seriously undermines the construction of the state itself.
This crisis can be an opportunity to reflect on a minimum health and educational endowment for all the inhabitants of the planet, financed by the universal right of all countries to a part of the fiscal income supported by the most prosperous economic agents: large companies and households with the highest incomes and wealth (for example, more than ten times the world average; that is, the richest 1 percent of the planet). After all, such prosperity comes from a global economic system (and, by the way, from the rampant exploitation of the world’s natural and human resources over several centuries). Global regulation is needed to ensure the social and ecological sustainability of the planet, including the introduction of an individual carbon emissions card that prohibits the highest carbon emissions.

Books from the author commented in the blog:

https://weedjee.wordpress.com/2017/03/14/la-economia-de-las-desigualdades-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2017/03/15/la-crisis-del-capital-en-el-siglo-xxi-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2017/03/15/el-capital-en-el-siglo-xxi-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2020/01/15/piketty-esencial-jesper-roine-pocket-piketty-a-handy-guide-to-capital-in-the-twenty-first-century-by-jesper-roine/

https://weedjee.wordpress.com/2020/04/10/capital-e-ideologia-thomas-piketty-capital-and-ideology-by-thomas-piketty/

https://weedjee.wordpress.com/2021/04/25/viva-el-socialismo-cronicas-2016-2020-thomas-piketty-time-for-socialism-dispatches-from-a-world-on-fire-2016-2020-vivement-le-socialisme-chroniques-2016-2020-by-thomas-pikett/

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