La Tentación Totalitaria — Almudena Negro, Jorge Vilches / The Totalitarian Temptation by Almudena Negro, Jorge Vilches (spanish book edition)

Me he leído este libro y me ha parecido interesante conocer todas las posturas sobre la gestión de la pandemia en España, coincido con unas cosas y no con otras pero es un libro para crear debate a través de su lectura.

El fin de la construcción del relato es claro: mediante la mentira y la confrontación se logra que el pueblo acabe siendo guiado por el populista hacia la salvación, que es la comunidad homogénea ideada por el totalitario, su paraíso terrenal. El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no es, como demostró durante la pandemia de la COVID-19, ajeno a estas estrategias comunicativas, propias de los tiranos del siglo XXI.
No hay nada que más encandile a un totalitario que el pensar que su Gobierno inicia una nueva era de la humanidad o de su nación. Es un residuo del despotismo ilustrado en el que se convirtió el pulso revolucionario francés de 1789.

El amor libre y la liberación sexual fueron la respuesta revolucionaria del 68 a la moral puritana de la generación anterior. De fondo estaba la idea maoísta de derribar las tradiciones y costumbres capitalistas como primer paso del Gran Salto Adelante.
En la ideología de género el aborto, una de sus grandes contradicciones. Sostiene el feminismo socialista que ellas deciden sobre su cuerpo, en este caso, sobre si seguir un embarazo. Sin embargo, no sacan la consecuencia, ya señalada por John Locke. Si la propiedad del cuerpo es de la persona, también lo es «el trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos»20. En consecuencia, la propiedad individual y el resultado económico del esfuerzo personal son intocables, el derecho de propiedad es un derecho inalienable que el Estado no puede tocar ni nadie puede robar. La inconsecuencia del socialismo y su ataque a la naturaleza humana son evidentes, de ahí que la izquierda se mueva entre dos pilares: la coacción y la utopía.
Otro mundo era posible, decían, cambiando el paradigma o espíritu de los tiempos. El viejo orden internacional basado en el conflicto entre pueblos debía dejar paso a otro fundado en parámetros distintos, «sin dolor», escribió André Glucksmann.
El ecologismo apareció en esa idea de «otro mundo es posible», y en el rechazo al capitalismo, al que presentaban como contaminante y destructor. En este planteamiento el hombre era la especie más perjudicial para el planeta. Esta idea se ha repetido con la pandemia, diciendo claramente que la naturaleza, como si fuera un sujeto consciente, había decidido eliminar o reducir a su especie más dañina. David Quammen, divulgador científico, autor de Contagio, entrevistado en El País, tras sostener que el virus procedía de los murciélagos, decía:

Los humanos somos más abundantes que cualquier otro gran animal en la historia de la Tierra. Y esto representa una forma de desequilibrio ecológico que no puede continuar para siempre.

El culto a la naturaleza se convirtió en una religión laica. Era una vuelta al estado primitivo, una corrección al capitalismo, que, con sacrificio y buena dosis socialista, permitiría volver a tener un «planeta verde». Esa religión cambió la idea de progreso de la humanidad: ya no era el desarrollo tecnológico lo que aseguraba la felicidad y el confort, sino el que fuera «sostenible». Lo presentaron, y así ha quedado, como una moral cívica encaminada hacia un fin ineludible y obligatorio: salvar el planeta.

El gran hallazgo al que llegó la izquierda transformadora, que así se ha hecho llamar, han sido las «microutopías». El mecanismo es bien sencillo: desechada la posibilidad de conseguir de golpe la Gran Utopía vinculada a los partidos políticos, la izquierda decidió cambiar el mundo a través de pequeñas utopías ligadas al feminismo, el ecologismo, el antimaquinismo, el anticapitalismo de baja intensidad o de cercanía, a cargo de los movimientos sociales. El conjunto despertó las microutopías; es decir, la búsqueda de pequeñas transformaciones por grupos específicos con objetivos concretos ecológicos, feministas, migratorios, de peatonalización, antinucleares, antiglobalización. Fueron las tareas de los nuevos movimientos sociales, con un objetivo común: cambiar la realidad cada uno en su parcela para conseguir un «mundo mejor». Apareció entonces el «compromiso social», ahora traducido como «activismo».
Nunca hay suficientes carriles bici, ni zonas verdes, ni hay bastante igualdad entre géneros, ni están suficientemente fiscalizadas las grandes empresas, ni se cobra lo justo, ni la riqueza está bien repartida, ni la economía es bien sostenible, ni las minorías étnicas están respetadas o la diversidad sexual está bien visibilizada. Todo es poco porque para esta izquierda es o todo o nada. Sin la igualdad material, la democracia es un fraude, dicen desde Babeuf, porque la distinta posición económica desvirtúa la igualdad legal.
Este paradigma se ha instalado. La hegemonía cultural es de izquierdas. No hay partido que no lo lleve de una manera u otra en su programa, o cargo público de primera línea que se atreva a contradecir la necesidad de ir cumpliendo esas microutopías.

Es corriente que en tiempos de graves crisis se hable del futuro de la sociedad. Aparecen entonces los profetas, normalmente a la izquierda, siguiendo una costumbre adquirida desde que Marx ideó un supuesto sistema científico de predicción de la historia que concluirá en la redención de la humanidad. Esas profecías comienzan por achacar al capitalismo todas las desgracias.
La pandemia de la COVID-19 aparecieron los profetas del fin del mundo y del posapocalipsis. Manuel Castells, el ministro de Universidades, escribía: «Es el fin de un mundo. Del mundo en el que habíamos vivido hasta ahora». El desastre, la decadencia de la humanidad, se debía según él al modelo neoliberal surgido en 1979 de la mano de Thatcher y Reagan.
El neoliberalismo era el gran culpable para estos profetas de la COVID-19. Era preciso volver al «sentido común»: un nuevo contrato social, como el de la posguerra de 1945, con más socialdemocracia, más Keynes, menos mercado, dar marcha atrás a la política de cuatro décadas, y penalizar la propiedad y el beneficio para «repartir la riqueza» a través de inversiones en los servicios públicos. Había que renegar de cualquier tipo de liberalismo y ser muy estatista. Los socialistas de todos los partidos por fin habían encontrado su revancha de 1989 y el punto moral para enterrar la libertad en aras del igualitarismo.

El totalitarismo se distingue por imponer un lenguaje que, ya oficializado, impida al individuo tener un juicio autónomo, propio y crítico. Esto se consigue estableciendo una única forma de hablar para expresar los acontecimientos —lenguaje inclusivo, los toponímicos, los conceptos—, y manipulando las informaciones. El poder totalitario destruye así el criterio de verdad, porque esta se adecua a las necesidades del Gobierno para mantenerse. De esta manera se da paso a la mentira institucionalizada, que, como escribió Forti, «garantiza al poder político el monopolio de las verdades históricas y fácticas». Por eso, como ha escrito Dalmacio Negro, la primera víctima del totalitarismo es la conciencia. El Gobierno acumula la información, la devuelve como propaganda científica, borra la distinción entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, y el hombre asume una falsificación de la realidad. Si a la idolatría de la igualdad, el igualitarismo, se le añade la ignorancia, en este caso como resultado de la desinformación y la manipulación, como señaló Tocqueville, es más sencilla la concentración de poderes y la servidumbre voluntaria.
Este Gobierno no pretendía que los españoles se recuperaran y que la pandemia fuera un penoso recuerdo, sino transformar el país. Su objetivo no se limitaba a los términos de un estado de alarma, a paliar la pandemia, sino que estaban aprovechando la oportunidad para legislar sobre materias que se escapaban al sentido del decreto habilitante. El gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias estaba abusando del estado de alarma. Si por socialistas y podemitas fuera, esta situación hubiese durado toda la legislatura, como se demostró por la frivolidad con la que aprobaron el segundo decreto de estado de alarma por seis meses y el que afectó solo a la Comunidad de Madrid. La deriva autoritaria del Ejecutivo se iba pronunciando de forma crónica. No querían el control parlamentario, ni la crítica de la oposición, ni la prensa libre, y el ejercicio de la libertad les molestaba.
Los problemas eran varios. El primero fue la tergiversación del estado de alarma, que, siguiendo la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, solo permite la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales. Este Gobierno no los había restringido, sino que los había suspendido como si se tratara de un estado de excepción o sitio. Los derechos de circulación o de reunión, según el artículo 55.1 de nuestra Constitución, únicamente pueden ser suspendidos con la declaración de excepción o sitio. Una pandemia no se ajusta a los casos previstos por la ley para unas medidas autoritarias y excepciones de este tipo. El segundo problema era que el Gobierno había pretendido suspender la democracia, que no se trata solo de votar, sino fundamentalmente de controlar el ejercicio del poder y de garantizar la libertad y los derechos. La coalición socialcomunista, tal y como expuso Pablo Iglesias, pretendía vulnerar el derecho de propiedad y de empresa, perseguir la riqueza y confiscar para repartir, al socaire de la construcción de una distópica «nueva normalidad».
Un país que persigue a la iniciativa privada, que ahoga la inversión y la libertad de empresa, está condenado a la pobreza. Claro que, dada la política fiscal que aventuraba el Gobierno, la crisis económica iba a ser muy larga. Anunciaron una tasa COVID o de reconstrucción, el aumento del impuesto de Sociedades, una tasa a las transacciones financieras, la subida del IRPF, impuestos sobre los Depósitos, el recargo en el IBI, la eliminación de desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, la «fiscalidad verde», y subir el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es conocido que un Gobierno con pretensión autoritaria quiere un pueblo pobre e ignorante para tenerlo dependiente.
El drama de la sociedad no ha sido nunca la desigualdad, sino la pobreza, y el socialismo es una fábrica de hacer pobres. Solo el libre mercado permite salir de la pobreza aquí y en todo el mundo.
España se convirtió con la pandemia en un laboratorio para las pretensiones autoritarias de un Sánchez entregado en cuerpo y alma a un proyecto particular de poder. Trataba de construir una sociedad española sin libertad de información ni de opinión, con una oposición deslegitimada, y llena de ciudadanos dependientes de las concesiones gubernamentales. Cuanto más tiempo se prolongara un estado de alarma inútil, que se podía sustituir por la aplicación de leyes ya aprobadas, más peligro corríamos de que lo que tuviéramos que reconstruir con el tiempo fuera la propia democracia. Un estado de alarma no facultaba para limitar la libertad de circulación y residencia, algo que solo podía hacerse con el estado de excepción, tal y como establece el artículo 55.1 de la Constitución. No había una limitación de derechos, sino simplemente su anulación con vigilancia policial.
El Gobierno volvía a mentir: los ERTE no tenían que perderse con el cese del estado de alarma. Una ley podía perfectamente recoger esa medida el tiempo que hiciera falta, en los términos adecuados. Era un flagrante chantaje del Gobierno.
El combate por la hegemonía está la mentira. Así es como la izquierda entiende la propaganda: la verdad es secundaria frente al objetivo de concienciar o influir. Está en su esencia, en su teoría del poder, en su interpretación de la historia, de la política o la sociedad. Y lo hacen siempre bajo el ropaje de una superioridad moral. No pueden evitar este complejo, el arrogarse la voz del pueblo y el conocimiento de cómo ha de ser el futuro. Se presentan como profetas y salvadores, al tiempo que condenan como inferiores al resto.

Carmen Calvo representa así un feminismo radical, e Irene Montero un cacao de feminismos posmodernos; es decir, donde todo es relativo, porque la verdad es opinable y subjetiva. Calvo reproduce el discurso de igualdad de sexos pasado por el marxismo: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de sexos. La mujer ha sido un sujeto explotado, alienado y oprimido por el hombre, dentro de ese entramado llamado «patriarcado».
Estas feministas radicales, contra las que batalla el populismo de derechas, plenamente inmerso en la lucha de sexos de Shulamite Firestone, dicen que el sexo es un hecho biológico transformado por la cultura capitalista en un género, al objeto de que haya personas de primera y de segunda en función del sexo.

No fue una guerra, a pesar del lenguaje bélico que utilizó en aquellos días la extrema izquierda y el Gobierno. Ni siquiera cuando Pedro Sánchez usó expresiones de informes y arengas militares, como resistencia y sacrificio, o hizo una copia burda de las palabras de Winston Churchill. El Gobierno socialcomunista necesitaba que la pandemia fuera vista como una guerra porque quiere evitar la responsabilidad por su negligencia y el retraso en tomar medidas, y cuando todo pase presentarse como los «salvadores de la patria». No importa que la victoria solo dependa de la ciencia y de la responsabilidad individual. El Gobierno estaba obsesionado por preparar la «posguerra»; es decir, el momento en que se considere terminada la pandemia y haya que iniciar, según quieren, un nuevo Estado social, paternalista e intervencionista. Los socialcomunistas querían que la pandemia se viera como una guerra, un momento excepcional donde el Estado lo asumía todo, como en el socialismo, con una visión totalizante. De esta manera, podrían convencer a la sociedad de que «lo público», sinónimo para ellos de «bien común», debía ser el «orden social permanente» que nos permitiría estar preparados para cualquier contingencia.
Era una posguerra sin utopías, como decía Isaiah Berlin, porque la historia no tiene una ruta determinada ni nadie decide qué es «progreso» o «progresista». Al menos nadie que no tenga un evidente complejo de superioridad moral capaz de establecer el mecanismo «científico» con el que funciona la historia, apartando a los que piensan distinto. Ahí está la raíz del totalitarismo, como señaló Talmon, en aquellos que se atribuyen la voluntad popular para dictar en tiempos de crisis como el actual cómo tiene que ser obligatoriamente el futuro, y, lo que es peor, cómo ha de ser el camino hasta el paraíso y quiénes sobran.

Podemos vio en la crisis del coronavirus una oportunidad única para avanzar hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI. Los parámetros históricos que barajaban eran las dos guerras mundiales del siglo xx: momentos en los que la situación social y económica relegó la democracia liberal en pos de un Estado paternalista, omnipresente, confiscador y colectivista. Ya lo escribió Erich Fromm: los europeos prefirieron la protección a la libertad.
La táctica de la izquierda podemita fue equiparar la crisis de la pandemia con la crisis económica de 2008.
Visto el fracaso de la utilización política de la pandemia, comenzó la operación para derribar la monarquía, que en realidad es una operación para un cambio hacia un régimen totalitario. No es la primera vez que Podemos colabora para transmutar una democracia, con todos sus fallos, en una granja socialista.

Pedro Sánchez, en su homilía televisiva del 28 de abril, dio cuenta de las medidas con las que el Gobierno quería llegar a la nueva situación posCOVID prevista para finales de junio. Lo había bautizado como «Plan para la transición hacia una nueva normalidad». Sánchez no se fiaba de las deliberaciones con el conjunto de sus ministros. Tomaba las decisiones con un grupo muy reducido y luego se presentaba en el Consejo de Ministros para informar. Seguramente si este paso no fuera obligatorio ni siquiera lo hubiera tomado. No le interesaba la opinión de sus compañeros de Ejecutivo, y menos aún el generar discusiones que sabía que luego iban a trascender a la prensa. Era mejor no exponerse a un aumento de la brecha entre socialistas y podemitas. Tampoco consultó a la oposición, a quien había pedido lealtad ciega, ni a las comunidades autónomas.
La comparecencia fue un golpe de mano. Anunció los pasos a seguir para el desconfinamiento, en un auténtico galimatías repleto de sinsentidos.
Al principio de la crisis el Gobierno creó un comité técnico formado por el mando único establecido con el estado de alarma. Lo presidió Sánchez, e integraba al ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska y el de Transportes, José Luis Ábalos. También estaba el polémico director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. A partir del 29 de abril se convirtió en el comité para desarrollar el Plan de Desescalada. Fue otra victoria de Iglesias. Si el 16 de abril consiguió meterse en el comité técnico citado, trece días después metía a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a su jefe de Gabinete, Julio Rodríguez. Con el propósito de convertir la desescalada en una inmensa campaña de propaganda, Sánchez incluyó a Iván Redondo, su jefe de gabinete de Presidencia; a Félix Bolaños, secretario general de Presidencia; y a Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación que ya se había encargado de cribar las pretendidas ruedas de prensa del presidente y de las comisiones informativas.
Esa selección de personal dejó fuera a los ministros, demostrando que los nombramientos no se hicieron por su capacidad, experiencia o conocimiento técnico sino para cumplir con el juego del equilibrio político.
No salimos más fuertes porque desde el principio ocultaron el número de muertos por la COVID-19. Es triste; pero no teníamos la certeza de cuántas personas habían fallecido. Las funerarias, las comunidades, los alcaldes y las parroquias estaban dando otras cifras. La discrepancia estaba en que solo se contabilizaban aquellos a los que se les hacía antes un test, pero como el Gobierno dijo que no hacía falta hacerlos —porque no tenía—, los números bailaban.
Políticamente salimos más débiles. Estábamos sufriendo un estado de alarma trucado. Pasamos en dos días de un discurso oficial que sostenía que se trataba de un mecanismo imprescindible para salvar vidas, a que se pudiera sustituir, según dijeron, por leyes ya aprobadas. Luego, en octubre de 2020, se enmendarían la plana a ellos mismos. Esto no solo creó una sensación de engaño, algo continuo con Sánchez e Iglesias, sino que generó desconfianza absoluta hacia las instituciones y las normas.
La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social debía terminar sus trabajos en junio. Era muy poco tiempo. El Pacto de Toledo sobre pensiones requirió mucho tiempo y reuniones, al igual que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Comisión se dividiría en cuatro grupos de trabajo: política social, economía, sanidad y Europa, pero el PSOE y Unidas Podemos se encargaron de vetar las comparecencias incómodas. Finalmente, la comisión se quedó en nada. Nadie se acuerda de ella.

Podemos, en su ansia de acabar con los medios de comunicación privados y poner los públicos a su servicio, como ocurre con Televisión Española, no es nuevo. Iglesias se había mostrado ya en el año 2014 como ferviente defensor de la Ley de Prensa de Rafael Correa, el socialista del siglo XXI de Ecuador condenado a 8 años de prisión e inhabilitación de por vida por dirigir una estructura de corrupción con la que se financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado. En Conversación con Pablo Iglesias el vicepresidente del Gobierno arremetía contra la libertad de prensa e información, denigrando a los medios privados de comunicación, reivindicando la ley ecuatoriana que permitió la expropiación y cierre de los medios críticos con el socialismo. En solo un par de años de existencia, Correa sancionó a casi 200 medios críticos, abrió 506 expedientes y dictó 313 resoluciones. Expreso, El Comercio y La Hora fueron algunas de sus víctimas en papel impreso. Pero televisión y radios también fueron ferozmente intervenidos.
Ana Pastor, a la sazón esposa de Antonio García Ferreras y presentadora del programa El objetivo de La Sexta, encabezaba Newtral. La empresa obtuvo en 2018 unos beneficios de 868.857 euros. El gasto en personal, 35 empleados, ascendió a 1,7 millones de euros. La facturación fue de 3,8 millones. En este caso las críticas se elevaron, llevando a influencers como Alvise Pérez, en su día vinculado a Ciudadanos, a incordiar en Twitter diariamente a Ana Pastor. El locuaz tuitero denunció que las mismísimas verificadoras estarían dando por buenas noticias falsas.
Por su parte, Maldita tuvo entre sus colaboradores a Antonio Maestre, documentalista habitual en tertulias de la cadena televisiva La Sexta. Maldita está dirigida por Clara Jiménez Cruz y Julio Montes, ambos exempleados de La Sexta. Además, Maldita recibió el 4 de octubre de 2019 una subvención del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, encabezado por Carmen Calvo. La ayuda se otorgó a través de una convocatoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia creada en 2004 a propuesta del Ministerio de Justicia. Dolores Delgado era, en el momento de la adjudicación, ministra de Justicia y presidenta del Patronato de la Fundación. Las relaciones parecen claras.
Otra de las quejas habituales de los usuarios de redes sociales es la manipulación de los trending topics, o temas más discutidos, en la red social Twitter. Una red en decadencia que, sin embargo, sigue siendo la más relevante para periodistas y, por ende, para políticos. El 18 de abril de 2020, coincidiendo con la comparecencia de Pedro Sánchez en televisión, la etiqueta o hashtag #SánchezVeteYa fue de las más utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, misteriosamente desapareció. Algo que tiene muy poco que ver con los algoritmos y mucho con la manipulación mediática.

En 2020 el número de parados aumentó en 724.532 personas, sin contar a las 750.000 personas que seguían en ERTE; la caída de ventas de coches fue de un 32,3 %, del turismo el 78,9 % y del comercio el 5,8%. La solución de Sánchez fue subir impuestos: seguros de vida, coche y hogar entre un 6% y un 8 %; el gas natural un 5,98 %, el impuesto de circulación entre un 5 % y un 10 %, el IVA de las bebidas azucaradas un 11 %; se quitaron deducciones por planes de pensiones privados, aumentaron las cotizaciones de los autónomos, el IRPF, el impuesto de Sociedades y se impuso la Tasa Tobin. Un desastre en toda regla, muy alejado de las recetas aplicadas en países como Alemania o Italia.

Las medidas puestas en marcha por Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), rechazadas por el resto de comunidades autónomas, que por aquel entonces ya había cerrado la hostelería, con el drama económico que eso significaba para miles de familias, funcionaban. En diciembre la Comunidad tenía una incidencia acumulada inferior a 200 por 100.000 habitantes, situándose como la región que mejor había controlado la segunda ola. Hasta los más críticos se tuvieron que rendir ante la evidencia. Era, además, la única capital europea que mantenía abiertos los teatros, señal inequívoca del éxito de las medidas emprendidas por Isabel Díaz Ayuso.
Pero para la izquierda no se trataba de doblegar la curva, sino de revisar la historia contemporánea echando por tierra la gestión proactiva de Madrid frente a la desidia y la chapuza gubernamental. Al terminar la crisis todos debían de creer que quien había trabajado para salvar cada una de las vidas en peligro había sido el Gobierno de España.

El Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias tuvo una deriva autoritaria desde el inicio de su mandato. La pandemia le ofreció la oportunidad de acumular todo el poder para deshacer el régimen, constituirse como casta política hegemónica y transformar la sociedad para gobernar en exclusiva. Es la tentación totalitaria que acompaña a toda ideología izquierdista. El proceso se puede resumir así: colonizar el Estado y sus instituciones, cambiar leyes y códigos para satisfacer a sus amigos golpistas e independentistas, asumir el discurso contra el orden constitucional, arrinconar a la oposición y tildarla de enemiga de la voluntad general y de la democracia, controlar los medios de comunicación y la educación, acabar con la independencia del poder judicial, arremeter contra la Corona y exhalar un discurso violento y en ocasiones guerracivilista.

Libros de los autores comentados en el blog:

https://weedjee.wordpress.com/2018/08/07/contra-la-socialdemocracia-una-defensa-de-la-libertad-almudena-negro-jorge-vilches-against-social-democracy-a-defense-of-freedom-by-almudena-negro-jorge-vilches-spanish-book/

https://weedjee.wordpress.com/2021/03/06/la-tentacion-totalitaria-almudena-negro-jorge-vilches-the-totalitarian-temptation-by-almudena-negro-jorge-vilches-spanish-book-edition/

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I have read this book and I have found it interesting to know all the positions on the management of the pandemic in Spain, I agree with some things and not with others, but it is a book to create debate through reading it.

The purpose of the construction of the story is clear: through lies and confrontation, the people end up being led by the populist towards salvation, which is the homogeneous community devised by the totalitarian, their earthly paradise. The social-communist government of Pedro Sánchez and Pablo Iglesias is not, as it demonstrated during the COVID-19 pandemic, alien to these communication strategies, typical of the tyrants of the 21st century.
There is nothing that dazzles a totalitarian more than to think that his government initiates a new era for humanity or for his nation. It is a residue of the enlightened despotism that became the French revolutionary pulse of 1789.

Free love and sexual liberation were the revolutionary response of ’68 to the puritanical morality of the previous generation. In the background was the Maoist idea of overthrowing capitalist traditions and customs as the first step in the Great Leap Forward.
In the gender ideology, abortion, one of its great contradictions. Socialist feminism maintains that they decide on their body, in this case, on whether to continue a pregnancy. However, they do not draw the consequence, already pointed out by John Locke. If the property of the body belongs to the person, so is “the work of his body and the labor produced by his hands.” Consequently, individual property and the economic result of personal effort are untouchable, the right of property is an inalienable right that the State cannot touch and no one can steal. The inconsistency of socialism and its attack on human nature are evident, hence the left moves between two pillars: coercion and utopia.
Another world was possible, they said, changing the paradigm or spirit of the times. The old international order based on conflict between peoples had to give way to another based on different parameters, “without pain,” wrote André Glucksmann.
Environmentalism appeared in that idea of “another world is possible”, and in the rejection of capitalism, which they presented as polluting and destroying. In this approach, man was the most harmful species for the planet. This idea has been repeated with the pandemic, clearly saying that nature, as if it were a conscious subject, had decided to eliminate or reduce its most harmful species. David Quammen, scientific disseminator, author of Contagio, interviewed in El País, after claiming that the virus came from bats, said:

Humans are more abundant than any other great animal in Earth’s history. And this represents a form of ecological imbalance that cannot continue forever.

The cult of nature became a secular religion. It was a return to the primitive state, a correction to capitalism, which, with sacrifice and a good dose of socialism, would allow us to once again have a “green planet.” This religion changed the idea of progress for humanity: it was no longer technological development that ensured happiness and comfort, but that it was “sustainable.” They presented it, and thus it has remained, as a civic morality directed towards an inescapable and obligatory goal: to save the planet.

The great discovery reached by the transforming left, which has called itself that way, has been the “microutopias.” The mechanism is very simple: once the possibility of suddenly achieving the Great Utopia linked to political parties was discarded, the left decided to change the world through small utopias linked to feminism, environmentalism, anti-machinism, low-intensity or low-intensity anti-capitalism. proximity, in charge of social movements. The ensemble awakened the microutopias; that is, the search for small transformations by specific groups with specific ecological, feminist, migratory, pedestrian, anti-nuclear, anti-globalization objectives. They were the tasks of the new social movements, with a common goal: to change reality each in their own area to achieve a “better world.” Then “social commitment” appeared, now translated as “activism.”
There are never enough bike lanes, nor green areas, nor is there enough equality between genders, nor are large companies sufficiently controlled, nor are they charged just enough, nor is wealth well distributed, nor is the economy well sustainable, nor are ethnic minorities respected or sexual diversity is well visible. Everything is little because for this left it is either all or nothing. Without material equality, democracy is a fraud, they say from Babeuf, because the different economic position undermines legal equality.
This paradigm has been installed. Cultural hegemony is left-wing. There is no party that does not take it in one way or another in its program, or a front-line public office that dares to contradict the need to fulfill those micro-routes.

It is common in times of serious crisis to talk about the future of society. Then the prophets appear, usually on the left, following a custom acquired since Marx devised a supposed scientific system for predicting history that will conclude in the redemption of humanity. Those prophecies begin by blaming capitalism for all the misfortunes.
The COVID-19 pandemic appeared the prophets of the end of the world and the post-apocalypse. Manuel Castells, the Minister of Universities, wrote: «It is the end of a world. Of the world in which we had lived until now. According to him, the disaster, the decline of humanity, was due to the neoliberal model that emerged in 1979 at the hands of Thatcher and Reagan.
Neoliberalism was the big culprit for these COVID-19 prophets. It was necessary to return to “common sense”: a new social contract, like that of the postwar 1945, with more social democracy, more Keynes, less market, reverse the policy of four decades, and penalize property and profit for “Sharing the wealth” through investment in public services. You had to deny any kind of liberalism and be very statist. Socialists of all parties had finally found their 1989 revenge and the moral point to bury freedom for the sake of egalitarianism.

Totalitarianism is distinguished by imposing a language that, already made official, prevents the individual from having an autonomous, proper and critical judgment. This is achieved by establishing a single way of speaking to express the events – inclusive language, toponymics, concepts – and by manipulating the information. The totalitarian power thus destroys the criterion of truth, because it is adapted to the needs of the Government to maintain itself. In this way, the institutionalized lie is given way, which, as Forti wrote, “guarantees to the political power the monopoly of historical and factual truths.” That is why, as Dalmatius Negro has written, the first victim of totalitarianism is conscience. The Government accumulates the information, returns it as scientific propaganda, blurs the distinction between good and evil, truth and lies, and man assumes a falsification of reality. If ignorance is added to the idolatry of equality, egalitarianism, in this case as a result of misinformation and manipulation, as Tocqueville pointed out, the concentration of powers and voluntary servitude are simpler.
This Government did not want the Spanish to recover and that the pandemic was a painful memory, but to transform the country. Their objective was not limited to the terms of a state of alarm, to alleviate the pandemic, but they were taking advantage of the opportunity to legislate on matters that were beyond the meaning of the enabling decree. The social-communist government of Sánchez and Iglesias was abusing the state of alarm. If it were socialists and podemitas, this situation would have lasted the entire legislature, as demonstrated by the frivolity with which they approved the second state of alarm decree for six months and the one that affected only the Community of Madrid. The authoritarian drift of the Executive was pronouncing itself chronically. They did not want parliamentary control, nor opposition criticism, nor a free press, and the exercise of freedom bothered them.
The problems were various. The first was the misrepresentation of the state of alarm, which, following Organic Law 4/1981, of June 1, only allows the restriction of the exercise of fundamental rights. This Government had not restricted them, but had suspended them as if it were a state of exception or siege. The rights of movement or assembly, according to article 55.1 of our Constitution, can only be suspended with the declaration of exception or site. A pandemic does not fit the cases provided by law for authoritarian measures and exceptions of this type. The second problem was that the Government had tried to suspend democracy, which is not only about voting, but fundamentally about controlling the exercise of power and guaranteeing freedom and rights. The social-communist coalition, as Pablo Iglesias put it, intended to violate property and business rights, pursue wealth and confiscate it for distribution, to the detriment of the construction of a dystopian “new normal”.
A country that persecutes private initiative, that stifles investment and free enterprise, is condemned to poverty. Of course, given the government’s fiscal policy, the economic crisis was going to be very long. They announced a COVID or reconstruction rate, the increase in Corporation tax, a tax on financial transactions, the increase in personal income tax, taxes on Deposits, the surcharge in the IBI, the elimination of tax deductions from pension plans, the “Green taxation”, and raise the inheritance and donations tax. It is known that a government with an authoritarian pretense wants a poor and ignorant people to have it dependent.
The drama of society has never been inequality, but poverty, and socialism is a factory for making poor people. Only the free market allows us to get out of poverty here and around the world.
With the pandemic, Spain became a laboratory for the authoritarian claims of a Sánchez devoted body and soul to a particular power project. He was trying to build a Spanish society without freedom of information or opinion, with a delegitimized opposition, and full of citizens dependent on government concessions. The longer a useless state of alarm lasted, which could be replaced by the application of laws already passed, the more danger we ran that what we would eventually have to rebuild would be democracy itself. A state of alarm did not empower to limit freedom of movement and residence, something that could only be done with the state of exception, as established in article 55.1 of the Constitution. There was no limitation of rights, but simply their cancellation with police surveillance.
The Government lied again: the ERTEs did not have to lose themselves with the cessation of the state of alarm. A law could perfectly collect this measure for as long as necessary, in the appropriate terms. It was a blatant blackmail from the Government.
The fight for hegemony is the lie. This is how the left understands propaganda: the truth is secondary to the objective of raising awareness or influencing. It is in its essence, in its theory of power, in its interpretation of history, politics or society. And they always do so under the guise of moral superiority. They cannot avoid this complex, assuming the voice of the people and the knowledge of what the future must be like. They present themselves as prophets and saviors, while condemning as inferior to the rest.

Carmen Calvo thus represents a radical feminism, and Irene Montero a cocoa of postmodern feminisms; that is, where everything is relative, because the truth is debatable and subjective. Calvo reproduces the discourse of equality of the sexes passed by Marxism: the history of humanity is the history of the struggle of the sexes. The woman has been a subject exploited, alienated and oppressed by the man, within that network called “patriarchy.”
These radical feminists, against whom right-wing populism battles, fully immersed in the Shulamite Firestone gender struggle, say that sex is a biological fact transformed by capitalist culture into a gender, in order to have first and foremost people second based on sex.

It was not a war, despite the warlike language used in those days by the extreme left and the government. Not even when Pedro Sánchez used expressions from reports and military harangues, such as resistance and sacrifice, or made a crude copy of the words of Winston Churchill. The social-communist government needed the pandemic to be seen as a war because it wants to avoid responsibility for its negligence and the delay in taking measures, and when everything happens to present itself as the “saviors of the homeland.” It does not matter that victory only depends on science and individual responsibility. The government was obsessed with preparing for the “post-war”; that is to say, the moment when the pandemic is considered over and a new social, paternalistic and interventionist state has to be started, as they wish. The social communists wanted the pandemic to be seen as a war, an exceptional moment where the state assumed everything, as in socialism, with a totalizing vision. In this way, they could convince society that “the public”, synonymous for them with the “common good”, should be the “permanent social order” that would allow us to be prepared for any contingency.
It was a post-war period without utopias, as Isaiah Berlin used to say, because history does not have a specific route and no one decides what “progress” or “progressive” is. At least no one who does not have an obvious moral superiority complex capable of establishing the “scientific” mechanism by which history works, setting aside those who think differently. Therein lies the root of totalitarianism, as Talmon pointed out, in those who claim the popular will to dictate in times of crisis like the current one how the future must necessarily be, and, what is worse, how the path to paradise and who are there?

Podemos political party saw in the coronavirus crisis a unique opportunity to advance towards Bolivarian socialism of the 21st century. The historical parameters they were considering were the two world wars of the twentieth century: moments in which the social and economic situation relegated liberal democracy in pursuit of a paternalistic, omnipresent, confiscating and collectivist state. Erich Fromm already wrote it: Europeans preferred protection to freedom.
The tactic of the podemita left was to equate the crisis of the pandemic with the economic crisis of 2008.
Given the failure of the political use of the pandemic, the operation to overthrow the monarchy began, which in reality is an operation for a change towards a totalitarian regime. It is not the first time that Podemos has collaborated to transmute a democracy, with all its failures, into a socialist farm.

Pedro Sánchez, in his television homily on April 28, gave an account of the measures with which the Government wanted to reach the new post-COVID situation scheduled for the end of June. He had dubbed it “Plan for the Transition to a New Normal.” Sánchez did not trust the deliberations with all of his ministers. He made decisions with a very small group and then went to the Council of Ministers to report. Surely if this step was not mandatory I would not even have taken it. He was not interested in the opinion of his fellow executives, and even less in generating discussions that he knew would later transcend to the press. It was better not to expose himself to a widening gap between socialists and podemites. He also did not consult the opposition, to whom he had asked blind loyalty, or the autonomous communities.
The appearance was a coup. He announced the steps to be taken to deconfinement, in authentic gibberish full of nonsense.
At the beginning of the crisis, the Government created a technical committee formed by the single command established with the state of alarm. It was chaired by Sánchez, and included the Minister of Health, Salvador Illa; the Minister of Defense, Margarita Robles; the Interior Minister, Fernando Grande-Marlaska, and the Minister of Transport, José Luis Ábalos. There was also the controversial director of the Center for the Coordination of Health Alerts and Emergencies, Fernando Simón. As of April 29, it became the committee to develop the De-escalation Plan. It was another victory for Iglesias. If on April 16 he managed to get into the aforementioned technical committee, thirteen days later he put in his Labor Minister, Yolanda Díaz, and her Chief of Staff, Julio Rodríguez. In order to turn the de-escalation into an immense propaganda campaign, Sánchez included Iván Redondo, his chief of staff for the Presidency; Félix Bolaños, Secretary General of the Presidency; and Miguel Ángel Oliver, Secretary of State for Communication, who had already been in charge of sifting through the presumed press conferences of the president and the information commissions.
This selection of personnel left out the ministers, demonstrating that the appointments were not made for their capacity, experience or technical knowledge but to comply with the game of political balance.
We did not come out stronger because from the beginning they hid the death toll from COVID-19. It’s sad; but we were not sure how many people had died. Funeral homes, communities, mayors and parishes were giving other numbers. The discrepancy was that only those who underwent a test beforehand were counted, but as the Government said it was not necessary to do them – because they did not have one – the numbers danced.
Politically we came out weaker. We were suffering from a rigged state of alarm. In two days we went through an official speech that argued that it was an essential mechanism to save lives, which could be replaced, according to what they said, by laws already approved. Then in October 2020, they would amend the plan themselves. This not only created a feeling of deception, something continuous with Sánchez and Iglesias, but also generated absolute mistrust of the institutions and norms.
The Commission for Economic and Social Reconstruction was due to finish its work in June. It was a very short time. The Toledo Pact on pensions required a lot of time and meetings, as did the State Pact against Gender Violence. The Commission would be divided into four working groups: social policy, economy, health and Europe, but the PSOE and United Podemos were in charge of vetoing the uncomfortable appearances. Ultimately, the commission came to nothing. Nobody remembers this commission.

Podemos, in its eagerness to end the private media and put the public media at its service, as with Televisión Española, is not new. Iglesias had already shown himself in 2014 as a fervent defender of the Press Law of Rafael Correa, the 21st century socialist from Ecuador sentenced to 8 years in prison and disqualification for life for leading a corruption structure with which he financed his party illegally in exchange for contracts with the state. In Conversation with Pablo Iglesias, the Vice President of the Government attacked the freedom of the press and information, denigrating the private media, vindicating the Ecuadorian law that allowed the expropriation and closure of the media critical of socialism. In just a couple of years of existence, Correa sanctioned almost 200 critical media, opened 506 files and issued 313 resolutions. Expreso, El Comercio and La Hora were some of the victims of it on printed paper. But television and radios were also fiercely intervened.
Ana Pastor, at the time the wife of Antonio García Ferreras and host of the program El objective de La Sexta, headed Newtral. The company obtained in 2018 a profit of 868,857 euros. Personnel expenditure, 35 employees, amounted to 1.7 million euros. The turnover was 3.8 million. In this case, criticism rose, leading influencers like Alvise Pérez, once linked to Ciudadanos, to pester Ana Pastor on Twitter daily. The loquacious tweeter denounced that the verifiers themselves would be giving false good news.
On her side, Maldita had among her collaborators Antonio Maestre, a regular documentarian on social gatherings on the La Sexta television network. Maldita is directed by Clara Jiménez Cruz and Julio Montes, both former employees of La Sexta. In addition, Maldita received on October 4, 2019 a grant from the Ministry of the Presidency, Relations with the Courts and Democratic Memory, headed by Carmen Calvo. The aid was granted through a call from the Pluralism and Coexistence Foundation created in 2004 at the proposal of the Ministry of Justice. Dolores Delgado was, at the time of the award, Minister of Justice and president of the Board of Trustees of the Foundation. The relationships seem clear.
Another common complaint from social network users is the manipulation of trending topics, or most discussed topics, on the social network Twitter. A network in decline that, however, remains the most relevant for journalists and, therefore, for politicians. On April 18, 2020, coinciding with the appearance of Pedro Sánchez on television, the hashtag or hashtag # SánchezVeteYa was one of the most used worldwide. However, it mysteriously disappeared. Something that has very little to do with algorithms and a lot to do with media manipulation.

In 2020 the number of unemployed increased by 724,532 people, not counting the 750,000 people who were still in ERTE; the drop in car sales was 32.3%, tourism 78.9% and commerce 5.8%. Sánchez’s solution was to raise taxes: life, car and home insurance between 6% and 8%; natural gas 5.98%, road tax between 5% and 10%, VAT on sugary drinks 11%; Deductions for private pension plans were eliminated, the contributions of the self-employed, personal income tax, Corporation tax increased and the Tobin Tax was imposed. A full-blown disaster, far removed from the recipes applied in countries like Germany or Italy.

The rules implemented by Isabel Díaz Ayuso (president of the Community of Madrid), rejected by the rest of the autonomous communities, which at that time had already closed the hotel business, with the economic drama that this meant for thousands of families, worked. In December the Community had a cumulative incidence of less than 200 per 100,000 inhabitants, ranking as the region that had best controlled the second wave. Even the most critical had to surrender to the evidence. It was also the only European capital that kept theaters open, an unequivocal sign of the success of the measures undertaken by Isabel Díaz Ayuso.
But for the left, it was not a question of bending the curve, but rather of reviewing contemporary history, derailing Madrid’s proactive management in the face of government laziness and botch. At the end of the crisis, everyone must have believed that the one who had worked to save each of the lives in danger had been the Government of Spain.

The social-communist government of Sánchez and Iglesias had an authoritarian drift from the beginning of their mandate. The pandemic offered him the opportunity to accumulate all the power to undo the regime, establish himself as a hegemonic political caste and transform society to rule exclusively. It is the totalitarian temptation that accompanies all leftist ideology. The process can be summarized as follows: colonize the State and its institutions, change laws and codes to satisfy its coup and pro-independence friends, assume the discourse against the constitutional order, corner the opposition and brand it as an enemy of the general will and of the democracy, controlling the media and education, ending the independence of the judiciary, lashing out at the Crown and exhaling a violent and sometimes civil war speech.

Books from the authors commented in the blog:

https://weedjee.wordpress.com/2018/08/07/contra-la-socialdemocracia-una-defensa-de-la-libertad-almudena-negro-jorge-vilches-against-social-democracy-a-defense-of-freedom-by-almudena-negro-jorge-vilches-spanish-book/

https://weedjee.wordpress.com/2021/03/06/la-tentacion-totalitaria-almudena-negro-jorge-vilches-the-totalitarian-temptation-by-almudena-negro-jorge-vilches-spanish-book-edition/

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