Populismo Punitivo: Un Análisis Acerca De Los Peligros De Aupar La Voluntad Popular Por Encima De Leyes E Instituciones — Guadalupe Sánchez Baena / Punitive Populism: An Analysis About The Dangers Of Raising The Popular Will Above Laws And Institutions by Guadalupe Sánchez Baena (spanish book edition)

Preclara primera parte desgranando el feminismo identitario y la ley de género. Ayuda a luchar contra el derecho penal de autor que quieren implantar los populismos de izquierda y derecha.
Esperaba más de este libro, algo más próximo al análisis político. Se trata de un texto de análisis jurídico, muy bien hecho, bien escrito y muy informativo. Se nota que la autora es jurista de formación y de profesión, y que maneja con brillantez ese campo. Pero por el título parecía que se trataba de otro tipo de trabajo. Con todo, resulta muy interesante. Bien redactado, claro y conciso, como jurista, advertir que para personas que no estén metidas en el mundo de derecho algunas partes pueden ser de difícil comprensión.

Es la autora de una de las metáforas políticas más plásticas que he oído. La de Pedro Sánchez como el caracol zombi que va a infectar España con las ideas de un PSC favorable a llegar a un acuerdo con el secesionismo en Cataluña. Hace no mucho tiempo circuló en las redes sociales la imagen de un caracol que, pese a estar muerto, lucía hermoso y rozagante debido a que había sido infectado por un virus que lo mantenía semivivo. El caracol zombi se convertía así en un señuelo para que un depredador lo comiera y se contagiara con el virus. El depredador no es otro que el águila de San Juan que representa a España desde tiempo inmemorial. Y el virus son las ideas que dominan en el PSC de que hay que negociar con quienes han intentado derogar la Constitución y romper la unidad del Estado. «Los políticos deberían ser un instrumento del Estado y no el Estado un instrumento de los políticos», dice Sánchez Baena.
En España, desgraciadamente, el poder judicial, y por tanto el Código Penal, son desde hace tiempo objetivos políticos.

España no ha permanecido ajena a la oleada populista experimentada por otras democracias occidentales. En los últimos años nuestro país ha asistido al fin del bipartidismo y a la irrupción en la arena política de nuevos partidos de marcado carácter personalista, cuyos líderes se autoproclaman auténticos representantes del pueblo, de la «gente real», con el objetivo de cuestionar la legitimidad no sólo de las élites, sino también de sus contendientes y, en definitiva, la del mismísimo sistema democrático liberal, por no ser éste el idóneo para quienes pretenden ejercer el poder como líderes incuestionados e incuestionables. Lamentablemente, los partidos tradicionales no han permanecido ajenos a la ola populista, que muchas veces han decidido combatir asumiendo tanto sus postulados como sus estrategias comunicativas.
El populista contemporáneo necesita primero apropiarse ideológicamente de reivindicaciones sociales extendidas entre la ciudadanía, en torno a las cuales intenta generar una alarma social artificiosa que conduzca al pueblo a exigir a sus representantes políticos cambios legislativos y medidas que acaben con el problema. El político populista consigue así habilitación para usar e instrumentalizar una de las prerrogativas estatales más preciadas: el ius puniendi o la facultad del Estado de sancionar y castigar conductas.
La instrumentalización política del derecho punitivo no es algo novedoso, por otra parte. Desde el surgimiento a mediados del siglo XVIII de las democracias liberales occidentales, en las que las decisiones políticas están sometidas al Estado de derecho, la historia nos ha regalado numerosos ejemplos de cómo el poder político, camuflado bajo un engañoso manto de legitimidad democrática y moral, ha utilizado el ius puniendi como herramienta de disuasión ideológica mediante la persecución y castigo al disidente. Buenos ejemplos de esto último son el derecho penal durante la Revolución rusa o durante la Alemania nazi.
El populismo actual ha identificado los puntos débiles de un sistema que, en tanto que emana de la voluntad popular, intentan subvertir identificándose con ésta. La identificación se consigue utilizando los propios resortes de la maquinaria democrática, pues acceder al poder consiguiendo un resultado electoral que les faculta para gobernar y/o acaparar funciones legislativas les confiere una suerte de legitimación para machacar discursivamente frente a la opinión pública a aquellos elementos del engranaje que se muestren contrarios o resistentes a sus decisiones, más aún si su composición no depende de un proceso electoral, sino de cuestiones meritocráticas y formativas, como sucede con los miembros del poder judicial.

El identitarismo feminista o de género no es en sí mismo una causa, sino más bien una excusa, por lo que una buena forma de comprender en qué consiste es contraponerlo al feminismo clásico de corte liberal, tanto en lo que respecta a las reivindicaciones de ambos modelos, como en cuanto a fines.
Frente a las reivindicaciones legislativas igualitarias del feminismo clásico de corte liberal, que reclaman un trato igual ante la ley al margen de diferencias por razón de sexo, el identitarismo pretende hacer de esa diferencia una fuente de privilegios legales, aun a costa del menoscabo de los cimientos de la democracia liberal y el Estado de derecho.
Es importante no caer en la tentación de identificar el identitarismo de género con el feminismo clásico, porque mientras que este último hunde sus raíces en la tradición liberal que propugna la igualdad ante la ley de hombres y mujeres instando a que desde las instituciones se remuevan los obstáculos y barreras que impiden o dificultan a la mujer desarrollarse personal y laboralmente en igualdad de condiciones, el identitarismo de género propugna la instauración del privilegio legal o, dicho de otro modo, la legalización e institucionalización de la discriminación ilegítima por razón de género.
Ni que decir tiene que, desde el punto de vista constitucional, no todo trato desigual determina per se la existencia de discriminación (la llamada «discriminación positiva»), siempre y cuando la finalidad de este trato discriminatorio sea, precisamente, la de alcanzar o fomentar esa plena igualdad ante la ley. No se trata, por lo tanto, de rechazar de plano las denominadas «cuotas femeninas», sino de asumir su carácter temporal: su existencia carece de sentido una vez desaparecida la razón para la que fueron creadas, esto es, la situación discriminatoria previa que se pretendía corregir.
Pero como el identitarismo de género no persigue la consecución de la igualdad ante la ley, sus reivindicaciones no giran en torno a la implantación de un sistema de cuotas «igualitaristas» correctivo y temporal, sino que demandan cuotas «privilegiadas».
El identitarismo de género no persigue la consecución de la igualdad ante la ley, sino la subversión de dicha máxima de nuestro ordenamiento jurídico mediante la instauración del privilegio. Esta imposición del privilegio por la vía legal precisa de profundas reformas legislativas que acabarían desembocando en un modelo político, social y económico alejado del actual marco socialdemócrata, mucho más social(ista) y bastante menos demócrata.
Para la consecución de sus objetivos, el identitarismo de género imita en sus métodos a los movimientos identitaristas de corte nacionalista: el aumento de la fractura social creada en torno a la progresiva agrupación de la ciudadanía en víctimas y victimarios va acompañado de una paulatina pero necesaria irreversible colonización de las instituciones y, a través de ellas, del ámbito académico y cultural. Las instituciones abandonan de esta forma la neutralidad y toman partido por unos determinados postulados partidistas, y son las que se encargan de alimentar la fractura social en la que se sostiene al movimiento identitario, convirtiéndolas al mismo tiempo en un enorme y efectivo aparato de propagación electoral.

a) Por «violencia contra la mujer» se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada;
b) Por «violencia doméstica» se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima;
c) Por «género» se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres;
d) Por «violencia contra la mujer por razones de género» se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada;
e) Por «víctima» se entenderá toda persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en los apartados a y b;
f) El término «mujer» incluye a las niñas menores de dieciocho años.

Es decir, el Convenio contempla, por un lado, la «violencia contra la mujer», que es la que tiene por víctima a la mujer por el mero hecho de serlo, y que no tiene por qué suceder necesariamente en el seno familiar o en el ámbito de las relaciones de pareja, y por otro lado, la «violencia doméstica», que es la que acontece en el seno familiar y en el ámbito de las relaciones de pareja, de la que pueden ser víctimas indistintas hombres, mujeres y niños.
De todo lo expuesto cabe concluir que, lejos de establecer una distinción punitiva entre hombres y mujeres, el Convenio contempla la protección de todas las víctimas de violencia doméstica y de género, al margen de su sexo. Esto no es óbice para que el Convenio ponga especial énfasis o, si se prefiere, detalle, en la violencia contra la mujer en sus distintas variantes, pero en modo alguno los delitos que contempla establecen una distinción punitiva en función del sexo del autor o de la víctima.
Las únicas excepciones son, lógicamente, aquellos delitos de los que únicamente pueden resultar víctimas las mujeres, como la mutilación genital femenina o el aborto forzoso.

La finalidad preventiva del derecho penal, su función principal es, y debe seguir siendo, castigar actos y comportamientos concretos cometidos por una persona o personas determinadas, debiendo ajustarse la pena a la gravedad del hecho cometido y no a las circunstancias personales del autor. Esta diferencia entre el derecho penal del hecho y el derecho penal de autor es la que consagra la quiebra de la igualdad ante la ley y la que enfrenta al Estado liberal democrático y de derecho con el Estado totalitario.

La criminalización del inmigrante en nuestro país es un fenómeno que, en la época contemporánea, surge con fuerza a comienzos del siglo XXI.
En materia de inmigración, el caso español presenta peculiaridades propias, pues España pasó de ser un país emigrante a ser un país receptor de inmigración a partir de finales de la década de 1970. A ello hay que añadir, cómo no, que la situación geográfica de España en el extremo sur de Europa nos convierte en puerta de entrada a Europa, lo que ha contribuido sin duda a la llegada masiva de extranjeros en un corto espacio de tiempo.
La inserción del inmigrante en la esfera criminalística de nuestro país ha transformado en profundidad la vida en las prisiones, evidenciado carencias y limitaciones del modelo penitenciario español, poniendo en tela de juicio la finalidad resocializadora y rehabilitadora de la prisión.
Es reseñable asimismo la manera en la que el fenómeno migratorio ha influido en la forma en que la ciudadanía concebía la delincuencia. Nuestros mayores tenían un modelo de delincuente bastante estereotipado, basado en ladrones que provenían de ambientes marginales, cuya reinserción social era posible.
En el año 2015 se constató el surgimiento de un movimiento populista antiinmigración en Europa, nacido al albur de la crisis de los refugiados, la ausencia de una auténtica política migratoria común y el auge del terrorismo yihadista en territorio comunitario.
Los problemas reales originados por la crisis migratoria siria y la incapacidad de los gobiernos socialdemócratas para gestionarlos, bien sea desde posturas de rechazo frontal, bien sea desde posturas de apertura buenistas e ingenuas, ha desembocado en la aparición en el mapa político de partidos políticos con un marcado discurso antiinmigración.
Cierto es que los inmigrantes suelen ser, como colectivo, un chivo expiatorio recurrente cuando un país se enfrenta a crisis económicas o de seguridad, quizá porque es consustancial al ser humano el buscar factores exógenos que le permitan eludir sus propias responsabilidades.
El fenómeno migratorio no sólo ha generado bolsas de delincuencia específicas, sino que también ha revelado que la inmigración presenta una serie de vulnerabilidades específicas desde el punto de vista punitivo, algo que prefieren obviar o desechar los partidos que pretenden utilizar la inmigración como munición para combatir en el terreno identitario de la izquierda.
La clandestinidad que caracteriza la entrada de inmigrantes ilegales en nuestro país ha propiciado la creación de mafias y organizaciones criminales que han convertido en un negocio económicamente rentable el traslado de inmigrantes desde su país de origen hasta el de destino, entre otras conductas, amasando grandes sumas de dinero a costa de la situación de necesidad, desesperación y vulnerabilidad. El legislador ha estimado necesario castigar esas conductas que atentan contra los derechos y libertades que se reconoce a los extranjeros en el ordenamiento jurídico español: los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Estos delitos fueron introducidos en el Código Penal por la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que pretende dar respuesta a los problemas generados por el crecimiento trepidante de la inmigración ilegal en los últimos veinticinco años.

Se estima que a comienzos del año 2018 la cifra de menores tutelados por los servicios de protección de las comunidades autónomas rondaba los 6.500. Por desgracia, esta cifra no incluye a los menas que no están bajo el paraguas de estos servicios sino en la calle, muchos controlados por las mafias. Efectivamente, muchos llegan a los centros de acogida con unas intenciones y/o expectativas que no pueden ser colmadas por éstos, y acaban abandonándolos para acabar inmersos en entornos de marginalidad y delincuencia. Se trata de una realidad de solución compleja, que podría mitigarse en parte con programas de atención individualizada que, hoy por hoy, tienen difícil implantación no sólo por una cuestión presupuestaria sino por la propia organización y configuración de estos centros.
A priori, nuestro ordenamiento jurídico debe garantizar, a nivel institucional, la protección de aquellos menores que entren en territorio español sin compañía. La competencia de gestionar los centros de atención a estos menores corresponde a las diferentes comunidades autónomas. Los centros deben gestionarse por equipos multidisciplinares que dispongan de los medios necesarios para prestar asistencia a los menores de manera individualizada. Se supone que la atención al menor debe prestarse teniendo en cuenta
su edad y las expectativas de trabajo con que llega, especialmente en aquellos supuestos en los que los menores están cercanos a alcanzar la mayoría de edad.
La protección de los menas, en su condición de menores, no responde a una coyuntura concreta ni a un capricho «buenista» del legislador. Emana de la propia Constitución, de tratados internacionales de los que España ni puede ni debe sustraerse (como la Convención sobre los Derechos del Niño), y de otras normas cuya finalidad es la protección de un bien tan preciado como es la infancia y la juventud, protección que no debe desmerecerse por mor de la nacionalidad, dado que la protección del interés del menor es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

La importancia de abordar el tratamiento penal de la inmigración en España, en su doble vertiente de autor del delito y víctima, radica en la necesidad de desmontar desde posiciones desideologizadas fundamentadas en datos y normas determinados discursos que pretenden señalar al inmigrante como un enemigo social cuyas actuaciones contrarias a derecho resultan impunes, cuando esta obra ha evidenciado que, a la pena correspondiente por el delito cometido, la condición de extranjero añade el plus de la posibilidad de expulsión.
La presunción de inocencia no puede ni debe ser matizada ni por razón de sexo ni por razón de nacionalidad.
El hecho de que los delitos de abuso o agresión sexual sean cometidos mayoritariamente por hombres, y que dentro de los condenados el grupo de inmigrantes esté más representado, no justifica un tratamiento penal distinto por razón de sexo ni por razón de nacionalidad, ni debe conducir a la demonización criminal de todo el colectivo o a su estigmatización.
Muchos de los problemas que generan esas diferencias culturales son debidos precisamente a la desatención e inacción, durante décadas, de la clase política española y europea, que ha mirado para otro lado mientras las manifestaciones más extremas de la cultura asociada a determinadas bolsas de inmigración se asentaba, proliferaba y captaba nuevos adeptos, sin encontrar apenas obstáculos legislativos a pesar de sus más que evidentes choques con nuestra realidad jurídica. Fenómenos como la ablación del clítoris, el matrimonio con menores de edad, el velo islámico integral o determinados discursos de fundamentalistas islámicos no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico, porque ninguna manifestación cultural puede estar por encima de los derechos y libertades fundamentales. Éstos son los verdaderos valores seculares de Occidente, que debemos defender a capa y espada frente a quienes intentan vapulearlos mediante su relativización y acomodación a postulados puramente electoralistas.
El problema con determinadas bolsas de inmigración no es de orden identitario, es decir, no puede asociarse automáticamente a la condición de extranjero, sino que se trata de una realidad social y cultural muchísimo más compleja.
La ineficiencia institucional que ha caracterizado la actuación de las Administraciones en temas como la radicalización de determinados grupos de población, o el de los menores inmigrantes no acompañados, no puede ni debe solucionarse con herramientas punitivas basadas en la identidad nacional. La función represiva y la preventiva del derecho penal no deben ser confundidas con una función educativa, que no atañe a la judicatura y es ajena al ius puniendi.

————

The first part highlights identity feminism and the gender law. It helps to fight against the author’s criminal law that the populisms of the left and right want to implant.
I expected more from this book, something closer to political analysis. It is a text of legal analysis, very well done, well written and very informative. It is evident that the author is a lawyer by training and profession, and that she handles this field with brilliance. But from the title it seemed that it was a different type of work. All in all, it is very interesting. Well written, clear and concise, as a lawyer, note that for people who are not involved in the world of law, some parts can be difficult to understand.

She is the author of one of the most plastic political metaphors I have ever heard. That of Pedro Sánchez as the zombie snail that will infect Spain with the ideas of a PSC favorable to reaching an agreement with secessionism in Catalonia. Not long ago, the image of a snail circulated on social networks that, despite being dead, looked beautiful and rosy because it had been infected by a virus that kept it half-alive. The zombie snail thus became a decoy for a predator to eat it and become infected with the virus. The predator is none other than the San Juan eagle that represents Spain since time immemorial. And the virus is the ideas that dominate in the PSC that it is necessary to negotiate with those who have tried to repeal the Constitution and break the unity of the State. “Politicians should be an instrument of the State and not the State an instrument of politicians,” says Sánchez Baena.
In Spain, unfortunately, the judiciary, and therefore the Penal Code, have long been political targets.

Spain has not been immune to the populist surge experienced by other Western democracies. In recent years our country has witnessed the end of bipartisanship and the emergence into the political arena of new parties with a marked personalist character, whose leaders proclaim themselves authentic representatives of the people, of the “real people”, with the aim of questioning legitimacy. not only of the elites, but also of their contenders and, ultimately, that of the liberal democratic system itself, as this is not the ideal one for those who seek to exercise power as unquestioned and unquestionable leaders. Unfortunately, the traditional parties have not remained oblivious to the populist wave, which many times they have decided to fight assuming both its postulates and its communication strategies.
The contemporary populist first needs to ideologically appropriate social demands spread among the citizens, around which he tries to generate an artificial social alarm that leads the people to demand from their political representatives legislative changes and measures that end the problem. The populist politician thus achieves authorization to use and instrumentalize one of the most precious state prerogatives: the ius puniendi or the state’s power to sanction and punish behavior.
The political instrumentalization of punitive law is not something new, on the other hand. Since the emergence of western liberal democracies in the mid-18th century, in which political decisions are subject to the rule of law, history has given us numerous examples of how political power, camouflaged under a deceptive cloak of democratic and moral legitimacy , has used the ius puniendi as a tool for ideological deterrence by persecuting and punishing the dissident. Good examples of the latter are criminal law during the Russian Revolution or during Nazi Germany.
Current populism has identified the weak points of a system that, as it emanates from the popular will, they try to subvert by identifying with it. Identification is achieved using the very springs of the democratic machinery, since gaining power by achieving an electoral result that empowers them to govern and / or monopolize legislative functions gives them a sort of legitimation to discursively crush those elements of the public opinion in front of public opinion. gear that are opposed or resistant to their decisions, especially if their composition does not depend on an electoral process, but on meritocratic and formative issues, as happens with members of the judiciary.

Feminist or gender identitarianism is not in itself a cause, but rather an excuse, so a good way to understand what it consists of is to oppose it to classical liberal feminism, both with regard to the claims of both models, as for purposes.
Faced with the egalitarian legislative demands of classic liberal feminism, which demand equal treatment before the law regardless of differences on grounds of sex, identitarianism seeks to make that difference a source of legal privileges, even at the cost of undermining the rights of foundations of liberal democracy and the rule of law.
It is important not to fall into the temptation to identify gender identitarianism with classical feminism, because while the latter is rooted in the liberal tradition that advocates equality before the law of men and women, urging that the institutions remove the Obstacles and barriers that prevent or hinder women from developing personally and professionally under equal conditions, gender identitarianism advocates the establishment of legal privilege or, in other words, the legalization and institutionalization of illegitimate discrimination based on gender.
It goes without saying that, from the constitutional point of view, not all unequal treatment per se determines the existence of discrimination (so-called “positive discrimination”), as long as the purpose of this discriminatory treatment is precisely to achieve or promote that full equality before the law. It is not a question, therefore, of rejecting outright the so-called «female quotas», but of assuming their temporary nature: their existence is meaningless once the reason for which they were created has disappeared, that is, the previous discriminatory situation that it was intended to correct.
But since gender identitarianism does not seek to achieve equality before the law, its demands do not revolve around the introduction of a corrective and temporary “egalitarian” quota system, but rather demand “privileged” quotas.
Gender identitarianism does not pursue the achievement of equality before the law, but rather the subversion of this maxim of our legal system through the establishment of privilege. This imposition of privilege by legal means requires profound legislative reforms that would end up leading to a political, social and economic model far removed from the current social democratic framework, much more social (ista) and much less democratic.
In order to achieve its objectives, gender identitarianism imitates nationalist identity movements in its methods: the increase in the social fracture created around the progressive grouping of citizens into victims and perpetrators is accompanied by a gradual but necessary irreversible colonization of institutions and, through them, of the academic and cultural sphere. In this way, the institutions abandon neutrality and take sides with certain partisan postulates, and are the ones in charge of feeding the social fracture in which the identity movement is sustained, turning them at the same time into a huge and effective electoral propagation apparatus. .

a) “Violence against women” shall be understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women, and shall designate all acts of gender-based violence that imply or may imply harm or suffering for women of a physical, sexual, psychological or economic nature, including threats to carry out such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, in public or private life;
b) “Domestic violence” means all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur in the family or at home or between spouses or former or current partners, regardless of whether the perpetrator of the crime shares or has shared the same address as the victim;
c) “Gender” shall mean the socially constructed roles, behaviors, activities and attributions that a specific society considers to be those of women or men;
d) “Gender-based violence against women” shall mean all violence against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;
e) “Victim” shall mean any natural person who is subjected to the behaviors specified in sections a and b;
f) The term “woman” includes girls under the age of eighteen.

In other words, the Convention contemplates, on the one hand, “violence against women”, which is that which has women as victims simply because they are, and which does not necessarily have to occur within the family or within the sphere of intimate partner relationships, and on the other hand, “domestic violence”, which is that which occurs within the family and in the sphere of intimate relationships, of which men, women and children can be victims. .
From all the above, it can be concluded that, far from establishing a punitive distinction between men and women, the Convention provides for the protection of all victims of domestic and gender violence, regardless of their sex. This is not an obstacle for the Convention to place special emphasis or, if preferred, detail, on violence against women in its different variants, but in no way do the crimes it contemplates establish a punitive distinction based on the sex of the perpetrator or of the victim.
The only exceptions are, logically, those crimes of which only women can be victims, such as female genital mutilation or forced abortion.

The preventive purpose of criminal law, its main function is, and must continue to be, to punish specific acts and behaviors committed by a specific person or persons, the penalty must be adjusted to the seriousness of the act committed and not to the personal circumstances of the author. This difference between the criminal law of the fact and the criminal law of the author is the one that enshrines the bankruptcy of equality before the law and that which confronts the liberal democratic and legal State with the totalitarian State.

The criminalization of immigrants in our country is a phenomenon that, in contemporary times, emerges strongly at the beginning of the 21st century.
In terms of immigration, the Spanish case has its own peculiarities, since Spain went from being an emigrant country to being a receiving country for immigration from the end of the 1970s. To this must be added, of course, that the geographical situation Spain in the extreme south of Europe makes us a gateway to Europe, which has undoubtedly contributed to the massive arrival of foreigners in a short space of time.
The insertion of the immigrant in the criminalistic sphere of our country has profoundly transformed life in prisons, evidencing shortcomings and limitations of the Spanish prison model, putting into question the resocializing and rehabilitating purpose of the prison.
It is also noteworthy the way in which the migratory phenomenon has influenced the way in which citizens conceived crime. Our elders had a fairly stereotyped criminal model, based on thieves who came from marginal backgrounds, whose social reintegration was possible.
The year 2015 saw the emergence of a populist anti-immigration movement in Europe, born at the mercy of the refugee crisis, the absence of an authentic common migration policy and the rise of jihadist terrorism in community territory.
The real problems caused by the Syrian migration crisis and the inability of the social democratic governments to manage them, either from positions of frontal rejection, or from good and naive openings, has led to the appearance on the political map of political parties with a strong anti-immigration discourse.
It is true that immigrants are usually, as a group, a recurring scapegoat when a country faces economic or security crises, perhaps because it is inherent to human beings to seek exogenous factors that allow them to avoid their own responsibilities.
The migratory phenomenon has not only generated specific pockets of crime, but has also revealed that immigration presents a series of specific vulnerabilities from a punitive point of view, something that parties that intend to use immigration as ammunition to combat prefer to ignore or reject. in the identity field of the left.
The clandestinity that characterizes the entry of illegal immigrants into our country has led to the creation of mafias and criminal organizations that have made the transfer of immigrants from their country of origin to their destination into an economically profitable business, among other behaviors, amassing large sums of money at the cost of need, desperation and vulnerability. The legislator has deemed it necessary to punish those behaviors that violate the rights and freedoms recognized for foreigners in the Spanish legal system: crimes against the rights of foreign citizens.
These crimes were introduced into the Penal Code by the Second Final Provision of Organic Law 4/2000, of January 11, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, which aims to respond to the problems generated by the rapid growth of illegal immigration in the last twenty-five years.

It is estimated that at the beginning of 2018, the number of minors protected by the protection services of the autonomous communities was around 6,500. Unfortunately, this figure does not include men who are not under the umbrella of these services but on the streets, many controlled by the mafias. Indeed, many come to reception centers with intentions and / or expectations that cannot be fulfilled by them, and end up leaving them to end up immersed in marginalized and delinquent environments. This is a reality with a complex solution, which could be mitigated in part with individualized care programs that, today, are difficult to implement not only due to a budget issue but also due to the organization and configuration of these centers.
A priori, our legal system must guarantee, at the institutional level, the protection of those minors who enter Spanish territory without company. The competence of managing the care centers for these minors corresponds to the different autonomous communities. The centers must be managed by multidisciplinary teams that have the necessary means to provide individual assistance to minors. Child care is supposed to be provided taking into account
their age and the job expectations with which they arrive, especially in those cases in which the minors are close to reaching the age of majority.
The protection of minors, in their condition as minors, does not respond to a specific situation or to a “good-natured” whim of the legislator. It emanates from the Constitution itself, from international treaties that Spain cannot and should not withdraw from (such as the Convention on the Rights of the Child), and from other norms whose purpose is the protection of such a precious asset as childhood and youth This protection should not be undermined for the sake of nationality, since the protection of the minor’s interest is a superior value of our legal system.

The importance of addressing the criminal treatment of immigration in Spain, in its dual role as perpetrator of crime and victim, lies in the need to dismantle certain discourses from ideological positions based on data and norms that seek to point out the immigrant as a social enemy whose Actions contrary to the law go unpunished when this work has shown that, to the corresponding penalty for the crime committed, the condition of foreigner adds the plus of the possibility of expulsion.
The presumption of innocence cannot and should not be qualified either on grounds of sex or on grounds of nationality.
The fact that the crimes of abuse or sexual assault are mostly committed by men, and that the group of immigrants is more represented among those convicted, does not justify a different criminal treatment for reasons of sex or nationality, nor should they drive to the criminal demonization of the entire collective or its stigmatization.
Many of the problems that these cultural differences generate are due precisely to the neglect and inaction, for decades, of the Spanish and European political class, who have looked the other way while the most extreme manifestations of culture associated with certain immigration pockets are it settled, proliferated and attracted new followers, hardly encountering any legislative obstacles despite its more than evident clashes with our legal reality. Phenomena such as clitoral ablation, marriage with minors, the full Islamic veil or certain speeches by Islamic fundamentalists have no place in our legal system, because no cultural manifestation can be above fundamental rights and freedoms. These are the true secular values of the West, which we must defend tooth and nail against those who try to beat them down through their relativization and accommodation to purely electoral postulates.
The problem with certain immigration exchanges is not of an identity nature, that is, it cannot be automatically associated with the condition of foreigner, but rather it is a much more complex social and cultural reality.
The institutional inefficiency that has characterized the actions of the Administrations on issues such as the radicalization of certain population groups, or that of unaccompanied immigrant minors, cannot and should not be solved with punitive tools based on national identity. The repressive and preventive function of criminal law should not be confused with an educational function, which does not concern the judiciary and is alien to the ius puniendi.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .