La Democracia Borbónica: De Cómo Las Élites Se Reparten El Poder Y El Botín — Alberto Lardiés Garraleta / Bourbon Democracy: How Elites Share Power and Loot by Alberto Lardiés Garraleta (spanish book edition)

El autor radiografía nuestra joven democracia abordando en cada capítulo cada una de las instituciones que, desde el estallido de la crisis económica y social en España, están en tela de juicio. Aunque la portada pueda despistar, no se trata de una crítica exclusivamente contra la monarquía. Es decir, no es un juicio sumarísimo al papel del rey Juan Carlos I en la construcción de la democracia española. En el libro se habla también de las corruptelas de las empresas más grandes del país, su relación con el poder y los distintos gobiernos de turno.
Especialmente interesantes son los capítulos dedicados a Villarejo y las cloacas del Estado, así como el episodio que trata sobre el capitalismo de amiguetes, donde el autor deja claro, siempre con datos, la politización de las instituciones sobre las que se cimienta nuestra democracia.
En definitiva, una obra imprescindible para que el lector se informe y obtenga una visión más completa de la democracia en la que vive, precisamente en un año en el que coincide tanta cita electoral y donde el ciudadano tiene tanto que decir.
El libro es una cura contra el olvido, donde cual Dante en la divina comedia nos llevará a conptemplar los atropellos perpetrados por unas clases que, coparon el poder en el albur constitucional y, ahí se han mantenido. Mientras al pueblo llano no nos quedó más remedio que formarnos, sus amigos, vástagos y allegados, coparon puestos que les venían grandes y , llegado el momento no supierion dar la talla, o directamente no les importó.
– Pues eso encontraremos en la obra, personajes, medios, redes, sobornos y todo lo infecto de un sistema que debe evolucionar y en el que tipos como Villarejo, El rey emérito, sus colegas del yoga, los nazionalistas ladrones catalanes, medios de comunicación, serán mostrados tal cual los definen sus actos, simple y llanamente,
– Por lo tanto un libro que escuece pero necesario, para no volver a permitir a tanto chorizo tanta impunidad, con una lectura clara y llena de datos (extraídos casi siempre de las mismas fuentes) que tiene como defectos las claras faltas de ortografía, algunas fuentes repetidas y de dudosa probidad y que no llegue a mucha gente antes de pensar a quien votar.

Todos los caminos llevan al Palacio de La Zarzuela. Desde allí, los Borbones reinan hace 43 años gracias a los designios del dictador Francisco Franco, primero, a la audacia de Juan Carlos I y Adolfo Suárez, después, y a la anuencia y complicidad del PSOE y el PP, por último. Los dos partidos que han gobernado España durante los últimos 35 años son los principales garantes del sistema político surgido de la Transición y apuntalado por la Constitución de 1978, pero también están conectados con otros poderes fácticos que cogobiernan en la sombra. Los hechos demuestran que las elites políticas y económicas se reparten el poder y el botín desde hace 40 años.
Financiar irregularmente los partidos políticos a cambio de favores en forma de adjudicaciones de obra pública es un mal endémico que se debe combatir, pero existen muchas otras formas de corrupción habituales en España, peores y más sofisticadas que el robo. Ahí está el lacerante rescate de las cajas de ahorro, con el caso de Bankia como principal ejemplo, incluidas esas tarjetas black que harían vomitar a cualquier persona decente. Ahí están la bochornosa amnistía fiscal, la legislación que obedece a la presión de los lobbies, la doble vara de medir de la Justicia, que no es igual para todos, las puertas giratorias, siempre entreabiertas para los mandamases de la política, el regalo de títulos universitarios a los dirigentes políticos o la opacidad en los gastos de la Corona. Asuntos truculentos que no sólo consisten en la conducta delictiva de un individuo aislado o una mafia organizada para delinquir, sino que están en las propias raíces del sistema en que vivimos. Forman parte del mismo. Son las fallas de una democracia donde las elites borbonean a raudales.

Las elites franquistas que venían de la dictadura abrazaron con tanto gusto la democracia porque jugaban con ventaja, tenían las cartas marcadas, sabían que no perecerían con el cambio y mantendrían intactos sus privilegios.
Suárez y Juan Carlos I negociaron alianzas secretas con parte de la oposición democrática, esa que al principio tanto dudaba de ellos, por supuesto a espaldas de los franquistas más recalcitrantes y bunkerizados. Siguiendo la máxima de «divide y vencerás», dialogaron por separado con los partidos democráticos para conseguir que se sumasen al proceso en marcha. Se reunieron con los grandes banqueros para garantizarles que habría un cambio, sí, pero no drástico sino continuista, de manera que el valor de las acciones y el manejo de sus fortunas quedarían a salvo. También tranquilizaron y engatusaron a los grandes empresarios y a las familias que más cómodamente habían vivido durante la dictadura: no habría expropiaciones, ni nacionalizaciones, ni juicios al pasado. Empezaba una nueva era para el país.
La Transición española, fue un éxito, sí, pero se ha embellecido, mitificado y hasta santificado como si hubiera sido una creación inmejorable. Como en todos los grandes contratos sociales, en este caso también hay letra pequeña. Es ahí donde anidan grandes historias de lucha y sacrificio democráticos, pero también los datos fehacientes que demuestran que las cosas no fueron tan sencillas, ni tan pacíficas, ni tan almibaradas. El sistema surgido entonces, una democracia liberal al uso que cobraba la forma de monarquía parlamentaria, tuvo que pagar una serie de peajes antidemocráticos. Los consensos básicos se construyeron sobre unos cimientos frágiles, porque bajo el edificio del sistema no hay una realidad de hormigón sino una argamasa de renuncias y mitos que se resquebrajan más y más conforme va pasando el tiempo. Renuncias que han causado algunos de los problemas endémicos de la democracia. Y mitos que han servido para edulcorar el relato sobre lo que realmente aconteció.
El esquema que se sacaron de la manga Juan Carlos I, Suárez y sus colaboradores viene a decir que sólo gracias a la monarquía España tiene democracia. De esa manera, el sistema democrático patrio, materializado en la Constitución, se hizo en función de las necesidades de la Corona, como una suerte de pago de los españoles al rey por esa deuda histórica.
Por motivos obvios, la Constitución del 78 estableció una protección excesiva a la monarquía. No sólo porque se restaurase como forma del Estado o porque se fijase el mecanismo hereditario a favor de los Borbones, como ya se ha explicado, sino por las facilidades que otorgó a la Casa del Rey para que hiciera, como ha hecho, lo que le viniera en gana sin ningún tipo de restricción. Por un lado, se blindó al monarca, ya que el artículo 56.3 reza que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Por otro, se dispuso, como estipula el artículo 65, que «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma». Con estos artículos se cimentaron la inmunidad y la opacidad de Juan Carlos I, que se dio a la buena vida sin freno ni límites.
Cuando se creó el Ibex 35, en 1992, año triunfal para la democracia borbónica por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, escaparates para el mundo de la modernización del país, numerosos ex cargos del franquismo estaban ya en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Funcionaban, bien engrasadas sus bisagras por la fuerza de la costumbre, las puertas giratorias que también han llegado a su cénit en tiempos democráticos. Todas estas trapacerías, sólo posibles gracias a la herencia franquista que se normalizó en la democracia, se abordan pormenorizadamente en los siguientes capítulos.
El caso de las cajas de ahorros, acaso el mejor exponente de la coyunda de las elites ibéricas, constituye un buen ejemplo de cómo en los inicios de la democracia se establecieron las condiciones que permitieron los desfalcos posteriores.
La escasa participación ciudadana en las decisiones y la progresiva pérdida de soberanía son fenómenos que van de la mano. Están ocurriendo en toda Europa, donde se está produciendo una mutación hacia lo que el ya citado Emilio Gentile ha llamado «democracias recitativas».

El desmesurado abrigo que las leyes proporcionan a la Corona es una muestra más de la baja calidad de nuestra democracia. La libertad de expresión debería prevalecer para que se pueda criticar al jefe del Estado o a cualquier otro miembro de su familia sin miedo a ir a la cárcel. Por tanto, es obligatorio preguntarse de dónde provienen estas leyes que amurallan la monarquía para que sea casi intocable. Y la respuesta es, por enésima vez, la palabra mágica: Transición.
Cuando se les necesitó, en 2014, el PSOE y el PP, como buenos defensores de esa legitimidad monárquica, contribuyeron sobremanera a garantizar la permanencia del sistema surgido de la Transición y a volver a blindar la Corona. Porque con su actitud facilitaron el cambio de trono ordenado que necesitaba la monarquía. Juan Carlos I decidió abdicar en favor de su hijo, Felipe VI. Los escándalos que sacudían y erosionaban a la institución, desde la caída del entonces rey en Botsuana hasta el caso Nóos que señalaba al torrentiano Iñaki Urdangarin, fueron determinantes en la decisión de un monarca cuya salud maltrecha también contribuyó lo suyo.
Juan Carlos I, Felipe VI, Alfonsín, Spottorno, Ayuso, Santamaría, Renovales, Rubalcaba, Sanz Roldán y compañía se salieron con la suya, porque sus planes se siguieron milimétricamente, sin un solo cambio sobre lo previsto. Algunas tímidas voces del PSOE criticaron la forma en que se blindó a Juan Carlos I; de hecho, todos los diputados socialistas se abstuvieron en las votaciones de esa triquiñuela legal sólo aprobada con los votos del PP, si bien, como hemos visto, los socialistas formaban parte de ese plan. El propio presidente del Congreso, Jesús Posada, del PP, tildó de «chapuza» la forma elegida para aforar al rey saliente y perpetuar así sus privilegios, pero a nadie le importó. Pronto se apagaron las quejas, en medio de los fastos por el cambio en el trono, que salió adelante sin sobresaltos, tal como lo habían diseñado conjuntamente en Moncloa y Zarzuela. Fue, no puede negarse, una operación perfecta de las elites políticas para favorecer esa difusa «estabilidad» que sólo favorece a las elites económicas y sociales. No hubo, en efecto, repuntes de la prima de riesgo, si es que eso le importa a alguien.
Cuando PP y PSOE vienen a decir, aunque no lo verbalicen así por higiene intelectual, que «con la Constitución no se juega», realmente están diciendo que «con nuestra forma de vida no se juega». Porque la Carta Magna es, para ellos, una manera de consolidar su propia supervivencia, que entienden, a tenor de los hechos, como maquinarias de poder que tienen algo que defender, la «legalidad» tan traída y llevada, y tienen algo que repartirse, los cargos en la Administración y el consiguiente poder. Todo es uno para ellos. Defienden la Constitución sagrada porque se están defendiendo a sí mismos. Hablan, afectando la voz, del «Estado de derecho» o del «imperio de la ley», pero, cuando les conviene, como hemos visto en algunos de estos ejemplos, se ponen de acuerdo para ciscarse sobre la Constitución y sortear o cambiar la legalidad según su conveniencia. Hipocresía, engaño y sobreactuación para seguir cobrando a fin de mes.

Pese a la crisis desatada, tanto en Zarzuela como en Moncloa confiaban en el mismo hombre para acabar con el escándalo: el director del CNI. No importaron su íntima amistad con Juan Carlos I, ni su enemistad con Villarejo, ni las acusaciones que Corinna vertía contra él en la grabación de marras. Él, Félix Sanz Roldán, tenía que explicarlo todo –u ocultarlo todo, mejor dicho– en sede parlamentaria. Unos días después, de hecho, pidió expresamente acudir al Congreso de los Diputados para ofrecer su particular versión sobre el caso. La petición llegó después de consultarlo con el Gobierno y la Casa del Rey. O sea, iba conchabado con los dos centros de poder a los que tenía que defender.
Cualquier observador neutral no tardaría en percatarse de que el contenido de las cintas, amén de su excelso vínculo con el monarca emérito y de su enfrentamiento con Villarejo, debían inhabilitar a Sanz Roldán, pese a su cargo, como encargado de dar una respuesta oficial. Pero ocurrió lo contrario a lo lógico. El Parlamento anunció que el director del CNI comparecería en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, más conocida como “comisión de secretos oficiales”…
Más allá de las intenciones de unos y otros profesionales de la treta y la filtración, era posible haber dilucidado si en realidad Juan Carlos I cobró comisiones por el AVE a La Meca, ocultó su millonario patrimonio en Suiza, se acogió a la amnistía fiscal de 2012, usó a Corinna y a Álvaro de Orleans como testaferros, voló en Air Partners pagando los viajes con su dinero oculto en el país helvético, ordenó a Sanz Roldán robar documentación de su ex amante y amenazarla, participó de alguna manera en el caso Nóos o se quedó parte del dinero del fondo hispano-saudí. Repito, era posible saberlo. ¿Cómo? Muy sencillo: preguntándole a Corinna, ya fuera en sede judicial, ya en sede parlamentaria. Pero una vez más las elites se socorrieron entre sí. Los grandes custodios de la democracia borbónica, el bipartidismo y los jueces y fiscales, impidieron que la testigo de cargo subiera al estrado para hablar.
En los primeros días de septiembre de 2018, en una misma semana, desaparecieron, quizá para siempre, las posibilidades de desentrañar la verdad sobre Juan Carlos I y sus presuntos delitos. Esas posibilidades no se esfumaron solas, sino que las sepultaron tanto en el Congreso de los Diputados como en la Audiencia Nacional. Y, ¡oh casualidad!, con apenas 72 horas de diferencia y valiéndose de las mismas excusas de mal perdedor.

Sánchez, doctor en Economía, no se olvide, decidía nombrar a su amigo Serrano, oh casualidad de las casualidades, presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S. A. La antigua sombra del líder del PSOE se convertía, de la noche a la mañana, en el responsable de una empresa pública con más de 50.000 trabajadores y con millones de euros de pérdidas. El sueldo por este cargo es de 190.000 euros al año. O sea, 14 pagas de más de 13.000 euros al mes. No está mal como pago a los servicios prestados.
Los dedazos de Sánchez, que no son escasos ni menores. Uno de los casos más escandalosos fue el nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de un veterano socialista –cuatro décadas de militancia a sus espaldas– que durante años fue una de las caras visibles del guerrismo y que en los últimos tiempos evidenció otra militancia, más feroz y quizá mejor pagada, la de su sanchismo. En junio de 2017, durante el 39.º Congreso del partido, el posterior a la victoria de Sánchez frente a Díaz, el añejo guerrista Tezanos fue elegido secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal.
Las colocaciones de Sánchez no acaban en los casos citados, que ni siquiera, por extraño que parezca, son los más escandalosos. Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, conocido como el gurú económico de Sánchez, fue nombrado por su aprendiz como embajador de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con residencia en París. Otro sanchista de pura cepa que pasó a embolsarse 10.000 euros brutos al mes. Lo mejor de este caso es, además, que Escudero sustituyó en el cargo al ex ministro José Ignacio Wert, quien protagonizó, sin duda, el dedazo más grotesco en los años de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Los enchufes de Sánchez, como los del resto de Gobiernos en el pasado, son inagotables. El Gobierno del PSOE colocó en la presidencia de Renfe a Isaías Taboas, ex secretario de Estado de Transportes con Zapatero; situó al frente de Loterías del Estado a Jesús Huertas, ex alto cargo de la Junta de Andalucía; enchufó como presidente de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) a José Vicente Berlanga, ex número dos del PSOE en la Comunidad Valenciana, y nombró como director general de Salvamento Marítimo a Ignacio López Cano, secretario ejecutivo de Movimientos Sociales de la misma formación política.
Por supuesto, en casi todos estos casos los elegidos por el PSOE llegaron para sustituir a otros enchufados previamente por el PP.

El presidente del Gobierno restringió durante años el acceso a su trabajo y, sobre todo, permiten comprender el gran misterio de la calificación que obtuvo Sánchez, un cum laude, nota reservada a los trabajos de gran excelencia académica. Esta puntuación asignada al líder del PSOE es una broma de mal gusto, en opinión de la multitud de expertos que han leído y analizado la tesis doctoral desde que explotó el caso. En realidad, el célebre documento de Sánchez, con o sin plagios pero sin duda con trato de favor, es un trabajo de baja calidad y que se limita, en gran medida, a reproducir estudios o informes inconexos de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Que semejante texto obtuviera una calificación excelsa evidencia que, como concluyeron varios catedráticos, nada o casi nada es normal en el caso de esta tesis doctoral.
Lo peor de la democracia borbónica es que durante mucho tiempo los ignominiosos manejos de las elites han pasado inadvertidos, peor que en segundo plano, como si no existieran, a pesar de que estaban ocurriendo a la vista de todos, justo al lado de la gente honesta y legal, que es la enorme mayoría de la sociedad. Una sociedad narcotizada por hartazgo, que ya no distingue entre tantas corruptelas y que prefiere mirar para otro lado y evitarse las arcadas. A nadie en España le importaban un comino los títulos universitarios de los políticos hasta marzo de 2018, cuando eldiario.es desveló que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid había regalado un máster a Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que, tras más de un mes de huida hacia delante, tuvo que dimitir.
Cifuentes era algo así como la esperanza blanca del Partido Popular.
El trato de favor de las universidades a los políticos es tan obvio que hasta resultaría humorístico que alguien lo discutiera con argumentos que no fueran bromas.

Si hay un caso que ejemplifica mejor que ningún otro las fallas de la democracia borbónica, este es el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Este asunto, que se enmarca en uno aún más grave y cuantioso, la gran estafa de Bankia, evidencia mejor que ningún otro las conexiones y las tropelías de las diferentes elites políticas, económicas y mediáticas. De todos los desmanes conocidos en los últimos años (y digo conocidos, porque duele sólo imaginar todo lo que no sabemos), este se lleva la palma.
Porque es un escándalo donde están involucrados políticos de todos los colores, banqueros, poderosos hombres de negocio, grandes empresarios y, por supuesto, personajes vinculados a la Corona. Todos ellos coaligados para saquear una entidad financiera pública, Bankia, que tras el deplorable latrocinio que incluía, por supuesto, las noches de desenfreno, acaso meretrices incluidas, que se pagaron algunos de estos distinguidos caballeros, tuvo que ser rescatada con el dinero de todos los españoles por el estrepitoso fracaso de su salida a Bolsa. La factura fue de 23.000 millones de euros que se pagaron con dinero público. Unos pocos, los tipos de las elites, roban. El resto pagamos la cuenta de sus desvaríos.
Así, legalmente, sea a través de la publicidad con la que se chantajea, sea a través de donaciones de carácter social, se pagan y exigen los favores entre sí las diferentes elites en la democracia borbónica. Aunque también lo han hecho ilegalmente, y vaya usted a saber en qué cuantía, mediante dinero no declarado, cuyo mejor ejemplo es el caso de las tarjetas black.

La crisis financiera mundial que se desencadenó tras la caída de Lehman Brothers en 2008 golpeó con especial fiereza a España. Los motivos tienen que ver, sobre todo, con la burbuja inmobiliaria que fomentaron los gobiernos del PP y el PSOE y que el Banco de España, controlado por afines a esos partidos, no supo vigilar. En 2012, ante la posibilidad cierta de que todo el sistema bancario español quebrase, el Gobierno del PP pidió un rescate bancario a la Unión Europea. Los responsables de esa decisión remarcaron que saldría gratis a los contribuyentes. En especial, el ministro de Economía y ex de Lehman Brothers, Luis de Guindos, insistió una y otra vez en que esa estrategia no costaría «ni un euro» a los españoles. En 2017, el Banco de España cifró en 60.600 millones de euros las pérdidas del Estado por el rescate; de esa cantidad, 39.500 millones de euros los pagarán los contribuyentes.
Es como la pescadilla que se muerde la cola. La ceguera sobre los problemas de los bancos que demostraron los reguladores como el propio Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como los diferentes gobiernos, por un lado y los estropicios de las cajas de ahorros gestionadas por políticos de cada autonomía, por otro, hicieron que la crisis fuera más grave en nuestro país y, por ello, el sector financiero se deterioró todavía más que en otros países.
Todos los que pintan algo en España sabían, muchos años atrás, que el sistema de cajas de ahorro era un auténtico desastre. Cada Comunidad Autónoma había montado su particular chiringuito en forma de entidad bancaria. Así, con dinero público y, lo peor, con el dinero de los clientes, confiados porque no podían imaginar que su caja iba a quebrar, funcionaba el asunto. Por supuesto, en cada caja regional estaban colocados, como veíamos en el caso de Caja Madrid, miembros de los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, siempre con un sistema de cuotas por el que tenían más consejeros las formaciones más poderosas. Todos los que pintan algo en España sabían, también, que este sistema iba a explotar. Pero miraron hacia otro lado.
Además el Estado tiene que asumir una cifra no cerrada pero que oscilará entre 4.000 y 6.000 millones de euros. Todo ello por haber construido autopistas que quizá no eran necesarias, que desde luego no han sido rentables y que, al menos en el caso de las radiales madrileñas, casi nadie utiliza. Y gracias a una legislación obsoleta que puso en marcha el franquismo. Nuevamente, la hipótesis que cabría plantear es qué hubiera ocurrido si, por una casualidad o un regalo del destino, dichas autopistas hubieran funcionado a las mil maravillas gracias a una utilización masiva y, por ello, hubieran generado enormes beneficios. Lo único seguro es que las ganancias no se habrían nacionalizado o socializado. Porque en la democracia borbónica el contribuyente sólo participa en estos grandes negocios –el sistema financiero, los proyectos faraónicos o las autopistas de peaje– cuando toca resolver el desastre con su dinero, que, recuérdese, «no es de nadie».

Si Juan Carlos I fue un habitual visitador de las majestuosas oficinas de Telefónica, más aún lo fue, aunque fuera metafóricamente, porque tal vez nunca pisó las instalaciones, Iñaki Urdangarin, ese hombre que, si hubiera justicia, de la poética o de la que sea, acabaría protagonizando una película de Torrente junto a Cañita Brava y otros seres semejantes. En 2006, cuando vivía en Barcelona, fue nombrado consejero de Telefónica Internacional y presidente de honor de Generaciones Interactivas, un colectivo formado por la operadora y otras entidades como la Universidad de Navarra. Pero lo mejor, como siempre en el discurrir de este hombre, estaba por llegar.
Como en todas las casas del Ibex 35 cuecen habas, es obligatorio mencionar aquí que Telefónica no fue la única que se ocupó de cuidar a la hija y el yerno del monarca retirado. La Caixa no podía faltar a la cita. En este caso, la entidad presidida por Isidre Fainé, que se ha fumado unos cuantos puros con Juan Carlos I, tenía contratada desde los años noventa a la hija del rey. El caso simbolizaba, de hecho, el gran ejemplo de cómo un miembro de la Familia Real se podía ganar la vida por su cuenta. El típico retrato falso que se maquina en Zarzuela para vender a los españoles la supuesta modernidad de una institución anacrónica por naturaleza como es la monarquía. Luego, cuando llegó el gran escándalo que acabó con los Duques perdiendo hasta el título y con los huesos de Iñaki en la cárcel, quedó más clara la realidad.
Porque en 2013, con el caso Nóos en plena ebullición y la reputación de la Corona por los suelos, La Caixa convirtió a la infanta en responsable del Área Internacional de su Obra Social. Fue, en puridad, una obra social, pero para socorrer a la Corona, amén de la excusa perfecta para que el matrimonio se pudiera trasladar a Ginebra (Suiza), lejos del ruido y la justicia del país que los vio nacer.
En 2013, a Telefónica llegó con gran estruendo Iván Rosa, conocido, sobre todo, por ser el esposo de Soraya Sáenz de Santamaría, por aquel entonces todopoderosa vicepresidenta del Gobierno. Rosa acabó en el departamento jurídico de la compañía. Este abogado del Estado formó parte de la famosa promoción conocida como La Gloriosa debido a los muchos cargos que han acabado ocupando sus miembros. Su esposa se abstenía, presuntamente, de participar en los consejos de ministros donde se tomaban decisiones relacionadas con Telefónica.
En el año de referencia, 2016, las empresas del Ibex 35 tenían abiertas 1.380 sociedades en paraísos o nichos fiscales, un 8 por 100 más que en 2015. El Banco Santander encabeza la clasificación con gran diferencia, porque posee 349 filiales de este tipo distribuidas por lugares como Delaware (Estados Unidos), Panamá, Bahamas, Singapur, Islas Caimán, Suiza, Gibraltar, Países Bajos o Hong Kong. El segundo puesto es para ACS, la gran constructora de Florentino Pérez, con la friolera de 197 filiales de este tipo, ubicadas en sitios tan dispares como los citados en el caso del banco y otros como Luxemburgo, Barbados, Islas Fiyi, Mauricio o Botsuana.
El tercer puesto es para ArcelorMittal, la ramificación española del imperio siderúrgico y minero del indio Lakshmi Mittal, con 128 sociedades en lugares donde se pagan menos impuestos. Le sigue el gigante Repsol, ya que la compañía presidida por Antonio Brufau, el hombre que nunca se va aunque parece querer irse, goza de 97 filiales radicadas en estos lugares tan extraños. Cierra la lista de las cinco empresas con más presencia en paraísos y nichos fiscales Inditex, o sea, el imperio de Zara que dirige Amancio Ortega, con sus 69 sociedades también repartidas por todo el orbe.
Del total de filiales que pueden beneficiarse de ventajas o chollos fiscales, 515 están en Delaware, 173 en Países Bajos, 103 en Irlanda, 79 en Luxemburgo y 48 en Hong Kong.
Durante los estertores del felipismo, primero, y los ocho años de aznarismo, después, continuó esa tendencia de privatizaciones de las principales empresas públicas y de fusiones entre grandes bancos que, a la postre, configuraron las grandes compañías que ahora, en 2018, siguen mandando en el Ibex 35. No faltaron las intrigas, en las que intervinieron los gobiernos, claro. Y pasaron cosas que, aunque sean de sobra conocidas, todavía parecen inconcebibles, incluso alienígenas, como la mencionada entrega de Telefónica a Juan Villalonga gracias a su amistad con Aznar, el papel decisivo que desempeñó Rodrigo Rato para que Francisco González se hiciera con los mandos del BBV, o la batalla a muerte entre Gas Natural y el Gobierno de Zapatero frente a Endesa, que acabó en manos italianas. A esto hay que sumar los capotes mutuos que, como se ha explicado, se han echado la Corona y las compañías más importantes. Está claro que la connivencia del poder político y económico acaba provocando no ya extraños compañeros de cama, sino también sucesos estrafalarios.
La llegada de Sánchez al poder no varió en demasía el desolador panorama de esta democracia borbónica. Los problemas sistémicos continúan como antes. Ninguna de las taras que arrastra se han resuelto ni tienen visos de resolverse. Porque, como se ha visto en los capítulos dedicados al blindaje de la Corona, al enchufismo en las instituciones, a los títulos universitarios regalados o, sobre todo, a las relaciones con las elites económicas, el PSOE es parte del problema y no de la solución, como custodio y sostén, junto al PP, del sistema político nacido en la Transición. Un sistema putrefacto donde se persigue más a los delatores que a los corruptores.

En la democracia borbónica se perdona a los evasores fiscales. En lugar de perseguirlos con ahínco y sin descanso, cada cierto tiempo se les ofrecen amnistías para que regularicen su dinero oculto. Y se les cobran, por ello, menos impuestos de los que deberían pagar si contribuyeran a las arcas del Estado como el resto de españoles. Es el mundo al revés. Porque no se castiga a quien delinque, sino que se le recompensa. Gratificar así al infractor supone, además de reconocer que el Estado es incapaz de hacer su trabajo frente a esas elites extractivas que disponen de recursos y mecanismos para la ingeniería financiera, un insulto a las clases medias y bajas que, contra viento y marea, consiguen pagar hasta el último céntimo que les reclama la Administración. Asimismo, esta práctica, por supuesto compartida por el PSOE y el PP, entraña incentivar a dichas elites para que sigan evadiendo, defraudando y blanqueando. Es admitir la derrota frente a los poderosos. Es otra forma de corrupción.
La amnistía fiscal de 2012 es un insulto al contribuyente que religiosamente paga sus impuestos a final de mes. Pero no es la única medida de gracia que han disfrutado los poderosos y sus amigos gracias a los hacedores del sistema. Los Gobiernos del PP y el PSOE, por un lado, y los jueces del Poder Judicial colocados por esos mismos partidos, por otro, han perdonado a unos cuantos peces gordos del capitalismo patrio. Otras amnistías, en suma. Porque, se diga lo que se diga, en la democracia borbónica la justicia no es igual para todos. Algunos siempre se van de rositas.
Quizás el caso más escandaloso, por burdo y evidente, sea el indulto de Alfredo Sáenz Abad, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Fue la última decisión relevante de Zapatero como presidente del Gobierno. El PP de Rajoy ya había ganado las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y, por ello, el Ejecutivo del PSOE estaba en funciones. Sin embargo, ambos partidos, PSOE y PP, estuvieron de acuerdo en una maniobra inau­dita: indultar al número dos del Santander, mano derecha del presidente del banco, su inseparable Emilio Botín. Así, en la primera reunión del Consejo de Ministros tras las elecciones generales, el 25 de noviembre de 2011, el Gobierno presidido por Zapatero conmutó la pena que pesaba sobre Sáenz y le permitió seguir ejerciendo como banquero.

La operación para salvar al soldado Cebrián, acontecida en 2012, tuvo como protagonistas a tres grandes bancos: La Caixa, Santander y el británico HSBC. Las entidades bancarias eran las principales acreedoras del grupo y llegaron a un acuerdo para que 350 millones de euros de la deuda pasasen a ser bonos convertibles. Lo que supuso que, dos años después, en 2014, se convirtieran en los principales accionistas del grupo de comunicación. Junto a ellos, claro está, Telefónica, que aportó 100 millones de euros a esta fiesta del rescate a cambio de pasar a ser, en aquel momento, la accionista de referencia del grupo. Los banqueros y el gigante de las telecomunicaciones desembarcaron en el consejo de administración de Prisa. No parece lo más adecuado para un grupo de comunicación cuyos medios, por naturaleza, deben vigilar y narrar, llegado el caso, los desmanes de esas compañías cotizadas.
Todas estas operaciones para salvar a Prisa tienen, además, un denominador común: ejemplifican cómo funciona el capitalismo clientelar en España. Porque el poder político tuvo mucho que ver en que todos los planes, por estrambóticos que fueran, salieran bien. Con esa tradicional excusa de que este holding era una «empresa estratégica» por su relevancia social y económica, el Gobierno del PP, sí, de la derecha, ayudó todo lo que pudo a reflotar al gigante que se desvanecía.
Cebrián siempre cobraba sueldos astronómicos. Pero a veces en su propia casa no lo sabían o no lo querían saber. En marzo de 2014, El País publicó una información que se titulaba «Los socios del club del millón de euros», donde, como el acertado titular indicaba, se recogían los salarios millonarios de los directivos mejor pagados, tanto de dentro como de fuera del Ibex 35, sobre la base de la documentación de la CNMV. La pieza informativa, muy completa, incluía un gráfico con todos los nombres de los magnates, a los que llamaba «milloneuristas», y las cantidades percibidas por ellos en 2013. Casualidades de la vida, Juan Luis Cebrián no aparecía ni en el gráfico ni en la información, pese a que ese año ganó 2,1 millones de euros.
El caso del milloneurista Cebrián es sólo una anécdota. Evidentemente, el hecho de que Prisa acabase literalmente en manos de la banca y los fondos de inversión, quienes no tienen otra ideología que el dinero por el dinero, provocó consecuencias peor que negativas en los medios de comunicación del holding.
La marcha económica del conglomerado mediático y la línea editorial de El País iban de la mano, como siempre han ido en Prisa, tanto para cuidar al PP de la intocable Santamaría como para alejarse de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE que estomagaba a Cebrián y compañía.
La penúltima guerra por el control de Prisa, en particular, y la historia del grupo colmada de turbias operaciones de poder, en general, son la demostración palpable del perpetuo apareamiento de estas elites políticas, económicas y mediáticas, a las que no se les pone nada por delante para lograr sus intereses, a menudo espurios. Los sucesivos rescates que han librado a Prisa de la quiebra constituyen una muestra más de cómo el capitalismo de amiguetes también ha funcionado mejor que bien en el sector de los medios de comunicación. Un sector que por naturaleza tendría que ser muy transparente pero que, en la práctica, es uno de los más opacos de la economía.

Los trabajos de Villarejo para grandes empresarios dejaron de ser meras sospechas y se convirtieron en hechos incontestables gracias a las informaciones que El Independiente desveló en octubre de 2018. Por fin se documentaba lo que muchos sabían pero ocultaban y lo que otros muchos no querían creer. El mitad policía y mitad espía había trabajado para a la flor y nata del Ibex 35. El grupo empresarial de Villarejo, llamado Cenyt (acrónimo de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) y con sede en la Torre Picasso, muy cerca de oficinas de estas grandes empresas, facturó por diversos conceptos al Santander, a Caixabank, a Repsol, a Mutua Madrileña y a Iberdrola. Ahí es nada. Pero, sobre todo, el holding creado por el ex comisario trabajó para el BBVA, su mayor pagador.
El banco entonces presidido por Francisco González, temido por casi todos y conocido en el mundo de los negocios como FG, pagó 5 millones de euros a empresas de Villarejo entre 2012 y 2017. Dos de las sociedades controladas por el agente encubierto emitieron hasta 21 facturas que pagó la prestigiosa entidad bancaria. Cuando se destapó semejante escándalo, desde el banco arguyeron que obligaban a su contratado a «cumplir la ley» en los trabajos que le encargaban.
En suma, por sus conexiones y sus quehaceres, Villarejo representa tal vez mejor que ningún otro policía la forma de proceder que durante décadas ha sido costumbre en la democracia borbónica y que más y mejor ha favorecido a las elites políticas y económicas. Pero no es, ni mucho menos, el único personaje de esta guisa. Al igual que se ha explicado en capítulos precedentes respecto a diferentes instituciones públicas, en la Policía se imponen los nombramientos por afinidad ideológica y no por los méritos del elegido. Invariablemente, cada nuevo Gobierno, en concreto cada ministro del Interior que jura el cargo, cambia a los principales dirigentes policiales a conveniencia de parte. Una actitud compartida por PP y PSOE que se ha normalizado a fuerza de costumbre pero que no es normal. Ni lógica. Ni justa.
La politización de la Policía, la utilización partidista de la misma y las consiguientes colocaciones a dedo de los mandos policiales han provocado monumentales insultos a la inteligencia de los ciudadanos, como aquel chivatazo a ETA en el bar Faisán para evitar la detención de terroristas y, así, fortalecer el llamado proceso de paz de Zapatero, como aquella repugnante manipulación en el 11-M.
Aunque en ningún momento justifiques a estos policías, en algunos de esos instantes de tribulación ya no sabes si considerarlos seres perversos que deberían ser encarcelados a toda costa, o percibirlos como un mal necesario que conviene a las sociedades occidentales porque se encargan del trabajo sucio, ese para el que los demás no quieren mancharse las manos. Finalmente, cuando tienes la cabeza fría y observas los hechos con detenimiento, eludiendo prejuicios y siendo lo más honesto posible, eso que debe hacer todo periodista, concluyes que individuos semejantes no deben campar a sus anchas en una sociedad que quiera llamarse democrática.

La primera lección que cabe extraer de la crisis catalana es la unión sin fisuras que mantienen los grandes custodios de la democracia borbónica. A saber: el bipartidismo, las grandes empresas y la Corona. Todas las elites reunidas para mantener el statu quo y, con ello, sus privilegios, claro está. El PP y el PSOE andan habitualmente a la gresca por casi cualquier cuestión mundana, pero, en cambio, se pusieron rápidamente de acuerdo para hacer un frente común respecto a la crisis catalana. Tampoco tardaron demasiado en acordar la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, pese a la gravedad que implicaba una decisión así.
También tomó cartas en el asunto la propia monarquía. Pero lo hizo, esto es decisivo, con el plácet del Gobierno y la oposición, a los que la Casa del Rey consultó previamente y quienes después aplaudieron, raudos y obedientes, la famosa alocución del rey. El 3 de octubre, tras no pocas reuniones, llamadas, discusiones y presiones en el Palacio de la Zarzuela, Felipe VI grabó un mensaje a la nación que se emitió a las nueve de la noche. Fue un discurso duro, de respuesta contundente a los nacionalistas. El monarca, con tono y rictus serios, arremetió contra las intenciones de los independentistas, a los que acusó de «deslealtad». Pidió a «los poderes públicos» actuar para «asegurar el orden constitucional» y remarcó el «firme compromiso de la Corona con la Constitución y la democracia», así como «mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España».
A la respuesta del sistema a la crisis catalana del bipartidismo y la Corona también contribuyeron, tras el 1-O, al visualizar cerca el peligro, las grandes empresas, que hasta entonces, hasta que sintieron miedo y hasta que cruzaron las llamadas preceptivas con las otras elites, habían callado y otorgado durante todo el conflicto entre el Gobierno y la Generalitat. Que el dinero es cobarde ya se sabía. Huye ante la inestabilidad. Pero los Isidre Fainé y compañía quisieron remarcar su desacuerdo con el procés mediante una escenografía inesperada. Las principales compañías del Ibex 35 dieron la espantada tras el referéndum y el mensaje de Felipe VI. Caixabank, el Banco Sabadell, Gas Natural y Aguas de Barcelona anunciaron de forma consecutiva que se largaban de Cataluña, puesto que simbólica y temporalmente trasladaban sus sedes sociales a Madrid o Valencia o donde fuera necesario. Un ejemplo más de cómo las elites tocan a rebato cuando llega el momento de socorrerse entre sí.
Por mucho que todo el establishment se empeñe en luchar contra las demandas independentistas, legítimas aunque a alguien como al que suscribe no le gusten, por mucho que las elites políticas de ambos bandos se enroquen en sus posturas para defender sus respectivos cotarros, por mucho que los tribunales apliquen o incluso retuerzan la ley contra los líderes del procés y por mucho que se confundan interesadamente el legalismo y la democracia, la realidad es que en torno al 80 por 100 de los catalanes, entre ellos altos porcentajes de los votantes de formaciones constitucionalistas, están a favor de que se celebre un referéndum. Unos quieren que sea sobre la independencia y otros prefieren que verse sobre un mayor autogobierno, pero todos quieren que hable el pueblo soberano.

La sociedad va por delante del establishment. En el caso de nuestra democracia, borbónica por los Borbones y por el pertinaz borboneo de sus elites, ocurre que la aleación conformada por los severos peajes antidemocráticos que se pagaron en la Transición, el bipartidismo que abomina de regenerarse y el capitalismo clientelar que busca perpetuarse, agudiza más, si cabe, esas imperfecciones sistémicas.

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The author dissects our young democracy addressing in each chapter each of the institutions that, since the outbreak of the economic and social crisis in Spain, are in question. Although the cover may mislead, it is not a criticism exclusively against the monarchy. That is, it is not a summary trial of the role of King Juan Carlos I in the construction of Spanish democracy. The book also talks about the corruption of the largest companies in the country, their relationship with power and the various governments of the day.
Especially interesting are the chapters dedicated to Villarejo and the sewers of the State, as well as the episode that deals with the capitalism of friends, where the author makes clear, always with data, the politicization of the institutions on which our democracy is founded.
In short, an essential work for the reader to inform himself and obtain a more complete vision of the democracy in which he lives, precisely in a year in which so much electoral appointment coincides and where the citizen has so much to say.
The book is a cure against oblivion, where which Dante in the divine comedy will lead us to contemplate the abuses perpetrated by classes that, took power in the constitutional law and, there they have remained. While the plain people had no choice but to train us, their friends, offspring and close friends, they took positions that were great for them and, when the time came, they didn’t know how to measure up, or they didn’t care.
– Well, we will find that in the play, characters, media, networks, bribes and all the effects of a system that must evolve and in which types such as Villarejo, King Emeritus, his yoga colleagues, the Nazionalist Catalan thieves, media , will be shown as defined by their actions, simply and simply,
– Therefore a book that stings but necessary, so as not to allow so much chorizo so much impunity, with a clear reading and full of data (almost always extracted from the same sources) that has as defects the clear spelling mistakes, some repeated sources and doubtful probity and not reach many people before thinking who to vote.

All roads lead to the Palace of La Zarzuela. From there, the Bourbons reign 43 years ago thanks to the designs of the dictator Francisco Franco, first, to the audacity of Juan Carlos I and Adolfo Suárez, later, and to the consent and complicity of the PSOE and the PP, finally. The two parties that have ruled Spain during the past 35 years are the main guarantors of the political system that emerged from the Transition and underpinned by the 1978 Constitution, but they are also connected with other factual powers that co-govern in the shadow. The facts show that political and economic elites have shared power and loot for 40 years.
Irregularly financing political parties in exchange for favors in the form of public works awards is an endemic evil that must be combated, but there are many other forms of corruption common in Spain, worse and more sophisticated than theft. There is the lacerating rescue of savings banks, with the case of Bankia as the main example, including those black cards that would make any decent person vomit. There are the embarrassing fiscal amnesty, the legislation that obeys the pressure of the lobbies, the double yardstick of Justice, which is not the same for everyone, the revolving doors, always ajar for the mandamases of politics, the gift of university degrees to political leaders or the opacity in the expenses of the Crown. Truculent matters that not only consist in the criminal conduct of an isolated individual or an organized mafia to commit a crime, but are in the very roots of the system in which we live. They are part of it. They are the failures of a democracy where elites bustle in abundance.

The Francoist elites that came from the dictatorship embraced democracy with such pleasure because they played with advantage, they had the cards marked, they knew that they would not perish with the change and would keep their privileges intact.
Suárez and Juan Carlos I negotiated secret alliances with part of the democratic opposition, the one that at first doubted them, of course, behind the backs of the most recalcitrant and bunkerized Francoists. Following the maxim of “divide and conquer,” they spoke separately with the democratic parties to get them to join the ongoing process. They met with the big bankers to guarantee that there would be a change, yes, but not drastic but continuous, so that the value of the shares and the management of their fortunes would be safe. They also reassured and coaxed the great businessmen and the families who had lived most comfortably during the dictatorship: there would be no expropriations, nationalizations, or past trials. A new era was beginning for the country.
The Spanish Transition was a success, yes, but it has become embellished, mythified and even sanctified as if it had been an unbeatable creation. As in all major social contracts, in this case there is also small print. It is there where great stories of democratic struggle and sacrifice nest, but also the reliable evidence that shows that things were not so simple, or so peaceful, or so syrupy. The system that emerged, a liberal democracy in use that took the form of a parliamentary monarchy, had to pay a series of undemocratic tolls. The basic consensus was built on fragile foundations, because under the system building there is no concrete reality but a mortar of renunciations and myths that break down more and more as time goes by. Waivers that have caused some of the endemic problems of democracy. And myths that have served to sweeten the story about what really happened.
The scheme that was taken from the sleeve Juan Carlos I, Suárez and his collaborators comes to say that only thanks to the monarchy Spain has democracy. In that way, the national democratic system, embodied in the Constitution, was made according to the needs of the Crown, as a kind of payment of the Spanish to the king for that historical debt.
For obvious reasons, the Constitution of 78 established excessive protection for the monarchy. Not only because it was restored as a form of the State or because the hereditary mechanism was established in favor of the Bourbons, as already explained, but by the facilities granted to the King’s House to do, as he has done, what he did would come in without any restriction. On the one hand, he was blind to the monarch, since article 56.3 says that “the person of the King is inviolable and not subject to responsibility.” On the other, it was provided, as stipulated in article 65, that “the King receives from the State Budget a lump sum for the support of his Family and House, and freely distributes it.” With these articles the immunity and opacity of Juan Carlos I was cemented, which was given to the good life without brake or limits.
When the Ibex 35 was created, in 1992, a triumphant year for Bourbon democracy for the Barcelona Olympic Games and the Seville Expo, showcases for the world of modernization of the country, numerous former Franco positions were already on the boards of directors of listed companies. Their hinges were well oiled by the force of custom, the revolving doors that have also reached their zenith in democratic times. All these trappings, only possible thanks to the Francoist inheritance that was normalized in democracy, are dealt with in detail in the following chapters.
The case of savings banks, perhaps the best exponent of the Iberian elite, is a good example of how the conditions that allowed subsequent embezzlement were established at the beginning of democracy.
The lack of citizen participation in decisions and the progressive loss of sovereignty are phenomena that go hand in hand. They are happening throughout Europe, where a mutation is taking place towards what the aforementioned Emilio Gentile has called “recitative democracies”.

The excessive shelter that the laws provide to the Crown is another example of the low quality of our democracy. Freedom of expression should prevail so that the head of state or any other member of his family can be criticized without fear of going to jail. Therefore, it is mandatory to ask where these laws come from that walled the monarchy so that it is almost untouchable. And the answer is, for the umpteenth time, the magic word: Transition.
When they were needed, in 2014, the PSOE and the PP, as good defenders of that monarchical legitimacy, contributed greatly to guarantee the permanence of the system that emerged from the Transition and to shield the Crown again. Because with their attitude they facilitated the orderly throne change that the monarchy needed. Juan Carlos I decided to abdicate in favor of his son, Felipe VI. The scandals that shook and eroded the institution, from the fall of the then king in Botswana to the Nóos case that pointed to Torrentiano Iñaki Urdangarin, were decisive in the decision of a monarch whose battered health also contributed his own.
Juan Carlos I, Felipe VI, Alfonsín, Spottorno, Ayuso, Santamaría, Renovales, Rubalcaba, Sanz Roldán and company got their way, because their plans were followed millimetrically, without a single change on schedule. Some shy voices of the PSOE criticized the way in which Juan Carlos I was blind; in fact, all the socialist deputies abstained in the votes of that legal triquiñuela only approved with the votes of the PP, although, as we have seen, the socialists were part of that plan. The president of the Congress, Jesús Posada, of the PP, described as “bungling” the way chosen to bring out the outgoing king and thus perpetuate his privileges, but no one cared. Soon the complaints were extinguished, in the midst of the expense for the change in the throne, which went ahead without frights, as they had jointly designed in Moncloa and Zarzuela. It was, it cannot be denied, a perfect operation of the political elites to favor that diffuse “stability” that only favors the economic and social elites. There was, in effect, no rebounds of the risk premium, if that matters to anyone.
When PP and PSOE come to say, even if they do not verbalize it for intellectual hygiene, that “with the Constitution is not played”, they are really saying that “with our way of life it is not played”. Because the Magna Carta is, for them, a way to consolidate their own survival, that they understand, according to the facts, as power machinery that has something to defend, the “legality” so brought and carried, and they have something to share , the positions in the Administration and the consequent power. Everything is one for them. They defend the sacred Constitution because they are defending themselves. They speak, affecting the voice, of the “rule of law” or of the “rule of law,” but, when it suits them, as we have seen in some of these examples, they agree to collapse on the Constitution and circumvent or change the legality according to your convenience. Hypocrisy, deceit and overacting to continue charging at the end of the month.

Despite the crisis unleashed, both Zarzuela and Moncloa relied on the same man to end the scandal: the director of the CNI. They did not matter his intimate friendship with Juan Carlos I, nor his enmity with Villarejo, nor the accusations that Corinna poured against him in the recording of marras. He, Félix Sanz Roldán, had to explain everything – or hide everything, rather – in parliamentary headquarters. A few days later, in fact, he expressly requested to go to the Congress of Deputies to offer his particular version of the case. The request came after consultation with the Government and the King’s House. That is, it was conchabado with the two centers of power to which he had to defend.
Any neutral observer would soon realize that the content of the tapes, in addition to his excellent link with the monarch emeritus and his confrontation with Villarejo, should disable Sanz Roldán, despite his position, as responsible for giving an official response. But the opposite happened to the logical. Parliament announced that the director of the CNI would appear in the Commission for Control of Credits for Reserved Expenses, better known as the “commission of official secrets” …
Beyond the intentions of some and other professionals of the trick and seepage, it was possible to have elucidated if Juan Carlos I actually charged commissions for the AVE to Mecca, hid his millionaire heritage in Switzerland, he accepted the tax amnesty of 2012, he used Corinna and Álvaro de Orleans as frontmen, flew on Air Partners paying for the trips with his hidden money in the Swiss country, ordered Sanz Roldán to steal documentation from his former lover and threaten her, participated in some way in the Nóos case or He stayed part of the money of the Hispanic-Saudi fund. I repeat, it was possible to know. How? Very simple: asking Corinna, whether in judicial headquarters, and in parliamentary headquarters. But once again the elites helped each other. The great custodians of Bourbon democracy, bipartisanship and judges and prosecutors, prevented the office witness from taking the stand to speak.
In the first days of September 2018, in the same week, the possibilities of unraveling the truth about Juan Carlos I and his alleged crimes disappeared. These possibilities did not disappear by themselves, but they buried them both in the Congress of Deputies and in the National Court. And, oh coincidence !, with just 72 hours of difference and using the same excuses of bad loser.

Sanchez, Doctor of Economics, do not forget, he decided to name his friend Serrano, oh coincidence of chance, president of the State Society of Posts and Telegraphs SA The former shadow of the leader of the PSOE became, overnight, in the head of a public company with more than 50,000 workers and millions of euros of losses. The salary for this charge is 190,000 euros per year. That is, 14 payments of more than 13,000 euros per month. Not bad as payment for services rendered.
Sánchez’s fingers, which are not scarce or minor. One of the most scandalous cases was the appointment of José Félix Tezanos as president of the Center for Sociological Research (CIS). This is a veteran socialist – four decades of militancy behind him – who for years was one of the visible faces of war and that in recent times showed another militancy, more fierce and perhaps better paid, that of his sanchismo. In June 2017, during the 39th Congress of the party, after Sanchez’s victory over Diaz, the aged Tezanos was elected Secretary of Studies and Programs of the Federal Executive Commission.
Sanchez’s placements do not end in the cases cited, which are not even, oddly enough, the most scandalous. Manuel Escudero, secretary of Economic Policy and Employment of the PSOE, known as the economic guru of Sánchez, was appointed by his apprentice as ambassador of Spain to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), based in Paris. Another pure-strain sanchista who pocketed 10,000 euros gross per month. The best thing about this case is, in addition, that Escudero replaced in the position the former minister José Ignacio Wert, who starred, without a doubt, the most grotesque piece in the years of Mariano Rajoy as president of the Government.
Sánchez’s plugs, like those of the rest of governments in the past, are inexhaustible. The Government of the PSOE placed in the presidency of Renfe Isaías Taboas, former Secretary of State for Transportation with Zapatero; He placed Jesus Huertas, former high-ranking member of the Junta de Andalucía, in charge of the State Lotteries; He connected José Vicente Berlanga, former number two of the PSOE in the Valencian Community, as president of the National Company of the Uranium (Enusa), and appointed Ignacio López Cano as executive director of Maritime Rescue, executive secretary of Social Movements of the same political formation.
Of course, in almost all of these cases, those chosen by the PSOE arrived to replace others previously plugged in by the PP.

If there is a case that exemplifies better than any other the failures of Bourbon democracy, this is the scandal of the black cards of Caja Madrid. This issue, which is framed in an even more serious and large one, the great Bankia scam, evidences better than any other the connections and the stumbling blocks of the different political, economic and media elites. Of all the excesses known in recent years (and I say acquaintances, because it hurts only to imagine everything we do not know), this takes the cake.
Because it is a scandal where politicians of all colors, bankers, powerful businessmen, big businessmen and, of course, characters linked to the Crown are involved. All of them co-opted to plunder a public financial institution, Bankia, which after the deplorable theft that included, of course, the nights of debauchery, perhaps including bereft, that some of these distinguished gentlemen were paid, had to be rescued with everyone’s money the Spaniards for the resounding failure of their IPO. The bill was 23,000 million euros that were paid with public money. A few, the types of elites, steal. The rest we pay the account of their ravings.
Thus, legally, whether through the publicity with which he blackmails, or through donations of a social nature, the different elites in the Bourbon democracy are paid and demanded from each other. Although they have also done it illegally, and you will know how much, through undeclared money, whose best example is the case of black cards.

The global financial crisis that broke out after the fall of Lehman Brothers in 2008 struck Spain with special fierceness. The reasons have to do, above all, with the housing bubble promoted by the governments of the PP and the PSOE and that the Bank of Spain, controlled by those related to those parties, failed to monitor. In 2012, given the possibility that the entire Spanish banking system would fail, the PP government requested a bailout from the European Union. Those responsible for that decision remarked that it would be free to taxpayers. Especially, the Minister of Economy and former Lehman Brothers, Luis de Guindos, insisted again and again that this strategy would not cost “not a euro” to the Spaniards. In 2017, the Bank of Spain estimated at 60.6 billion euros the losses of the State for the rescue; of that amount, 39.5 billion euros will be paid by taxpayers.
It’s like the whiting that bites its tail. Blindness about the problems of the banks that regulators demonstrated, such as the Bank of Spain itself and the National Securities Market Commission (CNMV), as well as the different governments, on the one hand and the stupidity of savings banks managed by politicians from each autonomy, on the other, they made the crisis more serious in our country and, therefore, the financial sector deteriorated even more than in other countries.
Everyone who paints something in Spain knew, many years ago, that the savings account system was a real disaster. Each Autonomous Community had set up its own beach bar in the form of a bank. Thus, with public money and, worse, with the money of the clients, confident because they could not imagine that their box was going to go bankrupt, the matter worked. Of course, in each regional box they were placed, as we saw in the case of Caja Madrid, members of political parties, trade unions and employers, always with a quota system for which the most powerful formations had more advisers. Everyone who paints something in Spain knew, too, that this system was going to explode. But they looked the other way.
In addition, the State has to assume a figure that is not closed but will range between 4,000 and 6,000 million euros. All this for having built highways that perhaps were not necessary, which of course have not been profitable and that, at least in the case of Madrid radio stations, almost no one uses. And thanks to obsolete legislation that launched the Franco regime. Again, the hypothesis that could be raised is what would have happened if, by chance or a gift of destiny, these highways had worked like a charm thanks to a massive use and, therefore, had generated enormous benefits. The only certainty is that the profits would not have been nationalized or socialized. Because in the Bourbon democracy the taxpayer only participates in these big businesses – the financial system, the pharaonic projects or the toll roads – when it comes to resolving the disaster with their money, which, remember, “is no one’s”.

If Juan Carlos I was a regular visitor to the majestic offices of Telefónica, it was even more so, even if it was metaphorically, because perhaps I never stepped on the premises, Iñaki Urdangarin, that man who, if there was justice, of the poetic or of which either, would end up starring in a Torrente movie with Cañita Brava and other similar beings. In 2006, when he lived in Barcelona, he was appointed advisor to Telefónica Internacional and honorary president of Interactive Generations, a group formed by the operator and other entities such as the University of Navarra. But the best, as always in the course of this man, was yet to come.
As in all Ibex 35 houses they have beans, it is mandatory to mention here that Telefónica was not the only one who took care of the daughter and son-in-law of the retired monarch. La Caixa could not miss the appointment. In this case, the entity chaired by Isidre Fainé, who has smoked a few cigars with Juan Carlos I, had hired the king’s daughter since the 1990s. The case symbolized, in fact, the great example of how a member of the Royal Family could make a living on their own. The typical false portrait that is machined in Zarzuela to sell to the Spaniards the supposed modernity of an anachronistic institution by nature such as the monarchy. Then, when the great scandal that ended with the Dukes was lost, losing the title and Iñaki’s bones in jail, the reality became clearer.
Because in 2013, with the Nóos case in full boil and the reputation of the Crown for the soil, La Caixa made the Infanta responsible for the International Area of its Social Work. It was, in purity, a social work, but to help the Crown, in addition to the perfect excuse for the marriage to move to Geneva (Switzerland), far from the noise and justice of the country that saw them born.
In 2013, Iván Rosa arrived to Telefónica with a great noise, known, above all, for being Soraya Sáenz de Santamaría’s husband, at that time almighty Vice President of the Government. Rosa ended up in the company’s legal department. This state lawyer was part of the famous promotion known as La Gloriosa due to the many positions that have ended up occupying its members. His wife allegedly refrained from participating in the councils of ministers where decisions related to Telefónica were made.
In the reference year, 2016, Ibex 35 companies had 1,380 companies open in tax havens or niches, 8 percent more than in 2015. Banco Santander leads the classification with a great difference, because it has 349 subsidiaries of this type distributed by places like Delaware (United States), Panama, Bahamas, Singapore, Cayman Islands, Switzerland, Gibraltar, the Netherlands or Hong Kong. The second place is for ACS, the large construction company of Florentino Pérez, with a whopping 197 subsidiaries of this type, located in sites as different as those mentioned in the case of the bank and others such as Luxembourg, Barbados, Fiji Islands, Mauritius or Botswana .
Third place goes to ArcelorMittal, the Spanish branch of the iron and steel empire of the Indian Lakshmi Mittal, with 128 companies in places where less taxes are paid. It is followed by the giant Repsol, since the company chaired by Antonio Brufau, the man who never leaves although seems to want to leave, enjoys 97 subsidiaries based in these strange places. It closes the list of the five companies with more presence in paradises and tax niches Inditex, that is, the Zara empire led by Amancio Ortega, with its 69 companies also distributed throughout the world.
Of the total subsidiaries that can benefit from tax advantages or bargains, 515 are in Delaware, 173 in the Netherlands, 103 in Ireland, 79 in Luxembourg and 48 in Hong Kong.
During the rales of felipism, first, and the eight years of aznarismo, later, this trend of privatization of the main public companies and mergers between large banks continued, which ultimately formed the large companies that now, in 2018, continue commanding Ibex 35. There was no lack of intrigue, in which governments intervened, of course. And things happened that, although they are well known, still seem inconceivable, even aliens, such as the aforementioned delivery of Telefónica to Juan Villalonga thanks to his friendship with Aznar, the decisive role played by Rodrigo Rato so that Francisco González was done with the controls BBV, or the battle to the death between Gas Natural and the Government of Zapatero against Endesa, which ended up in Italian hands. To this we must add the mutual hoods that, as explained, the Crown and the most important companies have been cast. It is clear that the connivance of political and economic power ends up causing not only strange bedfellows, but also bizarre events.
Sanchez’s arrival in power did not vary too much the bleak panorama of this Bourbon democracy. Systemic problems continue as before. None of the tares that have been dragged have been resolved, nor do they have any resolution. Because, as seen in the chapters dedicated to the shielding of the Crown, to the plug-in in the institutions, to the university degrees given or, above all, to relations with the economic elites, the PSOE is part of the problem and not of the solution, as custodian and support, together with the PP, of the political system born in the Transition. A rotten system where the betrayers are persecuted more than the corrupters.

In Bourbon democracy, tax evaders are forgiven. Instead of persecuting them hard and relentlessly, from time to time they are offered amnesties to regularize their hidden money. And they are charged, therefore, less taxes than they should pay if they contribute to the coffers of the State like the rest of Spaniards. It’s the world upside down. Because those who commit crimes are not punished, but rewarded. Thus gratifying the offender implies, in addition to recognizing that the State is unable to do its job in the face of those extractive elites that have resources and mechanisms for financial engineering, an insult to the middle and lower classes that, against wind and tide, get pay up to the last cent that the Administration claims. Also, this practice, of course shared by the PSOE and the PP, involves encouraging these elites to continue evading, disappointing and bleaching. It is admitting defeat against the powerful. It is another form of corruption.
The 2012 tax amnesty is an insult to the taxpayer who religiously pays his taxes at the end of the month. But it is not the only measure of grace enjoyed by the powerful and their friends thanks to the makers of the system. The governments of the PP and the PSOE, on the one hand, and the judges of the Judiciary placed by those same parties, on the other, have forgiven a few big fish of the patriotic capitalism. Other amnesties, in short. Because, whatever is said, in Bourbon democracy, justice is not the same for everyone. Some always leave rositas.
Perhaps the most scandalous case, gross and obvious, is the pardon of Alfredo Sáenz Abad, vice president and CEO of Santander. It was Zapatero’s last relevant decision as president of the Government. The PP of Rajoy had already won the general elections of November 20, 2011 and, therefore, the Executive of the PSOE was in office. However, both parties, PSOE and PP, agreed on an unprecedented maneuver: pardon the number two of Santander, right hand of the president of the bank, his inseparable Emilio Botin. Thus, at the first meeting of the Council of Ministers after the general elections, on November 25, 2011, the Government chaired by Zapatero commuted the penalty that weighed on Sáenz and allowed him to continue as a banker.

The operation to save soldier Cebrián, which took place in 2012, featured three large banks: La Caixa, Santander and the British HSBC. The banking entities were the main creditors of the group and they reached an agreement so that 350 million euros of the debt became convertible bonds. Which meant that, two years later, in 2014, they became the main shareholders of the communication group. Next to them, of course, Telefónica, which contributed 100 million euros to this rescue party in exchange for becoming, at that time, the reference shareholder of the group. Bankers and the telecommunications giant landed on the board of directors of Prisa. It does not seem the most appropriate for a communication group whose media, by nature, must monitor and narrate, where appropriate, the excesses of these listed companies.
All these operations to save Prisa also have a common denominator: they exemplify how client capitalism works in Spain. Because political power had a lot to do with the fact that all plans, however bizarre, went well. With this traditional excuse that this holding company was a “strategic company” because of its social and economic relevance, the PP Government, yes, on the right, helped everything that could refloat the fading giant.
Cebrián always earned astronomical salaries. But sometimes in their own home they did not know or did not want to know. In March 2014, El País published information entitled “The members of the million-euro club”, where, as the successful headline indicated, the millionaire salaries of the highest paid managers were collected, both inside and outside the Ibex 35, based on the CNMV documentation. The informative piece, very complete, included a graphic with all the names of the magnates, whom he called “milloneurists”, and the amounts received by them in 2013. Casualties of life, Juan Luis Cebrián did not appear on the chart or in the information, despite the fact that he won 2.1 million euros that year.
The case of Milloneurist Cebrián is just an anecdote. Obviously, the fact that Prisa literally ended up in the hands of banks and investment funds, who have no other ideology than money for money, caused consequences worse than negative in the media of the holding.
The economic progress of the media conglomerate and the editorial line of El País went hand in hand, as they have always been in Prisa, both to take care of the PP of the untouchable Santamaría and to get away from Pedro Sánchez, general secretary of the PSOE that stung Cebrián and company.
The penultimate war for the control of Prisa, in particular, and the history of the group full of murky power operations, in general, are the palpable demonstration of the perpetual mating of these political, economic and media elites, who are not put nothing ahead to achieve their interests, often spurious. The successive bailouts that have freed Prisa from bankruptcy are another example of how the capitalism of friends has also worked better than well in the media sector. A sector that by nature would have to be very transparent but that, in practice, is one of the most opaque in the economy.

Villarejo’s works for big businessmen ceased to be mere suspicions and became incontestable facts thanks to the information that the Independent revealed in October 2018. Finally, it was documented what many knew but hid and what many others did not want to believe. Half police and half spy had worked for the flower and cream of Ibex 35. The business group of Villarejo, called Cenyt (acronym for Exclusive Club of Business and Transactions) and based in the Picasso Tower, very close to offices of these large companies, invoiced Santander, Caixabank, Repsol, Mutua Madrileña and Iberdrola for various reasons. There is nothing. But, above all, the holding company created by the former commissioner worked for BBVA, its largest payer.
The bank then chaired by Francisco González, feared by almost everyone and known in the business world as FG, paid 5 million euros to Villarejo companies between 2012 and 2017. Two of the companies controlled by the undercover agent issued up to 21 invoices that paid the prestigious bank. When such a scandal was uncovered, from the bank they argued that they obliged their contracted to “comply with the law” in the work they were commissioned.
In sum, because of its connections and its chores, Villarejo represents perhaps better than any other policeman the way to proceed that for decades has been a custom in Bourbon democracy and that more and better has favored political and economic elites. But he is not, by far, the only character in this guise. As explained in previous chapters regarding different public institutions, appointments are imposed by the ideological affinity in the Police and not by the merits of the elected. Invariably, each new Government, specifically each Interior Minister who swears in office, changes the main police leaders at the convenience of the party. An attitude shared by PP and PSOE that has been normalized by force but is not normal. No logic Not fair.
The politicization of the Police, the partisan use of it and the consequent finger placement of police officers have provoked monumental insults to the intelligence of citizens, such as that sneak to ETA in the Faisán bar to prevent the arrest of terrorists and, thus, strengthen the so-called Zapatero peace process, like that disgusting manipulation in 11-M.
Although at no time do you justify these policemen, in some of those moments of tribulation you no longer know whether to consider them evil beings who should be imprisoned at all costs, or perceive them as a necessary evil that suits Western societies because they handle dirty work, that for which others do not want to stain their hands. Finally, when you have a cold head and observe the facts carefully, avoiding prejudices and being as honest as possible, what every journalist should do, you conclude that similar individuals should not be at ease in a society that wants to be called democratic.

The first lesson that can be drawn from the Catalan crisis is the seamless union that the great custodians of Bourbon democracy maintain. Namely: bipartisanship, large companies and the Crown. All the elites gathered to maintain the status quo and, with it, their privileges, of course. The PP and the PSOE usually go to the gresca for almost any mundane issue, but, instead, they quickly agreed to make a common front regarding the Catalan crisis. Nor did they take too long to agree on the application of article 155 of the Constitution to suspend autonomy, despite the seriousness of such a decision.
The monarchy itself also took action on the matter. But he did it, this is decisive, with the placet of the Government and the opposition, whom the House of the King previously consulted and who later applauded, quick and obedient, the famous address of the king. On October 3, after a few meetings, calls, discussions and pressures at the Palacio de la Zarzuela, Felipe VI recorded a message to the nation that was issued at nine o’clock at night. It was a hard speech, with a strong response to the nationalists. The monarch, with serious tone and rictus, lashed out at the intentions of the independentists, whom he accused of “disloyalty.” He asked “the public authorities” to act to “ensure constitutional order” and stressed the “firm commitment of the Crown to the Constitution and democracy,” as well as “my commitment as king to the unity and permanence of Spain.”
To the response of the system to the Catalan crisis of bipartisanship and the Crown also contributed, after 1-O, to visualize the danger closely, large companies, which until then, until they felt fear and until they crossed the mandatory calls with the other elites had been silent and granted throughout the conflict between the Government and the Generalitat. That money is a coward was already known. Run away from instability. But the Isidre Fainé and company wanted to highlight their disagreement with the process through an unexpected set design. The main companies of the Ibex 35 gave the frightened after the referendum and the message of Felipe VI. Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural and Aguas de Barcelona announced consecutively that they were leaving Catalonia, since they symbolically and temporarily moved their headquarters to Madrid or Valencia or where necessary. One more example of how the elites play a blast when it comes time to help each other.
As much as the entire establishment is determined to fight against the independence demands, legitimate even if someone like the undersigned does not like them, no matter how much the political elites of both sides are rooting in their positions to defend their respective cotarros, however much the courts apply or even twist the law against the leaders of the procés and as much as legalism and democracy are confused, the reality is that around 80 percent of Catalans, including high percentages of constitutionalist voters , are in favor of a referendum. Some want it to be about independence and others prefer to be about greater self-government, but everyone wants the sovereign people to speak.

Society goes ahead of the establishment. In the case of our democracy, borbonic by the Bourbons and by the persistent Bourbon of their elites, it happens that the alloy formed by the severe antidemocratic tolls that were paid in the Transition, the bipartisanism that abominates from regenerating and the clientelist capitalism that seeks to perpetuate itself , sharpens more, if possible, these systemic imperfections.

4 pensamientos en “La Democracia Borbónica: De Cómo Las Élites Se Reparten El Poder Y El Botín — Alberto Lardiés Garraleta / Bourbon Democracy: How Elites Share Power and Loot by Alberto Lardiés Garraleta (spanish book edition)

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