Es un libro excelente. Es la mezcla exacta de divulgación y rigor que acerca a los ciudadanos la figura de los jueces «de trinchera» entendiendo por tales, los que les ha correspondido ser defensores de la ciudadanía como último recurso. Muy interesante porque no solo habla de sus carreras profesionales, sino que nos acerca a ellos como personas.
La expresión juez estrella nació como un insulto. A finales de los años ochenta del pasado siglo, algunos magistrados alcanzaron fama, pero no por su rutilante labor instructora ni por la publicidad alcanzada por los mediáticos asuntos investigados. Ciertos poderes políticos y económicos, y sus medios de comunicación afines, endosaron ese apelativo a determinados instructores a los que quisieron presentar ante la opinión pública como ansiosos por obtener fama y notoriedad, para lo que según esa versión recurrían a agigantar el contenido de sumarios que, en opinión de los investigados, carecían de materia penal que investigar.
El método es de sobra conocido. Primero se siembran dos o tres sospechas sobre los supuestos motivos ocultos del juez molesto. Las declaraciones críticas debidamente amplificadas de algunos de los personajes investigados son un buen abono. Luego conviene regarlo todo con un par de editoriales contundentes e incluso con algún artículo en el que un conocido experto en la materia demuestre la escasa capacitación jurídica del magistrado de turno.
La estrategia no era original, fue copiada de Italia, donde surgió esa invectiva dirigida a los jueces que impulsaron las primeras investigaciones contra la Mafia.
La expresión juez estrella, disparada como un insulto, ha caído en desuso. En cambio, aparece el concepto de juez de trinchera, el que se sitúa en esa primera línea de la persecución del delito de cualquier clase.
José Castro siempre ha defendido que no es bueno que los jueces ejerzan la jurisdicción en su tierra, porque eso siempre genera vinculaciones por la familia o de amistad.
Fue el 8 de febrero de 2014, sábado. Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999, aunque no empezó a tener actividad hasta que en 2003 Iñaki Urdangarin fue nombrado presidente. A partir de ese momento, logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del PP, así como del Ayuntamiento de Madrid, adjudicados a dedo y sin que nadie controlase el dinero público adjudicado. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 acabó en las empresas privadas de Urdangarin y de su socio, Diego Torres.
Dirigir el proceso contra el marido de la infanta Cristina concitó tal atención mediática que el juez Castro se cuidó siempre de que su investigación no alterase en exceso el normal desarrollo de las actividades del resto de los juzgados.
El principal argumento de los detractores —que son muchos— del juez Castro: la imputación de la infanta fue un empeño personal que no responde a elementos del proceso; no es una demostración de valentía, sino un empecinamiento personal en el que jugaría un papel más importante la idiosincrasia del instructor que la investigación judicial por él conducida.
Algunas alarmas comenzaron a sonar en ciertos estamentos, sobre todo en el entorno del rey Juan Carlos I. Desde el primer momento, la Casa Real desplegó toda su capacidad de maniobra para limitar las consecuencias del proceso instruido por el juez Castro. El propio monarca mantuvo frecuentes contactos con los fiscales generales Cándido Conde-Pumpido y Eduardo Torres Dulce, y conversaba casi a diario con el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar. Pero el paso del tiempo dejaba claro que todo el empeño puesto para frenar la instrucción del caso Nóos fracasaba mientras que la estrategia de defensa de Torres podía cobrarse una pieza de lujo, la infanta Cristina.
Castro y Horrach eran la pareja perfecta, hasta que en su vida se les cruzó una mujer, la infanta Cristina. Y la culpa fue del fiscal, que como de costumbre dedicó un fin de semana de julio de 2010 a expurgar entre una montaña de documentos relacionados con alguna de las tropelías del gobierno de Matas bajo investigación…
Emilio Calatayud, tras veintisiete años de impartir justicia a menores, es fiel a un estilo personal e iconoclasta que no siempre se atiene a las previsiones de la ley.
El juez Calatayud afirma que el 80 por ciento de los menores que pasan por su juzgado aprovechan la oportunidad y dejan el camino del delito. En la justicia que él imparte no cabe la venganza. Tampoco la condescendencia sin más. «El que la hace la paga, está claro, pero ahí no nos podemos quedar. Yo estudio mucho qué es lo que ha llevado a un chaval a ser delincuente y busco en la sentencia elementos que puedan corregirlo».
Su sensación personal es la de haber salvado a muchos jóvenes que parecían carne de presidio.
La jueza Ferrer sabe que por ser mujer lo ha tenido más difícil que sus compañeros varones, pero esa circunstancia tampoco ha significado para ella trauma alguno, si acaso un acicate para mejorar y superarse. No es que rehúya la imagen de heroína, es que en realidad es una circunstancia que tampoco le ha importado demasiado.
Cuando Ana Ferrer llega a la Audiencia Provincial de Madrid en 1996 se encuentra un tribunal moderno en nada sospechoso de machista. Presidido por una mujer, María Luisa Aparicio, la presencia femenina en aquella audiencia era ya equilibrada: mayoría en Penal, solo en las secciones de lo Civil seguía en minoría.
A pesar de esta evolución, la mujer siempre ha sufrido «cierta retracción» en la carrera judicial por factores sociales…
Su verdadera preocupación, obsesión casi, era en cambio la falta de preparación técnica, suya y de sus colaboradores, para desentrañar el mecanismo del desfalco a las arcas públicas a través de la contratación de obras de construcción de cuarteles para la Guardia Civil.
«Tenía una cosa muy clara: para investigar este tipo de corrupción necesitaba un asesoramiento económico para determinar cómo se organizaban las empresas, por lo que pedí un perito especializado que estuviera presente en la incautación de documentos durante los registros y que los analizase».
Tampoco fue fácil desentrañar el mecanismo urdido por Roldán y su socio, Jorge Esparza, para ocultar el dinero conseguido por ese sistema. El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) apenas colaboró, lo que no impidió a los investigadores certificar la activa colaboración de uno de sus empleados, Juan Jorge Prieto Paradina, en el proceso de lavado de los ilícitos fondos a través de la sociedad-pantalla Europe Capital.
Y nula colaboración obtuvo la jueza Ferrer del Ministerio del Interior a la hora de comprobar si parte del dinero robado por Roldán procedía de los fondos reservados, materia reservada donde las haya hasta que, años después, dejó de serlo.
Como en su día hiciera Aziz, M. A. G. C. interpuso una demanda en noviembre de 2013. El juez al que por reparto correspondió el caso valoró en junio de 2014 que los impagos supusieron incumplir el 1,38 por ciento del total de plazos pactados, un porcentaje muy reducido de los compromisos económicos adquiridos, por lo que no puede considerarse grave, dado que, además, «los impagos se producen en un contexto económico del país extremadamente grave». Por ello, de nuevo por primera vez en España, el juez ordenó a Bankia la devolución de la vivienda a la mujer desahuciada.
Otra vez fue Fernández Seijo quien abrió camino. Pero su avanzada resolución no supone que la beneficiada haya recuperado su casa. Bankia recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que aún no ha resuelto, y todavía faltan años para que el Supremo cierre el proceso. Los ritmos de la Justicia española tienen este tipo de inarmónicos pizzicatos.
Cuando Alaya habló en la Complutense, los medios de comunicación buscaban carnaza y la tuvieron. Durante la instrucción de los sumarios que han indagado lustros de posibles irregularidades cometidas por la Junta de Andalucía en la gestión del dinero público recibió «muchísimas presiones», dijo la jueza; en particular, del propio Gobierno autonómico, desde siempre en manos del PSOE andaluz, que puso «todas las trabas del mundo» a su trabajo al frente del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla. La «administración autonómica de turno», expresión elegida por la magistrada para referirse a la Junta de Andalucía, trató de frenar su investigación y para ello le negó los «medios necesarios» para acometer indagaciones tan complejas como las emprendidas por ella.
Según la jueza, no solo el poder político maniobró para frenar sus pesquisas, a veces «las presiones te cortan la respiración cuando vienen del lado equivocado, y siempre es el lado equivocado cuando vienen de tu casa». No en vano, «lo peor de la corrupción viene después, con las secuelas». No dio más pistas porque «quizás razones más graves que la propia prudencia me lo exigen». ¿A qué se refería la popular magistrada?.
En cualquier caso, la sentencia estaba dictada. El 13 de octubre, la Sala de Gobierno del TSJA acordó por unanimidad que la juez Alaya quedase de manera definitiva apartada de la instrucción de cualquier sumario del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, dada su «falta de colaboración y entendimiento» con su sucesora en el órgano judicial, de la que llegó a cuestionar «su idoneidad y su independencia». Dos días después, la Comisión Permanente del CGPJ, también por unanimidad, ratificó el acuerdo.
No hay precedentes de un conflicto de estas características en la reciente historia judicial española.
Toda la estrategia de defensa del PSOE andaluz se desmoronó de repente. Todo el desmedido trajín agitado durante un lustro desde el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla cobraba sentido de golpe y dejaba de ser una «causa general» contra la Junta de Andalucía, ese argumento de exculpación tantas veces repetido, para convertirse en el reflejo de la generalizada sensación de que, durante una década, todos los controles internos de la Administración andaluza fallaron de manera estrepitosa. En una Andalucía regada con el dinero de los fondos europeos y mientras los ingresos fiscales procedentes del negocio inmobiliario mantenían las arcas públicas repletas, ningún sistema aplicaba un control eficaz del gasto. Y de ese descontrol se beneficiaron decenas de arteros desaprensivos que hicieron fortuna desde o a costa de la Administración autonómica.
Respecto de las grandes empresas y sociedades de valores que acudieron a la oferta pública de acciones en su tramo institucional, el juez Andreu concluye que dispusieron de información sobre «otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas», por lo que en principio los excluyó como accionistas indemnizables. Estas firmas, que desembolsaron otros 1.200 millones de euros, no están dispuestas, sin embargo, a quedarse fuera de una posible compensación.
La fianza era imposible para los supuestos responsables de las irregularidades que rodearon la salida a Bolsa del grupo: el expresidente Rodrigo Rato y los exdirectivos Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. Así que, de pagar, sería la propia Bankia la obligada, pero la debilidad de sus cuentas lo imposibilitaba.
Es inevitable pensar en presiones, sobre todo al recordar las críticas que el juez Andreu recibió del Partido Popular, miembros del gobierno incluidos, por haberse precipitado al aceptar la competencia para investigar el caso. Incluso elementos externos del proceso o incluso más cercanos de lo que se pueda imaginar el lector trataron de influir en su ánimo. ¿Presiones evidentes? «Se pueden llamar así. Casi nunca se intenta influenciar a un juez de forma directa, pero sí que se han utilizado mecanismos para tratar de influir en su ánimo. Los jueces no vivimos aislados en una pecera, como cualquier otro ciudadano tenemos nuestros círculos de amigos, de conocidos, familiares, y a veces se pretende crear una especie de vínculo a través de ellos…
La única mácula que emborrona su expediente se produjo en octubre de 2012, tras la desarticulación de una trama de blanqueo de capitales vinculada a una mafia china, conocida como Operación Emperador. El juez Andreu prorrogó las setenta y dos horas de detención policial del supuesto cabecilla de la organización, Gao Ping, mientras realizaba diligencias de entrada y registro en sus naves industriales. La Sala de lo Penal, al debatir el recurso presentado por la defensa del sospechoso, afeó la actuación del juez y puso en libertad al detenido, que eludió la cárcel con una fianza de 400.000 euros.
No faltó quien le reprochó que su error hubiera provocado la excarcelación de peligrosos mafiosos chinos. Años después, el juez Andreu se mantiene en sus trece y, aunque asumió de manera pública su responsabilidad, sigue convencido de que su actuación fue correcta.
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It’s an excellent book. It is the exact mixture of dissemination and rigor that brings the figure of the «trench» judges to citizens, meaning that they have been responsible for defending citizenship as a last resort. Very interesting because not only does he talk about his professional careers, but he brings us closer to them as people.
The expression star judge was born as an insult. At the end of the eighties of the last century, some magistrates achieved fame, but not for their shining instructional work or for the publicity achieved by the media investigated matters. Certain political and economic powers, and their related media, endorsed that appeal to certain instructors whom they wanted to present to public opinion as anxious to obtain fame and notoriety, for which according to that version they resorted to aggravate the content of summaries that In the opinion of those investigated, they lacked criminal matters to investigate.
The method is well known. First, two or three suspicions are planted about the alleged hidden motives of the annoying judge. The duly amplified critical statements of some of the investigated characters are a good subscription. Then it is convenient to water everything with a couple of forceful publishers and even with an article in which a well-known expert in the field demonstrates the poor legal training of the magistrate on duty.
The strategy was not original, it was copied from Italy, where that invective aimed at the judges who promoted the first investigations against the Mafia emerged.
The expression judge star, shot as an insult, has fallen into disuse. On the other hand, the concept of trench judge appears, which is situated in that first line of the prosecution of the crime of any kind.
José Castro has always defended that it is not good for judges to exercise jurisdiction in their land, because that always creates ties for family or friendship.
It was February 8, 2014, Saturday. Nóos was a non-profit institute created in 1999, although it did not begin to have activity until in 2003 Iñaki Urdangarin was appointed president. From that moment, he won millionaire contracts of the Balearic Government and the Valencian Community, both in the hands of the PP, as well as the Madrid City Council, awarded by finger and without anyone controlling the public money awarded. Much of the almost six million euros that Nóos got from public administrations between 2004 and 2006 ended up in the private companies of Urdangarin and its partner, Diego Torres.
Directing the process against the husband of the Infanta Cristina drew such media attention that Judge Castro always took care that his investigation did not alter the normal development of the activities of the rest of the courts.
The main argument of the detractors – which are many – of Judge Castro: the imputation of the Infanta was a personal effort that does not respond to elements of the process; It is not a demonstration of bravery, but a personal stubbornness in which the idiosyncrasy of the instructor would play a more important role than the judicial investigation conducted by him.
Some alarms began to sound at certain levels, especially in the surroundings of King Juan Carlos I. From the first moment, the Royal House deployed all its capacity to maneuver to limit the consequences of the process instructed by Judge Castro. The monarch himself maintained frequent contacts with the general prosecutors Cándido Conde-Pumpido and Eduardo Torres Dulce, and talked almost daily with the then president of the General Council of the Judiciary, Carlos Dívar. But the passage of time made it clear that all the effort put in to curb the investigation of the Nóos case failed while Torres’s defense strategy could claim a piece of luxury, the Infanta Cristina.
Castro and Horrach were the perfect couple, until in their life they crossed a woman, the Infanta Cristina. And it was the fault of the prosecutor, who as usual devoted a weekend of July 2010 to expurgar among a mountain of documents related to some of the Mapel government’s stumbling blocks under investigation …
Emilio Calatayud, after twenty-seven years of imparting justice to minors, is faithful to a personal and iconoclastic style that does not always follow the provisions of the law.
Judge Calatayud affirms that 80 percent of the minors who go through his court take the opportunity and leave the path of crime. In the justice he imparts there is no revenge. Nor condescension without more. «He who pays it, of course, but we can’t stay there. I study a lot what has led a kid to be a criminal and I look for in the sentence elements that can correct him.
His personal feeling is to have saved many young people who looked like prison meat.
Judge Ferrer knows that being a woman has had it harder than her male partners, but that circumstance has not meant any trauma to her, if anything, an incentive to improve and overcome. It is not that he avoids the image of heroin, it is that in reality it is a circumstance that has not mattered much to him either.
When Ana Ferrer arrives at the Provincial Court of Madrid in 1996, a modern court is found in nothing suspicious of sexist. Presided over by a woman, María Luisa Aparicio, the female presence in that audience was already balanced: a majority in Criminal, only in the Civil sections remained in the minority.
Despite this evolution, women have always suffered «some retraction» in the judicial career due to social factors …
His real concern, almost obsession, was instead the lack of technical preparation, his and his collaborators, to unravel the mechanism of embezzlement to public coffers through the contracting of construction works for barracks for the Civil Guard.
«I had one very clear thing: to investigate this type of corruption, I needed financial advice to determine how companies were organized, so I asked for a specialized expert who was present in the seizure of documents during the searches and analyzed them.»
Nor was it easy to unravel the mechanism set up by Roldán and his partner, Jorge Esparza, to hide the money earned by that system. The Bilbao Vizcaya Bank (BBV) barely collaborated, which did not prevent researchers from certifying the active collaboration of one of its employees, Juan Jorge Prieto Paradina, in the process of laundering the illicit funds through the Europe Capital screen-society .
And no collaboration was obtained by Judge Ferrer of the Ministry of the Interior at the time of checking if part of the money stolen by Roldán came from the reserved funds, reserved matter where there are them until, years later, it ceased to be.
As Aziz once did, MAGC filed a lawsuit in November 2013. The judge to whom the case corresponded assessed in June 2014 that the defaults meant breaching 1.38 percent of the total agreed deadlines, a very high percentage reduced of the acquired economic commitments, reason why it cannot be considered serious, since, in addition, “the defaults take place in an extremely serious economic context of the country”. Therefore, again for the first time in Spain, the judge ordered Bankia to return the home to the evicted woman.
Again it was Fernández Seijo who made his way. But its advanced resolution does not mean that the beneficiary has recovered her home. Bankia appealed to the Provincial Court of Barcelona, which has not yet been resolved, and there are still years before the Supreme Court closes the process. The rhythms of the Spanish Justice have this type of inharmonic pizzicatos.
When Alaya spoke at the Complutense, the media looked for carnaza and had it. During the investigation of the summaries that have investigated five possible irregularities committed by the Junta de Andalucía in the management of public money, he received «many pressures,» said the judge; in particular, of the own Autonomous Government, always in the hands of the Andalusian PSOE, that put «all the obstacles of the world» to its work to the front of the Court of Instruction Number 6 of Seville. The «autonomous administration of the day», an expression chosen by the magistrate to refer to the Junta de Andalucía, tried to stop her investigation and for that she denied her the «necessary means» to undertake inquiries as complex as those undertaken by her.
According to the judge, not only the political power maneuvered to curb their inquiries, sometimes «the pressures cut your breath when they come from the wrong side, and it is always the wrong side when they come from your home.» Not surprisingly, «the worst of corruption comes later, with the consequences.» He gave no more clues because «perhaps more serious reasons than prudence itself require me.» What did the popular magistrate refer to?
In any case, the sentence was handed down. On October 13, the Government Chamber of the TSJA unanimously agreed that Judge Alaya be permanently removed from the instruction of any summary of the Court of Instruction Number 6 of Seville, given her «lack of collaboration and understanding» with her successor in the judicial body, from which he came to question «his suitability and independence.» Two days later, the CGPJ Standing Commission, also unanimously, ratified the agreement.
There is no precedent for a conflict of this nature in the recent Spanish judicial history.
The entire defense strategy of the Andalusian PSOE suddenly collapsed. All the excessive trajín agitated during five years since the Court of Instruction Number 6 of Seville acquired a sense of coup and ceased to be a «general cause» against the Junta de Andalucía, that argument of exculpation so many times repeated, to become the reflection of the widespread feeling that, for a decade, all the internal controls of the Andalusian Administration failed in a resounding way. In an Andalusia watered with the money of the European funds and while the fiscal income coming from the real estate business kept the public coffers full, no system applied an effective control of the cost. And from that lack of control benefited dozens of unscrupulous artisans who made their fortune from or at the expense of the autonomous Administration.
Regarding the large companies and securities companies that went to the public offering of shares in their institutional section, Judge Andreu concludes that they had information on “other complementary aspects of both their investment and risks, having more extensive knowledge of the that retailers have », so in principle they excluded them as compensable shareholders. These firms, which disbursed another 1.2 billion euros, are not willing, however, to stay out of possible compensation.
The bond was impossible for those responsible for the irregularities surrounding the group’s IPO: former president Rodrigo Rato and former directors Francisco Verdú, José Luis Olivas and José Manuel Fernández Norniella. So, to pay, it would be Bankia herself, but the weakness of her accounts made it impossible.
It is inevitable to think of pressures, especially when remembering the criticisms that Judge Andreu received from the Popular Party, including members of the government, for having rushed to accept the competition to investigate the case. Even external elements of the process or even closer than you can imagine the reader tried to influence his mood. Obvious pressures? «They can be called that. You almost never try to influence a judge directly, but mechanisms have been used to try to influence your mood. Judges do not live in isolation in a fishbowl, like any other citizen we have our circles of friends, acquaintances, relatives, and sometimes it is intended to create a kind of link through them …
The only macula that blurred its file was produced in October 2012, after the dismantling of a money laundering scheme linked to a Chinese mafia, known as Operation Emperor. Judge Andreu extended the seventy-two hours of police detention of the alleged leader of the organization, Gao Ping, while conducting entry and registration procedures in his industrial buildings. The Criminal Chamber, when discussing the appeal presented by the defense of the suspect, affected the judge’s actions and released the detainee, who evaded the prison with a bail of 400,000 euros.
There was no shortage of someone who reproached him that his mistake had caused the release of dangerous Chinese gangsters. Years later, Judge Andreu remains in his thirteen and, although he publicly assumed his responsibility, remains convinced that his performance was correct.
Consejo General Poder Judicial (CGPJ) is General Council Judicial Branch
David, earth planet , knopfler and a humble man 