La Tribalización De Europa. Una Defensa De Nuestros Valores — Marlene Wind / The Tribalization Of Europe by Marlene Wind

Un ensayo claro y lúcido del riesgo actual que para la Europa liberal suponen los tribalismos / populismos: el Brexit, el separatismo catalán, Hungría, Polonia…

La tribalización es una megatendencia global en el mundo actual. La elección de Donald Trump, el referéndum del brexit, movimientos populistas como el del separatismo catalán y el retroceso democrático en la Europa central y del este, son ejemplos claros de los mecanismos y de los efectos de la tribalización. Las tendencias clave en juego son el antiglobalismo y la política identitaria: la anteposición de las diferencias culturales al diálogo, la colaboración y los valores liberales universales. Pero la del tribalismo es una deriva peligrosa. Por culpa del tribalismo y del mencionado repliegue de las voces liberales, se está poniendo en riesgo la democracia misma. En muchos lugares, Europa incluida, la democracia ha sucumbido al «iliberalismo», que ha eliminado las elecciones libres, la independencia del poder judicial y la existencia de una prensa libre y crítica, e incluso ha cerrado universidades. El tribalismo, pues, no se reduce simplemente a priorizar la nación propia y ser antieuropeísta y antiglobal; es, en muchos casos, un movimiento más amplio y fundamental que nos lleva a renunciar a toda insistencia en la defensa de aquellos principios democrático-liberales que otrora compar­tíamos. Si Europa se construyó sobre la base de un espíritu de valores comunes e inclusión, el continente está di­vidido ahora por la que el semanario británico The Economist ha llamado «la nueva divisoria política» entre «los defensores de levantar muros y los globalistas». Y, por desgracia, son los que levantan muros los que llevan las de ganar en estos momentos ante unos globalistas cada vez más callados.

Todos esos proyectos requieren de atención pública para su proliferación. De ahí que, habitualmente, sus impulsores, jaleados por el coro de una prensa ávida de conflicto, escenifiquen mensajes de dramatismo y división ante los medios. Muchas veces, toda esa publicidad y esa agresividad tribal son una mera pantalla para distraer la atención pública de una corrupción subyacente. Así lo han evidenciado diversos miembros de la actual élite política en Hungría, pero también en Cataluña: la corrupción es un fenómeno en aumento. Pero no nos engañemos. También en las democracias consolidadas de toda la vida asoma cada vez más la cabeza toda esa retórica tribalista. Allí las formaciones políticas convencionales intentan a la desesperada recuperar el apoyo del electorado perdido y recurren a la política de los gestos para reforzar sus propios intereses. También estas encuentran en la política identitaria un útil instrumento para soslayar tanto la defensa de la diversidad como la invocación de unos valores y unas soluciones comunes al conjunto de Europa. En la Europa contemporánea, los dirigentes parecen dubitativos a la hora de subrayar que la Unión tiene que concernir a unos valores y unos ideales democráticos fundamentales. Pero lo cierto es que esos valores necesitan ser defendidos ahora con mayor ahínco que nunca. No deberíamos renunciar a nada: ningún compromiso vale cuando se trata de defender todos aquellos aspectos de la democracia que garantizan nuestros derechos a hablar libremente contra el Gobierno, a celebrar elecciones libres y justas, a tener unas universidades y una prensa libres. Si no insistimos en todo ello, la UE habrá firmado su propia sentencia de muerte.

Muchos movimientos tribalistas contemporáneos se han esforzado en guardar las apariencias y negar que mantengan conflicto identitario alguno con los unionistas españoles, con los inmigrantes musulmanes, con la élite de la Unión Europea o con los llamados «liberales cosmopolitas». Incluso cuando Donald Trump movilizó astutamente a su electorado contra la «ciénaga de ­Wa­shington» en 2016, entró también en juego la política identitaria. Lo mismo podemos ver cuando Viktor Orbán denigra a George Soros, a los migrantes o a la UE, o cuando quienes hacen campaña por el brexit invocan el concepto de «traición» al hablar de sus oponentes, los bremainers, a quienes acusan de ser unos traidores antipatriotas seducidos por los ideales federales europeos. Desde su punto de vista, el internacionalismo representa una puñalada por la espalda a la verdadera nación británica, a la que supuestamente le iría mucho mejor yendo por libre. Ese mismo énfasis en la traición ha sido aplicado estratégicamente también por el movimiento secesionista en Cataluña. Las alusiones a la traición y la deslealtad afloran reiteradamente en sus referencias a los unionistas catalanes y a la oposición de estos a la independencia. La política identitaria y la retórica tribalista que la acompaña son menos exigentes desde el punto de vista cognitivo que las apelaciones a una mayor unidad y colaboración.

En los últimos años, Cataluña ha sido uno de los lugares de Europa donde mayor prominencia han tenido los problemas relacionados con la retórica tribal y la renovación de fronteras. El 1 de octubre de 2017, y organizado por el Gobierno autonómico catalán, se celebró allí un referéndum ilegal de independencia para separarse de España. Unos días después, el líder del movimiento independentista, Carles Puigdemont, proclamó la instauración de un nuevo Estado catalán. Pese a que el referéndum no fue reconocido ni por España ni por ningún otro país, trajo a la palestra la situación de una región profundamente dividida que, en muchos sentidos, mantiene paralizada a la sociedad española desde hace años e incluso décadas. Viejas iras y rencores que se remontan a los tiempos del régimen franquista, en el que los catalanes no pudieron usar su propio idioma ni cultivar su identidad con un mínimo de normalidad, fueron impulsando un cambio radical del panorama hasta el punto de invertir casi por completo la situación. El actual auge del impulso independentista en Cataluña representa un conflicto que afecta a todos los habitantes de la comunidad autónoma y divide de medio a medio tanto a la sociedad como a familias y amigos. Visto desde fuera, el del referéndum de 2017 pareció, más que nada, un desorganizado ardid de relaciones públicas. Aun suponiendo que los separatistas no tengan realmente intención de socavar el proyecto europeísta, la propagación de la desintegración y la fragmentación sería seguramente la consecuencia general no deseada del objetivo que persiguen. No es probable, pues, que la Unión Europea vaya a premiar nunca la secesión con un ingreso automático en la propia Unión. Existe, asimismo, un motivo más realista, más relacionado con la política de poder en su nivel más fundamental, por el que la UE está lejos, muy lejos, de apoyar escisiones internas en sus Estados miembros: me refiero al hecho de que son los Estados miembros los que gozan del estatus de constituyentes formales, legales, de la Unión. ¿Significa eso que la Unión Europea no intervendría en ningún caso? No. Por supuesto, la UE actuaría (y haría muy bien en hacerlo) si se tratara de un golpe militar, de una represión dirigida contra minorías locales o de unas vulneraciones graves del Estado de derecho. En general, se opondría, pues, a todas aquellas medidas políticas que fueran en perjuicio de los valores europeos y democráticos.

Weiler se expresa con mayor contundencia todavía al hablar de las futuras posibilidades de que una Cataluña étnicamente «limpia» entrase en la Unión Europea tras escindirse de España. Tal como él mismo lo plantea (con extraordinaria agudeza, añadiría yo):

¿Por qué iba a interesar a nadie admitir en la Unión a una entidad como esa Cataluña independiente inspirada en un espíritu nacionalista regresivo y desfasado que la hace incapaz, al parecer, de aceptar una disciplina de la lealtad y la solidaridad como la que supuestamente debía a sus exconciudadanos del resto de España?

Según Weiler, Cataluña se ha descalificado a sí misma por razones puramente morales para convertirse algún día en un miembro de la Unión:

La sola pretensión de independizarse de España, de independizarse de la necesidad de esforzarse por limar diferencias políticas, sociales, culturales y económicas con la comunidad política del conjunto de España, de independizarse de la necesidad de colaborar por encima de la historia y de trascenderla, muy posiblemente descalifican moral y políticamente a Cataluña y a otras regiones parecidas como futuros Estados miembros de la Unión Europea.

El brexit es, en muchos sentidos, una variedad particular de secesionismo, aunque, en su caso, el objeto de su animadversión sea la Unión Europea. Aparte de una cruzada identitaria cultural y política que tiene abundantes puntos de conexión con el caso catalán, el brexit representa también otra corriente habitual del tribalismo: la de la aversión a estar legalmente ligados a institución alguna que esté por encima del Estado. La hostilidad hacia la cooperación multilateral (o, en el caso de la UE, supranacional) es un rasgo común a muchos de los movimientos populistas que han cuestionado el orden internacional liberal en estos últimos años. Es muy difícil ver el brexit como otra cosa que no sea una renuncia a esos valores universales que el proyecto europeo representa. Cuestiona la esencia misma de las virtudes de la compartición de soberanía, piedra angular del conjunto del orden liberal surgido al término de la Segunda Guerra Mundial. Ser capaz de proponer un proyecto de relación UE-Reino Unido que pueda obtener el apoyo necesario en la Cámara de los Comunes. No sabemos todavía si el Reino Unido abandonará la unión aduanera y el mercado único. Son muchas las probabilidades de que el Reino Unido —pese a haber dicho adiós a la UE— permanezca ligado a la Unión (durante décadas quizás) por una especie de solución parecida a la que rige para los países del Espacio Económico Europeo: una situación en la que se verá obligado a aceptar la legislación comunitaria sin tener voz ni voto en cuanto al contenido de la misma. Son, además, muchos los factores que indican que una de las consecuencias a largo plazo del brexit podría ser la desintegración del Reino Unido en viejas tribus nacionales. Es muy posible que Irlanda del Norte se quede dentro del mercado único de la UE, y quién sabe si, a largo plazo, incluso llegue a reunificarse con Irlanda para no tener que cerrar fronteras. Escocia también se siente cada vez más incómoda con un escenario que podría dejar a su europeísta electorado en peor situación que aquella en la que habría estado dentro de la UE. Así que, cada vez que los políticos y los creadores de opinión comienzan a debatir sobre los costes y los beneficios de la pertenencia a la UE, o sobre si los derechos humanos son realmente universales o deberían más bien ser competencia exclusiva de los políticos nacionales, Putin sabe que está logrando exactamente lo que quiere.

Constituyen las condiciones imprescindibles que todos los países candidatos deben cumplir para que se puedan convertir en miembros de la UE, como son:

— unos criterios políticos: la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías;

— unos criterios económicos: la existencia de una economía de mercado funcional y la capacidad de afrontar la competencia y las fuerzas del mercado, y

— la capacidad administrativa e institucional para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el acervo comunitario, y la capacidad de asumir las obligaciones de un Estado miembro.

Obviamente, estos no son los únicos criterios que los países que se postulan a ser miembros de la UE deben cumplir.

La clave de la cuestión estriba, no obstante, en que quienes tienen que actuar y reaccionar ante la deriva iliberal en Europa son los jefes de Estado y de Gobierno. Sin embargo, aparte del presidente Macron, los mandatarios nacionales de la UE apenas se han implicado en el tema. Algunos analistas especulan con la ­posibilidad de que se deba a cierto temor a que sus ­propios países terminen viéndose afectados por una situación crítica parecida y acaben necesitando algún día del apoyo de sus amigos y colegas. De ser eso cierto, la de mirar hacia otro lado podría ser una estrategia deliberada. Pero el silencio de los políticos a la hora de salir en defensa de los valores europeos también podría ser un ejemplo más de los crecientes reparos a imponer una visión europeo-occidental «políticamente correcta» de la democracia (si es que tal cosa existe). La tribalización de la que estamos siendo testigos no alcanza solamente a la política identitaria en su sentido más estricto. También atañe a una concepción cada vez más retorcida de lo que la democracia significa y debería significar en este momento de auge del populismo. Esto es así en los tres casos que hemos comentado ­hasta aquí: el movimiento independentista catalán, la cam­paña de los brexiteers para la salida del Reino Unido de la UE, y la cruzada antidemocrática de Orbán y ­Kaczy´nski. Los tres son síntomas de una Europa que se descose como tal. La tribalización ha influido ya en cuál es nuestra percepción actual de la democracia, y lo ha hecho definiendo a la baja los requisitos mínimos que exigimos a un régimen político para que lo sigamos considerando como democrático.

En resumidas cuentas, cuando se tratan decisiones que son complejas y tienen consecuencias muy duraderas, reducirlas a una simple votación popular entre «sí» y «no» supone arriesgarse a enajenar a ese sector del demos que se queda en la minoría y a hurtar sueños y aspiraciones a las generaciones futuras. Y por encima de esta, aún cabe hacerse una pregunta más fundamental: ¿estamos verdaderamente dispuestos a aceptar que, en algunos lugares, la democracia se haya degradado hasta convertirse en un mayoritarismo extremo o, en según qué casos, incluso en una autocracia? En determinadas partes de la Europa actual, principios liberales como la libertad de prensa, la imparcialidad de la justicia o los derechos de las minorías son ya meros recuerdos del pasado. ¿Cómo pudieron desaparecer así, sin que ni siquiera nos diéramos cuenta?.

Es importante recordar que esa deslegitimación permanente de los jueces internacionales ejemplificada por el discurso de May no hace más que beneficiar a quienes pretenden desestabilizar la Unión Europea y su marco legal internacional. Ivan Krastev nos recuerda que las instituciones independientes como los tribunales, los bancos centrales y los medios de comunicación suelen ser las primeras en sufrir el ataque de quienes tratan de cuestionar nuestro orden internacional liberal y nuestra democracia como tales. Cuando los tribunales están controlados por la esfera política, entran gravemente en conflicto con los principios de la democracia liberal y con la idea de la confianza en que las sentencias de los jueces son objetivas y no están influidas por otras consideraciones. Si los tribunales no son independientes, ¿cómo podemos estar seguros de que todos estamos sometidos al imperio de la ley y no al de los intereses de una mayoría gubernamental particular?. En abril de 2018, el Ejecutivo polaco presentó un proyecto de ley para la reducción de la edad de jubilación forzada de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia, lo que comportaba la sustitución automática de un tercio de los magistrados de dicha alta instancia. Ese intento de controlar y administrar políticamente las condiciones de trabajo de los jueces era una vulneración tan notoria de los principios básicos de la Unión Europea —y, en el fondo, de cualquier democracia— que esta tuvo que tomar cartas en el asunto. Pese a años de diálogo continuo con la Comisión y de repetidas advertencias de esta, el Gobierno polaco y el presidente Duda se negaron a dar marcha atrás a su paquete legislativo de reformas. La «confianza» en los sistemas judiciales de otros Estados miembros es también esencial para el buen funcionamiento del mercado interno. Si los tribunales son acaparados por los políticos, los jueces de otros Estados comunitarios ya no podrán seguir confiando en sus colegas de ese país. Los tribunales nacionales de los Estados que cumplan los criterios de la independencia judicial dejarán de colaborar con los de esos Estados retrógrados y ya no se atreverán a fundamentar sus propias sentencias en la jurisprudencia que, sobre casos similares, se haya fijado en otros Estados miembros cuyos tribunales ya no sean garantía de independencia. Tampoco es probable que las empresas quieran instalarse en un país cuyo poder judicial no sea imparcial. De hecho, si la Unión Europea no da un paso al frente en defensa de sus normas y valores básicos, todo el edificio legal sobre el que se sostiene el mercado único, y en el que confían empresas, ciudadanos y Gobiernos, podría correr riesgo de derrumbe. Un último y significativo aspecto es que la Unión Europea también es un actor internacional participante en un mundo globalizado. La UE lleva años dando lecciones de democracia a los demás. Sería poco menos que cómico que la Unión, en el futuro, siguiera dedicándose a imponer condiciones y recomendaciones democráticas a sus socios en su política exterior y no fuera capaz de aplicárselas a sí misma en su propia casa.

La democracia iliberal no existe. O somos demócratas y, por tanto, respetamos a las minorías, los derechos humanos, la libertad de expresión y debate, la separación de poderes y la existencia de una prensa plural y crítica, o simplemente no lo somos. Hace ya tiempo que la Hungría de Viktor Orbán ha traspasado todas esas líneas rojas y ha ido más allá de lo que pudiéramos llamar «democracia» en un sentido mínimamente auténtico de la palabra.

Un mayoritarismo perverso está ganando terreno intelectual basándose en la premisa implícita de que democracia significa «votar», aunque eso implique también que una democracia pueda destruirse a sí misma desde dentro. Nuestro orden legal y regulatorio se desmorona en toda una serie de ámbitos (comercio, seguridad, derechos humanos y democracia) y, mientras tanto, los defensores del orden mundial liberal llevan ya un tiempo guardando un silencio casi absoluto. Y si callamos, no haremos más que avanzar sonámbulos hacia el abismo. El tribalismo político-identitario es peligroso precisamente porque es engañoso y hurta a sus críticos potenciales el valor mismo de pronunciarse públicamente en su contra. Promocionándose —con éxito en muchos casos— como un antielitismo, ha logrado desarmar a muchos defensores del liberalismo. Los demagogos tribales han conquistado intelectual y sentimentalmente a muchos europeos, y cada vez son menos los adalides de los valores fundamentales de nuestro continente. Han desacreditado a quienes todavía creen en la bondad de las soluciones europeas ­conjuntas encasillándolos en el tópico del cosmopolitismo ingenuo y elitista. La élite liberal, nos dicen, no solo quiere abrir fronteras a la inmigración masiva, sino que quiere también adoptar la globalización sin tener reparo alguno en exprimir a quienes el sistema abandona a su suerte. Y lo que es peor: impone arrogantemente sus valores liberales a quienes preferirían las fronteras internas, el particularismo cultural y, en algunos casos, hasta los líderes autoritarios y el iliberalismo. Pero si los europeos y europeas queremos seguir viviendo en una sociedad abierta, no podemos tolerar dobles raseros para la democracia. Tampoco deberíamos parapetarnos tras unas identidades que deslegitiman la crítica y limitan la posibilidad de colaboración y de compromiso.

Otros libros de interés comentados en el blog:

https://weedjee.wordpress.com/2017/08/30/comunidades-imaginadas-reflexion-sobre-el-origen-y-la-difusion-del-nacionalismo-benedict-anderson/

https://weedjee.wordpress.com/2019/03/12/el-camino-hacia-la-no-libertad-timothy-snyder-the-road-to-unfreedom-by-timothy-snyder/

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A clear and lucid essay of the current risk that for liberal Europe suppose the tribalisms / populisms: the Brexit, the Catalan separatism, Hungary, Poland …

 Tribalization is a global megatrend in today’s world. The election of Donald Trump, the Brexit referendum, populist movements such as Catalan separatism and democratic regression in Central and Eastern Europe, are clear examples of the mechanisms and effects of tribalization. The key tendencies at stake are anti-globalism and identity politics: the forefront of cultural differences in dialogue, collaboration and universal liberal values. But tribalism is a dangerous drift. Because of tribalism and the aforementioned withdrawal of liberal voices, democracy itself is being put at risk. In many places, including Europe, democracy has succumbed to «iliberalism», which has eliminated free elections, the independence of the judiciary and the existence of a free and critical press, and has even closed universities. Tribalism, then, does not simply mean prioritizing one’s own nation and being anti-European and anti-global; it is, in many cases, a broader and more fundamental movement that leads us to renounce any insistence on the defense of those liberal-democratic principles that we once shared. If Europe was built on the basis of a spirit of common values and inclusion, the continent is now divided by what the British weekly The Economist has called “the new political divide” between “the defenders of building walls and the globalists.” And, unfortunately, they are the ones who build walls who have to win at this time before globalists increasingly silent.

All these projects require public attention for their proliferation. Hence, usually, its promoters, hailed by the chorus of a press avid for conflict, staged messages of drama and division before the media. Many times, all that advertising and that tribal aggressiveness is a mere screen to distract public attention from underlying corruption. This has been shown by various members of the current political elite in Hungary, but also in Catalonia: corruption is a growing phenomenon. But let’s not fool ourselves. Even in the consolidated democracies of all life, all that tribalist rhetoric is increasingly appearing on the head. There the conventional political formations try desperately to recover the support of the lost electorate and resort to the politics of gestures to reinforce their own interests. They also find in the politics of identity a useful instrument to avoid both the defense of diversity and the invocation of values and solutions common to the whole of Europe. In contemporary Europe, the leaders seem hesitant to emphasize that the Union has to concern fundamental democratic values and ideals. But the truth is that these values need to be defended now with greater zeal than ever. We should not give up anything: no commitment is valid when it comes to defending all those aspects of democracy that guarantee our rights to speak freely against the Government, to hold free and fair elections, to have free universities and a free press. If we do not insist on all this, the EU will have signed its own death sentence.

Many contemporary tribalist movements have tried hard to keep up appearances and deny that they maintain any identity conflict with the Spanish unionists, with the Muslim immigrants, with the elite of the European Union or with the so-called “cosmopolitan liberals”. Even when Donald Trump astutely mobilized his electorate against the “Washington swamp” in 2016, identity politics also came into play. The same can be seen when Viktor Orbán denigrates George Soros, the migrants or the EU, or when those who campaign for Brexit invoke the concept of “betrayal” when speaking of their opponents, the bremainers, whom they accuse of being traitors unpatriotic seduced by European federal ideals. From his point of view, internationalism represents a stab in the back to the true British nation, which supposedly would go much better going free. That same emphasis on betrayal has been applied strategically also by the secessionist movement in Catalonia. The allusions to betrayal and disloyalty appear repeatedly in their references to the Catalan unionists and their opposition to independence. The identity policy and the tribalist rhetoric that accompanies it are less demanding from the cognitive point of view than the appeals to greater unity and collaboration.

In recent years, Catalonia has been one of the places in Europe where the problems related to tribal rhetoric and the renewal of borders have had the greatest prominence. On October 1, 2017, and organized by the Catalan Autonomous Government, there was held an illegal referendum of independence to separate from Spain. A few days later, the leader of the independence movement, Carles Puigdemont, proclaimed the establishment of a new Catalan state. Although the referendum was not recognized by Spain or by any other country, it brought to the fore the situation of a deeply divided region that, in many ways, has kept Spanish society paralyzed for years and even decades. Old anger and resentment that goes back to the times of the Franco regime, in which the Catalans could not use their own language or cultivate their identity with a minimum of normality, were driving a radical change of the landscape to the point of almost completely investing the situation. The current boom in the independence drive in Catalonia represents a conflict that affects all the inhabitants of the autonomous community and divides society, families and friends from middle to middle. Seen from the outside, the referendum of 2017 seemed, more than anything, a disorganized public relations scheme. Even assuming that the separatists do not really intend to undermine the pro-European project, the spread of disintegration and fragmentation would surely be the undesired general consequence of the objective they pursue. It is not likely, then, that the European Union will ever reward secession with automatic entry into the Union itself. There is also a more realistic motive, more related to the politics of power at its most fundamental level, for which the EU is far, far away, from supporting internal divisions in its member states: I refer to the fact that they are the Member States enjoy the status of formal, legal constituents of the Union. Does that mean that the European Union would not intervene in any case? No. Of course, the EU would act (and would do very well to do so) if it were a military coup, a repression directed against local minorities or serious violations of the rule of law. In general, it would oppose, then, all those political measures that were detrimental to European and democratic values.

Weiler expresses himself even more forcefully when talking about the future possibilities of an ethnically “clean” Catalonia entering the European Union after splitting from Spain. As he puts it himself (with extraordinary sharpness, I would add):

Why would anyone be interested in admitting into the Union an entity like that independent Catalonia inspired by a regressive and outdated nationalist spirit that makes it incapable, apparently, of accepting a discipline of loyalty and solidarity like the one that supposedly to his ex-citizens from the rest of Spain?

According to Weiler, Catalonia has disqualified itself for purely moral reasons to become one of the members of the Union:

The only pretension of independence from Spain, of independence from the need to strive to iron out political, social, cultural and economic differences with the political community of Spain as a whole, to become independent of the need to collaborate over history and to transcend it, very possibly morally and politically disqualify Catalonia and other similar regions as future Member States of the European Union

Brexit is, in many ways, a particular variety of secessionism, although, in its case, the object of its animosity is the European Union. Apart from a cultural and political identity crusade that has many points of connection with the Catalan case, brexit also represents another habitual trend of tribalism: the aversion to be legally bound to any institution that is above the State. Hostility towards multilateral cooperation (or, in the case of the EU, supranational) is a common feature of many of the populist movements that have questioned the liberal international order in recent years. It is very difficult to see Brexit as something other than a renunciation of those universal values that the European project represents. It questions the very essence of the virtues of the sharing of sovereignty, the cornerstone of the whole of the liberal order that emerged at the end of the Second World War. Be able to propose a project of EU-UK relationship that can obtain the necessary support in the House of Commons. We do not know yet if the United Kingdom will leave the customs union and the single market. There are many chances that the United Kingdom – despite having said goodbye to the EU – remains linked to the Union (for decades perhaps) by a kind of solution similar to the one that applies to the countries of the European Economic Area: a situation in the one that will be forced to accept the community legislation without having voice nor vote as far as the content of the same one. There are also many factors that indicate that one of the long-term consequences of brexit could be the disintegration of the United Kingdom in old national tribes. It is quite possible that Northern Ireland will stay within the EU’s single market, and who knows if, in the long term, it even gets to reunite with Ireland so that it does not have to close borders. Scotland also feels increasingly uncomfortable with a scenario that could leave its European electorate worse off than the one it would have been in the EU. So every time politicians and opinion makers start debating the costs and benefits of EU membership, or whether human rights are truly universal or should rather be the exclusive competence of national politicians, Putin knows he is achieving exactly what he wants.

These are the essential conditions that all candidate countries must meet in order to become members of the EU, such as:

– some political criteria: the existence of stable institutions that guarantee democracy, the rule of law, respect for human rights and respect and protection of minorities;

– economic criteria: the existence of a functioning market economy and the ability to cope with competition and market forces, and

– the administrative and institutional capacity to effectively implement the standards, standards and policies that make up the acquis communautaire, and the ability to assume the obligations of a Member State.

Obviously, these are not the only criteria that countries that apply to be EU members must comply with.

The key to the issue is, however, that those who have to act and react to the illiberal drift in Europe are the heads of State and Government. However, apart from President Macron, the national leaders of the EU have hardly been involved in the issue. Some analysts speculate that it may be due to a certain fear that their own countries will end up being affected by a similar critical situation and will eventually need the support of their friends and colleagues. If that is true, looking to the other side could be a deliberate strategy. But the silence of politicians when it came to defending European values could also be one more example of the growing reluctance to impose a “politically correct” European-Western vision of democracy (if such a thing exists). The tribalization of which we are witnessing does not only reach identity politics in its strictest sense. It also concerns an increasingly twisted conception of what democracy means and should mean at this time of the rise of populism. This is true in the three cases that we have commented so far: the Catalan independence movement, the Brexiteers campaign for the departure of the United Kingdom from the EU, and the anti-democratic crusade of Orbán and Kaczyński. All three are symptoms of a Europe that is discounted as such. Tribalization has already influenced what our current perception of democracy is, and has done so by defining downward the minimum requirements that we demand from a political regime so that we continue to consider it as democratic.

In short, when dealing with decisions that are complex and have long-lasting consequences, reducing them to a simple popular vote between “yes” and “no” entails risking alienating that sector of the demos that remains in the minority and stealing dreams and aspirations to future generations. And on top of this, there is still a more fundamental question to ask: are we really willing to accept that, in some places, democracy has degraded into an extreme majoritarianism or, according to what cases, even an autocracy? In certain parts of today’s Europe, liberal principles such as press freedom, fairness of justice or minority rights are mere memories of the past. How could they disappear like that, without us even noticing?.

It’s important to remember that the permanent delegitimization of international judges exemplified by May’s discourse does nothing but benefit those who seek to destabilize the European Union and its international legal framework. Ivan Krastev reminds us that independent institutions such as courts, central banks and the media are often the first to be attacked by those who try to question our liberal international order and our democracy as such. When the courts are controlled by the political sphere, they come into serious conflict with the principles of liberal democracy and with the idea of confidence that the judgments of the judges are objective and not influenced by other considerations. If the courts are not independent, how can we be sure that we are all subject to the rule of law and not to the interests of a particular government majority? In April 2018, the Polish Executive introduced a draft law for the reduction of the forced retirement age of the judges of the Supreme Court of Poland, which entailed the automatic substitution of a third of the magistrates of said high court. This attempt to control and administer politically the working conditions of the judges was such a notorious violation of the basic principles of the European Union – and, basically, of any democracy – that it had to take action on the matter. Despite years of continuous dialogue with the Commission and repeated warnings from the Commission, the Polish Government and President Duda refused to backtrack on their legislative package of reforms. ‘Trust’ in the judicial systems of other Member States is also essential for the proper functioning of the internal market. If the courts are monopolized by politicians, judges from other EU states will no longer be able to trust their colleagues in that country. The national courts of the States that meet the criteria of judicial independence will cease to cooperate with those of retrograde states and will no longer dare to base their own judgments on the case law that, on similar cases, has been established in other Member States whose courts are no longer a guarantee of independence. Nor is it likely that companies want to settle in a country whose judicial power is not impartial. In fact, if the European Union does not take a step forward in defense of its basic norms and values, the entire legal building on which the single market is held, and on which companies, citizens and governments rely, could be at risk. collapse. A final and significant aspect is that the European Union is also a participant international actor in a globalized world. The EU has been giving lessons of democracy to others for years. It would be nothing short of funny if the Union, in the future, continued to dedicate itself to imposing democratic conditions and recommendations on its foreign policy partners and not being able to apply them to its own home.

Iliberal democracy doesn’t exist. Either we are democrats and, therefore, we respect minorities, human rights, freedom of expression and debate, the separation of powers and the existence of a plural and critical press, or we simply are not. Viktor Orbán’s Hungary has long since crossed all those red lines and has gone beyond what we might call “democracy” in a minimally authentic sense of the word.

Perverse majoritarianism is gaining intellectual ground based on the implicit premise that democracy means “to vote”, although that also implies that a democracy can destroy itself from within. Our legal and regulatory order collapses in a whole series of areas (trade, security, human rights and democracy) and, meanwhile, the defenders of the liberal world order have been almost silent for a while. And if we are silent, we will only go sleepwalking towards the abyss. Political-identity tribalism is dangerous precisely because it is deceptive and steals from its potential critics the very value of publicly pronouncing against it. Promoting itself – successfully in many cases – as an anti-elitism, it has managed to disarm many defenders of liberalism. The tribal demagogues have conquered many Europeans intellectually and sentimentally, and they are less and less the champions of the fundamental values of our continent. They have discredited those who still believe in the goodness of joint European solutions by pigeon-holing them into the topic of naive and elitist cosmopolitanism. The liberal elite, they tell us, not only wants to open borders to massive immigration, but also wants to adopt globalization without having any qualms about squeezing those whom the system abandons to its fate. And what is worse: arrogantly imposes its liberal values on those who would prefer internal borders, cultural particularism and, in some cases, even authoritarian leaders and illiberalism. But if Europeans and Europeans want to continue living in an open society, we can not tolerate double standards for democracy. Nor should we hide behind identities that delegitimize criticism and limit the possibility of collaboration and commitment.

Other books of interest commented on the blog:

https://weedjee.wordpress.com/2017/08/30/comunidades-imaginadas-reflexion-sobre-el-origen-y-la-difusion-del-nacionalismo-benedict-anderson/

https://weedjee.wordpress.com/2019/03/12/el-camino-hacia-la-no-libertad-timothy-snyder-the-road-to-unfreedom-by-timothy-snyder/

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