Una Breve Historia Del Derecho Europeo. Los Últimos 2500 Años — Tamar Herzog / A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia by Tamar Herzog

Un libro excelente. Casi todos los capítulos son nítidos e incisivos y ofrecen una gran cantidad de información concisa. El misterio del libro para mí es que tomé 15 páginas de notas, que reflejan mucha información, pero este es un volumen relativamente breve. La parte I de la ley antigua se vuelve particularmente interesante cuando, después de una buena introducción a la ley romana, el autor habla de la unión de la ley romana y el cristianismo para formar la cristiandad latina. Luego, en la Parte Dos, nos adentramos en la Edad Media a principios de tocar la ley canónica, la ley germánica, el desarrollo del sistema feudal y los emperadores que buscan obtener el apoyo de la Iglesia mientras ejercen su propia autoridad legal. La tercera parte trata sobre la Edad Media tardía e introduce uno de los temas centrales del autor: la comuna ius que surge del redescubrimiento de los antiguos textos romanos y el surgimiento de nuevos centros universitarios para el estudio del derecho (como Bolonia). Los académicos capacitados asumen un papel importante en este renacimiento legal, que repercute en el derecho canónico y en el derecho feudal, ya que una cultura legal común, el ius commune, con su propio alcance, métodos, intenciones y soluciones, comienza a afianzarse. También en esta Parte, el autor entrega un capítulo muy interesante sobre el nacimiento de la ley común inglesa. El sistema de recursos, la centralidad del procedimiento, el conflicto con la legislación real y la introducción de la equidad están todos cubiertos, también económicamente. La cuarta parte trata del desarrollo de la ley francesa, la reforma y la importancia de la costumbre. Un segundo capítulo sobre la Ley Común agrega más ideas sobre cómo emergió dominante frente a la autoridad real a través del uso del argumento de la Antigua Constitución empleado por Edward Coke y otros. La quinta parte trata de la modernidad, incluidos los desarrollos norteamericanos y la revolución francesa. Una discusión particularmente valiosa ocurre en la Parte Seis, donde el autor aborda la codificación y su desafío a los sistemas de Common Law. Finalmente, el autor termina con una discusión efectiva del derecho comunitario europeo y cómo interactúa con los sistemas legales nacionales.

Compacto pero completo, delgado pero detallado cuando es necesario, el libro refleja la firme comprensión de la autora sobre su tema expansivo, mientras demuestra una vez más lo hábil que es la organización y la escritura magistral para contribuir a que un libro sea sobresaliente. Un libro esencial para cualquier persona interesada en el derecho europeo y americano.

Podemos imaginar que las leyes existentes son las únicas y las mejores leyes posibles, ¿pero son remanentes de códigos medievales o de historia temprana que nadie tuvo la energía para anular en todos estos milenios? ¿Por qué tenemos leyes contra el uso de sustancias ilegales, pero no contra la aceptación de sobornos de cabilderos? Los políticos modernos y los escritores de ficción y no ficción como yo deberían encontrar mucho para inspirar nuestro trabajo aquí. La autora, Tamar Herzog, enseña historia en la Universidad de Harvard, en asociación con su Facultad de Derecho. Las partes se dividen lógicamente en tiempos antiguos, principios de la Edad Media, finales de la Edad Media, principios de la época moderna, modernidad y el siglo XIX. Los títulos de los capítulos apuntan a temas que separan estos períodos: derecho romano, cristiandad latina, juristas, leyes relacionadas con señores, emperadores y papas, derecho común inglés, derecho natural, revoluciones estadounidenses y francesas y codificación del derecho europeo. En la “Introducción”, Herzog explica que una de las inspiraciones para escribir este libro fue cuando uno de sus alumnos se acercó a ella con una excitación despistada sobre la Carta Magna, lo que hizo que Herzog cuestionara si debía ir a una conferencia sobre cómo la historia ha manipulado. y malinterprete este documento, o si ella debe dejar que el estudiante mantenga su emoción en el encuentro con esta pieza de archivo mitológico. Ella decidió explicar lo que todos nosotros no entendemos sobre la historia de la ley al escribir este libro.

El libro escrito es un estilo más conversacional que la mayoría de los libros de leyes o de historia. Esto debería hacer que sea fácil para un estudiante leer una parte de ella con atención, lo cual es importante en las clases de historia de pregrado y posgrado, en las que los libros muy aburridos y laboriosos suelen incluirse en los programas de estudios. Las páginas están llenas de curiosas y sorprendentes revelaciones. Por ejemplo, señala que los tribunales de justicia fueron originalmente “un consentimiento opcional y requerido de los demandantes y demandados” antes de que gradualmente se convirtieran en obligatorios, y sus juicios se convirtieran en ley en lugar de sugerencias de resoluciones para evitar la violencia. Aquellos que investigan la política de leyes modernas pueden encontrar inspiración en esta realización, lo que les hace cuestionarse por qué tenemos tribunales, y ¿este tipo de ilegalidad puede realmente reducir la delincuencia, ya que la amenaza de un castigo legal por parte de la víctima puede ser más disuasiva?

Algunas partes están un poco descritas para mi gusto. Por ejemplo, en una sección, “Cuestionando el feudalismo”, se menciona que desde la década de 1990 los historiadores han cuestionado si este concepto existía como lo imaginamos: “un modelo que rara vez (si alguna vez se implementó). O sostuvieron que la gran variedad de situaciones y las prácticas que descubrieron en los archivos nunca podrían reducirse a un sistema con principios claros “. Pocos de estos estudios de cuestionamiento se citan claramente, y la evidencia de archivo específica demuestra que estos sistemas no se incluyen. La sección termina moviéndose hacia” monarquías y estados “. Esto ciertamente inspira el deseo de investigar este asunto más a fondo, pero si estuviera estudiando este libro como tarea, me faltaría un nugget de verdad que quitar. Por otro lado, es genial ver la incertidumbre en una historia Mi propia investigación actual sobre la destribución de obras ajenas a Daniel Defoe demuestra que lo que imaginamos es “historia” es más como una ficción que se ha repetido con la suficiente frecuencia como para creerla. no hay respuestas con respecto a si alguna vez existió algo como el feudalismo, es genial que Herzog renuncie a la influencia del mito y confíe en la confusión sugerida por los hechos.

La sección llamada “Los Documentos Fundamentales” resume enérgicamente los contenidos de la Declaración de Independencia y la Constitución, y explica lo que estos significan en un contexto legal más amplio. Otra sección explica cómo la ratificación de un procedimiento de código civil en Nueva York llevó a su adopción en Missouri y en docenas de otros estados. Esto explica por qué los estados tienen códigos penales y civiles similares entre sí. En teoría, los estados pueden crear códigos legales radicalmente diferentes, pero si bien existen divergencias políticas sobre el aborto, la pena de muerte y similares, el código civil es extrañamente duplicable. Aproximadamente la mitad del libro trata sobre desarrollos legales relativamente modernos sobre los cuales muchos de nosotros hemos leído en las clases de historia de la escuela secundaria, y la otra mitad del libro presenta información que es completamente extranjera, comenzando con los primeros textos escritos. Como lo imaginé, la autora afirma al final que espera inspirar innovación en la ley basada en estas lecciones de la historia. Ella argumenta que existe la necesidad de “idear un nuevo paradigma que reemplace al viejo imaginario de una sociedad hecha de ciudadanos iguales indiferenciados unidos por un contrato social abstracto … El nuevo paradigma, en cambio, reconocería el poder de los grupos y la solidaridad grupal así como la persistencia de desigualdades y diferencias al deshacer las metáforas propuestas por la Revolución Francesa … “Ella pide a los juristas que propongan” métodos para imaginar un nuevo universo legal para una nueva sociedad “. Si es relativamente fácil comprimir miles de años de la historia legal de la Tierra en un libro bastante delgado, a los humanos realmente les ha faltado imaginar innovaciones en esta área. Por otra parte, es difícil acordar un cambio por temor a que pueda empeorar las cosas: por ejemplo, separar a las personas en grupos y juzgarlos de manera diferente no suena como si fuera moral desde mi perspectiva.

La Carta Magna nos enseña que, en su búsqueda por obtener ciertos objetivos, los agentes a menudo jugaban con la continuidad y el cambio. Argumentaban a favor de la continuidad cuando innovaban, o clamaban por el cambio cuando en realidad no permitían ninguno. Para entender el pasado, necesitamos saber no solo lo que pasó, sino también cómo dicho pasado era reconstruido, utilizado y comprendido por los contemporáneos que vivieron estos acontecimientos y por los futuros intérpretes que volvían sobre ellos para reformar su presente. En el curso de la historia, el derecho se elaboraba, reelaboraba y recomponía una y otra vez, mientras los diversos individuos, comunidades e instituciones trataban de identificar, construir, reconstruir, hacer y rehacer normas diferentes para regular sus actividades. El derecho romano es un importante punto de partida para la historia del derecho europeo no solo debido a su herencia permanente, sino también porque este legado finalmente lo compartieron la mayoría de los europeos (si no todos). Penetrando lentamente, primero con la expansión del Imperio romano y luego con la conversión al cristianismo, se convirtió en el capital común en Europa muy especialmente después de que lo adoptasen los juristas medievales y lo reelaborasen para satisfacer necesidades de la época. Formando la base también para el desarrollo inicial del derecho anglosajón, su validez e influencia se pusieron a prueba en la era moderna y fueron afirmadas o negadas con la llegada de la era contemporánea.

Habiendo empezado este libro con el derecho romano, lo concluyo con la creación y el desarrollo de la Unión Europea, que para mí es tanto un punto de llegada como un punto de partida. ¿En qué medida puede Europa hoy tener un derecho común, y quiénes son los agentes e intereses que impulsan dicha unificación legal? ¿Son estos procesos de unificación particulares de Europa o también se producen a una escala mundial? ¿Cómo puede el estado-nación, inventado en las postrimerías del siglo XVIII, hacer frente a los retos de la europeización y la globalización?.

El Corpus Iuris Civilis, como pasó a ser conocido en el siglo XVI, fue una colección de varias obras de derecho romano. Sancionado por Justiniano (r. 527-565), emperador del imperio oriental en el siglo VI d.C. (esto es, tras la fragmentación del imperio occidental), en realidad el Corpus incluía algunas compilaciones independientes que se promulgaron de manera sucesiva. Todas ellas tenían en común el haber sido preparadas por una comisión de expertos con el objetivo de guardar, incluso restituir, la gloria del derecho romano así como proporcionar un código práctico para el imperio oriental y una herramienta de enseñanza para los estudiosos. La primera de estas compilaciones fue el Código (Codex), que en una primera edición del año 529 y una segunda del 534 resumía varios textos de la legislación imperial, algunos antiguos, otros no tanto, algunos generales y otros pertenecientes de manera específica al imperio oriental. El Codex básicamente pretendía fundir selectivamente tres compilaciones preexistentes (el Codex Gregorianus, el Codex Hermogenianus y el Codex Theodosianus), añadiéndoles la legislación imperial más reciente y omitiendo lo que se consideraba obsoleto o contradictorio. La segunda edición del Codex también incluía decisiones por parte de Justiniano sobre cómo resolver ciertos conflictos y promover reformas. El Codex, que estaba destinado a sustituir colecciones anteriores, se organizó de acuerdo con la materia, y dentro de cada materia las leyes se dispusieron cronológicamente. La segunda compilación que se llevó a cabo bajo los auspicios de Justiniano fue el Digesto (o Pandectas). Finalizado en 533 d.C., reproducía extractos de los escritos de algunos de los juristas romanos más influyentes que habían trabajado entre el siglo I a.C. y el IV d.C. Organizado por temas, el Digesto trataba áreas importantes del derecho privado, sobre todo el derecho de familia, el derecho de propiedad, el derecho contractual y las herencias.

El cristianismo nació como una secta judía en algún momento de la primera parte del siglo I. Con orígenes relativamente humildes, se expandió con rapidez, primero en el Mediterráneo oriental y luego a lo largo de sus costas occidentales. Los funcionarios romanos en un principio rechazaron la nueva religión y, considerándola subversiva en método y credo, persiguieron a sus seguidores. Pero en el siglo IV, la tendencia se había invertido. En el año 312 Constantino reconoció al cristianismo como una de las religiones permisibles, y en el 383 Teodosio I la declaró religión oficial del imperio. La combinación del cristianismo con el Imperio romano produjo un terremoto. Sacudió algunos de los cimientos básicos del derecho romano, y cuando la actividad sísmica pasó, lo que surgió fue un nuevo sistema. Este sistema ya no vinculaba derecho con ciudadanía. Tampoco el derecho se convirtió en territorial. En lugar de eso, la normatividad estaba ahora vinculada a un credo compartido. En teoría, unía a todos los cristianos, al margen de su origen o lugar de residencia. Este nuevo sistema también fue propagado por nuevos actores, los creyentes. Fue a través de las actividades misioneras de estos individuos y siguiendo su camino como, a comienzos del período medieval, el cristianismo y el derecho romano fueron introducidos por toda Europa. Gradualmente formando parte del acervo legal y cultural incluso en territorios que nunca pertenecieron al imperio; esta introducción creó un espacio que ahora denominamos cristiandad latina. Dadas estas enormes diferencias entre el derecho romano y el cristiano, muchos historiadores se apresuraron a suponer que el advenimiento del cristianismo afectó enormemente y de forma inmediata al derecho romano. Esperaban concluir que el ascenso del cristianismo en Roma trajo consigo importantes cambios y que estos serían fáciles de encontrar en el registro histórico. También anticiparon que después de que Roma se cristianizase, tanto el derecho como la conducta de los romanos se habrían transformado de manera sustancial. Pero muchos historiadores ahora discrepan sobre cuán importante o penetrante fue la influencia del cristianismo en el derecho romano o, más en particular, cuán inmediata. También cuestionan si los cambios legales (incluso cuando se producían) afectaron a las prácticas, o si siguieron siendo letra muerta, más reveladores de las intenciones de una pequeña élite que de lo que ocurría en la sociedad en su conjunto.

El predominio del derecho canónico en la Alta Edad Media aseguró la continuada presencia del derecho romano, pues la legislación de la Iglesia siguió recurriendo a formas y fórmulas romanas y los teólogos siguieron produciendo exégesis basándose en terminología y análisis romanos. Para permitir que esto pasara, el derecho romano se enseñaba en muchas abadías y escuelas catedralicias y se consideraba una fuente tan autorizada que se lo podía utilizar en los casos que el derecho canónico no contemplaba. Los textos cristianos primitivos, como la Regla de San Benito del siglo VI (para los monjes que vivían en comunidades) o las Etimologías de Isidoro de Sevilla (que pretendía sistematizar todos los conocimientos en una publicación de carácter enciclopédico), también hacían referencias al derecho romano. Apelaban a categorías del ordenamiento jurídico romano, así como a plazos y soluciones normativas. Esta continuada relación entre los derechos romano y canónico quedó reflejada en el dicho contemporáneo Ecclesia vivit lege romana (La Iglesia vive del derecho romano). Pero el derecho romano también persistió en Europa en formas distintas a las de su conservación por parte de la Iglesia. En territorios bajo control del Imperio romano oriental, como algunas partes de la actual Italia en los siglos VI y VII, el Corpus Iuris Civilis (la compilación de derecho romano del siglo VI hecha bajo Justiniano) era conocido y se utilizaba, y transacciones legales recuperadas por historiadores demuestran alusiones frecuentes al derecho romano. En el reino de León, los jueces del siglo X seguían aplicando los procedimientos legales de la España visigótica, que eran de origen romano. En Galicia, copias del Forum Iudicum (un conjunto de leyes promulgadas en el siglo VII por los visigodos romanos, también conocidas como Lex Visigothorum sobre las cuales se hablará más adelante) circulaban y eran usadas por jueces que ostentaban el título romano de Iudex. El derecho romano-visigótico también sobrevivió en la península ibérica en territorios bajo ocupación musulmana, donde se lo consideraba la «ley personal» de todos los cristianos. La pericia también formaba parte de la práctica cotidiana del derecho. En el siglo IX comenzaron a aparecer en Europa glosas y comentarios sobre diversas partes del derecho romano y el derecho canónico. En Pavía (la Italia actual), el estudio de las leyes era tan intenso que los eruditos se dividieron entre los antiqui, que principalmente centraban su atención en el derecho romano, y los moderni, que además se ocupaban del derecho germánico. El derecho romano y el canónico también sustentaban la labor de escribanos y notarios, dos profesiones que empezaron a destacar en Europa durante este período junto con el creciente uso de la documentación escrita. Los escribanos y los notarios eran responsables de producir documentos legalmente eficientes. Redactaban y registraban una gran variedad de transacciones, para lo cual recurrían con frecuencia a fórmulas antiguas que hallaban en los libros de texto. La Alta Edad Media, en resumen, tal vez fuese un mundo sin juristas, pero desde luego era un universo en el que muchos profesionales daban consejo, sugerían a los reyes y sus súbditos de qué modo proceder, indicaban a su comunidad lo que era correcto y lo que era equivocado y reflexionaban sobre cómo se podían descubrir y aplicar las leyes De Dios.

El sistema que ahora reconocemos como common law consistía, pues, en una colección de remedios y procedimientos para resolver disputas que se desarrolló como resultado de la creciente preeminencia de la jurisdicción real. Se basaba en la creencia de que los tribunales reales serían más justos o más eficientes que los feudales o locales, y lo posibilitó el éxito de los monarcas ingleses en centralizar la administración de justicia y afirmar su superioridad frente a los señores y las comunidades locales. Aunque su triunfo fue gradual, hasta el siglo XVII (si no más tarde) los tribunales de common law compitieron con los tribunales locales, feudales y eclesiásticos, que continuaban existiendo, al igual que con el tribunal de la Cancillería, que desarrolló un sistema propio (equity). ¿La situación de la Europa continental era radicalmente diferente? Los historiadores que concluyeron que Inglaterra fue una excepción tendían a fijarse en la impermeabilidad de su sistema jurídico a la influencia del derecho romano. Argumentaban que, aunque se extendiese por toda Europa, el ius commune no logró penetrar en Inglaterra, al menos en la medida en que este influenció a otros países europeos. Sugieren que así ocurrió porque, a diferencia de otros monarcas europeos, los normandos que controlaban Inglaterra no tenían ninguna razón para permitir, menos aún favorecer, la penetración del nuevo método jurídico en el reino. Según estos relatos, el ius commune no fue necesario en Inglaterra porque por la época en que estuvo disponible, los ingleses ya tenían un nuevo sistema jurídico, moderno, centralizado y eficaz que, a diferencia de los que regían en otras partes de Europa, no necesitaba ninguna mejoría. Por lo tanto, mientras que las autoridades y los habitantes de otros territorios europeos recurrían al ius commune en busca de inspiración y perfeccionamiento, nada semejante sucedió en Inglaterra. Esta narrativa dominó gran parte de la literatura especializada durante muchos siglos, pero ha sido criticada desde entonces por los historiadores, que señalan que durante la Edad Media ningún sistema inglés moderno, centralizado o eficiente existió jamás. Durante este período, el orden normativo inglés se dividía entre los tribunales reales, feudales y locales, y contenía normas que se originaban en el derecho romano, canónico, germánico, feudal y local. Los tribunales reales que juzgaban de acuerdo con el common law contaban solo con un número pequeño de jueces, y hasta el siglo XVIII los casos que vieron fueron relativamente pocos, si se comparan con la cantidad e importancia de los casos juzgados por otros tribunales.

En consecuencia, pese a lo que comúnmente se supone, el ius commune y el common law tal vez no fueran gemelos, pero desde luego eran hermanos. Como lo expresó un historiador, tomando en cuenta «los principios básicos, las ideas organizadoras, las técnicas de argumentación y los hábitos de pensamiento», uno «tal vez querría llamar al common law simplemente una variante, cierto es que una variante excéntrica, de la multitud de sistemas legales que finalmente derivaron del ius commune». Dicho de otra manera, los monarcas normandos tal vez tuvieran éxito en promocionar su propia jurisdicción de formas inauditas, pero el sistema jurídico que instituyeron era heredero de un pasado europeo y se hallaba comprometido con su presente europeo. No obstante, pese a estas asombrosas semejanzas, y pese al continuado uso de términos, expresiones y doctrinas francesas o latinas en Inglaterra, en los albores de la modernidad el mito del excepcionalismo inglés se mantuvo con fuerza. Se conserva a día de hoy, pese a la investigación histórica que insiste en las raíces comunes y que sugiere que si Inglaterra tomó un camino distinto, esto ocurrió principalmente en la modernidad, no en época medieval, y fue el resultado no tanto de lo que el derecho inglés realmente era sino de cómo fue reinventado.

(Norteamérica) La reivindicación de las Trece Colonias de su derecho a constituir un nuevo Estado basado en un pacto que era tradicional y nuevo a la vez, la pretensión de que este derecho de autodeterminación no necesitaba ninguna justificación y el poner por escrito documentos fundacionales con un valor normativo superior a otras leyes fueron todos actos que, aunque innovadores, podían explicarse observando quiénes eran o querían ser los antiguos colonos. Estos actos también dependían de las convicciones propagadas por los intelectuales; se basaban en el conocimiento del derecho que tenían sus redactores; y eran el resultado de la experiencia colonial. Las colonias eran una asociación informal de organismos autónomos, cada uno con un régimen jurídico algo distinto. Massachusetts en particular tenía un sistema tan divergente del de Inglaterra que puede cuestionarse si formaba parte del common law. Esta diferencia no se consideraba problemática siempre y cuando las disposiciones legales coloniales no fuesen «repugnantes» (esto es, estuviesen en contradicción directa) con el derecho inglés. El principio de repugnancia permitió constantes debates entre las autoridades en Europa y en las Américas con respecto a qué diferencias entre Inglaterra y las colonias podían tolerarse y cuáles no. También permitió el desacuerdo respecto a qué parte del derecho inglés se aplicaba en ultramar y en qué medida. Sumándose a esta complejidad estaba la existencia en Inglaterra de una gran diversidad de leyes y sistemas, con el common law cohabitando con varios cientos de tribunales locales, feudales y eclesiásticos, cada uno de los cuales implementaba su propio orden normativo. Dado este contexto, no había ninguna razón para creer que la pluralidad normativa no se reprodujo en las colonias. La Declaración de Independencia, las constituciones federal y estatal y las declaraciones de derechos iniciaron una nueva era en la historia jurídica y política. Desde su promulgación a finales del siglo XVIII, otros muchos países procedieron a declarar su independencia reclamando su derecho a constituir nuevos estados después de presentar quejas contra sus antiguos gobernantes. Igual de popular fue la adopción de constituciones que no eran radicalmente distintas de la americana. Estas solían exponer un esquema de gobierno que, aunque a menudo era distinto del que adoptaron las antiguas Trece Colonias, incluía sin embargo la separación de poderes así como, más recientemente, del control jurisdiccional (judicial review). Se entendía que estas constituciones encarnaban un nivel de normatividad superior que otras leyes que la acción gubernamental y legislativa no podían violar. Aunque esta contribución americana al derecho europeo no fue completamente autóctona —después de todo, se basaba en las tradiciones legales inglesas, los debates europeos sobre derecho natural y el derecho de gentes y la filosofía de la Ilustración—, está claro que los representantes de las Trece Colonias fueron los primeros en convertir estos ideales en estructuras jurídicas formalmente sancionadas. También fueron los primeros en determinar que los elementos más básicos de la vida colectiva (las estructuras de gobierno) se decidirían por votos en asambleas que supuestamente reflejaban y refinaban los deseos del «pueblo». Las constituciones que concibieron fueron el producto de la tradición y la razón, pero su objetivo último era asegurar la felicidad de todos.

Los acontecimientos que tuvieron lugar en las Trece Colonias permitieron que las personas concibieran el derecho a constituir estados y a decidir sobre su estructura, e idearon las constituciones como leyes superiores que limitaban la soberanía del Parlamento. Mientras tanto, los sucesos producidos en Francia condujeron a la formación de una nueva clase de sistema jurídico, basado en el poder de la legislación creada en una asamblea representativa por la voluntad del pueblo y guiada por la razón. Este sistema, que estaba vinculado a la nación y se diseñó para introducir cambios, produjo lo que la mayoría de nosotros identificamos como «derecho».

Aunque el Código de Comercio Uniforme produjo una cierta unificación en todo Estados Unidos, era diferente de los códigos continentales porque permitía algunas variaciones entre los estados, a los cuales se les permitía elegir entre diversas opciones, y porque no pretendía reemplazar a todas las fuentes normativas anteriores. Además, según algunos historiadores, en vez de prescribir soluciones, el código uniforme generalmente indicaba cuestiones que merecían consideración, sugería preguntas que los jueces deberían formular e incluía un catálogo de remedios posibles, enumerando también las condiciones para recibirlas. Contrariamente a los códigos continentales, en resumen, el Código de Comercio Uniforme permitía, o más bien alentaba, una amplia discrecionalidad judicial. Se negaba a prescribir de qué modo debía resolverse cada caso, pero en su lugar indicaba qué debía tomar en consideración el juez y qué métodos debía seguir para llegar a una decisión justa. En otras palabras, el código aportaba un mapa de carreteras en vez de un destino.

Los europeos aún discrepan sobre el grado de amplitud que debería tener la Unión (quién debería estar incluido) y de profundidad (qué clase de poderes debería tener). Algunos incluso manifiestan su desilusión ante lo que la Unión ha conseguido y han expresado exigencias, o incluso votado, para que su país salga de ella. Motivadas por las crecientes preocupaciones relativas a la pérdida de soberanía nacional, la inestabilidad económica y la migración, dichas reacciones dan voz a las inquietudes locales pero también se hacen eco de preocupaciones que existen en otras partes. Pese a estas discrepancias y el futuro desconocido que hay más adelante, desde un punto de vista legal la formación de la Unión Europea fue increíblemente importante, pues fue responsable del renacimiento de un nuevo derecho europeo común, en realidad, un nuevo y moderno ius commune. La aplicación del derecho europeo por parte de los tribunales nacionales finalmente se volvió tan rutinaria y tan acusada que muchos expertos ahora argumentan que todo tribunal nacional de la Unión es también un tribunal de justicia europeo, en el sentido de que aplica e interpreta (y por tanto también crea) el derecho eu-ropeo. La protección de la normativa europea por parte de los tribunales nacionales asegura el principio de legalidad dentro de la Unión Europea y garantiza la sujeción de los gobiernos nacionales a sus obligaciones legales europeas. Pero la implicación de los tribunales nacionales en la interpretación e imposición del derecho europeo a menudo ha generado importantes tensiones. Situaba a los tribunales nacionales en oposición a lo que su gobierno o Parlamento deseaba cuando aprobaban leyes que no eran totalmente congruente con la normatividad europea o la pasaban por alto. También ponía a los tribunales inferiores en desacuerdo con los tribunales superiores o constitucionales, los primeros desafiando el monopolio de estos últimos para declarar inconstitucionales ciertas leyes o acciones. Como consecuencia de estos cambios, muchos ahora argumentan que de facto, incluso si no de iure, la Unión Europea perdió su carácter original como organismo internacional y se convirtió en un estado cuasifederal con una constitución cuasifederal (el derecho europeo) a la que todos los estados miembros están ahora sometidos. Otro resultado importante fue la europeización del derecho nacional. Es vital recordar que en Europa rigen múltiples sistemas jurídicos. De particular importancia en este sentido es la distinción entre la Europa continental, que siguió el ius commune, e Inglaterra, que tenía su propio common law. Las diferencias entre estos dos sistemas, se ha argumentado, son verdaderamente insalvables. Las epistemologías jurídicas importan más que las soluciones concretas que cada uno de estos sistemas adoptaron. En el nivel epistemológico, el derecho continental y el inglés son reconociblemente distintos, con diferentes enfoques sobre lo que es el derecho, quién lo creó y de qué modo podría cambiar. Mientras que los sistemas continentales se centran en la razón, el common law se basa en la experiencia; mientras que los sistemas continentales dan primacía a la legislación, el common law prefiere la jurisprudencia. A dichas declaraciones, los que están a favor de la integración responden argumentando que las claras diferencias entre el derecho continental y el inglés son en gran parte ficticias. En teoría, el derecho continental podría limitar a los jueces, obligándolos a ceñirse a la letra de la ley mientras pasaran por alto otras posibles aportaciones procedentes de la doctrina o la jurisprudencia. Pero, en la práctica, los jueces continentales tienen una enorme discrecionalidad en su interpretación de la ley; a menudo incorporan a sus deliberaciones el marco doctrinal y los precedentes y dictan resoluciones que cambian la ley en vez de interpretarla. De manera similar, en teoría el common law podría permitir que los jueces innovasen, pero en la práctica este ahora depende en gran medida de la legislación parlamentaria, así como de los precedentes judiciales. Además, algunas áreas del derecho continental, como el derecho administrativo, están subordinadas a la jurisprudencia. Mientras tanto, algunas áreas del common law, como el derecho penal, se basan en la legislación.

Los expertos en derecho europeo también han advertido que muchos de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea no eran particulares de Europa. Se hallaban implícitos en la forma en que se desarrolló el derecho moderno en un mundo globalizado. Los pasos para armonizar el derecho fueron notables, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el aumento del comercio interestatal llevó a que muchas personas desearan la unificación de las leyes en todo el país. Para alcanzar este objetivo, los juristas se reunieron para redactar y proponer códigos modelo, con la esperanza de que los adoptasen la mayoría de los estados. Mientras que la armonización, la unificación y la modernización del derecho en todo el planeta son objetivos que muchos ahora persiguen, las preocupaciones relativas a la variable naturaleza del derecho mismo también son evidentes a una escala global. Estas preocupaciones giran en torno a varias cuestiones. La primera se centra en el hecho de que los poderes legislativos deleguen la elaboración de las leyes en las burocracias estatales. Esta delegación permite la transferencia de importantes funciones reguladoras a funcionarios no electos que, como empleados de comisiones, despachos, agencias, ministerios y programas estatales, no solo ejecutan órdenes, sino que también juzgan conflictos y promulgan nuevas normas. Estos funcionarios resuelven casos, elaboran recopilaciones de precedentes y reglamentos internos relativos al procedimiento y el derecho positivo. Igualmente nuevo es el fin de los monopolios estatales sobre la regulación debido a la creación de normas por parte de organismos transnacionales, como las empresas comerciales, las asociaciones deportivas, los gigantes de internet y las organizaciones intergubernamentales, o la creciente diversidad dentro de las fronteras nacionales que desafía el relato hegemónico al sugerir jurisdicciones alternativas que atiendan a minorías concretas, sectas religiosas, y así sucesivamente.

La necesidad de hallar respuestas eficaces a los nuevos retos se corresponde así con el deseo de alcanzar un nuevo paradigma que reemplace a la vieja imagen de una sociedad compuesta de ciudadanos iguales indiferenciados, vinculados por un abstracto contrato social y que expresan sus deseos a través de la elección de representantes a un Parlamento. El nuevo paradigma reconocería el poder de los grupos y la solidaridad grupal, así como la persistencia de las desigualdades y las diferencias deshaciendo las metáforas propuestas por la Revolución Francesa. En esta nueva realidad de extremo pluralismo legal, donde el ordenamiento jurídico del estado-nación coincide con una multiplicidad de otros órdenes normativos, ¿no deberían los juristas centrar sus esfuerzos en proponer métodos para imaginar un nuevo universo legal para una sociedad nueva?.

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An excellent book. Nearly every chapter is crisp and incisive and delivers a great deal of concise information. The mystery of the book for me is that I took 15 pages of notes, reflecting a lot of information, yet this is such a relatively brief volume. Part I on ancient law turns particularly interesting when, following a fine intro to Roman law, the author turns to discussing the joining of Roman law and Christianity to form Latin Christendom. Then in Part Two, we are into the early Middle Ages touching upon Canon law, Germanic law, the development of the feudal system , and emperors seeking to gain the support of the Church as they exerted their own legal authority. Part Three deals with the later Middle Ages and introduces one of the author’s central themes–the ius commune that arises out of the rediscovery of ancient Roman texts and the rise of new university centers for the study of law (such as Bologna). The trained scholars assume a major role in this legal rebirth, impacting on Canon Law, and feudal law, as a common legal culture–the ius commune–with its own scope, methods, intentions and solutions begins to gain a foothold. Also in this Part, the author delivers a most interesting chapter on the birth of the English common law. The writs system, the centrality of procedure, the conflict with royal legislation, and the introduction of equity are all covered–again economically. Part Four deals with the development of French law, the Reformation, and the importance of custom. A second chapter on the Common Law adds further insights as to how it emerged dominant vis-a-vis royal authority through the use of the Ancient Constitution argument employed by Edward Coke and others. Part Five deals with modernity, including North American developments, and the French revolution. A particularly valuable discussion occurs in Part Six, where the author tackles codification and its challenge to Common Law systems. Finally, the author finishes up with an effective discussion of European Community law and how it interacts with domestic legal systems.

Compact yet complete, lean yet detailed where necessary, the book reflects the author’s firm grasp on her expansive topic, while demonstrating once again how skillful organization and masterly writing can contribute so much to making a book outstanding. An essential book for anyone interested in European and American law.

We can imagine the existing laws are the only and the best possible laws, but are they remnants of medieval or early-history codes that nobody had the energy to overrule in all these millennia? Why do we have laws against using illegal substances, but not against accepting bribes from lobbyists. Modern politicians and fiction and non-fiction writers like me should find much to inspire our work here. The author, Tamar Herzog teaches history at Harvard University, in affiliation with its Law School. The parts are very logically divided into ancient times, early Middle Ages, late Middle Ages, early modern period, modernity, and the nineteenth century. The chapter titles point to themes that separate these periods: Roman Law, Latin Christendom, jurists, laws related to lords, emperors and popes, English common law, natural law, American and French revolutions, and codification of European law. In the “Introduction”, Herzog explains that one of the inspirations to write this book was when one of her students approached her with clueless excitement over the Magna Carta, causing Herzog to question if she should go off on a lecture regarding how history has manipulated and misunderstood this document, or if she should let the student maintain her thrill at the encounter with this mythological archival piece. She decided to explain what we all fail to understand about the history of the law by writing this book.

The book is written is a more conversational style than most law or history books. This should make it easy for a student to read a portion of it closely, important in undergraduate and graduate history classes where very boring and laborious books too often slip into syllabi. The pages are full of curious and surprising revelations. For example, she points out that law courts were originally “optional and required consent of plaintiffs and defendants” before they gradually became mandatory, and their judgements became law rather than suggestions for resolutions to avoid violence. Those who research modern law policy might find inspiration from this realization, causing them to question why do we have courts, and might this type of lawlessness actually decrease crime as the threat of legal retribution from the victim’s side might be more of a deterrent?

Some portions are a bit too lightly described for my taste. For example, one section, “Questioning Feudalism” mentions that since the 1990s historians have questioned if this concept existed as we imagine it: “a model that rarely (if ever was put into place. Or they maintained that the large variety of situations and practices they uncovered in the archives could never be reduced to a system with clear principles”. Few of these questioning studies are clearly cited, and what specific archival evidence proves about these systems is left out. The section ends by moving off into “monarchies and states”. This certainly inspires a desire to research this matter further, but if I was studying this book as homework, I would lack a nugget of truth to take away from it. On the other hand, it’s great to see uncertainty in a history book. My own current research into de-attribution of works away from Daniel Defoe proves that what we imagine is “history” is more like fiction that has been repeated often enough to be believed. If there are no answers regarding if there was ever such a thing as feudalism, it’s great that Herzog forgoes the sway of myth and relies on the confusion suggested by facts.

The section called “The Foundational Documents” briskly summarizes the contents of the Declaration of Independence and the Constitution, and explains what these mean in greater legal context. Another section explains how the ratification of a civil code procedure in New York led to its adoption in Missouri and dozens of other states. This explains why states have such similar criminal and civil codes to each other. In theory, states can create radically different legal codes, but while there are political divergences on abortion, the death penalty and the like, the civil code is oddly duplicable. About half of the book is about relatively modern legal developments many of us have probably read about in high school history classes, and the other half of the book presents information that is entirely foreign, starting with the first written texts. As I imagined, the author states in the end that she hopes to inspire innovation in the law based on these lessons from history. She argues there is a need to “come up with a new paradigm that would replace the old imaginary of a society made of undifferentiated equal citizens linked by an abstract social contract… The new paradigm, instead, would recognize the power of groups and group solidarity as well as the persistence of inequalities and differences by unmaking the metaphors proposed by the French Revolution…” She calls on jurists to propose “methods to imagine a new legal universe for a new society”. If it is relatively easy to compress thousands of years of Earth’s legal history into a pretty thin book, humans really have been lacking in imagining innovations in this area. Then again, it is difficult to agree on a change out of fear it might make things worse: for example, separating people into groups and judging them differently does not sound like it would be moral from my perspective.

The Magna Carta teaches us that, in their quest to obtain certain goals, agents often played with continuity and change. They argued for continuity when they innovated, or clamored for change when in reality they did not allow any. To understand the past, we need to know not only what happened, but also how that past was reconstructed, used and understood by the contemporaries who lived through these events and by the future interpreters who came back to reform their present. In the course of history, the law was elaborated, reworked and recomposed over and over again, while the various individuals, communities and institutions tried to identify, build, reconstruct, make and redo different rules to regulate their activities. Roman law is an important starting point for the history of European law not only because of its permanent heritage, but also because this legacy was finally shared by most (if not all) Europeans. Penetrating slowly, first with the expansion of the Roman Empire and then with the conversion to Christianity, it became the common capital in Europe especially after it was adopted by medieval jurists and reworked to meet the needs of the time. Forming the basis also for the initial development of Anglo-Saxon law, its validity and influence were put to the test in the modern era and were affirmed or denied with the arrival of the contemporary era.

Having started this book with Roman law, I conclude it with the creation and development of the European Union, which for me is both a point of arrival and a starting point. To what extent can Europe today have a common right, and who are the agents and interests that drive this legal unification? Are these unification processes particular to Europe or are they also produced on a global scale? How can the nation-state, invented at the end of the eighteenth century, face the challenges of Europeanization and globalization?.

The Corpus Iuris Civilis, as it came to be known in the sixteenth century, was a collection of several works of Roman law. Sanctioned by Justinian (r.527-565), Emperor of the Eastern Empire in the sixth century AD (that is, after the fragmentation of the Western Empire), in fact the Corpus included some independent compilations that were enacted successively. All of them had in common the fact that they had been prepared by a commission of experts with the aim of keeping, even restitution, the glory of Roman law as well as providing a practical code for the Eastern empire and a teaching tool for scholars. The first of these compilations was the Code (Codex), which in a first edition of the year 529 and a second of 534 summarized several texts of imperial legislation, some old, others not so much, some general and others belonging specifically to the empire Oriental. The Codex basically intended to selectively merge three preexisting compilations (the Codex Gregorianus, the Codex Hermogenianus and the Codex Theodosianus), adding to them the most recent imperial legislation and omitting what was considered obsolete or contradictory. The second edition of the Codex also included decisions by Justinian on how to resolve certain conflicts and promote reforms. The Codex, which was intended to replace previous collections, was organized according to the subject, and within each subject the laws were arranged chronologically. The second compilation that took place under the auspices of Justinian was the Digest (or Pandects). Completed in 533 AD, it reproduced excerpts from the writings of some of the most influential Roman jurists who had worked in the first century BC. and the IV d.C. Organized by themes, the Digest dealt with important areas of private law, especially family law, property rights, contract law and inheritance.

Christianity was born as a Jewish sect sometime in the first part of the first century. With relatively humble origins, it expanded rapidly, first in the eastern Mediterranean and then along its western coasts. Roman officials at first rejected the new religion and, considering it subversive in method and creed, persecuted their followers. But in the fourth century, the trend had reversed. In the year 312 Constantine recognized Christianity as one of the permissible religions, and in 383 Theodosius I declared it the official religion of the empire. The combination of Christianity with the Roman Empire produced an earthquake. It shook some of the basic foundations of Roman law, and when the seismic activity happened, what emerged was a new system. This system no longer linked law with citizenship. Nor did the law become territorial. Instead, the normativity was now linked to a shared creed. In theory, it united all Christians, regardless of their origin or place of residence. This new system was also propagated by new actors, the believers. It was through the missionary activities of these individuals and following their path that, at the beginning of the medieval period, Christianity and Roman law were introduced throughout Europe. Gradually forming part of the legal and cultural heritage even in territories that never belonged to the empire; This introduction created a space that we now call Latin Christianity. Given these enormous differences between Roman and Christian law, many historians were quick to assume that the advent of Christianity greatly and immediately affected Roman law. They hoped to conclude that the rise of Christianity in Rome brought with it important changes and that these would be easy to find in the historical record. They also anticipated that after Rome was Christianized, both the law and conduct of the Romans would have been substantially transformed. But many historians now disagree on how important or pervasive was the influence of Christianity on Roman law or, more particularly, how immediate. They also question whether legal changes (even when they occurred) affected the practices, or if they remained a dead letter, more revealing of the intentions of a small elite than of what happened in society as a whole.

The predominance of canon law in the High Middle Ages ensured the continued presence of Roman law, since Church legislation continued to recur to Roman forms and formulas and theologians continued to produce exegesis based on Roman terminology and analysis. To allow this to happen, Roman law was taught in many cathedral abbeys and schools and it was considered such an authoritative source that it could be used in cases that canon law did not contemplate. The early Christian texts, such as the Rule of St. Benedict of the sixth century (for monks living in communities) or the Etymologies of Isidoro of Seville (which sought to systematize all knowledge in an encyclopedic publication), also made references to the right Roman. They appealed to categories of the Roman legal system, as well as to deadlines and normative solutions. This continued relationship between Roman and canonical rights was reflected in the contemporary saying Ecclesia vivit lege romana (The Church lives from Roman law). But Roman law also persisted in Europe in ways other than its conservation by the Church. In territories under the control of the Eastern Roman Empire, like some parts of present-day Italy in the 6th and 7th centuries, the Corpus Iuris Civilis (the compilation of Roman law of the 6th century made under Justinian) was known and used, and legal transactions recovered by historians they show frequent allusions to Roman law. In the kingdom of León, the judges of the tenth century continued to apply the legal procedures of Visigothic Spain, which were of Roman origin. In Galicia, copies of the Forum Iudicum (a set of laws enacted in the seventh century by the Roman Visigoths, also known as Lex Visigothorum about which will be discussed later) circulated and were used by judges who held the Roman title of Iudex. Roman-Visigothic law also survived in the Iberian Peninsula in territories under Muslim occupation, where it was considered the “personal law” of all Christians. Expertise was also part of the daily practice of law. In the ninth century, glosses and commentaries on various parts of Roman law and canon law began to appear in Europe. In Pavia (present-day Italy), the study of the laws was so intense that the scholars were divided between the antiqui, who mainly focused on Roman law, and the moderni, who also dealt with Germanic law. Roman and canon law also supported the work of notaries and notaries, two professions that began to stand out in Europe during this period along with the increasing use of written documentation. Notaries and notaries were responsible for producing legally efficient documents. They wrote and recorded a great variety of transactions, for which they often resorted to old formulas found in textbooks. The High Middle Ages, in short, might be a world without jurists, but it was certainly a universe in which many professionals gave advice, suggested to kings and their subjects how to proceed, indicated to their community what was right and what was wrong and reflected on how the laws of God could be discovered and applied.

The system that we now recognize as common law consisted, then, of a collection of remedies and procedures for resolving disputes that developed as a result of the growing pre-eminence of real jurisdiction. It was based on the belief that the royal courts would be more just or more efficient than the feudal or local ones, and it was made possible by the success of the British monarchs in centralizing the administration of justice and affirming their superiority to the lords and local communities. Although its triumph was gradual, until the seventeenth century (if not later) the common law courts competed with local, feudal and ecclesiastical courts, which continued to exist, as with the court of the Chancellery, which developed its own system (equity) Was the situation in continental Europe radically different? Historians who concluded that England was an exception tended to look at the impermeability of their legal system to the influence of Roman law. They argued that, although it extended throughout Europe, the ius commune failed to penetrate England, at least to the extent that it influenced other European countries. They suggest that this happened because, unlike other European monarchs, the Normans who controlled England had no reason to allow, let alone favor, the penetration of the new legal method in the kingdom. According to these accounts, the ius commune was not necessary in England because by the time it was available, the English already had a new legal, modern, centralized and effective system that, unlike those that ruled in other parts of Europe, did not I needed no improvement. Therefore, while the authorities and the inhabitants of other European territories resorted to the ius commune in search of inspiration and improvement, nothing similar happened in England. This narrative dominated much of the specialized literature for many centuries, but has been criticized ever since by historians, who point out that during the Middle Ages no modern, centralized or efficient English system ever existed. During this period, the English normative order was divided between the royal, feudal and local courts, and contained norms that originated in Roman, canon, Germanic, feudal and local law. The royal courts that judged in accordance with the common law had only a small number of judges, and until the eighteenth century the cases they saw were relatively few, compared to the number and importance of the cases tried by other courts.

Consequently, despite what is commonly assumed, the ius commune and the common law might not be twins, but they were certainly brothers. As one historian put it, taking into account “the basic principles, the organizing ideas, the argumentation techniques and the habits of thought”, one “might want to call the common law simply a variant, certain is that an eccentric variant of the multitude of legal systems that finally derived from the ius commune ». In other words, the Norman monarchs may have succeeded in promoting their own jurisdiction in unprecedented ways, but the legal system they instituted was the heir of a European past and was committed to its European present. Nevertheless, despite these striking similarities, and despite the continued use of French or Latin terms, expressions and doctrines in England, at the dawn of modernity the myth of English exceptionalism remained strong. It remains to this day, despite historical research that insists on common roots and suggests that if England took a different path, this occurred mainly in modernity, not in medieval times, and was the result not so much of what English law really was but how it was reinvented.

(North America) The claim of the Thirteen Colonies of their right to establish a new State based on a pact that was traditional and new at the same time, the claim that this right of self-determination did not need any justification and put in writing foundational documents with a normative value superior to other laws were all acts that, although innovative, could be explained by observing who the former colonists were or wanted to be. These acts also depended on the convictions propagated by the intellectuals; they were based on the knowledge of the right that their editors had; and they were the result of the colonial experience. The colonies were an informal association of autonomous organisms, each with a somewhat different legal regime. Massachusetts in particular had a system so divergent from that of England that it can be questioned whether it was part of the common law. This difference was not considered problematic as long as the colonial legal provisions were not “repugnant” (that is, they were in direct contradiction) with English law. The principle of disgust allowed constant debates between the authorities in Europe and in the Americas regarding what differences between England and the colonies could be tolerated and which could not. It also allowed disagreement as to what part of English law was applied overseas and to what extent. Adding to this complexity was the existence in England of a great diversity of laws and systems, with common law cohabiting with several hundred local, feudal and ecclesiastical courts, each of which implemented its own normative order. Given this context, there was no reason to believe that normative plurality was not reproduced in the colonies. The Declaration of Independence, the federal and state constitutions and the declarations of rights initiated a new era in legal and political history. Since its promulgation in the late eighteenth century, many other countries proceeded to declare their independence claiming their right to establish new states after filing complaints against their former rulers. Equally popular was the adoption of constitutions that were not radically different from the American one. These used to expose a scheme of government that, although it was often different from that adopted by the old Thirteen Colonies, nevertheless included the separation of powers as well as, more recently, of judicial control. It was understood that these constitutions embodied a higher level of normativity than other laws that governmental and legislative action could not violate. Although this American contribution to European law was not entirely indigenous – after all, it was based on English legal traditions, European debates on natural law and the law of peoples and the philosophy of the Enlightenment – it is clear that the representatives of the Thirteen Colonies were the first to convert these ideals into formally sanctioned legal structures. They were also the first to determine that the most basic elements of collective life (government structures) would be decided by votes in assemblies that supposedly reflected and refined the desires of the “people.” The constitutions that they conceived were the product of tradition and reason, but their ultimate goal was to ensure the happiness of all.

The events that took place in the Thirteen Colonies allowed people to conceive the right to constitute states and to decide on their structure, and devised constitutions as superior laws that limited the sovereignty of Parliament. Meanwhile, the events produced in France led to the formation of a new kind of legal system, based on the power of legislation created in a representative assembly by the will of the people and guided by reason. This system, which was linked to the nation and was designed to introduce changes, produced what most of us identify as “right”.

Although the Uniform Commercial Code produced a certain unification throughout the United States, it was different from the continental codes because it allowed for some variations between states, which were allowed to choose among various options, and because it did not intend to replace all normative sources. previous Furthermore, according to some historians, instead of prescribing solutions, the uniform code usually indicated issues that merited consideration, suggested questions that judges should ask and included a catalog of possible remedies, also listing the conditions for receiving them. Contrary to continental codes, in short, the Uniform Commercial Code allowed, or rather encouraged, broad judicial discretion. He refused to prescribe how each case should be resolved, but instead indicated what the judge should take into consideration and what methods he should follow to arrive at a just decision. In other words, the code provided a road map instead of a destination.

Europeans still disagree on the degree of breadth the Union should have (who should be included) and in depth (what kind of powers it should have). Some even express their disappointment with what the Union has achieved and have expressed demands, or even voted, for their country to leave it. Motivated by growing concerns about the loss of national sovereignty, economic instability and migration, such reactions give voice to local concerns but also echo concerns that exist elsewhere. Despite these discrepancies and the unknown future that lies ahead, from a legal point of view the formation of the European Union was incredibly important, as it was responsible for the rebirth of a new common European law, in reality, a new and modern ius commune . The application of European law by national courts finally became so routine and so charged that many experts now argue that every national court of the Union is also a European court of justice, in the sense that it applies and interprets (and by it also creates) European law. The protection of European regulations by national courts ensures the principle of legality within the European Union and guarantees the subjection of national governments to their European legal obligations. But the involvement of national courts in the interpretation and enforcement of European law has often generated significant tensions. It placed the national courts in opposition to what their government or Parliament wanted when they passed laws that were not totally consistent with or ignored European regulations. It also put the lower courts at odds with higher or constitutional courts, the former challenging the monopoly of the latter to declare certain laws or actions unconstitutional. As a consequence of these changes, many now argue that de facto, even if not de jure, the European Union lost its original character as an international organism and became a quasi-federal state with a quasi-federal constitution (European law) to which all member states are now submitted. Another important result was the Europeanization of national law. It is vital to remember that in Europe there are multiple legal systems. Of particular importance in this regard is the distinction between continental Europe, which followed the ius commune, and England, which had its own common law. The differences between these two systems, it has been argued, are truly insurmountable. Legal epistemologies matter more than the concrete solutions that each of these systems adopted. At the epistemological level, continental law and English are recognizably different, with different approaches to what the law is, who created it and how it could change. While continental systems focus on reason, common law is based on experience; while continental systems give primacy to legislation, the common law prefers jurisprudence. To these statements, those in favor of integration respond arguing that the clear differences between continental law and English are largely fictitious. In theory, the continental law could limit the judges, forcing them to stick to the letter of the law while overlooking other possible contributions from the doctrine or jurisprudence. But, in practice, continental judges have enormous discretion in their interpretation of the law; they often incorporate into their deliberations the doctrinal framework and precedents and dictate resolutions that change the law instead of interpreting it. Similarly, in theory the common law could allow judges to innovate, but in practice this now depends to a large extent on parliamentary legislation, as well as on judicial precedents. In addition, some areas of continental law, such as administrative law, are subordinated to jurisprudence. Meanwhile, some common law areas, such as criminal law, are based on legislation.

Experts in European law have also warned that many of the challenges facing the European Union were not particular to Europe. They were implicit in the way modern law developed in a globalized world. The steps to harmonize the law were notable, for example, in the United States, where the increase in interstate commerce led to many people wanting the unification of laws throughout the country. To achieve this goal, jurists met to draft and propose model codes, with the hope that they would be adopted by most states. While the harmonization, unification and modernization of law across the globe are goals that many are now pursuing, concerns about the variable nature of law itself are also evident on a global scale. These concerns revolve around several issues. The first focuses on the fact that the legislative powers delegate the elaboration of laws in state bureaucracies. This delegation allows the transfer of important regulatory functions to unelected officials who, as employees of commissions, offices, agencies, ministries and state programs, not only execute orders, but also judge conflicts and enact new norms. These officials resolve cases, compile compilations of precedents and internal regulations related to the procedure and positive law. Equally new is the end of state monopolies over regulation due to the creation of standards by transnational organizations, such as commercial enterprises, sports associations, internet giants and intergovernmental organizations, or the growing diversity within borders. nationals that challenges the hegemonic story by suggesting alternative jurisdictions that cater to specific minorities, religious sects, and so on.

The need to find effective answers to the new challenges thus corresponds to the desire to reach a new paradigm that replaces the old image of a society composed of undifferentiated equal citizens, linked by an abstract social contract and expressing their desires through the election of representatives to a Parliament. The new paradigm would recognize the power of groups and group solidarity, as well as the persistence of inequalities and differences by undoing the metaphors proposed by the French Revolution. In this new reality of extreme legal pluralism, where the legal order of the nation-state coincides with a multiplicity of other normative orders, should not jurists focus their efforts on proposing methods to imagine a new legal universe for a new society?.

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