… Y Ahí Lo Dejo. Crónica De Un Proceso — Gonzalo Boye / … And There I Leave It. Chronicle Of A Process (Catalonian) by Gonzalo Boye (spanish book edition)

Seamos claros, el libro es ameno y rápido de leer. No ofrece mucha información que no sea conocida por cualquiera que haya hecho un poco de investigación sobre el tema, pero es útil para repasar toda la cronología de los hechos (y conectarlos entre ellos), desde la primera euroorden de noviembre de 2017 hasta la retirada de todas las euroordenes por parte de Llarena. Si alguien ha ido siguiendo el tema es posible que recuerde la información de forma un poco dispersa, y el libro es útil para poner orden a lo sucedido.
De vez en cuando hay algunos aspectos irrelevantes y un poco repetitivos (al llegar cogí un coche, saqué a pasear al perro, fui al despacho a mirar unos documentos de otro caso etc.). Es el tipo de licencia que se le permite a quien tiene cierto arte describiendo situaciones vacías, pero no es el caso de Gonzalo Boye. Aunque es innegable que tiene una gran capacidad de síntesis de los distintos hechos ocurridos, y que se trata de uno de los mejores juristas de la Unión Europea.
Otro punto que añadiría es que a veces es un poco místico en las críticas o situaciones en las que se le ha perjudicado. Interesante libro donde el autor nos expone ante un litigio estratégico que no solo ponía en juego la libertad personal de nuestros defendidos y sus respectivos futuros, sino algo mucho más importante: el futuro democrático de España, de Catalunya y, en gran medida y sin pretensiones, de Europa. El recorte de libertades, la manipulación del Derecho y la utilización de recursos públicos en la persecución de nuestros defendidos excede con creces el ámbito de una actuación penal y va encaminado a sostener un modelo de sociedad, en todo el territorio español actual, que es incompatible con los principios democráticos imperantes en nuestro entorno. Por ello, este caso y esta defensa eran y son estratégicos para desenmascarar dicha represión. El conflicto entre Catalunya y España nunca debió llegar al ámbito judicial; ese no solo fue un error político sino también histórico. Pero ya enmarañados en lo procesal, no podrá haber solución política sin antes desenredar el laberinto judicial que tan pérfidamente se ha construido para privar a los catalanes, y en el fondo a todos los que discrepamos de la visión oficial, de los derechos más fundamentales. Los abogados nunca debimos ser protagonistas de esta historia, sino meros consejeros que diesen barniz legal a acuerdos o desacuerdos políticos; sin embargo, hoy nos está tocando jugar un papel y hemos de hacerlo en función y a través de los instrumentos que mejor conocemos, los jurídicos.

Una vez que tuvimos claro los escenarios, las necesidades de la defensa y los plazos en los que nos moveríamos nos distribuimos las tareas. Entretanto llegaron Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí, pero no el president Puigdemont; en esos momentos no me pareció ni oportuno ni necesario preguntar por qué no estaba allí. Las presentaciones fueron rápidas y nos sentamos a exponer lo que íbamos a hacer, los riesgos, las ventajas, etc. No fue un diálogo ágil porque se estaba trabajando en tres o cuatro idiomas a la vez. También vino Raquel, que luego me enteré de que era la persona que iba a manejar los temas de comunicación y en esos momentos jugó un papel fundamental. Una de las claves de la defensa seguida, primero en Bélgica y luego en Alemania y Escocia, se ha basado en explicar, en parámetros comprensibles más allá de los Pirineos, los hechos, la realidad que los rodea y las vicisitudes procesales y políticas que este caso implica. Dicho de otra forma: en saber traducir la realidad española para que sea comprensible fuera. La batalla no solo era jurídica sino también mediática y, como ya he expuesto, había comenzado a instalarse un absurdo e interesado relato: los que habían ingresado en prisión lo habían hecho por culpa de los que se fueron a Bélgica. Ningún jurista serio compraba esa historia, pero esta servía, entre otras cosas, para generar división y, sobre todo, trasladar la culpa de la decisión de Lamela a los miembros del Govern. La parte más compleja en un proceso de detención y entrega en el ámbito de la Unión Europea consiste en quebrar el principio de confianza mutua sobre el que se asienta este sistema simplificado de extradición; explicarle a un juez belga que una jueza española estaba actuando en función de criterios políticos no era fácil, y por eso decidimos invertir el orden de nuestros planteamientos, comenzando por la falta de garantías de debido proceso para concluir que esta se sustentaba en que estábamos ante una persecución política. Básicamente se trataba de explicar todas las carencias procesales que los acusados tendrían en caso de ser entregados y conectarlas con la esencia misma del caso: estábamos ante la criminalización de la actividad política y eso, como se vería más adelante, marcaría el devenir de todo el proceso internacional.

La información que se nos dio desde el Tribunal de Schleswig-Holstein era que o bien se dictaba resolución antes del 21 de julio o que ya se dictaría la segunda semana de agosto, cuando los jueces volviesen de vacaciones. Obviamente, un dato de esas características no era menor para nosotros, especialmente para mí, porque a partir del 30 de julio comenzaba el juicio de extradición de Clara en Escocia y necesitaba, de una parte, tener una resolución positiva de Alemania y, de otra, la agenda despejada para podernos centrar en la defensa que había que realizar ante el juzgado de Edimburgo. Las sorpresas no faltarían. El juicio de Escocia me gustaba y me sigue gustando mucho porque estoy convencido de que, cuando sea que tengamos que celebrarlo, de su desarrollo saldrán grandes beneficios no ya para Clara, porque lo ganaremos, sino muy especialmente para el conjunto de la estrategia de defensa y, sobre todo, de cara al objetivo final. Los efectos de lo conseguido en Alemania, y la retirada de la OEDE se sentirían en cuestión de días en Escocia, donde se procedió a archivar el procedimiento de entrega que estaba pendiente de enjuiciamiento, y también, en Suiza, Bélgica y el conjunto de la Unión Europea: a nadie le cabían dudas ya de lo que estaba pasando en España, y que eso no era conforme al entendimiento que de la democracia se hacía en el resto de países de la Unión.
La democracia es algo más que el derecho a votar cada cierto tiempo e implica, necesariamente, que el conjunto de la actividad de una sociedad debe estar presidida por unos determinados valores. El derecho penal, para entenderse como democrático, ha de ser entendido, interpretado y aplicado a la luz del prisma de esos valores democráticos. El Tribunal de Schleswig-Holstein había dado una lección al Tribunal Supremo español indicándole que incluso aquellas conductas que pueden desagradarnos han de ser toleradas en todo sistema democrático.

Waterloo es un centro de trabajo con una actividad tremenda y allí no es difícil encontrarse con múltiples personalidades no solo de la vida política española sino también europea. El president Puigdemont, en este año y meses de exilio ha sabido generar un espacio dentro de Europa y ganarse el respeto y cariño de políticos de los más diversos espectros en todos los países en los que ha estado; en esta ocasión tampoco iba a faltar toparme con personas muy relevantes que enriquecen mucho el trabajo que desde allí se realiza. El futuro siempre pertenecerá a quienes estén dispuestos a sacrificar el presente para alcanzarlo…

Se trata de resolver el problema legal y, luego, porque el conflicto sea llevado a la sede adecuada: la del debate político con todas sus consecuencias. Para avanzar en dicha dirección, lo mejor es asumir los diversos casos y procesos abiertos como un único litigio y darles el carácter que tienen: el de litigio estratégico con una línea de defensa clara, ordenada, rupturista y radical. No estamos ante una persecución penal sino política revestida de formato jurídico, a través de la cual se pretende amedrentar, mediante la condena penal, al disidente. Ello obliga a articular una respuesta, o línea de defensa, que pasa, necesariamente, no tanto por cuestionar la intensidad de los hechos o la responsabilidad y participación de los concretos acusados en un determinado juicio —sea en el Supremo o en aquellos otros Tribunales donde habrá acusaciones muy graves—, sino la interpretación que se da a esos hechos y cómo se ha llegado hasta este punto y momento. No se trata de politizar el debate, ni mucho menos, sino de llevarlo a la raíz del problema y al cómo, con la violación de los derechos colectivos, se llega a la instauración de una serie de procesos penales que pretenden legitimar una represión masiva, ahora singularizada en los líderes políticos y sociales y luego en un número a determinar de personas, de un movimiento absolutamente democrático que ha cuestionado el «fundamento» del sistema surgido a partir de la Constitución Española de 1978, que no es otro que la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, hay que actuar de manera rupturista para, valga la redundancia, romper con los esquemas prefijados y con el modelo de actuación judicial previsto por quienes no quieren romper con la tradición franquista, la raíz de todos estos males.
Es técnicamente posible, y jurídicamente deseable, que el debate jurídico se centre, en todo momento, en desmontar el montaje.

Hay que determinar si lo correcto es hacer una defensa individual o una colectiva; dicho de otra forma: hay que definir si se defiende a cada uno de los acusados en cada uno de los diversos juicios que se irán celebrando o si, por el contrario, se va a defender aquello que políticamente defienden los diversos acusados que es lo que, en algunos casos, los ha llevado a la cárcel o al exilio, lo que en todos esos juicios, los llevará al banquillo y de ahí a la cárcel.
Seguramente, la mejor de las respuestas a este dilema la tenemos desde hace tiempo y procede de Schleswig-Holstein, cuyo Tribunal Superior determinó que los hechos por los que se reclamaba al president Puigdemont son inherentes y propios en una democracia y todo Estado democrático tiene que tolerarlos. Son hechos sin relevancia penal porque son el ejercicio legítimo de una serie de derechos individuales y colectivos que el Estado español ha tratado de criminalizar para reprimir las legítimas aspiraciones del pueblo catalán…

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Let’s be clear, the book is enjoyable and quick to read. It does not offer much information that is not known by anyone who has done a bit of research on the subject, but it is useful to review the entire chronology of events (and connect them), from the first euroorden of November 2017 until the withdrawal of all euroordenes by Llarena. If someone has been following the topic, it is possible to remember the information in a somewhat scattered way, and the book is useful to bring order to what happened.
From time to time there are some irrelevant and a little repetitive aspects (when I arrived I took a car, I took the dog for a walk, I went to the office to look at some documents of another case, etc.). It is the type of license that is allowed to those who have a certain art describing empty situations, but it is not the case of Gonzalo Boye. Although it is undeniable that it has a great ability to synthesize the different events that have occurred, and that it is one of the best jurists in the European Union.
Another point I would add is that sometimes it is a little mystical in the criticisms or situations in which it has been harmed. Interesting book where the author exposes us to a strategic litigation that not only put into play the personal freedom of our defendants and their respective futures, but something much more important: the democratic future of Spain, of Catalonia and, to a large extent and without pretensions , of Europe. The cut of liberties, the manipulation of the Law and the use of public resources in the persecution of our defendants far exceeds the scope of a criminal action and is aimed at sustaining a model of society, throughout the current Spanish territory, which is incompatible with the democratic principles prevailing in our environment. Therefore, this case and this defense were and are strategic to unmask this repression. The conflict between Catalonia and Spain should never have reached the judicial level; that was not only a political error but also a historical one. But already entangled in the procedural, there can be no political solution without first unraveling the judicial labyrinth that has been so perfidiously constructed to deprive the Catalans, and basically all those who disagree with the official vision, of the most fundamental rights. Lawyers should never have been the protagonists of this story, but mere advisers who gave legal varnish to agreements or political disagreements; However, today we are playing a role and we have to do so in function and through the instruments that we know best, the legal ones.

Once we were clear about the scenarios, the needs of the defense and the deadlines in which we would move we distributed the tasks. Meanwhile Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín and Clara Ponsatí arrived, but not President Puigdemont; In those moments it did not seem opportune or necessary to ask me why I was not there. The presentations were quick and we sat down to explain what we were going to do, the risks, the advantages, etc. It was not an agile dialogue because it was working in three or four languages at the same time. Raquel also came, and I later learned that she was the person who was going to handle communication issues and at that time she played a fundamental role. One of the keys of the defense followed, first in Belgium and then in Germany and Scotland, has been based on explaining, in understandable parameters beyond the Pyrenees, the facts, the reality that surrounds them and the procedural and political vicissitudes that this case implies. Put another way: in knowing how to translate the Spanish reality so that it is understandable outside. The battle was not only legal but also media and, as I have already explained, an absurd and interested story had begun to settle: those who had entered prison had done so because of those who went to Belgium. No serious jurist bought that story, but it served, among other things, to generate division and, above all, to shift the blame for Lamela’s decision to the members of the Government. The most complex part of a detention and surrender process within the European Union is to break the principle of mutual trust on which this simplified extradition system is based; explaining to a Belgian judge that a Spanish judge was acting according to political criteria was not easy, and that is why we decided to reverse the order of our proposals, starting with the lack of due process guarantees to conclude that this was based on the fact that we were a political persecution. Basically it was to explain all the procedural deficiencies that the defendants would have if delivered and connect them with the very essence of the case: we were before the criminalization of political activity and that, as we would see later, would mark the future of all the international process.

The information that was given to us from the Schleswig-Holstein Court was that either a resolution was issued before July 21 or that it would be dictated the second week of August, when the judges returned from vacation. Obviously, such data was not less for us, especially for me, because as of July 30 Clara’s extradition trial began in Scotland and she needed, on the one hand, to have a positive resolution from Germany and, on the other, , the agenda cleared so we can focus on the defense that had to be done before the court of Edinburgh. The surprises would not be lacking. The Scottish trial I liked and I still like it a lot because I am convinced that, whenever we have to celebrate it, its development will come great benefits not only for Clara, because we will win it, but especially for the whole defense strategy and, above all, facing the final objective. The effects of what was achieved in Germany, and the withdrawal of the OEDE would be felt in a matter of days in Scotland, where the delivery procedure that was pending prosecution was filed, and also, in Switzerland, Belgium and the whole of the European Union: no one had doubts about what was happening in Spain, and that this was not in accordance with the understanding that democracy was made in the rest of the countries of the Union.
Democracy is something more than the right to vote every so often and implies, necessarily, that the whole activity of a society must be presided over by certain values. Criminal law, to be understood as democratic, must be understood, interpreted and applied in light of the prism of those democratic values. The Schleswig-Holstein Court had taught the Spanish Supreme Court a lesson that even those behaviors that can displease us must be tolerated in any democratic system.

Waterloo is a work center with a tremendous activity and there it is not difficult to meet with multiple personalities not only of the Spanish political life but also European. President Puigdemont, in this year and months of exile, has been able to generate a space within Europe and win the respect and affection of politicians of the most diverse ghosts in all the countries in which he has been; this time I was not going to miss meeting with very relevant people who greatly enrich the work that is done there. The future will always belong to those who are willing to sacrifice the present to achieve it …

It is about solving the legal problem and, then, because the conflict is taken to the appropriate headquarters: that of the political debate with all its consequences. To move in that direction, it is best to take the various cases and open processes as a single litigation and give them the character they have: that of strategic litigation with a line of clear, orderly, disruptive and radical defense. We are not facing a criminal prosecution but a policy covered by a legal format, through which it is intended to intimidate, through criminal conviction, the dissident. This forces us to articulate a response, or line of defense, that necessarily passes, not so much because of questioning the intensity of the facts or the responsibility and participation of the concrete defendants in a certain trial – whether in the Supreme Court or in those other Courts where there will be very serious accusations-, but the interpretation that is given to those facts and how this point and time has been reached. It is not a matter of politicizing the debate, much less, but of taking it to the root of the problem and how, with the violation of collective rights, it is possible to establish a series of criminal processes that seek to legitimize a massive repression, now singularized in the political and social leaders and then in a number to determine of people, of an absolutely democratic movement that has questioned the “foundation” of the system emerged from the Spanish Constitution of 1978, which is none other than the indissoluble unity of the Spanish nation. That is to say, it is necessary to act in a rupturist way so as to be redundant, to break with the pre-established schemes and with the model of judicial action foreseen by those who do not want to break with the Francoist tradition, the root of all these evils.
It is technically possible, and legally desirable, that the legal debate focuses, at all times, on dismantling the assembly.

It’s necessary to determine if the right thing is to make an individual or a collective defense; In other words, it is necessary to define if each of the defendants is defended in each of the various trials that will be held, or if, on the contrary, what is defended by the various defendants is defended. In some cases, they have been taken to jail or exile, which in all these trials will take them to the bench and from there to jail.
Surely, the best answer to this dilemma has been for some time and comes from Schleswig-Holstein, whose Superior Court determined that the facts for which President Puigdemont was claimed are inherent and proper in a democracy and every democratic State has to tolerate them. They are facts without criminal relevance because they are the legitimate exercise of a series of individual and collective rights that the Spanish State has tried to criminalize to repress the legitimate aspirations of the catalonian people …

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