Por Una Ley De Lenguas — Mercè Villarrubias / By A Law of Languages by Mercè Villarrubias (spanish book edition)

Me pareció un libro muy interesante. El problema territorial español es un problema, ante todo, lingüístico. En otras palabras: la crisis territorial no tiene que ver con la falta de reconocimiento de la conjetural plurinacionalidad del país, ni con agravios económicos entre comunidades, ni con un deficiente diseño de la planta estatal, ni con un injusto reparto de eso que redondamente llamamos el poder. No: la crisis territorial tiene su origen y motor inmóvil en una vieja y corrosiva querella lingüística y en la voluntad de poner a ciertas lenguas españolas de gran arraigo y rico acervo al servicio de proyectos comunitarios alternativos al español. En otras palabras: la clave del descontento reside en el perdurable deseo de un conjunto no desdeñable de ciudadanos españoles de disponer de un Estado propio para la lengua con la que se identifican y que es distinta de la lengua común española.
Es un hecho que, como país, no hemos sabido gestionar de manera adecuada nuestra diversidad lingüística a pesar de ser ésta una de nuestras principales características. Somos un país plurilingüe y, al mismo tiempo, contamos con una lengua mayoritaria conocida por todos. Las situaciones de diversidad son indudablemente más difíciles de gestionar que aquéllas donde predomina lo homogéneo. Sin embargo, los niveles de enfrentamiento, intolerancia y visceralidad a los que se ha llegado en España en materia lingüística llevan a pensar que debemos detenernos un momento y repensar esta cuestión.
En algún momento, el tema de las lenguas debe poder abordarse en España con sensatez y ecuanimidad. El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines políticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energía ciudadana hasta límites inauditos. No hemos logrado desarrollar una cultura lingüística que valore el plurilingüismo de España y de sus comunidades bilingües y lo perciba como una característica positiva de nuestro país, una riqueza cultural de todos y un valioso recurso individual. Ha sucedido lo contrario: desde la Transición han aumentado los enfrentamientos y la manipulación sectaria del debate. Ningún partido se ha distinguido por tener altura de miras y voluntad de equidad con este tema. Los dos partidos que han gobernado España, el PSOE y el PP, se han refugiado en lógicas partidistas y han descuidado una cuestión tan fundamental.
Tampoco los gobiernos de las Comunidades bilingües han actuado siempre con respeto al bilingüismo. Al contrario, han optado mayoritariamente por programas pro-monolingüismo que excluyen el español y se sostienen en razonamientos que difícilmente resisten un análisis objetivo.

La organización lingüística que diseñó la Constitución para España es la de «bilingüismo territorializado» por el que las lenguas distintas del español serían oficiales allí donde se hablan y los gobiernos de las Comunidades bilingües tendrían plenas competencias en la política lingüística de sus comunidades. En aquel momento, los constituyentes, reflejando sin duda el sentir colectivo del país, quisieron ser muy generosos y muy cuidadosos con las lenguas. Se quería compensar por el dolor causado durante la dictadura y se otorgó el máximo rango al catalán, el euskera y el gallego, el de lenguas cooficiales.
En 1978 se hizo lo que se tenía que hacer, lo que era justo. Sin embargo, las cosas no han ido por los derroteros esperados. La legítima recuperación, revitalización y avance de las lenguas distintas del español se ha realizado con unas políticas lingüísticas orientadas hacia un estricto monolingüismo y un intento constante de erosión del bilingüismo de las Comunidades.

Éste es el artículo 3 del Título Preliminar de la Constitución, que trata de las lenguas de España. Se encuentra en el Título Preliminar porque se otorga a las lenguas la consideración de derecho fundamental.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Durante la redacción del artículo 3, tuvo lugar una larga e intensa discusión3 sobre si se debía usar castellano o español para referirse a la lengua oficial del Estado. Finalmente, se optó por el primero con la idea de reconocer como españolas todas las lenguas habladas en el país. Así, el redactado dice «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y no «el castellano es la lengua oficial del Estado».
Por otra parte, no es la primera vez que se define el castellano como la lengua oficial del Estado. El precedente es el artículo 4 de la Constitución de 1931, que definía el castellano como «el idioma oficial de la República».

Los primeros estatutos de las Comunidades bilingües declaran lengua propia a:
• El euskera en el País Vasco (art. 6.1, Estatuto de Autonomía del País Vasco, 1979).
• El catalán en Cataluña (art. 3.1, Estatuto de Autonomía de Cataluña, 1979).
• El gallego en Galicia (art. 5.1, Estatuto de Autonomía de Galicia, 1981).
• El valenciano en la Comunidad Valenciana (art. 7.1 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 1982).
• La lengua catalana propia de las Islas Baleares en éstas (art. 3 Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, 1983).
• En Navarra, el euskera y el español son ambas consideradas lenguas propias en la Ley Foral del vasco de diciembre de 1986.

El término lengua propia no sólo ha sido una mina de oro para los políticos y gestores lingüísticos nacionalistas desde un punto de vista legislativo. También lo ha sido desde un punto de vista discursivo.
Con los años, el término lengua propia se ha consolidado en el discurso público en toda España. Comunidades con lengua propia, las lenguas propias de las Comunidades, estas expresiones son ya de uso común y espontáneo en toda España. Muchos creen de buena fe que están usando términos neutros, puramente descriptivos, pero la realidad está lejos de ello. Las lenguas propias y las Comunidades con lengua propia son términos altamente marcados ideológicamente.
Desde un punto de vista discursivo, Comunidades con lengua propia sirve para arrojar un tupido velo sobre la realidad sociolingüística de estas Comunidades, es decir, su bilingüismo existente desde hace siglos. En conclusión, la cooficialidad esperada en los primeros años de la democracia se tornó en una asimetría entre la lengua propia y la lengua oficial. Éste era el interés nacionalista y lo pudo desplegar de forma muy plácida.

Las lenguas (Dialectos) que conforman este grupo son las siguientes:
• Asturiano (Asturias)
• Aragonés oriental o chapurriau (este de Aragón)
• Altoaragonés (zonas de la provincia de Huesca)
• Aranés (Valle de Arán)
• Cántabro o montañés (Cantabria)
• Leonés (en zonas de las provincias de León y Zamora)
• Extremeño o castúo (noroeste de la provincia de Cáceres)
• Fala galaico-extremeña (noreste de Cáceres)
• Árabe dariya (Ceuta)
• Bereber-tamazig (Melilla)

La elaboración e implementación de una Ley de Lenguas nos permitiría realizar un cambio cualitativo en el abordaje y tratamiento de nuestra diversidad lingüística, superando muchos de los problemas que padecemos actualmente. El Estado ya tiene un cierto camino recorrido en su evolución hacia un Estado plurilingüe activo y comprometido. La Ley de Lenguas no supondría empezar de cero. Así, partiendo de lo que ya se está llevando a cabo, el Estado puede ampliar y consolidar este camino hacia el reconocimiento pleno de la diversidad lingüística del país y constituirse gradualmente en un Estado plurilingüe.

Nuestra propuesta de Ley de Lenguas es una propuesta global que incluye todas las lenguas como lenguas del Estado porque pensamos que no hay otra manera justa de abordar el tema. Todas las lenguas tienen el mismo valor y todas ellas constituyen la diversidad lingüística de nuestro país. Las propuestas que sólo atienden a una parte de las lenguas y sus hablantes –unas «defienden» el catalán, el euskera y el gallego y otras, el español– son iniciativas que no unen a los ciudadanos en un marco común. Más bien, a pesar de las buenas intenciones que puedan albergar unas y otras propuestas, éstas son divisivas porque se dirigen solamente a una parte de la población generando malestar en la otra u otras partes. Lo que hacen, en realidad, es ahondar las trincheras. No es esto lo que necesitamos, sino una reforma lingüística conducente a una mejora de la convivencia. Para ello se requiere en primer lugar una visión global y ecuánime de todas las lenguas oficiales y sus hablantes, y en segundo lugar una firme y clara voluntad inclusiva. Desde estas premisas se puede avanzar en la convivencia ya que ningún ciudadano tendría motivo por sentirse agredido por razón de lengua.
La construcción del Estado plurilingüe que proponemos en la ley supondría un cambio cualitativo en el tratamiento de las lenguas y los derechos de los hablantes. A ello se añade la propuesta que hacemos de un nuevo enfoque para repensar las lenguas: tener en cuenta no sólo las lenguas sino también, y muy especialmente, a los hablantes. Actualmente, la percepción hegemónica de las lenguas en España es que éstas están vinculadas exclusivamente a los territorios.

España necesita reformas en varios campos, y el régimen lingüístico es indudablemente uno de ellos. En estos momentos, en este tema, los partidos nacionales tienen ante sí tres caminos.
El primer camino es seguir como hasta ahora: no hacer nada y seguir permitiendo que las problemáticas lingüísticas corroan la convivencia ciudadana.
El segundo, optar por la propuesta del «blindaje» del catalán y las demás lenguas cooficiales, como se pide desde diversos sectores.
Y el tercero, decidirse por liderar una gran reforma sobre el tratamiento del plurilingüismo en España, que se plasmaría en la aprobación de una Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos.
Un último apunte para concluir: la propuesta de Ley de Lenguas es una idea a la que seguramente aún no le ha llegado su tiempo.

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I found it a very interesting book. The Spanish territorial problem is a problem, first of all, linguistic. In other words: the territorial crisis has nothing to do with the lack of recognition of the conjectural plurinationality of the country, nor with economic grievances between communities, nor with a poor design of the state plant, nor with an unfair distribution of what we call the power. No: the territorial crisis has its origin and immobile motor in an old and corrosive linguistic quarrel and in the desire to put certain Spanish languages of great roots and rich heritage in the service of community projects alternative to Spanish. In other words: the key to discontent lies in the enduring desire of a non-negligible group of Spanish citizens to have their own State for the language with which they identify and which is different from the common Spanish language.
It is a fact that, as a country, we have not managed to adequately manage our linguistic diversity, despite this being one of our main characteristics. We are a multilingual country and, at the same time, we have a majority language known to all. The situations of diversity are undoubtedly more difficult to manage than those where the homogeneous predominates. However, the levels of confrontation, intolerance and viscerality that have been reached in Spain in linguistic matters lead us to think that we should stop for a moment and rethink this issue.
At some point, the subject of languages must be able to be addressed in Spain sensibly and equanimously. The confrontation of languages and their use for political purposes has poisoned coexistence and squandered citizen energy to unprecedented limits. We have not managed to develop a linguistic culture that values the plurilingualism of Spain and its bilingual communities and perceives it as a positive feature of our country, a cultural richness of all and a valuable individual resource. The opposite has happened: since the Transition, confrontations and sectarian manipulation of the debate have increased. No party has distinguished itself by having height of vision and will of equity with this issue. The two parties that have governed Spain, the PSOE and the PP, have taken refuge in partisan logic and have neglected such a fundamental issue.
Nor have the governments of the bilingual communities always acted with respect to bilingualism. On the contrary, they have opted for pro-monolingualism programs that exclude Spanish and are based on arguments that are difficult to resist an objective analysis.

The linguistic organization that designed the Constitution for Spain is “territorialized bilingualism” whereby languages other than Spanish would be official where they are spoken and governments of bilingual communities would have full competence in the linguistic policy of their communities. At that time, the constituents, reflecting without doubt the collective feeling of the country, wanted to be very generous and very careful with languages. They wanted to compensate for the pain caused during the dictatorship and the highest rank was given to Catalan, Basque and Galician, that of co-official languages.
In 1978, what was done was done, which was fair. However, things have not gone the way expected. The legitimate recovery, revitalization and advancement of languages other than Spanish has been carried out with linguistic policies oriented towards a strict monolingualism and a constant attempt to erode the bilingualism of the Communities.

This is Article 3 of the Preliminary Title of the Constitution, which deals with the languages of Spain. It is found in the Preliminary Title because languages are considered fundamental rights.
1. Castilian is the official Spanish language of the State. All Spaniards have a duty to know it and the right to use it.
2. The other Spanish languages will also be official in the respective Autonomous Communities in accordance with their Statutes.
3. The richness of the different linguistic modalities of Spain is a cultural heritage that will be the object of special respect and protection.

During the writing of article 3, there was a long and intense discussion3 about whether Castilian or Spanish should be used to refer to the official language of the State. Finally, the first was chosen with the idea of recognizing as Spanish all the languages spoken in the country. Thus, the wording says “Castilian is the official Spanish language of the State” and not “Spanish is the official language of the State.”
On the other hand, it is not the first time that Castilian is defined as the official language of the State. The precedent is Article 4 of the Constitution of 1931, which defined Spanish as “the official language of the Republic”.

The first statutes of the Bilingual Communities declare their own language to:
• Basque in the Basque Country (Article 6.1, Statute of Autonomy of the Basque Country, 1979).
• Catalan in Catalonia (Article 3.1, Statute of Autonomy of Catalonia, 1979).
• Galician in Galicia (article 5.1, Statute of Autonomy of Galicia, 1981).
• Valencian in the Valencian Community (article 7.1 Statute of Autonomy of the Valencian Community, 1982).
• The Catalan language of the Balearic Islands in these (article 3 Statute of Autonomy of the Balearic Islands, 1983).
• In Navarre, Basque and Spanish are both considered as their own languages in the Basque Provincial Law of December 1986.

The term “own language” has not only been a gold mine for politicians and nationalist linguistic managers from a legislative point of view. It has also been from a discursive point of view.
Over the years, the term “own language” has been consolidated in public discourse throughout Spain. Communities with their own language, the languages of the Communities, these expressions are already common and spontaneous in all of Spain. Many believe in good faith that they are using neutral terms, purely descriptive, but reality is far from it. Own languages and Communities with their own languages are highly ideologically marked terms.
From a discursive point of view, Communities with their own language serves to throw a veil over the sociolinguistic reality of these Communities, that is, their bilingualism that has existed for centuries. In conclusion, the co-officiality expected in the first years of democracy turned into an asymmetry between the proper language and the official language. This was the nationalist interest and he could deploy it very placidly.

The languages (dialects) that make up this group are the following:
• Asturian (Asturias)
• East Aragonese or chapurriau (east of Aragon)
• Altoaragonés (areas of the province of Huesca)
• Aranés (Valle de Arán)
• Cantabrian or mountain (Cantabria)
• Leonés (in areas of the provinces of León and Zamora)
• Extremeño or castúo (northwest of the province of Cáceres)
• Fala galaico-extremeña (northeast of Cáceres)
• Arabic dariya (Ceuta)
• Berber-Tamazig (Melilla)

The elaboration and implementation of a Law of Languages would allow us to make a qualitative change in the approach and treatment of our linguistic diversity, overcoming many of the problems that we currently suffer. The State already has a certain path taken in its evolution towards an active and committed plurilingual State. The Law of Languages would not mean starting from scratch. Thus, based on what is already taking place, the State can broaden and consolidate this path towards the full recognition of the country’s linguistic diversity and gradually become a plurilingual State.

Our proposed Language Law is a global proposal that includes all languages as State languages because we think that there is no other fair way to approach the subject. All languages have the same value and all of them constitute the linguistic diversity of our country. Proposals that only deal with a part of the languages and their speakers – some “defend” Catalan, Basque and Galician and others, Spanish – are initiatives that do not unite citizens in a common framework. Rather, despite the good intentions that some proposals may have, these are divisive because they are directed only to one part of the population, generating discomfort in the other or other parts. What they do, really, is to deepen the trenches. This is not what we need, but a linguistic reform leading to an improvement of coexistence. For this, a global and equitable vision of all the official languages and their speakers is required first, and secondly, a firm and clear inclusive will. From these premises you can advance in coexistence since no citizen would have reason to feel assaulted because of language.
The construction of the plurilingual State that we propose in the law would suppose a qualitative change in the treatment of the languages and the rights of the speakers. To this is added the proposal we make of a new approach to rethink languages: take into account not only the languages but also, and especially, the speakers. Currently, the hegemonic perception of languages in Spain is that they are linked exclusively to the territories.

Spain needs reforms in several fields, and the linguistic regime is undoubtedly one of them. At this time, on this issue, national parties have three paths before them.
The first way is to continue as before: to do nothing and continue allowing linguistic problems to corrode citizens’ coexistence.
The second, opt for the proposal of the “shielding” of Catalan and the other co-official languages, as requested from various sectors.
And the third, to decide to lead a major reform on the treatment of plurilinguism in Spain, which would be reflected in the approval of a Law of Official Languages and Linguistic Rights.
A final note to conclude: the proposed Language Act is an idea that surely has not yet reached his time.

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