Para Que España Avance — Carlos Sebastián / For Spain To Advance by Carlos Sebastián (spanish book edition)

Interesante ensayo partiendo de la idea de un doble estancamiento en la economía española: la productividad no crecía y la calidad institucional no mejoraba en términos netos. Además el segundo hecho era una causa importante del primero.
Es obvio que se han producido notables cambios en la estructura productiva española y que se ha avanzado en la internacionalización de sus empresas, con una mayor presencia en los mercados internacionales de los bienes y servicios producidos, y ello pone de manifiesto, un cierto dinamismo empresarial, que ha acertado en adoptar estrategias de éxito. Pero un análisis más profundo del fenómeno revela los límites de esa dinamización.
Por un lado, la meritoria diversificación de las exportaciones no ha llevado a un aumento en la complejidad media de lo que se exporta y, por otro, la supervivencia de una empresa española en los mercados internacionales es bastante corta.
Estas deficiencias deben ser la causa por la que las empresas españolas no tienen un papel de alguna relevancia en las cadenas de valor globales, que constituye la nueva forma de organización de la producción mundial: no sólo son muy limitados los casos españoles de líderes de las cadenas de valor, sino que se corre el peligro de ir perdiendo peso en los puestos intermedios de las cadenas.
Las empresas españolas han realizado un gran esfuerzo para vender más productos a más mercados, pero han mostrado problemas para consolidar su posición en el exterior y, por tanto, para expandir el valor de sus ventas de manera significativa: es decir, han tenido dificultades para aumentar el margen intensivo. La complejidad de las exportaciones es de nivel medio y apenas aumenta. La muy cacareada Ley de Apoyo a los Emprendedores de 2012 está siendo el presumible fracaso.

El tamaño de las empresas es menor en España que en los países europeos desarrollados: las empresas de menos de diez trabajadores representan en España el 41% del empleo, mientras que en Alemania sólo un 20% y en Francia un 32%. Las empresas españolas son menos productivas que las de los grandes países europeos y esto es aplicable a todos los tamaños, pero las diferencias en productividad son mucho mayores en las empresas pequeñas y medianas, que tienen en España un mayor peso.
Sin embargo, es una incorrecta simplificación centrar en el menor tamaño la causa del atraso en productividad, como se hace a menudo.
Un aspecto de la realidad empresarial española íntimamente ligado con sus problemas de tamaño es la alta mortandad que experimenta. La tasa de supervivencia de las empresas españolas es de las menores entre los países europeos de la OCDE. El 61% de las empresas creadas por los autónomos no supera los cinco años. Distintos factores institucionales –excesiva burocracia, mala gestión tributaria, dificultades en el acceso al crédito que se agravan por la alta morosidad que sufren las nuevas empresas y la posición de dominio de las grandes, que vamos a comentar más abajo– son las probables causas de esta elevada mortandad. También importantes deficiencias en la capacidad gerencial, que, como vamos a defender, están muy negativamente afectadas por la persistencia de distorsiones institucionales.

La capacidad gerencial tanto privada como pública en España es relativamente baja. La débil capacidad gerencial en las empresas produce una mala asignación interna de recursos (menor productividad), limita la intensidad de intraemprendedores, dificulta el desarrollo y la consolidación de las ideas de los emprendedores, y debilita a las empresas exportadoras que experimentan un bajo margen intensivo y acaban abandonando el mercado exterior.
Una mejor educación no conduce necesariamente a mejoras en la capacidad gerencial. Y respecto al segundo elemento del mantra, el gasto en I+D, su raquitismo en España resulta evidente, pero es más consecuencia que causa de una deficiente gestión empresarial. Por otra parte, resulta una simplificación excesiva abordar la cuestión pidiendo, sin más, aumentos del gasto público en estas actividades.

El deficiente marco institucional es una de las causas fundamentales de la baja productividad. Las instituciones políticas, como el Estado, y también las económicas, como la organización de los mercados, causan directamente decisiones ineficientes, pero también desincentivan el desarrollo del capital humano con talento empresarial (o gerencial). Respecto a la responsabilidad de los factores institucionales en este pobre desarrollo, se podría decir que las deficiencias institucionales reducen, por un lado, el valor de las capacidades gerenciales –disminuyen lo que un aumento de esas capacidades puede lograr– y que, por otro, incentivan una cultura empresarial alejada de la excelencia gerencial y obstaculizan las mejoras en la organización y gestión de las empresas.
La mala calidad del Estado crea inseguridad jurídica, mantiene una excesiva burocracia que ahoga a los más dinámicos, favorece no pocas veces a los más ineficientes, impone costes innecesarios a empresas y emprendedores.
Un fenómeno positivo que ha ido intensificándose lentamente en los últimos años: el desarrollo de instituciones privadas de la sociedad civil. Esas instituciones se están convirtiendo, con desigual éxito pero sin desmayar en el empeño, en guardianes de la transparencia, lo que resulta fundamental para la reforma del marco institucional. Están colaborando con distintos niveles de la Administración para introducir procedimientos de control y transparencia, están evaluando la calidad de distintas instituciones públicas y están participando con grupos parlamentarios en los procesos de elaboración de normas. Están, en fin, adquiriendo lentamente el reconocimiento de parte de la sociedad, de instituciones internacionales y, lo que es muy importante, de los mismos poderes públicos.

El Tribunal Constitucional (TC) vela por que las leyes y demás acciones de gobierno estén de acuerdo con los preceptos constitucionales y se respeten los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución. No es el lugar, ni yo soy la persona capacitada, para realizar una discusión a fondo sobre el papel de este alto tribunal en nuestra arquitectura institucional, pero sí quiero plantear dos disfuncionalidades importantes que se han producido a lo largo de sus casi cuarenta años de existencia.
En primer lugar, las justificadas dudas sobre el procedimiento de elección de sus magistrados que han mermado la credibilidad del tribunal, siendo ésta una condición necesaria para que el TC cumpla sus funciones. En segundo lugar, el recurso abusivo a este tribunal durante la mayor parte de su vida, a veces para defender derechos que deberían ser resueltos en niveles jurisdiccionales inferiores (los recursos de amparo) y otras para dirimir conflictos que se deberían solucionar en el debate político y parlamentario.
Para que exista transparencia es fundamental poner a disposición de los ciudadanos, en un formato claro, accesible y de fácil comprensión, los datos sobre las decisiones del Gobierno y defender el derecho de aquéllos a que los órganos del Ejecutivo les faciliten la información que soliciten de forma igualmente clara y veraz. También que se dé cumplida publicidad a los actos de gobierno que afecten a los ciudadanos. Es cierto que puede haber datos e informaciones que, por su naturaleza, esté justificado que no se pongan al alcance de todos. Pero este punto es precisamente uno de los que determinan las diferencias en el grado de transparencia facilitada por las legislaciones de cada país. Otro punto importante de diferencia es el grado de cumplimiento de la correspondiente ley que regula la transparencia. Para garantizarla, es fundamental la protección a los denunciantes de fraudes e irregularidades.
La mala calidad y la inestabilidad de las leyes conducen a un menor grado de cumplimiento de las mismas y, con ello, a cierto relativismo legal, que mina la seguridad jurídica. A ello contribuye el hecho de que la Administración incumple las leyes con más frecuencia de lo que sería permisible, aumentando la inseguridad jurídica (las normas no son respetadas ni por quienes las promueven) y la sensación de indefensión (el cumplimiento de las leyes no asegura recibir un trato justo por parte de los poderes del Estado). Todo lo anterior eleva la incertidumbre e incentiva una cultura de incumplimiento legal entre la ciudadanía.
En definitiva, instituciones políticas clave para un buen funcionamiento del Estado de derecho (como el TC (Tribunal Cuentas) y el CGPJ (Consejo General Poder Judicial)) muestran graves defectos derivados de la forma en cómo se eligen sus miembros. Estos defectos, u otros del mismo orden relacionados con la forma en que se designan sus directivos, están también presentes en otros órganos de supervisión y fiscalización que deberían garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos (como el CTBG, el TCu, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública y la Oficina de Conflictos de Intereses).

Podemos apuntar tres características negativas del aparato del Estado español:
a)Ineficacia y exceso de burocracia.
b)Corrupción y falta de transparencia (incluidas las que causan enormes despilfarros públicos y déficits de imparcialidad).
c)Resistencia a la innovación y a las reformas.
Junto a estas características está el incumplimiento de leyes y normas por la propia Administración y sus frecuentes fraudes de ley, irregularidades en las que incurre muchas veces para favorecer a los beneficiarios (¿cómplices?) de la política clientelar. Lo que además de las distorsiones que representa, afecta negativamente, como ya hemos comentado, a la seguridad jurídica.
El peso de la burocracia española aparece por doquier. El ahogo de la investigación científica pública no sólo viene de los recortes de sus presupuestos, sino también de las asfixiantes trabas burocráticas para gastar su exiguo presupuesto, que no sólo impone una carga excesiva a los investigadores, que dedican igual de tiempo a hacer frente a ellas que a investigar o a formar investigadores, sino que parte de los créditos acaban por no ser gastados y tienen que ser devueltos. La intervención delegada previa retrasa la contratación de nuevos investigadores, aun habiendo dinero para hacerlo, lo que acaba desanimando tanto a los que se pretendía contratar como a los responsables del proyecto.
Se observa una absoluta falta de transparencia en la práctica totalidad de los proyectos, tanto en el proceso de adjudicación de las obras como en su realización.

La burbuja crediticia que alimentó la inmobiliaria tuvo su causa fundamental en una gestión irresponsable del crédito hipotecario por parte de los directivos de las entidades bancarias. En ese festival, que tan mal terminó, las entidades fueron muy poco transparentes con sus clientes hipotecarios e introdujeron elementos abusivos en los contratos (como las cláusulas suelo o los intereses de demora) que empeoraron aún más la situación patrimonial de los prestatarios.
La regulación de los préstamos hipotecarios y de las subastas en caso de ejecución incentivó el crédito irresponsable, y las modificaciones que se fueron introduciendo durante la crisis favorecieron a los bancos y no al consumidor. Cuando la financiación al promotor inmobiliario, un ejemplo claro del crédito irresponsable, empezó a emitir señales de alarma, allá por el año 2007, las entidades bancarias acordaron con los promotores alargar los plazos, con lo que el efecto sobre sus balances fue pequeño. Para que esta práctica irresponsable no debilitara tanto la solvencia de los bancos se cambió la Ley Concursal y se relajaron las normas sobre provisiones en inmuebles.
Los procedimientos de ejecución hipotecaria estaban claramente sesgados a favor del acreedor, lo que también contribuyó a incentivar el crédito irresponsable, que se daba sin tener en cuenta las condiciones del prestatario. Si la hipoteca tenía unos intereses de demora del 21%, como era frecuente, durante la ejecución hipotecaria no se podía alegar el abuso. En el procedimiento de ejecución, si no se producía una puja, el banco podía adjudicarse el inmueble por un valor igual al 50% del tipo de subasta que se fijaba en la escritura, es decir, que fijaba el banco. Y el total de la deuda pendiente, incluidos los abusivos intereses de demora, menos el valor al que el banco se había adjudicado el inmueble, seguía siendo del deudor, que se había quedado sin su casa, y el banco podía proceder contra cualquier otro elemento patrimonial que tuviera.

Los datos que enmarcan la actualidad del mercado de trabajo español y su evolución en los últimos años son los siguientes:
–La tasa de paro (14,6% en el tercer trimestre de 2018) es la segunda más alta de Europa, únicamente superada por la empobrecida Grecia.
–Pese al crecimiento del empleo desde 2014, el número de ocupados a mediados de 2018 es sólo el 93% del que había a mediados de 2008 y, si nos limitamos a los ocupados a tiempo completo, este porcentaje baja al 90%.
–El porcentaje de contratos temporales, el 27%, es el más alto de Europa.
–España tiene la mayor proporción de trabajadores pobres en la Unión Europea: el 14,8% de los hogares con un miembro ocupado están por debajo del umbral de la pobreza.
–Casi la mitad de los 3,3 millones de parados en el tercer trimestre de 2018 llevan más de un año sin trabajo; el 34% de los parados llevan dos o más años buscando empleo.
–La tasa de paro juvenil (16-19 años) es del 51% y la tasa de paro de activos entre 20 y 24 años es del 31%.
–La productividad por hora trabajada sigue sin crecer y continúa divergiendo de los países europeos más avanzados, como Alemania y Francia.
–El 42% de los menores de 34 años con empleo lo han encontrado por contactos personales.
La estrategia para el futuro debería ser fomentar la innovación en la forma de organizar la producción y aumentar el capital humano. Pero para esta segunda tarea es necesario cambiar radicalmente la forma de enseñar, huyendo de los currículos cerrados y de las clases magistrales.

En definitiva, paliar la pobreza y mejorar la distribución debe ser un objetivo primordial. Desde luego por motivos éticos y sociales, pero también por motivos económicos. Dada la exclusión social que sufre de forma persistente una parte de la población, tal como hemos mostrado en el capítulo anterior y en éste, España no se puede permitir perder tal volumen de recursos humanos, muchos con formación actualizable, pues en un horizonte no muy lejano la escasez de esos recursos va a ser una restricción relevante.
Factores institucionales son responsables en buena medida de esa situación, pues el deficiente funcionamiento de los mercados es determinante y porque la mala calidad de la Administración ha condicionado la inoperancia de los escasos esfuerzos que se han realizado para paliarla. En la intensidad de la crisis que comenzó en la década anterior, la mala supervisión, los incentivos perversos, algunos de ellos consecuencia de sesgos en la regulación para favorecer a algunos, y el horrible y politizado gobierno corporativo de las cajas, todos ellos factores institucionales, jugaron un papel muy relevante y muy negativo.

En definitiva, el conjunto de reformas básicas se resume en dos: transparencia en todos los niveles y profesionalización de los directivos públicos en todas las administraciones, incluidos los de los distintos órganos de control y supervisión, que sean elegidos por procedimientos transparentes y meritocráticos, y obligados a la rendición de cuentas a través de la evaluación de su desempeño. Estas reformas básicas necesitarían acuerdos de bastante calado, pero no cambios previos en el armazón constitucional. Son compatibles con muy distintos enfoques y énfasis en los programas de política económica (y social) y resultarían necesarios para una definición y puesta en práctica correctas de cualquiera de ellos.
Un aspecto importante de las deficiencias de nuestro Estado de derecho: el incumplimiento de normas por parte de las administraciones públicas. España, por ejemplo, es el país de la Unión Europea con más infracciones medioambientales. Cerró 2017 con treinta expedientes abiertos, cuatro más que el año anterior (suponen el 10% de todo los expedientes a los veintiocho Estados miembros). Los casos abarcan todas las materias: gestión incorrecta del agua, omisión de evaluaciones en proyectos urbanísticos, protección de espacios naturales, caza ilegal, etc. Piénsese en el efecto que tiene sobre el ciudadano el que el Estado incumpla las normas que ha producido, o a las que se ha adherido, en materias tan sensibles como la defensa de bienes públicos. ¿Y qué se puede hacer? Rendición de cuentas. Aparte de la que se pudiera instrumentar sobre los políticos responsables, desde luego el directivo público cuya gestión ha generado o permitido estas infracciones debería ver reflejadas estas faltas en la valoración de su desempeño y, por tanto, tener dificultades para ser renovado en su cargo.

El surgimiento de gran número de organizaciones de la sociedad civil que ejercen funciones de supervisión y denuncia de los poderes públicos, y también de los abusos que se dan en el sector privado. No se puede exagerar su impacto, pero tampoco minusvalorarlo, porque se observa que su incidencia y su prestigio –dentro y fuera de España– van aumentando. Hay Derecho, Civio, junto a otras como Acción Cívica, Agenda Pública, Transparencia Internacional España, y otras muchas que apenas conozco, realizan una triple función de estudio de la realidad, de denuncia de irregularidades y abusos y de propuestas para el avance institucional. Defender con firmeza la transparencia y contribuir a una mejor regulación y a la evaluación tanto de programas como de regulaciones son algunas de las contribuciones que han empezado a realizar y en las que tienen que perseverar. Esperemos que sigan creciendo, en número y en funciones, y que logren mantener su independencia, tanto de los partidos como de los poderes económicos; si la pierden, serán inútiles.

Interesting essay based on the idea of ​​a double stagnation in the Spanish economy: productivity did not grow and institutional quality did not improve in net terms. In addition, the second fact was an important cause of the first.
It is obvious that there have been notable changes in the Spanish productive structure and that progress has been made in the internationalization of its companies, with a greater presence in the international markets of the goods and services produced, and this shows, a certain business dynamism , who has successfully adopted successful strategies. But a deeper analysis of the phenomenon reveals the limits of this dynamisation.
On the one hand, the meritorious diversification of exports has not led to an increase in the average complexity of what is exported and, on the other, the survival of a Spanish company in international markets is quite short.
These deficiencies must be the reason why Spanish companies do not have a role of any relevance in the global value chains, which constitutes the new form of organization of world production: not only are the Spanish cases of leaders of the value chains, but there is a danger of losing weight in the intermediate positions of the chains.
Spanish companies have made a great effort to sell more products to more markets, but have shown problems to consolidate their position abroad and, therefore, to expand the value of their sales significantly: that is, they have had difficulties in increase the intensive margin. The complexity of exports is medium level and hardly increases. The much-vaunted Law of Support for Entrepreneurs of 2012 is the presumable failure.

The size of companies is lower in Spain than in developed European countries: companies with less than ten workers represent 41% of employment in Spain, while in Germany only 20% and in France 32%. Spanish companies are less productive than those of large European countries and this applies to all sizes, but the differences in productivity are much greater in small and medium-sized companies, which have a greater weight in Spain.
However, it is an incorrect simplification to focus on the smallest size the cause of the delay in productivity, as is often done.
One aspect of the Spanish business reality intimately linked with its size problems is the high mortality that it experiences. The survival rate of Spanish companies is among the lowest among the European countries of the OECD. 61% of the companies created by the self-employed do not exceed five years. Different institutional factors -excessive bureaucracy, poor tax management, difficulties in the access to credit that are aggravated by the high delinquency suffered by the new companies and the dominance position of the large companies, which we will comment below- are the probable causes of this high mortality. There are also important deficiencies in managerial capacity, which, as we are going to defend, are very negatively affected by the persistence of institutional distortions.

The managerial capacity, both private and public in Spain, is relatively low. The weak managerial capacity in companies produces a poor internal allocation of resources (lower productivity), limits the intensity of intrapreneurs, hinders the development and consolidation of the ideas of entrepreneurs, and weakens exporting companies that experience low intensive margin and they end up leaving the foreign market.
Better education does not necessarily lead to improvements in management capacity. And with regard to the second element of the mantra, spending on R & D, its rickets in Spain is evident, but it is more a consequence than a cause of poor business management. On the other hand, it is an oversimplification to address the issue by asking, without more, increases in public spending on these activities.

The deficient institutional framework is one of the fundamental causes of low productivity. Political institutions, such as the State, as well as economic ones, such as the organization of markets, directly cause inefficient decisions, but also discourage the development of human capital with entrepreneurial (or managerial) talent. Regarding the responsibility of institutional factors in this poor development, one could say that institutional deficiencies reduce, on the one hand, the value of managerial capacities -they diminish what an increase in those capacities can achieve- and that, on the other, They encourage a business culture away from managerial excellence and hinder improvements in the organization and management of companies.
The poor quality of the State creates legal uncertainty, maintains an excessive bureaucracy that stifles the most dynamic, favors not infrequently the most inefficient, imposes unnecessary costs on companies and entrepreneurs.
A positive phenomenon that has been intensifying slowly in recent years: the development of private institutions of civil society. These institutions are becoming, with unequal success but without losing courage in the effort, in guardians of transparency, which is fundamental for the reform of the institutional framework. They are collaborating with different levels of the Administration to introduce control and transparency procedures, they are evaluating the quality of different public institutions and they are participating with parliamentary groups in the standards development processes. They are, finally, slowly acquiring recognition from society, from international institutions and, very importantly, from the public authorities themselves.

The Constitutional Court (TC) ensures that laws and other government actions are in accordance with the constitutional precepts and respect the rights of citizens enshrined in the Constitution. It is not the place, nor I am the trained person, to carry out an in-depth discussion on the role of this high court in our institutional architecture, but I do want to raise two important dysfunctions that have occurred throughout its almost forty years of existence.
In the first place, the justified doubts about the procedure of election of its magistrates that have diminished the credibility of the court, being this a necessary condition for the TC to fulfill its functions. Second, the abuse of this court for most of its life, sometimes to defend rights that should be resolved at lower jurisdictional levels (the remedies of amparo) and others to resolve conflicts that should be resolved in the political debate and parliamentarian.
In order for transparency to exist, it is essential to make available to citizens, in a clear, accessible and easily understandable format, the data on the Government’s decisions and to defend the right of those to which the Executive’s organs provide them with the information they request. equally clear and truthful form. Also that publicity is given to government actions that affect citizens. It is true that there may be data and information that, due to its nature, is justified that it is not available to everyone. But this point is precisely one of those that determine the differences in the degree of transparency facilitated by the legislations of each country. Another important point of difference is the degree of compliance with the corresponding law regulating transparency. To guarantee it, the protection of whistleblowers and irregularities is fundamental.
The poor quality and instability of laws lead to a lower degree of compliance with them and, with it, a certain legal relativism, which undermines legal security. This is compounded by the fact that the Administration violates laws more frequently than would be permissible, increasing legal insecurity (the rules are not respected by those who promote them) and the sense of defenselessness (compliance with the laws does not ensure receive fair treatment by the State powers). All of the above raises the uncertainty and encourages a culture of legal noncompliance among citizens.
In short, key political institutions for the proper functioning of the rule of law (such as the TC (Court Accounts) and the CGPJ (General Council of Judicial Power)) show serious flaws stemming from the way in which their members are elected. These defects, or others of the same order related to the way in which their managers are appointed, are also present in other oversight and oversight bodies that should guarantee transparency and good use of public resources (such as the CTBG, the TCu, the Independent Office of Regulation and Supervision of Public Contracting and the Office of Conflicts of Interest).

We can point out three negative characteristics of the Spanish State apparatus:
a) Inefficiency and excess of bureaucracy.
b) Corruption and lack of transparency (including those that cause huge public waste and deficits of impartiality).
c) Resistance to innovation and reforms.
Along with these characteristics is the breach of laws and regulations by the Administration itself and its frequent frauds of law, irregularities in which it often incurs to favor the beneficiaries (accomplices?) Of the clientelist policy. What in addition to the distortions it represents, negatively affects, as we have already mentioned, legal security.
The weight of the Spanish bureaucracy appears everywhere. The drowning of public scientific research comes not only from the cuts in their budgets, but also from the asphyxiating bureaucratic obstacles to spending their meager budget, which not only imposes an excessive burden on researchers, who devote equal time to face They will investigate or train researchers, but part of the credits end up not being spent and have to be returned. The previous delegated intervention delays the hiring of new researchers, even though there is money to do so, which ends up discouraging both those who were hired and those responsible for the project.
There is an absolute lack of transparency in almost all projects, both in the process of awarding the works and in their execution.

The credit bubble that fueled the real estate had its fundamental cause in an irresponsible management of mortgage credit by the managers of banking entities. In this festival, which ended so badly, the entities were very transparent with their mortgage clients and introduced abusive elements in the contracts (such as land clauses or interest on late payments) that further worsened the patrimonial situation of the borrowers.
The regulation of mortgage loans and auctions in the event of execution encouraged irresponsible credit, and the changes that were introduced during the crisis favored banks and not the consumer. When the financing to the real estate developer, a clear example of irresponsible credit, began to send alarm signals, back in 2007, the banks agreed with the promoters to extend the terms, with which the effect on their balance sheets was small. So that this irresponsible practice did not weaken the solvency of the banks so much, the Bankruptcy Law was changed and the provisions on real estate provisions were relaxed.
The foreclosure proceedings were clearly biased in favor of the creditor, which also contributed to encourage irresponsible credit, which was given without taking into account the conditions of the borrower. If the mortgage had a default interest rate of 21%, as was common, during the foreclosure the abuse could not be alleged. In the execution procedure, if there was no bid, the bank could be awarded the property for a value equal to 50% of the type of auction that was set in the deed, that is, the bank set. And the total of the outstanding debt, including the abusive late interest, less the value at which the bank had been awarded the property, remained the debtor, who had run out of his house, and the bank could proceed against any other element patrimonial that it had.

The data that frame the current situation of the Spanish labor market and its evolution in recent years are the following:
-The unemployment rate (14.6% in the third quarter of 2018) is the second highest in Europe, second only to impoverished Greece.
-Despite the growth of employment since 2014, the number of people employed in mid-2018 is only 93% of what was in mid-2008 and, if we limit ourselves to full-time employees, this percentage drops to 90%.
-The percentage of temporary contracts, 27%, is the highest in Europe.
-Spain has the highest proportion of working poor in the European Union: 14.8% of households with an employed member are below the poverty line.
-Almost half of the 3.3 million unemployed in the third quarter of 2018 have been unemployed for more than a year; 34% of the unemployed have been looking for work for two or more years.
-The youth unemployment rate (16-19 years) is 51% and the asset unemployment rate between 20 and 24 years is 31%.
-The productivity per hour worked continues to grow and continues to diverge from the more advanced European countries, such as Germany and France.
-42% of children under 34 with employment have found it through personal contacts.
The strategy for the future should be to encourage innovation in the way of organizing production and increasing human capital. But for this second task it is necessary to radically change the way of teaching, avoiding the closed curricula and the master classes.

In short, alleviating poverty and improving distribution must be a primary objective. Of course for ethical and social reasons, but also for economic reasons. Given the social exclusion persistently suffered by a part of the population, as we have shown in the previous chapter and in this one, Spain can not afford to lose such a volume of human resources, many with upgradable training, because in a very short time horizon Far away the scarcity of those resources is going to be a relevant restriction.
Institutional factors are largely responsible for this situation, because the poor functioning of the markets is crucial and because the poor quality of the Administration has conditioned the ineffectiveness of the few efforts that have been made to alleviate it. In the intensity of the crisis that began in the previous decade, poor supervision, perverse incentives, some of them due to biases in regulation to favor some, and the horrible and politicized corporate governance of the savings banks, all of them institutional factors , they played a very relevant and very negative role.

In short, the set of basic reforms is summarized in two: transparency at all levels and professionalization of public managers in all administrations, including those of the different control and supervision bodies, which are chosen by transparent and meritocratic procedures, and forced to accountability through the evaluation of their performance. These basic reforms would need agreements of considerable significance, but not prior changes in the constitutional framework. They are compatible with very different approaches and emphasis on economic (and social) policy programs and would be necessary for a correct definition and implementation of any of them.
An important aspect of the shortcomings of our rule of law: non-compliance with regulations by public administrations. Spain, for example, is the country of the European Union with the most environmental infractions. It closed 2017 with thirty open files, four more than the previous year (they account for 10% of all files to the twenty-eight Member States). The cases cover all the subjects: incorrect water management, omission of evaluations in urban projects, protection of natural spaces, illegal hunting, etc. Think of the effect on the citizen that the State does not comply with the rules that it has produced, or to which it has adhered, in matters as sensitive as the defense of public goods. And what can be done? Accountability. Apart from the one that could be implemented on the responsible politicians, of course the public manager whose management has generated or allowed these infractions should see reflected these faults in the evaluation of their performance and, therefore, have difficulties to be renewed in their position.

The emergence of a large number of civil society organizations that exercise functions of supervision and denunciation of the public powers, and also of the abuses that occur in the private sector. The impact can not be exaggerated, but neither can it be underestimated, because it is observed that its incidence and prestige -within and outside Spain- are increasing. Hay Derecho, Civio, along with others such as Civic Action, Public Agenda, Transparency International Spain, and many others that I barely know, perform a triple function of studying reality, reporting irregularities and abuses and proposals for institutional advancement. Firmly defending transparency and contributing to better regulation and the evaluation of both programs and regulations are some of the contributions they have begun to make and in which they must persevere. We hope that they will continue to grow, in numbers and functions, and that they will be able to maintain their independence, both in the parties and in the economic powers; if they lose it, they will be useless.

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