Los 43 De Iguala — Sergio González Rodríguez / The Iguala 43: The Truth and Challenge of Mexico’s Disappeared Students by Sergio González Rodríguez

Para cualquier persona que esté incluso remotamente interesada en la política mexicana o en cómo el globalismo puede crear tales desastres, este libro es altamente recomendable. Sergio González Rodríguez es uno de los periodistas más destacados de algunos de los crímenes horribles más ignorados hasta la fecha en Estados Unidos, incluidos los feminicidios en México.
Iguala 43 es un texto seminal sobre los 43 estudiantes del Colegio de Maestros Rurales de Ayotzinapa, quienes en septiembre de 2014 fueron atacados por la policía, entregados a criminales que luego torturaron, asesinaron y borraron cualquier rastro de ellos de la faz de la tierra. Su desaparición fue un evento que sacudió a la sociedad mexicana hasta su núcleo, y la historia oficial del gobierno mexicano difiere tanto de la evidencia de que la gente llegó a la conclusión de que las autoridades estaban fuertemente implicadas y trataron de encubrir y desviar su propia participación.
Sergio González Rodríguez es un brillante periodista, escritor y pensador. Iguala 43 informa no solo sobre los eventos inmediatos y la evidencia relacionada con el caso, sino que también examina las complejas formas en que las instituciones mexicanas, la historia y las relaciones con los Estados Unidos contribuyeron a la tragedia en Iguala, Guerrero, así como el panorama sociopolítico moderno de Méjico. Es un manual básico para comprender la situación actual en México para alguien que no esté familiarizado con la política o la historia mexicana. Una lectura obligada para cualquiera que esté interesado en estos temas.

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, al sur de México, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en dos autobuses «expropiaron», como acostumbraban, otros tres de servicio público de la estación central de Iguala.
Su plan era regresar a dicho plantel y prepararse para ir en esos vehículos a la manifestación de protesta del 2 de octubre en la Ciudad de México, que se realiza cada año en memoria de los caídos en la Plaza de Tlatelolco durante las movilizaciones del movimiento estudiantil de 1968.
A las 21.30 horas, un grupo de policías alcanzó los vehículos y se enfrentó a los estudiantes, disparando sus armas de fuego, lo que causó la muerte de tres jóvenes. Calles adelante, la policía volvió a coparlos y disparar. Algunos de los estudiantes lograron huir y se refugiaron en casas del vecindario, otros buscaron resguardarse entre los autobuses.
Hacia las 23.00 horas, y en otra parte a la salida de Iguala, un grupo armado disparó contra otro autobús, en el que viajaban los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, y contra otro auto, lo que produjo el fallecimiento de tres personas más. Se registraron también 25 heridos.
Después de ambos hechos, afirma la pesquisa oficial, 43 normalistas fueron secuestrados, golpeados y asesinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos en complicidad con policías municipales. Sus cuerpos fueron quemados esa misma noche con el fin de borrar la evidencia criminal.
Semanas más tarde, las autoridades mexicanas hallarían cenizas y algunos huesos en el basurero de una localidad cercana, Cocula.
Las autoridades federales, que conocieron los hechos de esa noche desde el inicio, se negaron a intervenir con el pretexto de que lo sucedido era un asunto concerniente a la autonomía local-estatal, aunque sabían de su vinculación con delitos federales, por ejemplo, delincuencia organizada por parte de los victimarios.

Cuando supe de la masacre de Iguala, recién ultimaba un diagnóstico sobre los jóvenes y las amenazas del crimen en México y en América Latina, que me solicitó un organismo académico. Mi conclusión es tajante: observo en ese escrito que las instituciones del gobierno tienden a imponer políticas que se centran en lo represivo y, al mismo tiempo, dejan de lado en la práctica lo preventivo, aunque afirmen que procuran atenderlo, así como eluden la reflexión disciplinaria desde el derecho penal y el conocimiento del crimen.
Me desconcierta que las acciones expeditas, autoritarias y proclives al incumplimiento de la ley marquen la presencia pública del gobierno. Desde este punto de vista autoritario, deben «resolverse» los problemas con prontitud inédita.
La insurrección contra el orden constituido ha sido un acto de fe constante en Guerrero durante las últimas cinco décadas, así como se ha reafirmado la militancia marxista-leninista en el ámbito rural, que ha provocado el crecimiento de diversas agrupaciones insurgentes, producto de la idea revolucionaria de conformar ejércitos populares, opuestos a los ejércitos oficiales de los países.

Durante décadas, y en forma acentuada en los años setenta, los abusos de los militares contra los derechos humanos (detenciones ilegales, golpizas, torturas, violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones) han sido un estigma que pesa sobre la vida colectiva del estado de Guerrero, y han contribuido a incrementar la conciencia social contra las instituciones y sus fuerzas armadas y policías, así como contra el sistema político en su totalidad. Ningún encono por injusticia suele ser pequeño.
El ejército mexicano ha sido leal a las instituciones, como demuestra su historia. Y en la guerra contra el tráfico de drogas (2007-2012) cayeron 403 militares. Su ayuda a la vida civil ha sido invaluable en casos de desastres naturales u otras emergencias, pero la guerra sucia contra guerrilleros y militantes de izquierda en Guerrero, inherente al combate contra las drogas del ejército mexicano, produjo al menos 250 personas ejecutadas y 531 desaparecidas, como ha registrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En Guerrero, entre Iguala, Cocula y Taxco, se ha ubicado un «corredor» de desapariciones de personas y fosas clandestinas que muestra que la barbarie de Ayotzinapa está lejos de ser excepcional En 2010, en un respiradero de la mina La Concha, en Taxco, se hallaron 55 cuerpos. En mayo del mismo año, un grupo de militares detuvieron y desaparecieron a 6 personas; en mayo de 2013, 14 personas fueron secuestradas por hombres armados y se localizaron 33 osamentas enterradas; en julio del mismo año se llevaron por la fuerza a otras 17 personas; en febrero de 2014 se hallaron 17 cuerpos, en abril 7 osamentas y en mayo 9; en el cementerio municipal de Iguala fueron enterradas 76 personas no identificadas y 4 restos óseos entre 2013 y 2014, periodo que corresponde a la presidencia municipal de Abarca, a quien las autoridades señalan como presunto responsable de la desaparición de los 43.
El escándalo nacional e internacional por la barbarie de Iguala y los 43 desaparecidos se volvió un clamor de alcance planetario, potenciado por las redes sociales y por plataformas emergentes en busca de justicia para las víctimas y sus familias: consignas como «Todos somos Ayotzinapa», o bien «Ayotzinapa: crímenes del Estado mexicano», se repitieron en todas partes durante cientos de manifestaciones, mítines y actos diversos de solidaridad dentro y fuera del país.
El gobierno estadounidense declaró el caso de Iguala como «uno de los crímenes más repugnantes y repulsivos en la historia de la raza humana». Sí: «en la historia de la raza humana», dijo…, al mismo tiempo que defendía la colaboración binacional bajo su mando. Estados Unidos se ha desvinculado también de la masacre de los 43, a la que juzga un asunto mexicano, pero ¿dónde han estado sus propios intereses en estos años, cómo han operado sus agencias de inteligencia y seguridad en Guerrero y entre los políticos, militares y el crimen organizado en México?
Debo hablar de lo que nadie quiere ya hablar. Contra el silencio, contra la hipocresía, contra las mentiras, habré de recordarlo.
Para la doctrina militar estadounidense, a la que México pertenece como aliado bajo el protocolo del U. S. Northern Command, la «insurgencia utiliza una mezcla de subversión, sabotaje, acciones económicas, políticas y psicológicas y conflicto armado para debilitar el control y la legitimidad de un gobierno establecido».
La contrainsurgencia consiste en una lucha política que contempla una amplia gama de cuestiones entre las cuales está la seguridad del gobierno asociado. Y cuando el entorno operativo no luce propicio para la acción civil del gobierno de la nación aliadahuésped, «el comandante de la fuerza conjunta debe ser consciente y capaz de encabezar una acción eficaz de contrainsurgencia».
Dicha doctrina militar reconoce algunos requisitos para la insurgencia: falta de control gubernamental, población vulnerable, liderazgo revolucionario, oportunidad, motivo y medios; todos ellos han estado presentes en Guerrero desde tiempo atrás. Y señala a su vez la preponderancia de una narrativa específica: la habilidad para moldear la conducta de sus cuadros y pobladores, cuyo apoyo y cooperación requiere debido a la interdependencia entre lo sociopolítico y lo militar. En otras palabras, lo que se ha denominado antes «cosmovisión revolucionaria» en Guerrero.
De acuerdo con fuentes de la inteligencia del gobierno mexicano, la investigación sobre los 43 detectó la presencia de agentes de la CIA entre los participantes en los hechos de Iguala. Asimismo, en la pesquisa en torno a los desaparecidos intervino el FBI.
Desde la Iniciativa Mérida, militares y agentes encubiertos de la DEA y la CIA, entre otras agencias estadounidenses, están expuestos a revelar su identidad clandestina al operar en toda la República mexicana.

IN MEMORIAM DE LOS 43
1. Abel García Hernández
2. Abelardo Vázquez Peniten
3. Adán Abrajan de la Cruz
4. Antonio Santana Maestro
5. Benjamín Ascencio Bautista
6. Bernardo Flores Alcaraz
7. Carlos Iván Ramírez Villarreal
8. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
9. César Manuel González Hernández
10. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
11. Christian Tomás Colón Garnica
12. Cutberto Ortiz Ramos
13. Dorian González Parral
14. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
15. Everardo Rodríguez Bello
16. Felipe Arnulfo Rosas
17. Giovanni Galindes Guerrero
18. Israel Caballero Sánchez
19. Israel Jacinto Lugardo
20. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
21. Jonás Trujillo González
22. Jorge Álvarez Nava
23. Jorge Aníbal Cruz Mendoza
24. Jorge Antonio Tizapa Legideño
25. Jorge Luis González Parral
26. José Ángel Campos Cantor
27. José Ángel Navarrete González
28. José Eduardo Bartolo Tlatempa
29. José Luis Luna Torres
30. Joshivani Guerrero de la Cruz
31. Julio César López Patolzin
32. Leonel Castro Abarca
33. Luis Ángel Abarca Carrillo
34. Luis Ángel Francisco Arzola
35. Magdaleno Rubén Lauro Villegas
36. Marcial Pablo Baranda
37. Marco Antonio Gómez Molina
38. Martín Getsemany Sánchez García
39. Mauricio Ortega Valerio
40. Miguel Ángel Hernández Martínez
41. Miguel Ángel Mendoza Zacarías
42. Saúl Bruno García
43. Alexander Mora Venancio (se identificaron sus cenizas)

For anyone who is even remotely interested in Mexican politics or how globalism can create such disasters, this book is highly recommended. Sergio González Rodriguez is one of the foremost journalists on some of the most largely ignored horrific crimes to date in the America’s including femicides in Mexico.
The Iguala 43 is a seminal text about the 43 students from the Ayotzinapa Rural Teachers’ College, who in September 2014 were attacked by the police, handed over to criminals who then tortured, murdered and wiped any traces of them off the face of the earth. Their disappearance was an event that shook Mexican society to its core, and the Mexican government’s official story differs so greatly from the evidence that people concluded that the authorities were heavily implicated and sought to cover up and deflect their own involvement.
Sergio González Rodríguez is a brilliant journalist, writer and thinker. The Iguala 43 reports not only on the immediate events and evidence related to the case, but also examines the complex ways in which Mexican institutions, history and relationship with the US contributed to the tragedy in Iguala, Guerrero as well as the modern sociopolitical landscape of Mexico. It is an essential primer on understanding the current situation in Mexico for someone unfamiliar with Mexican politics or history. A must-read for anyone who is interested in these topics.

On the night of September 26, 2014 in Iguala, Guerrero, southern Mexico, a group of students from the Ayotzinapa Rural Normal School who were traveling on two buses “expropriated”, as they used to, three other public service buses from the central station of Iguala.
His plan was to return to that campus and prepare to go in those vehicles to the protest demonstration on October 2 in Mexico City, which takes place every year in memory of those killed in the Plaza de Tlatelolco during the mobilizations of the student movement 1968
At 9:30 p.m., a group of policemen reached the vehicles and confronted the students, firing their firearms, which caused the death of three young people. Streets ahead, the police recovered them and shoot. Some of the students managed to flee and took refuge in houses in the neighborhood, others sought shelter between buses.
Around 11 pm, and in another part, after leaving Iguala, an armed group fired on another bus, in which the members of the football team Avispones de Chilpancingo were traveling, and another car, which resulted in the death of three people. plus. There were also 25 injured.
After both facts, affirms the official investigation, 43 normalistas were kidnapped, beaten and assassinated by members of the criminal group Guerreros Unidos in complicity with municipal police. Their bodies were burned that same night in order to erase the criminal evidence.
Weeks later, Mexican authorities would find ashes and some bones in the garbage dump of a nearby town, Cocula.
The federal authorities, who knew the facts of that night from the beginning, refused to intervene under the pretext that what happened was a matter concerning local-state autonomy, although they knew of their connection with federal crimes, for example, delinquency organized by the perpetrators.

When I heard about the Iguala massacre, I had just finalized a diagnosis about young people and the threats of crime in Mexico and Latin America, which an academic body asked for. My conclusion is clear: I note in that letter that government institutions tend to impose policies that focus on the repressive and, at the same time, put aside in practice the preventive, although they claim to seek to address it, as well as avoid reflection disciplinary from the criminal law and the knowledge of the crime.
It baffles me that expeditious, authoritarian actions prone to non-compliance with the law mark the public presence of the government. From this authoritarian point of view, problems must be “solved” with unprecedented promptness.
The insurrection against the constituted order has been an act of constant faith in Guerrero during the last five decades, just as the Marxist-Leninist militancy has been reaffirmed in rural areas, which has led to the growth of various insurgent groups, the product of the idea revolutionary to form popular armies, opposed to the official armies of the countries.

For decades, and in an accentuated way in the seventies, the abuses of the military against human rights (illegal detentions, beatings, torture, rape, forced disappearances, executions) have been a stigma that weighs on the collective life of the state of Guerrero , and have contributed to increase social awareness against the institutions and their armed forces and police, as well as against the political system as a whole. No rancor for injustice is usually small.
The Mexican army has been loyal to the institutions, as its history shows. And in the war against drug trafficking (2007-2012), 403 soldiers fell. His help to civil life has been invaluable in cases of natural disasters or other emergencies, but the dirty war against guerrillas and militants of the left in Guerrero, inherent in the fight against drugs of the Mexican army, produced at least 250 people executed and 531 disappeared , as registered by the National Human Rights Commission (CNDH).
In Guerrero, between Iguala, Cocula and Taxco, a “corridor” of disappearances of people and clandestine graves has been located that shows that the barbarism of Ayotzinapa is far from exceptional. In 2010, in a vent of the La Concha mine, in Taxco , 55 bodies were found. In May of the same year, a group of soldiers arrested and disappeared 6 people; in May 2013, 14 people were abducted by armed men and 33 buried bones were found; in July of the same year, 17 other people were forcibly taken away; in February 2014 17 bodies were found, in April 7 bones and on May 9; In the municipal cemetery of Iguala, 76 unidentified persons and 4 skeletal remains were buried between 2013 and 2014, a period that corresponds to the municipal presidency of Abarca, whom the authorities indicate as presumed responsible for the disappearance of the 43.
The national and international scandal for the barbarity of Iguala and the 43 disappeared became a clamor of planetary reach, boosted by social networks and emerging platforms in search of justice for the victims and their families: slogans such as “We are all Ayotzinapa”, or “Ayotzinapa: crimes of the Mexican State”, were repeated everywhere during hundreds of demonstrations, rallies and various acts of solidarity inside and outside the country.
The US government declared the case of Iguala as “one of the most disgusting and repulsive crimes in the history of the human race.” Yes: “in the history of the human race,” he said … at the same time that he defended the binational collaboration under his command. The United States has also disassociated itself from the massacre of the 43, to which it judges a Mexican affair, but where have their own interests been in these years, how have their intelligence and security agencies operated in Guerrero and among politicians, military and organized crime in Mexico?
I have to talk about what nobody wants to talk about anymore. Against silence, against hypocrisy, against lies, I will remember it.
For the US military doctrine, to which Mexico belongs as an ally under the protocol of the US Northern Command, the «insurgency uses a mixture of subversion, sabotage, economic, political and psychological actions and armed conflict to weaken the control and legitimacy of a established government ».
The counterinsurgency consists of a political struggle that covers a wide range of issues, among which is the security of the associated government. And when the operating environment does not look conducive to the civil action of the government of the Alliedhuman nation, “the commander of the joint force must be aware and able to lead an effective counterinsurgency action”.
This military doctrine recognizes some requirements for the insurgency: lack of government control, vulnerable population, revolutionary leadership, opportunity, motive and means; all of them have been present in Guerrero for some time. And it also points out the preponderance of a specific narrative: the ability to mold the behavior of its cadres and inhabitants, whose support and cooperation it requires due to the interdependence between the sociopolitical and the military. In other words, what has been called before “revolutionary worldview” in Guerrero.
According to intelligence sources of the Mexican government, the investigation of the 43 detected the presence of agents of the CIA among the participants in the events of Iguala. Likewise, the FBI intervened in the investigation of the disappeared.
Since the Merida Initiative, military and undercover agents of the DEA and the CIA, among other US agencies, are exposed to reveal their clandestine identity by operating throughout the Mexican Republic.

IN MEMORIAM DE LOS 43
1. Abel García Hernández
2. Abelardo Vázquez Peniten
3. Adán Abrajan de la Cruz
4. Antonio Santana Maestro
5. Benjamín Ascencio Bautista
6. Bernardo Flores Alcaraz
7. Carlos Iván Ramírez Villarreal
8. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
9. César Manuel González Hernández
10. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
11. Christian Tomás Colón Garnica
12. Cutberto Ortiz Ramos
13. Dorian González Parral
14. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
15. Everardo Rodríguez Bello
16. Felipe Arnulfo Rosas
17. Giovanni Galindes Guerrero
18. Israel Caballero Sánchez
19. Israel Jacinto Lugardo
20. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
21. Jonás Trujillo González
22. Jorge Álvarez Nava
23. Jorge Aníbal Cruz Mendoza
24. Jorge Antonio Tizapa Legideño
25. Jorge Luis González Parral
26. José Ángel Campos Cantor
27. José Ángel Navarrete González
28. José Eduardo Bartolo Tlatempa
29. José Luis Luna Torres
30. Joshivani Guerrero de la Cruz
31. Julio César López Patolzin
32. Leonel Castro Abarca
33. Luis Ángel Abarca Carrillo
34. Luis Ángel Francisco Arzola
35. Magdaleno Rubén Lauro Villegas
36. Marcial Pablo Baranda
37. Marco Antonio Gómez Molina
38. Martín Getsemany Sánchez García
39. Mauricio Ortega Valerio
40. Miguel Ángel Hernández Martínez
41. Miguel Ángel Mendoza Zacarías
42. Saúl Bruno García
43. Alexander Mora Venancio (se identificaron sus cenizas)

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