Constitución. La Reforma Inevitable— Antón Losada & Javier Pérez Royo / Constitution. The Inevitable Reform by Antón Losada & Pérez Royo (spanish book edition)

Me parece un interesante breve libro ahora que está tan en boca de todos la constitución y reformas.
En el tiempo de tribulación que estamos atravesando, puede ser pertinente recordar que la Constitución española de 1978 es la única que ha abierto en nuestra historia un ciclo político-constitucional que no solo ha tenido, sino que continúa teniendo, una duración prolongada en el tiempo. Las otras cuatro Constituciones que dieron comienzo a los diferentes ciclos de nuestra historia constitucional, las de 1812, 1837, 1869 y 1931, todas ellas basadas en el principio de legitimidad propio del Estado constitucional, el principio de soberanía nacional o de soberanía popular, estuvieron vigentes muy pocos años. Y todas, también, fueron sustituidas bien por la negación pura y simple del Estado constitucional.

La Constitución de 1978 es la primera que, descansando en el principio de legitimidad democrática («la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado», art. 1.2 CE), ha sido capaz de proyectar la vigencia de dicho principio en el sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado de manera indefinida.
Este periodo prolongado de normalidad constitucional es el que ha permitido que la sociedad española haya ido examinándose y aprobando con mejor o peor nota, pero aprobando, la casi totalidad de las asignaturas que no había conseguido aprobar antes de 1978.
El compromiso entre Monarquía y Democracia, la compatibilidad de la institución monárquica con el principio de soberanía nacional/popular, ha sido, sin duda, la asignatura más importante de todas. La sociedad española no había conseguido hasta la fecha establecer la conexión entre ambas. El principio monárquico había sido siempre incompatible con el principio de soberanía propio del Estado constitucional, tanto con el principio de soberanía nacional en el siglo XIX como con el de soberanía popular en el XX. Esta incompatibilidad está en el origen de la ausencia de normalidad constitucional en nuestra historia, a la que antes hemos hecho referencia.
A esta incompatibilidad es a la que pone fin la Constitución de 1978.
Con ello no queremos decir que la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español esté definitivamente asentada. Se ha evidenciado que Monarquía y Democracia pueden ser compatibles, pero no está definitivamente dilucidado que la ciudadanía considere que la Monarquía deba ser parte inexcusable de su fórmula de Gobierno. Sobre este punto la sociedad española no ha tenido todavía la oportunidad de pronunciarse de manera inequívoca. La Monarquía no ha sido nunca objeto de debate y decisión por parte del poder constituyente del pueblo español. No lo fue, por supuesto, en las constituciones monárquicas del siglo XIX, pero tampoco lo fue en la Constitución de 1978. Hemos tenido cuarenta años de compatibilidad de Monarquía y Democracia y, como consecuencia de ello, ha habido una cierta legitimidad de ejercicio de la Monarquía Parlamentaria.
También en muy poco tiempo, tras la entrada en vigor de la Constitución, la sociedad española pasó el examen de la asignatura constitucional más difícil, la de la transición de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado. De esta asignatura, la sociedad española únicamente había tenido la oportunidad de presentarse a algunos exámenes parciales durante la Segunda República: el de Catalunya, sobre todo, pero también el del País Vasco y Galicia. La sublevación militar de julio de 1936 y la guerra civil desatada a continuación impidieron que el examen pudiera extenderse a las demás regiones. Con la Constitución de 1978, por el contrario, entre finales de 1979 (en que se inició el proceso con la negociación de los Estatutos de Autonomía de País Vasco y Catalunya) y 1981 (en que se firmaron los primeros pactos autonómicos entre el Gobierno de UCD y el PSOE) se produjo una territorialización completa del Estado en diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas.

Una vez investido presidente, José Luis Rodríguez Zapatero encargó al Consejo de Estado la elaboración de una propuesta de reforma, a fin de que, tras su estudio, el Gobierno elaborara un Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución que pudiera ser remitido a las Cortes para su tramitación como tal. El Consejo de Estado cumplió el encargo y elaboró un dictamen con una propuesta de reforma constitucional que se hizo llegar al Gobierno. Pero hasta ahí llegó el recorrido de la propuesta. Ante la certeza de que no sería posible alcanzar en ninguna de las cámaras la mayoría exigida para la reforma, el Gobierno ni siquiera aprobó un Proyecto de Ley. En ninguna de las legislaturas posteriores se ha llevado a las Cortes ningún proyecto o proposición de ley de reforma constitucional y, en consecuencia, todavía hoy no se ha abierto ningún debate en sede parlamentaria.
Esta es la mayor amenaza que pesa sobre la Constitución. La reforma es la institución mediante la que se renueva el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimación de ejercicio en el Estado constitucional. Un Estado no puede vivir indefinidamente de la legitimidad constituyente originaria, por muy fuerte que esta sea.

La economía por ella sola no nos va sacar de esto que llamamos crisis, pero que bien podríamos acabar llamando normalidad. La Gran Recesión ha representado una quiebra económica, pero también ha supuesto una formidable crisis política e institucional. No basta con arreglar la economía, necesitamos la ayuda de la política y las instituciones, pero hasta fecha reciente estas solo parecían haber sabido añadir más bloqueo y acreditar su incapacidad para suministrar respuestas. El triunfo de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, junto con la pérdida del poder por parte del Partido Popular, han marcado un punto de inflexión y han acreditado que nuestro sistema institucional sí puede suministrar respuestas y salidas cuando los actores políticos saben manejarlo.
En el año 2008 España se presentaba a sí misma ante el mundo como la «octava potencia mundial».
Hoy en día, España solo se presenta como una marca de mercadotecnia. España se ha convertido de nuevo en aquel Estado gris, cansino y triste, gobernado por el miedo, que ha protagonizado casi toda nuestra historia. Corona, Parlamento, administraciones, Gobiernos, partidos, tribunales, medios de comunicación… nadie está a salvo de la quema y nadie parece capaz de superar sus propios bloqueos y carencias. Las instituciones deben suministrar equilibrio, reglas y certidumbres; pero hasta la fecha han proporcionado más bien imputaciones, sorpresas y confusión. Si no saben cumplir con sus compromisos, se vuelven inútiles.
La madre de todos nuestros problemas puede que resida en que nuestras instituciones se han convertido en las fuentes principales de desequilibrio, desorden e incertidumbre. La gran mayoría de los ciudadanos percibe con claridad dos Españas, la institucional y la real, cada vez más distantes y desconectadas. En la España institucional nunca pasaba nada y solo había que esperar a que pasase la tormenta para que las aguas de la política o la economía volvieran a su cauce. En la España real, todo fluye y cambia y busca una salida, como el agua en las mareas o en las inundaciones.
El modelo del 78 ha concluido su ciclo vital. Resulta evidente que la derecha española, la vieja derecha que representa el PP y también la nueva que representa Ciudadanos, tiene un proyecto alternativo y pretende seguir implementándolo sin complejos. Quiere un Estado más barato, fuertemente centralizado y jerarquizado, al servicio de la producción y lo privado y donde solo puede existir una única nación: la española.
La izquierda y los promotores de lo público se debaten en cambio entre la confusión y el pánico al vacío que ha facilitado a Mariano Rajoy mantenerse en el poder hasta el inesperado éxito de la moción de censura aprobada el primero de junio de 2018. Es una izquierda incapaz de construir sin complejos un nuevo proyecto de bienestar común que acepte la realidad de un territorio donde conviven diferentes comunidades poseedoras de claras y potentes conciencias nacionales.

La Monarquía no ha dejado de ser el problema constitucional más importante con el que ha tenido que enfrentarse la sociedad española en el proceso de construcción de su Estado constitucional desde comienzos del siglo XIX hasta hoy. Lo sigue siendo. La Monarquía ha sido el eje en torno al cual ha girado nuestra historia constitucional. La sociedad española no ha sido capaz de prescindir nunca de la Monarquía como piedra angular del edificio constitucional. Desde 1812 hasta 1978. Con la excepción obvia de las dos Repúblicas, que han sido eso, excepciones que venían a confirmar la regla.
La debilidad de la fórmula constitucional española desde principio del siglo XIX hasta hoy radica en que ha necesitado permanentemente una institución hereditaria en la que hacer descansar el edificio constitucional. Con el punto de apoyo de la Monarquía se podía organizar una fórmula de Gobierno. Sin ese punto de apoyo, no se podía. Las dos veces que se intentó acabaron en fracaso. En el primer caso, antes de ponerse en marcha siquiera. En el segundo el fracaso llegó como consecuencia de una sublevación militar que dio origen a una guerra civil.
De este condicionamiento del principio de legitimidad democrática por el principio monárquico viene la incapacidad de renovación del sistema político regulado por la Constitución de 1978. El principio democrático no está subordinado al principio monárquico, como lo estuvo antes de 1931, pero sí está limitado, condicionado en su capacidad de expresión, por dicho principio. Y en estas condiciones, la reforma de la Constitución deviene imposible. No jurídica, pero sí políticamente. En esta Segunda Restauración se habla de reformar la Constitución todavía más de lo que se habló en la Primera. Pero va a ocurrir lo mismo que en aquella. No se va siquiera a formalizar parlamentariamente un Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución. La Monarquía continúa siendo el obstáculo insalvable.
La Monarquía ha sido el gran problema constitucional de la historia de España. En prácticamente todos los países europeos se tuvo que hacer un ajuste de cuentas con la Monarquía para poder empezar la construcción del Estado Constitución. Dicho ajuste de cuentas ha sido el presupuesto para la constitucionalización del Estado en Europa.
Fue la Monarquía quien impidió que España diera ese paso durante todo el siglo XIX y también en las primeras décadas del siglo XX. España no es un Estado constitucional: es una Monarquía constitucional. Después la Monarquía fue un obstáculo para que España se convierta en un Estado democrático. Y cuando dejó de serlo, que es donde estamos ahora, se ha convertido en un límite para el principio de legitimación democrática permitiendo por lo tanto que haya una democracia de baja calidad, de baja intensidad y sin capacidad de renovación y de reforma, de proyección hacia el futuro. Insisto: la Monarquía ha sido el tema que ha condicionado toda la historia constitucional de España desde 1812 hasta nuestros días. España nunca se ha enfrentado con ese tema en sede constituyente, y tiene que hacerlo.

España afronta su agotador dilema territorial de la peor manera posible: a la caza de culpables a quien señalar en lugar de soluciones que implementar, usando la política y el debate público para inventar conflictos figurados en lugar de afrontar los reales. Unos y otros parecen convencidos de que la crisis económica y la lógica del austericidio han traído consigo la oportunidad perfecta para imponer a los demás su modelo en nombre de la democracia y la eficiencia.
Hemos constatado el agotamiento y la quiebra técnica del modelo del 78. No representa un drama ni debería constituir una tragedia. Nada es eterno, ni dura para siempre; mucho menos en política.
La soberanía ya no es lo que fue. Frente a la tradicional visión jerárquica y vertical que envara constituciones como la española, nos hallamos en pleno y complejo viaje hacia una Europa horizontal, transversal y multicéntrica, donde el poder se comparte y las decisiones solo pueden ser el producto de procesos cooperativos. El poder nace del pacto y el acuerdo entre las naciones y ciudadanías federadas; no reside en una nación, un soberano, un parlamento, ni siquiera un pueblo. La soberanía se conforma sobre la voluntad de llegar a acuerdos y funcionar mediante la cooperación entre iguales.
Seguramente no nos gusta hablar de federalismo porque una nueva Constitución española con voluntad federal debería ofrecer incentivos para la lealtad institucional, pero también exigir la voluntad de funcionar de manera federal, evitando que el ejecutivo central erosione el poder de los estados federados o que estos desarrollen estrategias obstruccionistas, oportunistas o desleales.
Seguramente no nos gusta hablar de federalismo porque una nueva Constitución española con voluntad federal también debería asumir ese nuevo concepto de nación y vincularlo a un proyecto común de bienestar y convivencia desde el respeto a la diferencia.
La España federal no se cierra, carece de techo. No es un instrumento, o una máquina. Debería concebirse como un sistema orgánico vivo y flexible que se integra y aprende en un entorno cambiante. La España federal se construye con instituciones, reglas e intereses, pero también sobre un conjunto de ideas y creencias compartidas, una cultura federal que debe renovarse continuamente, porque a esa España federal debería dirigirla la voluntad de guía, la voluntad de cambiar y adaptarse a un mundo que no para de moverse, no el empeño absurdo e inútil en resistirse al cambio y aferrarse a lo viejo conocido, por malo que sea.

Todos los países de nuestro entorno han reformado varias veces sus constituciones a lo largo de los últimos cuarenta años. Lo han hecho con normalidad, como una acción natural en un sistema político e institucional que necesita renovarse y adaptarse a los tiempos para no morir. Solo en España la cuestión de la reforma constitucional ha planteado un conflicto sin salida y se ha convertido en un objetivo imposible, salvo la contada y puntual excepción del ajuste para constitucionalizar la prioridad del pago de la deuda. La razón de semejante singularidad debe buscarse en otra excepcionalidad: el desequilibrio entre la representación política de la derecha y la izquierda en nuestro sistema de partidos.
El desenlace de semejante confrontación entre visiones tan antagónicas de lo que ha sido y debe ser la España democrática no resulta fácil de prever, ni mucho menos cierto. Solo hay una cosa segura: todos aquellos que se dicen convencidos de que la puesta en marcha de una reforma constitucional acaba, indefectiblemente, en una ampliación y expansión de los derechos políticos, económicos y sociales sancionados por el texto aprobado en 1978, se equivocan. El resultado no está escrito.
La historia político-constitucional de España ha sido literalmente «reaccionaria». Ha sido la historia de la reacción de la derecha española con la Monarquía como estandarte frente a los impulsos de cambio «liberal», «progresista», «protodemocrático» o «democrático», según cada fase histórica. Ha sido la historia de la reacción absolutista frente a la Constitución de Cádiz, la reacción «moderada» de la Constitución de 1845 frente a la Constitución «progresista» de 1837, la reacción «canovista» de la Constitución de 1876 frente a la Constitución «protodemocrática» de 1869 con su prolongación en la Primera República, y la reacción del golpe de Estado de 1936 frente a la Constitución «democrática» de 1931. Las reacciones de Fernando VII a la Constitución de Cádiz y la del general Franco frente a la Constitución de 1931 fueron brutales: había que erradicar esas Constituciones, había que intentar hacerlas desaparecer de la historia de España, como si nunca hubieran existido, porque no deberían haber existido, porque repugnaban a la naturaleza política de España. Las reacciones de 1845 y 1876 no pretendieron hacer desaparecer de la historia las Constituciones de 1837 y 1869, sino digamos que domesticarlas.
En el momento actual la situación política está tan degradada que no es posible poner en marcha los procedimientos de reforma. Estos procedimientos existen pero son enormemente complejos porque exigen una mayoría muy cualificada. Aunque tras el triunfo de la moción de censura y la formación de Gobierno por parte de Pedro Sánchez estemos claramente mejor de lo que estábamos estos últimos años, la situación política sigue muy degradada. Alcanzar el consenso necesario para hacer la reforma de la Constitución me parece imposible. Dudo incluso que sea posible iniciar una negociación seria para explorar la posibilidad de la reforma constitucional. Hasta que no pueda ponerse en marcha un debate, una negociación de buena fe, con la intención de ver si es posible compartir un diagnóstico sobre los males que aquejan a la Constitución, no será posible empezar el debate sobre las reformas necesarias. Me parece que estamos todavía muy lejos de lo primero, aunque creo que es posible que se empiece a avanzar en esa dirección. Los primeros meses del Gobierno Sánchez, por un lado, y una vez resuelta por parte del PP la sucesión de Mariano Rajoy, por otro, nos han ido proporcionando pistas. Estamos algo mejor, pero nada más.

El sistema electoral del Congreso de los Diputados está integrado por varios elementos combinados con la finalidad de dar una cierta ventaja a la derecha sobre la izquierda en primer lugar y una ventaja a los partidos grandes sobre los pequeños en segundo. Los elementos que facilitan estos objetivos son, en primer lugar, el número de escaños, 350, que es bajo en términos de derecho comparado. Y en segundo lugar tenemos la existencia de la provincia como circunscripción electoral. La distribución de escaños se efectúa atribuyendo un mínimo de dos por provincia, más uno a Ceuta y Melilla, y distribuyendo los 248 escaños restantes entre las provincias con un sistema de «resto mayor». Cada provincia tiene tantos escaños como números enteros resulten de la división de su población por el cociente electoral resultante de la división de la población del Estado por 248. Los escaños que no hayan sido asignados por números enteros se van asignando al resto mayor resultante tras la asignación del inmediatamente anterior. Celebradas las elecciones, los escaños se asignan de acuerdo con los votos válidamente emitidos con una fórmula de «media mayor», la fórmula D’Hondt. Hay, por último, una barrera electoral del 3%. Con todos estos elementos, el valor del voto es muy distinto en unas provincias y otras. De hecho, están sobrerrepresentadas las de menos población y subrepresentadas las que tienen más población. El resultado tiende a escorarse hacia la derecha.
España ha sido el primer país europeo occidental en el que ha habido que repetir elecciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la decimotercera legislatura se invistió a Mariano Rajoy como presidente, pero hizo falta para ello la abstención del PSOE, que, sin embargo, se negó a formar parte de la mayoría de Gobierno. Se produjo, en cierta medida, una falsa investidura, que se ha traducido en un muy deficiente cumplimiento de la tarea de dirección política por parte del Gobierno y un incumplimiento por parte de las Cortes de las funciones parlamentarias: legislativa, presupuestaria y de control de la acción de Gobierno, según vimos al comienzo de nuestras conversaciones. La aprobación de la moción de censura y la presidencia de Pedro Sánchez es posible que permitan salir de la parálisis absoluta en la que nos encontrábamos, pero los datos de base siguen siendo los que son y con ellos no se puede garantizar la gobernabilidad. La reflexión sobre el sistema electoral se impone.

España ya no se puede pensar sin Europa, sin tener en cuenta y anticipar esa Unión Europea que veremos reformar y construir y volver a reformar en las próximas décadas en un proyecto que solo puede retrasarse, pero no abortarse. Parte de nuestros problemas presentes tienen su causa en la numantina resistencia de buena parte de nuestra élite política, mediática o financiera a asumir que ya no se puede decir una cosa en Bruselas y hacer otra distinta en Madrid y actuar en consecuencia con esa nueva realidad.
Las políticas que verdaderamente marcan nuestro desarrollo económico, social y político ya no se deciden en los despachos de las capitales de los Estados. Hace tiempo que la soberanía que todos enarbolan como si aún les perteneciera comenzó un éxodo inexorable hacia las instituciones comunitarias. Enmarcado en ese contexto de un Parlamento europeo cada vez más legitimado por la elección directa de los ciudadanos europeos, los viejos Estados-nación viven abocados a ceder soberanía monetaria, presupuestaria o incluso militar para sobrevivir en un mundo globalizado depredado por emergentes poderes transnacionales.
La España vertical, que tanto añora y promete restaurar la derecha usando en vano el nombre de Europa, no representa solo un artefacto ineficiente. También encarna una antigualla que multiplica los problemas para gestionar la complejidad de un mundo y una economía interdependientes. Lo único viable que España puede ser en las décadas venideras representa algo parecido a esa Europa aplanada donde necesita y pretende construir un futuro de igualdad y bienestar o no será. Habrá de ser una España igualmente articulada en red, de manera horizontal, transversal y poliárquica, o será otro fracaso que solo traiga o más conflicto o más melancolía. Una España donde sus ciudadanos querrán y deberán decidir expresamente si queda algún lugar, o no, para la institución monárquica.
La Unión Europea del siglo XXI se está armando sobre una idea de soberanía que reside en el acuerdo de ciudadanos y naciones. Ya no puede residir en un soberano o en una única nación porque entorpece el avance de la propia idea de Unión Europea, tampoco en un «pueblo europeo» inexistente y difícilmente inventable. El poder en la UE reside cada vez más en el pacto y el acuerdo entre las naciones representadas en el Consejo y las ciudadanías Comunitarias representadas en el Parlamento europeo.
Los gobiernos en España, centrales, autonómicos y locales, deberán aprender a atender y gestionar la demanda de una gobernanza más innovadora y flexible, implementada por medio de un Gobierno multinivel que funciona por coordinación no jerárquica, maximiza la autonomía política y aprovecha las oportunidades de integración entre las diferentes naciones e intereses sobre una serie de objetivos asumidos en común.
Un Gobierno compartido basado en la voluntad de cooperar, el respeto el autogobierno y la negociación como herramienta principal para armar una visión común. Un Gobierno multinivel que administre un sistema bien dotado de incentivos para asegurar la lealtad y promover la voluntad común, para impedir que desde un ejecutivo central se intente socavar el poder y la capacidad de decisión de las naciones integrantes, o que estas puedan mantener en el tiempo estrategias no cooperativas oportunistas o desleales.
España tendrá que adaptarse o morir, como el resto de los Estados-nación del continente. Elegir entre sumarse al pelotón de quienes construyen Europa o refugiarse en el pelotón de quienes solo ven amenazas en la oportunidad europea. Contrariamente a lo que muchos sostienen, no estamos ante una reforma, un ajuste o una simple renovación de materiales fatigados. Un cambio de paradigma está en camino y se precisa de una nueva Constitución y un nuevo proceso constituyente que nos permita abordar sin restricciones ni precondiciones toda la extensión y el alcance de las transformaciones conceptuales e institucionales que los nuevos tiempos y la Europa del futuro nos van a demandar.
La capacidad o incapacidad para afrontar el reto del aplanamiento de esta España jerárquica, radial y vertical, para evolucionar hacia una concepción y un diseño horizontal y multicéntrico, dictará si España sobrevive o no a las próximas décadas de formidables cambios y transformaciones. La elección es entre ir por delante liderando ese cambio o ir por detrás y a rastras.

To my way of thinking it’s an interesting short book now that the constitution and reforms are so in everyone’s mouth.
In the time of tribulation we are going through, it may be pertinent to remember that the Spanish Constitution of 1978 is the only one that has opened in our history a political-constitutional cycle that has not only had, but continues to have, a prolonged duration in time . The other four Constitutions that started the different cycles of our constitutional history, those of 1812, 1837, 1869 and 1931, all based on the principle of legitimacy proper to the constitutional State, the principle of national sovereignty or popular sovereignty, were in effect very few years. And all, too, were replaced by the pure and simple denial of the constitutional state.

The Constitution of 1978 is the first one that, resting on the principle of democratic legitimacy (“national sovereignty resides in the Spanish people from which the powers of the State emanate”, Article 1.2 EC), has been able to project the validity of said principle in the political system and the legal system of the State indefinitely.
This prolonged period of constitutional normality is what has allowed the Spanish society has been examined and approved with better or worse, but approving, almost all of the subjects that had not been approved before 1978.
The compromise between Monarchy and Democracy, the compatibility of the monarchical institution with the principle of national / popular sovereignty, has undoubtedly been the most important subject of all. The Spanish society had not managed to establish the connection between the two to date. The monarchical principle had always been incompatible with the principle of sovereignty proper to the constitutional State, both with the principle of national sovereignty in the nineteenth century and with that of popular sovereignty in the twentieth. This incompatibility is at the origin of the absence of constitutional normality in our history, to which we have referred earlier.
This incompatibility is the one that puts an end to the 1978 Constitution.
With this we do not mean that the Parliamentary Monarchy as a political form of the Spanish State is definitely settled. It has been demonstrated that Monarchy and Democracy can be compatible, but it is not definitively understood that the citizenship considers that the Monarchy must be inexcusable part of its formula of Government. On this point the Spanish society has not yet had the opportunity to pronounce unequivocally. The Monarchy has never been the object of debate and decision on the part of the constituent power of the Spanish people. It was not, of course, in the 19th century monarchical constitutions, but neither was it in the 1978 Constitution. We have had forty years of Monarchy and Democracy compatibility and, as a consequence, there has been a certain legitimacy to exercise the Parliamentary Monarchy.
Also in a very short time, after the entry into force of the Constitution, the Spanish society passed the examination of the most difficult constitutional subject, that of the transition from a unitary State to a politically decentralized State. Of this subject, Spanish society had only had the opportunity to participate in some partial examinations during the Second Republic: that of Catalonia, above all, but also that of the Basque Country and Galicia. The military uprising of July 1936 and the ensuing civil war prevented the examination from being extended to the other regions. With the 1978 Constitution, on the contrary, between the end of 1979 (when the process began with the negotiation of the Statutes of Autonomy of the Basque Country and Catalonia) and 1981 (in which the first autonomic pacts were signed between the Government of UCD and the PSOE) there was a complete territorialization of the State in seventeen communities and two autonomous cities.

Once invested president, José Luis Rodríguez Zapatero instructed the State Council to draft a reform proposal, so that, after its study, the Government drafted a Bill of Amendment to the Constitution that could be remitted to the Courts for processing as such. The Council of State fulfilled the commission and drafted an opinion with a constitutional reform proposal that was sent to the Government. But that’s where the proposal’s route arrived. Given the certainty that it would not be possible to achieve in any of the chambers the majority required for the reform, the Government did not even approve a Bill. In none of the subsequent legislatures has any project or bill of law been taken to the Cortes. constitutional reform and, consequently, still no debate has been opened in parliament.
This is the biggest threat that weighs on the Constitution. The reform is the institution through which the link between the legitimacy of origin and the legitimization of exercise in the constitutional State is renewed. A State can not live indefinitely from the original constituent legitimacy, however strong it may be.

The economy alone will not take us out of what we call a crisis, but we might end up calling it normality. The Great Recession has represented an economic collapse, but it has also been a formidable political and institutional crisis. It is not enough to fix the economy, we need the help of politics and institutions, but until recently these only seemed to have been able to add more blockade and prove their inability to provide answers. The triumph of the motion of censure presented by Pedro Sánchez, together with the loss of power by the Popular Party, have marked a turning point and have proven that our institutional system can provide answers and outputs when political actors know how to handle it.
In 2008, Spain presented itself to the world as the “eighth world power”.
Nowadays, Spain only presents itself as a marketing brand. Spain has once again become that gray, tired and sad state, governed by fear, which has played the leading role in almost all of our history. Crown, Parliament, administrations, governments, parties, courts, media … no one is safe from burning and no one seems capable of overcoming their own blockages and shortcomings. Institutions must provide balance, rules and certainties; but to date they have provided rather imputations, surprises and confusion. If they do not know how to fulfill their commitments, they become useless.
The mother of all our problems may be that our institutions have become the main sources of imbalance, disorder and uncertainty. The vast majority of citizens perceive clearly two Spains, the institutional and the real, increasingly distant and disconnected. In the institutional Spain, nothing ever happened and we just had to wait for the storm to pass so that the waters of politics or the economy returned to their course. In real Spain, everything flows and changes and looks for an outlet, like water in tides or in floods.
The model of 78 has completed its life cycle. It is evident that the Spanish right, the old right that represents the PP and also the new one that represents Ciudadanos, has an alternative project and intends to continue implementing it without complexes. It wants a cheaper state, strongly centralized and hierarchical, at the service of production and the private and where there can only be one single nation: the Spanish one.
The left and the promoters of the public are torn between the confusion and the vacuum panic that has allowed Mariano Rajoy to stay in power until the unexpected success of the motion of censorship approved on June 1, 2018. It is a left unable to build without complexes a new common welfare project that accepts the reality of a territory where different communities with clear and powerful national consciousness coexist.

The Monarchy has not stopped being the most important constitutional problem with which Spanish society has had to face in the process of building its constitutional State since the beginning of the 19th century until today. What remains. The Monarchy has been the axis around which our constitutional history has revolved. Spanish society has not been able to do without the Monarchy as the cornerstone of the constitutional building. From 1812 to 1978. With the obvious exception of the two Republics, which have been that, exceptions that came to confirm the rule.
The weakness of the Spanish constitutional formula from the beginning of the nineteenth century until today is that it has permanently needed a hereditary institution in which to rest the constitutional building. With the point of support of the Monarchy, a government formula could be organized. Without that point of support, you could not. The two attempts were ended in failure. In the first case, before starting up even. In the second, the failure came as a result of a military uprising that gave rise to a civil war.
From this conditioning of the principle of democratic legitimacy by the monarchical principle comes the inability to renew the political system regulated by the 1978 Constitution. The democratic principle is not subordinated to the monarchical principle, as it was before 1931, but it is limited, conditioned in its capacity for expression, for this principle. And under these conditions, the reform of the Constitution becomes impossible. Not legal, but politically. In this Second Restoration there is talk of reforming the Constitution even more than what was spoken in the First. But the same will happen as in that one. It is not even going to parliamentary formalize a Bill of Amendment of the Constitution. The Monarchy continues to be the insurmountable obstacle.
The Monarchy has been the great constitutional problem in the history of Spain. In practically all the European countries an adjustment of accounts with the Monarchy had to be made in order to begin the construction of the State Constitution. This adjustment of accounts has been the budget for the constitutionalization of the State in Europe.
It was the Monarchy that prevented Spain from taking that step throughout the nineteenth century and also in the first decades of the twentieth century. Spain is not a constitutional state: it is a constitutional monarchy. Then the Monarchy was an obstacle for Spain to become a democratic state. And when it ceased to be so, which is where we are now, it has become a limit to the principle of democratic legitimacy, thus allowing a low quality, low intensity democracy with no capacity for renewal and reform, for projection towards the future. I insist: the Monarchy has been the subject that has conditioned the entire constitutional history of Spain from 1812 to the present day. Spain has never faced this issue in the constituent seat, and it has to do so.

Spain faces its exhausting territorial dilemma in the worst possible way: hunting for the guilty whom to point out instead of solutions to implement, using politics and public debate to invent figurative conflicts instead of facing the real ones. Both seem convinced that the economic crisis and the logic of austericide have brought with them the perfect opportunity to impose their model on others in the name of democracy and efficiency.
We have noted the exhaustion and technical bankruptcy of the 78 model. It does not represent a drama nor should it constitute a tragedy. Nothing is eternal, nor lasts forever; much less in politics.
Sovereignty is no longer what it was. Faced with the traditional hierarchical and vertical vision that envelops constitutions like the Spanish, we find ourselves in full and complex journey towards a horizontal, transversal and multicentric Europe, where power is shared and decisions can only be the product of cooperative processes. Power is born of the pact and agreement between federated nations and citizenships; it does not reside in a nation, a sovereign, a parliament, or even a people. The sovereignty is based on the will to reach agreements and work through cooperation between equals.
Surely we do not like to talk about federalism because a new Spanish Constitution with federal will should offer incentives for institutional loyalty, but also demand the will to function in a federal way, preventing the central executive erode the power of the federated states or that they develop obstructionist, opportunistic or disloyal strategies.
Surely we do not like to speak of federalism because a new Spanish Constitution with a federal will should also assume this new concept of nation and link it to a common project of well-being and coexistence from respect for difference.
The federal Spain does not close, it lacks a roof. It is not an instrument, or a machine. It should be conceived as a living and flexible organic system that integrates and learns in a changing environment. The federal Spain is built with institutions, rules and interests, but also on a set of shared ideas and beliefs, a federal culture that must be continually renewed, because that federal Spain should be guided by the will to guide, the will to change and adapt to a world that never stops moving, not the absurd and useless endeavor to resist change and cling to the old known, however bad it may be.

All the countries of our environment have reformed their constitutions several times over the last forty years. They have done it normally, as a natural action in a political and institutional system that needs to be renewed and adapted to the times so as not to die. Only in Spain the question of the constitutional reform has posed a conflict with no way out and it has become an impossible objective, except for the counted and punctual exception of the adjustment to constitutionalize the priority of the payment of the debt. The reason for such a singularity must be sought in another exceptionality: the imbalance between the political representation of the right and the left in our party system.
The outcome of such a confrontation between visions so antagonistic of what democratic Spain has been and should be is not easy to predict, much less true. There is only one sure thing: all those who say they are convinced that the implementation of a constitutional reform ends, unfailingly, in an expansion and expansion of political, economic and social rights sanctioned by the text approved in 1978, are wrong. The result is not written.
The political-constitutional history of Spain has been literally “reactionary.” It has been the history of the reaction of the Spanish right with the Monarchy as a standard against the impulses of “liberal”, “progressive”, “proto-democratic” or “democratic” change, according to each historical phase. It has been the history of the absolutist reaction to the Constitution of Cadiz, the “moderate” reaction of the Constitution of 1845 against the “progressive” Constitution of 1837, the “Canovas” reaction of the Constitution of 1876 against the Constitution ” proto-democratic »of 1869 with its prolongation in the First Republic, and the reaction of the 1936 coup against the” democratic “Constitution of 1931. The reactions of Fernando VII to the Constitution of Cádiz and that of General Franco against the Constitution 1931 were brutal: they had to eradicate these Constitutions, had to try to make them disappear from the history of Spain, as if they had never existed, because they should not have existed, because they disgusted the political nature of Spain. The reactions of 1845 and 1876 were not intended to make the Constitutions of 1837 and 1869 disappear from history, but to say that to domesticate them.
At the present time the political situation is so degraded that it is not possible to start the reform procedures. These procedures exist but they are enormously complex because they require a very qualified majority. Although after the triumph of the motion of censorship and the formation of Government by Pedro Sánchez we are clearly better than we were in recent years, the political situation is still very degraded. Reaching the necessary consensus to make the reform of the Constitution seems impossible to me. I doubt even that it is possible to start a serious negotiation to explore the possibility of constitutional reform. Until a debate can be launched, a negotiation in good faith, with the intention of seeing if it is possible to share a diagnosis about the ills that afflict the Constitution, it will not be possible to begin the debate on the necessary reforms. I think we are still a long way from the first, although I think it is possible that we will begin to move in that direction. The first months of the Sánchez Government, on the one hand, and once resolved by the PP the succession of Mariano Rajoy, on the other, have been providing us clues. We are somewhat better, but nothing more.

The electoral system of the Congress of Deputies is composed of several elements combined with the purpose of giving a certain advantage to the right on the left in the first place and an advantage to the large parties over the small ones in the second. The elements that facilitate these objectives are, first, the number of seats, 350, which is low in terms of comparative law. And in second place we have the existence of the province as an electoral constituency. The distribution of seats is made by attributing a minimum of two per province, plus one to Ceuta and Melilla, and distributing the remaining 248 seats among the provinces with a “major rest” system. Each province has as many seats as whole numbers result from the division of its population by the electoral quotient resulting from the division of the population of the State by 248. The seats that have not been assigned by whole numbers are assigned to the rest greater resulting after the assignment of the immediately previous one. Once the elections have been held, the seats are assigned according to the votes validly cast with a formula of “greater average”, the D’Hondt formula. There is, finally, an electoral barrier of 3%. With all these elements, the value of the vote is very different in some provinces and others. In fact, those with less population and underrepresented are those that have more population. The result tends to heel towards the right.
Spain has been the first Western European country in which it has been necessary to repeat elections after the Second World War. And in the thirteenth legislature Mariano Rajoy was invested as president, but the abstention of the PSOE was required, which, however, refused to be part of the majority of the Government. There was, to some extent, a false investiture, which has resulted in a very poor performance of the task of political direction by the Government and a breach by the Cortes of parliamentary functions: legislative, budgetary and control of Government action, as we saw at the beginning of our conversations. The approval of the motion of censure and the presidency of Pedro Sánchez is possible to get out of the absolute paralysis in which we were, but the basic data are still what they are and with them you can not guarantee the governability. Reflection on the electoral system is imposed.

Spain can not think without Europe, without taking into account and anticipate that European Union that we will see reform and build and reform again in the coming decades in a project that can only be delayed, but not aborted. Part of our present problems have their cause in the numantine resistance of much of our political, media or financial elite to assume that we can no longer say something in Brussels and do something different in Madrid and act accordingly with this new reality.
The policies that truly mark our economic, social and political development are no longer decided in the offices of the capitals of the States. For some time the sovereignty that everyone has hoisted as if it still belonged to them began an inexorable exodus towards the community institutions. Framed in this context of a European Parliament increasingly legitimized by the direct election of European citizens, the old nation-states are destined to yield monetary, budgetary or even military sovereignty to survive in a globalized world depredated by emerging transnational powers.
Vertical Spain, which longs for and promises to restore the right by using the name of Europe in vain, is not just an inefficient artifact. It also embodies an antiquity that multiplies the problems to manage the complexity of an interdependent world and economy. The only viable thing that Spain can be in the coming decades represents something similar to that flattened Europe where it needs and intends to build a future of equality and well-being or it will not be. There will be a Spain equally articulated in a network, in a horizontal, transversal and polyarchical way, or it will be another failure that only brings more conflict or more melancholy. A Spain where its citizens will want and must expressly decide if any place remains, or not, for the monarchical institution.
The European Union of the 21st century is arming itself on an idea of ​​sovereignty that resides in the agreement of citizens and nations. It can no longer reside in a sovereign or in a single nation because it hinders the advance of the very idea of ​​the European Union, nor in a non-existent “European people” that can hardly be invented. Power in the EU lies more and more in the agreement and agreement between the nations represented in the Council and the Community citizens represented in the European Parliament.
Governments in Spain, central, autonomous and local, must learn to attend to and manage the demand for a more innovative and flexible governance, implemented through a multilevel government that functions through non-hierarchical coordination, maximizes political autonomy and takes advantage of opportunities to integration between different nations and interests on a series of common objectives.
A shared Government based on the willingness to cooperate, respect for self-government and negotiation as the main tool to build a common vision. A multilevel government that manages a well-endowed system of incentives to ensure loyalty and promote common will, to prevent a central executive from trying to undermine the power and decision-making power of the member nations, or that they can maintain in the opportunistic or unfair cooperative strategies.
Spain will have to adapt or die, like the rest of the nation-states of the continent. Choose between joining the squad of those who build Europe or take refuge in the squad of those who only see threats in the European opportunity. Contrary to what many argue, we are not facing a reform, an adjustment or a simple renewal of fatigued materials. A paradigm shift is under way and a new Constitution and a new constituent process is needed that allows us to address without restriction or preconditions the full extent and scope of the conceptual and institutional transformations that the new times and the Europe of the future are going for us to sue
The capacity or inability to face the challenge of the flattening of this hierarchical, radial and vertical Spain, to evolve towards a horizontal and multicentric conception and design, will dictate whether Spain survives or not the next decades of formidable changes and transformations. The choice is between going ahead leading that change or going behind and dragging.

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