Catalanes Y Escoceses: Unión Y Discordia — John H. Elliott / Scots and Catalans: Union and Disunion by John H. Elliott

Sir John Elliott, profesor emérito regio de Historia Moderna en la Universidad de Oxford, ha escrito un estudio absorbente en el que compara las historias de Escocia y Cataluña.
Explora sus pasajes desde las uniones dinásticas de 1469-1625, a la rebelión y sus consecuencias, 1625-1707 / 1716, a las uniones de 1707-1789, naciones y estados de 1789 a 1860, las llamadas para el gobierno local entre 1860 y 1975, y finalmente a la cuestión de la secesión desde1975.
El profesor Elliott señala que en 1707, “Escocia, por el contrario, aunque perdió su propio parlamento, ahora formaba parte de una nueva democracia parlamentaria pluralista, política (y religiosa), basada, a diferencia de la España de Borbón, en el principio del consentimiento”. Esta diferencia Continuó hasta la década de 1920. Como observa el profesor Elliott, “A diferencia de la narrativa española que él [el General Primo de Rivera] intentaba escribir, la narrativa nacional británica era progresiva en lugar de regresiva, y tenía como tema central la libertad en lugar de la unidad”.
En el referéndum de 2014 en Escocia, la parte sindical ganó a pesar de los partidos conservador y laborista. La gente en Escocia estaba, con razón, “profundamente enemistada por las políticas del régimen de Thatcher y desilusionada con un esclerótico Partido Laborista que había demostrado ser incapaz de impartir justicia social …” Sin embargo, votaron entre el 55% y el 45% por el sindicato, con una participación récord del 85%. .
Una Escocia separada hubiera sido una Escocia mucho más pobre. Como señala el profesor Elliott, “el continuo colapso del precio mundial del petróleo apenas sugería que era el momento adecuado para la transformación de Escocia en un estado soberano viable”. Y, como el propio gobierno escocés ha reconocido, “el Los escoceses recibieron una parte desproporcionada de los ingresos fiscales del Reino Unido “.
Bajo la constitución de España, un movimiento secesionista unilateral por parte de cualquiera de las regiones del país es ilegal. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2017, el parlamento catalán aprobó una ley para convocar un referéndum el 1 de octubre. El profesor Elliott afirma juiciosamente que “Aunque el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 y su versión revisada de 2006 estipularon que cualquier cambio en el estatuto requería una mayoría de dos tercios en el parlamento, esto no fue posible. Por lo tanto, la ley era claramente ilegal tanto en términos de la Constitución como de los estatutos de autonomía catalanes, y fue declarada como tal por el Tribunal Constitucional al día siguiente. “El Tribunal Constitucional … solo cumplía con su deber cuando prohibía a los miembros de la administración catalana, a las autoridades municipales y a los medios participar o promover una campaña de referéndum”.
El profesor Elliott señala que “Cataluña fue un referéndum ilegal y, como tal, Nicola Sturgeon se negó resueltamente a respaldarlo, aunque esto no impidió que los miembros del SNP acudieran a Barcelona para mostrar su solidaridad …”
Escribe sobre los secesionistas en Cataluña, “los problemas económicos no parecen haber tenido mucho peso con los secesionistas confirmados, muchos de ellos miembros de una clase media relativamente adinerada. Sus prioridades estaban en otra parte, en la realización de un sueño que tenía poca conexión con el mundo que los rodeaba. Su decisión de seguir adelante con una declaración unilateral de independencia fue un acto de locura, desencadenando consecuencias que nunca parecieron haber cruzado las mentes de los proponentes cuando dieron el paso. Se habían puesto claramente fuera de la ley y de la Constitución, una Constitución que Cataluña misma había aceptado y respaldado cuando España hizo su transición a una democracia parlamentaria. Al hacerlo, crearon fisuras no solo en el cuerpo político español, sino también dentro de su propio país. Al afirmar arrogantemente que / hablaba por toda Cataluña, y marcando sistemáticamente a España como el “enemigo”, abrieron una brecha en medio de la sociedad catalana. Esta había sido una sociedad próspera, amigable y de aspecto exterior, totalmente comprometida con el resto de España y el mundo. Ahora se volvió hacia dentro y comenzó a desgarrarse. Las familias y las comunidades se dividieron, las amistades de larga data se enfriaron o se rompieron, y los sindicalistas y secesionistas se enfrentaron entre sí a través de un abismo cada vez mayor de malentendidos y recriminaciones mutuas ”. Los paralelismos con los separatistas en Escocia son demasiado obvios.
En resumen, “la principal responsabilidad de esta trágica situación recae en parte del establecimiento catalán. Este sector de la élite decidió tomar la ley en sus propias manos y seguir adelante con sus planes, sin importar el precio a pagar. En muchos aspectos, de hecho, era ajeno al precio porque vivía en un mundo de fantasía propio. … Como dijeran los independentistas, la España del siglo XXI no fue la España del general Franco, ni España había sido durante siglos poco más que un aparato estatal represivo. … Al embarcarse en este proceso infeliz … El nacionalismo catalán, con toda su cara sonriente, fue incapaz de ocultar la fealdad que había detrás de la sonrisa”.
Concluye: “Thomas Jefferson, el futuro presidente de un nuevo e independiente de los Estados Unidos de América, … escribió que” los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no deberían cambiarse por causas ligeras y transitorias “. Los defensores de la independencia en el siglo XXI harían bien en tener en cuenta su máxima mientras contemplan el camino que se avecina”.

— Un canto a la unidad de los pueblos, con cierto sesgo por mucho que digan los incondicionales del autor, lo cual no es óbice para que deje tiritando a las mentiras del lado separatista. Debo decir que es un esfuerzo ímprobo de política comparada, quizá algo extenso para el lector medio, incluso para los habituales, lo cual salva el autor con una gran erudición.
— Los capítulos finales me parecieron un poco más confusos no obstante gracias a este libro podrá armarse de argumentos sólidos sobre esa falacia Escocia/ Catalunya con la que parecen sentirse a gusto los nacionalistas.
— Por lo tanto un buen libro para politólogos e historiadores, para personas poco aficionadas a leer o casuales les recomiendo otras obras en el mercado, sin tanta raigambre histórica.
— Me imagino que como me ha ocurrido en otras ocasiones, me lloverán malas opiniones por parte de los separatistas, pero en fin, las cosas son como son.

La historia de dos autoproclamadas naciones que, al menos en el momento en que se escriben estas páginas, no poseen Estado propio. En los últimos años, tanto Escocia como Cataluña han presenciado el crecimiento de poderosos movimientos cuyo propósito ha sido el de conseguir la independencia de sus respectivas mayores supraentidades políticas respectivas, Gran Bretaña y España, a las que se hallan incorporadas desde hace tiempo. Escocia solicitó, y consiguió en 2014, un referendo que los defensores de la independencia esperaban que les permitiese alcanzar su meta por el camino del mandato popular. Tras su celebración, el electorado no consiguió el objetivo esperado, lo cual dejó a una minoría desengañada con la esperanza de que un nuevo referendo en un futuro no muy lejano podría dar lugar a un desenlace diferente. Por su parte, los partidarios de la independencia de Cataluña, los cuales tenían una mayoría en el Parlamento catalán, aprobaron el 6 de septiembre de 2017 la celebración de un referendo sobre la independencia. Basándose en esta votación, el Gobierno autonómico, en contra del Estado español y de la Constitución española de 1978, convocó por su cuenta un referendo ilegal para el 1 de octubre de 2017 y proclamó la independencia de la República Catalana nueve días después.
En su propósito de convertir a sus respectivas naciones en estados soberanos, los líderes de esos movimientos independentistas han seguido un camino bastante transitado ya. Europa, entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, experimentó el surgimiento de un sentimiento nacionalista en el curso del cual pueblos y etnias minoritarios desearon, o intentaron, separarse de las formaciones políticas a las que pertenecían y constituirse como naciones-Estado independientes.
«Escocia y Cataluña son dos naciones sin Estado que, en particular desde el inicio del siglo XX, han reclamado, con mayor o menor intensidad, y con mayor o menor respaldo de la población, el reconocimiento de su singularidad, mayores cotas de autogobierno, y, recientemente, la independencia». Así pues, constituye una muestra de la incertidumbre que hoy rodea la definición de «Nación» y de «Estado.
Escocia y Cataluña poseen profundos antecedentes históricos. Ambas fueron integradas, con diferente grado de éxito, en entidades emergentes, Bretaña y España, cuyas trayectorias forman parte de una más larga historia que también tiene que tomarse en consideración; y ambas han vivido durante siglos a la sombra de un vecino más poderoso con cuyas respectivas historias deben relacionarse constantemente.

España y Gran Bretaña, eran la consecuencia de los matrimonios dinásticos mediante los cuales los monarcas europeos acordaban tradicionalmente tratados de paz, establecían alianzas, adquirían nuevos territorios y buscaban el aumento de su poder y de su reputación. Al cambiar los intereses dinásticos y políticos, los amigos de hoy podían convertirse en los enemigos de mañana; pero, sobre todo, incluso la política matrimonial mejor planeada podía irse a pique fácilmente a causa del impredecible juego de la vida y la muerte. Enrique VII, al casar a su hija Margarita con Jacobo IV en 1503 para conseguir la paz entre Inglaterra y Escocia, tenía toda la razón para esperar que, con dos hijos que habían sobrevivido hasta alcanzar la edad adulta, se hubiese asegurado el futuro de la nueva dinastía Tudor en el trono inglés. Sin embargo, poco después murió su primogénito el príncipe Arturo, y por el hecho de que ninguno de los vástagos de su segundo hijo, el futuro Enrique VIII, podían tener descendencia, la sucesión recayó por defecto en el descendiente de Margarita. Era el monarca de la potencia menor, no el de la mayor, el que uniría a los dos reinos en su propia persona.
Por el contrario, en España fue la potencia mayor —Castilla— y no la menor la que prevaleció finalmente en las apuestas dinásticas.
Las relaciones angloescocesas, sin embargo, iban a seguir un curso diferente. Las características más destacadas de Escocia, como las de Cataluña, eran las montañas y el mar, y su historia y su personalidad, al igual que en Cataluña, se habían conformado mediante el dialogo entre ambos. Las Highlands, que abarcaban el noroeste de Escocia, eran una región accidentada y con una población dispersa dividida por sus alineaciones montañosas de las tierras más fértiles de las Lowlands centrales y las Uplands del sur. En muchos aspectos, la región seguía siendo un mundo aparte, un mundo de tosca justicia, de feudos familiares y de luchas de facciones entre clanes rivales. En este sentido, guardaba cierta semejanza con la región pirenaica del norte de Cataluña, dominada por los bandidos y muy diferente de la Cataluña urbana y mercantil del sur.
Sin embargo, mientras que Cataluña poseía una sola costa que daba al Mediterráneo, Escocia estaba bañada por mares diferentes y miraba hacia fuera en distintas direcciones: hacia Escandinavia y el norte de Europa a través del mar del Norte, hacia el continente Norteamericano, que algún día se le aparecería, a través de las aguas del Atlántico Norte, y hacia Irlanda a través del canal Irlandés, a solo trece millas del promontorio de Kintyre en el saliente suroccidental de la tierra firme escocesa. Desde comienzos de la Edad Media, la gente que llegó por tierra o por mar desde las tierras e islas que la rodeaban dejaron su huella en Escocia. Hacia el año 500, los escoceses de habla gaélica emigrantes desde la Irlanda nororiental cruzaron el canal Irlandés para colonizar las islas y la orilla de Argyll. Poco después, los anglos se dirigieron hacia el norte desde las áreas que habían ocupado en la Bretaña de sur y del este, para empezar a colonizar las Lowlands escocesas del sudeste. Detrás de ellos llegaron los escandinavos, que se dirigieron hacia las islas occidentales, se establecieron allí y se trasladaron a las Highlands escocesas entre los siglos VIII y XI.
En consecuencia, la construcción del Estado constituyó un proceso lento y complejo que trajo aparejadas unas negociaciones continuas y prolongadas con una élite propietaria poderosa. El resultado fue el nacimiento de un sistema político y administrativo que proporcionó a la aristocracia los instrumentos necesarios para realizar las tareas de Gobierno, incluso aunque los funcionarios reales se dejaran sentir más activamente en las localidades. Al mismo tiempo que la nobleza y los caciques disfrutaban de grandes derechos territoriales y ejercían poderes judiciales casi ilimitados, también se vieron implicados en las estructuras institucionales del Gobierno real. La interacción constante entre la corona y la aristocracia, que era necesaria para que el sistema funcionase, significaba que las dos partes se movieron al unísono en vez de hacerlo cada una por su cuenta. Esa compartición del poder sirvió para moldear al emergente Estado escocés durante mucho tiempo.

El debilitamiento de Cataluña a lo largo del siglo XV contribuyó en gran medida a inclinar la balanza del poder en la península a favor de Castilla, incluso aunque ese declive fuese compensado en cierta medida por la vitalidad económica de Valencia. El principado comenzó el siglo no solo como el socio dominante en la federación catalanoaragonesa, sino como el dueño del Mediterráneo occidental. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a una serie de problemas sociales, políticos y económicos que lo hundirían en una crisis. Como consecuencia de la peste negra, el campesinado clamaba cada vez con más insistencia para liberarse de los «malos usos» impuestos por los señores feudales. La cuestión social se había convertido en algo serio cuando el Compromiso de Caspe llevó en 1412 al trono aragonés a una dinastía con preocupaciones diferentes a las de su nativa predecesora. La política adoptada por los Trastámara condujo a un creciente sentimiento de alejamiento entre la clase gobernante catalana y la cada vez más distante figura del rey. Las tensiones entre Alfonso V (1416-1458) y la oligarquía de Barcelona indujeron a este a establecer su residencia en Valencia en vez de en aquella ciudad, mientras que su intervención en los asuntos de Castilla y su conquista de Nápoles en 1442 levantaron el temor de que estuviese subordinando los intereses catalanoaragoneses a sus ambiciones imperiales. Después de 1432, los catalanes no volverían a ver más a su conde.
La situación de la economía catalana durante la primera mitad del siglo no está clara, pero en 1462 el campesinado, con sus agravios sin formalizar, se levantó en una revuelta y el principado se vio envuelto en una guerra civil. Sus vecinos y rivales, incluidos los socios de la confederación, se aprovecharon de sus problemas para beneficiarse en interés propio. En los momentos en que Barcelona se rendía en 1472 a las fuerzas del sucesor de Alfonso, Juan II (1458-1479), la continua pérdida de población en la larga secuela de la peste negra se unió al malestar social y a la guerra civil para destruir los cimientos de la anterior prosperidad de Cataluña.

A finales de la década, la idea de la unión incorporada estaba muerta y enterrada, y Jacobo era lo suficientemente lúcido para reconocer esta realidad. Podía dar un tirón aquí y un tirón allá, pero no había ninguna posibilidad de formar un cuerpo de dos reinos en lo que le quedaba de vida. Su sueño, espléndido sin duda, no pudo realizarse entonces y quizá nunca lo pudiera ser.
En el mismo año 1705, también los catalanes se enfrentaban a una elección crucial que estaba directamente relacionada con la participación británica en la guerra de Sucesión española. El 14 de abril de 1701, el duque de Anjou hizo su entrada solemne en Madrid como Felipe V de España. Los primeros pasos de la transición dinástica de los Habsburgo a los Borbones se llevaron a cabo con tranquilidad, y en septiembre el nuevo rey se dispuso a visitar la Corona de Aragón, donde debía jurar la observancia de las constituciones catalanas y convocar a las Corts en Barcelona. Había expectación en ambos lados, y, a pesar de los choques entre las Corts y los ministros reales, se aprobaron una cantidad ingente de leyes y Felipe fue capaz de llevar a cabo la formal conclusión de las sesiones a comienzos de enero de 1702 —la primera vez que ocurría eso desde 1599—. Confirmó como era debido las Constituciones y aceptó una antigua petición catalana para el establecimiento de un tribunal con el fin de tratar cualquier caso que fuese en contra de ellas. Por su parte, las Corts votaron un subsidio sustancial, y se les dio a los catalanes gran parte de lo que pedían, incluidos algunos privilegios comerciales por los que Feliu de la Peña había luchado, como el derecho a crear una compañía de comercio y a enviar dos navíos al año para comerciar con América. Sin embargo, no consiguieron que se atendiesen dos importantes demandas: la supresión del acantonamiento y de los nuevos procedimientos electorales introducidos en 1652.
Si a la larga el archiduque Carlos hubiera sido más condescendiente que Felipe V con las libertades de la Corona de Aragón, es una cuestión que está por dilucidar. Su trayectoria como emperador indica que no puede afirmarse que tuviese una actitud más benigna hacia el particularismo que la de los Borbones, y además los exiliados de la Corona de Aragón fueron sus consejeros más cercanos a la hora de planificar la unión por incorporación de las antiguas posesiones italianas de España a los territorios bajo su Gobierno. Pero durante los años de su resistencia, los austracistas catalanes podían considerarse los campeones de la libertad, luchando por las libertades y por la forma de Gobierno constitucional, no solo para el principado sino para toda España. Ahora, con el triunfo de los Borbones habían triunfado las fuerzas del despotismo, y cuando Felipe V se tomó su tiempo entre 1714 y 1716 para decidir exactamente el sistema de Gobierno que debía establecerse en Cataluña, había muchas razones para temer que Madrid, para cumplimentar el gran proyecto de Olivares cerca de un siglo antes, estaba a punto de reducir el principado «al estilo y leyes de Castilla».

La unión angloescocesa de 1707 y la Nueva Planta de 1707-1716 fueron uniones por incorporación, en el sentido de que incorporaron Escocia y la Corona de Aragón, respectivamente, a una entidad mayor, Gran Bretaña en el primer caso y España, o la nación española, como sería denominada cada vez con más frecuencia, en el segundo. Sin embargo, los métodos por los que se llevaron a cabo esas incorporaciones fueron muy diferentes. También lo fueron las formas que adoptaron las dos uniones por incorporación y la naturaleza de las nuevas y más grandes entidades que salieron de ese proceso. Con todo, además de esas diferencias, había también similitudes, tanto en el carácter de esas uniones por incorporación como en sus consecuencias a largo plazo, aunque esas consecuencias serían objeto de diferentes interpretaciones desde entonces hasta nuestros días, dependiendo del tiempo, del lugar y del sentimiento nacional.
La unión de Escocia y de Inglaterra se presentó como un Tratado de la Unión entre dos reinos soberanos con una misma reina, pero que en el futuro compartirían un solo Parlamento y una sola bandera. Como todos los tratados, era el resultado de la negociación, si bien esa negociación se llevó a cabo bajo una presión que afectó más a los comisionados escoceses que a los ingleses —aunque estos también se hallaron sometidos a sus propias presiones, generadas por la guerra con Francia y especialmente por la cuestión de la sucesión dinástica—. Por otra parte, en España la Corona de Aragón se hallaba sometida a un acuerdo impuesto por un monarca victorioso que estigmatizaba a su gente considerándola rebelde y que daba por sentado que su rebelión le otorgaba a él el derecho a decidir sobre su futuro. El Decreto de Nueva Planta del 29 de junio de 1707 abolía, al menos teóricamente, los fueros y los privilegios de los reinos de Valencia y Aragón. Emitido con precipitación y sin un estudio previo de cómo debía ser implementado, el decreto dio lugar al inicio de una serie de discusiones en el gabinete de Felipe V donde el presidente del Consejo de Aragón alegó en vano que se debía dar prioridad a la «prudencia» sobre la «innovación».
Si los detalles eran aún desconocidos, la intención que había detrás del decreto estaba clara. Su inspiración inmediata procedía de París, desde donde se dictaba ordinariamente la política de Madrid utilizando como instrumento al embajador francés en la corte de Felipe V, Michel-Jean Amelot. Luis XIV estaba convencido de que la victoria de su nieto en Almansa en 1707 le daba la oportunidad de «establecer allí su autoridad de manera absoluta y aniquilar todos los privilegios que sirven de pretexto a estas provincias para ser exentas a la hora de contribuir a las necesidades del Estado». La expresión «Nueva Planta» no aparecía de hecho en el mismo decreto, pero se refería a «un nuevo plan» de Gobierno establecido en los territorios de la Corona de Aragón, inicialmente mediante la abolición de los fueros de Valencia y de Aragón, y después por una serie de medidas introducidas entre 1711 y 1716. En este último año Cataluña y Mallorca fueron incluidas también en los decretos de reforma.
Aunque en teoría la Nueva Planta trataba de que el Gobierno y los ordenamientos legales de la Corona de Aragón fuesen iguales que los de Castilla, en la práctica se demostró que la uniformidad total era imposible de conseguir. Desde un principio se puso de manifiesto que era necesario hacer modificaciones. Surgieron las discrepancias, o al menos hubo que permitirlas, entre las prácticas castellanas y las nuevas reglamentaciones introducidas con excesiva rapidez en Valencia y Aragón. Sin embargo, a pesar de las discrepancias y de las modificaciones, la introducción por la fuerza del nuevo sistema en esos dos reinos fue brutal y tuvo un gran impacto en la vida de sus ciudadanos. No obstante, la experiencia de Cataluña, aunque con un impacto no menos drástico, se diferenciaba en varios aspectos de las de sus dos vecinos.
Eso era debido en parte a que en el momento en que los consejeros de Felipe emitieron el 9 de octubre de 1715 un decreto extendiendo la Nueva Planta al principado, su experiencia en Valencia y Aragón les había hecho conscientes de algunas de las realidades que implicaba el intento de introducir drásticas medidas de reforma.

La creciente anglización parecía amenazar también al establishment legal escocés. Bajo la Unión, el derecho consuetudinario inglés se detenía en la frontera y las instituciones legales y judiciales del reino siguieron funcionando sin cambios. Sin embargo, la Cámara de los Lores, que se consideraba poco favorable a la ley escocesa, se convirtió en el último tribunal de apelación. La Ley de la Unión también establecía en Escocia un Tribunal de Hacienda basado en el modelo del Tribunal de Hacienda inglés, con el propósito de asegurar la uniformidad en la regulación del comercio, aduanas e impuestos entre los dos reinos. Este tribunal podría ser considerado como un caballo de Troya, ya que, aunque su jurisdicción fue cuidadosamente limitada, introdujo en Escocia elementos de la legislación y los procedimientos ingleses. El hecho era que, mientras que las leyes existentes en Escocia continuaban estando vigentes si no contravenían los términos del Tratado de la Unión, el Parlamento británico conservaba el poder para alterarlas si lo consideraba necesario.
En la práctica, hubo pocas reformas importantes del derecho privado escocés en el siglo XVIII, excepto la abolición de las propiedades militares y las jurisdicciones heredables después de la revolución jacobita de 1745, pero existía el temor latente de una lenta anglización cuando los abogados escoceses creyeron necesario aumentar sus conocimientos de la legislación inglesa. Por otra parte, la legislación escocesa, basada en las leyes civiles, había estado siempre abierta a las influencias exteriores, y un conocimiento más profundo del sistema inglés dio lugar a que se aceptase que en algunos aspectos la ley consuetudinaria aportaba un modelo que mejoraba lo que esa legislación escocesa podía ofrecer. Para los juristas de la época de la Ilustración escocesa, que consideraban liquidado el antiguo sistema feudal escocés por las reformas legales de 1747-1748, no resultaba difícil equiparar la anglización con la modernización general de la sociedad escocesa a la que aspiraban. Como consecuencia de ello, a finales de la centuria los dos sistemas se habían acercado mutuamente aunque el mantenimiento de la independencia del sistema legal escocés se hallaba por entonces sólidamente consolidado.
Con su ley, su sistema de gobierno local, su religión y las universidades que mantuvo, la Escocia posterior a la Unión conservó en gran medida su autonomía administrativa e incluso política anterior a la Unión, y seguiría conservándola hasta el siglo XIX. Sin embargo, había sido incorporada al sistema parlamentario de Westminster con el que la mayor parte de la población escocesa sentía poca o ninguna simpatía, y se había producido la reducción de los distritos escoceses de 159 a 45 y la asimilación de los 45 miembros escoceses y los 16 representantes nobles (pronto convertidos en votantes dependientes del Gobierno) a la gestión política de la etapa de Walpole —una etapa en que los intereses de los grupos prevalecieron sobre la afiliación a los partidos.
A diferencia de Cataluña, la Escocia del siglo XVIII estaba vinculada a una economía en plena expansión. La producción creciente y la renta nacional generada a raíz de las importantes mejoras en la agricultura y del aumento del comercio con las colonias había creado una sociedad próspera y cada vez con mayor confianza en si misma.
Entre todas las industrias —manufacturas de hierro, lana, cerámica, cristalería—, los manufactureros escoceses, a diferencia de los empresarios catalanes, se beneficiaron de la proximidad de una economía más avanzada que la suya, y pudieron basarse en los métodos ingleses más desarrollados y en la experiencia inglesa. Los empresarios ingleses John Roebuck y Samuel Garbett fundaron la famosa fábrica de hierro Carron en el sur de Stirlingshire en 1759. Sin embargo, por encima de todo, la proximidad se tradujo, al menos a partir de 1740, en un alto grado de incorporación a un sistema comercial británico más abierto y eficaz que el de España, donde los controles y los derechos aduaneros obstaculizaban la integración real. Sin la Unión, las exportaciones escocesas habrían chocado con la barrera inglesa de impuestos, y probablemente habrían echado en falta el impulso de incentivos como la Ley de Subsidios de 1742 para los linos.
Junto con el acceso al mercado inglés caracterizado por una demanda muy elevada por parte de los consumidores, los mercaderes y hombres de negocios escoceses disfrutaban de la enorme ventaja —denegada a sus equivalentes catalanes— de un acceso geográfico fácil a los mercados de la América colonial que crecían rápidamente. Los puertos del río Clyde se hallaban magníficamente situados para participar en el comercio británico transatlántico. Los mercaderes escoceses se habían ido introduciendo en este comercio de una manera informal desde el siglo XVII, pero desde la década de 1720 su intervención se hizo cada vez más organizada y los puertos escoceses no tardaron en convertirse en fuertes competidores de los puertos ingleses de la costa oeste. Por métodos tanto legales como clandestinos, los mercaderes escoceses dedicaron su esfuerzo al comercio de tabaco con las colonias del sur. Hacia la década de 1760 Glasgow, desde donde la travesía hasta la América británica era dos o tres semanas más rápida que la de los navíos que zarpaban de los puertos ingleses del Canal, se había convertido en la capital de la industria del tabaco de la economía atlántica de Gran Bretaña. El comercio masivo de importaciones y reexportaciones de tabaco aportó el flujo de un capital necesario para posteriores inversiones y contribuyó a cambiar la balanza de la economía desde la costa este a la del oeste de Escocia. También impulsó el crecimiento de otras industrias escocesas además de la del lino, cuando los mercaderes escoceses montaron una red de contactos transatlánticos que utilizaron para abastecer a las Antillas y a las colonias de aquel continente con productos escoceses.

La recuperación del catalán por los románticos de la primera y la segunda generación no implicó ni significó ningún distanciamiento de España como la nación a la que los catalanes debían su lealtad, aunque pudiera sentirse la tentación de verlo así retrospectivamente. También resulta chocante que las publicaciones literarias e históricas de este periodo mencionaran muy poco la caída de Barcelona en 1714, la cual iba a convertirse en el centro de la campaña por la independencia en el siglo XXI, entre otras razones porque el tricentenario se cumplía en un momento en que los nacionalistas radicales estaban presionando al Gobierno regional catalán para que encabezase su unilateral declaración de independencia tres años más tarde. Esas publicaciones tendían más bien a insistir en una romantizada Edad Media y en una idealizada Cataluña rural. En este aspecto se parecían a las publicaciones que aparecieron en Escocia durante la primera mitad del siglo XIX, las cuales estaban imbuidas también de forma similar de un medievalismo romántico e idealizaban a las Highlands, tanto en el pasado como en el presente. Con todo, alrededor de 1860, la recuperación romántica en Cataluña adquirió una intensidad que no tuvo paralelo en la Escocia coetánea, desembocando en un gran movimiento de recuperación al que se le dio primero el nombre de Renaixença en 1864.
Los escoceses de mediados del siglo XIX estaban menos obsesionados con la posible pérdida de la identidad nacional y con la recuperación de su pasado, sobre todo porque se encontraban más cómodos que sus contemporáneos catalanes dentro de una entidad política mayor de la que formaban parte. El imperio y la industrialización estaban proporcionando una prosperidad sin precedentes a su país, aunque los escoceses, al igual que los catalanes, estaban experimentando los desajustes sociales que acompañaban el crecimiento industrial.
Así pues, en tanto existía una Renaixença escocesa —y Renacimiento parece un término inadecuado para describir la vida cultural escocesa de las décadas centrales del siglo XIX— esta resultaba menos introvertida que su equivalente catalana y era más la afirmación de un presente exitoso que un canto de alabanzas para un pasado lamentado. Como en otras partes, las baladas y el folclore podían constituir su bagaje, y podían levantarse estatuas en honor de personalidades nacionales como Robert Burns, pero sus símbolos más visibles eran los grandes proyectos inmobiliarios de la época, desde los castillos escoceses en el estilo baronal que suponían una afirmación del pasado medieval, hasta los espléndidos edificios municipales que testificaban la presente prosperidad de la nación y su confianza en el futuro.
A diferencia de las relaciones entre Cataluña y Madrid, el Estado británico se hallaba convenientemente lejos de las preocupaciones cotidianas de Escocia, y una gran cantidad de asociaciones voluntarias ocupaban el espacio intermedio entre el Estado y los ciudadanos. Una serie de artículos escritos en la década de 1850 en el Diario de Barcelona hablaban de su admiración por la capacidad mostrada por los británicos para organizarse en asociaciones de voluntarios y para crear así ellos mismos una sociedad civil, lo cual contrastaba con el modelo centralizador francés que estaba frustrando las iniciativas locales en España. Los catalanes debían seguir el ejemplo de los ingleses.
El número y la vitalidad de las numerosas asociaciones de Escocia, mostraban la fortaleza de su determinación para mantener una vida civil activa que conservara el carácter de la nación y sus valores distintivos. La conciencia de una singularidad nacional y el orgullo de poseerla se hallaban profundamente arraigados en esta vibrante Escocia de mediados del siglo XIX, y si Robert Louis Stevenson de veintitrés años era representativo de sus compatriotas.
Sin embargo, la sociedad civil escocesa operaba dentro de la estructura del Estado-nación imperial al que pertenecía el país —un Estado-nación que por su parte proporcionaba a los escoceses nuevas oportunidades para dejar su impronta en un mundo más amplio—. Al menos hasta el momento, las reivindicaciones de nación, Estado e imperio coexistían de tal manera que todas se beneficiaban de ello. Con todo, como en el caso de Cataluña, el rápido proceso de cambio social y económico requirió ajustes de todas las partes en la forzosamente desigual relación entre un pueblo poseedor de un orgulloso sentido de su propia singularidad y un Estado-nación que reclamaba la total fidelidad de sus ciudadanos.

Si los años entre el final de la Guerra Civil en 1939 y la muerte de Franco en 1975 fueron años de una unidad impuesta en España, fueron años de unidad por consenso en las islas británicas. El hecho de que los pueblos del Reino Unido se mantuviesen hombro con hombro en una causa común, hizo que la Segunda Guerra Mundial proporcionase un gran impulso al sentido de la solidaridad británica. Aún más, la guerra dio lugar a un nivel sin precedentes de intervención del Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos británicos en respuesta a la necesidad de una planificación y de un control centralizado, y con él, a un nivel de uniformidad cada vez mayor a través del Reino Unido.
Escocia se vio completamente implicada en la empresa común de ganar la guerra y de construir una sociedad mejor en los años que siguieron. La misma guerra contribuyó a sacar a la industria de la depresión del periodo entreguerras, y la recuperación industrial continuó en respuesta a la demanda de la reconstrucción de la posguerra. Durante algún tiempo pareció como si los mejores días de la industria pesada escocesa hubiesen vuelto cuando la construcción de barcos y la ingeniería florecieron a finales de la década de 1940 y en la de 1950 para atender a la demanda nacional e internacional.
Para una Escocia que había desconfiado siempre del Gobierno de Londres, la aceptación de un intervencionismo del Estado de largo alcance podía en principio parecer problemática. Inevitablemente surgió el conflicto de intereses cuando cayeron en cascada desde Westminster las directrices y las regulaciones de tiempos de guerra, pero los conflictos se vieron atenuados por la habilidad política y la capacidad de persuasión de Tom Johnston, el diputado laborista por West Stirlingshire, que fue nombrado por Churchill secretario de Estado para Escocia en 1941 y que permaneció en el cargo hasta la finalización de la guerra. El secretario de Estado escocés más eficaz e influyente del siglo XX, Johnston, siguiendo los pasos de sus dos grandes predecesores del siglo XVIII, Archibald Campbell, conde de Ilay y Henry Dundas, actuaron como mediadores entre Londres y Edimburgo, equilibrando con habilidad los intereses de ambos.
Con todo, como puso de manifiesto el espectacular robo de la Piedra de Scone de la abadía de Westminster el día de Navidad de 1950 y su posterior depósito en la abadía de Arbroath, el nacionalismo escocés se hallaba lejos de haber desaparecido. El Partido Nacionalista Escocés, dividido en facciones entre los partidarios del autogobierno y los defensores de la completa independencia, era tan ineficaz que un nacionalista moderado, John MacCormick, creó desesperado, una Convención Escocesa no partidista. En 1949 consiguió dos millones de firmas, aunque no todas ellas auténticas, en apoyo de un Parlamento para Escocia con adecuada autoridad legislativa, «dentro del conjunto del Reino Unido». Sin embargo, el nacionalismo tuvo poco impacto en el panorama electoral.
Sin embargo, los tiempos estaban cambiando, tanto en Gran Bretaña como en España. Gran Bretaña se enfrentaba a una creciente incertidumbre sobre el estado de la economía nacional y sobre el lugar que ocupaba el país en Europa y en el mundo. Entretanto, la causa nacional escocesa había adquirido nuevos arrestos por el descubrimiento en 1970, a algunos centenares de millas de la costa de Aberdeen, de grandes reservas de petróleo en el Mar del Norte —un recurso que estaba destinado a cambiar, quizá decisivamente, la tradicional ecuación entre los dos socios de la Unión. Para Escocia, como para Cataluña después de la muerte de Franco, se abría ahora la posibilidad de alcanzar el sueño, largamente esperado, de la autodeterminación, o quizá de algo más.

El 1 de marzo de 1979 Escocia votó en un referendo sobre la obtención de una forma de Home Rule, ahora llamada devolution («descentralización»), que incluía la creación de su propia asamblea parlamentaria. Alrededor de ocho meses más tarde, el 25 de octubre, los catalanes votaron en un referendo el Estatuto de Autonomía bajo la nueva Constitución española de 1978. ¿Cómo se llevaron a cabo los dos referendos, y qué supuso su realización para la sensibilidad nacional de los dos países a finales de la década de 1970?
El referendo escocés era la consecuencia de la idea de los dos partidos, el Conservador y el Liberal, impulsado por el creciente éxito electoral del SNP, de que el statu quo constitucional no podía sostenerse por más tiempo. Había quedado claro que los escoceses querían más control sobre la forma en que eran gobernados, y se esperaba en Westminster que la oferta de una asamblea con sede en Edimburgo restase fuerza al nacionalismo y satisficiera lo que muchos consideraban como una legítima aspiración que podía frenar los deseos de independencia.
El SNP, aunque desengañado por la evidente falta de entusiasmo popular a favor de un cambio de los existentes acuerdos constitucionales, se decidió a seguir adelante y presentó una moción parlamentaria de no confianza que fue aprobada en los Comunes por un voto. El Gobierno de Callaghan cayó, y en las resultantes elecciones generales de 1979 los conservadores, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, alcanzaron el poder. No solo los laboristas, sino también el SNP fueron derrotados, dejando desacreditada la campaña por el Home Rule y dividido su liderazgo. El Gobierno de la señora Thatcher rechazó la Ley de Escocia y se mostró firmemente contrario a cualquier conversación sobre la descentralización. El Reino Unido estaba unido y así debía permanecer.
Mientras que los referendos escocés y galés eran la consecuencia de la maniobra política y de la preocupación gubernamental, el referendo catalán respondía directamente a la introducción de la nueva Constitución escrita de 1978. Con la muerte del general Franco en noviembre de 1975 y la restauración de la monarquía en la persona de don Juan Carlos, España entraba en un periodo de profunda incertidumbre política. El país estaba cambiando y también el mundo que lo rodeaba, con la caída en 1974 de dictaduras en Grecia y en Portugal y la activa promoción por parte de la Comunidad Europea de democracias liberales por todo el continente. La monarquía restaurada necesitaba una legitimidad que solo podía proporcionarle la democracia, pero existían elementos firmemente arraigados en el establishment político que se oponían a cualquier cambio significativo. Además, las actividades terroristas del movimiento vasco ETA reforzaban la postura de aquellos que deseaban asegurarse de que no se relajaría la mano dura que Franco había mostrado para el mantenimiento de la ley y el orden. Con todo, existía al mismo tiempo un sentimiento generalizado de que un acuerdo generoso con los vascos y, por extensión, con los catalanes, podía dar fin a ETA. Los acontecimientos de las décadas siguientes iban a poner de manifiesto que esa confianza carecía de base.
La transición no habría podido triunfar sin la determinación de todos los líderes políticos de evitar los horrores de una nueva guerra civil. Ello implicaba la necesidad de que todas las partes hiciesen concesiones para garantizar la democracia, la unidad nacional y el reconocimiento de las demandas vascas y catalanas. De los muchos problemas que había que resolver, uno de los más urgentes era el de la estructura constitucional de la nueva España democrática. La vieja cuestión secular de las relaciones entre el Gobierno central de Madrid y las diferentes naciones y regiones de España permanecía todavía sin resolver y se hizo más urgente por el hecho de que la tapadera impuesta por el régimen de Franco sobre el enconado nacionalismo de Cataluña y del País Vasco no podía ya mantenerse por más tiempo.
España había vivido bajo ocho Constituciones entre 1812 y 1931. En la última de ellas, la Segunda República reconocía el inherente pluralismo de España al describirla como un Estado integral compatible con la autonomía regional y municipal. De acuerdo con esta formulación se otorgó a Cataluña el Estatuto de 1932 que la convertía en una «región autónoma dentro de la República española».
A comienzos de 2007, el año en el que se celebró el tercer centenario de la Unión angloescocesa, no era en absoluto seguro que el SNP encontraría un mensaje que le permitiese sacar provecho de esta variedad de sucesos, aunque durante algún tiempo se había estado moviendo en la dirección correcta. En especial, al adoptar un gradual acercamiento a la independencia, se posicionó de tal forma que se encontraba preparado para cuando se presentase la oportunidad. Esta llegó con la extensión por parte del ejecutivo escocés de la representación proporcional al Gobierno local en 2007, una medida que tuvo como consecuencia la ruptura del asidero del Partido Laborista a nivel local. El SNP resultó vencedor en la elección al Parlamento escocés, aunque con menos de un tercio de los votos, y tomó el poder con un Gobierno minoritario con Alex Salmond como primer ministro. Veintisiete años después de que Jordi Pujol alcanzase el poder en Cataluña, los nacionalistas escoceses tenían también la oportunidad de convertir su sueño en realidad.
Alex Salmond y sus colegas del SNP eran muy conscientes del paralelismo existente entre la situación de Escocia y la de Cataluña, y Salmond pudo muy bien tener en cuenta el modelo catalán cuando, al tomar posesión del cargo, cambió el nombre del ejecutivo escocés por el de Gobierno escocés (el Govern catalán). Ese cambio era la señal de la intención de la nueva Administración de seguir el ejemplo de Cataluña de saltarse la capital nacional y acudir a Bruselas para conseguir el reconocimiento de su condición de Estado en el marco de una Europa unida.
Sin embargo, el ejemplo, aunque prometedor en muchos aspectos, no estaba exento de peligros. Tom Nairn lo había predicho ya en 1975 cuando, al comentar la propensión de los ideólogos del SNP de creer que Escocia era ya un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, señaló que su situación no era, ni mucho menos, la única. Harían bien en reconocer, argumentaba, que «Cataluña tiene mucho más en común con nosotros (Escocia) que Noruega: podemos acabar como unos ruidosos parias más que como auténticos socios de un club elitista». ¿Desearía realmente la Unión Europea aceptar como miembros a las regiones separadas de los estados de los cuales formaban parte integral?
Los tiempos habían cambiado en España desde 1975, pero la corriente hacia su reconocimiento como nación y como Estado en Cataluña no había transcurrido enteramente de manera tranquila desde la llegada de la autonomía en 1980.
Su decisión de seguir adelante con la declaración unilateral de independencia era un acto de locura, de imprevisibles consecuencias que nunca parecieron pasarse por la mente de sus defensores cuando se sumergieron en él. Se habían situado claramente fuera de la ley y de la Constitución, una Constitución que la misma Cataluña había aceptado y suscrito cuando España llevó a cabo la transición a la democracia parlamentaria. Al hacerlo, creó fisuras no solo en el cuerpo político español, sino dentro de su propio país. Al pretender hablar en nombre de toda Cataluña y tildando sistemáticamente a España de su «enemigo», abrió una brecha en medio de la sociedad catalana. Esta había sido una sociedad prospera, acogedora y de gran amplitud de miras, comprometida totalmente con el resto de España y con el mundo. Ahora se volvía hacia adentro y comenzaba a desgarrarse a sí misma. Familias y comunidades se hallaban divididas, amistades de mucho tiempo se enfriaron o se rompieron y unionistas y secesionistas se enfrentaban unos a otros ante un abismo de incomprensión y de mutuas recriminaciones.
En una historia en la que no podrá encontrase una clara conclusión en muchos años, al menos una de ellas destaca. A pesar de los numerosos fracasos del Gobierno español y de la clase política española durante muchos años —una clase que se mostró incapaz y poco deseosa de trasladar la mezcla de unidad y diversidad proclamada por la Constitución a un proyecto político coherente— la principal responsabilidad de esta trágica situación recae en el establishment catalán. Ese mundo había sido levantado en parte por ese mismo sector, pero también tenía antecedentes, sacados de una mezcla de historia verdadera y falsa, y de recuerdos filtrados a través de la imaginación colectiva. Por mucho que los independentistas lo afirmasen, la España del siglo XXI no era la España del general Franco, ni tampoco había sido España durante siglos poco más que un Estado represor. Excluir lecturas alternativas es cerrar opciones alternativas. Al embarcarse en este infeliz proceso, que se metamorfoseó demasiado fácilmente en el procés, el nacionalismo catalán, con toda su cara amable, fue incapaz de tapar la fealdad que se escondía detrás de la sonrisa.

La historia del nacionalismo escocés y la del nacionalismo catalán son muy diferentes, pero también tienen mucho en común. Ambas son la historia de una esperanza que se ha mantenido viva solo para frustrarse, de una aspiración a conseguir el autogobierno y de un movimiento hacia la secesión. A pesar de todas las diferencias entre las historias nacionales de los dos países, ambas convergen notablemente desde la década de 1970 en adelante. Ambas registran un fuerte resurgir del nacionalismo en las décadas de 1970 y de 1980. Esos resurgimientos no eran una novedad y ahora, como en el pasado, se producen en contextos muy diferentes. Sin embargo, en esta ocasión la afirmación de un sentimiento de identidad dio lugar al nacimiento de unos movimientos separatistas más duraderos y más persistentes que los precedieron, hasta el punto de que la ruptura con las respectivas entidades políticas con las que habían estado ligadas durante muchos siglos se ha convertido, si no en una realidad, sí al menos en una fuerte posibilidad.
En lo que se refiere a Escocia, los antecedentes del recrudecimiento del nacionalismo hay que buscarlos en el lento declive de posguerra de la industria pesada, que había convertido al país durante muchas generaciones en un motor económico internacional. Esta caída fue acompañada por un declive paralelo de la posición mundial de Gran Bretaña y por el desmantelamiento del Imperio británico después de 1945. Casi tres siglos de estrecho compromiso escocés con el proyecto imperial británico, que vieron cómo regimientos escoceses provistos de sus típicas faldas luchaban junto a regimientos ingleses, irlandeses y galeses en numerosas guerras coloniales y continentales, habían proporcionado a generaciones de escoceses un sentimiento de pertenencia a una comunidad más amplia que la suya.
Con todo, al igual que en España, el final del imperio, al reducir el antiguo espacio territorial de expansión a los límites geográficos mucho más pequeños de la metrópoli, tuvo inevitablemente graves consecuencias, aunque lentas, en la forma en que las naciones que componían el Reino Unido pensaban de sí mismas y de sus relaciones con las demás y con la mayor entidad política a la que pertenecían. Siempre había habido grandes diferencias entre la cultura política de Escocia y la de Inglaterra, pero a comienzos del siglo XXI los dos países dieron la impresión de que marchaban en direcciones opuestas. La creación de un Parlamento escocés y de un gobierno escocés, amplió de manera inevitable la brecha que siempre había existido entre Westminster y Edimburgo, y en este sentido parecía justificar los temores de aquellos que alegaban que la puesta en marcha del Home Rule en Escocia estaba destinada a situar a la Unión angloescocesa en una pendiente resbaladiza. Sin embargo, mientras que los partidos británicos pudiesen contar con un fuerte apoyo de los votantes escoceses, la resultante participación en la vida política del Reino Unido en su conjunto serviría para compensar las tendencias hacia el distanciamiento de intereses y preocupaciones que siempre parecía probable que siguiesen al establecimiento de un Parlamento escocés.
Lo mismo ocurría con los nacionalistas catalanes. Aquí, la Constitución de 1978 había proporcionado a los catalanes un grado de gobierno autónomo que no fue igualado en Escocia hasta después de 1997, pero los dos países seguirían trayectorias similares, aunque en diferentes escalas de tiempo. La participación de las comunidades autónomas en la política nacional española siguió siendo elevada en los años posteriores a 1978, y los dos partidos políticos más importantes disfrutaron de un apoyo considerable por parte del electorado catalán en las elecciones generales. Sin embargo, desde los comienzos del gobierno de Pujol en 1980, el grado de autonomía concedido por Madrid a la Generalitat le permitió cumplir la clase de agenda nacionalista que el SNP solo pudo comenzar a implementar después de su éxito electoral de 2007. Pero su trayectoria fue similar. En Cataluña, como en Escocia, los partidos políticos más importantes, el PSOE y el PP, perdieron cada vez más apoyos, dejando así el campo libre a los nacionalistas extremistas para seguir, como en Escocia, una agenda cuyo objetivo era la independencia.
Así pues, en Escocia y en Cataluña el nacionalismo radical comenzó a extender sus alas en un entorno cambiante. El sistema tradicional bipartidista manifestaba ahora síntomas de crisis, mientras que las antiguas instituciones eran cuestionadas en todos lados por parte de un electorado alejado de los gobernantes, que parecían incapaces de encontrar respuestas a los retos planteados por la globalización, la crisis económica, el dominio de las corporaciones y organizaciones supranacionales y la generalizada desigualdad social. Se trataba de un ambiente muy propicio para el populismo nacionalista y por los políticos que sabían cómo explotarlo. El separatismo parecía ofrecer una fácil respuesta a aquellos que creían que habían perdido el control sobre sus propias vidas. La independencia les permitiría de nuevo ser los dueños de su casa.
En buena medida, esto era producto de la nostalgia por un mundo que nunca existió. Escocia había perdido los últimos vestigios de su soberanía como Estado en 1707; Cataluña nunca había sido un Estado independiente en la moderna definición del término; y en ambas naciones, el gobierno lo habían ejercido ampliamente las élites en conjunción con la Corona. Sin embargo, las dos habían desarrollado en el curso de los siglos narrativas que priorizaban algunos episodios de su pasado a expensas de otros cuando trataban de afirmar su propia singularidad frente al peligro, real o imaginado, de asimilación por parte de un vecino más poderoso. Los escoceses, como era natural, miraban atrás hacia las guerras que sus antepasados habían mantenido para salvaguardar su independencia frente a una expansionista Inglaterra, y encontraron a sus héroes en Wallace y Bruce. Se vanagloriaban de la continuidad de una monarquía que hundía sus raíces en las brumas de la Antigüedad, pero también de la comunidad de un reino cuyo monarca y élites sociales, que actuaban en nombre del pueblo, disfrutaban de una mutua relación en beneficio el uno y las otras. De la misma forma, los catalanes miraban atrás hacia un pasado medieval, hacia el legendario Otger Cataló y los condes de Barcelona, quienes habían liberado al principado de la dominación musulmana.
La inconsistencia» difícilmente puede ser considerada como una característica exclusiva de los escoceses y los catalanes. Sin embargo, las circunstancias históricas, y sobre todo la frecuente marginación de las dos regiones por sus vecinos más poderosos políticamente, han podido proporcionar una mayor intensidad a la «inconsistencia» tanto de Escocia como de Cataluña. La Darien-manía y la repentina aparición de la violencia en la Cataluña de los siglos XIX y XX, pueden muy bien ser consideradas como manifestaciones de rauxa en sociedades que se sentían orgullosas de su seny. Cuando se valoran las causas de inesperados acontecimientos contemporáneos o históricos siempre hay la tentación de otorgar mayor peso a las consideraciones «racionales» que a la fuerza de los sentimientos y las emociones, y sorprenderse después cuando dejan de prevalecer los dictados de la razón. Los actuales movimientos por la independencia en Cataluña y en Escocia indican que las sociedades o las naciones no responden necesariamente a como debieran hacerlo después de un análisis objetivo de los argumentos a favor o en contra de la independencia.
Frente a esto, no parece conforme a la razón el que disfrutasen de tal resurgimiento las formas más agresivas del nacionalismo catalán y escocés en tránsito del siglo XX al XXI, y aún menos el que en ambos países triunfasen los nacionalistas más extremistas acallando la iniciativa de los moderados y lanzando a sus, con frecuencia, desconfiados compatriotas al camino hacia la independencia.
En el cambio del siglo, en Escocia y en Cataluña, los separatistas manifestaron su confianza en que los recursos y la capacidad de su gente eran suficientes para hacer viable la independencia, alegando que en momentos de dificultades siempre sería posible protegerse bajo el paraguas europeo. El mensaje de la autosuficiencia cayó en tierra abonada en Cataluña, donde la Generalitat había aprovechado los recursos que se habían puesto a su disposición para inculcar el sentimiento de la singularidad histórica y lingüística de la nación. El mismo mensaje se transmitiría en Escocia, una vez que el SNP estuviese en el puesto de mando. Se trataba de un mensaje muy a tono con una época en la que la gente de todas partes buscaba mayor poder individual y colectivo, y en la que los nuevos medios de comunicación social ofrecían oportunidades sin precedentes para la rápida movilización de amplios sectores de la población en apoyo de una causa con una fuerte carga emocional.
Sin embargo, si el ambiente del momento era propicio para la propagación de la idea de la independencia, su aceptación por parte de amplios sectores de la sociedad no puede atribuirse solamente a la habilidad organizativa y al fervor de sus seguidores.
La incapacidad o la falta de deseo de los gobiernos centrales de superar las barreras culturales o emocionales para acercarse a comunidades que se sienten marginadas constituye una fuente natural de descontento. El diálogo es la función capital de un gobierno democrático, y a los dos lados de la barrera se encuentran aquellos que, por una razón o por otra, no tienen ningún interés en entablarlo. Sin embargo, con frecuencia, la falta de dialogo es el resultado de la falta de imaginación, de incapacidad para ponerse en el lugar del otro y de entender el poder de las emociones y de los sentimientos. Esta falta de imaginación ha acompañado las relaciones entre Londres y Edimburgo, por una parte, y de Madrid y Barcelona, por otra, creando un callejón sin salida donde había que haber construido puentes.
El diálogo únicamente no es suficiente para resolver los permanentes y complejos problemas del mutuo acuerdo, pero cuando cesa el diálogo, desaparece un obstáculo más para la independencia y la secesión se convierte en algo más cercano a la respuesta final.

Otros libros del autor comentados en el blog:

https://weedjee.wordpress.com/2015/09/25/haciendo-historia-john-h-elliott/

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Sir John Elliott, Regius Professor Emeritus of Modern History at Oxford University, has written an absorbing study comparing the histories of Scotland and Catalonia.
He explores their passages from the dynastic unions of 1469-1625, to rebellion and their aftermath, 1625-1707/1716, to the incorporating unions of 1707-1789, nations and states from 1789 to 1860, the calls for home rule between 1860 and 1975, and finally to the question of secession since1975.
Professor Elliott points out that in 1707, “Scotland, by contrast although losing its own parliament, now formed part of a new, politically (and religiously) pluralist parliamentary democracy, based, unlike Bourbon Spain, on the principle of consent.” This difference continued through to the 1920s. As Professor Elliott observes, “Unlike the Spanish narrative that he [General Primo de Rivera] was attempting to write, the British national narrative was progressive rather than regressive, and had liberty rather than unity as its central theme.”
In the 2014 referendum in Scotland, the union side won despite the Conservative and Labour par-ties. People in Scotland were rightly “Deeply antagonized by the policies of the Thatcher regime and disillusioned with a sclerotic Labour Party that had proved unable to deliver social justice …” Yet they voted 55-45 per cent for union, on a record 85 per cent turnout.
A separate Scotland would have been a much poorer Scotland. As Professor Elliott remarks, “the continued collapse in the world price of oil hardly suggested that the time was right for the transfor-mation of Scotland into a viable sovereign state.” And, as the Scottish government itself has acknowl-edged, “the Scots received a disproportionate share of the United Kingdom’s tax revenues.”
Under Spain’s constitution a unilateral secessionist move by any of the country’s regions is illegal. Yet, on 6 September 2017 the Catalan parliament approved a law for calling a referendum on 1 October. Professor Elliott judiciously affirms that “Although the Catalan Statute of Autonomy of 1979, and its revised version of 2006, stipulated that any change to the statute required a two-thirds majority in parliament, this was not forthcoming. The law, therefore, was patently illegal both in terms of the Constitution and of the Catalan autonomy statutes, and was declared as such by the Constitutional Tribunal on the following day. … the Constitutional Tribunal … was only doing its duty when it prohibited members of the Catalan administration, the municipal authorities and the media from participating in, or promoting, a referendum campaign.”
Professor Elliott notes that “Catalonia’s was an illegal referendum, and, as such, Nicola Sturgeon resolutely refused to endorse it, although this did not inhibit members of the SNP from flocking to Barcelona to show their solidarity …”
He writes of the secessionists in Catalonia, “economic problems do not seem to have carried much weight with confirmed secessionists, many of them members of a relatively affluent middle class. Their priorities lay elsewhere, in the realization of a dream that had little connection to the world around them. Their decision to press ahead with a unilateral declaration of independence was an act of folly, unleashing consequences that never seemed to have crossed the proponents’ minds as they took the plunge. They had plainly put themselves outside the law and the Constitution, a Constitution that Catalonia itself had accepted and endorsed when Spain made its transition to a parliamentary democracy. In doing so they created fissures not only in the Spanish body politic, but also inside their own country. In arrogantly claiming to /speak for all Catalonia, and systematically branding Spain as the ‘enemy’, they drove a wedge down the middle of Catalan society. This had been a prosperous, friendly and outward-looking society, fully engaged with the rest of Spain and the world. Now it turned inwards and began to tear itself apart. Families and communities divided, long-standing friendships cooled or were ruptured, and unionists and secessionists faced each other across a widening gulf of misunderstanding and mutual recrimination.” The parallels with the separatists in Scotland are all too obvious.
He sums up, “the prime responsibility for this tragic situation rests with part of the Catalan estab-lishment. This sector of the elite decided to take the law into its own hands and forge ahead with its plans, regardless of the price to be paid. In many respects, indeed, it was oblivious to the price because it lived in a fantasy world of its own. … Whatever the independentistas might claim, twenty-first century Spain was not the Spain of General Franco, nor had Spain been for centuries little more than a repressive state apparatus. … By embarking on this unhappy process … Catalan nationalism, for all its smiling face, was unable to hide the ugliness that lay behind the smile.”
He concludes, “Thomas Jefferson, the future president of a newly independent United States of America, … wrote that ‘governments long established should not be changed for light and transient causes’. Proponents of independence in the twenty-first century would do well to bear his maxim in mind as they contemplate the road that lies ahead”.

– A ode to the unity of the peoples, with a certain bias no matter how much the author’s unconditional say, which is not an obstacle for him to leave shivering the lies of the separatist side. I must say that it is a stupendous effort of comparative politics, perhaps something extensive for the average reader, even for the regulars, which saves the author with great erudition.
– The final chapters seemed a bit more confusing, but thanks to this book you can build solid arguments about that Scotland / Catalonia fallacy with which the nationalists seem to feel comfortable.
– Therefore, a good book for political scientists and historians, for people little inclined to read or casual I recommend other works in the market, without so much historical roots.
– I imagine that as it has happened to me on other occasions, bad opinions on me from the separatists, but anyway, things are the way they are.

The story of two self-proclaimed nations that, at least at the time these pages are written, do not have a state of their own. In recent years, both Scotland and Catalonia have seen the growth of powerful movements whose purpose has been to achieve the independence of their respective major political supraentities, Britain and Spain, to which they have been incorporated for some time. Scotland requested, and got in 2014, a referendum that the independence advocates hoped would allow them to reach their goal along the path of the popular mandate. After its conclusion, the electorate did not achieve the expected goal, which left a minority disappointed in the hope that a new referendum in the not too distant future could lead to a different outcome. For their part, the supporters of the independence of Catalonia, which had a majority in the Catalan Parliament, approved on September 6, 2017 the holding of a referendum on independence. Based on this vote, the autonomous government, against the Spanish State and the Spanish Constitution of 1978, convened an illegal referendum on October 1, 2017 and proclaimed the independence of the Catalan Republic nine days later.
In their purpose of converting their respective nations into sovereign states, the leaders of these independence movements have followed a well-trodden path already. Europe, between the late eighteenth and mid-nineteenth centuries, experienced the emergence of a nationalist sentiment in the course of which minority peoples and ethnic groups wanted, or attempted, to separate themselves from the political formations to which they belonged and to constitute themselves as independent nation-states.
“Scotland and Catalonia are two Stateless nations that, particularly since the beginning of the 20th century, have demanded, with greater or lesser intensity, and with greater or lesser support from the population, the recognition of their uniqueness, greater levels of self-government, and, recently, independence ». Thus, it constitutes a sample of the uncertainty that surrounds the definition of «Nation» and «State.
Scotland and Catalonia have a deep historical background. Both were integrated, with different degrees of success, into emerging entities, Brittany and Spain, whose trajectories are part of a longer history that also has to be taken into consideration; and both have lived for centuries in the shadow of a more powerful neighbor with whose respective histories they must constantly relate.

Spain and Great Britain were the result of the dynastic marriages through which European monarchs traditionally agreed peace treaties, established alliances, acquired new territories and sought to increase their power and reputation. By changing dynastic and political interests, today’s friends could become the enemies of tomorrow; but, above all, even the best-planned marriage policy could easily collapse because of the unpredictable play of life and death. Henry VII, in marrying his daughter Margaret with James IV in 1503 to achieve peace between England and Scotland, had every reason to hope that, with two children who had survived to adulthood, he would have secured the future of the new Tudor dynasty on the English throne. However, shortly after his eldest son Prince Arthur died, and by the fact that none of the offspring of his second son, the future Henry VIII, could have offspring, the succession fell by default on the offspring of Margaret. He was the monarch of the minor power, not the elder, who would unite the two kingdoms in his own person.
On the other hand, in Spain it was the major power -Castilla- and not the least that finally prevailed in dynastic betting.
The Anglo-Scottish relations, however, were going to follow a different course. The most outstanding characteristics of Scotland, like those of Catalonia, were the mountains and the sea, and its history and personality, as in Catalonia, had been shaped by the dialogue between the two. The Highlands, which encompassed northwest Scotland, were a rugged region with a scattered population divided by its mountainous alignments of the more fertile lands of the central Lowlands and the southern Uplands. In many respects, the region remained a separate world, a world of rough justice, family feuds and factional struggles between rival clans. In this sense, it bore a certain resemblance to the Pyrenean region of northern Catalonia, dominated by bandits and very different from the urban and mercantile Catalonia of the south.
However, while Catalonia had only one coast overlooking the Mediterranean, Scotland was bathed by different seas and looked out in different directions: towards Scandinavia and northern Europe across the North Sea, towards the North American continent, that some It would appear to him day, through the waters of the North Atlantic, and towards Ireland through the Irish channel, only thirteen miles from the Kintyre promontory on the south-western projection of the Scottish mainland. From the beginning of the Middle Ages, people who arrived by land or by sea from the lands and islands that surrounded it left their mark on Scotland. By the year 500, the Gaelic-speaking Scots emigrated from Northeast Ireland across the Irish Channel to colonize the islands and the shore of Argyll. Shortly thereafter, the Angles went northward from the areas they had occupied in southern and eastern Brittany, to begin colonizing the Scottish Lowlands of the southeast. Behind them came the Scandinavians, who went to the western islands, settled there and moved to the Scottish Highlands between the 8th and 11th centuries.
Consequently, the construction of the State was a slow and complex process that brought about continuous and prolonged negotiations with a powerful proprietary elite. The result was the birth of a political and administrative system that provided the aristocracy with the necessary tools to carry out the tasks of government, even if the royal officials were more actively felt in the localities. At the same time that the nobility and the caciques enjoyed great territorial rights and exercised almost unlimited judicial powers, they were also involved in the institutional structures of the royal government. The constant interaction between the crown and the aristocracy, which was necessary for the system to work, meant that the two parties moved in unison instead of doing it on their own. That sharing of power served to mold the emerging Scottish state for a long time.

The weakening of Catalonia throughout the fifteenth century contributed greatly to tipping the balance of power in the peninsula in favor of Castile, even though that decline was compensated to some extent by the economic vitality of Valencia. The principality began the century not only as the dominant partner in the Catalan-Aragonese federation, but as the owner of the western Mediterranean. However, he had to face a series of social, political and economic problems that would plunge him into a crisis. As a result of the Black Death, the peasantry clamored ever more insistently to free themselves from the “bad uses” imposed by the feudal lords. The social question had become something serious when the Commitment of Caspe took in 1412 to the Aragonese throne to a dynasty with different preoccupations to those of its native predecessor. The policy adopted by the Trastámara led to a growing feeling of estrangement between the Catalan ruling class and the increasingly distant figure of the king. The tensions between Alfonso V (1416-1458) and the oligarchy of Barcelona induced him to establish his residence in Valencia instead of in that city, while his intervention in the affairs of Castile and his conquest of Naples in 1442 raised fear that he was subordinating Catalan-Aragonese interests to his imperial ambitions. After 1432, the Catalans would never see their count again.
The situation of the Catalan economy during the first half of the century is not clear, but in 1462 the peasantry, with its unregistered grievances, rose up in a revolt and the principality was involved in a civil war. Their neighbors and rivals, including the partners of the confederation, took advantage of their problems to benefit in their own interest. At the time when Barcelona surrendered in 1472 to the forces of Alfonso’s successor, Juan II (1458-1479), the continuing loss of population in the long aftermath of the Black Death joined with social unrest and civil war to destroy the foundations of the previous prosperity of Catalonia.

At the end of the decade, the idea of ​​the incorporated union was dead and buried, and Jacobo was lucid enough to recognize this reality. He could yank here and there, but there was no possibility of forming a two-kingdom body in what remained of his life. His dream, splendid without a doubt, could not be realized then and perhaps never could be.
In the same year 1705, also the Catalans faced a crucial election that was directly related to the British participation in the war of Spanish Succession. On April 14, 1701, the Duke of Anjou made his solemn entry into Madrid as Philip V of Spain. The first steps of the dynastic transition from the Habsburgs to the Bourbons were carried out with tranquility, and in September the new king set out to visit the Crown of Aragon, where he had to swear the observance of the Catalan constitutions and summon the Corts in Barcelona. There was expectation on both sides, and, in spite of the clashes between the Corts and the royal ministers, a huge amount of laws was passed and Felipe was able to carry out the formal conclusion of the sessions at the beginning of January 1702 -the the first time that happened since 1599-. He confirmed the Constitutions properly and accepted an old Catalan request for the establishment of a tribunal in order to deal with any case that went against them. For their part, the Corts voted a substantial subsidy, and the Catalans were given much of what they asked for, including some commercial privileges for which Feliu de la Peña had fought, such as the right to create a trading company and to send two ships a year to trade with America. However, they failed to meet two important demands: the abolition of the cantonment and the new electoral procedures introduced in 1652.
If, in the long run, the Archduke Charles would have been more condescending than Philip V with the liberties of the Crown of Aragon, it is a question that is about to be elucidated. His career as emperor indicates that it can not be said that he had a more benign attitude towards particularism than that of the Bourbons, and also the exiles of the Crown of Aragon were his closest advisors when planning the union by incorporating the old Italian possessions of Spain to the territories under his Government. But during the years of their resistance, the Austrian Catalans could be considered the champions of freedom, fighting for freedom and the form of constitutional government, not only for the principality but for all of Spain. Now, with the triumph of the Bourbons, the forces of despotism had triumphed, and when Philip V took his time between 1714 and 1716 to decide exactly what system of government should be established in Catalonia, there were many reasons to fear that Madrid, to complete the great project of Olivares about a century before, was about to reduce the principality “to the style and laws of Castile”.

The Anglo-Scottish Union of 1707 and the New Plant of 1707-1716 were unions by incorporation, in the sense that they incorporated Scotland and the Crown of Aragon, respectively, into a larger entity, Great Britain in the first case and Spain, or the nation Spanish, as it would be called more and more frequently, in the second. However, the methods by which these incorporations were carried out were very different. So were the forms adopted by the two unions for incorporation and the nature of the new and larger entities that came out of that process. However, in addition to these differences, there were also similarities, both in the nature of those unions for incorporation and in their long-term consequences, although these consequences would be subject to different interpretations from then until today, depending on the time, place and of national feeling.
The union of Scotland and England was presented as a Treaty of the Union between two sovereign kingdoms with the same queen, but in the future would share a single Parliament and a single flag. Like all treaties, it was the result of negotiation, although that negotiation was carried out under pressure that affected the Scottish commissioners more than the English, although they were also subject to their own pressures, generated by the war. with France and especially the issue of dynastic succession. On the other hand, in Spain the Crown of Aragon was subject to an agreement imposed by a victorious monarch who stigmatized his people as rebellious and who assumed that his rebellion gave him the right to decide on his future. The Decree of New Plant of June 29, 1707 abolished, at least theoretically, the privileges and privileges of the kingdoms of Valencia and Aragon. Issued with haste and without a previous study of how it should be implemented, the decree gave rise to the beginning of a series of discussions in the cabinet of Felipe V where the president of the Council of Aragon claimed in vain that priority should be given to “prudence” »About« innovation ».
If the details were still unknown, the intention behind the decree was clear. His immediate inspiration came from Paris, from where the Madrid policy was ordinarily dictated using as instrument the French ambassador in the court of Philip V, Michel-Jean Amelot. Louis XIV was convinced that the victory of his grandson in Almansa in 1707 gave him the opportunity to “establish his authority there absolutely and annihilate all the privileges that serve as a pretext for these provinces to be exempt when contributing to the needs of the State ». The expression “New Plant” did not appear in fact in the same decree, but it referred to “a new plan” of Government established in the territories of the Crown of Aragon, initially through the abolition of the fueros of Valencia and Aragón, and then by a series of measures introduced between 1711 and 1716. In this last year Catalonia and Mallorca were also included in the decrees of reform.
Although in theory the New Plant was trying that the Government and the legal ordinances of the Crown of Aragon were equal to those of Castile, in practice it was demonstrated that total uniformity was impossible to achieve. From the beginning it became clear that modifications were necessary. Discrepancies arose, or at least had to be allowed, between the Castilian practices and the new regulations introduced too quickly in Valencia and Aragon. However, in spite of the discrepancies and the modifications, the introduction by force of the new system in those two kingdoms was brutal and had a great impact on the lives of its citizens. However, the experience of Catalonia, although with an impact no less drastic, differed in several aspects from those of its two neighbors.
This was due in part to the fact that at the time when Felipe’s councilors issued a decree on October 9, 1715, extending the Nueva Planta to the principality, their experience in Valencia and Aragon had made them aware of some of the realities involved in the process attempt to introduce drastic reform rules.

The growing Anglicization seemed to threaten the Scottish legal establishment as well. Under the Union, English common law stopped at the border and the legal and judicial institutions of the kingdom continued to function without change. However, the House of Lords, which was considered unfavorable to Scottish law, became the last court of appeal. The Law of the Union also established in Scotland a Court of Finance based on the model of the English Court of Finance, with the purpose of ensuring uniformity in the regulation of trade, customs and taxes between the two kingdoms. This court could be considered a Trojan horse, since, although its jurisdiction was carefully limited, it introduced elements of English legislation and procedures into Scotland. The fact was that, while existing laws in Scotland were still in force if they did not contravene the terms of the Union Treaty, the British Parliament retained the power to alter them if it deemed it necessary.
In practice, there were few major reforms of Scottish private law in the eighteenth century, except for the abolition of military property and heritable jurisdictions after the Jacobite revolution of 1745, but there was a latent fear of slow anglization when Scottish lawyers believed You need to increase your knowledge of English law. On the other hand, Scottish legislation, based on civil laws, had always been open to outside influences, and a deeper knowledge of the English system led to the acceptance that in some aspects customary law provided a model that improved that Scottish legislation could offer. For the jurists of the Scottish Enlightenment era, who considered the old Scottish feudal system liquidated by the legal reforms of 1747-1748, it was not difficult to equate the Anglicization with the general modernization of the Scottish society to which they aspired. As a result, by the end of the century the two systems had approached each other although the maintenance of the independence of the Scottish legal system was by then solidly consolidated.
With its law, its local government system, its religion and the universities it maintained, post-Union Scotland retained to a large extent its administrative and even political pre-Union autonomy, and would continue to retain it until the 19th century. However, it had been incorporated into the Westminster parliamentary system with which most of the Scottish population felt little or no sympathy, and there had been the reduction of the Scottish districts from 159 to 45 and the assimilation of the 45 Scottish members and the 16 noble representatives (soon turned into dependent voters of the Government) to the political management of the stage of Walpole – a stage in which the interests of the groups prevailed on the affiliation to the parties.
Unlike Catalonia, the Scotland of the eighteenth century was linked to a growing economy. The increased production and national income generated by significant improvements in agriculture and increased trade with the colonies had created a prosperous and increasingly self-confident society.
Among all industries – iron, wool, ceramic, glassware – manufacturers, Scottish manufacturers, unlike Catalan businessmen, benefited from the proximity of an economy more advanced than their own, and could rely on the most developed English methods and in the English experience. The English businessmen John Roebuck and Samuel Garbett founded the famous iron factory Carron in the south of Stirlingshire in 1759. However, above all, the proximity was translated, at least as of 1740, into a high degree of incorporation into a British trading system that is more open and efficient than that of Spain, where controls and customs duties impeded real integration. Without the Union, Scottish exports would have collided with the English tax barrier, and they probably would have missed the incentive impulse like the Subsidies Act of 1742 for linens.
Along with access to the English market characterized by very high demand from consumers, Scottish merchants and businessmen enjoyed the enormous advantage – denied to their Catalan counterparts – of easy geographical access to the markets of colonial America that grew quickly. The ports of the Clyde River were magnificently situated to participate in British transatlantic commerce. Scottish merchants had been entering this trade in an informal manner since the seventeenth century, but since the 1720s their intervention became increasingly organized and the Scottish ports soon became strong competitors of the English ports of the West Coast. By both legal and clandestine methods, the Scottish merchants devoted their efforts to the tobacco trade with the southern colonies. Towards the 1760s Glasgow, from where the voyage to British America was two or three weeks faster than that of the ships sailing out of the English ports of the Canal, had become the capital of the tobacco industry of the economy Atlantic of Great Britain. The massive trade in imports and re-exports of tobacco contributed the flow of capital needed for subsequent investments and helped to change the balance of the economy from the east coast to the west of Scotland. It also boosted the growth of other Scottish industries besides that of flax, when the Scottish merchants set up a network of transatlantic contacts that they used to supply the Antilles and the colonies of that continent with Scottish products.

The recovery of Catalan by the romantics of the first and second generation did not imply or signify any distancing from Spain as the nation to which the Catalans owed their loyalty, although it might be tempting to see it in retrospect. It is also shocking that the literary and historical publications of this period mentioned very little the fall of Barcelona in 1714, which was to become the center of the campaign for independence in the 21st century, among other reasons because the tercentenary was fulfilled in a moment when radical nationalists were pressuring the Catalan regional government to head its unilateral declaration of independence three years later. These publications tended rather to insist on a romanticized Middle Ages and an idealized rural Catalonia. In this respect they resembled the publications that appeared in Scotland during the first half of the nineteenth century, which were similarly imbued with romantic medievalism and idealized the Highlands, both in the past and in the present. However, around 1860, the romantic recovery in Catalonia acquired an intensity that was unparalleled in contemporary Scotland, leading to a great recovery movement that was first given the name of Renaixença in 1864.
The Scots of the mid-nineteenth century were less obsessed with the possible loss of national identity and with the recovery of their past, especially because they were more comfortable than their Catalan contemporaries within a larger political entity of which they were a part. The empire and industrialization were providing unprecedented prosperity to their country, although the Scots, like the Catalans, were experiencing the social imbalances that accompanied industrial growth.
Thus, while there was a Scottish Renaissance-and Renaissance seems an inadequate term to describe the Scottish cultural life of the middle decades of the nineteenth century-it was less introverted than its Catalan equivalent and was more the affirmation of a successful present than a song of praise for a regretted past. As elsewhere, ballads and folklore could constitute their baggage, and statues could be erected in honor of national personalities such as Robert Burns, but their most visible symbols were the great real estate projects of the time, from the Scottish castles in the baronial style that supposed an affirmation of the medieval past, until the splendid municipal buildings that testified the present prosperity of the nation and its confidence in the future.
Unlike the relations between Catalonia and Madrid, the British State was conveniently far from the daily concerns of Scotland, and a large number of voluntary associations occupied the intermediate space between the State and the citizens. A series of articles written in the 1850s in the Diario de Barcelona spoke of his admiration for the ability shown by the British to organize themselves into volunteer associations and to create a civil society themselves, which contrasted with the French centralizing model that was frustrating local initiatives in Spain. The Catalans had to follow the example of the English.
The number and vitality of Scotland’s many associations showed the strength of their determination to maintain an active civil life that preserved the character of the nation and its distinctive values. The awareness of a national singularity and the pride of owning it were deeply rooted in this vibrant Scotland of the mid-nineteenth century, and if twenty-three-year-old Robert Louis Stevenson was representative of his compatriots.
However, Scottish civil society operated within the structure of the imperial nation-state to which the country belonged – a nation-state that in turn provided the Scots with new opportunities to make their mark in a wider world. At least so far, the claims of nation, state and empire coexisted in such a way that all benefited from it. However, as in the case of Catalonia, the rapid process of social and economic change required adjustments of all parties in the necessarily unequal relationship between a people with a proud sense of their own uniqueness and a nation-state that claimed the total fidelity of its citizens.

If the years between the end of the Civil War in 1939 and the death of Franco in 1975 were years of a unit imposed in Spain, they were years of unity by consensus in the British Isles. The fact that the peoples of the United Kingdom stood shoulder to shoulder in a common cause, caused the Second World War to provide a great impulse to the sense of British solidarity. Furthermore, the war resulted in an unprecedented level of state intervention in the daily lives of British citizens in response to the need for centralized planning and control, and with it, to an ever-increasing level of uniformity. through the United Kingdom.
Scotland was completely involved in the common enterprise of winning the war and building a better society in the years that followed. The same war helped lift the industry out of the depression of the interwar period, and the industrial recovery continued in response to the demand for post-war reconstruction. For some time it seemed as if the best days of the Scottish heavy industry had returned when shipbuilding and engineering flourished in the late 1940s and 1950s to meet national and international demand.
For a Scotland that had always distrusted the Government of London, the acceptance of a long-range State interventionism could in principle seem problematic. Inevitably, conflict of interests arose when wartime guidelines and regulations cascaded from Westminster, but the conflicts were tempered by the political ability and persuasiveness of Tom Johnston, the Labor MP for West Stirlingshire, who was appointed by Churchill Secretary of State for Scotland in 1941 and who remained in office until the end of the war. The most effective and influential Scottish Secretary of State of the 20th century, Johnston, following in the footsteps of his two great predecessors of the 18th century, Archibald Campbell, Count of Ilay and Henry Dundas, acted as mediators between London and Edinburgh, skillfully balancing interests from both.
However, as evidenced by the spectacular robbery of the Scone Stone of Westminster Abbey on Christmas Day 1950 and its subsequent deposit in the abbey of Arbroath, Scottish nationalism was far from gone. The Scottish Nationalist Party, divided into factions between supporters of self-government and the defenders of complete independence, was so ineffective that a moderate nationalist, John MacCormick, created desperate, non-partisan Scottish Convention. In 1949 he secured two million signatures, though not all of them authentic, in support of a Parliament for Scotland with adequate legislative authority, “within the whole of the United Kingdom.” However, nationalism had little impact on the electoral landscape.
However, times were changing, both in Britain and in Spain. Britain was facing growing uncertainty about the state of the national economy and about the place of the country in Europe and the world. Meanwhile, the Scottish national cause had acquired new arrests for the discovery in 1970, a few hundred miles off the coast of Aberdeen, of large oil reserves in the North Sea – a resource that was destined to change, perhaps decisively, the Traditional equation between the two partners of the Union. For Scotland, as for Catalonia after Franco’s death, the possibility of reaching the long-awaited dream of self-determination, or perhaps something else, was now open.

On March 1, 1979, Scotland voted in a referendum on obtaining a form of Home Rule, now called devolution (“decentralization”), which included the creation of its own parliamentary assembly. Around eight months later, on October 25, the Catalans voted in a referendum on the Statute of Autonomy under the new Spanish Constitution of 1978. How were the two referendums carried out, and what was their realization for the national sensitivity of the two countries at the end of the 1970s?
The Scottish referendum was the consequence of the idea of ​​the two parties, the Conservative and the Liberal, driven by the growing electoral success of the SNP, that the constitutional status quo could not be sustained any longer. It had become clear that the Scots wanted more control over the way in which they were governed, and it was expected in Westminster that the offer of an Edinburgh-based assembly would detract from nationalism and satisfy what many considered a legitimate aspiration that could restrain wishes for independence.
The SNP, although disillusioned by the evident lack of popular enthusiasm in favor of a change of the existing constitutional agreements, decided to go ahead and presented a parliamentary motion of no confidence that was approved in the Commons by one vote. The Callaghan Government fell, and in the resulting 1979 general election the Conservatives, under the leadership of Margaret Thatcher, came to power. Not only Labor, but also the SNP were defeated, leaving the campaign for the Home Rule discredited and divided its leadership. Mrs. Thatcher’s government rejected the Scottish Law and was strongly opposed to any conversation about decentralization. The United Kingdom was united and so it should remain.
While the Scottish and Welsh referendums were the consequence of political maneuvering and government concern, the Catalan referendum responded directly to the introduction of the new written Constitution of 1978. With the death of General Franco in November 1975 and the restoration of the monarchy in the person of Don Juan Carlos, Spain was entering a period of deep political uncertainty. The country was changing and also the world that surrounded it, with the fall in 1974 of dictatorships in Greece and Portugal and the active promotion by the European Community of liberal democracies throughout the continent. The restored monarchy needed a legitimacy that only democracy could provide, but there were elements firmly rooted in the political establishment that opposed any significant change. In addition, the terrorist activities of the Basque ETA movement reinforced the position of those who wanted to make sure that the hard hand Franco had shown for the maintenance of law and order would not be relaxed. However, at the same time there was a widespread feeling that a generous agreement with the Basques and, by extension, with the Catalans, could end ETA. The events of the following decades would show that this trust lacked basis.
The transition could not have succeeded without the determination of all political leaders to avoid the horrors of a new civil war. This implied the need for all parties to make concessions to guarantee democracy, national unity and the recognition of Basque and Catalan demands. Of the many problems that had to be solved, one of the most urgent was that of the constitutional structure of the new democratic Spain. The old secular question of relations between the central government of Madrid and the different nations and regions of Spain remained unresolved and was made more urgent by the fact that the cover imposed by the Franco regime on the fierce nationalism of Catalonia and of the Basque Country could no longer be maintained any longer.
Spain had lived under eight Constitutions between 1812 and 1931. In the last one, the Second Republic recognized the inherent pluralism of Spain by describing it as an integral state compatible with regional and municipal autonomy. According to this formulation, Catalonia was granted the Statute of 1932, which made it an “autonomous region within the Spanish Republic”.
At the beginning of 2007, the year in which the third anniversary of the Anglo-Scottish Union was celebrated, it was not at all certain that the SNP would find a message that would allow it to take advantage of this variety of events, although for some time it had been moving in the right direction. In particular, by adopting a gradual approach to independence, he positioned himself in such a way that he was prepared for when the opportunity presented itself. This came with the extension by the Scottish government of proportional representation to the local government in 2007, a measure that resulted in the breaking of the Labor Party’s grip at the local level. The SNP was the winner in the election to the Scottish Parliament, although with less than a third of the votes, and took power with a minority government with Alex Salmond as prime minister. Twenty-seven years after Jordi Pujol came to power in Catalonia, the Scottish nationalists also had the opportunity to turn their dream into reality.
Alex Salmond and his SNP colleagues were well aware of the parallelism between the situation in Scotland and that of Catalonia, and Salmond could very well take into account the Catalan model when, on taking office, he changed the name of the Scottish executive to the of the Scottish Government (the Catalan Government). That change was the signal of the intention of the new Administration to follow the example of Catalonia to skip the national capital and go to Brussels to get recognition of their status as a State in the framework of a united Europe.
However, the example, although promising in many aspects, was not without dangers. Tom Nairn had already predicted it in 1975 when, commenting on the propensity of SNP ideologues to believe that Scotland was already a full member of the European Union, he pointed out that his situation was by no means the only one. They would do well to recognize, he argued, that “Catalonia has much more in common with us (Scotland) than Norway: we can end up as noisy outcasts rather than as true partners of an elitist club.” Would the European Union really want to accept as members the separate regions of the states of which they were an integral part?
Times had changed in Spain since 1975, but the current towards recognition as a nation and as a State in Catalonia had not entirely passed quietly since the arrival of autonomy in 1980.
His decision to go ahead with the unilateral declaration of independence was an act of madness, of unpredictable consequences that never seemed to go through the minds of his defenders when they were immersed in him. They had clearly placed outside the law and the Constitution, a Constitution that Catalonia itself had accepted and signed when Spain carried out the transition to parliamentary democracy. In doing so, he created fissures not only in the Spanish political body, but within his own country. By pretending to speak on behalf of all of Catalonia and systematically labeling Spain as its “enemy”, it opened a gap in the midst of Catalan society. This had been a prosperous, welcoming and broad-minded society, totally committed to the rest of Spain and the world. Now it was turning inward and beginning to tear itself apart. Families and communities were divided, long-time friendships got cold or broke, and unionists and secessionists confronted each other in the face of an abyss of incomprehension and mutual recriminations.
In a story in which you can not find a clear conclusion in many years, at least one of them stands out. Despite the numerous failures of the Spanish government and the Spanish political class for many years – a class that proved incapable and unwilling to transfer the mixture of unity and diversity proclaimed by the Constitution to a coherent political project – the main responsibility of This tragic situation falls on the Catalan establishment. That world had been raised in part by that same sector, but it also had a history, drawn from a mixture of true and false history, and from memories filtered through the collective imagination. As much as the independentistas affirmed it, 21st century Spain was not General Franco’s Spain, nor had Spain been for centuries little more than a repressive state. Excluding alternative readings is closing alternative options. By embarking on this unhappy process, which metamorphosed too easily into the proces, Catalan nationalism, with all its friendly face, was unable to cover the ugliness that hid behind the smile.

The history of Scottish nationalism and that of Catalan nationalism are very different, but they also have a lot in common. Both are the story of a hope that has remained alive only to be frustrated, of an aspiration to achieve self-government and of a movement towards secession. Despite all the differences between the national histories of the two countries, both converge remarkably from the 1970s onward. Both record a strong resurgence of nationalism in the 1970s and 1980s. These resurgences were not a novelty and now, as in the past, they occur in very different contexts. However, on this occasion the affirmation of a sense of identity gave rise to the birth of more durable and persistent separatist movements that preceded them, to the point that the rupture with the respective political entities with which they had been linked for many years. centuries has become, if not a reality, yes at least in a strong possibility.
As far as Scotland is concerned, the antecedents of the recrudescence of nationalism must be sought in the slow post-war decline of heavy industry, which had made the country for many generations an international economic engine. This fall was accompanied by a parallel decline in Britain’s world position and the dismantling of the British Empire after 1945. Nearly three centuries of close Scottish engagement with the British imperial project, which saw how Scottish regiments in their typical skirts fought along with English, Irish and Welsh regiments in numerous colonial and continental wars, they had provided generations of Scots with a sense of belonging to a wider community than theirs.
However, as in Spain, the end of the empire, by reducing the former territorial space of expansion to the much smaller geographical limits of the metropolis, inevitably had serious consequences, albeit slow, in the way in which the nations that composed the United Kingdom thought about themselves and their relationships with each other and with the largest political entity to which they belonged. There had always been great differences between the political culture of Scotland and England, but at the beginning of the 21st century the two countries gave the impression that they were moving in opposite directions. The creation of a Scottish Parliament and a Scottish government inevitably widened the gap that had always existed between Westminster and Edinburgh, and in this sense seemed to justify the fears of those who claimed that the start-up of Home Rule in Scotland was designed to put the Anglo-Scottish Union on a slippery slope. However, while the British parties could count on strong support from Scottish voters, the resulting participation in the political life of the United Kingdom as a whole would serve to compensate for the tendencies towards the distancing of interests and concerns that always seemed likely to follow. to the establishment of a Scottish Parliament.
The same thing happened with the Catalan nationalists. Here, the 1978 Constitution had provided the Catalans with an autonomous degree of government that was not equaled in Scotland until after 1997, but the two countries would follow similar trajectories, albeit at different time scales. The participation of the autonomous communities in Spanish national politics continued to be high in the years after 1978, and the two most important political parties enjoyed considerable support from the Catalan electorate in the general elections. However, since the beginning of the Pujol government in 1980, the degree of autonomy granted by Madrid to the Generalitat allowed it to fulfill the kind of nationalist agenda that the SNP could only begin to implement after its 2007 electoral success. But its trajectory It was similar. In Catalonia, as in Scotland, the most important political parties, the PSOE and the PP, lost more and more support, leaving the field open to extremist nationalists to follow, as in Scotland, an agenda whose goal was independence.
Thus, in Scotland and Catalonia radical nationalism began to spread its wings in a changing environment. The traditional bipartisan system now manifested symptoms of crisis, while the old institutions were questioned on all sides by an electorate away from the rulers, who seemed unable to find answers to the challenges posed by globalization, the economic crisis, the dominance of corporations and supranational organizations and widespread social inequality. It was a very favorable environment for nationalist populism and for politicians who knew how to exploit it. Separatism seemed to offer an easy response to those who believed they had lost control over their own lives. Independence would allow them again to be the owners of their house.
To a large extent, this was the product of nostalgia for a world that never existed. Scotland had lost the last vestiges of its sovereignty as a State in 1707; Catalonia had never been an independent State in the modern definition of the term; and in both nations, the government had been exercised extensively by the elites in conjunction with the Crown. However, both had developed in the course of the narrative centuries that they prioritized some episodes of their past at the expense of others when they tried to affirm their own uniqueness in face of the danger, real or imagined, of assimilation by a more powerful neighbor. The Scots, as was natural, looked back to the wars their ancestors had maintained to safeguard their independence from an expansionist England, and found their heroes in Wallace and Bruce. They boasted of the continuity of a monarchy that sank its roots in the mists of antiquity, but also of the community of a kingdom whose monarch and social elites, who acted in the name of the people, enjoyed a mutual relationship for the benefit of the one and the others. In the same way, the Catalans looked back to a medieval past, to the legendary Otger Cataló and the Counts of Barcelona, ​​who had liberated the principality from Muslim domination.
The inconsistency can hardly be considered as an exclusive characteristic of the Scots and the Catalans. However, the historical circumstances, and especially the frequent marginalization of the two regions by their politically powerful neighbors, have been able to provide a greater intensity to the “inconsistency” of both Scotland and Catalonia. The Darien-mania and the sudden appearance of violence in Catalonia in the 19th and 20th centuries may well be considered manifestations of rauxa in societies that were proud of their seny. When the causes of unexpected contemporary or historical events are valued, there is always the temptation to give more weight to “rational” considerations than to the force of feelings and emotions, and then to be surprised when the dictates of reason cease to prevail. The current movements for independence in Catalonia and Scotland indicate that societies or nations do not necessarily respond as they should after an objective analysis of the arguments for or against independence.
Faced with this, it seems unreasonable that the most aggressive forms of Catalan and Scottish nationalism in transit from the 20th to the 21st century enjoyed such a resurgence, let alone that the most extremist nationalists triumphed in both countries, silencing the initiative of the moderates and throwing their, often, distrustful compatriots on the road to independence.
At the turn of the century, in Scotland and in Catalonia, the separatists expressed their confidence that the resources and capacity of their people were sufficient to make independence viable, arguing that in times of difficulty it would always be possible to protect themselves under the European umbrella. The message of self-sufficiency fell on land paid in Catalonia, where the Generalitat had taken advantage of the resources that had been put at their disposal to inculcate the feeling of the historical and linguistic uniqueness of the nation. The same message would be transmitted in Scotland, once the SNP was in the command post. It was a message very much in tune with a time when people everywhere were seeking greater individual and collective power, and in which the new means of social communication offered unprecedented opportunities for the rapid mobilization of large sections of the population. in support of a cause with a strong emotional charge.
However, often, the lack of dialogue is the result of a lack of imagination, an inability to put oneself in the other’s shoes and to understand the power of emotions and feelings. This lack of imagination has accompanied relations between London and Edinburgh, on the one hand, and Madrid and Barcelona, on the other, creating a dead end where bridges had to be built.
Dialogue alone is not enough to solve the permanent and complex problems of mutual agreement, but when the dialogue ceases, one more obstacle for independence disappears and secession becomes something closer to the final answer.

Books from the author commented in the blog.

https://weedjee.wordpress.com/2015/09/25/haciendo-historia-john-h-elliott/

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