El Libro Negro. La Crisis De Bankia Y Las Cajas Cómo Falló En Banco De España A Los Ciudadanos — Ernesto Ekaizer /The Black Book. The Crisis Of Bankia And The Saving Entities. How It Failed In The Bank Of Spain To The Citizens by Ernesto Ekaizer (spanish book edition)

Interesante libro donde se ve la inutilidad de nuestros gestores públicos del primero al último y que nos ha costado millones de euros y un montón de suicidios a la población española, sueños rotos pero sin consecuencias gracias a los camarillas europeos y su laboratorio de Bruselas. El libro aporta mucha información como multitud de anexos.

La crisis de las entidades financieras en España llevó a conceder ayudas públicas para «salvar» el sistema financiero que se han cifrado, oficialmente, en 122 000 millones de euros. Una cantidad más ajustada a la realidad del respaldo público a entidades privadas es la de 300 000 millones de euros, es decir, un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) español.
La investigación judicial en la Audiencia Nacional del desplome de uno de los iconos de la Gran Recesión española y el rescate financiero de España –el caso Bankia– permite, especialmente desde el 30 de marzo de 2016, iniciar el viaje al centro de la crisis y analizar los pormenores de los implicados políticos, así como poner de manifiesto el honor perdido de la cúpula del Banco de España, que actuó como una camarilla guiada por su propio interés.

La crisis no es simplemente el resultado de una burbuja incontenible, solo ha sido posible por la incompetencia e impotencia de los reguladores, no ha sido simplemente un error y no refleja, básicamente, baches regulatorios. Hay un fallo sistémico en el sistema asociado con seleccionar, implementar, asesorar y reformar la regulación bancaria. Los reguladores mantuvieron políticas que alentaron el riesgo excesivo incluso sabiendo que sus decisiones incrementaban la fragilidad del sistema. Ha sido un desastre regulatoriamente inducido. Los reguladores pusieron en peligro a sabiendas sus economías en los diez o quince años antes de la reciente crisis [2008]. Aunque a muchos funcionarios les gusta culpar a las autoridades norteamericanas, la crisis en los países europeos ha sido en su mayor parte cosecha propia, empeorada o afectada, eso sí, por el calendario de los acontecimientos en Estados Unidos.
Nos concentramos en el funcionamiento de los reguladores porque hay una diferencia cualitativa entre un funcionario del Gobierno y un participante privado del mercado. Se supone que el funcionario actúa en el interés público mientras que el financiero privado se debe a su empresa, accionistas y empleados.
La crisis de la entidades financieras en España, que el Banco de España intentó presentar como una crisis de las «politizadas cajas de ahorros» frente a un sistema bancario presuntamente sano, una ficción que afloró a la realidad con la caída del Banco Popular en junio de 2017, ha exigido ayudas públicas que se han cifrado, oficialmente, en 122.122 millones de euros, según el informe del Tribunal de Cuentas, cantidad muy inferior a la realidad.
¿Qué cifra se alcanza si se contabilizan las ayudas directas de capital, los esquemas de protección de activos, los créditos fiscales garantizados, los avales para emisiones, la venta de activos a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) a cambio de bonos de dicho organismo?
Aunque una parte de esas ayudas no suponen pérdidas, o que no se vayan a recuperar la totalidad de las ayudas directas e indirectas, elevaría el apoyo a unos 300.000 millones de euros o un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) español.
La expansión crediticia en España fue el combustible para inflar la burbuja inmobiliaria. Y esa expansión promovida y tolerada hasta el final puede entrar en la categoría de «homicidio negligente» o de «homicidio imprudente» del regulador y supervisor, el Banco de España.

El enfrentamiento con Fernández Ordóñez está diseñado desde antes de la toma de posesión del Gobierno del Partido Popular. El equipo en la sombra de Mariano Rajoy, especialmente el hombre que sería su ministro de Economía, Luis de Guindos, ya había preparado su diagnóstico sobre el sector financiero español. También Álvaro Nadal y José Manuel Soria hacen sus pinitos a través de sus relaciones con algunos inspectores del Banco de España.
El 19 de diciembre de 2011, Rajoy incluye las líneas esenciales de la actuación inmediata en su discurso de investidura:
Señorías, paso a un tema esencial, como es el de la reestructuración del sistema financiero.
Uno de los principales riesgos que se perciben de la economía española es la deuda privada que se canaliza a través del sistema bancario.
Se cuestiona, pues, a Fernández Ordóñez y a la cúpula de la institución. El 22 de diciembre de 2011 jura su cargo el nuevo ministro de Economía quien, al estilo parlamentario de Estados Unidos, promueve enseguida, en los primeros meses de 2012, dos reales decretos ley que llevarán su nombre y revolucionarían el sector bancario: los decretos Guindos.
La guerra entre el Gobierno y el Banco de España acaba de empezar.
El 17 de mayo de 2012, su deseo —en carta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Elvira Rodríguez— de comparecer para dar explicaciones sobre el rescate de Bankia y la situación del sector financiero.
Esta amenaza de comparecencia moviliza a De Guindos y a los grandes banqueros españoles, especialmente a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, para lograr que Fernández Ordóñez mantenga la boca cerrada y, hecho inaudito, anticipe la fecha de salida prevista para mediados de julio de 2012.
El ministro De Guindos y los principales banqueros ya habían dado de baja a Fernández Ordóñez al sellar el destino de Rodrigo Rato, presidente de Bankia, en tres reuniones que convoca el ministro de Economía, excluyendo a Fernández Ordóñez.
Francisco González, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); Isidro Fainé, presidente de La Caixa, y Botín se habían reunido primero el 8 de abril de 2012 y, más tarde, el viernes 4 y el domingo 6 de mayo de 2012, en torno a una mesa en el Ministerio de Economía presidida por el anfitrión, el ministro De Guindos. El domingo 6 de mayo ya se podía confirmar el objetivo: bajar el pulgar. La suerte de Rato está echada.
El segundo objetivo consiste en evitar que Fernández Ordóñez aporte datos y opiniones que pudieran arrojar una luz distinta sobre la crisis de gestión y de poder en Bankia. Y que sus declaraciones en el Congreso provocasen efectos negativos en los mercados financieros. La situación es tal que el relevo natural del gobernador al cumplir los seis años ya no será un acto protocolario, sino un golpe en toda regla. Fernández Ordóñez es un peligro. Y debe irse ya. De Guindos moviliza todas las piezas. Y Botín es una de ellas para que Fernández Ordóñez entienda la razón de Estado.
El Gobierno de Rajoy logra finalmente que Fernández Ordóñez dé el brazo a torcer y anuncie, el 28 de mayo de 2012, que anticipa un mes, al 10 de junio de 2012, su salida, ante el vencimiento de su mandato, el 12 de julio de 2012. Pero no evita que se conozca la razón. Fernández Ordóñez se explica en la Comisión de Presupuestos del Senado el 30 de mayo. Se le ha pedido silencio, confiesa:
Parece que el Gobierno considera que el gobernador no debe hablar en este momento. Podría hacer una rueda de prensa y contarlo, pero me parece que no es el momento…

Primero se emiten participaciones preferentes, después se simulan fusiones, más tarde se transforman las entidades en bancos. Todo ello sería catalizado y comenzaría a saltar por los aires con la salida a Bolsa de Bankia.
Estas estrategias, además de incoherentes, aumentarán la incertidumbre y fomentarán el pánico del mercado cuando desde el Banco de España se continuaba valorando a todas las entidades como seguras y solventes, incluso a la vista de los graves problemas que se acumulaban y que terminarían por resultar más insoportables para las finanzas públicas españolas.
A esta cúpula del Banco de España le anima más su interés de camarilla por enterrar el cuerpo sin autopsia de la política practicada antes, durante y después de la crisis, que el objetivo de esclarecer esa conducta y sus conexiones con el sector financiero privado, único camino para aprender de unos errores cuyas consecuencias han resultado y seguirán siendo dramáticas e irreversibles para el nivel de vida de los ciudadanos.

La investigación del ICAC arroja luz sobre un hecho: no consta evidencia en los papeles de trabajo de Deloitte sobre Bankia acerca del modelo de valoración del patrimonio en el momento de la creación del grupo. No existe detalle por cada cuenta de los elementos segregados que conforman la rúbrica del balance de apertura del Grupo Bankia a 1 de enero de 2011, fecha de nacimiento del grupo.
Pero esto no es todo. La instrucción revela que tampoco consta en los papeles de trabajo ninguna otra documentación que acredite la valoración individualizada de las cuentas que integraban las rúbricas de activo y pasivo del Grupo Bankia a dicha fecha, realizada por un experto independiente.
Se limitó a corroborar el valor del conjunto del patrimonio que, a su vez, aportaron los administradores de la entidad conjuntamente con la empresa Analistas Financieros Internacionales (AFI). Según el informe de BDO, el trabajo realizado se refiere al conjunto del patrimonio segregado y su valoración toma como referencia el valor contable de los activos y pasivos de las cajas de ahorros y de BFA a 31 de diciembre de 2010, limitándose a darlos por buenos. Sin comprobación o análisis alguno, los valores informados por los administradores de las entidades con respaldo de AFI, pero en ningún caso, deja constancia BDO, «asume o garantiza la veracidad, exactitud e integración de la información utilizada en la realización de nuestro trabajo».

Según la sentencia, adoptada por unanimidad, los fallos que contenía el folleto de salida a Bolsa de Bankia habían provocado que los inversores se hicieran «una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios)».
Al borde de la insolvencia… apenas seis meses después de nacer.
Bankia se había convertido, judicialmente, en una criatura de tres patas: las participaciones preferentes, las tarjetas black y la salida a Bolsa. Y ahora, este mes de marzo de 2016, se perfila, con el segundo informe de cada uno de los peritos, y aparentemente los últimos, la recta final.
El día 20 de julio de 2011, Bankia saca a cotizar a la Bolsa de Madrid 824.572.245 acciones, un 47,6 % del capital, al precio de 3,75 euros por acción nueva cuando el valor de cada título, según consta en su balance, es de 15,28 euros.
Pero, además, los 3,75 euros por título que los inversores ofrecen ese 20 de julio es todavía un 15 % inferior al valor mínimo de 4,41 euros al que Bankia estaba dispuesta a vender, según quedó registrado en el folleto que había sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el día 29 de junio de 2011.
Los inversores inyectan 3.085 millones de euros. Y la operación se presenta ante los medios de comunicación como un éxito, habida cuenta de la adversa situación de los mercados en unos momentos en que el centro neurálgico de la crisis financiera internacional se ha desplazado a la Europa del euro.
En el baño en tinta roja se incluían pérdidas, identificadas y exigidas por la inspección del Banco de España, pero hasta entonces no contabilizadas por ninguna de las cajas (1.784,45 millones de euros), que por sí solas suponían la entrada en pérdidas de Caja Madrid (658 millones), Bancaja (705 millones), Caja Canarias (99,45 millones) y Caja Ávila (322.000).
Era tremendo: las siete cajas (las cuatro citadas más la de Segovia, Laietana y Rioja) habían sido calificadas por la Supervisión de Cajas del Banco de España como «fundamentalmente sólidas» en junio de 2010, a fin de que la Comisión Europea no frenara la ayuda de Estado que, el día 3 de diciembre de 2010, se concretaría por el FROB mediante la compra de 4.469 millones de euros de participaciones preferentes emitidas por BFA, S. A.

El grupo Bankia vendería a finales de 2013 activos inmobiliarios a la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el llamado «banco malo» creado en julio de 2012, por valor de 22.317 millones el 28 de octubre de 2012. El precio que pagó SAREB por estos activos no fue de mercado, sino superior, estimado por el Banco de España a partir de los valores obtenidos del informe que había preparado la firma de consultoría Oliver Wyman para firmar del Memorándum de Entendimiento con la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) en julio de 2012. Estos activos no fueron pagados en efectivo, sino con bonos con aval incondicional e irrevocable del Estado, con buenos rendimientos y, todavía mejor, aceptados por el BCE como garantía en sus operaciones monetarias.
Y hay otras ayudas que Bankia ha recibido, al igual que otras entidades del sector financiero: activos fiscales diferidos por 6.957 millones y avales otorgados por el Estado para sus emisiones, 34.768 millones a julio de 2014.
En total, un respaldo público por valor de 86.466 millones de euros.

Lo dicho. La CNMV no vio nada. O quizá vio todo. Porque había decidido embarcarse en un proyecto cuyo timón, bien lo sabían Julio Segura y Fernando Restoy, hombres del Banco de España, estaba en manos de la institución dirigida desde la madrileña Plaza de Cibeles.
Se toma nota de las inconsistencias de los reales decretos Guindos», registra la nota. «El proceso de elaboración de los reales decretos Guindos fue acelerado». «Además, en el informe sobre provisiones remitido a la troika no se ha pedido subsanar esta materia.»
La «inconsistencia» se refiere a que se obligaba a dotar los riesgos de préstamos inmobiliarios normales hasta el 45%, cuando habitualmente no requieren dotación. Los decretos reflejaban la desconfianza De Guindos en la Supervisión del Banco de España.
La Dirección General de Supervisión del Banco de España confió en que con el maquillaje contable se podría ganar tiempo ocultando a los mercados los graves problemas que sufrían sobre todo las cajas de ahorros. Con ello, se retrasaron las acciones y se agravaron aún más los problemas.

Banco de Valencia recibió ayuda financiera del Estado por 13.750 millones de euros (5.498 + 1.395 + 4.985 + 1.962), de la que La Caixa se benefició en 2013, el mismo año de la compra, en 3.693 millones (2.298 + 1.395) y en 4.985 millones (los créditos fiscales) de forma diferida. Y esta ingeniería a cambio de un euro.
El mecanismo utilizado era perfecto. La Caixa salvaba el Banco de Valencia y a través de la operación se capitalizaba con dinero público.
La ingeniería utilizada permitió a La Caixa hacer provisiones de su cartera de préstamos sin esfuerzo. Y, claro, lucir en 2013 unos beneficios de 894 millones de euros que, en caso contrario, hubiesen ascendido a 1.395 millones de pérdidas.

La operación de absorción del Banco CAM produjo otros importantes efectos en las cuentas de Banco Sabadell, de manera especial en lo que se refiere a las coberturas por riesgo de crédito que decía mantener al finalizar el año de absorción del Banco CAM.
Banco Sabadell terminó el ejercicio 2011 con unas coberturas para riesgo de crédito de 2.280 millones de euros. Las mismas coberturas para el riesgo de crédito a final de 2012 (tras absorber al Banco CAM) eran de 12.564 millones, al tiempo que las coberturas netas para este riesgo cargadas en su cuenta de resultados de 2012 eran de 1.035 millones.
¿Cómo se consigue que, partiendo de 2.280 millones en 2011 y tras agregar 1.035 millones de provisiones en 2012, se alcance una cifra de 12.564 millones? La respuesta: las cuentas del Banco Sabadell contenían 11.833 millones como cobertura de riesgo de crédito que nunca pasaron por su cuenta de resultados, sino por las del Banco CAM ya absorbido.
El 6 de marzo de 1995, por ejemplo, el banco inglés Barings, fundado en 1762, quebraba por pérdidas de alrededor de 1.000 millones de libras, que superaban holgadamente su patrimonio. El banco fue intervenido por el Banco de Inglaterra y vendido por una libra al grupo bancario holandés International Neederlanden Group (ING), entidad que inmediatamente después tuvo que añadir 660 millones de libras para capitalizar el banco adquirido.

La venta de Catalunya Banc a BBVA se hizo sin la concesión de ningún esquema de protección de activos (EPA). Pero nada más consumarse la operación, el día 15 de abril de 2015, Catalunya Banc formalizaba el acuerdo ya alcanzado en julio de 2014 con el fondo buitre Blackstone, por el que este adquiría parte de su cartera de inmuebles adjudicados por créditos impagados.
La operación se instrumentalizó mediante la transferencia de la cartera de inmuebles por importe de 6.392 millones de euros (provisionada por 2.205 millones) a un fondo de titularización gestionado por el Grupo Blackstone. Del importe de la venta, 4.187 millones de euros, Blackstone aportó 3.615 millones y el FROB, 572 millones de euros.
Esta inversión del FROB era a mayor riesgo que Blackstone, puesto que se realizó mediante la suscripción de un bono subordinado emitido por ese fondo por valor de 525 millones de euros más una garantía por posibles defectos en los activos vendidos de hasta 171 millones de euros.
Además de ello, el FROB concedió al fondo una línea de crédito de hasta 400 millones de euros. El importe del bono subordinado de 525 fue cancelado en 2015 mediante la entrega al fondo buitre de un bono emitido por el FROB y avalado por el Estado, por lo que supuso una pérdida para el FROB por ese mismo importe.

Mariano Rajoy tendrá que ejercer el arbitraje. Pero, aunque así aparece, no se trata solamente de la lucha interna dentro del Partido Popular para apropiarse de la presidencia de Caja Madrid.
Rajoy acaba de dar el apoyo del PP para sacar adelante el Real Decreto-Ley de Rodríguez Zapatero del 26 de junio de 2009, que propone reestructurar las cajas de ahorros. El pleno para convalidar el Real Decreto-Ley está convocado para el 8 de julio.
Rajoy queda conforme. Tanto la eliminación de González como el ascenso de Rato se cocinará a fuego lento. Pero se cocinará. Era un candidato que Esperanza Aguirre no podía rechazar de plano. Sabía que nadie podría oponerse. Y ahora, en Copenhague, puede ver que es así. Hay que dejar que Esperanza salga del problema. Ya encontrará la manera. Pero sin bajar la guardia. Rajoy no negociará. Lo tendrá que arreglar Esperanza Aguirre.
Ruiz-Gallardón, por su parte, no vacila en apoyar a Rato.
El PP filtra a mediados de octubre la noticia: Rajoy quiere a Rato para presidir Caja Madrid.
BFA, por efecto de la reformulación de Goirigolzarri, pasó de perder 30 millones de euros a perder 7.263 millones de euros (que por sí mismos ya consumían todo el patrimonio de BFA y, por tanto, lo hacían quebrar), a las que había que agregar, además, 3.391 millones de pérdidas adicionales cargadas contra sus reservas y no contra sus resultados, lo que fue criticado por los peritos judiciales como contrario a las leyes. En total, BFA registró 11.194 millones de euros de pérdidas, según Goirigolzarri, frente a 30 millones, según Rato.
La suma de estas pérdidas netas de impuestos (11.194 millones) más las que habían sido cargadas contra las reservas de las cajas en 2010 (7.409) alcanzaba los 18.603 millones, más, con mucho, que todo el patrimonio de las siete cajas (15.406 millones), que un año antes, en diciembre de 2010, habían aportado los mismos activos y habían sido consideradas como «fundamentalmente sólidas» por la Supervisión del Banco de España, para que las autoridades europeas no pusiesen objeciones a la ayuda de Estado otorgada por el FROB en forma de preferentes que ahora se perdían convertidas en acciones.

Si, como afirma De Guindos, el FMI acertaba —solo en las dos semanas de las tres previstas para la primera misión— respecto de la situación de gravedad de Bankia, y con las cifras que luego se manejaron, no se entiende por qué el ministro seguía orientando a Rato hacia una fusión con otras entidades. ¿Por qué razón se dejaron pasar casi tres meses antes de actuar?.
Al mismo tiempo, Rato está preparando con su equipo el plan de saneamiento para presentar al Banco de España cómo iba a cumplir BFA-Bankia con las exigencias de provisiones y de capital que planteaba el decreto Guindos I. Los cálculos suponen un requerimiento adicional de provisiones por valor de 6.178 millones y un colchón de capital de 2.949 millones. Si se descontaba el efecto fiscal, el impacto neto en capital era de 7.214 millones de euros.
La guerra entre De Guindos y el Gobierno, por un lado, y el gobernador saliente del Banco España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por el otro, es encarnizada.
En aquellos días de mayo, De Guindos sostenía que el saneamiento ascendería a unos 9.000 millones. Una parte, 7.100 millones, para reparar la cartera crediticia; otra parte, 1.900 millones, para cubrir necesidades de capital. A estos 9.000 millones había que añadir 4.465 millones recibidos del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) en 2010.
Durante la gestión de la crisis de Bankia, Luis de Guindos ha «despedido» de hecho a la cúpula del Banco de España, y al hacerlo amortiza la institución. Ha sustituido al estado mayor del supervisor por él mismo y los «cuatro grandes»: Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia. Pero, tras prescindir de Rato y poner a José Ignacio Goirigolzarri, será el Banco de España el que deberá autorizar lo que De Guindos ha pactado. En primer lugar, la nacionalización o socialización de pérdidas de BFA-Bankia.
El ministro esboza ante Rato su plan en el diálogo a solas que mantienen el domingo 6 de mayo, pasadas las diez de la noche, cuando le anuncia lo que va a ocurrir, asumiendo que él ya dejaba de ser presidente de Bankia:
Le explico que la situación ha llegado a un límite y que habría que convertir las [participaciones] preferentes en manos del FROB (los 4.465 millones inyectados en la fusión con Bancaja) en capital. Me responde que ello supondría la nacionalización de la entidad, y entonces insinúa que está pensando en dimitir.
José Ignacio Goirigolzarri, elegido formalmente el miércoles 9 de mayo como presidente de BFA-Bankia por los consejos de administración, saca adelante también la nacionalización a través de la solicitud de que las preferentes se transformen en capital en manos del Estado. El 10 de mayo, BFA eleva al Banco de España la petición.

Draghi apunta:
Creo que Dexia y también Bankia muestran que cuando nos enfrentamos a una dramática necesidad de recapitalización, si miramos hacia atrás, la reacción de los Gobiernos individuales, países, supervisores, es que primero subestiman, luego vienen con el primer diagnóstico, luego el segundo, el tercero, el cuarto, y esta es la experiencia yo diría que en todos lados. Todos los países han hecho lo mismo. Esta es la peor manera posible de hacer las cosas porque se termina, obviamente, haciendo lo correcto pero al precio y coste más alto. Insto a todos los Gobiernos a tener esto en mente; es mejor, en esencia, equivocarse porque se pone demasiado muy al principio que errar poniendo demasiado poco. Se necesita una mayor centralización de la supervisión bancaria especialmente para los grandes grupos sistémicos, y sistémicos no necesariamente significa transfronterizos, porque como podemos ver con Bankia, por ejemplo, no es transfronterizo, pero es muy sistémico.

El ministro de Economía no da crédito a lo que escucha. La frase sobre el primer, segundo, tercer y cuarto diagnóstico parece clavada para identificar las comparecencias de De Guindos sobre ayudas públicas.
Luis de Guindos no quiso disimular que la situación del euro era dramática en aquellos días de mayo: «El futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en Italia y España», dijo.
Ante la evidencia de fugas de capitales, el ministro fue menos transparente: «No es tanto salida de capitales, sino mucho más la dificultad de la banca española para refinanciarse en los mercados».
La realidad: había una apuesta de ingentes sumas de capitales contra el euro y su supervivencia.

Lo que viene a decir el 17 de octubre la sección tercera es muy claro: aunque existan indicios —como las meigas, haberlos haylos—, no se puede imputar/investigar más que a los administradores de hecho o de derecho.
Esto es lo que confiere seguridad al juez Andreu y al fiscal Luzón.
Pero, cuando se dicta a mediados de octubre, esta decisión sobre un recurso del mes de junio de 2016 ya está desfasada. No puede, por tanto, reflejar la nueva situación que se acaba de crear con la declaración de Casaus el 5 de septiembre y la entrega posterior de los correos.
El abogado Herzog vuelve a solicitar al juez, el 19 de octubre, la declaración en calidad de investigados del exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; del exdirector general de Supervisión y exsubgobernador, Javier Aríztegui; del expresidente de la CNMV, Julio Segura; del exvicepresidente de la CNMV y subgobernador, Fernando Restoy; del exdirector general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello; del director general de Supervisión, Mariano Herrera; del exjefe de grupo de inspección de Bankia y director general adjunto de Supervisión, Pedro Comín; del exdirector del Departamento de Cajas de Ahorros, Pedro González.
Por aquellas fechas, primeros días de diciembre de 2016, el fiscal Luzón está dando las últimas pinceladas de su escrito de acusación contra Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y otros sesenta y tres acusados en el caso de las tarjetas de crédito de Caja Madrid y Bankia: las tarjetas black, que junto con las participaciones preferentes y la salida a Bolsa formaban el trípode de las investigaciones judiciales abiertas por el juez Andreu.
El día 5 de diciembre, tras algo más de dos meses de juicio oral, el fiscal presentaba sus conclusiones definitivas ante el tribunal formado por los magistrados Ángela Murillo, presidenta de la sección cuarta de lo Penal; Teresa Palacios, ponente, y Juan Francisco Martel. El juicio, instruido por el juez Andreu, quedaría visto para sentencia el 2 de febrero de 2017.
El juez Andreu, con el apoyo del fiscal Luzón, estableció que las famosas tarjetas, emitidas al margen del circuito ordinario, eran usadas para «gastos personales y propios», no contaban con «respaldo contractual alguno» y no fueron debidamente declaradas a Hacienda.
Los gastos bajo sospecha habían ascendido a 15,5 millones de euros, entre 1999 y 2012, realizados por ochenta y dos consejeros y exdirectivos, pero la cifra final objeto del enjuiciamiento, merced a algunas cantidades prescritas, se redujo a 12 millones gastados desde 2003 por sesenta y cinco consejeros y exdirectivos.
La investigación se había abierto camino con dificultad. Porque el origen se remontaba a los más de 8.000 correos electrónicos requisados por orden del juez Elpidio Silva, primer juez instructor del llamado caso Blesa, y más tarde filtrados a una red ciudadana contra la corrupción, el llamado Partido X, formado por personas que habían participado en el movimiento 15M. Fue esta organización la que entregó los correos a dos medios de comunicación.
El fiscal mantuvo la petición de seis años de prisión para Blesa (que gastó con la black 436.688,42 euros entre enero de 2003 y enero de 2010) y de cuatro años y seis meses para Rato (99.054 euros entre febrero de 2010 y mayo de 2012), sin considerar el reintegro del dinero como atenuante por el delito de apropiación indebida, y penas menos graves para los restantes sesenta y tres acusados, contemplando en muchos casos como atenuante la devolución de las cantidades gastadas.

El auto del 13 de febrero de 2017 acaba con la idea del Banco de España como institución libre de toda sospecha o institución por encima de la ley.
La magistrada señala que las diligencias de prueba ahora aportadas no pudieron ser ponderadas en la resolución del juez Andreu, dictada el 1 de julio anterior, contra la imputación de los altos cargos del Banco de España, y tampoco por la sección tercera de lo Penal al resolver la apelación el 17 de octubre,
Por lo que, ante la existencia de nuevos indicios de criminalidad contra determinadas personas, las anteriores resoluciones denegatorias deben ser revisadas.

La magistrada toma la hipótesis planteada por el fiscal Luzón, cuyo objetivo era mostrar su improcedencia, y le da la vuelta:
Como acertadamente resume el Ministerio Fiscal en su informe de fecha 10 de noviembre de 2016: «Puede sin duda plantearse si esa viabilidad de BFA (…) comporta una responsabilidad penal en quienes decidieron o autorizaron la salida a Bolsa de BANKIA. En efecto, de considerar que se sacó a Bolsa un negocio inviable, la responsabilidad no sería exclusiva de los administradores o del auditor —estos sí responsables únicos de la veracidad de las cuentas— y podría suscitarse la participación de otros actores, señaladamente los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño».
Pues bien, tal es la tesis que plantea la recurrente, alegando para ello la existencia de múltiples y concurrentes indicios…

Resultado consolidado antes de impuestos:
Millones € 2011 2012 Total
Grupo BFA. –4.920 –25.038 –29.958
Grupo Bankia. –4.307 –22.189 –26.496
Grupo BFA ex Grupo Bankia. –613 –2.849 –3.462
Pérdidas de Bankia s/total Grupo BFA. 87,5% 88,6% 88,4%

Los inspectores peritos concluyen:
No se puede sostener que el Grupo BFA era inviable pero que Bankia era viable cuando las pérdidas de esta alcanzaron el 88 % de las del grupo. Que los inversores que acudieron a la Oferta Pública de Suscripción con información viciada está muy claro. ¿Quién hubiera suscrito acciones si se le hubiera informado de que el Grupo BFA, al que Bankia pertenecía, era inviable?
La ofensiva contra los informes de los inspectores-peritos ha tenido el carácter de una guerra sin cuartel.
El 20 de julio de 2011 se sacó a Bolsa un negocio inviable, una inviabilidad que, según nos cuenta el fiscal, fue confirmada más tarde.
Y según se desprende de la fábula, solo la banda de los cuatro (Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú) lo sabía y pudo salir adelante con su plan.
El fiscal acusa a los cuatro del delito de estafa de inversores y solicita penas de prisión de cinco años para Rato; cuatro años para Olivas; tres para Fernández Norniella, y dos años y siete meses para Verdú, y la declaración de responsable civil subsidiario para Bankia. El fiscal pide el sobreseimiento respecto al delito de falsedad de las cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal para los treinta y dos administradores —empezando por Rato— y para Francisco Celma, y solicita que se sobresea la responsabilidad penal de BFA y de Bankia, y se mantenga como responsable civil subsidiario a Bankia. El abogado del Estado suscribe prácticamente la misma posición.

El juicio —última pieza del trípode de Caja Madrid-Bankia, ya que la investigación de las preferentes fue archivada por el juez Andreu en mayo de 2018— deberá quedar visto para sentencia, en principio, el 26 de junio de 2019. El Tribunal Supremo ha puesto la alfombra roja al juicio oral que comienza el 26 noviembre de 2018.
La sala segunda dictó el miércoles 3 de octubre de 2018 la sentencia sobre los recursos de casación en el caso tarjetas de crédito black de los sesenta y cinco condenados por la Audiencia Nacional. Rodrigo Rato vio confirmada así la pena de prisión de cuatro años y seis meses por el delito de apropiación indebida, al tiempo que se han ratificado las penas de prisión por encima de los dos años para otros catorce beneficiarios.
Como hemos señalado, la presidenta del tribunal que dictó la sentencia de las black, la magistrada Ángela Murillo, presidirá el tribunal de la salida a Bolsa y, además, será la ponente de la sentencia.

La falta de transparencia en relación a operaciones clave, pese a la cuantiosa inversión publicitaria que se gastan las instituciones financieras en este slogan, también afecta al equipo gestor que entró en Bankia.
En sus informes, los inspectores-peritos destacan que la salida a Bolsa no fue «un modelo de concurrencia». Porque, señalan, el precio se fijó en base a las ofertas de veintinueve grupos económicos, todos con fuertes relaciones de negocio con Bankia y BFA. La documentación analizada muestra que Fundación Mapfre y Mapfre, asociada de BFA que poseía un 15 % de su capital, y por tanto con influencia significativa en su gestión, presentaron órdenes por 281 M €. Sin MAPFRE y su fundación no se hubiera cubierto el tramo institucional.
Mapfre resultó ser, en efecto, el mayor inversor, con 282 millones de euros de inversión (75,2 millones de acciones) y, a diferencia de otros inversores, no demandó a Bankia en relación a la presunta falsedad de las cuentas. Mapfre tenía un acuerdo de desarrollo y distribución de productos con Caja Madrid desde 1998, el cual fue renovado el 31 de enero ya con Bankia.
Una operación de Bankia realizada con Mapfre en enero de 2014 puede explicar el silencio de esta ante los tribunales.
El 18 de diciembre de 2012, Bankia llegó a un acuerdo con la entidad aseguradora británica Aviva Europe para poner fin a la controversia que ambas mantenían a raíz de la ruptura de un acuerdo de exclusividad en la distribución de seguros asumido por Bancaja el 18 de mayo de 2000.
Cuando se agregó en la operación el paquete de Laietana Vida, lo cierto es que los 608 millones pagados por el 50 % de Aseval fueron entregados por Bankia a Mapfre, apenas nueve meses después de su adquisición, por 152 millones de euros.
De este «regalo» de Bankia a Mapfre, al menos 205 millones de euros fueron registrados por Bankia en las cuentas de 2013 como «fondo de comercio» implícito (un valor mayor que el 49 % del capital que retenía de Aseval).
Al cerrar el año 2012, las acciones de Bankia que habían salido en la OPS a 3,75 euros por acción cerraban a 0,39 euros. Por tanto, el valor de la inversión de Mapfre en la OPS (282 millones) había quedado reducido a 29 millones de euros: la aseguradora había perdido más de 250 millones por su compromiso en la OPS de Bankia.
Los perjudicados por la «compensación» a Mapfre en enero de 2014, empero, fueron los accionistas de Bankia. Uno de los accionistas, claro, era el Estado, quien a través de BFA (100 % del FROB) poseía el 68,4 %, es decir, 7.877,3 millones de acciones de Bankia, por valor de 22.753 millones de euros.

La suma de fundaciones, bancarias y ordinarias, procedentes de las cajas de ahorros era de veintiocho a final de 2017.
La parte de los beneficios que las cajas de ahorros destinaron a la OBS (Obra Benéfica Social)(la dotación) prácticamente se duplicó en el periodo 2002-2008, desde 1.163 hasta 2.058 millones de euros. Este último ejercicio marcó el punto de inflexión en las aportaciones de recursos a la OBS por las cajas de ahorros, como tales o como fundaciones bancarias u ordinarias. A partir de 2008, la crisis afectó de manera significativa a las cajas de ahorros, lo que provocó una reducción progresiva de la parte de sus beneficios asignados para mantener su OBS.
La dotación cayó en 2010 hasta 1.462 millones de euros, y cuatro años después, el año 2014, se reduciría a la mitad: 709 millones de euros. En 2017, la dotación a la OBS fue de 800 millones de euros.
Por otra parte, se produjo un cambio en el destino de la OBS: el área de cultura y tiempo libre, que tuvo más peso hasta el inicio de la crisis, perdió su hegemonía a favor de la asistencia social y sanitaria.

Sobre el papel del FMI en Bankia, decía:
La comunicación pública sobre el FSAP en abril de 2012 fue polémica pero justificada, dadas las circunstancias. El 25 de abril de 2012, a petición del Gobierno (según entrevista con el equipo que realizó el trabajo), el FMI difundió el comunicado «Conclusiones preliminares de la misión del FMI». Este texto, referido a un grupo de bancos en proceso de reestructuración, afirmaba: «Es fundamental que estos bancos, especialmente el más grande, tomen medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar las prácticas de gestión y gobierno». En el contexto del momento, fue claro para todos los observadores que el banco señalado era Bankia. Del mismo modo que el FMI había contribuído así a generar la alarma apretando el gatillo de la intervención de Bankia, en julio de 2012, tras el rescate, hizo lo contrario en su informe anual de la economía española, y sustituyó términos duros del borrador de su informe para no alimentar una nueva espiral de inestabilidad[23].
Por tanto, tres años y cinco meses después de que Ángela Gaviria, del departamento de medios de comunicación del FMI, me confirmase, el 19 de febrero de 2013 a las 17:05 horas, por correo electrónico, que España había solicitado hacer públicas las conclusiones preliminares del FSAP el 25 de abril de 2012 sobre la situación de los bancos españoles y señalar implícitamente a Bankia, por fin un documento del FMI asumía, discretamente, la realidad.

An interesting book where you see the uselessness of our public managers from first to last and that has cost us millions of euros and a lot of suicides to the Spanish population, broken dreams but without consequences thanks to the European cliques and their laboratory in Brussels. The book provides a lot of information as a multitude of annexes.

The crisis of financial institutions in Spain led to grant public aid to “save” the financial system that have been officially encrypted at 122 billion euros. An amount more adjusted to the reality of public support to private entities is 300 billion euros, that is, one third of the Spanish Gross Domestic Product (GDP).
The judicial investigation in the Audiencia Nacional of the collapse of one of the icons of the Spanish Great Recession and the financial rescue of Spain – the Bankia case – allows, especially since March 30, 2016, to start the trip to the center of the crisis and analyze the details of those involved in politics, as well as highlight the lost honor of the Bank of Spain leadership, which acted as a clique guided by its own interest.

The crisis is not simply the result of an uncontrollable bubble, it has only been possible due to the incompetence and impotence of the regulators, it has not been simply an error and does not reflect, basically, regulatory bumps. There is a systemic failure in the system associated with selecting, implementing, advising and reforming banking regulation. Regulators maintained policies that encouraged excessive risk even knowing that their decisions increased the fragility of the system. It has been a regulatory-induced disaster. The regulators knowingly endangered their economies in the ten or fifteen years before the recent crisis [2008]. Although many officials like to blame the US authorities, the crisis in European countries has been largely their own, harmed or affected, however, by the timing of events in the United States.
We focus on the operation of regulators because there is a qualitative difference between a government official and a private market participant. It is assumed that the official acts in the public interest while the private financier is due to his company, shareholders and employees.
The crisis of financial institutions in Spain, which the Bank of Spain tried to present as a crisis of the “politicized savings banks” in front of a supposedly healthy banking system, a fiction that came to light with the fall of Banco Popular in June of 2017, it has demanded public aids that have been encrypted, officially, in 122.122 million euros, according to the report of the Court of Accounts, quantity very inferior to the reality.
What figure is reached if direct capital grants, asset protection schemes, guaranteed tax credits, guarantees for issues, sale of assets to the SAREB (Asset Management Company from Banking Restructuring) are accounted for? in exchange for bonds from that body?
Although a part of these aids do not involve losses, or that will not recover all the direct and indirect subsidies, it would raise support to some 300,000 million euros or a third of the Spanish Gross Domestic Product (GDP).
Credit expansion in Spain was the fuel to inflate the housing bubble. And this expansion promoted and tolerated until the end can fall into the category of “negligent homicide” or “reckless homicide” of the regulator and supervisor, the Bank of Spain.

The confrontation with Fernández Ordóñez is designed before the inauguration of the Popular Party government. The team in the shadow of Mariano Rajoy, especially the man who would be his Economy Minister, Luis de Guindos, had already prepared his diagnosis on the Spanish financial sector. Also Álvaro Nadal and José Manuel Soria make their first steps through their relations with some inspectors of the Bank of Spain.
On December 19, 2011, Rajoy includes the essential lines of immediate action in his investiture speech:
Ladies and gentlemen, I move on to an essential issue, such as the restructuring of the financial system.
One of the main perceived risks of the Spanish economy is the private debt that is channeled through the banking system.
So Fernández Ordóñez and the institution’s dome are questioned. On December 22, 2011, the new Minister of Economy swears by the United States, who, in the parliamentary style of the United States, immediately promotes, in the first months of 2012, two royal decree laws that will carry his name and revolutionize the banking sector: the decrees. .
The war between the Government and the Bank of Spain has just begun.
On May 17, 2012, his wish – in a letter to the president of the Economy Committee of the Congress of Deputies, Elvira Rodríguez – to appear to give explanations about the rescue of Bankia and the situation of the financial sector.
This threat of appearance mobilizes De Guindos and the great Spanish bankers, especially Emilio Botín, president of Banco Santander, to get Fernández Ordóñez to keep his mouth shut and, unheard of, anticipate the date of departure scheduled for mid-July 2012 .
Minister De Guindos and the main bankers had already dismissed Fernández Ordóñez by sealing the fate of Rodrigo Rato, president of Bankia, in three meetings called by the economy minister, excluding Fernández Ordóñez.
Francisco González, president of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); Isidro Fainé, president of La Caixa, and Botín had met first on April 8, 2012 and, later, on Friday 4 and Sunday, May 6, 2012, around a table at the Ministry of Economy chaired by the host, Minister De Guindos. On Sunday, May 6, the objective could already be confirmed: lower your thumb. The luck of Rato is cast.
The second objective is to prevent Fernández Ordóñez from contributing data and opinions that could shed a different light on the crisis of management and power in Bankia. And that his statements in Congress caused negative effects on financial markets. The situation is such that the natural replacement of the governor at the age of six will no longer be a formal act, but a full-blown coup. Fernández Ordóñez is a danger. And you must go now. De Guindos mobilizes all the pieces. And Botín is one of them so that Fernández Ordóñez understands the reason of State.
The Government of Rajoy finally achieves that Fernández Ordóñez gives the arm to twist and announce, on May 28, 2012, which anticipates a month, on June 10, 2012, his departure, before the expiration of his term, on July 12 of 2012. But it does not prevent that the reason is known. Fernández Ordóñez is explained in the Senate Budget Committee on May 30. He has been asked for silence, confesses:
It seems that the Government considers that the governor should not speak at this time. I could do a press conference and tell it, but I do not think it’s time …

First, preference shares are issued, then mergers are simulated, entities are later transformed into banks. All this would be catalysed and start jumping through the air with the Bankia IPO.
These strategies, in addition to being inconsistent, will increase uncertainty and promote market panic when the Bank of Spain continued to value all entities as safe and solvent, even in view of the serious problems that were accumulating and that would ultimately result more unbearable for Spanish public finances.
This dome of the Bank of Spain is more encouraged by his interest in the clique for burying the body without autopsy of the policy practiced before, during and after the crisis, than the objective of clarifying that behavior and its connections with the private financial sector, unique way to learn from mistakes whose consequences have been and will remain dramatic and irreversible for the standard of living of citizens.

The ICAC’s investigation sheds light on an event: there is no evidence in Deloitte’s working papers on Bankia about the equity valuation model at the time of the creation of the group. There is no detail for each account of the segregated items that make up the opening balance sheet of the Bankia Group on January 1, 2011, the group’s date of birth.
But this is not all. The instruction reveals that no other documentation evidencing the individualized valuation of the accounts that comprised the assets and liabilities of the Bankia Group at that date, made by an independent expert, is included in the work papers.
It limited itself to corroborate the value of the whole of the patrimony that, in turn, contributed the administrators of the entity jointly with the company Analistas Financieros Internacionales (AFI). According to the BDO report, the work carried out refers to the segregated assets as a whole and their valuation takes as reference the book value of the assets and liabilities of the savings banks and BFA as of December 31, 2010, limiting them to good . Without verification or analysis, the values ​​reported by the administrators of the entities with support of AFI, but in no case, leaves BDO record, “assumes or guarantees the veracity, accuracy and integration of the information used in the performance of our work” .

According to the ruling, adopted unanimously, the judgments contained in the Bankia stock exchange prospectus had caused investors to become “a misrepresentation of the entity’s solvency and, consequently, of the possible return on its investment, and they find that they have really acquired the values ​​of an entity on the verge of insolvency, with multimillion-dollar losses not confessed (on the contrary, the existence of benefits was affirmed) “.
On the verge of insolvency … just six months after birth.
Bankia had become, judicially, a creature with three legs: preferred shares, black cards and the IPO. And now, this month of March of 2016, it is outlined, with the second report of each one of the experts, and apparently the last, the final straight.
On July 20, 2011, Bankia quoted to the Madrid Stock Exchange 824,572,245 shares, 47.6% of the capital, at the price of 3.75 euros per new share when the value of each security, as recorded in his balance, is 15.28 euros.
But, in addition, the 3.75 euros per share that investors offer that July 20 is still 15% lower than the minimum value of 4.41 euros that Bankia was willing to sell, as recorded in the prospectus that had been approved by the National Securities Market Commission (CNMV) on June 29, 2011.
Investors inject 3,085 million euros. And the operation is presented to the media as a success, given the adverse situation of the markets at a time when the nerve center of the international financial crisis has shifted to the Europe of the euro.
In the red ink bath, losses were included, identified and demanded by the Bank of Spain’s inspection, but until then not accounted for by any of the funds (1,784.45 million euros), which on their own were the losses incurred. Caja Madrid (658 million), Bancaja (705 million), Caja Canarias (99.45 million) and Caja Ávila (322,000).
It was tremendous: the seven savings banks (the four cited plus those of Segovia, Laietana and Rioja) had been qualified by the Supervision of Savings Banks of the Bank of Spain as “fundamentally sound” in June 2010, so that the European Commission would not stop the State aid that, on December 3, 2010, would be specified by the FROB through the purchase of 4,469 million euros of preferred shares issued by BFA, SA

The Bankia group sold at the end of 2013 real estate assets to the Assets Company from the Banking Restructuring (SAREB), the so-called “bad bank” created in July 2012, worth 22,317 million on October 28, 2012. The price SAREB paid for these assets was not market, but higher, estimated by the Bank of Spain from the values ​​obtained from the report prepared by the consulting firm Oliver Wyman to sign the Memorandum of Understanding with the Troika (International Monetary Fund) , European Central Bank and European Commission) in July 2012. These assets were not paid in cash, but with bonds with unconditional and irrevocable guarantee from the State, with good returns and, even better, accepted by the ECB as collateral in its monetary operations .
And there are other aids that Bankia has received, as well as other entities in the financial sector: tax assets deferred for 6,957 million and guarantees granted by the State for their emissions, 34,768 million as of July 2014.
In total, public support worth 86,466 million euros.

I said. The CNMV saw nothing. Or maybe he saw everything. Because he had decided to embark on a project whose rudder, Julio Segura and Fernando Restoy, men of the Bank of Spain, knew, was in the hands of the institution directed from Madrid’s Plaza de Cibeles.
The inconsistencies of the royal decrees are noted “, records the note. «The process of elaboration of the royal decrees was accelerated». “In addition, the report on provisions sent to the troika has not been asked to correct this matter.”
The “inconsistency” refers to the obligation to endow the risks of normal real estate loans up to 45%, when they usually do not require a provision. The decrees reflected the distrust of Guindos in the Supervision of the Bank of Spain.
The General Directorate of Supervision of the Bank of Spain trusted that the accounting makeup could save time by hiding from the markets the serious problems suffered especially by savings banks. With this, the actions were delayed and the problems were further aggravated.

Banco de Valencia received financial support from the State for 13,750 million euros (5,498 + 1,395 + 4,985 + 1,962), of which La Caixa benefited in 2013, the same year of the purchase, in 3,693 million (2,298 + 1,395) and in 4,985 million (tax credits) deferred. And this engineering in exchange for one euro.
The mechanism used was perfect. La Caixa saved the Banco de Valencia and through the operation it was capitalized with public money.
The engineering used allowed La Caixa to make provisions of its loan portfolio without effort. And, of course, to show in 2013 a profit of 894 million euros that, otherwise, would have amounted to 1,395 million losses.

Banco CAM’s absorption operation produced other important effects on Banco Sabadell’s accounts, especially with respect to credit risk hedges said to be maintained at the end of the year of absorption of Banco CAM.
Banco Sabadell ended 2011 with hedges for credit risk of 2,280 million euros. The same hedges for credit risk at the end of 2012 (after absorbing Banco CAM) were 12,564 million, while the net hedges for this risk charged to its 2012 income statement were 1,035 million.
How is it achieved that, starting from 2,280 million in 2011 and after adding 1,035 million provisions in 2012, a figure of 12,564 million is reached? The answer: the accounts of Banco Sabadell contained 11,833 million as credit risk coverage that never went through its profit and loss account, but rather through those of the CAM Bank already absorbed.
On March 6, 1995, for example, the English bank Barings, founded in 1762, went bankrupt for losses of around 1,000 million pounds, which comfortably exceeded its patrimony. The bank was intervened by the Bank of England and sold for one pound to the Dutch banking group International Neederlanden Group (ING), which immediately after had to add 660 million pounds to capitalize the acquired bank.

The sale of Catalunya Banc to BBVA was made without the granting of any asset protection scheme (EPA). But as soon as the operation was consummated, on April 15, 2015, Catalunya Banc formalized the agreement already reached in July 2014 with the Blackstone vulture fund, through which it acquired part of its portfolio of foreclosed properties for unpaid loans.
The operation was instrumentalized through the transfer of the property portfolio for an amount of 6,392 million euros (provisioned for 2,205 million euros) to a securitization fund managed by the Blackstone Group. Of the amount of the sale, 4,187 million euros, Blackstone contributed 3,615 million and the FROB, 572 million euros.
This investment by the FROB was at greater risk than Blackstone, since it was made through the subscription of a subordinated bond issued by that fund for a value of 525 million euros plus a guarantee for possible defects in the sold assets of up to 171 million euros.
In addition, the FROB granted the fund a line of credit of up to 400 million euros. The amount of the subordinated bonus of 525 was canceled in 2015 through the delivery to the vulture fund of a bond issued by the FROB and guaranteed by the State, which meant a loss for the FROB for the same amount.

Mariano Rajoy will have to exercise arbitration. But, although it appears, it is not only the internal struggle within the Popular Party to appropriate the presidency of Caja Madrid.
Rajoy has just given the support of the PP to move forward the Royal Decree-Law of Rodríguez Zapatero of June 26, 2009, which proposes to restructure the savings banks. The plenary session to validate the Royal Decree-Law is scheduled for July 8.
Rajoy is satisfied. Both the elimination of Gonzalez and the rise of Rato will simmer. But it will cook. He was a candidate that Esperanza Aguirre could not refuse outright. I knew that no one could object. And now, in Copenhagen, you can see that it is like that. You have to let Esperanza get out of the problem. You will find the way. But without lowering the guard. Rajoy will not negotiate. Esperanza Aguirre will have to fix it.
Ruiz-Gallardón, for his part, does not hesitate to support Rato.
The PP leaked the news in mid-October: Rajoy wants Rato to preside over Caja Madrid.
BFA, due to the reformulation of Goirigolzarri, went from losing 30 million euros to losing 7,263 million euros (which by themselves already consumed all of BFA’s assets and, therefore, caused it to fail), which had to be add, in addition, 3,391 million additional losses charged against their reserves and not against their results, which was criticized by judicial experts as contrary to the laws. In total, BFA recorded 11,194 million euros of losses, according to Goirigolzarri, compared to 30 million, according to Rato.
The sum of these losses net of taxes (11,194 million) plus those that had been charged against the reserves of the boxes in 2010 (7,409) reached 18,603 million, more, by far, that all the assets of the seven savings banks (15,406 million ), which a year earlier, in December 2010, had contributed the same assets and had been considered as “fundamentally sound” by the Supervision of the Bank of Spain, so that the European authorities would not object to the State aid granted by the FROB in the form of preferred shares that were now lost converted into shares.

If, as De Guindos affirms, the IMF was correct – only in the two weeks of the three planned for the first mission – regarding the serious situation of Bankia, and with the figures that were later handled, it is not understood why the minister He continued to guide Rato towards a merger with other entities. Why were they allowed to spend almost three months before acting?
At the same time, Rato is preparing with its team the reorganization plan to present to the Bank of Spain how BFA-Bankia was going to comply with the provisions and capital requirements set forth in the Decree Law I. The calculations imply an additional requirement for provisions worth 6,178 million and a capital cushion of 2,949 million. If the tax effect were discounted, the net impact on capital was 7,214 million euros.
The war between De Guindos and the government, on the one hand, and the outgoing governor of Banco España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, on the other, is fierce.
In those days of May, De Guindos argued that the sanitation would amount to about 9,000 million. One part, 7,100 million, to repair the credit portfolio; another part, 1,900 million, to cover capital needs. To these 9,000 million had to be added 4,465 million received from the Banking Ordinance Reorganization Fund (FROB) in 2010.
During the management of the Bankia crisis, Luis de Guindos has in fact “fired” the leadership of the Bank of Spain, and in doing so amortizes the institution. He has replaced the supervisor’s staff by himself and the “big four”: Santander, BBVA, CaixaBank and Bankia. But, after dispensing with Rato and putting José Ignacio Goirigolzarri, the Bank of Spain will have to authorize what De Guindos has agreed. First, the nationalization or socialization of losses of BFA-Bankia.
The minister outlined before his plan in the dialogue alone that they maintain on Sunday, May 6, after ten o’clock at night, when he announces what is going to happen, assuming that he was no longer president of Bankia:
I explain that the situation has reached a limit and that the preferred [shares] in the hands of the FROB (the 4,465 million injected in the merger with Bancaja) should be converted into capital. He replies that this would mean the nationalization of the entity, and then suggests that he is thinking of resigning.
José Ignacio Goirigolzarri, formally elected on Wednesday, May 9, as president of BFA-Bankia by the board of directors, also takes forward the nationalization through the request that the preferred ones be transformed into capital in the hands of the State. On May 10, BFA submits the petition to the Bank of Spain.

Draghi points:
I think that Dexia and also Bankia show that when we face a dramatic need for recapitalization, if we look back, the reaction of individual governments, countries, supervisors, is that they first underestimate, then come with the first diagnosis, then the second, the third, the fourth, and this is the experience I would say everywhere. All countries have done the same. This is the worst possible way of doing things because it ends, obviously, doing the right thing but at the highest price and cost. I urge all governments to keep this in mind; it is better, in essence, to be wrong because it gets too too early to err by putting too little. Greater centralization of banking supervision is needed especially for large systemic, and systemic groups does not necessarily mean cross-border, because as we can see with Bankia, for example, it is not cross-border, but it is very systemic.

The Economy Minister does not give credit to what he hears. The sentence about the first, second, third and fourth diagnosis seems fixed to identify the appearances of De Guindos on public aid.
Luis de Guindos did not want to hide that the situation of the euro was dramatic in those days of May: “The future of the euro will be played in the coming weeks in Italy and Spain,” he said.
Given the evidence of capital flight, the minister was less transparent: “It is not so much capital outflow, but much more the difficulty of Spanish banks to refinance in the markets.”
The reality: there was a bet of huge sums of capital against the euro and its survival.

What comes to say on October 17 the third section is very clear: although there are indications, such as the meigas, to have them, you can not impute / investigate more than the administrators of fact or law.
This is what confers security to Judge Andreu and Prosecutor Luzón.
But, when it is issued in mid-October, this decision on a recourse of the month of June 2016 is already outdated. It can not, therefore, reflect the new situation that has just been created with the Casaus declaration on September 5 and the subsequent delivery of the mails.
The lawyer Herzog returns to request to the judge, the 19 of October, the declaration in quality of investigated of the exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; of the ex-director general of Supervision and exsubgobernador, Javier Aríztegui; of the former president of the CNMV, Julio Segura; the former vice president of the CNMV and deputy governor, Fernando Restoy; of the former General Supervisor, Jerónimo Martínez Tello; of the general director of Supervision, Mariano Herrera; of the former head of the Bankia inspection group and Deputy Director General of Supervision, Pedro Comín; of the ex-director of the Department of Savings Banks, Pedro González.
For those dates, first days of December 2016, the prosecutor Luzón is giving the last brushstrokes of his indictment against Miguel Blesa and Rodrigo Rato, and another sixty-three defendants in the case of credit cards of Caja Madrid and Bankia : the black cards, which together with the preferred shares and the IPO formed the tripod of the judicial investigations opened by Judge Andreu.
On December 5, after a little more than two months of oral trial, the prosecutor presented his definitive conclusions before the tribunal formed by magistrates Ángela Murillo, president of the fourth section of the Criminal Law; Teresa Palacios, speaker, and Juan Francisco Martel. The trial, instructed by Judge Andreu, would be seen for sentencing on February 2, 2017.
Judge Andreu, with the support of prosecutor Luzón, established that the famous cards, issued outside the ordinary circuit, were used for “personal and own expenses”, did not have “any contractual support” and were not duly declared to the Treasury.
The expenses under suspicion had amounted to 15.5 million euros, between 1999 and 2012, made by eighty-two directors and former directors, but the final figure subject to prosecution, thanks to some prescribed amounts, was reduced to 12 million spent since 2003 for sixty-five counselors and former directors.
The investigation had made its way with difficulty. Because the origin went back to the more than 8,000 emails seized by order of Judge Elpidio Silva, first investigating judge of the so-called Blesa case, and later leaked to a citizen network against corruption, the so-called Party X, formed by people who had participated in the 15M movement. It was this organization that delivered the emails to two media outlets.
The prosecutor maintained the petition of six years in prison for Blesa (who spent with the black 436,688.42 euros between January 2003 and January 2010) and four years and six months for Rato (99,054 euros between February 2010 and May 2012), without considering the reimbursement of money as mitigation for the crime of misappropriation, and less severe penalties for the remaining sixty-three accused, contemplating in many cases as mitigating the return of the amounts spent.

The order of February 13, 2017 ends with the idea of ​​the Bank of Spain as an institution free of any suspicion or institution above the law.
The judge notes that the evidence presented now could not be weighed in the decision of Judge Andreu, issued on July 1, against the imputation of senior officials of the Bank of Spain, and not by the third section of the Criminal resolve the appeal on October 17,
Therefore, in view of the existence of new indications of criminality against certain persons, the previous denial resolutions must be reviewed.

The magistrate takes the hypothesis raised by the prosecutor Luzón, whose objective was to show its inadmissibility, and turns it around:
As the Prosecutor’s Office rightly summarizes in its report dated November 10, 2016: “It can undoubtedly be asked if this viability of BFA (…) entails a criminal responsibility in those who decided or authorized the flotation of BANKIA. In effect, if an unviable business was considered to be on the stock market, the responsibility would not be exclusive to the administrators or the auditor -these alone being responsible for the veracity of the accounts- and the participation of other actors could be aroused, particularly those responsible for the Bank of Spain, that consciously would have cooperated in the maintenance of the deceit ».
Well, such is the thesis raised by the appellant, alleging the existence of multiple and concurrent signs …

Consolidated result before taxes:
Million € 2011 2012 Total
BFA Group. -4,920 -25,038 -29,958
Bankia Group. -4.307 -22.189 -26.496
BFA Group former Bankia Group. -613 -2,849 -3,462
Losses of Bankia s / total Grupo BFA.87.5% 88.6% 88.4%

The expert inspectors conclude:
It can not be argued that the BFA Group was unviable but that Bankia was viable when the losses of this reached 88% of those of the group. That the investors who attended the Public Offer of Subscription with flawed information is very clear. Who would have subscribed shares if he had been informed that the BFA Group, to which Bankia belonged, was unviable?
The offensive against the reports of inspectors-experts has had the character of an all-out war.
On July 20, 2011, an unviable business was taken on the stock market, an infeasibility that, according to the prosecutor’s account, was confirmed later.
And according to the fable, only the band of four (Rato, Olivas, Fernández Norniella and Verdú) knew it and was able to get ahead with their plan.
The prosecutor accuses all four of the crime of investor fraud and requests prison sentences of five years for Rato; four years for Olivas; three for Fernández Norniella, and two years and seven months for Verdú, and the declaration of subsidiary civil liability for Bankia. The prosecutor requests the dismissal regarding the crime of falsification of the annual accounts of article 290 of the Penal Code for the thirty-two administrators – beginning with Rato – and for Francisco Celma, and requests that the criminal liability of BFA and Bankia be dismissed, and remain a civil liability subsidiary to Bankia. The State’s lawyer subscribes to practically the same position.

The trial – the last piece of the tripod of Caja Madrid-Bankia, since the investigation of the preferred ones was filed by Judge Andreu in May 2018 – must be seen for sentencing, in principle, on June 26, 2019. The Supreme Court has put the red carpet to the oral trial that begins on November 26, 2018.
The second room issued on Wednesday, October 3, 2018 the sentence on the appeals of cassation in the case black credit cards of the sixty-five convicted by the National Court. Rodrigo Rato was thus confirmed the prison sentence of four years and six months for the crime of misappropriation, while prison sentences have been ratified beyond two years for fourteen other beneficiaries.
As we have pointed out, the president of the court that issued the judgment of the blacks, Judge Ángela Murillo, will preside over the court of the IPO and, in addition, will be the rapporteur of the ruling.

The lack of transparency in relation to key operations, despite the large advertising investment that financial institutions spend on this slogan, also affects the management team that entered Bankia.
In their reports, inspectors-experts point out that the IPO was not “a model of competition”. Because, they point out, the price was set based on the offers of twenty-nine economic groups, all with strong business relationships with Bankia and BFA. The documentation analyzed shows that Fundación Mapfre and Mapfre, an associate of BFA that owned 15% of its capital, and therefore with significant influence in its management, presented orders for € 281 million. Without MAPFRE and its foundation, the institutional section would not have been covered.
Mapfre turned out to be, in effect, the largest investor, with 282 million euros of investment (75.2 million shares) and, unlike other investors, did not sue Bankia in relation to the alleged falsification of the accounts. Mapfre had an agreement to develop and distribute products with Caja Madrid since 1998, which was renewed on January 31 with Bankia.
A Bankia operation carried out with Mapfre in January 2014 can explain its silence before the courts.
On December 18, 2012, Bankia reached an agreement with the British insurance company Aviva Europe to put an end to the controversy that both maintained as a result of the breaking of an exclusivity agreement in the distribution of insurance assumed by Bancaja on May 18. of 2000.
When the Laietana Vida package was added to the operation, the fact is that the 608 million paid by 50% of Aseval were delivered by Bankia to Mapfre, just nine months after its acquisition, for 152 million euros.
From this “gift” from Bankia to Mapfre, at least 205 million euros were recorded by Bankia in the 2013 accounts as an implicit “goodwill” (a value greater than 49% of the capital held by Aseval).
At the close of 2012, Bankia shares that had left the PAHO at 3.75 euros per share closed at 0.39 euros. Therefore, the value of Mapfre’s investment in PAHO (282 million) had been reduced to 29 million euros: the insurer had lost more than 250 million due to its commitment to Bankia’s OPS.
Those affected by the “compensation” to Mapfre in January 2014, however, were the shareholders of Bankia. One of the shareholders, of course, was the State, which through BFA (100% of the FROB) owned 68.4%, that is, 7,877.3 million shares of Bankia, worth 22,753 million euros.

The sum of foundations, banking and ordinary, from the savings banks was twenty-eight at the end of 2017.
The part of the profits that the savings banks allocated to the OBS (Social Benefit Work) (the endowment) practically doubled in the 2002-2008 period, from 1,163 to 2,058 million euros. This last exercise marked the turning point in the contributions of resources to the OBS by the savings banks, as such or as banking or ordinary foundations. As of 2008, the crisis had a significant effect on savings banks, which led to a progressive reduction in the part of their assigned profits to maintain their OBS.
The endowment fell in 2010 to 1,462 million euros, and four years later, in 2014, it would be reduced by half: 709 million euros. In 2017, the allocation to the OBS was 800 million euros.
On the other hand, there was a change in the fate of the OBS: the area of ​​culture and free time, which had more weight until the beginning of the crisis, lost its hegemony in favor of social and health assistance.

On the role of the IMF in Bankia, he said:
The public communication about the FSAP in April 2012 was controversial but justified, given the circumstances. On April 25, 2012, at the request of the Government (according to an interview with the team that carried out the work), the IMF released the communiqué “Preliminary conclusions of the IMF mission”. This text, referring to a group of banks in the process of restructuring, stated: “It is essential that these banks, especially the largest, take swift and decisive steps to strengthen their balance sheets and improve management and government practices.” In the context of the moment, it was clear to all the observers that the designated bank was Bankia. In the same way that the IMF had thus contributed to generating the alarm by squeezing the trigger of Bankia’s intervention, in July 2012, after the rescue, it did the opposite in its annual report on the Spanish economy, and replaced hard terms in the draft of his report not to fuel a new spiral of instability [23].
Therefore, three years and five months after Ángela Gaviria, from the IMF’s media department, confirmed me, on February 19, 2013 at 5:05 p.m., by e-mail, that Spain had requested to make public the preliminary conclusions of the FSAP on April 25, 2012 on the situation of Spanish banks and implicitly indicate to Bankia, finally a document of the IMF assumed, discreetly, the reality.

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