Cuatro Bodas Y Un Funeral: Cómo Salir De La Crisis Sin Salir Del Euro — David Taguas Coejo / Four Weddings And A Funeral: How To Get Out Of The Crisis Without Leaving The Euro by David Taguas Coejo (spanish book edition)

Interesante libro sobre la situación vivida en España por la crisis y puede ser leído.
A principios de agosto de 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sorprendió con su propuesta de un pacto social en España. Los trabajadores deberían aceptar reducciones salariales del 10 por ciento en dos años y los empresarios comprometerse a aumentar la contratación. Además, el Gobierno adoptaría medidas fiscales transitorias para favorecer el empleo, fundamentalmente la rebaja del 1,7 por ciento de las cotizaciones sociales que sería compensada por el incremento del IVA, dos años después de las reducciones salariales.
La propuesta del FMI se hizo pública el 6 de agosto, cuando la mayor parte de la población había iniciado las vacaciones de verano. Aun así, la reacción en contra fue inmediata. Tanto el Gobierno como la oposición, los sindicatos e incluso la patronal mostraron su sorpresa y rechazo a la propuesta. Con absoluta unanimidad. Un extraño consenso entre la clase política, los sindicatos y la patronal para condenar la propuesta del FMI.
La vía de la devaluación interna reduciría la tasa de desempleo desde el 26,6 por ciento del escenario base en 2016 al 20 por ciento del escenario con pacto social. Ello implicaría que nada menos que 1,5 millones de trabajadores accederían a un puesto de trabajo en los próximos tres años en lugar de permanecer en la situación de desempleo. El sacrificio de la reducción salarial a cambio de que 1,5 millones de personas vuelvan a integrarse en la vida laboral, a tener un puesto de trabajo y se sustenten a sí mismos y a sus familias.
Aunque la expansión se prolongue hasta 2030, la tasa de desempleo se reduciría sólo en 14 puntos desde el nivel actual en los próximos dieciséis años. La experiencia de la crisis de la década de 1990 no fue muy diferente, entonces la tasa de desempleo se redujo en aproximadamente un punto al año durante la posterior expansión que duró catorce años. Disminuyó 14 puntos hasta alcanzar la cota mínima del 8 por ciento en 2007. A dicho ritmo, para volver de nuevo al 8 por ciento, desde el 26 por ciento actual, se precisarían veinte años de crecimiento sostenido.

La economía española presentaba un exceso de demanda y lo ha corregido mediante una drástica caída de la inversión. El componente de la demanda agregada que debería aumentar para que se pueda iniciar una recuperación sostenida es la inversión. Pero ello conduce a centrar la atención en la inversión y no en el consumo. ¿Por qué la inversión se ha reducido de forma tan importante? La respuesta es que al inicio de la crisis un tercio de la inversión se financiaba con ahorro externo. El ahorro externo entraba en la economía española por su diferencial de crecimiento con las economías europeas y por la mayor rentabilidad esperada para el mismo. Y la inversión se ha reducido incluso más que los 10 puntos del PIB que financiaba el resto del mundo. Si los problemas de financiación no desaparecen, la única forma de aumentar la inversión será que aumente el ahorro nacional. Pero ello centra el foco en el ahorro, y no en el consumo, como vía de salida de la crisis.
Desde que se inició la crisis, en el verano de 2007, la economía española ha perdido el 5,1 por ciento del PIB. Pero los efectos en el mercado de trabajo han sido mucho mayores que en la actividad. Se han destruido 3,687 millones de puestos de trabajo en seis años, lo que implica una caída del empleo del 18 por ciento desde el inicio de la crisis, más de tres veces la del PIB. Aunque la población activa se ha reducido en 426.000 personas, la tasa de desempleo alcanza el nivel récord del 26 por ciento afectando a casi seis millones de desempleados, 4,113 millones más que en el inicio de la crisis, cuando la tasa de desempleo se situaba en el mínimo de nuestra historia reciente del 8 por ciento.
La situación sólo se puede calificar de dramática. El desempleo constituye la forma más traumática de ajuste y la menos deseable económica y socialmente. En el mejor de los casos, si la economía española consiguiera superar la difícil situación actual e iniciar la vía de salida, los efectos en el mercado de trabajo serían aún muy duraderos. La tasa de desempleo tardará mucho tiempo en volver a niveles europeos.
La primera regla fiscal consideraba el objetivo del equilibrio presupuestario en cada período. Pero mantener el equilibrio presupuestario permanentemente supone no sólo renunciar a la política fiscal discrecional sino incluso aplicar una política fiscal procíclica. La segunda regla se introdujo al inicio de la legislatura de 2004. Establecía el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. De esta forma se cumplía con los criterios exigibles a las reglas fiscales ya que atendía simultáneamente a los dos objetivos fundamentales. En primer lugar, alcanzar el equilibrio presupuestario a medio plazo y, en segundo lugar, permitir la utilización de la política fiscal como política de estabilización ante la presencia de posibles shocks de carácter asimétrico. La regla española fijaba el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo lo que implicaba que en promedio las cuentas públicas estarían equilibradas.

En 2009 la economía española había alcanzado un déficit público del 11,1 por ciento del PIB y desde entonces, a pesar de los sucesivos planes de consolidación, se ha mantenido en el entorno del doble dígito: 9,6 por ciento en 2010, 9,6 por ciento en 2011 y 10,6 por ciento en 2012. Y ello a pesar de la reforma constitucional. Parece que una parte de la sociedad española está convencida de que el déficit público es deseable o, al menos, un mal menor. Y ello es consecuencia del apego social al gasto público.
La deuda pública española cuando se inició la crisis ascendía al 36,3 por ciento del PIB y ahora, sólo en seis años, ya ha superado la barrera del 93,4 por ciento y continúa creciendo. De hecho, pronto alcanzará el cien por cien del PIB si no se cambia radicalmente la política presupuestaria.
La sociedad española no puede seguir jugando a un juego que no es de suma cero, que implica asumir riesgos importantes y en el que nunca se puede ganar. La economía española debe diferenciarse porque necesita ganar. Se debe asumir que la reforma del mercado de trabajo ha sido claramente insuficiente para afrontar la dualidad y, por tanto, para impulsar la productividad, que la reforma de la negociación colectiva no ha sido lo profunda que requiere una economía con una tasa de desempleo del 26 por ciento y una insoportable y traumática tasa de desempleo de los más jóvenes. Fuera del euro hace mucho frío.

¿Cuál es el problema? El problema es que las sucesivas actualizaciones del Programa de Estabilidad presentadas en las primaveras de 2012 y 2013 no han conseguido sus objetivos. De hecho, en 2012 el gasto aumentó dos puntos del PIB, como consecuencia de que las ayudas a las instituciones financieras aumentaron 3,2 puntos. Pero en 2013, las ayudas disminuirán en 3,2 puntos y el gasto sólo lo hará en 2,6 puntos y esto no se entiende. La conclusión es que se han perdido dos años y, por tanto, la reducción necesaria de 3,6 puntos debe hacerse ahora entre 2014 y 2016.
Hay que romper el círculo maléfico entre el soberano y la solvencia bancaria. La deuda pública no puede seguir creciendo al ritmo actual. Es necesario estabilizarla. Y desde luego, no se puede acumular en los balances bancarios. Ésta tampoco puede ser la vía de salida con Europa.
La economía española está en una situación muy difícil que requiere políticas profundas para abordar la solución de los problemas actuales. Hay que actuar con decisión, en el corto plazo, en cuatro frentes que están relacionados. En el frente macroeconómico hay que impulsar el ahorro público y el ahorro familiar. La probabilidad de que pueda aumentar la inversión y de comenzar una recuperación sostenida de la actividad, sin aumentar el ahorro, es escasa y, por otra parte, la factibilidad del desapalancamiento de las familias exige también el aumento del ahorro. Y el aumento del ahorro hace necesaria la reducción de impuestos a familias. Pero esta reducción, para que pueda ser apoyada por los mercados y las instituciones, requiere un plan de consolidación plurianual que reduzca el tamaño del sector público.
Ello conduce inmediatamente al frente fiscal. En el corto plazo, habría sido necesario implementar un ajuste que garantizara el cumplimiento del objetivo de déficit en 2013 y, en el medio plazo, diseñar un nuevo plan de consolidación que supusiera la reducción de tamaño del sector público, incrementando significativamente su ahorro, y que fuera compatible con la reducción de los tipos impositivos a familias y empresas.
Por último, resulta necesario abordar el problema de la dualidad en el mercado de trabajo y cambiar el sistema de prestaciones por desempleo para permitir un adecuado funcionamiento de los incentivos. Todas ellas constituyen arduas tareas en el corto plazo.
En el medio plazo, se debe impulsar la productividad. Y aunque el capital humano no es todo para explicar la evolución de la productividad, a largo plazo es casi todo. Por tanto, el impulso al capital humano debe ser el principal objetivo de la política fiscal en el largo plazo.

La consecuencia es que a pesar de los dos procesos de consolidación fiscal emprendidos durante los últimos tres años, la economía española sigue presentando un déficit público de doble dígito en septiembre de 2013, que asciende al 10,3 por ciento del PIB. Si se eliminan los efectos de las medidas temporales, el déficit se sitúa en el 8,1 por ciento del PIB, por lo que no es posible descartar un nuevo incumplimiento del objetivo a finales de 2013. Y ello a pesar de la significativa relajación del objetivo de déficit de la primavera de 2013.
Como consecuencia de no haber implantado las reformas requeridas y de la intensidad de la crisis, el tamaño del sector público ha aumentado casi diez puntos del PIB desde el inicio de la crisis. Y este incremento del gasto público se ha financiado con déficit público. A pesar de las intensas y generalizadas subidas impositivas, ni siquiera se ha podido retornar al nivel de los ingresos impositivos al inicio de la crisis. Como consecuencia de ello el mayor tamaño del sector público se financia exclusivamente con déficit público, en definitiva, con deuda pública. La deuda ha aumentado desde diciembre de 2007 en nada menos que 57,2 puntos del PIB, situándose en septiembre de 2013 en el 93,4 por ciento del PIB. Ya se ha superado la barrera del 90 por ciento del PIB y también el objetivo del 91,5 por ciento que había para el cierre de 2013. Y el próximo año se sobrepasará el cien por cien del PIB.
El problema no son por tanto los ingresos. En un sistema de reparto, los ingresos permanecen aproximadamente constantes sobre el PIB, en España en el 13 por ciento. Es decir, los ingresos sin cambios normativos oscilan alrededor del 13 por ciento del PIB. Ello implica que el gasto también debería oscilar alrededor del 13 por ciento del PIB. Para ello, la tasa de crecimiento de la pensión media real debería ser igual a la del PIB real minorada por el incremento del número de pensiones. Pero actualmente el crecimiento potencial se estima en el 0,5 por ciento mientras que el crecimiento medio del número de pensiones se aproxima al 2 por ciento. Como la pensión media real, lejos de reducirse, aumenta, también lo hace el gasto sobre el PIB originando un desequilibrio creciente e insostenible del sistema. La mejor posibilidad es aumentar el crecimiento potencial de la economía
española. Para ello se precisa el esfuerzo de todos pero el objetivo común debería ser éste, aumentar el crecimiento potencial de la economía hasta como mínimo el 2 o el 2,5 por ciento. De esta forma, la pensión media real podría aumentar el 1 por ciento anual y la economía tendrá simultáneamente capacidad para afrontar los retos del futuro.
Un hecho diferencial de la crisis actual en la economía española es que existe un doble problema simultáneo con el ahorro: tanto las familias como las administraciones públicas presentan tasas de ahorro que constituyen mínimos históricos. Ello cuestiona el proceso de consolidación fiscal español y también la factibilidad del necesario desapalancamiento de familias y administraciones públicas.
Para abordar este grave y nuevo problema es necesario un proceso de consolidación fiscal que reduzca el gasto no productivo de las administraciones públicas y que permita la reversión de las subidas impositivas a familias y empresas, sobre todo a las primeras, para que puedan simultáneamente aumentar su ahorro. Sólo así puede haber una salida a la crítica situación actual.

La necesidad de continuar el proceso de desinflación de la economía es la única vía para salir de la situación actual. Se discute si los salarios han subido o bajado durante los últimos meses. Resulta necesario explicar a la sociedad que el proceso de desinflación es imprescindible, que es la única salida ante la imposibilidad de recurrir, como se hizo siempre en el pasado, a devaluaciones competitivas que permitían recuperar la competitividad perdida y que debían ser aceptadas por todos. Ahora es más difícil, lo debemos hacer entre todos. Tenemos que impulsar el proceso de desinflación para recuperar la competitividad perdida.
El mantenimiento del poder adquisitivo se ha constituido en otra de las referencias intocables en nuestra sociedad. Pero muchas veces se olvida que cuando un colectivo consigue mantener su poder adquisitivo, ante una medida de política económica o un shock externo, es a costa de otros, que asumen su propio coste más el que evitan los demás. Resulta muy ineficiente e insolidaria esta forma de proceder. Y de nuevo en esta crisis se han vivido experiencias que lo demuestran. Las dos subidas generalizadas de la imposición indirecta han suscitado nuevamente este debate. La sociedad española debe asumir que cuando se impulsa una medida como la elevación de los tipos del IVA, los ciudadanos no deben intentar trasladar sus costes a los demás. Lo más eficiente y solidario es que todos asumamos la pérdida de poder adquisitivo que una medida de tal naturaleza conlleva. En definitiva, la sociedad se enfrenta a una relación de intercambio entre la culminación del proceso de desinflación y la salida del euro. Sin duda, la desinflación exigirá aún importantes sacrificios de todos, pero terminará reportando indudables beneficios para el conjunto de la sociedad.

Entre marzo de 2011 y junio de 2013 el crédito se ha reducido continuada y crecientemente, disminuyendo 5,6 puntos en promedio por debajo de la variación nominal del PIB. Desde diciembre de 2012 la caída del crédito privado residente es de doble dígito y en junio de 2013 ha batido todos los récords de caída interanual de la serie de crédito desde los años sesenta. Antes de esta crisis, jamás el crédito privado residente había registrado tasas interanuales negativas. El peor registro se produjo en diciembre de 1993, con una tasa de variación interanual del 1,20 por ciento, y en junio de 2013 la tasa interanual se ha situado en el –12,90 por ciento, absoluto y negativo récord histórico.
Y ahora, en plena e intensa contracción del crédito al sector privado, se plantea el inicio de la recuperación económica. Como tantas veces se ha dicho, aunque con escasa repercusión, será una recuperación sin crédito. Y más vale que sea así porque pensar en una fase expansiva del crédito en España no es realista. La economía española ha tenido una fuerte expansión del crédito en la última y duradera fase expansiva y tiene que corregir una buena parte de dicho crecimiento excesivo, en línea con lo que ocurre en otras economías que experimentaron también una fuerte expansión crediticia en las últimas décadas.
Se requiere un plan plurianual de reducción del gasto público que ayude a recuperar la credibilidad de la política presupuestaria y fiscal de España.
La situación del sistema bancario tampoco apoya la expansión del crédito sino más bien lo contrario. Las principales incertidumbres que aún se ciernen sobre el sector bancario son el deterioro de los resultados de explotación, la problemática de los créditos refinanciados, el persistente aumento de la morosidad, la posibilidad de nuevas necesidades de saneamiento, especialmente en algunas entidades, la revisión de la calidad de activos y los nuevos test de estrés que llevarán a cabo la EBA y el BCE en 2014, el comienzo de la supervisión bancaria única europea en noviembre de 2014 y la muy insuficiente implementación de la unión bancaria europea.
España debe finalizar urgentemente la recapitalización del sistema bancario. Aún están pendientes los casos de Catalunya Banc, Ceiss y Mare Nostrum. Y hay que abordar el grave problema del círculo maléfico entre el soberano y el sector bancario. No es posible refinanciar los bancos, que éstos compren deuda pública española, que deban enfrentarse incluso a provisiones por sus tenencias de bonos y volver a recapitalizarlos. La mejor opción es finalizar la recapitalización bancaria y estabilizar la deuda inmediatamente.

Interesting book about the situation suffered in Spain because of the crisis and can be read.
At the beginning of August 2013, the International Monetary Fund (IMF) surprised with its proposal for a social pact in Spain. Workers should accept salary reductions of 10 percent in two years and employers pledge to increase hiring. In addition, the Government would adopt temporary fiscal measures to favor employment, fundamentally the reduction of 1.7 percent of social contributions that would be compensated by the increase in VAT, two years after the salary reductions.
The IMF proposal was made public on August 6, when most of the population had started the summer vacation. Even so, the reaction against was immediate. Both the government and the opposition, the unions and even the employers showed their surprise and rejection of the proposal. With absolute unanimity. A strange consensus among the political class, the unions and the employers to condemn the IMF proposal.
The path of internal devaluation would reduce the unemployment rate from 26.6 percent of the base scenario in 2016 to 20 percent of the scenario with a social pact. This would imply that no less than 1.5 million workers would access a job in the next three years instead of remaining unemployed. The sacrifice of the salary reduction in exchange for 1.5 million people to return to work, to have a job and support themselves and their families.
Although the expansion lasts until 2030, the unemployment rate would be reduced only by 14 points from the current level in the next sixteen years. The experience of the crisis of the 1990s was not very different, so the unemployment rate fell by approximately one point a year during the subsequent expansion that lasted fourteen years. It decreased 14 points to reach the minimum level of 8 percent in 2007. At that rate, to return again to 8 percent, from the current 26 percent, would require twenty years of sustained growth.

The Spanish economy presented an excess of demand and has corrected it by means of a drastic fall in investment. The component of aggregate demand that should increase in order to start a sustained recovery is investment. But this leads to focusing attention on investment and not on consumption. Why has the investment been reduced so significantly? The answer is that at the beginning of the crisis one third of the investment was financed with external savings. External savings came into the Spanish economy due to its growth differential with European economies and the higher profitability expected for it. And investment has been reduced even more than the 10 points of GDP that the rest of the world financed. If funding problems do not disappear, the only way to increase investment will be to increase national savings. But this focuses the focus on saving, and not on consumption, as a way out of the crisis.
Since the crisis began, in the summer of 2007, the Spanish economy has lost 5.1 percent of GDP. But the effects in the labor market have been much greater than in the activity. 3,687 million jobs have been destroyed in six years, which implies a fall in employment of 18 percent since the beginning of the crisis, more than three times that of GDP. Although the active population has been reduced by 426,000 people, the unemployment rate reaches the record level of 26 percent affecting almost six million unemployed, 4,113 million more than at the beginning of the crisis, when the unemployment rate was at the minimum of our recent history of 8 percent.
The situation can only be described as dramatic. Unemployment is the most traumatic form of adjustment and the least desirable economically and socially. In the best of cases, if the Spanish economy managed to overcome the current difficult situation and start the way out, the effects on the labor market would still be very long lasting. The unemployment rate will take a long time to return to European levels.
The first fiscal rule considered the objective of the budgetary balance in each period. But maintaining the budget balance permanently supposes not only renouncing discretionary fiscal policy but even applying a pro-cyclical fiscal policy. The second rule was introduced at the beginning of the 2004 legislature. It established the budget balance throughout the cycle. In this way, the criteria required by the fiscal rules were met, since it simultaneously addressed the two fundamental objectives. In the first place, to reach the budgetary equilibrium in the medium term and, secondly, to allow the use of fiscal policy as a stabilization policy in the presence of possible asymmetric shocks. The Spanish rule fixed the budget balance throughout the cycle, implying that, on average, public accounts would be balanced.

In 2009 the Spanish economy had reached a public deficit of 11.1 percent of GDP and since then, despite successive consolidation plans, it has remained in the double-digit environment: 9.6 percent in 2010, 9 , 6 percent in 2011 and 10.6 percent in 2012. And this despite the constitutional reform. It seems that a part of Spanish society is convinced that the public deficit is desirable or, at least, a lesser evil. And this is a consequence of the social attachment to public spending.
The Spanish public debt when the crisis began amounted to 36.3 percent of GDP and now, in just six years, it has already overcome the 93.4 percent barrier and continues to grow. In fact, it will soon reach one hundred percent of GDP if budget policy is not radically changed.
Spanish society can not continue to play a game that is not zero-sum, which involves taking important risks and in which you can never win. The Spanish economy must differentiate itself because it needs to win. It must be assumed that the reform of the labor market has clearly been insufficient to confront the duality and, therefore, to boost productivity, that the reform of collective bargaining has not been as deep as an economy with an unemployment rate of the 26 percent and an unbearable and traumatic rate of unemployment among the youngest. Outside the euro it is very cold.

What is the problem? The problem is that the successive updates of the Stability Program presented in the springs of 2012 and 2013 have not achieved their objectives. In fact, in 2012 expenditure increased two points of GDP, as a result of which aid to financial institutions increased 3.2 points. But in 2013, the aid will decrease by 3.2 points and spending will only be 2.6 points and this is not understood. The conclusion is that two years have been lost and, therefore, the necessary reduction of 3.6 points should now be made between 2014 and 2016.
We must break the evil circle between the sovereign and bank solvency. Public debt can not continue to grow at the current rate. It is necessary to stabilize it. And of course, it can not be accumulated in bank balance sheets. Nor can this be the way out of Europe.
The Spanish economy is in a very difficult situation that requires deep policies to address the solution of current problems. We must act decisively, in the short term, on four fronts that are related. On the macroeconomic front, public savings and family savings must be promoted. The probability that it can increase investment and start a sustained recovery of activity, without increasing savings, is scarce and, on the other hand, the feasibility of deleveraging families also requires an increase in savings. And the increase in savings makes it necessary to reduce taxes on families. But this reduction, so that it can be supported by markets and institutions, requires a multi-year consolidation plan that reduces the size of the public sector.
This immediately leads to the fiscal front. In the short term, it would have been necessary to implement an adjustment that would guarantee compliance with the deficit target in 2013 and, in the medium term, design a new consolidation plan that would reduce the size of the public sector, significantly increasing its savings, and that is compatible with the reduction of tax rates to families and companies.
Finally, it is necessary to address the problem of duality in the labor market and change the system of unemployment benefits to allow an adequate functioning of incentives. All of them are arduous tasks in the short term.
In the medium term, productivity should be boosted. And although human capital is not everything to explain the evolution of productivity, in the long term it is almost everything. Therefore, the boost to human capital should be the main objective of fiscal policy in the long term.

The consequence is that despite the two processes of fiscal consolidation undertaken during the last three years, the Spanish economy continues to present a double-digit public deficit in September 2013, which amounts to 10.3 percent of GDP. If the effects of the temporary measures are eliminated, the deficit is at 8.1 percent of the GDP, so it is not possible to rule out a new breach of the objective at the end of 2013. And this despite the significant relaxation of the deficit target for the spring of 2013.
As a result of not having implemented the required reforms and the intensity of the crisis, the size of the public sector has increased almost ten points of GDP since the beginning of the crisis. And this increase in public spending has been financed by public deficit. Despite the intense and widespread tax increases, it has not even been possible to return to the level of tax revenues at the beginning of the crisis. As a consequence, the larger size of the public sector is financed exclusively by public deficit, in short, with public debt. The debt has increased since December 2007 by no less than 57.2 points of GDP, standing at 93.4 percent of GDP in September 2013. The barrier of 90 percent of GDP has already been overcome, as has the goal of 91.5 percent for the end of 2013. And next year it will surpass one hundred percent of GDP.
The problem is not therefore the income. In a pay-as-you-go system, revenues remain approximately constant over GDP, in Spain at 13 percent. That is, revenues without regulatory changes oscillate around 13 percent of GDP. This implies that spending should also fluctuate around 13 percent of GDP. For this, the growth rate of the real average pension should be equal to that of real GDP minus the increase in the number of pensions. But currently the potential growth is estimated at 0.5 percent while the average growth in the number of pensions is approaching 2 percent. As the real average pension, far from being reduced, increases, so does the expenditure on the GDP, causing a growing and unsustainable imbalance of the system. The best possibility is to increase the potential growth of the economy
Spanish. This requires the effort of all but the common goal should be this, increase the potential growth of the economy to at least 2 or 2.5 percent. In this way, the average real pension could increase 1 percent per year and the economy will simultaneously have the capacity to face the challenges of the future.
A differential fact of the current crisis in the Spanish economy is that there is a double problem simultaneously with savings: both families and public administrations have savings rates that are historical minimums. This questions the process of Spanish fiscal consolidation and also the feasibility of the necessary deleveraging of families and public administrations.
To address this serious and new problem is necessary a process of fiscal consolidation that reduces the non-productive spending of public administrations and that allows the reversal of tax increases to families and companies, especially the former, so that they can simultaneously increase their saving. Only then can there be a way out of the current critical situation.

The need to continue the process of disinflation of the economy is the only way to get out of the current situation. It is discussed if wages have gone up or down during the last months. It is necessary to explain to society that the process of disinflation is essential, which is the only way out of the impossibility of resorting, as was always the case in the past, to competitive devaluations that allowed the recovery of lost competitiveness and that had to be accepted by all. Now it is more difficult, we must do it together. We have to push the disinflation process to recover the lost competitiveness.
The maintenance of purchasing power has become another of the untouchable references in our society. But many times it is forgotten that when a group manages to maintain its purchasing power, before a measure of economic policy or an external shock, it is at the expense of others, who assume their own cost more than others avoid. This way of proceeding is very inefficient and unsupportive. And again in this crisis have lived experiences that prove it. The two generalized increases in indirect taxation have sparked this debate once again. Spanish society must assume that when a measure is promoted such as raising VAT rates, citizens should not try to transfer their costs to others. The most efficient and solidary is that we all assume the loss of purchasing power that a measure of such nature entails. In short, society faces a relationship of exchange between the culmination of the disinflation process and the exit of the euro. Undoubtedly, disinflation will still require important sacrifices from everyone, but it will end up with undoubted benefits for society as a whole.

Between March 2011 and June 2013, credit has been reduced continuously and increasingly, decreasing 5.6 points on average below the nominal variation in GDP. Since December 2012, the fall in private resident credit is double digits and in June 2013 it has broken all the year-on-year fall records of the credit series since the 1960s. Prior to this crisis, resident private credit had never registered negative interannual rates. The worst record was in December 1993, with an interannual variation rate of 1.20 percent, and in June 2013 the year-on-year rate stood at -12.90 percent, absolute and negative historical record.
And now, in full and intense contraction of the credit to the private sector, the beginning of the economic recovery is considered. As many times it has been said, although with little impact, it will be a recovery without credit. And it is better that it be so because thinking about an expansive phase of credit in Spain is not realistic. The Spanish economy has had a strong credit expansion in the last and lasting expansionary phase and has to correct a good part of this excessive growth, in line with what happens in other economies that also experienced a strong credit expansion in the last decades.
A multi-year plan to reduce public spending is required to help recover the credibility of Spain’s fiscal and fiscal policy.
The situation of the banking system does not support the expansion of credit either, but rather the opposite. The main uncertainties that still hover over the banking sector are the deterioration of operating results, the problem of refinanced loans, the persistent increase in delinquency, the possibility of new needs for sanitation, especially in some entities, the revision of the quality of assets and the new stress tests that will be carried out by the EBA and the ECB in 2014, the beginning of the single European banking supervision in November 2014 and the very insufficient implementation of the European banking union.
Spain must urgently complete the recapitalization of the banking system. The cases of Catalunya Banc, Ceiss and Mare Nostrum are still pending. And we must address the serious problem of the evil circle between the sovereign and the banking sector. It is not possible to refinance the banks, that they buy Spanish public debt, that they must even face provisions for their bond holdings and recapitalize them. The best option is to finalize the bank recapitalization and stabilize the debt immediately.

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