Las Redes Del Terror. Las Policías Secretas Comunistas Y Su Legado — José María Faraldo / The Networks Of Terror. The Communist Secret Police And Their Legacy by José María Faraldo (spanish book edition)

Me parece un más que interesante libro de investigación sobre el tema además de muy didáctico.
La represión, la persecución, la purga del disidente existen desde el origen del ser humano. Pero la recolección sistemática de información sobre los individuos y su uso para la averiguación y castigo de comportamientos e ideologías –más allá del delito concreto– es claramente algo nuevo, algo que podríamos llamar «moderno». La propia idea del Estado de vigilancia parece ser una característica definitoria de la modernidad, ligada a la industrialización, al surgimiento del Estado-nación y a las ideologías del progreso. Su nacimiento está relacionado con el uso del archivo, la estadística, la antropología y hasta la etnografía. Si tenemos en cuenta que la propia civilización urbana nació en el Próximo Oriente y en la América precolombina alrededor de los instrumentos y herramientas para contar y clasificar, y si consideramos que el Estado surgió allí como intento de controlar y vigilar a quienes pagaban impuestos…
Pese a su modernidad, hay sin embargo ciertos vínculos entre la sociedad preindustrial y la sociedad contemporánea que son especialmente fuertes desde el siglo XV, que ve cómo la recogida de datos y su uso punitivo pasa de ser local a estatal. Las formas de vigilancia política y social han existido durante mucho tiempo y ciertamente no son exclusivas de la época moderna, pero a partir de finales del siglo XVIII hubo un cambio en el modo en que se llevaba a cabo esta vigilancia. Lo que es más significativo: la vigilancia estatal se volvió más organizada, formalizada y centralizada que antes. A la policía como cuerpo especializado y profesionalizado se le añadieron –a veces dependiendo de ella, a veces no– instituciones que vigilaban y controlaban al disidente, incluso antes de cometer el delito.
Es posible que esto fuera una secularización de las instituciones eclesiásticas clásicas de persecución del hereje, de la bruja, del sodomita, del ajeno, en suma. El precedente más claro de las policías secretas fascistas y comunistas es, posiblemente, la Inquisición en la Monarquía Hispánica.

El origen concreto de las policías secretas modernas, sin embargo, se encuentra en la respuesta a las amenazas desatadas por la caída de los Borbones franceses y la transformación revolucionaria europea. La violencia contra el Antiguo Régimen y el no menos violento comienzo del nuevo se unieron a las radicales transformaciones ideológicas impulsadas por una prensa cada vez más barata, activa y resuelta. Ello condujo a la aparición en la esfera pública de una propaganda contra la autoridad extendida e inabarcable, que no respetaba religión ni trono. Surgieron así, para defender el sistema, unas policías políticas que, además, podían ser secretas. La Revolución francesa de 1789 dio las condiciones necesarias para la creación de una Gendarmería nacional que, aunque con raíces en el pasado, se presentaba como un cuerpo nuevo con funciones explícitas de investigación, vigilancia y prevención, cercanas a las que ejerce hoy la que consideramos policía secreta. Establecida como un cuerpo organizado, su papel ganó prestigio cuando el caos de la revolución convirtió el deseo de orden de muchos en una necesidad sentida de presencia policial.
Una policía secreta introduce elementos específicos en la investigación y persecución de los delitos que le son encomendados. Éstos suelen diferenciarse de los de la policía regular por su calidad de políticos, ideológicos o violentos, aunque también pueden ser de otro tipo, más corrientes, pero para los que se precisan de sus métodos. La policía secreta usa identidades falsas, pisos francos, coches encubiertos. Teje redes de confidentes, utiliza el chantaje y la amenaza, puede también torturar, hacer desaparecer a detenidos, generalmente sin juicio. En una sociedad democrática tales policías se dedican sobre todo a investigar crímenes terroristas, grandes bandas de delincuentes, amenazas de gran calibre. El origen de su financiación suele ser oculto y provenir de canales oscuros. Esto hace que, en democracias, a veces se produzcan desvíos, tanto económicos como de su misión, superando los límites de la legalidad e incurriendo en crímenes de Estado más propios de dictaduras.
La realidad era, sin embargo, que las policías políticas –como mecanismo de construcción de las dictaduras totalitarias– no buscaban lograr el apoyo, la ayuda ni el consenso de los ciudadanos. No había recompensa para los que delataban porque, en algún momento, la rueda podría volverse contra ellos. Esto sucedió durante las fases «totalitarias» del sistema: especialmente, el estalinismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) durante los años treinta, cuarenta y principios de los cincuenta y en la fase de construcción de los gobiernos comunistas en los otros países europeos, entre 1944-1945 y 1953-1956.
Luego, es cierto, las cosas cambiaron. Las policías secretas se volvieron más normativizadas, similares a las de otros sistemas. Eran elementos de conservación del poder que no tenían restricciones, más allá de una legalidad propia y retorcida para su beneficio.
Nació para combatir la contrarrevolución, se expandió para salvaguardar la homogeneidad ideológica en el momento de la construcción del Estado de partido único y luego fue utilizada durante la Nueva Política Económica (NEP) en los años veinte para someter a la sociedad en un momento de expansión económica y ciertas libertades, ejerciendo el papel de una policía económica. Con la llegada del estalinismo la policía secreta soviética tuvo un crecimiento imparable tanto en efectivos como en tareas, que le llevó a hacerse cargo del gigantesco complejo de campos de concentración y a ser verdugo y víctima durante la explosión del terror en los años treinta. Defendió la retaguardia durante la Gran Guerra Patriótica (1941-1945), se convirtió luego en modelo para otras policías a lo largo del recién creado campo socialista y se transformó después, hasta el final del sistema, en un burocrático imperio de vigilancia y represión que, a la hora de la transición al capitalismo, supo sacar beneficios de su posición y contribuyó a crear el nuevo sistema trenzado de mafia y corrupción.
Todas las otras policías secretas comunistas siguieron, en menos años y de forma acelerada, el mismo esquema, con la excepción de su final, que varió a menudo y en el que algunas –la Stasi sobre todo– quedaron completamente desarboladas.

(Cheka) Los bolcheviques habían creado ya una organización armada durante la revolución de 1905 y aparecieron de nuevo órganos paramilitares en 1917. Sin embargo, el verdadero precursor de la VChK fue el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado (PVRK, en sus siglas rusas), dependiente del Sóviet de Petrogrado, del que heredaría luego incluso algunos de sus miembros. Se trataba de un órgano de partido, no de una institución estatal, un hábil instrumento de los bolcheviques y sus aliados para conquistar el poder en octubre. En principio, el Comité Militar Revolucionario estaba destinado a proteger el Sóviet, sobre todo desde el momento en que los bolcheviques se habían hecho con la mayoría de la asamblea. Había sido creado el 12 de octubre de 1917, es decir, poco antes del levantamiento. Al cabo, el PVRK se convirtió en el instrumento de los bolcheviques para preparar y ejecutar la insurrección armada contra el Gobierno provisional.
Lo dirigían un socialrevolucionario de izquierda, Pável Evgenevich Lazimir, y un bolchevique llamado Nikolái Ilich Podvoiski, antiguo camarada de Lenin y uno de los principales creadores de los órganos militares del poder soviético. Conviene entender que la Cheká surgió precisamente en este ámbito de lo militar: la separación entre la defensa externa y el mantenimiento del orden interno, característica de las sociedades modernas desde la Ilustración, desaparecía con este órgano y, con el tiempo, se vería cómo sus sucesores, desde el GPU (Departamento Político del Estado) hasta el KGB (Comité para la Seguridad del Estado), creaban una cultura policial que les permitía desarrollar sus actividades tanto en el extranjero como en el interior del Estado soviético.
La Cheká no tenía poder para detener ni mucho menos ejecutar, tan sólo podía llevar a los acusados ante los tribunales. Esto apenas se cumpliría y las competencias se incrementarían a gran velocidad de forma, podríamos decir, casi a-legal, dado que, como se ha dicho, no se publicó un decreto formal. La Cheká fue asumiendo buena parte de las nuevas funciones punitivas a partir de meras órdenes internas. Legislaba para sí misma, con plena autonomía.
Según el protocolo por el que se fundó la organización, las funciones estaban claras desde el principio. La Cheká se dividía en tres departamentos: el de información, el de organización y el de acciones operativas. Ya desde el primer momento se unían dos de las funciones básicas de las policías secretas y que no dejarían de ser parte de sus organizaciones sucesoras a lo largo del tiempo: la recolección de información y su uso en acciones concretas. En el mismo protocolo se advertía que sus objetivos primarios eran «la prensa, el sabotaje, los kadetes, los socialrevolucionarios de derecha, los saboteadores y los huelguistas». Asimismo, las medidas que se podían tomar eran: confiscaciones, expulsiones de viviendas, privación de cartas de racionamiento, publicación de listas de enemigos del pueblo y un «etcétera», que no presagiaba nada bueno.
La otra gran innovación de la Cheká fue la introducción de la categoría de «rehén», que era un instrumento preventivo –y no sólo punitivo a posteriori. Se podía retener a personas pertenecientes a categorías consideradas «peligrosas» para el régimen por el mero hecho de su profesión (por ejemplo, abogados y profesionales liberales en general), también por categorías sociales y económicas, como miembros de la nobleza, terratenientes agrarios o rentistas, o simplemente a personas consideradas «burguesas», oficiales del antiguo régimen o militantes de partidos ahora prohibidos.
Muy pronto se comenzó con la represión de aspectos en principio casi inocentes, pero que a lo largo del tiempo llegarían a ser predominantes, como los delitos de opinión, las burlas, la sátira. Por ejemplo, en marzo de 1919 un miembro de la Cheká regional de Tsaritsin halló en una habitación un retrato de Lenin rasgado. Tras la investigación, se dio con una mujer, una tal V. V. Pershikova, que era limpiadora en el edificio, y se la arrestó.

La violencia del Terror Rojo, pues, era amenaza y era defensa, y tenía, entre otras, la misión de salvar la revolución. Pero el terror también incluía un elemento de caos, de inseguridad, de indecisión. Ante el creciente número de ejecuciones, no eran infrecuentes los errores, los abusos, las torturas psicológicas. Melgunov cuenta cómo también había miles de cautivos sobre cuyas cabezas el Terror Rojo mantenía la espada de Damocles tan larga y tan constantemente suspendida que al final se negaban incluso a abandonar sus celdas si les decía que iban a ser liberados, ya que el anuncio les parecía una trampa para inducirlos a ir mansamente a la ejecución; en otros casos, los presos que habían abandonado sus celdas en la creencia de que iban a ser liberados y habían recibido las felicitaciones de sus compañeros prisioneros, unos días después estarían entre los fusilados o habrían recibido un disparo sin que sus nombres hubieran sido publicados en absoluto.

Para el período desde el 30 de agosto de 1918 hasta el final del año las estimaciones del número total de víctimas varían entre 8.000 (Ilia Ratkovski) y 15.000 (Nicolas Werth).
Los cambios dentro de la policía secreta y la reconstrucción de su función al comienzo de la Nueva Política Económica (NEP) sellaron y cristalizaron su papel en el sistema soviético. No olvidemos que la Cheká fue designada como un organismo «extraordinario», «provisional». Tras el final de la guerra y la estabilización de la revolución debería haber desaparecido. Sin embargo, las instituciones sucesoras (el GPU, luego OGPU) fueron capaces de conservar, e incluso de incrementar en algún aspecto los poderes que había disfrutado la Cheká de Dzierżyński durante los violentos años de la Guerra Civil. Esto no tenía por qué haber ocurrido. Que el sistema resultante del alzamiento bolchevique asumiera como natural el hecho de la necesidad de una policía política en tiempos de paz no estaba predeterminado. Obedeció a una serie de circunstancias muy diversas a las que no son ajenas la propia construcción del sistema del Gulag y la estalinización progresiva del partido y el Estado.

A partir de 1929 y, sobre todo, tras 1937 el estalinismo constituyó una desviación específica de la modernidad en la que el uso de la ingeniería social fue masivo e indiscriminado. Pero Dzierżyński ya había hecho también uso de desplazamientos masivos, de coerción y de fuerza para asegurar la distribución de comida, había construido orfanatos que tenían funciones de higiene social, había utilizado la violencia como medio «pedagógico» para dirigir la sociedad (tanto para que funcionaran correctamente las instituciones y los servicios públicos como para que se erradicara la corrupción). Es decir, algunos aspectos considerados «típicos» del estalinismo fueron introducidos mucho antes por Dzierżyński bajo la supervisión y el concurso de Lenin.
Pero hubo otros instrumentos, como los juicios teatralizados, la serie de farsas judiciales que se harían famosas con los procesos de Moscú en los primeros años treinta, pero que comenzarían con los juicios a los mencheviques mucho antes y luego continuarían con los procesos a los ingenieros durante la NEP. Y también fue Dzierżyński el que introdujo la vigilancia sistemática de la población y el uso extensivo de los confidentes, algo que, sobre todo a partir del final de la Guerra Civil, evolucionaría y crecería a gran escala.
Dentro del NKVD, se concentró la policía política en el Directorado Principal de Seguridad del Estado (Glavnoie Upravlenie Gosudarstvennoi Bezopasnosti, GUGB). Hacia fines de 1934 había unos 1.500 funcionarios empleados por el aparato central del GUGB, encabezado por el comisario del Pueblo para Asuntos Internos, Guénrij Yagoda. Sin tener en cuenta a los confidentes, que sumaban varios cientos de miles, el personal del GUGB reunía a algo más de 27.000 funcionarios civiles y 90.000 militares.
Esta reorganización fue realmente importante porque precedió al lanzamiento de la gran acción que buscaba eliminar de una vez por todas a los presuntos o reales enemigos de Stalin en la clase política y a la no menos presunta resistencia al socialismo en la sociedad. El aldabonazo para el comienzo del terror lo dio el asesinato de Serguéi Kírov, un miembro del partido de Leningrado de gran popularidad. El 1 de diciembre de 1934 Kírov fue asesinado por un joven comunista llamado Leonid Nikoláev, que con toda probabilidad había sido instigado por la policía secreta. Aunque el mayor beneficiario de su muerte fue Stalin, para quien la creciente popularidad de Kírov comenzaba a ser una amenaza, se extendió una campaña de caza de brujas por la que fueron detenidos decenas de miembros del partido de gran prestigio.

A comienzos de 1941, el personal del Directorado Principal de Seguridad del Estado (GUGB) incorporaba a más de 46.000 funcionarios civiles, 120.000 militares y varios cientos de miles de informantes. Desde 1939 la situación geopolítica de la URSS había cambiado por completo. En agosto de ese año, la Unión Soviética había suscrito un pacto de no-agresión con la Alemania hitleriana que escondía un reparto del este de Europa. La rápida ocupación de Polonia por parte de los dos países fue prueba fehaciente del desprecio por la democracia, la soberanía y el statu quo de ambos totalitarismos, pero para el caso soviético significó aún algo más. La inmediata anexión de los territorios polacos a las repúblicas socialistas de Bielorrusia y Ucrania, y, al cabo de unos meses, la ocupación de Estonia, Letonia y Lituania, Moldavia y la llamada guerra de Invierno contra Finlandia eran la primera continuación de la revolución desde hacía casi dos décadas. Y se hacía, como lo había intentado el Ejército Rojo en 1921.

Gorbachov, que tenía cincuenta y cuatro años por entonces, traía con él un cambio generacional clave, un «estilo Gorbachov». No sólo porque fuera un gobernante «que no avergonzaba» a su país, como manifestó el famoso disidente Andréi Sájarov, sino también porque era un hombre educado que hablaba sin la jerigonza típica de los comunistas soviéticos, que había viajado y que, además, contaba con el importante activo de su mujer, Raisa. La pareja Gorbachov representaba un síntoma de modernización y de apertura hacia la mujer en un mundo político extraordinariamente cerrado y masculinizado.
En la policía secreta también se había producido un cambio generacional. Desde la muerte de Stalin, y con su culmen en los años ochenta, el KGB se había convertido en la institución soviética que tenía un mayor porcentaje de miembros del PCUS. Controlada por el partido y cada vez más entrelazada con sus miembros, la politización de la agencia era inevitable.
Gorbachov había expulsado por diferencias personales a Chebrikov en 1986 y lo sustituyó por Vladímir Kriuchkov. Era un intento de tener cerca de él a alguien de confianza que pudiera asumir las reformas que planeaba hacer. Sin embargo, la radicalidad de éstas y los problemas que comenzaron a surgir, la inestabilidad, el riesgo de fragmentación y de guerra civil, asustaron a mucha gente dentro del KGB. Esto llevó al propio Kriuchkov a organizar, junto con otros altos funcionarios de la agencia, un golpe de Estado de la línea dura durante las vacaciones de Gorbachov en agosto de 1991. El golpe tenía como objetivo no tanto sustituir a Gorbachov como hacerle darse cuenta de la situación y envolverle en la represión que ellos consideraban necesaria para mantener el país. Gorbachov no se mostró dispuesto a ceder y el golpe fracasó. Esto hizo desmoronarse al partido y, con él, al KGB.
Mientras tanto el KGB había estado intentando ocultar los medios económicos y los inmuebles de que disponía en los países socialistas de Europa Oriental. Ante la desaparición de sus camaradas en la República Democrática Alemana, Polonia y otros países parecía urgente cortar los lazos existentes y ocultar lo que se pudiera de su trabajo operativo. El miedo –justificado– de que el fin de las policías secretas en los otros países del socialismo real supusiera el desenmascaramiento de sus funcionarios y confidentes impulsó una rápida campaña para replegar sus fuerzas.
Poco antes de que el Estado soviético se disolviera, el KGB fue dividido en una serie de agencias que pronto quedaron bajo el control directo de la Federación Rusa. Después del colapso de la URSS, esas estructuras fueron abolidas formalmente, aunque en la práctica algunas de ellas se transformaron en el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

(La Securitate) Las instituciones de seguridad rumanas que todavía existían se redujeron considerablemente en varios pasos después del 23 de agosto de 1944 (el golpe de Estado impulsado por el rey Miguel I para sacar a Rumanía de la guerra y pasarla al bando aliado). Sin embargo, se mantuvieron inicialmente las estructuras institucionales con su personal. El aparato de seguridad rumano quedó intacto, bajo un control soviético limitado. Hubo una política de personal basada en la integración de los servicios secretos anteriores (la llamada Siguranță, Seguridad). La represión fue también relativamente laxa hasta 1946, con el uso de tribunales especiales pero no tanto de la policía secreta. En 1945, Rumanía, con 16 millones de habitantes, tenía alrededor de 15.000 presos políticos.
Hasta este momento el enemigo principal de la oposición a la sovietización era el NKVD soviético que, con el apoyo de las tropas del Ejército Rojo, estaba llevando a cabo la represión y el desarme de los potenciales antagonistas a la asunción del poder por parte de los comunistas. La siguiente etapa de represión, ya a cargo de la nueva policía política, la Securitate, comenzó en 1948, con la plena instauración del socialismo de tipo estalinista. Fue el momento en la resistencia armada anticomunista se mostró de forma más compleja y amplia, con representación en todas las partes del país. Durante este tiempo existían doce zonas de resistencia.
En agosto de 1948 se creó la Dirección General de Seguridad del Pueblo (Direcţia Generală a Securităţii Poporului, DGSP) o Securitate. Su jefe era el ciudadano soviético Pantelimon Bodnarenko, que tomó el nombre rumano de Gheorghe Pintilie para esconder su proveniencia. No fue el único. Un número importante de «asesores» soviéticos con nombre falso se insertó en las fuerzas de seguridad.
Formalmente, la Securitate continuó bajo la advocación del Ministerio del Interior, pero a través de la participación de Pintilie en el Comité Central se aseguraba el control de la organización por parte del Partido Comunista. El hecho de que Pintilie fuera un agente soviético permitió que se espiara y vigilara incluso a los cargos de mayor relieve del partido sin conocimiento de nadie más que de las autoridades soviéticas (algo bastante poco habitual dentro de las policías comunistas).
La Securitate tuvo una importante acción exterior dirigida tanto a extender una imagen positiva del régimen como a perseguir y anular la disidencia y la crítica de los exiliados. Una de las acciones habituales del DS en el exterior fue expandir el culto a la personalidad de Ceauşescu, ya desarrollado en el interior del país, pagando publicaciones de hagiografías del presidente y de los libros de su mujer –en realidad no escritos por ella. Esto dio pie a numerosos problemas, como la defección de algunos de los encargados de esta propaganda, que huían del país dejando al régimen en ridículo.
A lo largo de los años setenta y primeros de los ochenta se sucedieron los atentados y envenenamientos de disidentes, algunos con éxito: una bomba contra la sede de Radio Europa Libre (Radio Free Europe) en Múnich y el envío de cartas bomba desde Madrid contra opositores en el exilio.
En marzo de 1978 se reorganizó la policía y se creó el Departamento de Seguridad del Estado (Departamentul Securităţii Statului, DSS) dentro del Ministerio del Interior. Su jefe se convertía en ministro secretario de Estado. El DSS heredó toda la estructura del DS con pequeños cambios y la conservó hasta su abolición el 30 de diciembre de 1989.

(Stasi) Aunque entre 1946 y 1950 existió el precedente de la Administración Alemana de Interior (Deutsche Verwaltung des Innern), la policía secreta germanooriental sólo surgió como tal a partir de 1950.164 Para entonces, el Partido Comunista alemán (KPD) se había unido con el Partido Socialdemócrata (SPD) para formar el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), que sería el partido rector de la Alemania comunista hasta 1989.
Tras la decisión occidental de formar la República Federal Alemana, tanto los comunistas alemanes como la URSS optaron por la solución de los dos estados. En la «zona soviética» (la República Democrática Alemana, RDA) se estableció una fuerza policial completamente nueva. Aunque había determinadas disposiciones del Consejo de Control Aliado después de la derrota de Alemania que imponían a la policía alemana como únicas tareas el mantenimiento de la ley y el orden, las autoridades soviéticas impulsaron una policía secreta. En los primeros años hubo una fuerte presencia de instructores soviéticos que incluso decidían los ámbitos de trabajo.
Los primeros años de la Stasi siguieron la típica dinámica estalinista: persecución de toda oposición (incluyendo, en este caso, a criminales de guerra y nazis destacados), implementación de la reforma agraria por la fuerza, control de la Iglesia evangélica –y, en menor medida, de los escasos católicos que habían quedado en la zona– y, sobre todo, la lucha contra el espionaje «imperialista». En este caso, hubo un punto de razón. El Grupo de Lucha contra la Inhumanidad (Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, KgU), formado por socialistas que habían estado en la resistencia contra Hitler, llevó a cabo numerosos sabotajes contra líneas telefónicas, redes eléctricas, maquinaria de trenes y vías férreas, acciones que costaron millones de marcos. Financiado por la Agencia Central de Inteligencia americana (CIA) al menos desde 1949, se le ha acusado de haber provocado algunas muertes, aunque los documentos disponibles no parezcan confirmar la hipótesis. Sí es cierto que en 1951 el KgU realizó un atentado con ampollas de fósforo en unos grandes almacenes de Leipzig. El grupo fue perseguido con dureza: al menos 1.072 miembros fueron arrestados, de los que 121 fueron fusilados por los soviéticos y cinco por la justicia de la RDA. El KgU desapareció en parte por la represión y en parte porque perdió el apoyo de los servicios secretos americanos.
Tras el nombramiento de Honecker como secretario general del SED en 1971 y la destitución de Ulbricht, Mielke ganó influencia dentro del partido. Fueron los años dorados de la Stasi, cuando mantuvo una manifiesta independencia y un crecimiento importante. La reputación de omnipotencia, la creencia de que lo conocía todo y estaba en todos lados, se asentó entonces.
La Perestroika cambió las cosas. Incapaz de comprender el espíritu del tiempo, Erich Mielke se enfrentó a los soviéticos, criticando a Mijaíl Gorbachov y el nuevo rumbo. Después de la caída de Honecker en octubre de 1989, su sucesor, Egon Krenz, proclamó el inicio del «diálogo». Esto hizo que la Stasi no persiguiera ni utilizara la violencia contra los manifestantes –algo muy criticado entre sus propios miembros, que se daban cuenta de que sin represión el sistema no iba a poder durar. Mielke fue arrestado el 7 de diciembre. El nuevo primer ministro de la RDA, Hans Modrow, anunció que el MfS se convertiría en la Oficina de Seguridad Nacional (Amt für Nationale Sicherheit, AfNS). La Cámara del Pueblo, el nuevo Parlamento, eligió al viceministro de Mielke, Wolfgang Schwanitz, para liderarla. Sin embargo, al poco tiempo se decidió disolver por completo la seguridad del Estado. Con la inmediata reunificación con la otra Alemania, toda posibilidad de que la Stasi continuara quedó vedada.

Con la caída de los regímenes de socialismo de Estado en 1989, las policías políticas fueron desactivadas en la mayoría de los países. En algunos casos radicalmente –como en la exRDA, Checoslovaquia o países del Báltico– y en otros de forma más pausada –como en Polonia. En Rumanía y Bulgaria las respectivas policías mantendrían una enorme cuota de poder y condicionarían en cierta forma el paso hacia la democracia parlamentaria. De las diferencias en la disolución de las policías dependería también en buena medida su Aufarbeitung, es decir, la evaluación histórica y política de sus actuaciones y de sus crímenes. Esta evaluación ha sido posible gracias al legado que las policías secretas dejaron en forma de grandes cantidades de materiales de archivo.

España, como Estado, no era diferente a otros países occidentales. A la Stasi le interesaron desde el principio los asuntos relativos al Ejército, es decir, las capacidades militares reales de España y su situación dentro de los esquemas defensivos occidentales. Los servicios secretos españoles (los formados por Luis Carrero Blanco, pero incluso el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en la etapa democrática) también estaban en su mira, aunque no parece que la Stasi consiguiera datos de primera mano. Buena parte de estas informaciones provenían de fuentes abiertas (prensa, monografías publicadas, literatura, etcétera), y recabarlas, pese a los estereotipos, constituye el trabajo habitual de todo espía o integrante de una policía de seguridad.
Es interesante comprobar cómo la Stasi afirmaba –citando fuentes internas norteamericanas– que, a finales de la década de 1970, Estados Unidos no parecía muy entusiasta con la posible participación española en la OTAN porque los tratados bilaterales le eran más ventajosos. Después la situación fue cambiando y las tres policías políticas aquí tratadas dedicaron muchas páginas a glosar las variaciones de los sucesivos gobiernos en su aceptación o no de la OTAN, especialmente en el caso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González. La Stasi conseguía una gran cantidad de información fidedigna sobre los gobiernos socialistas a través de sus topos en el Partido Socialdemócrata de Alemania occidental (SPD).
El período de la Transición española fue seguido con gran interés. En los archivos abundan los informes acerca de los cambios y transformaciones que van surgiendo a partir de la muerte de Franco. Era también la época en la que comenzaban a establecerse las relaciones diplomáticas directas.
Aparte de los contactos personales que hemos mencionado, el seguimiento de ETA y las otras organizaciones terroristas se llevaba a cabo fundamentalmente a través de prensa y materiales de libre acceso. Pero también podían consultar informes reservados de gobiernos occidentales –generalmente norteamericanos–, que muchas veces les llegaban desde la URSS y traducidos al ruso, lo que hace suponer que los había conseguido el KGB y luego los había repartido en el proceso de colaboración entre servicios de seguridad comunistas.
Las embajadas de España siempre eran vigiladas, aunque con distinto grado de éxito. En la década de 1980, la Stasi poseía imágenes, mapas y todo tipo de información sobre la ubicación física de la legación y los lugares donde vivían los diplomáticos, incluyendo fotos y descripciones completas de su interior. Habitualmente, los teléfonos estaban intervenidos y controlados. El personal de apoyo del embajador actuaba a menudo como informante de la Stasi. Durante cierto tiempo, también pasó información a la Stasi una mujer española que trabajaba en la legación («IM Sophia»), a la que captaron en 1982 valiéndose de un incidente fronterizo y apoyándose en sus convicciones izquierdistas.

Checoslovaquia llevó a cabo una rapidísima purga de antiguos comunistas que en un principio resultó modélica para la región. Ya en 1989 el ministro del Interior prohibió actuar a los integrantes de la policía política y acabó por disolverla. Una ley de octubre de 1991 obligaba a buena parte de los funcionarios y a quienes trabajaban para el Estado a conseguir una certificación de que no habían sido informantes de la policía secreta. Para ello se creó un organismo especial, dependiente del Ministerio del Interior, el Departamento de Documentación y Persecución de los Crímenes del Comunismo (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ÚDV). La acción de este departamento era sobre todo oficial y no permitía el acceso a los archivos, aunque en teoría estaban en su mayoría abiertos (los de la Seguridad del Estado se abrieron a partir de la Ley de 26 de abril de 1996). En comparación con el caso de la RDA o el de Polonia, los historiadores checos parecían tener menos prisa por revisar la documentación de la dictadura comunista.
En Bulgaria hubo varios intentos de abrir los archivos de la policía, pero hasta 1997 no se promulgó la correspondiente ley, que implicaba también que el funcionariado había de someterse a una prueba para saber si habían sido informantes de los servicios secretos. Sin embargo, en 2002, con la Ley de Secretos de Estado, se volvieron a cerrar los archivos. Simeón de Bulgaria y su partido, Movimiento Nacional, querían mantenerlos cerrados, pero un cambio político hizo que en 2006 se aprobara una nueva ley y se creara el Comité para la Apertura de los Documentos y la Pertenencia de los Ciudadanos Búlgaros a la Seguridad del Estado y a los Servicios de Inteligencia del Ejército Popular Búlgaro (Komitsiia za razkrivane na dokumentite i za obyavyavane na prinadlezhnost na bŭlgarski grazhdani kŭm Dŭrzhavna sigurnost i razuznavatelnite sluzhbi na Bŭlgarskata narodna armiya, COMDOS). Pese a su extremadamente burocrático nombre, este comité es, en esencia, una réplica –adaptada a la idiosincrasia de la sociedad búlgara– de los centros de la memoria centroeuropeos.
Poco a poco, a través de comisiones conjuntas, publicaciones y un elevado número de seminarios y congresos internacionales –de los que el IPN polaco ha sido pionero–, los centros de la memoria centroeuropeos.
Poco a poco, a través de comisiones conjuntas, publicaciones y un elevado número de seminarios y congresos internacionales –de los que el IPN polaco ha sido pionero–, los centros de la memoria han ido creando un estilo de trabajo y una estructura de colaboración internacional que permiten ya hablar de un modelo establecido de evaluación del pasado y de investigación histórica sobre los materiales de las policías políticas.

En general, en todos estos países la llegada al poder de partidos o personajes populistas en distintos momentos de los últimos veinte años creó un ambiente en el que todo el mundo era culpable mientras no se demostrara lo contrario y, a veces, incluso así. Personajes como Lech Wałęsa, que han sido exonerados de cargos graves por las propias instituciones lustradoras, siguen estando bajo sospecha, pues se afirma que ello se debe a la desaparición –por oscuros motivos y a través de oscuros agentes– de los documentos de los archivos.
Incluso las innegables cualidades de Wałęsa para organizar y aglutinar una oposición dispersa hasta entonces, y su liderazgo indiscutible fueron cuestionados cada vez más a través de la escenificación de los escándalos en los medios. De este modo, su figura se convirtió en la representación palpable de una transición detestada por una parte de la población por ser –presuntamente– incompleta, fallida, pactada. Para llegar allí Wałęsa había recorrido un largo camino: desde ser un simple obrero huérfano de padre que se convirtió en un líder sindical lleno de ironía e influencia hasta convertirse en el presidente discutido, para terminar siendo un mito gastado y perseguido, más respetado en el extranjero que en su patria. Aunque este proceso de deconstrucción del mito tuvo su origen en las informaciones sobre su dosier en la policía política comunista también reflejaba un malestar mucho más hondo y profundo que, a la larga, estallaría en el triunfo del ultranacionalismo del partido Ley y Justicia (PiS) en las elecciones de 2015. Años después, el uso de los materiales de la policía secreta se entrelazaba con la fatiga por la transformación del país hacia un capitalismo globalizado que levantaba cada vez menos adhesiones.

It seems to me a more than interesting book of investigation on the subject in addition to very didactic.
The repression, the persecution, the purge of the dissident exist from the origin of the human being. But the systematic collection of information about individuals and their use for the investigation and punishment of behaviors and ideologies – beyond specific crime – is clearly something new, something we could call «modern». The very idea of ​​the surveillance state seems to be a defining characteristic of modernity, linked to industrialization, the emergence of the nation-state and the ideologies of progress. His birth is related to the use of archives, statistics, anthropology and even ethnography. If we take into account that the urban civilization itself was born in the Near East and in pre-Columbian America around the instruments and tools to count and classify, and if we consider that the State emerged there as an attempt to control and monitor those who paid taxes .. .
Despite its modernity, there are nevertheless certain links between pre-industrial society and contemporary society that are especially strong since the 15th century, which sees how data collection and punitive use goes from being local to state. The forms of political and social surveillance have existed for a long time and certainly are not exclusive to the modern era, but from the end of the 18th century there was a change in the way this surveillance was carried out. What is more significant: state surveillance became more organized, formalized and centralized than before. The police as a specialized and professionalized body were added – sometimes depending on it, sometimes not – institutions that monitored and controlled the dissident, even before committing the crime.
It is possible that this was a secularization of the classic ecclesiastical institutions of persecution of the heretic, the witch, the sodomite, the alien, in short. The clearest precedent of the fascist and communist secret police is, possibly, the Inquisition in the Hispanic Monarchy.

The concrete origin of the modern secret police, however, lies in the response to the threats unleashed by the fall of the French Bourbons and the European revolutionary transformation. The violence against the Old Regime and the no less violent beginning of the new one were united to the radical ideological transformations impelled by an increasingly cheap, active and resolute press. This led to the appearance in the public sphere of a propaganda against widespread and boundless authority, which did not respect religion or throne. In order to defend the system, political policemen emerged who could also be secret. The French Revolution of 1789 gave the necessary conditions for the creation of a national Gendarmerie that, although with roots in the past, was presented as a new body with explicit functions of investigation, vigilance and prevention, close to those exercised today which we consider secret police. Established as an organized body, its role gained prestige when the chaos of the revolution turned the desire for order of many into a felt need for police presence.
A secret police introduces specific elements in the investigation and prosecution of the crimes entrusted to it. These are usually differentiated from those of the regular police because of their political, ideological or violent nature, although they can also be of another type, more common, but for those who need their methods. The secret police use false identities, safe houses, undercover cars. He weaves networks of confidants, uses blackmail and threats, can also torture, make detainees disappear, usually without trial. In a democratic society such policemen are mainly dedicated to investigating terrorist crimes, big criminal gangs, big threats. The origin of its financing is usually hidden and come from dark channels. This means that, in democracies, deviations sometimes occur, both economic and their mission, overcoming the limits of legality and incurring state crimes more typical of dictatorships.
The reality was, however, that the political police – as a mechanism for the construction of totalitarian dictatorships – did not seek to obtain the support, the help or the consensus of the citizens. There was no reward for those who betrayed because, at some point, the wheel could turn against them. This happened during the “totalitarian” phases of the system: especially Stalinism in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) during the 1930s, 1940s and early 1950s, and in the construction phase of communist governments in the other countries. Europeans, between 1944-1945 and 1953-1956.
Then, it’s true, things changed. The secret police became more normative, similar to those of other systems. They were elements of conservation of power that had no restrictions, beyond a proper and twisted legality for their benefit.
It was born to fight the counterrevolution, it was expanded to safeguard the ideological homogeneity at the time of the construction of the single-party state and then it was used during the New Economic Policy (NEP) in the twenties to subdue society at a time of expansion economic and certain freedoms, exercising the role of an economic police. With the arrival of Stalinism, the Soviet secret police had an unstoppable growth in both personnel and tasks, which led him to take over the gigantic concentration camp complex and to be an executioner and victim during the explosion of terror in the thirties. He defended the rearguard during the Great Patriotic War (1941-1945), he later became a model for other policemen throughout the newly created socialist camp and was later transformed, until the end of the system, into a bureaucratic surveillance and repression empire that , at the time of the transition to capitalism, he knew how to take advantage of his position and helped to create the new twisted mafia and corruption system.
All the other communist secret police followed, in less years and in an accelerated fashion, the same scheme, with the exception of its end, which varied often and in which some – the Stasi above all – were completely dismasted.

(Cheka) The Bolsheviks had already created an armed organization during the revolution of 1905 and paramilitary bodies appeared again in 1917. However, the real precursor of the VChK was the Petrograd Revolutionary Military Committee (PVRK, in its Russian acronym), dependent on the Petrograd Soviet, which would later inherit some of its members. It was a party organ, not a state institution, a skillful instrument of the Bolsheviks and their allies to seize power in October. In principle, the Revolutionary Military Committee was meant to protect the Soviet, especially since the Bolsheviks had taken over the majority of the assembly. It had been created on October 12, 1917, that is, shortly before the uprising. In the end, the PVRK became the instrument of the Bolsheviks to prepare and execute the armed insurrection against the provisional Government.
He was led by a socialist leftist, Pável Evgenevich Lazimir, and a Bolshevik named Nikolái Ilich Podvoiski, former comrade of Lenin and one of the main creators of the military organs of the Soviet power. It should be understood that the Cheká emerged precisely in this area of ​​the military: the separation between external defense and the maintenance of internal order, characteristic of modern societies since the Enlightenment, disappeared with this body and, with the
In time, it would be seen how his successors, from the GPU (State Political Department) to the KGB (Committee for State Security), created a police culture that allowed them to develop their activities both abroad and within the Soviet State .
The Cheká had no power to stop, let alone execute, it could only bring the accused before the courts. This would hardly be fulfilled and the competences would increase at great speed of form, we could say, almost a-legal, given that, as has been said, a formal decree was not published. The Cheká was assuming a good part of the new punitive functions from mere internal orders. Legislated for itself, with full autonomy.
According to the protocol by which the organization was founded, the functions were clear from the beginning. The Cheká was divided into three departments: the information, the organization and the operational actions. Right from the start, two of the basic functions of the secret police were united and would not cease to be part of their successor organizations over time: the collection of information and its use in concrete actions. In the same protocol it was noted that its primary objectives were “the press, sabotage, the Cadets, the right-wing social revolutionaries, the saboteurs and the strikers”. Also, the measures that could be taken were: confiscations, expulsions of houses, deprivation of ration cards, publication of lists of enemies of the people and an “etcetera”, which did not bode well.
The other great innovation of the Cheká was the introduction of the category of «hostage», which was a preventive instrument – and not only punitive a posteriori. People belonging to categories considered “dangerous” for the regime could be retained by the mere fact of their profession (for example, lawyers and liberal professionals in general), also by social and economic categories, as members of the nobility, agrarian landlords or rentiers, or simply to people considered «bourgeois», officers of the old regime or militants of now banned parties.
Very soon it began with the repression of aspects almost innocent in principle, but that over time would become predominant, such as the crimes of opinion, ridicule, satire. For example, in March 1919 a member of the Tsaritsin regional Cheká found a portrait of Lenin torn in a room. After the investigation, he found a woman, one V. V. Pershikova, who was a cleaner in the building, and she was arrested.

The violence of the Red Terror, then, was a threat and a defense, and it had, among others, the mission to save the revolution. But terror also included an element of chaos, of insecurity, of indecision. Faced with the growing number of executions, mistakes, abuses, and psychological torture were not uncommon. Melgunov tells how there were also thousands of captives on whose heads the Red Terror kept the sword of Damocles so long and so constantly suspended that in the end they refused even to leave their cells if he told them that they would be freed, since the announcement seemed to them a trap to induce them to go meekly to the execution; in other cases, the prisoners who had left their cells believing that they were going to be released and had received the congratulations of their fellow prisoners, a few days later they would be among those shot or they would have been shot without their names being published in absolute.

For the period from August 30, 1918 until the end of the year estimates of the total number of victims vary between 8,000 (Ilia Ratkovski) and 15,000 (Nicolas Werth).
The changes within the secret police and the reconstruction of their function at the beginning of the New Economic Policy (NEP) sealed and crystallized their role in the Soviet system. Let us not forget that the Cheká was designated as an “extraordinary”, “provisional” organization. After the end of the war and the stabilization of the revolution should have disappeared. However, the successor institutions (the GPU, then OGPU) were able to preserve, and even increase in some way the powers enjoyed by the Cheká de Dzierżyński during the violent years of the Civil War. This need not have happened. That the system resulting from the Bolshevik uprising assumed as natural the fact of the need for a political police in times of peace was not predetermined. It obeyed a series of very different circumstances to which the construction of the Gulag system and the progressive stalinization of the party and the State are not alien.

From 1929 and, above all, after 1937 Stalinism was a specific deviation of modernity in which the use of social engineering was massive and indiscriminate. But Dzierżyński had already made use of mass displacements, coercion and force to ensure the distribution of food, had built orphanages that had functions of social hygiene, had used violence as a “pedagogical” way to run society (so much so that the institutions and public services will function correctly so that corruption will be eradicated). That is, some aspects considered “typical” of Stalinism were introduced much earlier by Dzierżyński under Lenin’s supervision and contest.
But there were other instruments, such as the theatricalized trials, the series of judicial farces that would become famous with the processes of Moscow in the early thirties, but which would begin with the Menshevik judgments much earlier and then continue with the processes to the engineers. during the NEP. And it was also Dzierżyński who introduced the systematic surveillance of the population and the extensive use of confidants, something that, especially after the end of the Civil War, would evolve and grow on a large scale.
Within the NKVD, the political police were concentrated in the Main Directorate of State Security (Glavnoie Upravlenie Gosudarstvennoi Bezopasnosti, GUGB). By the end of 1934 there were about 1,500 officials employed by the central GUGB apparatus, headed by the People’s Commissar for Internal Affairs, Guénrij Yagoda. Without taking into account the confidants, who numbered several hundred thousand, the GUGB personnel gathered just over 27,000 civil servants and 90,000 soldiers.
This reorganization was really important because it preceded the launch of the great action that sought to eliminate once and for all the alleged or real enemies of Stalin in the political class and the no less presumed resistance to socialism in society. The blow for the beginning of the terror was the murder of Sergei Kirov, a member of the Leningrad party of great popularity. On December 1, 1934, Kirov was killed by a young Communist named Leonid Nikolaev, who in all likelihood had been instigated by the secret police. Although the greatest beneficiary of his death was Stalin, for whom the growing popularity of Kirov was beginning to be a threat, a witch-hunting campaign spread through which dozens of members of the highly prestigious party were arrested.

At the beginning of 1941, the staff of the Principal Directorate of State Security (GUGB) incorporated more than 46,000 civil servants, 120,000 soldiers and several hundred thousand informants. Since 1939 the geopolitical situation of the USSR had completely changed. In August of that year, the Soviet Union had signed a non-aggression pact with Hitler’s Germany that hid a cast of Eastern Europe. The rapid occupation of Poland by the two countries was proof of the contempt for democracy, sovereignty and status quo of both totalitarianisms, but for the Soviet case it meant something more. The immediate annexation of the Polish territories to the socialist republics of Belarus and Ukraine, and, after a few months, the occupation of Estonia, Latvia and Lithuania, Moldova and the so-called Winter War against Finland were the first continuation of the revolution since almost two decades ago. And it was done, as the Red Army had tried in 1921.

Gorbachev, who was fifty-four years old at the time, brought with him a key generational change, a “Gorbachev style.” Not only because he was a ruler “not ashamed” of his country, as the famous dissident Andréi Sakharov said, but also because he was an educated man who spoke without the typical jargon of the Soviet Communists, who had traveled and who, moreover, counted with the important asset of his wife, Raisa. The Gorbachev couple represented a symptom of modernization and openness towards women in an extraordinarily closed and masculinized political world.
There had also been a generational change in the secret police. Since the death of Stalin, and with its peak in the 1980s, the KGB had become the Soviet institution with the highest percentage of members of the CPSU. Controlled by the party and increasingly intertwined with its members, the politicization of the agency was inevitable.
Gorbachev had expelled Chebrikov for personal differences in 1986 and replaced him with Vladimir Kryuchkov. It was an attempt to have someone close to him who could take the reforms he planned to make. However, the radicality of these and the problems that began to emerge, the instability, the risk of fragmentation and civil war, scared many people within the KGB. This led Kryuchkov himself to organize, together with other senior officials of the agency, a hard-line coup during Gorbachev’s vacation in August 1991. The coup was aimed not so much to replace Gorbachev as to make him realize the situation and involve him in the repression that they considered necessary to maintain the country. Gorbachev was not willing to give in and the coup failed. This caused the party to fall apart and, with it, the KGB.
Meanwhile the KGB had been trying to hide the economic means and the real estate that it had in the socialist countries of Eastern Europe. In view of the disappearance of his comrades in the German Democratic Republic, Poland and other countries, it seemed urgent to sever the existing ties and hide what was possible from their operational work. The fear – justified – that the end of the secret police in the other countries of the real socialism supposed the unmasking of its officials and confidants prompted a quick campaign to repel their forces.
Shortly before the Soviet state was dissolved, the KGB was divided into a series of agencies that soon came under the direct control of the Russian Federation. After the collapse of the USSR, these structures were formally abolished, although in practice some of them were transformed into the Federal Security Service (FSB).

(La Securitate) The Romanian security institutions that still existed were considerably reduced in several steps after August 23, 1944 (the coup d’état promoted by King Michael I to get Romania out of the war and into the Allied camp). However, the institutional structures with their staff were initially maintained. The Romanian security apparatus remained intact, under limited Soviet control. There was a personnel policy based on the integration of the previous secret services (the so-called Siguranţă, Security). The repression was also relatively lax until 1946, with the use of special courts but not so much of the secret police. In 1945, Romania, with 16 million inhabitants, had around 15,000 political prisoners.
Until this moment the main enemy of the opposition to the Sovietization was the Soviet NKVD that, with the support of the Red Army troops, was carrying out the repression and the disarming of the potential antagonists to the assumption of the power by the communists The next stage of repression, already in charge of the new political police, the Securitate, began in 1948, with the full establishment of Stalinist-type socialism. It was the time when the anti-communist armed resistance was shown in a more complex and comprehensive manner, with representation in all parts of the country. During this time there were twelve zones of resistance.
In August 1948, the General Directorate for People’s Security (Direcţia Generală a Securităţii Poporului, DGSP) or Securitate was created. His chief was the Soviet citizen Pantelimon Bodnarenko, who took the Romanian name of Gheorghe Pintilie to hide his provenance. He was not the only one. A significant number of Soviet “advisers” with false names were inserted into the security forces.
Formally, the Securitate continued under the invocation of the Ministry of the Interior, but through the participation of Pintilie in the Central Committee the control of the organization by the Communist Party was assured. The fact that Pintilie was a Soviet agent allowed spying on and monitoring even the most important charges of the party without anyone’s knowledge other than the Soviet authorities (something rather unusual within the communist police).
The Securitate had an important external action directed so much to extend a positive image of the regime like persecuting and annulling the dissidence and the critic of the exiled ones. One of the usual actions of the DS abroad was to expand the personality cult of Ceauşescu, already developed in the interior of the country, paying publications of the president’s hagiographies and of his wife’s books -not actually written by her. This gave rise to numerous problems, such as the defection of some of those responsible for this propaganda, who fled the country leaving the regime in ridicule.
Throughout the seventies and the first of the eighties there were attacks and poisonings of dissidents, some successfully: a bomb against the headquarters of Radio Free Europe (Radio Free Europe) in Munich and the sending of bombs from Madrid against opponents in exile.
In March 1978 the police were reorganized and the Department of State Security (Departamentul Securităţii Statului, DSS) was created within the Ministry of the Interior. His boss became Minister Secretary of State. The DSS inherited the whole structure of the DS with minor changes and kept it until its abolition on December 30, 1989.

(Stasi) Although the precedent of the German Interior Administration (Deutsche Verwaltung des Innern) existed between 1946 and 1950, the East German secret police only emerged as such from 1950.164 By then, the German Communist Party (KPD) had united with the Social Democratic Party (SPD) to form the Unified Socialist Party of Germany (SED), which would be the governing party of Communist Germany until 1989.
After the western decision to form the German Federal Republic, both the German Communists and the USSR opted for the solution of the two states. In the “Soviet zone” (the German Democratic Republic, GDR) a completely new police force was established. Although there were certain provisions of the Allied Control Council after the defeat of Germany that imposed the maintenance of law and order on the German police as sole tasks, the Soviet authorities promoted a secret police. In the first years there was a strong presence of Soviet instructors who even decided the fields of work.
The first years of the Stasi followed the typical Stalinist dynamic: persecution of all opposition (including, in this case, war criminals and prominent Nazis), implementation of agrarian reform by force, control of the Evangelical Church -and, in lesser extent, of the few Catholics who had remained in the area – and, above all, the fight against “imperialist” espionage. In this case, there was a point of reason. The Anti-Inhumanity Group (Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, KgU), formed by socialists who had been in the resistance against Hitler, carried out numerous sabotages against telephone lines, electrical networks, railway machinery and railways, actions that cost millions from Marcos. Funded by the Central American Intelligence Agency (CIA) at least since 1949, he has been accused of having caused some deaths, although the available documents do not seem to confirm the hypothesis. It is true that in 1951 the KgU carried out an attack with phosphorus blisters in a department store in Leipzig. The group was harshly persecuted: at least 1,072 members were arrested, of which 121 were shot by the Soviets and five by the justice of the GDR. The KgU disappeared partly due to repression and partly because it lost the support of the American secret services.
After the appointment of Honecker as secretary general of the SED in 1971 and the dismissal of Ulbricht, Mielke gained influence within the party. It was the golden years of the Stasi, when it maintained a clear independence and important growth. The reputation of omnipotence, the belief that he knew everything and was everywhere, settled then.
The Perestroika changed things. Unable to understand the spirit of the time, Erich Mielke confronted the Soviets, criticizing Mikhail Gorbachev and the new course. After the fall of Honecker in October 1989, his successor, Egon Krenz, proclaimed the beginning of “dialogue”. This caused the Stasi not to persecute or use violence against the protesters – something much criticized among its own members, who realized that without repression the system would not be able to last. Mielke was arrested on December 7. The new prime minister of the GDR, Hans Modrow, announced that the MfS would become the Office of National Security (Amt für Nationale Sicherheit, AfNS). The People’s Chamber, the new Parliament, elected Deputy Minister of Mielke, Wolfgang Schwanitz, to lead it. However, soon after it was decided to completely dissolve the security of the State. With the immediate reunification with the other Germany, any possibility of the Stasi continuing was forbidden.

With the fall of the regimes of state socialism in 1989, the political police were deactivated in most countries. In some cases radically – as in the former, Czechoslovakia or Baltic countries – and in others more slowly – as in Poland. In Romania and Bulgaria, the respective policemen would maintain an enormous quota of power and would condition in a certain way the step towards parliamentary democracy. Differences in the dissolution of the police would also depend to a large extent on their Aufarbeitung, that is, the historical and political evaluation of their actions and their crimes. This evaluation has been possible thanks to the legacy that the secret police left in the form of large amounts of archival materials.

Spain, as a State, was not different from other Western countries. The Stasi was interested from the beginning in matters related to the Army, that is, the real military capabilities of Spain and their situation within the Western defensive schemes. The Spanish secret services (those formed by Luis Carrero Blanco, but even the Higher Information Center of Defense (CESID) in the democratic stage) were also in their sights, although it does not appear that the Stasi obtained first-hand data. Much of this information came from open sources (press, published monographs, literature, etc.), and collect them, despite stereotypes, is the usual work of any spy or member of a security police.
It is interesting to see how the Stasi affirmed – citing American internal sources – that, at the end of the 1970s, the United States did not seem very enthusiastic about the possible Spanish participation in NATO because the bilateral treaties were more advantageous to it. Then the situation changed and the three political policemen discussed here devoted many pages to glossing the variations of the successive governments in their acceptance or not of NATO, especially in the case of the Spanish Socialist Workers Party (PSOE) of Felipe González. The Stasi obtained a large amount of reliable information about the socialist governments through their topos in the Social Democratic Party of West Germany (SPD).
The period of the Spanish Transition was followed with great interest. In the archives there are many reports about the changes and transformations that have emerged since the death of Franco. It was also the era in which direct diplomatic relations began to be established.
Apart from the personal contacts that we have mentioned, the follow-up of ETA and the other terrorist organizations was carried out mainly through the press and open access materials. But they could also consult the confidential reports of Western governments -generally North American governments-, which often came from the USSR and translated into Russian, which suggests that the KGB had obtained them and then distributed them in the process of collaboration between services. communist security.
The embassies of Spain were always watched, although with varying degrees of success. In the 1980s, the Stasi possessed images, maps and all kinds of information about the physical location of the legation and the places where the diplomats lived, including photos and complete descriptions of its interior. Habitually, the telephones were operated and controlled. The ambassador’s support staff often acted as an informer for the Stasi. For some time, a Spanish woman who worked at the legation (“IM Sophia”) also passed information to the Stasi, which they captured in 1982 using a border incident and relying on their leftist convictions.

Czechoslovakia carried out a very rapid purge of former communists that initially proved to be a model for the region. In 1989 the Minister of the Interior prohibited the members of the political police from acting and ended up dissolving it. A law of October 1991 obliged a good part of the officials and those who worked for the State to obtain certification that they had not been informants of the secret police. To this end, a special agency was created, under the Ministry of the Interior, the Department of Documentation and Persecution of the Crimes of Communism (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ÚDV). The action of this department was above all official and did not allow access to the archives, although in theory they were mostly open (those of the State Security were opened as of the Law of April 26, 1996). Compared to the case of the GDR or Poland, Czech historians seemed to be less in a hurry to review the documentation of the communist dictatorship.
In Bulgaria there were several attempts to open the archives of the police, but until 1997 the corresponding law was not promulgated, which also implied that the civil servants had to undergo a test to know if they had been informants of the secret services. However, in 2002, with the Law on State Secrets, the archives were closed again. Simeon of Bulgaria and his party, the National Movement, wanted to keep them closed, but a political change led to the adoption in 2006 of a new law and the creation of the Committee for the Opening of Documents and the Ownership of Bulgarian Citizens to State Security. and to the Intelligence Services of the Bulgarian People’s Army (Komitsiia za razkrivane na dokumentite i za obyavyavane na prinadlezhnost na bŭlgarski grazhdani kŭm Dŭrzhavna sigurnost i razuznavatelnite sluzhbi na Bŭlgarskata narodna armiya, COMDOS). Despite its extremely bureaucratic name, this committee is, in essence, a replica – adapted to the idiosyncrasy of Bulgarian society – of Central European memory centers.
Little by little, through joint commissions, publications and a large number of seminars and international congresses – of which the Polish IPN has been a pioneer -, the centers of Central European memory.
Little by little, through joint commissions, publications and a large number of seminars and international conferences – of which the Polish IPN has been a pioneer – memory centers have created a style of work and an international collaboration structure. that already allow to speak of an established model of evaluation of the past and of historical investigation on the materials of the political police.

In general, in all these countries the coming to power of populist parties or characters at different times in the last twenty years created an environment in which everyone was guilty until proven otherwise and, sometimes, even so. Characters such as Lech Wałęsa, who have been exonerated from serious charges by the polishing institutions themselves, remain under suspicion, as it is claimed that this is due to the disappearance – for obscure reasons and through obscure agents – of the archival documents.
Even the undeniable qualities of Wałęsa to organize and unite an opposition dispersed until then, and his undisputed leadership were increasingly questioned through the staging of scandals in the media. In this way, his figure became the palpable representation of a transition detested by a part of the population for being-presumably-incomplete, failed, agreed upon. To get there Wałęsa had come a long way: from being a simple fatherless orphan worker who became a union leader full of irony and influence to become the discussed president, to end up being a spent and persecuted myth, more respected in the abroad than in his homeland. Although this process of deconstruction of the myth had its origin in the information about its dossier in the communist political police, it also reflected a much deeper and deeper malaise that, in the long run, would explode in the triumph of the ultranationalism of the Law and Justice (PiS) party. In the elections of 2015. Years later, the use of secret police materials was intertwined with fatigue for the transformation of the country towards a globalized capitalism that was raising fewer and fewer adhesions.

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