Entre El Ruido Y La Furia. El Fracaso Del Bipartidismo En España — Tom Burns Marañón / Between Noise and Fury. The Failure Of Bipartisanship In Spain by Tom Burns Marañón (spanish book edition)

Me ha parecido un interesante ensayo que debe ser leído aunque yo no coincido con las loas al papel del rey de España
Una crisis constitucional es fruto de un conjunto de circunstancias y entre ellas siempre figuran dos. Una es el descuido y la dejadez, la mediocridad y hasta la inmoralidad de un régimen político que muestra estar próximo al agotamiento. La otra es la irrupción de bruscos cambios en el entorno socioeconómico que el sistema es incapaz de encauzar y que aceleran su extenuación. Una crisis constitucional no es un accidente fortuito.
Toda quiebra de la legalidad tiene un prolongado periodo de gestación y, en ausencia de medidas para detectar y detener el proceso, el acaecimiento pilla al poder desprevenido.
La proclamación de la República catalana fue meticulosamente preparada en unos años de dura recesión económica que causaron fuertes brechas sociales, removieron sentimientos identitarios y fomentaron movimientos populistas. La discusión sobre si se pudo evitar la ruptura durará en el tiempo. Sin embargo, es incuestionable que las crecientes pretensiones nacionalistas, canalizadas en el llamado procés, fueron ignoradas por un renqueante sistema político español. También fueron obviadas por unas autocomplacientes elites empresariales en Cataluña que tenían todas las de perder con una secesión.
Una vez consumada, la bravata independentista fracturó la sociedad catalana y enojó hondamente a la del resto de España, donde despertó entusiasmos patrióticos que se creían pertenecientes a otra época. También provocó una angustiada introspección en la generación que vivió con ilusión y confianza el tránsito de la dictadura a la democracia.
Se había esfumado el espíritu reconciliador de la Transición política.

El papel de la Corona como promotora y baluarte del constitucionalismo en España. En esta función primordial de la institución reside la clave de su consolidación en un país que, por razones históricas, carece de hondos afectos monárquicos.
Juan Carlos I amparó el pluralismo político y desarmó la asonada militar que quiso reimponer el franquismo en la primera crisis constitucional de la Monarquía parlamentaria en febrero de 1981. En la segunda, en octubre de 2017, Felipe VI defendió el Estado de Derecho y la unidad de España ante la sediciosa proclamación de la República catalana. En ambos casos, la Corona tomó la iniciativa ante una clase política vacilante y en un entorno sumido en la incertidumbre.
Los dos golpes de Estado, el de 1981 y el de 2017, fueron muy distintos, pero en ambos casos la intervención de la Corona consistió en enmendar una pésima actuación de los poderes públicos. El ejercicio de la jefatura del Estado se dirigió a enderezar a los pusilánimes y a fustigar a los rebeldes.
La Corona simboliza la unidad y la permanencia del Estado, y su deber constitucional es arbitrar y moderar el regular funcionamiento de sus instituciones. Don Juan Carlos y don Felipe actuaron en función de ello al inicio de sus respectivos reinados. Sin embargo, si una primera crisis constitucional pudo ser solventada de manera expeditiva, la segunda representaba una amenaza mucho más problemática que duraría en el tiempo.
Don Felipe corrió peor suerte. En 2017 España, como toda sociedad posmoderna, era menos inteligible y el desafío, al ser civil y no militar, era más complejo. En lugar de recoger velas, el golpismo soberanista y el populismo izquierdista hicieron un pulso.
Cuando se alzan voces en una sociedad fracturada por la Gran Recesión que reclaman una mayor participación democrática, los mensajes y los comportamientos son distintos. Son ya otros tiempos y España es otro país. En Cataluña, los políticos nacionalistas llevan décadas al frente de la educación, la cultura y los medios públicos.
Don Felipe dio su propio puñetazo en la mesa el 3 de octubre de 2017 en la retransmisión de su discurso a las nueve de la noche. Exigió que los «legítimos poderes del Estado» asegurasen el «orden constitucional» ante la situación de «extrema gravedad en Cataluña». Sin embargo, una cosa es dar órdenes a la cadena del mando militar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y otra es, como rey constitucional, instar conductas a dirigentes políticos refractarios.
El líder de la sedición acudió al mismo medio televisivo y a la misma hora de prime time el día siguiente para enfrentarse directamente al Rey. Carles Puigdemont, máxima autoridad de la Generalitat, le dijo «así no» a don Felipe y reiteró su desplante a la Constitución que el Rey había calificado la víspera como «deslealtad inadmisible».
En 2017 volvió a producirse una crisis constitucional por culpa de la ineptitud de unos y de la iniquidad de otros. De nuevo, la Corona tenía que enfrentarse a gravísimas circunstancias. La diferencia era que don Felipe no tenía la auctoritas y la función tutelar sobre la clase política de la cual gozaba don Juan Carlos en el comienzo de su reinado.
Las movilizaciones soberanistas aumentaron en el último trimestre de 2017, se proclamó la República catalana y Puigdemont, ya expresidente de la Generalitat, dijo que Cataluña sufría «los peores ataques desde los decretos del dictador Franco». Cuando las multitudes que tomaban las calles en Barcelona bramaban eso mismo, la tarea fundamental de don Felipe, que es ser el Rey de todos los españoles, se complicó.
Su labor era aún más difícil porque el populismo de izquierdas seguía siendo el elefante en el salón constitucional. Iglesias, que creó Podemos a partir del Movimiento 15-M, clamaba por una «nueva España» que sería «social, republicana y plurinacional».

La irrupción de noveles partidos fue sólo cuestión de tiempo porque el terreno del desencanto estaba bien abonado por la corrupción política y por la crisis económica. Y al comienzo de esta nueva obra, los aparatos de las dos disminuidas formaciones dinásticas se refugiaron en sus cuarteles de invierno ante el resquebrajamiento del sistema. Intentaron con mayor pena que gloria el cese de hostilidades entre ellos.
El guión de este primer acto de la nueva función era el de un camino de vuelta hacia el modelo de la partitocracia de un poder bicéfalo. Se quiso despolitizar un ambiente enrarecido y gestionar con eficacia tecnocrática una recuperación económica para que las aguas volviesen a su cauce natural.
La estrategia, sin embargo, falló estrepitosamente cuando la militancia del PSOE hizo oídos sordos a lo que recomendaba el aparato de centroizquierda y optó por rechazar cualquier cohabitación con el centroderecha. A partir de 2015, el radicalismo había sustituido al consenso que había surgido en 1975.

El potencial desestabilizador de otro desplome del Partido Socialista, quizás el definitivo, fue todavía mayor porque, más allá de su longevidad y experiencia como partido de gobierno, el PSOE era el primordial entre las dos organizaciones dinásticas en la construcción de la arquitectura constitucional. En realidad fue la piedra angular del sistema. Siendo una formación formalmente republicana cuya relación con la Corona fue siempre «accidentalista», el Partido Socialista contribuyó de manera decisiva a la consolidación de la Monarquía parlamentaria.
El meollo del dilema era que el PSOE ya no podía presumir de ser el partido hegemónico de la izquierda española. Esto se lo disputaba Podemos. Y el drama real y humano del aparato del Partido Socialista era que tenía que «colocar» a sus cuadros de acuerdo con el reparto clientelar que era el asunto medular del viejo sistema. Por ello, en determinados gobiernos regionales y ayuntamientos pactó con Podemos y con sus aliados, las llamadas «confluencias», para hacerse con los cargos que ocupaban miembros del PP.
Era una situación esquizofrénica que denotaba la frágil unidad de un partido que en otra época se distinguía por su disciplina. El PSOE tenía unos aliados radicales en las administraciones autonómicas y locales.
En España la quiebra tuvo una deriva propia. Los dirigentes de los distintos movimientos populistas emergentes, izquierdistas y nacionalistas, calificaron el acuerdo constitucional de la Transición como un «candado» y su irrupción en las instituciones dejó a España políticamente petrificada. En distintas esferas la Gran Recesión seguía cobrando la factura de mucho exceso previo.
A la vez, el relativismo reinante ciertamente daba rienda suelta a muchos despropósitos excéntricos. Otro enfoque era que se había entrado, y ya sin vuelta atrás a partir de 2008, en un terreno desconocido que se dio en llamar el «nuevo normal». El argumento consistía en que esta vez «todo sería distinto».
En España, los mapas teóricos de esta tierra ignota fueron esbozados durante el sorprendente paso por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue una figura política hecha a la medida del Anticristo de Soloviev. Abonó una nueva sensibilidad que cuajó en una ruptura con la anterior como corresponde a todo fin de ciclo.

La herencia que dejó Rodríguez Zapatero al PSOE no fue menos amarga. El PP consiguió la mayoría absoluta, y el mejor resultado de su historia, en las elecciones generales de 2011 porque más de tres millones de votantes del PSOE se quedaron en casa. En las elecciones de 2015 el Partido Socialista sufrió una nueva sangría electoral y la izquierda radical que representaban Podemos y sus aliados periféricos le pisaba los talones como fuerza hegemónica de la izquierda. En los dos años siguientes la fortuna del PSOE fue de mal en peor.
El legado de Rodríguez Zapatero fue catastrófico para las cuentas públicas. Una contracción económica era inevitable en España, como en el resto de su entorno, como consecuencia del hundimiento de Lehman Brothers y el crack en Wall Street. Pero la crisis fue particularmente grave para los españoles porque el Gobierno socialista primero negó su existencia y luego reaccionó tarde y mal. ¿Lo hubiera hecho igual un Gobierno no presidido por Rodríguez Zapatero? Sólo cabe contestar que difícilmente lo hubiera hecho peor.
La herencia que dejó el dirigente leonés fue, también, calamitosa en el plano político. Lo fue para el PSOE porque perforó con varios grandes agujeros el robusto suelo electoral socialista que había creado Felipe González. Y lo fue también para el sistema bipartidista y la convivencia que había durado casi cuarenta años. Sus dos legislaturas estuvieron marcadas por el pensamiento desordenado, el sectarismo y la polarización. La Monarquía parlamentaria no saldría indemne.

La discusión crítica sobre la sucesión de don Juan Carlos en la persona de don Felipe tenía tres hilos conductores en el cuestionamiento de la permanencia de la Corona. Cada uno de ellos respondía a una experiencia generacional y todos pedían lo mismo, que era el fin de la Monarquía. El guión de unos y de otros tenía que estar en la mente del Rey, que preparaba su abdicación, y en la del príncipe de Asturias, que se disponía a asumir el legado.
El primer argumento era el de los juancarlistas, es decir, los que eran «accidentalmente» monárquicos. En su caso, el «sagrado depósito de la historia» que custodiaban era el de una fe republicana que, por regla general, era tan melancólica como la de los legitimistas monárquicos. Era un «depósito» que había sido traspasado de padres a hijos, como ocurría en las familias adictas a la Corona, y era igual de «sagrado».
El discurso de los «accidentalistas», educado y pleno de afecto, le decía dos cosas a don Juan Carlos. La primera era: gracias por haber hecho posible que quienes perdimos la guerra hayamos podido recuperar la democracia que nos fue arrebatada. El segundo mensaje, consecuencia del primero, era: ahora, con la misión cumplida, retírense Vuestra Majestad y su descendencia con todas nuestras bendiciones.
Don Juan Carlos, sucesor de Franco a título de rey, había cumplido con el deber de mostrar la «utilidad» de la Corona y su provecho y su servicio ya no eran necesarios; había actuado de una manera providencial y, con la democracia consolidada, una etapa transitoria había quedado ampliamente superada. Los españoles eran ya «mayores de edad» y su tutelaje por una jefatura del Estado hereditaria ofendía la racionalidad.
El discurso de los segundos era el de los «nietos». Se mostraba hostil a la Corona porque quienes nacieron ya en democracia hacia finales del siglo pasado discrepaban radicalmente con el relato de la generación de la Transición. No participaban en la ilusión que generaron la reconciliación, las primeras elecciones y la apertura a Europa porque no la vivieron y porque sus mayores no supieron transmitirla. Ellos, como generaciones anteriores, partían de cero.
Quedaba el tercer discurso, que era el de los independentistas y, concretamente, el movimiento secesionista en Cataluña. En las elecciones europeas de mayo de 2014 Podemos, que había sido inscrito como partido escasamente tres meses antes, encendió una luz de alarma cuando consiguió más de 1,2 millones de votos y cinco escaños. Otra la iluminó la coalición L’Esquerra pel Dret de Decidir, liderada por Esquerra Republicana de Catalunya, que obtuvo más de 600.000 votos y dos escaños.
El problema territorial que heredó Felipe VI fue, en gran parte, la consecuencia de las políticas cortoplacistas que los partidos dinásticos nacionales emplearon en Cataluña durante el reinado de su padre. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), fuertemente implantado en Barcelona y su área metropolitana, fue un dique de contención para frenar cualquier marejada secesionista durante gran parte del reinado de don Juan Carlos. En los años de Rodríguez Zapatero dejó de serlo. El Partido Popular, por su parte, pronto perdió un discurso coherente de catalanismo moderado y, de haberlo tenido, carecía de personalidades catalanas para comunicarlo.
La poca naturalidad, delicadeza e inteligencia que mostró el sistema bipartidista ante la muy evidente peculiaridad de lo catalán no ha de sorprender. Fue fruto de la tupida endogamia de los aparatos que controlaban los partidos y ahuyentaban a los mejores. La partitocracia ignoraba la complejidad de la política tanto como despreciaba la transparencia y desconocía cualquier requerimiento de rendir cuentas.
Junto con el problema catalán, don Felipe heredó la descomposición del sistema político que estuvo vigente en el anterior reinado. Los mimbres para regenerar la Monarquía parlamentaria inspiraban poca confianza.

Cuatro décadas después, don Felipe no pudo encauzar un acuerdo generacional por la sencilla razón de que tal consenso no existía. España no solo estaba fracturada económicamente por la Gran Recesión, sino que también lo estaba políticamente por el irresuelto problema territorial y emocionalmente por el desencuentro que había supuesto la Ley de Memoria Histórica.
En el capítulo de grandes cuestiones del Estado, Felipe VI habló del problema catalán. Lo hizo con sensibilidad: «Millones de españoles llevan, llevamos, a Cataluña en el corazón. Como también para millones de catalanes los demás españoles forman parte de su propio ser. Por eso me duele y me preocupa que se puedan producir fracturas emocionales, desafectos o rechazos entre familias, amigos o ciudadanos».
Para don Felipe «nadie en España es hoy adversario de nadie». Tristemente, en agosto de 2017 pudo comprobar como testigo directo en el paseo de Gràcia de Barcelona cómo los hooligans del soberanismo no le consideraban adversario, sino enemigo.
Don Felipe tenía un claro diseño de liderazgo cuando sucedió a su padre y un plan de actuaciones para explicarlo. Ejerció la ejemplaridad reduciendo el presupuesto de la Casa Real e introduciendo transparencia a sus cuentas. Puso la ética en la vida pública en el centro de sus discursos institucionales. Viajó cuanto pudo a Cataluña y ahí habló en catalán. ¿Con ello se salvaba la Monarquía parlamentaria?.
El problema que se le planteó a Felipe VI fue especialmente complicado por tres razones. La primera fue que en España no había experiencia alguna de un Gobierno de coalición a nivel nacional, y los acuerdos de gobierno a nivel autonómico y local entre tres y hasta cinco partidos distaban mucho de ser satisfactorios. A nivel nacional, y esta fue la segunda razón, la ambición y la vanidad de cada uno de los líderes políticos, y el desprecio y la desconfianza mutua que se profesaban, hacía imposible que cualquiera de ellos diese un paso atrás, o adelante, ni siquiera de manera transitoria, en beneficio de una gobernabilidad para todos.
La tercera razón era que don Felipe, al estar severamente limitada su capacidad de maniobra por la Constitución, no pudo actuar como lo hizo don Juan Carlos en la etapa preconstitucional al principio de su reinado. Como rey, y al igual que don Juan Carlos, Felipe VI tenía un papel no escrito en la Constitución que le permitía aconsejar, advertir y animar a los políticos de turno. Pero, precisamente por no estar reconocida esta atribución, negro sobre blanco, los políticos de la Monarquía parlamentaria no tenían que hacerle caso al Monarca constitucional. Y no se lo hicieron.
La Corona, al estar por encima de la política y ajena a ella, no puede estar directamente involucrada en el éxito o en el fracaso de una votación de investidura a la presidencia del Gobierno. La reputación de la Corona no ha de estar a merced de la prudente aprensión o de la insensata ambición de un líder político o de otro.
Para cumplir con su papel mediador y de arbitraje, la Corona ha de contar con las herramientas constitucionales para hacerlo. Ha de poder pegar un puñetazo en la mesa y decirle, por poner un ejemplo, a Mariano Rajoy el 22 de enero de 2016 que se presente a la votación de investidura o que dimita y se aleje de la vida pública. Y esta potestad ha de ser entendida y aplaudida por la ciudadanía.
Al año y medio del comienzo de su reinado, don Felipe se enfrentó a una crisis política de envergadura debido al inconcluso resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. No pudo contar con la lealtad de los partidos dinásticos porque, al fraccionarse el Parlamento y desaparecer cualquier atisbo de consenso, éstos ya no estaban en situación de poder garantizar estabilidad alguna. Lo peor fue que la tercera fuerza parlamentaria, prácticamente empatada con la segunda, que era el PSOE, la formaba la izquierda radical, antisistema y abiertamente republicana.

Iglesias y los suyos eran los representantes perfectos de una generación, la llamada X, nacida a mediados de la década de 1960, que había sido machacada por la Gran Recesión, y lo eran también de la siguiente, la generación de los millennials, cuya trituración fue aún mayor. Comprendieron cómo las generaciones anteriores, los llamados baby boomers de la posguerra, habían atrofiado el futuro de los menores de treinta y cinco años con su alocado y egoísta endeudamiento, y cómo, de paso, habían quebrado el medioambiente con su codicia energética. En términos generales, Podemos representaba y organizaba la enrabietada ética y la estética rebelde de los desengañados por el «buenismo».
Con la Gran Recesión el populismo se hizo presente en sociedades avanzadas con el apoyo de una clase media trabajadora cuyo empleo había desaparecido debido a la deslocalización que permite una economía global. Eran los rezagados en el Estado del Bienestar, que crecientemente se sentían excluidos del sistema y, por lo tanto, votaron a favor del proteccionismo y de políticas antiinmigratorias.
En España, los rezagados eran los jóvenes excluidos del mercado laboral, que nunca podrían compartir las aspiraciones materiales de sus padres y de sus abuelos. Votaron a Podemos aquéllos a quienes los partidos dinásticos de la Transición habían «dejado atrás». Los líderes de la izquierda populista española pudieron cosechar el pensamiento desordenado que marcó el paso por el poder de Rodríguez Zapatero y los recortes sociales que inició el presidente del Gobierno socialista, que luego aceleró su sucesor del Partido Popular.

Este ensayo ha sostenido que el fracaso del bipartidismo que se constituyó a partir de la Transición se debió a su mutación en una partitocracia reacia a la renovación política. Los partidos dinásticos mostraron muy poco entusiasmo por fortalecerse como organizaciones abiertas y dinámicas, financieramente transparentes y meticulosas a la hora de rendir cuentas de sus asuntos internos. Por tales y otras deficiencias estaban mal equipados para enfrentar los retos de la Gran Recesión, y la mitad del electorado no los votó en las elecciones de diciembre de 2015.
El fracaso de unos facilitó el triunfo de otros. Las carencias del PP y del PSOE ya eran indiscutibles a finales del reinado de don Juan Carlos y tanto Podemos como Ciudadanos cumplieron el papel del huevo o el de la gallina en su humillación electoral: los partidos insurgentes se beneficiaron de la frustración de los votantes con los partidos dinásticos tras haber, previamente, alentado la insatisfacción con la partitocracia.
Ciertamente, el centroizquierda renovó su liderazgo.
El problema del PP fue doble. Había perdido la confianza de la tercera parte de sus votantes, lo cual era malo, y no quiso darse por enterado de ello, lo cual era peor. Después de las elecciones de diciembre de 2015 y después de las de mayo de 2016, los correligionarios de Rajoy aceptaron la «falsa noticia», y dieron por buena la «posverdad», de que el PP había «triunfado». Nadie en las altas esferas del centroderecha cuestionó la continuación del liderazgo de Rajoy.
No hubo revuelta palaciega alguna, por la sencilla razón de que nadie ocupaba un alto cargo en el aparato del PP ni se sentaba en la mesa del Consejo de Ministros en función de la independencia de su criterio. No había lugar para «versos sueltos».

Cuando se vean en perspectiva el ruido y la furia del comienzo del reinado de Felipe VI y el fracaso del bipartidismo se culpará, seguramente a partes iguales, tanto al retraimiento de uno de los partidos dinásticos como al aventurismo del otro. El PP abandonó el liberalismo modernizador del periodo de Aznar y el PSOE renunció a la socialdemocracia moderada de la época de González. En cada caso se trataba de desandar el camino que habían emprendido sus anteriores líderes.
La continuidad del bipartidismo requiere la complicidad y la evolución sensata de sus dos componentes. Sólo así puede funcionar una alternancia de poder en la cual se construye sobre lo válido que legisló el partido contrario en la anterior legislatura. El adanismo, que deroga todo y comienza de nuevo, es la antítesis de un bien ordenado sistema representativo y lo acaba destruyendo. La continuidad se quiebra cuando un partido rehúye toda renovación y el otro emprende una carrera zigzagueante en terreno desconocido. Pero hay más.
Las reglas del juego del bipartidismo exigen un nivel de respeto hacia el adversario que se basa en el reconocimiento de que los dos principales socios del sistema político se legitiman mutuamente. El combate dialéctico debe ser duro, pero tiene sus límites. El principal de éstos es que no puede cuestionar la honradez del contrario y su derecho a desarrollar las políticas de su programa electoral.
Las consecuencias de este cambio estratégico estaban por desarrollarse en el invierno de 2017, pero por primera vez en cuarenta años de Monarquía parlamentaria el tema de un Frente Popular dominaba una parte de la conversación. La otra parte se centraba en la quiebra territorial que planteaba el soberanismo catalán.
Cabe, para dar por concluido este ensayo, subrayar un apunte que tiene que ver con el inmovilismo que implantó Mariano Rajoy en el centroderecha. El tiempo se encargará de juzgar las luces y las sombras del político gallego en su paso por el poder. Entre las segundas figurarán el rechazo de la renovación y la negación de cualquier ejercicio rectificador.
Lo llamativo del retorno de Sánchez al liderazgo del PSOE en mayo de 2017 fue cómo su discurso de echar a Rajoy a toda costa del Gobierno estuvo siempre jaleado por la militancia y le aseguró un claro triunfo en las elecciones primarias que designaron al secretario general del PSOE. Los jerarcas del partido y el Comité Federal le habían defenestrado precisamente por su terca oposición a la investidura como presidente del Gobierno del líder del Partido Popular. Sin embargo, resultó que era Sánchez y no ellos quien estaba en sintonía con el sentir de una amplia franja del electorado y, por descontado, con el de la izquierda.
El bipartidismo había fracasado. La centralidad que conformaban dos grandes partidos se hundió justo cuando el soberanismo catalán provocaba una crisis constitucional de indudable envergadura.

I thought it was an interesting essay that should be read, even though I do not agree with the loas on the role of the King of Spain.
A constitutional crisis is the result of a set of circumstances and between them there are always two. One is neglect and carelessness, mediocrity and even the immorality of a political regime that shows to be close to exhaustion. The other is the irruption of abrupt changes in the socioeconomic environment that the system is unable to channel and that accelerate its exhaustion. A constitutional crisis is not a fortuitous accident.
Every bankruptcy of the legality has a prolonged period of gestation and, in the absence of measures to detect and stop the process, the occurrence catches the unprepared power.
The proclamation of the Catalonian Republic was meticulously prepared in years of severe economic recession that caused strong social gaps, removed identity feelings and promoted populist movements. The discussion about whether the break could be avoided will last over time. However, it is unquestionable that the growing nationalist pretensions, channeled into the so-called proces, were ignored by a limping Spanish political system. They were also ignored by self-satisfied business elites in Catalonia who had all of them to lose with a secession.
Once consummated, the independence fractured Catalonian society and deeply angered the rest of Spain, where aroused patriotic enthusiasms that were believed to belong to another era. It also provoked an anguished introspection in the generation that lived with hope and confidence the transition from dictatorship to democracy.
The reconciling spirit of the Political Transition had vanished.

The role of the Crown as a promoter and bulwark of constitutionalism in Spain. In this primordial function of the institution lies the key to its consolidation in a country that, for historical reasons, lacks deep monarchical affections.
Juan Carlos I protected political pluralism and disarmed the military coup that wanted to reimpose the Franco regime in the first constitutional crisis of the parliamentary monarchy in February 1981. In the second, in October 2017, Felipe VI defended the rule of law and unity of Spain before the seditious proclamation of the Catalan Republic. In both cases, the Crown took the initiative before a vacillating political class and in an environment immersed in uncertainty.
The two coups, 1981 and 2017, were very different, but in both cases the intervention of the Crown consisted of amending a terrible performance of the public powers. The exercise of the leadership of the State was directed to straighten out the fainthearted and to lash out at the rebels.
The Crown symbolizes the unity and permanence of the State, and its constitutional duty is to arbitrate and moderate the regular functioning of its institutions. Don Juan Carlos and Don Felipe acted on this at the beginning of their respective reigns. However, if a first constitutional crisis could be solved expeditiously, the second represented a much more problematic threat that would last over time.
Don Felipe ran worse luck. In 2017 Spain, like all postmodern societies, was less intelligible and the challenge, being civil and not military, was more complex. Instead of collecting candles, the sovereignist coup and the leftist populism made a pulse.
When voices are raised in a society fractured by the Great Recession that demand greater democratic participation, the messages and behaviors are different. They are already other times and Spain is another country. In Catalonia, nationalist politicians have been at the forefront of education, culture and public media for decades.
Don Felipe gave his own punch at the table on October 3, 2017 in the broadcast of his speech at nine o’clock at night. He demanded that the “legitimate powers of the State” ensure the “constitutional order” in the situation of “extreme gravity in Catalonia”. However, it is one thing to give orders to the chain of military command as the supreme head of the Armed Forces and another is, as a constitutional king, to urge behaviors against refractory political leaders.
The leader of the sedition went to the same television medium and at the same time of prime time the next day to face the King directly. Carles Puigdemont, the highest authority of the Generalitat, said “no” to Don Felipe and reiterated his rebuttal to the Constitution that the King had described the day before as “inadmissible disloyalty.”
In 2017, a constitutional crisis again occurred because of the ineptitude of some and the iniquity of others. Again, the Crown had to face very serious circumstances. The difference was that Don Felipe did not have the auctoritas and the tutelary function over the political class that Don Juan Carlos enjoyed at the beginning of his reign.
The sovereign mobilizations increased in the last quarter of 2017, proclaimed the Catalan Republic and Puigdemont, already former president of the Generalitat, said that Catalonia suffered “the worst attacks since the decrees of the dictator Franco.” When the crowds that took to the streets in Barcelona bellowed that very thing, the fundamental task of Don Felipe, which is to be the King of all Spaniards, became complicated.
His work was even more difficult because left-wing populism was still the elephant in the constitutional hall. Iglesias, who created Podemos from the 15-M Movement, called for a “new Spain” that would be “social, republican and plurinational.”

The irruption of new parties was only a matter of time because the terrain of disenchantment was well paid by political corruption and the economic crisis. And at the beginning of this new work, the devices of the two diminished dynastic formations took refuge in their winter quarters before the cracking of the system. They tried with greater sorrow than glory the cessation of hostilities between them.
The script of this first act of the new function was that of a way back to the model of the partitocracy of a two-headed power. They wanted to depoliticize a rarefied environment and to manage with technocratic efficiency an economic recovery so that the waters returned to their natural course.
The strategy, however, failed miserably when the PSOE militancy turned a deaf ear to what was recommended by the center-left apparatus and chose to reject any cohabitation with the center-right. As of 2015, radicalism had replaced the consensus that had emerged in 1975.

The destabilizing potential of another collapse of the Socialist Party, perhaps the final one, was even greater because, beyond its longevity and experience as a governing party, the PSOE was the primordial between the two dynastic organizations in the construction of constitutional architecture. In fact, it was the cornerstone of the system. Being a formally republican formation whose relationship with the Crown was always «accidentalist», the Socialist Party contributed decisively to the consolidation of the parliamentary Monarchy.
The crux of the dilemma was that the PSOE could no longer claim to be the hegemonic party of the Spanish left. This was disputed by Podemos. And the real and human drama of the Socialist Party apparatus was that it had to “place” its cadres according to the clientelistic distribution that was the core issue of the old system. Therefore, in certain regional governments and municipalities agreed with Podemos and its allies, the so-called “confluences” to take over the positions occupied by members of the PP.
It was a schizophrenic situation that denoted the fragile unity of a party that at one time was distinguished by its discipline. The PSOE had radical allies in the regional and local administrations.
In Spain bankruptcy had its own drift. The leaders of the different emerging populist movements, leftists and nationalists, described the constitutional agreement of the Transition as a “lock” and its irruption in the institutions left Spain politically petrified. In different spheres the Great Recession was still charging the bill of much previous excess.
At the same time, the prevailing relativism certainly gave free rein to many eccentric nonsense. Another approach was that it had entered, and without turning back from 2008, into an unknown terrain that came to be called the “new normal.” The argument was that this time “everything would be different”.
In Spain, the theoretical maps of this unknown land were sketched during the surprising step by the Government of José Luis Rodríguez Zapatero. He was a political figure tailored to Soloviev’s Antichrist. It paid for a new sensibility that came together in a break with the previous one, as it corresponds to every end of the cycle.

The inheritance left by Rodríguez Zapatero to the PSOE was no less bitter. The PP obtained the absolute majority, and the best result of its history, in the general elections of 2011 because more than three million PSOE voters stayed at home. In the elections of 2015 the Socialist Party suffered a new electoral bleed and the radical left that represented Podemos and its peripheral allies was on his heels as hegemonic force of the left. In the two following years the PSOE fortune went from bad to worse.
The legacy of Rodríguez Zapatero was catastrophic for public accounts. An economic contraction was inevitable in Spain, as in the rest of its environment, as a result of the collapse of Lehman Brothers and the crack in Wall Street. But the crisis was particularly serious for the Spanish because the Socialist government first denied its existence and then reacted late and badly. Would a Government not presided by Rodríguez Zapatero have done the same? It is only possible to answer that it would hardly have done worse.
The legacy left by the Leonese leader was also calamitous on the political plane. It was for the PSOE because it perforated with several large holes the robust socialist electoral ground created by Felipe González. And it was also for the bipartisan system and the coexistence that had lasted almost forty years. His two legislatures were marked by disordered thinking, sectarianism and polarization. The parliamentary monarchy would not come out unscathed.

The critical discussion on the succession of Don Juan Carlos in the person of Don Felipe had three threads in the questioning of the permanence of the Crown. Each of them responded to a generational experience and everyone asked for the same, which was the end of the Monarchy. The script of some and others had to be in the mind of the King, who was preparing his abdication, and in that of the Prince of Asturias, who was preparing to assume the legacy.
The first argument was that of the juancarlistas, that is to say, those who were “accidentally” monarchists. In their case, the “sacred deposit of history” that they guarded was that of a republican faith that, as a rule, was as melancholic as that of the monarchist legitimists. It was a “deposit” that had been handed down from father to son, as was the case with families addicted to the Crown, and was equally “sacred.”
The discourse of the «accidentalists», educated and full of affection, told Don Juan Carlos two things. The first was: thanks for making it possible for those of us who lost the war to recover the democracy that was taken from us. The second message, as a consequence of the first, was: now, with the mission accomplished, your Majesty and his descendants with all our blessings should withdraw.
Don Juan Carlos, Franco’s successor as king, had fulfilled his duty to show the “usefulness” of the Crown and his profit and service were no longer necessary; it had acted in a providential way and, with consolidated democracy, a transitory stage had been largely overcome. The Spaniards were already “of age” and their tutelage by a hereditary head of state offended rationality.
The speech of the latter was that of the “grandchildren”. He was hostile to the Crown because those who were born in democracy towards the end of the last century disagreed radically with the story of the generation of the Transition. They did not participate in the illusion that generated the reconciliation, the first elections and the opening to Europe because they did not live it and because their elders did not know how to transmit it. They, like previous generations, started from scratch.
There remained the third speech, which was that of the independence movement and, specifically, the secessionist movement in Catalonia. In the May 2014 European elections Podemos, which had been registered as a party barely three months before, lit an alarm when it got more than 1.2 million votes and five seats. Another was illuminated by the coalition L’Esquerra pel Dret de Decidir, led by Esquerra Republicana de Catalunya, which won more than 600,000 votes and two seats.
The territorial problem that Felipe VI inherited was, in large part, the consequence of the short-term policies that the national dynastic parties used in Catalonia during the reign of their father. The Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), strongly implanted in Barcelona and its metropolitan area, was a dam to contain any secessionist storm during much of the reign of Don Juan Carlos. In the years of Rodríguez Zapatero he stopped being one. The Popular Party, for its part, soon lost a coherent discourse of moderate Catalanism and, if it had, lacked Catalan personalities to communicate it.
The lack of naturalness, delicacy and intelligence shown by the bipartisan system in the face of the very evident peculiarity of what is Catalan is not surprising. It was the fruit of the dense inbreeding of the devices that controlled the games and scared away the best. Partitocracy ignored the complexity of politics as much as it despised transparency and ignored any requirement to be accountable.
Along with the Catalan problem, Don Felipe inherited the decomposition of the political system that was in force in the previous reign. The osiers to regenerate the parliamentary monarchy inspired little confidence.

Four decades later, Don Felipe could not channel a generational agreement for the simple reason that such a consensus did not exist. Spain was not only fractured economically by the Great Recession, but also politically by the unresolved territorial problem and emotionally by the disagreement that had been the Law of Historical Memory.
In the chapter of great questions of the State, Felipe VI spoke of the Catalan problem. He did it with sensitivity: “Millions of Spaniards carry, we carry, Catalonia in our hearts. As also for millions of catalonians the other Spaniards are part of their own being. That is why it hurts me and I am worried that emotional fractures, disaffection or rejection may occur between families, friends or citizens ».
For Don Felipe “nobody in Spain is today the adversary of anyone”. Sadly, in August 2017 he was able to verify as a direct witness in the Passeig de Gràcia of Barcelona how the hooligans of sovereignty did not consider him an adversary, but an enemy.
Don Felipe had a clear leadership design when he succeeded his father and a plan of actions to explain it. He exercised the exemplarity by reducing the Royal House budget and introducing transparency to his accounts. He put ethics in public life at the center of his institutional discourses. He traveled as much as he could to Catalonia and spoke there in Catalan. With this the parliamentary Monarchy was saved ?.
The problem that was posed to Felipe VI was especially complicated for three reasons. The first was that in Spain there was no experience of a coalition government at the national level, and government agreements at the regional and local level between three and up to five parties were far from satisfactory. At the national level, and this was the second reason, the ambition and the vanity of each of the political leaders, and the contempt and mutual distrust that they professed, made it impossible for any of them to take a step back, or forward, or even temporarily, for the benefit of governance for all.
The third reason was that Don Felipe, being severely limited in his ability to maneuver by the Constitution, could not act as Don Juan Carlos did in the pre-constitutional stage at the beginning of his reign. As king, and like don Juan Carlos, Felipe VI had a paper not written in the Constitution that allowed him to advise, warn and encourage the politicians of the day. But, precisely because this attribution was not recognized, black on white, the politicians of the parliamentary Monarchy did not have to pay attention to the constitutional Monarchy. And they did not do it.
The Crown, being above politics and alien to it, can not be directly involved in the success or failure of an investiture vote for the presidency of the Government. The reputation of the Crown must not be at the mercy of prudent apprehension or the foolish ambition of one political leader or another.
To fulfill its mediating and arbitration role, the Crown must have the constitutional tools to do so. He must be able to punch a punch on the table and say, for example, to Mariano Rajoy on January 22, 2016 that he presents himself to the investiture vote or resigns and moves away from public life. And this power must be understood and applauded by the citizens.
Within a year and a half of the beginning of his reign, Don Felipe faced a major political crisis due to the inconclusive result of the general elections of December 20, 2015. He could not count on the loyalty of the dynastic parties because, when the Parliament and disappear any hint of consensus, they were no longer in a position to guarantee any stability. The worst thing was that the third parliamentary force, practically tied with the second one, which was the PSOE, was formed by the radical left, anti-system and openly republican.

Iglesias (leader Podemos Party) and theirs were the perfect representatives of a generation, the so-called X, born in the mid-1960s, which had been crushed by the Great Recession, and they were also the next generation, the generation of millennials, whose crushing It was even bigger. They understood how previous generations, the so-called baby boomers of the postwar period, had atrophied the future of those under thirty-five with their crazy and selfish indebtedness, and how, incidentally, they had broken the environment with their energetic greed. In general terms, Podemos represented and organized the enraged ethical and rebellious aesthetics of those disillusioned by “goodness”.
In Spain, the laggards were young people excluded from the labor market, who could never share the material aspirations of their parents and grandparents. We voted for those whom the dynastic parties of the Transition had “left behind”. The leaders of the Spanish populist left were able to reap the messy thought that marked the passage through the power of Rodríguez Zapatero and the social cuts that the president of the socialist government initiated, that later accelerated his successor of the Popular Party.

This essay has argued that the failure of the bipartisanship that was formed after the Transition was due to its mutation in a partitocracy reluctant to political renewal. The dynastic parties showed little enthusiasm for strengthening themselves as open and dynamic organizations, financially transparent and meticulous when it comes to accounting for their internal affairs. Because of these and other deficiencies, they were ill-equipped to face the challenges of the Great Recession, and half of the electorate did not vote for them in the December 2015 elections.
The failure of some facilitated the triumph of others. The shortcomings of the PP and PSOE were already indisputable at the end of the reign of Don Juan Carlos and both Podemos and Citizens played the role of the egg or the hen in his electoral humiliation: the insurgent parties benefited from the frustration of voters with the dynastic parties after having previously encouraged dissatisfaction with partitocracy.
Certainly, the center-left renewed its leadership.
The problem of the PP was double. He had lost the confidence of a third of his voters, which was bad, and he did not want to know about it, which was worse. After the elections of December 2015 and after May 2016, Rajoy’s coreligionists accepted the “false news”, and took for granted the “post-truth” that the PP had “triumphed”. Nobody in the high circles of the center-right questioned the continuation of Rajoy’s leadership.
There was no palace revolt, for the simple reason that no one occupied a high position in the PP apparatus or sat at the table of the Council of Ministers based on the independence of their criteria. There was no room for “loose verses.”

When the noise and fury of the beginning of the reign of Felipe VI and the failure of the two-party system are seen in perspective, it will be blamed, probably in equal parts, both on the retreat of one of the dynastic parties and on the adventurism of the other. The PP abandoned the modernizing liberalism of the Aznar period and the PSOE renounced the moderate social democracy of the González era. In each case it was a matter of retracing the path that had been taken by their previous leaders.
The continuity of the bipartisanship requires the complicity and the sensible evolution of its two components. Only in this way can an alternation of power operate, based on the validity that the opposing party legislated in the previous legislature. The adamantism, which repeals everything and begins again, is the antithesis of a well-ordered representative system and ends up destroying it. The continuity is broken when one party refuses all renewal and the other embarks on a zigzagging career in unknown territory. But there is more.
The rules of the game of bipartisanship require a level of respect towards the adversary that is based on the recognition that the two main partners of the political system legitimize each other. The dialectical combat must be hard, but it has its limits. The main one of these is that he can not question the honesty of the opponent and his right to develop the policies of his electoral program.
The consequences of this strategic change were to be developed in the winter of 2017, but for the first time in forty years of parliamentary monarchy the theme of a Popular Front dominated a part of the conversation. The other part focused on the territorial bankruptcy posed by Catalan sovereignty.
It is fitting, to conclude this essay, to underline a point that has to do with the immobilism that Mariano Rajoy implanted in the center-right. Time will be responsible for judging the lights and shadows of the Galician politician in his passage through power. Among the second ones will be the rejection of the renewal and the denial of any rectifying exercise.
The striking of Sanchez’s return to the leadership of the PSOE in May 2017 was how his speech to throw Rajoy at all costs of the Government was always cheered by the militancy and assured a clear triumph in the primary elections that appointed the secretary general of the PSOE . The leaders of the party and the Federal Committee had defenestrated him precisely because of his stubborn opposition to the inauguration as president of the Popular Party leader’s government. However, it turned out that it was Sanchez and not them who was in tune with the feelings of a broad swath of the electorate and, of course, with the one on the left.
The two-party system had failed. The centrality that constituted two major parties collapsed just when Catalan sovereignty caused a constitutional crisis of undoubted scope.

2 pensamientos en “Entre El Ruido Y La Furia. El Fracaso Del Bipartidismo En España — Tom Burns Marañón / Between Noise and Fury. The Failure Of Bipartisanship In Spain by Tom Burns Marañón (spanish book edition)

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