España. La Historia De Una Frustración — Josep M. Colomer / Spain. The History of a Frustration by Josep M. Colomer (spanish book edition)

Muy interesante libro con matices pero que debe ser leído, la selección de los hechos históricos y sociales claves para describir y justificar la España actual, es impecable. Uno podría estar o no de acuerdo con algunas interpretaciones de esos hechos. Pero es indudable que este libro permite entender mejor la realidad de la España actual y su evolución hacia las autonomías, Dando una explicación a la situación Catalana y Vasca, desde el punto de vista del autor. Repito algunos podrían mostrarse en desacuerdo con esas interpretaciones, soportadas por demás en análisis históricos, sociales y culturales indudables. Se echa a faltar una propuesta más detallada a futuro, en una obra que ya desde el título se avisa descriptiva, por lo que no debería decepcionar.

¿Cuándo se frustró España? ¿Fue cuando explotaron las recientes burbujas inmobiliaria y bancaria? Debe de haber sido antes porque la impresión es que lo que regresó después fue la España de siempre, la de la laxitud legal y moral, la picaresca y la arrogancia tanto de los gobernantes como de los gobernados. ¿Fue, pues, con la Guerra Civil y Franco, que destruyeron tantas redes y normas sociales? ¿O con Primo de Rivera, que frustró una evolución hacia una monarquía parlamentaria al estilo británico y provocó la polarización posterior? ¿O incluso antes? Quizá mucho antes.”
España nació con el Imperio y se quebró con él. Cuando en 1898 los españoles se enteraron de que ya no había colonias en América, donde Estados Unidos comenzaba a dominar, y que los Pirineos habían dejado la Península fuera de Europa, algunos empezaron a darse cuenta de que se habían perdido las mejores oportunidades para comenzar a construir un gran estado nacional moderno. Luego vino la generación intelectual de la depresión y la angustia por lo que podría haber sido y no fue. También el catalanismo y el vasquismo comenzaron la búsqueda alternativa de naciones y estados propios. La contrarreacción desesperada, más que nacionalista, pretendió regresar «Por el Imperio hacia Dios».

“Frustración” es un sentimiento que resulta de no poder lograr algo que se esperaba o se intentaba alcanzar. España no es un «estado fallido» en el sentido que se aplica a algunas antiguas colonias que carecen incluso de las mínimas estructuras administrativas y viven en permanente conflicto violento. Cuatro frustraciones de España estrechamente relacionadas entre sí:
Una: el Imperio. Una aventura imperial y colonial enorme, ruda y duradera en cuatro continentes arruinó el país y la Monarquía. Como consecuencia, se perdió la oportunidad de dar forma, en cambio, a una sociedad española moderna y civilizada.
Dos: el Estado. En gran parte como consecuencia del desperdicio de recursos en el esfuerzo imperial, España perdió la oportunidad de construir una administración civil, instituciones de representación política y la primacía del derecho cuando era el momento adecuado para hacerlo.
Tres: la Nación. Dado que los estados crean naciones, más que al revés, la debilidad del Estado español hizo que la construcción de una nación cultural unificada fuera un esfuerzo frustrado e incompleto. Cataluña, el País Vasco y otras comunidades siguen estando poco asimiladas a los patrones castellanos. En toda España, el grado de apego popular a la nación está entre los más bajos en Europa.
Cuatro: la Democracia. Al carecer de las bases institucionales y culturales de un estado nacional sólido, el régimen democrático establecido desde fines de los años setenta se basa en unos partidos políticos oligárquicos que tienden a producir gobiernos minoritarios y decisiones excluyentes. La competencia entre autonomías territoriales en dispersión también erosiona el apoyo al régimen.
En resumen: un Imperio ruinoso hizo un Estado débil, el cual construyó una Nación incompleta, la cual sustenta una Democracia minoritaria. Esta es, en pocas palabras, la historia política de la España moderna.
En una Europa integrada y en un mundo globalizado, el fracaso nacional puede ser una nueva oportunidad. Regresar a momentos históricos perdidos para intentar hacer ahora lo que no se hizo a su debido tiempo es una tarea imposible. La ventaja potencial para los habitantes de la Tierra de Conejos puede derivarse de la posibilidad de desarrollar sus iniciativas, sus actividades personales y profesionales y su creatividad innovadora con menos restricciones legales, territoriales y culturales que las que sufrirían bajo un estado nacional compacto. Es un desafío que muchos querrán aprovechar.

El fracaso económico y el subdesarrollo persistente en ciertos países como la España moderna. Los más recurrentes son la geografía, las instituciones y las ideas.
El primer candidato, la geografía, podría explicar parcialmente los fracasos económicos de España. El clima es relativamente suave a lo largo de la costa mediterránea y marítimo y lluvioso en la costa norte cántabra. Pero la mayor parte del resto del país es semiárido, adverso a la agricultura rentable y quebrado por cadenas montañosas.
El segundo candidato para explicar el estancamiento económico, el papel de las instituciones, ha sido destacado en muchos estudios durante las últimas décadas. Instituciones económicas como la protección de los derechos de propiedad, los mercados competitivos y abiertos, las garantías de cumplimiento de los contratos y una administración pública efectiva son cruciales para permitir e incentivar el ahorro, la inversión, la innovación, el comercio y el espíritu emprendedor. Estas instituciones económicas generalmente van asociadas a instituciones políticas capaces de fomentar intercambios mutuamente beneficiosos entre la minoría gobernante y la mayoría gobernada, incluida la separación de poderes y la independencia del poder judicial. La Monarquía española fue un ejemplo de todo lo contrario: la concentración de poder, la escasez de recursos públicos, la arbitrariedad en la toma de decisiones y la ineficacia burocrática.
Finalmente, el tercer candidato, las «ideas», significa invenciones tecnológicas y hábitos de la mente y el corazón propicios a la innovación y el progreso. Sin embargo, en la España católica, el dogmatismo religioso prevaleció sobre las inspiraciones liberales, racionalistas e ilustradas durante varios siglos.

Francisco de Quevedo (y lo cantaba más de trescientos años más tarde el juglar de protesta Paco Ibáñez):
Poderoso caballero
es don Dinero.
Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España,
y es en Génova enterrado.
Era como si los españoles vendieran baratijas a los indios a cambio de plata, y luego vendieran la plata a los banqueros europeos a cambio de préstamos ruinosos.

La Corona dio a la Iglesia el monopolio de la ideología y la Iglesia dio a la Corona legitimidad y apoyo material. La teoría medieval de Tomás de Aquino sostenía que la Iglesia era el sol y la Corona era la luna, que deriva su luz del sol. Pero los reyes absolutistas españoles quisieron brillar como el sol y ejercieron control y censura incluso sobre el dogma católico romano. Ordenaron la adaptación de los decretos del Concilio de Trento y controlaron su aplicación en España por los obispos sin la aprobación del Papa. Mediante un exequátur, los reyes se concedieron el derecho de suprimir cualquier iniciativa papal que desaprobaran. La Corona española publicó su versión oficial y enmendada del catecismo romano en latín después de Trento, y en castellano doscientos años más tarde. Como dice el refrán, los reyes españoles eran «más papistas que el Papa». De hecho, actuaron como pequeños papas locales.
Si los reyes españoles hubieran querido salvar el cristianismo universal, habrían seguido al Papa romano en lugar de intentar controlar tan de cerca a la Iglesia española. De hecho, utilizaron enormemente a la Iglesia y la fe católicas como una ayuda para salvar su propio Imperio, ya que los recursos de la Corona eran claramente insuficientes para un esfuerzo tan grandioso.

Una consecuencia importante de la debilidad del Estado español moderno ha sido la duradera prevalencia de los militares en la política y la vida pública. Por supuesto, también los militares se resistieron a algunas transformaciones modernizadoras y, por lo tanto, fueron un factor del atraso del país, pero su poder para hacerlo fue más una consecuencia de los fracasos de las reformas de las estructuras imperiales que una causa primaria de ellos.
Los miembros del Ejército disfrutaron de jurisdicciones especiales que los dejaban fuera del control por la ley civil, mientras sometían a los civiles a sus propias reglas y juicios militares. Dado que los oficiales vivían en reclusión social y endogamia profesional, desarrollaron sus propias redes y valores, lo cual reforzó su patriotismo retórico, imperialista y su disposición anticivil. El Ejército también estuvo a cargo de los cuerpos de control del orden público, es decir, la Policía y la Guardia Civil. El Ejército español no solo libró continuas guerras coloniales, como lo reseñamos en el capítulo anterior. También organizó una serie de golpes de Estado y otras iniciativas políticas que hicieron que destacados generales y otros altos oficiales fueran actores políticos principales y gobernantes directos durante la mayor parte de los siglos XIX y XX.
Lo único que el Ejército español nunca ha hecho es lo único que se espera que haga un ejército: defender al país de los ataques extranjeros. España fue invadida dos veces durante el siglo XIX, en 1808 y 1823, en ambos casos desde Francia, y en ambos casos el Ejército español se derrumbó de inmediato. El Ejército, derrotado por invasores extranjeros y regresado de las colonias, se concentró en controlar y perseguir a los propios habitantes de España.
El papel histórico del Ejército español fue el contrario del que se supone que corresponde a un ejército en una sociedad civilizada con un estado moderno.
Desde la Constitución liberal de 1812, los militares mantuvieron su propia jurisdicción especial, ajena a la ley y la justicia ordinarias. Una ley de 1821 dio a los militares la competencia para juzgar a las personas civiles por acciones políticas, un poder que fue confirmado y ampliado por sucesivas leyes en las décadas de 1860 y 1870, hasta la Ley de Jurisdicciones de 1906, que sometió todas las críticas o ataques al ejército por civiles a tribunales militares. Durante el período monárquico 1875-1931, hubo suspensiones de garantías constitucionales durante el 45% del tiempo y declaraciones de «estado de guerra» durante el 26%. No solo durante las dictaduras, sino durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, manifestantes, periodistas, estudiantes y huelguistas fueron sometidos a menudo a juicios por tribunales militares, conocidos como consejos de guerra.

La otra muleta del Estado español a principios de los tiempos modernos, junto al Ejército, fue, como en la época imperial, la Iglesia. La espada y el altar fueron los principales apoyos, en realidad los sustitutos indispensables de un precario estado moderno.
La influencia de la Iglesia católica ha resultado ser aún más resistente y perdurable que el militarismo español tradicional. Aún hoy en día, en el siglo XXI, la Iglesia mantiene su jurisdicción especial fuera de las leyes y tribunales que rigen sobre todos los demás ciudadanos del país, recibe ayuda financiera del Estado y goza de otros privilegios en educación y en los medios de comunicación. La mayoría de los reverendos en España conciben las actividades de la Iglesia como un sustituto, o a veces como una alternativa rival al pretendido monopolio de la legislación por el Estado.
Desde principios del siglo XIX, el débil Estado español continuó dependiendo de la Iglesia, lo que fatalmente obstaculizó su posible fortalecimiento. Los gobernantes españoles no compartieron la ambición universal que da a la Iglesia su misión y está implícita en el significado de la palabra «católico». Por el contrario, cada rey o reina, regente, jefe ejecutivo militar o civil trató de retener el privilegio imperial de designar a los obispos, estrangulando así la conexión entre las diócesis y el Papa. A cambio, todos los gobiernos conservadores, moderados, liberales o progresistas duraderos de la España moderna cedieron sus poderes ideológicos y laicos a la Iglesia española.
La Iglesia española recibió alguna influencia de la renovación doctrinal de la Iglesia católica en la década de 1960 y principios de 1970, alrededor del Concilio Vaticano II (incluida la sustitución de los catecismos centenarios). Algunos militantes católicos se unieron a los movimientos antifranquistas, los cuales se beneficiaron de la inmunidad legal de iglesias y conventos.
Esto facilitó que una nueva Constitución democrática aprobada en 1978 declarara que «Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal». Fue la primera vez en la historia de España. Sin embargo, por entonces ya se había negociado un nuevo Concordato que se firmó inmediatamente. Este garantiza a la Iglesia católica «el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio», amplios fondos públicos, el derecho a adquirir nuevas propiedades y un régimen de exención de impuestos. La mayoría de los presidentes de Gobierno y los ministros continúan jurando su cargo ante ejemplares de la Biblia y la Constitución y frente a un crucifijo.

El sector público entró en una gran crisis, se redujo el gasto público y se cancelaron muchos proyectos de obras públicas. Condonar el robo ya no generaba compensaciones suficientes. Desde entonces, los escándalos y las protestas han aumentado. Se ha descubierto un amplio panorama generalizado de actividades irregulares e ilegales para beneficio privado.
La especificidad de los indignados españoles recientes pudo estar en el uso masivo de internet y las redes sociales, lo que aceleró el ciclo: un aumento extremadamente rápido y una desaparición repentina cuando se convocaron nuevas elecciones políticas en el país. Los politólogos Helen Margetts y Peter John han observado en una amplia perspectiva comparativa que «las redes sociales pueden producir movimientos populares de rápido crecimiento, pero volátiles. Es mucho más fácil provocar una gran protesta que antes. Pero la mayoría de las movilizaciones fracasan».
Para la socióloga Zeynep Tufekci, «estos movimientos en red a menudo idearon tácticas iniciales innovadoras y llevaron a cabo una acción espectacular, pero no fueron capaces de sostenerse y organizarse a largo plazo de una manera proporcional a la energía que habían sido capaces de atraer inicialmente y a la legitimidad que disfrutaron en sus demandas».

Como España mantiene el 12 de octubre como celebración principal, es el único país del mundo cuya fiesta nacional no se refiere a hazañas como una rebelión contra la opresión, la victoria de la libertad o el logro de la unidad nacional, sino a su experiencia imperial y colonial de conquista y dominación de otros pueblos y tierras. Cuando se llega al aeropuerto de Madrid, la carretera que conduce a la ciudad se llama avenida de la Hispanidad. Nadie ha sugerido nunca cambiarla de nombre, a pesar de las duraderas y controvertidas discusiones para cambiar los nombres de las calles y los monumentos de la época franquista en toda España.
El principal contrapunto se puede encontrar en Londres y en París. La plaza y el monumento central de cada una de las dos ciudades conmemoran directamente las mayores derrotas del Imperio español: Trafalgar con Nelson y el Arco del Triunfo para Napoleón.

Los orígenes excluyentes del proyecto de hacer del castellano el único idioma español se reflejan también en otros aspectos de la política lingüística actual y en ciertos usos lingüísticos de la administración pública. Esto se puede ver no solo con respecto a los otros idiomas dentro de España, sino, incluso más, en algunos usos externos con respecto a los otros idiomas del mundo.
El consumo cultural de los españoles es enormemente dependiente del exterior, pero a veces parece que el gobierno se esfuerce en mantener a los españoles ajenos a cualquier otro idioma. La industria editorial en castellano es una de las que padece más dependencia externa del mundo. El número de libros traducidos al castellano cada año es cuatro veces mayor que el número de libros originalmente publicados en castellano que se traducen a otros idiomas, un déficit cultural gigantesco.
El déficit es aún mayor en los productos audiovisuales. Cerca del 90 % de las películas disponibles en España son extranjeras. Entre los países desarrollados, la proporción solo es superada por Australia y Canadá, dos países de habla inglesa que habitualmente importan películas de habla inglesa de Estados Unidos sin necesidad de doblarlas.
La miopía patriótica y alguna estrechez de miras, respaldan la resistencia del gobierno español a usar el inglés como lengua franca en algunos círculos culturales internacionales. En el popular Festival de la Canción de Eurovisión, en el que participan más de cuarenta países cada año, a los concursantes se les permitió desde 1999 elegir en qué idioma cantar, y todos salvo dos de los siguientes veinte ganadores fueron de países no anglohablantes que cantaron en inglés. España fue el último país en comenzar a presentar canciones íntegramente en inglés, en 2016 y 2017. Los ilustres miembros de la Real Academia Española emitieron públicamente su protesta y sentenciaron que cualquier canción de España «debería interpretarse íntegramente en español». Como si el resto de Europa lo estuviera esperando. En cambio, a los académicos no pareció importarles mucho la deplorable baja calidad y la vergonzosa y humillante actitud de algunos de los participantes españoles en otras ediciones.
El gobierno español también mantiene el canal de Televisión Española Internacional, que transmite solo en castellano. Esto contrasta fuertemente con los numerosos canales de televisión internacionales que emiten en inglés, incluidos no solo los estadounidenses CNN y Fox News y la británica BBC, sino también canales patrocinados por gobiernos de países no anglohablantes, como Francia, Alemania, Rusia, India, China, Japón, Irán, Qatar, Turquía o Israel. Como se ha dicho de algunas campañas de la «Marca España», los gobiernos de la nacionalista España tienden a hacer promoción exterior principalmente para la audiencia interior y así reforzar su aislamiento.

La elección de una bandera nacional española fue divisiva desde el principio. A finales del siglo XVIII, la Armada Real había reemplazado la insignia tradicional en blanco con la cruz de Borgoña por una bandera con dos franjas horizontales en rojo y una en amarillo para hacerla más visible en mar abierto. Pero ni en las Cortes de Cádiz ni en los levantamientos populares contra Napoleón a principios del siglo XIX, no había una sola bandera que pudiera identificar a todos los españoles y alentar el patriotismo nacional. El emblema de la Armada fue adoptado como la bandera del Ejército y la Milicia en 1843. Pero aún a fines del siglo XIX, muchos habitantes de España no la conocían y muchos soldados reclutados ni siquiera podían identificarla cuando llegaban a los cuarteles.
La ulterior implantación de la bandera bicolor o «rojigualda» en la mente de los españoles durante el siglo XX estuvo mezclada con ceremonias religiosas, guerras y represión. La Ley de Jurisdicciones militar de 1906, mencionada anteriormente, estableció sanciones de prisión para quienes, por cualquier medio, «ultrajaren a la Nación, su bandera, himno nacional u otro emblema de su representación». Poco después, la bandera bicolor comenzó a izarse en todos los edificios públicos, especialmente en festividades religiosas como Pascua, Corpus Christi, Santiago y la Inmaculada Concepción.
Otros movimientos nacionalistas desarrollaron sus propios símbolos. El emblema medieval catalán con cuatro franjas rojas sobre un fondo amarillo se convirtió en una bandera reivindicativa desde la década de 1880. La bandera catalana o senyera fue prohibida por el régimen de Franco y relegalizada en su final, casi cuarenta años después. Sin embargo, desde la década de 1920, los activistas por una Cataluña independiente habían agregado a la bandera un triángulo masónico en azul con una estrella blanca –inspirada en la independencia de Cuba y Puerto Rico–. Algunos grupos de izquierda a finales de la década de 1960 también inventaron una nueva bandera proindependencia con la estrella en rojo. Así, en las concentraciones y manifestaciones nacionalistas catalanas en tiempos recientes, han ondeado tres banderas diferentes.
Análogamente, la ikurriña vasca fue inventada en la década de 1890. Consiste en una cruz blanca y un aspa verde sobre fondo rojo que representan, respectivamente la religión, las leyes viejas y la raza vasca. La ikurriña se convirtió en la bandera de los nacionalistas vascos desde 1910, también funcionó como una herramienta reivindicativa contra las dos ulteriores dictaduras, y se convirtió en oficial desde los años setenta. Otros estandartes nacionalistas tradicionales, como los de los otros antiguos miembros de la medieval Corona de Aragón, es decir, Aragón, Valencia y Baleares, así como Galicia, Andalucía y otros, también se convirtieron en banderas oficiales de las comunidades autónomas.
En la mayoría de los edificios públicos, la bandera española ondea ahora junto a las de la Unión Europea, la comunidad Autónoma y, si es el caso, la ciudad o el pueblo. Por un lado, el gobierno central ha promovido fervorosamente el nacionalismo simbólico español.

En la España actual, la identidad nacional oficial sigue estando asociada en gran medida con símbolos heredados y mitos históricos. Grupos significativos de ciudadanos, especialmente, pero no solo, en Cataluña y el País Vasco, no se identifican con el patriotismo español. Otros muchos tienen sentimientos nacionales débiles o se refieren a diferentes referencias culturales patrióticas. La incompletitud de la nación española, en un contexto de débil institucionalización del Estado, condiciona fatalmente el funcionamiento del régimen democrático actual.
El problema con la democracia representativa es, por lo tanto, no solo la elección de los representantes adecuados con la información necesaria sobre si pueden hacer el trabajo adecuadamente. El problema es especialmente grave en relación con el período poselectoral: cuando los representantes tienen una gran discreción en sus decisiones, vigilar sus acciones es costoso y existen pocos controles institucionales que limiten su capacidad de actuar unilateralmente.
El actual régimen democrático de España es menos que mediocre en ambas dimensiones: la representación electoral y la responsabilidad poselectoral de los gobernantes, como veremos en las siguientes páginas. El régimen democrático español actual es de baja calidad porque los gobiernos siempre se basan en un apoyo electoral minoritario, las oligarquías de los partidos políticos tienden a controlar todas las instituciones políticas, legales, mediáticas y de otros tipos, hay una confrontación permanente entre minorías opuestas y una política de crispación, mientras las autonomías territoriales tienden a involucrarse en una competencia centrífuga.
Estos resultados decepcionantes se derivan, en primer lugar, de la debilidad del Estado revisada anteriormente, la cual produce una débil institucionalización de las relaciones políticas y una aplicación relativamente baja de las reglas del derecho.
La partidización de todas las formas políticas en la España actual altera gravemente los principios de la democracia representativa moderna. Como dijimos, a diferencia de la democracia directa clásica, los representantes electos actuales no están sujetos a mandatos imperativos de los electores sobre políticas públicas u otras decisiones colectivas. Pero ahora los representantes electos aparecen sometidos a otros mandatos imperativos o, en otras palabras, a las órdenes unilaterales de las oligarquías de partido encargadas de formar las listas electorales de candidatos y los consiguientes grupos parlamentarios, así como los equipos de gobierno locales, provinciales, regionales y nacionales.
El politólogo Bernard Manin ha analizado el surgimiento de las oligarquías de los partidos políticos como agentes principales de la democracia representativa. En su evaluación, «no hay señales de que las nuevas élites estén en condiciones de inspirar sentimientos de identificación en los votantes. Más que la sustitución de una élite por otra, es la persistencia, posiblemente incluso el agravamiento de la brecha entre la élite gobernante y los gobernados lo que ha provocado una sensación de crisis» de la representación política. El poder que tenían los ciudadanos en la democracia antigua de mandatar a sus representantes ha sido tomado, en la democracia representativa actual, por una clase política minoritaria y cerrada.
Los políticos españoles pueden permitirse el lujo de mantener disputas enconadas porque, al fin y al cabo, no pasa mucho. Incluso si el gobierno no hace nada, o no se forma ningún gobierno durante muchos meses, las consecuencias no son muy graves: la Unión Europea, la administración central, la Seguridad Social, algunas autonomías y municipios continúan operando como de costumbre. Hoy en día, la diferencia entre un gobierno elegido por el Parlamento y un gobierno interino no es muy grande. Como en la política en los campus, lo que está en juego es bastante poco. Muchas de las decisiones importantes se toman cada vez más en Bruselas, Nueva York o Washington, incluyendo aquellas sobre las políticas monetaria, fiscal, financiera, antiterrorista, de seguridad, de migraciones o del cambio climático, mientras que los gobiernos locales y regionales administran casi todos los servicios públicos, incluidas la educación y la sanidad. La democracia española parece un régimen político de confrontación, pero la gestión regular de muchos problemas es bastante banal. La democracia actual no es, ni de lejos, lo que, en otro contexto histórico, con un estado más robusto y una nación más compacta, podría haber sido y no fue.

Muchos de los conflictos territoriales en España han afectado a las relaciones entre Cataluña y el Estado español. Esto se debe a que una acción política propia de Cataluña está abocada al fracaso en España, debido sobre todo a su tamaño relativo intermedio. Por un lado, Cataluña nunca ha sido lo suficientemente grande para liderar España. Muchos catalanes se han visto a sí mismos como más prósperos, listos y emprendedores que la mayoría de los españoles, y por lo tanto capaces de liderarlos. Pero el tamaño relativo de Cataluña en población y economía (actualmente alrededor de un sexto y un quinto, respectivamente) nunca ha sido lo suficientemente grande y las otras cualidades tampoco lo suficientemente excelsas para tener éxito en los intentos de liderazgo.
Por otro lado, Cataluña nunca ha sido lo suficientemente pequeña para que Castilla y el resto de España la dejen ir por su cuenta o negocien un camino hacia la autodeterminación. La pérdida para España sería demasiado grande, y los gobernantes centrales españoles nunca han estado dispuestos a permitir a Cataluña los altos niveles de autogobierno que han aceptado, en cambio, para una comunidad más pequeña como el País Vasco.
Al mismo tiempo, Cataluña está abocada al fracaso por sus divisiones internas. Por un lado, la sociedad catalana fue históricamente suficientemente burguesa y mediocre como para permitir que el Estado español intentara llegar a arreglos con sectores catalanes moderados en torno a una autonomía limitada. Al fin y al cabo, los dos idiomas son derivaciones cercanas del latín y el bilingüismo y la mezcla o el cambio de referencias culturales implican bajos costos. Pero, por otro lado, existen suficientes diferencias sociales y rivalidades políticas internas para generar cambios frecuentes en las estrategias políticas. Tanto la fragmentación como la polarización política se han acentuado con la descomposición de estructuras sociales producida por la Gran Recesión y los desafíos de la globalización.
Se pueden observar tres ciclos históricos en las relaciones entre Cataluña y España, en los que algunos episodios se han reproducido una y otra vez: desde principios del siglo XVI hasta el siglo XVIII; desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX; y desde finales del siglo XX en adelante.
La verdadera acción para la autodeterminación de Cataluña comenzó después del establecimiento de la dictadura de Primo y la disolución de la Mancomunidad. Implicó, una vez más, el surgimiento de un grupo diferente de políticos y activistas.
La historia de las relaciones políticas de Cataluña con el Estado español, que han estado rotando como un tiovivo, ha sido una historia de fracasos y frustraciones. Los catalanes no fueron capaces de liderar la Península, como el Piamonte; no han logrado un estado autogobernado dentro de una federación, como, pongamos, Massachusetts (o siquiera como el enclave privilegiado del País Vasco); ni han conseguido ser un país separado de España, como Portugal.
La histórica «experiencia de disociaciones externas y contradicciones internas ha acabado por constituirse en resorte psicológico del comportamiento colectivo», observó el historiador Jaume Vicens Vives.
¿Qué podría cambiar, por lo tanto, en Europa que produjera una diferencia cualitativa con respecto a las relaciones interterritoriales en España? Si tratamos de inspirarnos en la experiencia de Estados Unidos, una mayor integración de la Unión Europea debería evitar más Brexits y, al mismo tiempo, estar más abierta al rediseño interno de las fronteras. Más concretamente:
• El nivel de integración de la UE debería ser tal que la Unión no reconociera la soberanía de los estados miembros.
• Los referendos de autodeterminación deberían ser consentidos por los parlamentos implicados, pero también por el Parlamento Europeo.
• Para que surgieran nuevas oportunidades, la Unión Europea debería llevar a cabo una gran transformación interna. Alternativamente, el contexto internacional también podría cambiar como resultado de alguna crisis política importante, como lo fueron, en casos como los mencionados, la Guerra Civil en Estados Unidos, la disolución de Yugoslavia o el colapso de la Unión Soviética.
Todo esto puede que ocurra algún día. O puede que no.

A diferencia de Cataluña, el País Vasco ha sido afortunado en España debido a su pequeño tamaño relativo (menos de una vigésima parte de la población, muy compactada en un pequeño territorio, y una decimosexta parte de la economía). Debido a las pequeñas dimensiones del país periférico, ningún partido o político vasco se ha atrevido a intentar liderar España. Casi todas las intervenciones vascas en la política española han sido, por el contrario, en resistencia a la nacionalización española, ya fuera por los foralistas y los carlistas en el siglo XIX, o por nacionalistas moderados que aspiran a la autonomía y radicales por la independencia desde principios del siglo XX. Todos los gobiernos centrales españoles, independientemente del régimen político o de la ideología partidaria, han concedido en alguna medida formas únicas de autogobierno vasco, en contraste con las actitudes centralizadoras o reacias más habituales hacia Cataluña y otros territorios en España.
Dos preguntas principales están abiertas sobre el futuro de las relaciones entre el País Vasco y el Estado español. La primera es sobre las posibles consecuencias de la desaparición de ETA y su violencia. Durante varias décadas, hubo múltiples negociaciones bilaterales entre el gobierno español, ya fuera del PSOE o del PP, y ETA para el desarme de esta y un acuerdo político. Todas fueron frustradas, una y otra vez, por nuevos ataques terroristas. Al final, no fue ETA ni su rama política la que negoció un adiós a las armas, como en Irlanda del Norte. ETA dejó de matar, secuestrar y provocar disturbios en 2009, unilateralmente anunció el «cese definitivo de la actividad armada» dos años más tarde y entregó las armas cinco años después. Dejó la continuación de sus objetivos políticos en manos de los partidos.
Esto puede crear nuevas oportunidades para nuevas oscilaciones del péndulo patriótico tradicional, que eran más difíciles de manejar cuando el ala radical estaba asociada con el terrorismo.
La segunda pregunta se refiere al futuro de la forma tradicional del Concierto fiscal. Con motivo de los recientes conflictos entre la Generalidad de Cataluña y el gobierno central de España, se oyeron varias voces que proponían la difusión de dicha fórmula. Sin embargo, como comentamos, la aplicación del Concierto a comunidades más grandes que el País Vasco implicaría un costo mayor del que ningún gobierno español probablemente estaría dispuesto a aceptar. El Ministerio de Hacienda español publica unas «Cuentas Territorializadas» habitualmente interpretadas como «balanzas fiscales» entre el gobierno central y las comunidades autónomas (o la diferencia entre los ingresos tributarios y el gasto central en cada comunidad). Según los datos más recientes para 2014, el saldo fue positivo para el País Vasco en 3.387 millones de euros y negativo para Madrid en 19.205 millones de euros y para Cataluña en 9.892 millones de euros. Más recientemente, en 2017, los expertos del ministerio evaluaron que la aplicación de la «cuota» a Cataluña con los mismos criterios que se utilizan para el País Vasco implicaría un gasto adicional del gobierno central en Cataluña de 16.570 millones de euros. Esta gran diferencia entre el País Vasco y las otras comunidades se deriva en parte de los cálculos sesgados y subvalorados del costo de los gastos centrales para los vascos, la exención de que el País Vasco contribuya a fondos redistributivos interregionales, y de las negociaciones políticas como la de la cuota del período 2018-2022, que estuvo condicionada por el potencial papel pivote del PNV en el Parlamento español.
Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en 2008 desestimó la sospecha de la Comisión Europea de que el bajo impuesto de sociedades del País Vasco había violado las reglas de competencia del mercado de ámbito europeo. Sin embargo, una nueva unión fiscal de la UE, tal como la promueve la Comisión, podría reintroducir la revisión de casos únicos y especiales, como el vasco y el navarro en el contexto de la Unión. Aunque el País Vasco es mucho más pequeño en relación con Europa que con respecto a España, la eficiencia mucho más alta de la UE podría lograr algunas formas de unificación fiscal que el débil Estado español nunca ha podido completar.

Hay una relación bastante clara entre la longitud y la rigidez de una constitución y su incumplimiento. Las constituciones más breves y abiertas a las reformas, como las de Estados Unidos o Gran Bretaña, tienen un altísimo nivel de cumplimiento. España está cerca del otro extremo: la Constitución española es más bien larga, es decir, regula muchos asuntos, de modo que con el paso del tiempo las disposiciones obsoletas se acumulan y provocan cada vez más desajustes con la realidad política y social, lo cual genera numerosas demandas de cambios. Al mismo tiempo, la Constitución es muy rígida, o sea difícil de reformar. La frustración de las demandas de cambios por la ausencia de reformas tiende a generar altos niveles de incumplimiento y de rechazo.
Solo una reforma muy amplia de la Constitución, que ha permanecido casi intacta durante cuarenta años, puede evitar que acabe estallando toda entera. Pero el miedo a los peligros de «abrir el melón» de la reforma constitucional –como suelen decir los gobernantes españoles– refleja la debilidad y la vulnerabilidad del Estado y la fragilidad de la nación, las cuales han permitido construir solo un apoyo minoritario a los resultados del régimen democrático actual.

En la actualidad, la «soberanía» no es un concepto central ni siquiera en los ordenamientos constitucionales de los estados, como se puede ver en la siguiente breve revisión. En las constituciones escritas de diez estados miembros de la UE, la palabra «soberanía» ni siquiera se menciona (Austria, Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia). Las leyes, estatutos, sentencias judiciales, tratados y otras fuentes que conforman el régimen político del Reino Unido incorporan solo el principio de «soberanía parlamentaria», que se ha hecho compatible con la aceptación de la UE y el cumplimiento de las normas internacionales.
España es un caso extremo, ya que la Constitución proclama la «soberanía nacional» y asigna su defensa a las Fuerzas Armadas. La Unión Europea ni siquiera es mencionada. Por ello, puede ser necesario un giro radical de orientación. Una buena inspiración para una reforma constitucional podría ser, por ejemplo, Eslovenia, una democracia reciente que tuvo como objetivo desde el principio ser miembro de la UE y tomó el tema como un leitmotiv. En no menos de ocho ocasiones, la Constitución eslovena proclama que la República «transferirá el ejercicio de los derechos soberanos a las organizaciones internacionales».
Si, por el contrario, la política española se siguiera centrando en tratar de reforzar la autoridad soberana del Estado y la capacidad institucional de toma de decisiones políticas a nivel estatal, podría producir un gran paso atrás que dejara a España marginada y generar aún más frustración.

Very interesting essay with nuances but that must be read, the selection of key historical and social facts to describe and justify current Spain, is impeccable. One may or may not agree with some interpretations of those facts. But it is undoubted that this book allows us to better understand the reality of current Spain and its evolution towards autonomies, giving an explanation to the Catalan and Basque situation, from the point of view of the author. I repeat some could disagree with these interpretations, supported by others in unquestionable historical, social and cultural analysis. There is a lack of a more detailed proposal for the future, in a work that is already descriptive, and should not disappoint.

When was Spain frustrated? Was it when the recent real estate and banking bubbles exploded? It must have been before because the impression is that what came back later was the Spain of always, the legal and moral laxity, the picaresque and the arrogance of both the rulers and the governed. Was it, then, with the Civil War and Franco, that they destroyed so many networks and social norms? Or with Primo de Rivera, who frustrated an evolution towards a British-style parliamentary monarchy and provoked the subsequent polarization? Or even before? Maybe much sooner. ”
Spain was born with the Empire and broke with it. When in 1898 the Spaniards learned that there were no colonies in America, where the United States was beginning to dominate, and that the Pyrenees had left the Peninsula outside of Europe, some began to realize that the best opportunities to start had been lost. to build a great modern national state. Then came the intellectual generation of depression and anguish for what could have been and was not. Also Catalanism and Basques began the alternative search for nations and their own states. The desperate counter-reaction, more than nationalist, sought to return “For the Empire to God.”

“Frustration” is a feeling that results from not being able to achieve something that was expected or was intended to be achieved. Spain is not a “failed state” in the sense that it applies to some former colonies that lack even the smallest administrative structures and live in permanent violent conflict. Four frustrations of Spain closely related to each other:
One: the Empire. A huge, tough and lasting imperial and colonial adventure on four continents ruined the country and the Monarchy. As a result, the opportunity to shape, in contrast, a modern and civilized Spanish society was lost.
Two: the State. Largely as a result of the waste of resources in the imperial effort, Spain lost the opportunity to build a civil administration, institutions of political representation and the primacy of law when the time was right to do so.
Three: the Nation. Given that states create nations, rather than the other way around, the weakness of the Spanish State made the construction of a unified cultural nation a frustrated and incomplete effort. Catalonia, the Basque Country and other communities are still little assimilated to the Castilian patrons. Throughout Spain, the degree of popular attachment to the nation is among the lowest in Europe.
Four: Democracy. Lacking the institutional and cultural bases of a strong national state, the democratic regime established since the late 1970s is based on oligarchic political parties that tend to produce minority governments and exclusionary decisions. The competition between territorial autonomies in dispersion also erodes support for the regime.
In short: a ruinous Empire made a weak State, which built an incomplete Nation, which sustains a minority Democracy. This is, in a few words, the political history of modern Spain.
In an integrated Europe and in a globalized world, national failure can be a new opportunity. Returning to lost historical moments to try to do now what was not done in due time is an impossible task. The potential advantage for the inhabitants of the Land of Rabbits can be derived from the possibility of developing their initiatives, their personal and professional activities and their innovative creativity with less legal, territorial and cultural restrictions than they would suffer under a compact national state. It is a challenge that many will want to take advantage of.

Economic failure and persistent underdevelopment in certain countries such as modern Spain. The most recurrent are geography, institutions and ideas.
The first candidate, geography, could partially explain the economic failures of Spain. The climate is relatively mild along the Mediterranean and maritime and rainy coast of the northern coast of Cantabria. But most of the rest of the country is semi-arid, adverse to profitable agriculture and broken by mountain ranges.
The second candidate to explain the economic stagnation, the role of institutions, has been highlighted in many studies during the last decades. Economic institutions such as the protection of property rights, competitive and open markets, guarantees of compliance with contracts and an effective public administration are crucial to allow and encourage savings, investment, innovation, trade and entrepreneurship . These economic institutions are generally associated with political institutions capable of fostering mutually beneficial exchanges between the ruling minority and the governed majority, including the separation of powers and the independence of the judiciary. The Spanish Monarchy was an example of the opposite: the concentration of power, the scarcity of public resources, arbitrariness in decision-making and bureaucratic inefficiency.
Finally, the third candidate, the “ideas”, means technological inventions and habits of mind and heart conducive to innovation and progress. However, in Catholic Spain, religious dogmatism prevailed over liberal, rationalist and enlightened inspirations for several centuries.

Francisco de Quevedo (and was sung more than three hundred years later by the protest juggler Paco Ibáñez):
Powerfull knight
It’s Money.
Born in the Indies honored,
where the world accompanies him;
he comes to die in Spain,
and it’s in Genoa buried.
It was as if the Spaniards sold trinkets to the Indians in exchange for silver, and then sold the silver to the European bankers in exchange for ruinous loans.

The Crown gave the Church a monopoly on ideology and the Church gave the Crown legitimacy and material support. The medieval theory of Thomas Aquinas held that the Church was the sun and the Crown was the moon, which derives its light from the sun. But the Spanish absolutist kings wanted to shine like the sun and exercised control and censure even over Roman Catholic dogma. They ordered the adaptation of the decrees of the Council of Trent and controlled their application in Spain by the bishops without the approval of the Pope. Through an exequatur, the kings granted themselves the right to suppress any papal initiative they disapproved. The Spanish Crown published its official and amended version of the Roman catechism in Latin after Trent, and in Castilian two hundred years later. As the saying goes, the Spanish kings were “more papist than the Pope.” In fact, they acted like little local popes.
If the Spanish kings had wanted to save universal Christianity, they would have followed the Roman Pope instead of trying to control the Spanish Church so closely. In fact, they used the Catholic Church and faith enormously as an aid to save their own Empire, since the resources of the Crown were clearly insufficient for such a great effort.

An important consequence of the weakness of the modern Spanish state has been the lasting prevalence of the military in politics and public life. Of course, the military also resisted some modernizing transformations and, therefore, were a factor in the country’s backwardness, but its power to do so was more a consequence of the failures of reforms of imperial structures than a primary cause of they.
Army members enjoyed special jurisdictions that left them out of control by civil law, while subjecting civilians to their own rules and military trials. Since the officers lived in social seclusion and professional inbreeding, they developed their own networks and values, which reinforced their rhetorical, imperialist patriotism and anti-civil disposition. The Army was also in charge of the control bodies of public order, that is, the Police and the Civil Guard. The Spanish Army not only waged continuous colonial wars, as we reviewed in the previous chapter. It also organized a series of coups d’état and other political initiatives that made prominent generals and other high officials the main political actors and direct rulers for most of the 19th and 20th centuries.
The only thing the Spanish Army has never done is the only thing an army is expected to do: defend the country against foreign attacks. Spain was invaded twice during the 19th century, in 1808 and 1823, in both cases from France, and in both cases the Spanish Army collapsed immediately. The Army, defeated by foreign invaders and returned from the colonies, concentrated on controlling and persecuting the inhabitants of Spain.
The historical role of the Spanish Army was the opposite of what is supposed to correspond to an army in a civilized society with a modern state.
Since the Liberal Constitution of 1812, the military maintained its own special jurisdiction, alien to ordinary law and justice. A law of 1821 gave the military the competence to judge civilians for political actions, a power that was confirmed and extended by successive laws in the 1860s and 1870s, until the Law of Jurisdictions of 1906, which subjected all Criticism or attacks on the army by civilians to military courts. During the monarchical period 1875-1931, there were suspensions of constitutional guarantees for 45% of the time and declarations of “state of war” during 26%. Not only during dictatorships, but during most of the nineteenth and twentieth centuries, protesters, journalists, students and strikers were often subjected to trials by military courts, known as councils of war.

The other crutch of the Spanish State at the beginning of modern times, together with the Army, was, as in the imperial era, the Church. The sword and the altar were the main supports, in reality the indispensable substitutes for a precarious modern state.
The influence of the Catholic Church has proved to be even more resilient and enduring than traditional Spanish militarism. Even today, in the 21st century, the Church maintains its special jurisdiction outside the laws and tribunals that govern all other citizens of the country, receives financial assistance from the State and enjoys other privileges in education and in the media. . Most of the reverends in Spain conceive the activities of the Church as a substitute, or sometimes as a rival alternative to the alleged monopoly of legislation by the State.
From the beginning of the 19th century, the weak Spanish State continued to depend on the Church, which fatally hindered its possible strengthening. The Spanish rulers did not share the universal ambition that gives the Church its mission and is implicit in the meaning of the word “catholic”. On the contrary, each king or queen, regent, military or civil executive chief tried to retain the imperial privilege of appointing bishops, thus strangling the connection between the dioceses and the pope. In return, all conservative, moderate, liberal or progressive progressive governments of modern Spain ceded their ideological and secular powers to the Spanish Church.
The Spanish Church received some influence from the doctrinal renewal of the Catholic Church in the 1960s and early 1970s, around the Second Vatican Council (including the replacement of centennial catechisms). Some Catholic militants joined the anti-Francoist movements, which benefited from the legal immunity of churches and convents.
This facilitated that a new democratic Constitution approved in 1978 declared that «No religious confession will have a state character». It was the first time in the history of Spain. However, by then a new Concordat had been negotiated and signed immediately. This guarantees to the Catholic Church “the free and public exercise of its own activities and especially those of worship, jurisdiction and teaching”, extensive public funds, the right to acquire new properties and a tax exemption regime. The majority of the presidents of the Government and the ministers continue swearing their position before copies of the Bible and the Constitution and in front of a crucifix.

The public sector went into a major crisis, public spending was reduced and many public works projects were canceled. Forgiving the theft no longer generated sufficient compensation. Since then, scandals and protests have increased. A broad generalized picture of irregular and illegal activities for private gain has been discovered.
The specificity of the recent Spanish outraged could be in the massive use of the internet and social networks, which accelerated the cycle: an extremely rapid increase and a sudden disappearance when new political elections were called in the country. Political scientists Helen Margetts and Peter John have observed in a broad comparative perspective that “social networks can produce popular movements of rapid growth, but volatile. It is much easier to provoke a great protest than before. But most mobilizations fail ».
For the sociologist Zeynep Tufekci, “these network movements often devised innovative initial tactics and carried out spectacular action, but they were not able to sustain and organize themselves in the long term in a manner proportional to the energy they had initially been able to attract. and the legitimacy that they enjoyed in their demands ».

As Spain maintains October 12 as the main celebration (National Day), it is the only country in the world whose national holiday does not refer to feats as a rebellion against oppression, the victory of freedom or the achievement of national unity, but to its imperial experience and colonial conquest and domination of other peoples and lands. When you arrive at the Madrid airport, the road that leads to the city is called Avenida de la Hispanidad. No one has ever suggested changing its name, despite the long and controversial discussions to change the names of the streets and monuments of the Franco era throughout Spain.
The main counterpoint can be found in London and Paris. The square and the central monument of each of the two cities directly commemorate the greatest defeats of the Spanish Empire: Trafalgar with Nelson and the Arc de Triomphe for Napoleon.

The exclusive origins of the project to make Spanish the only Spanish language are also reflected in other aspects of the current linguistic policy and in certain linguistic uses of public administration. This can be seen not only with respect to the other languages ​​within Spain, but, even more, in some external uses with respect to the other languages ​​of the world.
The cultural consumption of the Spaniards is enormously dependent on the exterior, but sometimes it seems that the government tries to keep the Spaniards from being alien to any other language. The publishing industry in Spanish is one of the most externally dependent in the world. The number of books translated into Spanish each year is four times greater than the number of books originally published in Spanish that are translated into other languages, a gigantic cultural deficit.
The deficit is even greater in audiovisual products. About 90% of the films available in Spain are foreign. Among developed countries, the proportion is surpassed only by Australia and Canada, two English-speaking countries that usually import English-language films from the United States without the need to double them.
Patriotic myopia and some narrow-mindedness support the resistance of the Spanish government to use English as a lingua franca in some international cultural circles. In the popular Eurovision Song Contest, in which more than forty countries participate each year, contestants were allowed since 1999 to choose which language to sing in, and all but two of the next twenty winners were from non-English speaking countries. They sang in English. Spain was the last country to begin presenting songs entirely in English, in 2016 and 2017. The illustrious members of the Royal Spanish Academy publicly issued their protest and sentenced that any song from Spain “should be interpreted entirely in Spanish.” As if the rest of Europe was waiting for him. On the other hand, academics did not seem to care much about the deplorable low quality and the shameful and humiliating attitude of some of the Spanish participants in other editions.
The Spanish government also maintains the channel of Televisión Española Internacional, which broadcasts only in Spanish. This contrasts sharply with the numerous international television channels that broadcast in English, including not only the Americans CNN and Fox News and the British BBC, but also channels sponsored by governments of non-English-speaking countries, such as France, Germany, Russia, India, China , Japan, Iran, Qatar, Turkey or Israel. As has been said of some campaigns of the «Marca España», the governments of the nationalist Spain tend to do external promotion mainly for the internal audience and thus reinforce their isolation.

The election of a Spanish national flag was divisive from the beginning. At the end of the 18th century, the Royal Navy had replaced the traditional white badge with the Burgundy cross with a flag with two horizontal stripes in red and one in yellow to make it more visible in the open sea. But neither in the Cortes of Cadiz nor in the popular uprisings against Napoleon at the beginning of the nineteenth century, there was not a single flag that could identify all Spaniards and encourage national patriotism. The emblem of the Navy was adopted as the flag of the Army and the Militia in 1843. But even at the end of the 19th century, many inhabitants of Spain did not know it and many soldiers recruited could not even identify it when they arrived at the barracks.
The subsequent implantation of the bicoloured or “rojigualda” flag in the minds of Spaniards during the 20th century was mixed with religious ceremonies, wars and repression. The Military Jurisdiction Act of 1906, mentioned above, established sanctions of imprisonment for those who, by whatever means, “outrage the Nation, its flag, national anthem or other emblem of its representation”. Soon after, the bicolor flag began to rise in all public buildings, especially religious festivities such as Easter, Corpus Christi, Santiago and the Immaculate Conception.
Other nationalist movements developed their own symbols. The Catalan medieval emblem with four red stripes on a yellow background became a protest flag since the 1880s. The Catalan or Senyera flag was banned by the Franco regime and re-legalized at its end, almost forty years later. However, since the 1920s, activists for an independent Catalonia had added to the flag a Masonic triangle in blue with a white star – inspired by the independence of Cuba and Puerto Rico. Some leftist groups in the late 1960s also invented a new pro-independence flag with the star in red. Thus, in the Catalan nationalist concentrations and demonstrations in recent times, three different flags have waved.
Similarly, the Basque ikurriña was invented in the 1890s. It consists of a white cross and a green cross on a red background representing, respectively, religion, old laws and the Basque race. The ikurriña became the flag of Basque nationalists since 1910, it also functioned as a tool of protest against the two subsequent dictatorships, and became official since the seventies. Other traditional nationalist standards, such as those of the other former members of the medieval Crown of Aragon, namely Aragon, Valencia and the Balearic Islands, as well as Galicia, Andalusia and others, also became official flags of the autonomous communities.
In most public buildings, the Spanish flag now flies alongside those of the European Union, the Autonomous Community and, if it is the case, the city or town. On the one hand, the central government has fervently promoted Spanish symbolic nationalism.

In present-day Spain, the official national identity is still largely associated with inherited symbols and historical myths. Significant groups of citizens, especially, but not only, in Catalonia and the Basque Country, do not identify with Spanish patriotism. Many others have weak national feelings or refer to different patriotic cultural references. The incompleteness of the Spanish nation, in a context of weak institutionalization of the State, fatally conditions the functioning of the current democratic regime.
The problem with representative democracy is, therefore, not only the election of the right representatives with the necessary information on whether they can do the job properly. The problem is especially serious in relation to the post-election period: when the representatives have great discretion in their decisions, monitoring their actions is costly and there are few institutional controls that limit their ability to act unilaterally.
The current democratic regime in Spain is less than mediocre in both dimensions: electoral representation and the post-electoral responsibility of the rulers, as we will see in the following pages. The current Spanish democratic regime is of low quality because governments are always based on minority electoral support, the oligarchies of political parties tend to control all political, legal, media and other institutions, there is a permanent confrontation between opposing minorities and a politics of tension, while territorial autonomies tend to be involved in centrifugal competition.
These disappointing results are derived, first, from the weakness of the previously revised state, which produces a weak institutionalization of political relations and a relatively low application of the rules of law.
The partisanship of all political forms in present-day Spain seriously alters the principles of modern representative democracy. As we said, unlike classical direct democracy, the current elected representatives are not subject to mandatory mandates of the voters on public policies or other collective decisions. But now the elected representatives are subject to other imperative mandates or, in other words, to the unilateral orders of the party oligarchies responsible for forming the electoral lists of candidates and the consequent parliamentary groups, as well as the local, provincial, and local government regional and national teams.
The political scientist Bernard Manin has analyzed the emergence of the oligarchies of political parties as principal agents of representative democracy. In his assessment, “there are no signs that the new elites are in a position to inspire feelings of identification among the voters. More than the substitution of one elite for another, it is the persistence, possibly even the worsening of the gap between the ruling elite and the governed, which has provoked a sense of crisis “of political representation. The power of the citizens in the old democracy to mandate their representatives has been taken, in the current representative democracy, by a closed and minority political class.
Spanish politicians can afford to maintain bitter disputes because, after all, not much happens. Even if the government does not do anything, or no government is formed for many months, the consequences are not very serious: the European Union, the central administration, Social Security, some autonomies and municipalities continue to operate as usual. Nowadays, the difference between a government elected by Parliament and an interim government is not very big. As in politics on campuses, what is at stake is pretty little. Many of the important decisions are increasingly taken in Brussels, New York or Washington, including those on monetary, fiscal, financial, anti-terrorism, security, migration or climate change policies, while local and regional governments manage almost all public services, including education and health. Spanish democracy seems a political regime of confrontation, but the regular management of many problems is quite banal. Today’s democracy is not, by far, what, in another historical context, with a more robust state and a more compact nation, could have been and was not.

Many of the territorial conflicts in Spain have affected the relations between Catalonia and the Spanish State. This is due to the fact that Catalonia’s own political action is destined to fail in Spain, due mainly to its relative intermediate size. On the one hand, Catalonia has never been big enough to lead Spain. Many Catalans have seen themselves as more prosperous, smart and enterprising than most Spaniards, and therefore able to lead them. But the relative size of Catalonia in population and economy (currently around one sixth and one fifth, respectively) has never been large enough and the other qualities are not sufficiently excellent to succeed in leadership attempts.
On the other hand, Catalonia has never been small enough for Castile and the rest of Spain to let it go on its own or negotiate a path towards self-determination. The loss to Spain would be too great, and the Spanish central rulers have never been willing to allow Catalonia the high levels of self-government they have accepted, on the other hand, for a smaller community like the Basque Country.
At the same time, Catalonia is doomed to failure by its internal divisions. On the one hand, Catalan society was historically bourgeois and mediocre enough to allow the Spanish State to try to reach agreements with moderate Catalan sectors around limited autonomy. After all, the two languages ​​are close derivations of Latin and bilingualism and the mixing or changing of cultural references implies low costs. But, on the other hand, there are enough social differences and internal political rivalries to generate frequent changes in political strategies. Both fragmentation and political polarization have been accentuated by the decomposition of social structures produced by the Great Recession and the challenges of globalization.
Three historical cycles can be observed in the relations between Catalonia and Spain, in which some episodes have been repeated again and again: from the beginning of the 16th century to the 18th century; from the mid-nineteenth century to the early twentieth century; and from the end of the 20th century onwards.
The true action for the self-determination of Catalonia began after the establishment of the Primo dictatorship and the dissolution of the Commonwealth. It involved, once again, the emergence of a different group of politicians and activists.
The history of the political relations of Catalonia with the Spanish State, which have been rotating like a merry-go-round, has been a history of failures and frustrations. The Catalans were not able to lead the Peninsula, like Piedmont; they have not achieved a self-governing state within a federation, such as, say, Massachusetts (or even as the privileged enclave of the Basque Country); nor have they managed to be a separate country from Spain, like Portugal.
The historical “experience of external dissociations and internal contradictions has ended up becoming the psychological spring of collective behavior,” noted the historian Jaume Vicens Vives.
What could change, therefore, in Europe that would produce a qualitative difference with respect to interterritorial relations in Spain? If we try to be inspired by the experience of the United States, further integration of the European Union should avoid more Brexits and, at the same time, be more open to the internal redesign of the borders. More concretely:
• The level of integration of the EU should be such that the Union does not recognize the sovereignty of the member states.
• Referenda for self-determination should be accepted by the parliaments involved, but also by the European Parliament.
• In order for new opportunities to arise, the European Union should carry out a major internal transformation. Alternatively, the international context could also change as a result of some important political crisis, as they were, in cases like those mentioned, the Civil War in the United States, the dissolution of Yugoslavia or the collapse of the Soviet Union.
All this may happen someday. Or maybe not.

Unlike Catalonia, the Basque Country has been fortunate in Spain due to its small relative size (less than one twentieth of the population, very compacted in a small territory, and one sixteenth of the economy). Due to the small size of the peripheral country, no Basque party or politician has dared to try to lead Spain. Almost all Basque interventions in Spanish politics have been, on the contrary, in resistance to Spanish nationalization, either by the provincials and the Carlists in the nineteenth century, or by moderate nationalists who aspire to autonomy and radicals for independence since the beginning of the 20th century. All the Spanish central governments, independently of the political regime or party ideology, have granted to some extent unique forms of Basque self-government, in contrast to the most usual centralizing or reluctant attitudes towards Catalonia and other territories in Spain.
Two main questions are open about the future of relations between the Basque Country and the Spanish State. The first is about the possible consequences of the disappearance of ETA and its violence. For several decades, there were multiple bilateral negotiations between the Spanish government, whether the PSOE or the PP, and ETA for the disarmament of this and a political agreement. All were frustrated, again and again, by new terrorist attacks. In the end, it was not ETA or its political branch that negotiated a goodbye to arms, as in Northern Ireland. ETA stopped killing, kidnapping and provoking riots in 2009, unilaterally announced the “definitive cessation of armed activity” two years later and handed over the weapons five years later. He left the continuation of his political objectives in the hands of the parties.
This can create new opportunities for new oscillations of the traditional patriotic pendulum, which were more difficult to handle when the radical wing was associated with terrorism.
The second question refers to the future of the traditional form of the Fiscal Agreement. On the occasion of the recent conflicts between the Generalitat of Catalonia and the central government of Spain, several voices were heard proposing the diffusion of said formula. However, as we said, the application of the Concert to communities larger than the Basque Country would imply a higher cost than any Spanish government would probably be willing to accept. The Spanish Ministry of Finance publishes «Territorialized Accounts» usually interpreted as «fiscal balances» between the central government and the autonomous communities (or the difference between tax revenues and central expenditure in each community). According to the most recent data for 2014, the balance was positive for the Basque Country at 3,387 million euros and negative for Madrid at 19,205 million euros and for Catalonia at 9,892 million euros. More recently, in 2017, the experts of the Ministry evaluated that the application of the “quota” to Catalonia with the same criteria that are used for the Basque Country would imply an additional expense of the central government in Catalonia of 16.57 billion euros. This great difference between the Basque Country and the other communities derives in part from the biased and undervalued calculations of the cost of central expenses for the Basques, the exemption of the Basque Country from contributing to interregional redistributive funds, and political negotiations such as that of the quota for the period 2018-2022, which was conditioned by the potential pivotal role of the PNV in the Spanish Parliament.
A judgment of the European Court of Justice in 2008 dismissed the suspicion of the European Commission that the low taxation of companies in the Basque Country had violated the competition rules of the European market. However, a new EU fiscal union, as promoted by the Commission, could reintroduce the review of unique and special cases, such as Basque and Navarre in the context of the Union. Although the Basque Country is much smaller in relation to Europe than in respect to Spain, the much higher efficiency of the EU could achieve some forms of fiscal unification that the weak Spanish state has never been able to complete.

There is a fairly clear relationship between the length and rigidity of a constitution and its noncompliance. The shortest constitutions open to reforms, such as those of the United States or Great Britain, have a very high level of compliance. Spain is close to the other extreme: the Spanish Constitution is rather long, that is, regulates many issues, so that over time the obsolete provisions accumulate and cause more and more imbalances with the political and social reality, which generates numerous demands for changes. At the same time, the Constitution is very rigid, or difficult to reform. The frustration of demands for change due to the absence of reforms tends to generate high levels of non-compliance and rejection.
Only a very broad reform of the Constitution, which has remained almost intact for forty years, can prevent it from exploding entirely. But the fear of the dangers of “opening the melon” of the constitutional reform, as the Spanish governors usually say, reflects the weakness and vulnerability of the State and the fragility of the nation, which have allowed only minority support to be built. results of the current democratic regime.

At present, “sovereignty” is not a central concept even in the constitutional order of the states, as can be seen in the following brief review. In the written constitutions of ten EU member states, the word “sovereignty” is not even mentioned (Austria, Belgium, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden). The laws, statutes, judgments, treaties and other sources that make up the political regime of the United Kingdom incorporate only the principle of “parliamentary sovereignty”, which has been made compatible with the EU’s acceptance and compliance with international standards.
Spain is an extreme case, since the Constitution proclaims “national sovereignty” and assigns its defense to the Armed Forces. The European Union is not even mentioned. Therefore, a radical turn of orientation may be necessary. A good inspiration for a constitutional reform could be, for example, Slovenia, a recent democracy that had as its objective from the beginning to be a member of the EU and took the issue as a leitmotif. On no less than eight occasions, the Slovenian Constitution proclaims that the Republic will “transfer the exercise of sovereign rights to international organizations”.
If, on the other hand, Spanish policy continues to focus on trying to reinforce the sovereign authority of the State and the institutional capacity for political decision-making at the state level, it could produce a big step back that would leave Spain marginalized and generate even more frustration.

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