Antisistema. Desigualdad Económica Y Precariado Político — José Fernández-Albertos / Antisystem Economic Inequality and Precarious Political by José Fernández-Albertos (spanish book edition)

Interesante libro donde estamos viviendo unos momentos que más allá de las idiosincrasias nacionales, esta coincidencia de terremotos no es casual, y que todos ellos son manifestaciones de un problema de fondo que afecta de una manera u otra a la gran mayoría de democracias de nuestro entorno. Dicho de forma resumida, este problema consiste en que nuestros sistemas políticos están teniendo fuertes dificultadas para corregir algunas de las consecuencias que los cambios económicos están provocando en sus sociedades. Y cuando una parte de la ciudadanía se ve simultáneamente afectada por estos cambios e incapaz de lograr que el sistema político responda a sus demandas, estará tentada de optar por nuevos partidos y líderes que prometan no solo cambiar de políticas, sino también reequilibrar el reparto de poder entre unos grupos y otros.
El problema no es de falta de ambición o de conocimientos, sino de incentivos. La causa última de la insuficiencia de las políticas de compensación y protección hacia los que sufren las consecuencias de las nuevas transformaciones económicas es, sencillamente, que sus demandantes son hoy políticamente débiles. Los mismos procesos que hacen que aumente la necesidad de protección por parte del Estado hacen que la voz de los que se beneficiarían de esta protección pese cada vez menos en el proceso de toma de decisiones.

(Flint, Detroit) la crisis de Flint no es que los técnicos no tengan que ocupar un espacio en el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas, o que la única forma de asegurarse de que la política responde a las demandas de la población es mediante la validación continua y permanente por parte de la ciudadanía de todas las decisiones públicas. Más bien, lo que Flint revela es que alterar los mecanismos de toma de decisiones reduciendo la voz de los afectados por las decisiones puede tener sentido bajo una determinada lógica de control presupuestario, pero que no es algo neutral desde el punto de vista político, y que las consecuencias de estas nuevas formas de toma de decisiones son reales, y pueden a veces ser devastadoras. La crisis de Flint también sugiere que, al menos en parte, los cambios en el poder político de ciertos grupos y comunidades tienen un origen fundamentalmente económico: la pobreza de la ciudad de Flint explica no solo el catastrófico estado de sus cuentas públicas y la “necesidad” de ser controladas por instancias supralocales, sino también los enormes obstáculos institucionales a los que sus residentes se enfrentaron después a la hora de hacer valer sus demandas.
La solución de Flint, en definitiva, consiste no solo en cambiar las políticas, sino que pasa ineludiblemente por tomar conciencia de la necesaria rehabilitación democrática del poder. La percepción por parte de la población de que ha perdido el control de lo que ocurre en la esfera pública es una de las condiciones necesarias para que tengan éxito los nuevos partidos y líderes que hemos visto crecer en la última década.

Prácticamente todo el aumento de la desigualdad entre hogares “ricos” y “pobres” en España en los últimos años se debe a que los pobres se han hecho mucho más pobres respecto a los grupos de ingresos medios. Al final de la crisis, los hogares “ricos” (los que solo tenían un 10% de hogares aún con más ingresos) tenían una renta disponible 2,2 veces mayor que la del hogar mediano, una cifra casi idéntica a la de una década antes.
Existen, en definitiva, razones sociales y económicas por las cuales las nuevas tensiones desigualitarias no están siendo respondidas con políticas redistributivas que las mitiguen o que den seguridad a los afectados. Hemos señalado algunas de ellas: la especial magnitud de los cambios distributivos recientes hace que las políticas correctoras tengan que ser cada vez más ambiciosas, la forma que suelen tomar las nuevas desigualdades crea obstáculos para que se forjen alianzas políticas sólidas entre los potenciales beneficiarios de la redistribución y el contexto actual de bajo crecimiento, globalización y concentración empresarial hace que el debate sobre el papel del Estado como reductor de las desigualdades encuentre más oposición que en el pasado. Todo esto explicaría la insuficiencia de la respuesta de las políticas públicas, pero para entender la frustración que hay detrás de la demanda por opciones antisistema en una parte del electorado es necesario algo más: que estos ciudadanos pierdan fe en su capacidad de condicionar el proceso político. Dicho de otra forma, que no solo se vean como precarios económicos, sino que además se reconozcan como precarios políticos.

La desconfianza hacia los políticos está siempre asociada a la desafección y la deslegitimación del sistema, pero resulta especialmente grave cuando el mecanismo principal que los ciudadanos tienen para influir en el proceso político, su voto en las elecciones, está averiado por las razones ya sabidas. Cuando las políticas públicas se vuelven más complejas y los procesos de toma de decisiones menos fiscalizables directamente, desconfiar de los que están en la sala de máquinas es especialmente problemático. Por ello, no es seguramente casual que el aumento de la demanda de políticos más “genuinos”, que usen un lenguaje más accesible y que resulten en definitiva más cercanos a sus representantes coincida con una mayor toma de conciencia de esta “deselectoralización” de la influencia de la ciudadanía en la política.
En 2016, y de acuerdo con Eurobarómetro, un 41% de los ciudadanos europeos (y un 64% de los españoles) estaban de acuerdo con la frase “mi voz no cuenta en mi país”.

Los perdedores están políticamente divididos, sus canales de acceso al proceso de toma de decisiones se han deteriorado y se enfrentan a grupos mejor articulados, con más recursos, y con más poder político. Perciben que su capacidad de incidir en el contenido de las políticas está estructuralmente debilitada, y (racionalmente) tienden a desconfiar de las promesas de los políticos, porque son conscientes de que ya no son tan electoralmente imprescindibles como lo eran en el pasado. Las políticas de compensación dejan de ser atractivas para los líderes, y por ese motivo no son percibidas como creíbles desde el punto de vista de sus potenciales beneficiarios.
El problema de la ausencia de políticas de compensación hacia los nuevos perdedores económicos no es por tanto que los líderes han sido mal aconsejados, que los burócratas sean incompetentes técnicamente o que nuestros gobernantes sean intrínsecamente malvados. Si así fuera, sería un problema mucho más manejable y corregible. La dificultad estriba en que es un problema político, de falta de incentivos de unos para llevarlas a cabo, y de otros de creer que se llevarán a cabo. Ante estos obstáculos, para algunos perdedores pasa a resultar atractivo apoyar movimientos o partidos que propongan soluciones que ataquen estas transformaciones en el origen, o que aspiren a modificar el entorno institucional de manera que les haga recuperar la centralidad perdida.
La clave estaría por tanto en saber en qué medida los nuevos cambios contribuirán a dividir aún más a los perdedores y a marginarlos políticamente, lo que nos abocaría al primer escenario, o a extender transversalmente la percepción de vulnerabilidad, lo que abriría la posibilidad de crear nuevos vínculos de solidaridad entre diferentes clases sociales y que permitiera la formación de nuevas coaliciones proredistributivas que ahora parecen inviables entre precarios y no precarios.

Los retos a los que se enfrentan nuestras democracias son serios. Las nuevas desigualdades, el bajo crecimiento y la incertidumbre económica están empezando a quebrar algunos de los consensos sobre que los habíamos construido nuestras instituciones representativas, nuestras políticas públicas y nuestros modelos de sociedad. La ca­­pacidad del sistema político para corregir las consecuen­­cias negativas de estas transformaciones está hoy en en­­tredicho.

Interesting book where we are living moments beyond the national idiosyncrasies, this coincidence of earthquakes is not accidental, and that they are all manifestations of a fundamental problem that affects one way or another the vast majority of democracies in our environment . Put briefly, this problem is that our political systems are having strong difficulties to correct some of the consequences that economic changes are causing in their societies. And when a part of the citizenship is simultaneously affected by these changes and unable to get the political system to respond to their demands, it will be tempted to opt for new parties and leaders that promise not only to change policies, but also to rebalance the distribution of power between some groups and others.
The problem is not one of lack of ambition or knowledge, but of incentives. The ultimate cause of the inadequacy of the policies of compensation and protection towards those who suffer the consequences of the new economic transformations is simply that their claimants are politically weak today. The same processes that increase the need for protection by the State mean that the voice of those who would benefit from this protection weighs less and less in the decision-making process.

(Flint, Detroit) Flint crisis is not that technicians do not have to occupy a space in the process of developing and implementing public policies, or that the only way to ensure that the policy responds to the demands of the population is through the continuous and permanent validation by the citizens of all public decisions. Rather, what Flint reveals is that altering decision-making mechanisms by reducing the voice of those affected by decisions may make sense under a certain logic of budgetary control, but that it is not neutral from a political point of view, and that the consequences of these new forms of decision-making are real, and can sometimes be devastating. The Flint crisis also suggests that, at least in part, changes in the political power of certain groups and communities have a fundamentally economic origin: the poverty of the city of Flint explains not only the catastrophic state of its public accounts and the ” need “to be controlled by supra-local authorities, but also the enormous institutional obstacles that their residents later faced when enforcing their demands.
Flint’s solution, in short, consists not only in changing policies, but also inescapably by becoming aware of the necessary democratic rehabilitation of power. The perception by the population that they have lost control of what is happening in the public sphere is one of the necessary conditions for the new parties and leaders that we have seen growing in the last decade to succeed.

Practically all the increase in inequality between “rich” and “poor” households in Spain in recent years is due to the fact that the poor have become much poorer than the middle-income groups. At the end of the crisis, “rich” households (those with only 10% of households still with more income) had a disposable income 2.2 times higher than the average household, a figure almost identical to that of a decade before.
There are, in short, social and economic reasons why the new inequality tensions are not being answered by redistributive policies that mitigate them or that give security to those affected. We have pointed out some of them: the special magnitude of the recent distributive changes makes that the corrective policies have to be more and more ambitious, the form that the new inequalities usually take creates obstacles for the forging of solid political alliances among the potential beneficiaries of the redistribution and the current context of low growth, globalization and business concentration makes the debate on the role of the State as a reducer of inequalities find more opposition than in the past. All this would explain the inadequacy of the response of public policies, but to understand the frustration behind the demand for anti-system options in a part of the electorate is necessary something else: that these citizens lose faith in their ability to condition the political process . In other words, not only look as precarious economic, but also recognize themselves as precarious politicians.

Mistrust of politicians is always associated with disaffection and the delegitimization of the system, but it is especially serious when the main mechanism that citizens have to influence the political process, their vote in elections, is damaged by the reasons already known. When public policies become more complex and decision-making processes less directly auditable, distrusting those in the engine room is especially problematic. Therefore, it is surely no coincidence that the increase in the demand for more “genuine” politicians, who use a more accessible language and are ultimately closer to their representatives coincides with a greater awareness of this “deselectoralization” of the influence of citizens in politics.
In 2016, according to Eurobarometer, 41% of European citizens (and 64% of Spaniards) agreed with the phrase “my voice does not count in my country”.

The losers are politically divided, their channels of access to the decision-making process have deteriorated and they face better articulated groups, with more resources, and with more political power. They perceive that their ability to influence the content of policies is structurally weakened, and (rationally) tend to distrust the promises of politicians, because they are aware that they are no longer as electorally essential as they were in the past. Compensation policies are no longer attractive to leaders, and for that reason they are not perceived as credible from the point of view of their potential beneficiaries.
The problem of the absence of policies of compensation towards the new economic losers is not therefore that the leaders have been badly advised, that the bureaucrats are technically incompetent or that our rulers are intrinsically evil. If so, it would be a much more manageable and correctable problem. The difficulty is that it is a political problem, lack of incentives for some to carry them out, and others to believe that they will be carried out. Faced with these obstacles, for some losers it becomes attractive to support movements or parties that propose solutions that attack these transformations at the origin, or that aspire to modify the institutional environment in a way that makes them recover the lost centrality.
The key would therefore be to know to what extent the new changes will contribute to further divide the losers and marginalize them politically, which would lead us to the first scenario, or to extend transversally the perception of vulnerability, which would open the possibility of creating new links of solidarity between different social classes and that allowed the formation of new pro-distributive coalitions that now seem unviable between precarious and non-precarious.

The challenges our democracies face are serious. New inequalities, low growth and economic uncertainty are beginning to break some of the consensus that we had built our representative institutions, our public policies and our models of society. The capacity of the political system to correct the negative consequences of these transformations is today in question.

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