La Confusión Nacional: La Democracia Española Ante La Crisis Catalana — Ignacio Sánchez Cuenca / The National Confusion: Spanish Democracy in the Face of the Catalonian Crisis by Ignacio Sánchez Cuenca (spanish book edition)

Recomendable para todos/as los patriotas españoles/las, aprenderan hasta que punto el gobierno español, los partidos y la prensa Española les han mentido o en el mejor de los casos no les han dicho la verdad. Un magnífico libro.

La democracia española no ha estado a la altura de las circunstancias en la cuestión catalana, especialmente durante la crisis del otoño de 2017, aunque los problemas venían de tiempo atrás. Los errores que haya cometido el independentismo catalán, que a mi entender son muchos y graves, no pueden nublarnos el juicio con respecto a nuestro propio sistema democrático, que, según intentaré argumentar, ha mostrado serias deficiencias.
A medida que se desarrollaba la crisis catalana, se ha ido activando un nacionalismo español cuya manifestación más visible y superficial ha sido la proliferación de Banderas españolas en los balcones y cuya consecuencia política más importante ha sido la justificación de las reacciones represivas e intransigentes del Estado. El discurso principal de este nacionalismo es el siguiente: frente a la política identitaria de los independentistas que quieren romper España, se erige una sociedad española abierta y democrática, un Estado español con siglos de antigüedad que cuenta con instituciones que garantizan las libertades, los derechos fundamentales y la igualdad política. Mientras que el nacionalismo catalán, según este punto de vista, es excluyente, va contra el curso de la historia y pretende establecer nuevas fronteras que separen, España ha apostado por la integración supranacional, por unirse con otros pueblos europeos.
Algunas de las decisiones judiciales solo son explicables teniendo en cuenta la combinación de conservadurismo ideológico de la judicatura española y un clima de opinión exaltado e intransigente, en buena medida azuzado por los principales medios de comunicación, que han actuado con una beligerancia exagerada, haciendo periodismo de trinchera en lugar de informar y analizar con un mínimo de imparcialidad. El Tribunal Constitucional, por lo demás, ha mantenido una posición muy rígida en el tema nacional, casi dogmática, contribuyendo decisivamente a tensar y polarizar el debate político.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, debe llamarse la atención sobre un asunto de extrema gravedad que ha pasado demasiado desapercibido fuera de Cataluña durante los años del procés. El Gobierno de Mariano Rajoy, en lugar de negociar con las autoridades catalanas y buscar una solución mutuamente aceptable, optó por promover una “guerra sucia” de baja intensidad, creando un operativo policial en la sombra para sacar, con cargo a los fondos reservados y sin ningún tipo de control judicial, los trapos sucios de los dirigentes independentistas. En un Estado de derecho sólido, este tipo de maniobras, en los bordes mismos de la legalidad e inaceptables en cualquier caso desde un punto de vista democrático, habrían acabado en un fenomenal escándalo con dimisiones incluidas y quién sabe si también con elecciones anticipadas.
Muchos nacionalistas españoles han considerado que, más que una crisis constitucional, lo que se ha vivido en Cataluña es un golpe de Estado antidemocrático, mientras que muchos nacionalistas catalanes niegan legitimidad al sistema democrático español, alegando que no es sino una forma de franquismo embozado. Ambas acusaciones, me parece, son injustas, erróneas y contraproducentes.

Donde se encuentran los problemas más serios de la democracia es en la práctica democrática, en el modo en el que la política se ejerce traicionando en ocasiones valores básicos de la democracia.
Hay dos elementos clave de la práctica democrática española que son manifiestamente mejorables. Por un lado, se ha extendido una confusión preocupante sobre el significado del nacionalismo y su relación con la democracia. Creo que algunos de los principales fallos de nuestra democracia se producen cuando se afronta el conflicto nacional. Dicho conflicto saca lo peor de la sociedad española. Desde finales de los años noventa del siglo pasado se ha configurado un espíritu de opinión en el que las reivindicaciones nacionales se entienden como desafíos o amenazas a la democracia española. En la esfera pública, el nacionalismo se presenta con excesiva frecuencia como un movimiento político incompatible con las reglas de una sociedad abierta y democrática.
Por otro lado, ha habido desde el inicio de nuestra democracia una forma estrecha de entender el principio democrático: en no pocas ocasiones la democracia se ha definido en el debate político como cumplimiento de la legalidad, confundiéndose democracia con Estado de derecho. La legalidad, no hace mucha falta recordarlo, es un elemento esencial de las democracias liberales. Sin embargo, resulta empobrecedor reducir la democracia al cumplimiento de las reglas. La democracia es también un ideal de autogobierno colectivo en virtud del cual consideramos que las decisiones políticas deberían basarse en las preferencias de los ciudadanos. El conflicto nacional suele provocar una tensión entre el principio de legalidad o principio constitucional y el principio democrático.

La reacción europea a la ejecución fue de fuerte repulsa. Se publicaron numerosos manifiestos y hubo abundantes artículos criticando la represión arbitraria y excesiva del Estado español. En respuesta, el ABC publicó un suplemento de diez páginas, con el elocuente título “Por la patria”. A juicio de Villanueva, “se crea entonces un patrón que se repetirá en lo sucesivo, el de la conjunción de una campaña exterior de denuncia y una agresiva reacción nacionalista. La ideología de la leyenda negra se convierte en propaganda nacionalista que “sirve para desviar la atención de una cuestión muy concreta: la de la democracia, o de la falta de democracia”. Con todas las diferencias y reservas que se quieran, esto mismo es lo que ha sucedido con la crisis catalana, a una escala menor, con un nivel más bajo de represión, sin duda, pero el esquema generativo de la polémica es idéntico: un Estado incapaz de abordar democráticamente un conflicto político reacciona mediante la represión, se producen críticas en el extranjero y se responde con un nacionalismo orgulloso.

El problema de España no está, como antes he dicho, en su sistema institucional, sino más bien en su práctica democrática. De ahí que sea preciso ir más allá de las bases de datos sobre regímenes políticos.
La corrupción, además, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación obtienen malas valoraciones. Pero quizá la característica más decepcionante del sistema político español sea la relación vertical entre políticos y ciudadanos. Los expertos consideran que nuestra democracia no consigue procesar adecuadamente las demandas ciudadanas. Así, en indicadores como “Los partidos se hacen eco de los problemas e intereses de la gente”, “El acceso de los distintos grupos sociales al poder político es igualitario” y “Los representantes políticos son accesibles a los ciudadanos” se observa un suspenso sin paliativos. Los suspensos pertenecen al ámbito de la práctica democrática más que al diseño institucional. Con reglas similares a las que tenemos, otras democracias consiguen un ejercicio más igualitario del poder.

Uno de los rasgos más desconcertantes de cómo se ha procesado en España la crisis constitucional catalana es la parcialidad en la atribución de responsabilidades al Estado central y a las instituciones catalanas. El relato dominante establece que el Estado ha tenido una paciencia enorme, pero ante la contumaz desobediencia de las autoridades de Cataluña no le ha quedado más remedio que suspender la autonomía mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los más exaltados creen en todo caso que el Gobierno debería haber iniciado medidas punitivas contra el independentismo mucho antes (y que deberían haber sido más duras). En este planteamiento, la actuación de los independentistas se asemeja a una catástrofe natural. La catástrofe obliga al Gobierno a declarar una especie de estado de emergencia interviniendo en la zona con medidas excepcionales de “salvamento”.
Este tipo de análisis me parece equivocado, pues pasa por alto que las iniciativas del independentismo catalán son en parte consecuencia de las decisiones (o ausencia de las mismas) que toma el Gobierno español y el sistema judicial. Entre las instituciones catalanas y el Estado central ha habido en todo momento una interacción estratégica: cada parte reaccionaba en función de lo que iba haciendo la otra.
La activación del nacionalismo español, así como la agresiva campaña de las grandes empresas de comunicación, han creado una distorsión importante, en virtud de la cual Mariano Rajoy aparece como el defensor de la Constitución y el orden democrático, cuando, él y su Gobierno tienen una responsabilidad enorme en que España haya estado más cerca de la ruptura de lo que nunca antes se estuvo en el periodo democrático.
Precisamente porque el Gobierno se ha mantenido en un inmovilismo legalista, ha podido dar la impresión de que los únicos culpables en esta desgraciada historia eran los independentistas catalanes con sus intentos de conseguir la independencia unilateralmente. Pero parece lógico pensar que ese unilateralismo haya sido en parte respuesta a la negativa sistemática del Gobierno español a negociar sobre las propuestas planteadas por las instituciones catalanas.
La intolerancia, por supuesto, no es patrimonio del nacionalismo español. En el nacionalismo catalán se ha podido observar con igual o superior intensidad. Llegó un punto en el que el independentismo pareció dispuesto a suspender cualquier escrúpulo democrático, intentando imponerse sobre un porcentaje muy amplio de la sociedad catalana que rechazaba tanto la secesión como el unilateralismo.

La consecuencia natural de esta manera de plantear las cosas es que con el nacionalismo solo cabe el enfrentamiento, no el diálogo ni la negociación. La postura más coherente, una vez que se adopta esta perspectiva, es la intransigencia política. Si ceder no sirvió para nada, si los nacionalistas están crecidos precisamente porque los demás fuimos demasiado débiles durante demasiado tiempo, ha llegado el momento de decir “basta” y poner freno a la espiral de demandas que plantean. La única forma de superar el nacionalismo consiste, pues, en combatirlo y marginarlo.
En España se celebra cualquier crítica al nacionalismo, por superficial que resulte. Nuestros intelectuales de mayor reconocimiento son justamente aquellos que no desaprovechan la ocasión para arremeter contra la ideología nacionalista. Se ha transformado casi en un rito de paso, en una ceremonia iniciática: si alguien pretende obtener respetabilidad intelectual, debe pasar la prueba del antinacionalismo furibundo. Proclámese que los nacionalismos son un atavismo, que las fronteras solo sirven para excluir, que el proyecto nacional es una nostalgia reaccionaria en los tiempos de la integración europea y la globalización, que todo nacionalista lleva en su seno a un supremacista, que el nacionalista desprecia la libertad individual, etc., y, por muy repetitivo que sea, quien así lo haga obtendrá eco en la prensa, se le abrirán las puertas de las editoriales principales del país y de las tribunas de los periódicos, medrará en el mundo de la cultura y pasará, en definitiva, a ser “uno de los nuestros”.
Para el antinacionalista visceral, el nacionalismo es ante todo una ambición insatisfecha de Estado. De ahí que en un Estado ya constituido, el nacionalismo no exista: frente a los Estados reconocidos que ejercen el monopolio de la violencia y el control sobre las fronteras de un territorio, los nacionalistas serían aquellos que no quieren permanecer en dichos Estados. De aquí deberíamos concluir que no puede haber nacionalismo de Estado, es decir, que una vez consolidado el Estado, el nacionalismo resulta redundante.
El nacionalismo y la democracia encajan con relativa facilidad, pues ambos presuponen tanto el principio de igualdad (en democracia, todos los ciudadanos son iguales ante la ley; en la nación, todos los nacionales quedan igualados por su identidad nacional) como el principio de autogobierno (en democracia, las decisiones colectivas se toman agregando las preferencias ciudadanas; la nación es el sujeto que debe tomar las decisiones colectivas). La democracia y el nacionalismo rompen las relaciones jerárquicas y estamentales, que eran propias de los imperios, los Estados absolutistas y otras formas no nacionales de organizar la política.
El nacionalismo siempre tiene dos caras, una integradora y otra excluyente: integradora con las personas que son parte de la nación, excluyente con el resto. La nación crea una comunidad con derechos e instituciones comunes en las que el Estado se responsabiliza hasta cierto punto de la suerte de sus nacionales. Pero los beneficios de la igualdad política y del autogobierno se reservan para los miembros de la nación y se excluye a todo aquel que no pertenece a la misma. La solidaridad y la igualdad solo son posibles en virtud de una exclusión generalizada. Así sucede con toda forma de organización nacional de la política. Los Estados nacionales cierran sus fronteras para poder establecer lazos de solidaridad entre sus ciudadanos. Toda nación se basa en privilegiar a los connacionales frente al resto de la humanidad. Y, si en el interior del territorio hay colectivos que resisten los intentos de asimilación al grupo nacional dominante, pueden ser marginados, expulsados o incluso exterminados.

La justificación implícita para la restricción de la entrada de inmigrantes es doble: cultural y económica. La primera considera que una cierta homogeneidad cultural es precisa para que la sociedad funcione adecuadamente. La nación se basa, como antes vimos, en rasgos y tradiciones culturales que pueden ir desde la lengua y la religión hasta unos referentes históricos comunes y unos valores políticos específicos. Para el nacionalista, la entrada masiva de inmigrantes podría hacer peligrar la comunidad construida nacionalmente. La segunda justificación es económica: por elevado que sea el nivel de desarrollo alcanzado, resulta oneroso para el Estado extender los beneficios sociales a la nueva población inmigrante. El Estado de bienestar se sostiene sobre la base de la comunidad nacional, no puede extenderse ilimitadamente a toda la población que quiera entrar en un país.
En suma, la presencia ubicua de nacionalismo banal, la diferencia entre niveles de solidaridad hacia dentro y hacia fuera de la comunidad nacional y las barreras contra la inmigración que existen en la práctica totalidad de los países avanzados muestran que el nacionalismo continúa teniendo una fuerza formidable en las democracias liberales. Al margen de las autoconcepciones que tengamos sobre nuestras ideas políticas, en la práctica las ciudadanías de los Estados-nación contemporáneos se comportan según principios nacionalistas.
Por supuesto, se trata de un nacionalismo que adquiere formas muy distintas a las del nacionalismo sin Estado. Este se caracteriza por una insistencia constante en la defensa y preservación de una nación que ve amenazada por su carencia de reconocimiento estatal. De ahí que el discurso de los nacionalismos sin Estado venga acompañado de una cierta dosis de victimismo.
El nacionalismo español existe, como existe el nacionalismo vasco, el francés o el checheno. Se basa, como todo nacionalismo, en la organización de la vida política en torno a su nación, en este caso la española. Es tan legítimo, por cierto, como todo otro nacionalismo. Los derechos y obligaciones que funda la nación española se restringen a los nacionales españoles. Nuestro sistema democrático y nuestra propia Constitución son expresión política de la voluntad constituyente de la nación española. Los ciudadanos que tienen un sentimiento de pertenencia a la nación española aceptan tomar decisiones colectivamente, tener unas instituciones comunes y pagar impuestos para el sostenimiento del Estado; asimismo, comparten unas referencias históricas, tienen una lengua común, el castellano o español, y muchos de ellos sienten apego por los símbolos nacionales.

Se ha especulado mucho sobre el papel que desempeñó la sentencia del Estatut en el aumento del independentismo en Cataluña. Es difícil alcanzar una conclusión clara. Por un lado, si el asunto se plantea en términos de opinión pública, hay una coincidencia en el tiempo entre la sentencia y la devastación imparable de la crisis económica; debido a dicha coincidencia, resulta problemático estimar el efecto de cada uno de estos dos factores por separado.
Por otro lado, la sentencia del Estatut podría haber tenido un impacto mayor sobre las elites políticas que sobre la opinión pública. No descubro nada nuevo si afirmo que la demanda de mayor autonomía o, en el límite, de secesión, suele ser iniciada por elites políticas que, ya sea por convicción o por cálculo político, deciden activar y tensar el asunto territorial. No tiene demasiada importancia en estos momentos cuál de las dos interpretaciones sea más fiel a la realidad y ni siquiera hace falta suponer que las elites son todas iguales (o bien todas actúan por convicción o todas son estratégicas).
El caso es que la negación del problema del demos por parte del Tribunal Constitucional achicaba el espacio que podía utilizarse para la negociación y el compromiso. La sentencia cerraba de antemano cualquier forma de reconocimiento nacional al pueblo catalán. Políticamente, cabían dos respuestas: la resignación o la afirmación unilateral de la nación catalana. En el contexto turbulento de la crisis económica, las antiguas elites moderadas de Convergencia optaron por la segunda opción, sumándose al independentismo de Esquerra. En la sociedad catalana, tan o más golpeada por la recesión que el resto de la sociedad española, el proyecto de un Estado propio era un motivo de ilusión y esperanza. De ahí que la cuestión del demos se manifestara con una virulencia que nunca tuvo en el País Vasco.

Es fundamental recordar que la realización de un referéndum puede ser contraria a derecho, pero no es un delito como tal en España. Puede ser un acto antijurídico, pero no entraña pena. No es equivalente a un robo, una estafa o un homicidio. Un referéndum, en cuanto acto político, puede invalidarse, un crimen no. De ahí que, en principio, se contemplen procedimientos distintos para regular cada tipo de acto antijurídico. Una característica importante de un referéndum, frente a una conducta penal, es que no provoca daño a terceros. Se trata de un acto político que, en la medida en que puede ser invalidado, no genera “víctimas”. Por eso no es urgente ni imprescindible evitar su ocurrencia.
Sin embargo, el mismo 7 de septiembre, Mariano Rajoy, en rueda de prensa, prometió que el referéndum no se celebraría.
Más allá de las cargas policiales el 1-O, la acción del Estado en las semanas previas resultó cuestionable desde un punto de vista democrático. En su afán por impedir que el referéndum tuviera lugar, el Gobierno y los jueces tomaron decisiones que bordeaban o excedían lo que es admisible en una democracia. Algunos derechos fundamentales fueron dejados de lado en el empeño por abortar la votación. Amparándose en una interpretación muy laxa de la ley, Gobierno y tribunales consideraron que estaban autorizados a tomar medidas que impidieran la realización del referéndum aun no siendo este una conducta delictiva. Esas medidas supusieron el cierre o el bloqueo de numerosas páginas web, la imputación de los alcaldes que cedieran locales para colocar urnas, la prohibición de incluir publicidad sobre el referéndum en medios de comunicación, la confiscación de carteles y otros medios de propaganda durante la campaña del referéndum, intervenciones policiales en locales (imprentas, oficinas de correos) en los que se produjeran o se almacenaran materiales para el referéndum (papeletas, sobres, publicidad, etc.)…
Muchas de estas medidas constituían una restricción a la libertad de expresión y de reunión. Una cosa es declarar inválido el resultado de un referéndum por carecer de base legal y otra bien distinta que los trabajos preparatorios, la propia campaña de los partidos animando al voto, la publicidad en medios o los actos de debate puedan ser intervenidos por el hecho de que su objeto sea un referéndum sin base legal.
El referéndum, como la propia Ley de 6 de septiembre que intentaba darle una cobertura jurídica, no tenían consecuencias legales ya que habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional. Si, no obstante, las autoridades catalanas seguían adelante, siempre le quedaba al Gobierno el recurso del artículo 155, que finalmente utilizó. Este artículo, por muy polémico que resulte, se basa en un control político de la legalidad y no requiere intervención judicial alguna. Constituye, a mi juicio, un instrumento más respetuoso con el proceso democrático que la vía penal.
Resulta interesante recordar lo que sucedió en Italia con la crisis de Padania. El 15 de septiembre de 1996, durante un acto político en Venecia, Umberto Bossi, el líder de la Liga Norte, realizó una declaración unilateral de independencia de la República de Padania, promulgando una constitución provisional para este territorio. Unos meses después, en mayo de 1997, la Liga organizó un referéndum de autodeterminación en las regiones que componen la Padania en el que, según sus organizadores, participaron 4,8 millones de italianos, casi todos a favor de la independencia. Con ese resultado, incluso se constituyó un Parlamento de la Padania, formado por 210 representantes, sin ningún tipo de reconocimiento jurídico político italiano. El Estado no intervino y los jueces no encarcelaron a los dirigentes de la Liga Norte.

La tesis del PP de que el problema catalán es un asunto de legalidad y orden público tiene dos consecuencias evidentes. La primera es que no hay nada que negociar con fuerzas políticas que plantean demandas que van más allá de lo que establece una interpretación “literalista” de la Constitución española. La segunda es que, al no haber iniciativa política alguna por parte del Gobierno para desactivar el conflicto, queda un amplio espacio abierto para la intervención de los tribunales, espoleados por una Fiscalía que reproduce los planteamientos ideológicos del Gobierno.
Además de una estrategia que se considera en sí misma delictiva, los jueces necesitan acreditar que el procés se desarrolló con violencia. Los argumentos no pueden ser más endebles y forzados y se basan en una confusión interesada entre movilizaciones y violencia. Así, en uno de sus autos, el juez Llarena llega a escribir esto:

“Por más que resulte evidente que el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron ante los numerosos llamamientos públicos que recibieron (de lo que era prueba incontestable los limitados efectos lesivos y dañinos surgidos de unas movilizaciones multitudinarias), se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos…”

El Gobierno se ha desentendido de la evolución judicial de la crisis constitucional catalana alegando que en España rige la división de poderes. En realidad, la iniciativa de interpretar la crisis constitucional como si fuera un delito de rebeldía corresponde al Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno. Los jueces conservadores no han hecho sino desarrollar el argumento general, expandiéndolo hasta poner en peligro principios democráticos básicos. Pero hay algo más importante aún y es que, aun no deseando negar en absoluto que nuestro sistema político establece la división de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, en la práctica dicha división dista mucho de ser perfecta. Los ciudadanos críticos tienen buenas razones para poner en cuarentena las declaraciones rutinarias y formalistas que las autoridades del Estado y los expertos en asuntos jurídicos suelen realizar sobre la independencia de los jueces.

En primer lugar, ha fallado el Gobierno de España. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha intentado anticiparse a los acontecimientos, se ha negado a dialogar y negociar con las autoridades catalanas y ha permitido que la situación se pudriera hasta que ya no tuviera más salida que la puramente represiva y judicial.
En segundo lugar, ha fallado nuestro Estado de derecho, pues desde el Gobierno de España se ha llevado a cabo una guerra sucia de baja intensidad, organizándose una policía política no sometida a control judicial que ha actuado en contra de los rivales políticos del partido en el poder, mezclando información falsa con información real que era filtrada según consideraciones partidistas a los medios de comunicación.
En tercer lugar, ha fallado nuestro sistema judicial, que ha adoptado decisiones muy discutibles desde el punto de vista jurídico que socavan principios democráticos básicos.
En cuarto lugar, ha fallado la monarquía, que en su intervención del 3 de octubre no apeló a la tolerancia, el pacto y el consenso, como su responsabilidad institucional exigía, tomando una posición beligerante y de parte en un conflicto constitucional muy complejo.
En quinto lugar, han fallado los grandes grupos mediáticos, que lejos de proporcionar una información objetiva y contribuir a un debate razonado, han optado por una campaña muy agresiva en la que se mezclaban continuamente información y opinión, y se daba rienda suelta a un nacionalismo español primario que solo ha servido para alejar aún más las posiciones.
Por último, en un plano más abstracto, han fallado los cimientos básicos de nuestra democracia. No ha habido una defensa firme de los principios democráticos a la hora de afrontar una crisis constitucional como la catalana, y todo ello ha sido consecuencia tanto del nacionalismo español, que se construye en oposición a los nacionalismos regionales, como de una concepción legalista de la democracia.

El independentismo calculó mal sus fuerzas. O puede que, como ha defendido incansablemente Guillem Martínez, nunca pretendiera realmente forzar una ruptura con España y todo se mantuviera en el plano de un simulacro. El caso es que no supo parar a tiempo. Tras el referéndum del 1-O podría haber utilizado la ola de simpatía internacional a su causa y el desprestigio del Estado español para haber abierto un periodo de reflexión sobre la utilización del capital político conseguido. Podría haber pensado en una estrategia gradual, de acumulación de fuerzas, que no rompiera con los compromisos democráticos que marcaron la primera fase del procés, pero, por los motivos que fuesen, siguió adelante. Las decisiones que tomó el independentismo a partir de ahí parecen encarnar una especie de suspensión del principio de realidad. Al romper los nacionalistas catalanes las reglas de juego, el Gobierno de la derecha, con la complicidad de los jueces, los grandes medios de comunicación y buena parte de la sociedad española, optó por dar un escarmiento definitivo al independentismo.

Otros libros del autor comentados en el blog:

https://weedjee.wordpress.com/2017/06/24/la-desfachatez-intelectual-ignacio-sanchez-cuenca/

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Recommended for all the spaniard patriots, they will learn to what extent the spanish government, the parties and the spaniard mass media have lied to them or at best of the cases have not told them the truth. A magnificent book.

The spanish democracy has not been up to the circumstances in the catalonian question, especially during the crisis of the fall of 2017, although the problems came from long ago. The mistakes committed by the Catalan independence movement, which in my opinion are many and serious, can not cloud our judgment regarding our own democratic system, which, as I will try to argue, has shown serious shortcomings.
As the catalonian crisis developed, a spanish nationalism has been activated, the most visible and superficial manifestation of which has been the proliferation of Spanish flags on the balconies and whose most important political consequence has been the justification of the repressive and intransigent reactions of the State. . The main discourse of this nationalism is the following: in front of the identity policy of the separatists who want to break Spain, an open and democratic spaniard society is established, a centuries-old spanish State that has institutions that guarantee freedoms, rights fundamentals and political equality. While Catalan nationalism, according to this point of view, is exclusive, goes against the course of history and seeks to establish new frontiers that separate, Spain has opted for supranational integration, to unite with other European peoples.
Some of the judicial decisions are only explicable taking into account the combination of ideological conservatism of the spanish judiciary and a climate of exalted and intransigent opinion, largely encouraged by the main media, which have acted with exaggerated belligerence, doing journalism of trench instead of informing and analyzing with a minimum of impartiality. The Constitutional Court, on the other hand, has maintained a very rigid position on the national issue, almost dogmatic, contributing decisively to tensing and polarizing the political debate.
As if all the above were not enough, attention should be drawn to a matter of extreme gravity that has gone too unnoticed outside Catalonia during the years of the procés. The Government of Mariano Rajoy, instead of negotiating with the Catalan authorities and looking for a mutually acceptable solution, opted to promote a low intensity “dirty war”, creating a police operation in the shade to take out, charged to the reserved funds and without any kind of judicial control, the dirty rags of the independence leaders. In a solid State of law, this type of maneuvers, at the very edges of legality and unacceptable in any case from a democratic point of view, would have ended in a phenomenal scandal with resignations included and who knows if also with early elections.
Many Spanish nationalists have considered that, more than a constitutional crisis, what has been lived in Catalonia is an anti-democratic coup, while many Catalan nationalists deny legitimacy to the Spanish democratic system, claiming that it is nothing but a form of Francoism. Both accusations, it seems to me, are unfair, erroneous and counterproductive.

Where the most serious problems of democracy are found are in democratic practice, in the way in which politics is exercised by betraying at times basic values ​​of democracy.
There are two key elements of spanish democratic practice that are manifestly improvable. On the one hand, there has been a disturbing confusion about the meaning of nationalism and its relation to democracy. I believe that some of the main failures of our democracy occur when confronting the national conflict. This conflict brings out the worst in spaniard society. Since the late nineties of the last century, a spirit of opinion has been shaped in which national claims are understood as challenges or threats to Spanish democracy. In the public sphere, nationalism is too often presented as a political movement incompatible with the rules of an open and democratic society.
On the other hand, since the beginning of our democracy there has been a narrow understanding of the democratic principle: on many occasions, democracy has been defined in the political debate as compliance with legality, democracy being confused with the rule of law. Legality, needless to remember, is an essential element of liberal democracies. However, it is impoverishing to reduce democracy to compliance with the rules. Democracy is also an ideal of collective self-government by virtue of which we consider that political decisions should be based on the preferences of citizens. The national conflict usually causes a tension between the principle of legality or constitutional principle and the democratic principle.

The european reaction to the execution was one of strong rejection. Many manifestos were published and there were abundant articles criticizing the arbitrary and excessive repression of the spanish State. In response, ABC published a ten-page supplement, with the eloquent title “For the Fatherland.” According to Villanueva, “a pattern is then created that will be repeated in the future, that of the conjunction of an external campaign of denunciation and an aggressive nationalist reaction. The ideology of the black legend becomes nationalistic propaganda that “serves to divert attention from a very specific issue: that of democracy, or lack of democracy.” With all the differences and reservations that you want, this is what has happened with the Catalan crisis, on a smaller scale, with a lower level of repression, without a doubt, but the generative scheme of the controversy is identical: a State Unable to tackle a political conflict democratically, it reacts through repression, criticism occurs abroad and it is responded with a proud nationalism.

The problem of Spain is not, as I said before, in its institutional system, but rather in its democratic practice. Hence, it is necessary to go beyond the databases on political regimes.
Corruption, in addition, the independence and pluralism of the media get bad ratings. But perhaps the most disappointing feature of the Spanish political system is the vertical relationship between politicians and citizens. Experts believe that our democracy does not manage to properly process citizen demands. Thus, in indicators such as “The parties echo the problems and interests of the people”, “The access of the different social groups to political power is equal” and “The political representatives are accessible to the citizens” there is a suspense without palliatives. Suspense belongs to the field of democratic practice rather than to institutional design. With rules similar to those we have, other democracies achieve a more egalitarian exercise of power.

One of the most disconcerting features of how the catalonian constitutional crisis has been processed in Spain is the partiality in the attribution of responsibilities to the central State and the catalonian institutions. The dominant narrative establishes that the State has had an enormous patience, but before the contemptuous disobedience of the authorities of Catalonia, it has not had any other choice than to suspend autonomy through the application of Article 155 of the Constitution. The most exalted believe in any case that the Government should have initiated punitive measures against the independence movement much earlier (and that they should have been tougher). In this approach, the action of the independentistas resembles a natural catastrophe. The catastrophe forces the Government to declare a kind of state of emergency intervening in the area with exceptional “rescue” measures.
This type of analysis seems wrong to me, because it ignores that the initiatives of the catalonian independence movement are in part a consequence of the decisions (or lack of them) made by the Spanish Government and the judicial system. Between the catalonian institutions and the central State there has been a strategic interaction at all times: each party reacted according to what the other was doing.
The activation of Spanish nationalism, as well as the aggressive campaign of the big communication companies, have created an important distortion, in virtue of which Mariano Rajoy appears as the defender of the Constitution and the democratic order, when he and his Government have a huge responsibility in which Spain has been closer to the rupture of what was never before in the democratic period.
Precisely because the Government has remained in a legalistic immobilism, it has been able to give the impression that the only culprits in this unfortunate history were the Catalan separatists with their attempts to achieve independence unilaterally. But it seems logical to think that this unilateralism has been partly a response to the systematic refusal of the Spanish government to negotiate on the proposals put forward by the catalonian institutions.
Intolerance, of course, is not the heritage of Spanish nationalism. In catalonian nationalism has been observed with equal or greater intensity. There came a point at which the independence movement seemed willing to suspend any democratic scruples, trying to impose itself on a very large percentage of catalonian society that rejected both secession and unilateralism.

The natural consequence of this way of putting things is that with nationalism there is only confrontation, not dialogue or negotiation. The most coherent posture, once this perspective is adopted, is political intransigence. If giving in was useless, if the nationalists are grown precisely because the others were too weak for too long, the time has come to say “enough” and to curb the spiral of demands they pose. The only way to overcome nationalism, then, is to combat it and marginalize it.
In Spain any criticism of nationalism is celebrated, however superficial it may be. Our intellectuals of greater recognition are precisely those who do not miss the opportunity to attack the nationalist ideology. It has become almost a rite of passage, in an initiation ceremony: if someone tries to obtain intellectual respectability, he must pass the test of furious anti-nationalism. Proclaim that nationalisms are an atavism, that borders only serve to exclude, that the national project is a reactionary nostalgia in the times of European integration and globalization, that every nationalist carries in its bosom a supremacist, which the nationalist despises individual freedom, etc., and, however repetitive it may be, whoever does so will get an echo in the press, the doors of the main publishers of the country and the stands of newspapers will be opened, it will thrive in the world of culture and will, in short, become “one of ours”.
For the visceral anti-nationalist, nationalism is first and foremost an unsatisfied ambition of the State. Hence, in a state already constituted, nationalism does not exist: compared to the recognized states that exercise a monopoly of violence and control over the borders of a territory, nationalists would be those who do not want to remain in those states. From here we should conclude that there can be no State nationalism, that is, that once the State is consolidated, nationalism is redundant.
Nationalism and democracy fit with relative ease, since both presuppose both the principle of equality (in democracy, all citizens are equal before the law, in the nation, all nationals are equated by their national identity) as the principle of self-government (In democracy, collective decisions are made by adding citizens’ preferences, the nation is the subject that must take collective decisions). Democracy and nationalism break hierarchical and class relations, which were typical of empires, absolutist states and other non-national ways of organizing politics.
Nationalism always has two faces, one integrating and the other exclusive: integrating with the people who are part of the nation, excluding the rest. The nation creates a community with common rights and institutions in which the State is responsible to some extent for the fate of its nationals. But the benefits of political equality and self-government are reserved for the members of the nation and everyone who does not belong to it is excluded. Solidarity and equality are only possible by virtue of a generalized exclusion. This is the case with every form of national organization of politics. The national states close their borders in order to establish bonds of solidarity among their citizens. Every nation is based on privileging the compatriots against the rest of humanity. And, if inside the territory there are groups that resist attempts to assimilate to the dominant national group, they can be marginalized, expelled or even exterminated.

The implicit justification for restricting the entry of immigrants is twofold: cultural and economic. The first considers that a certain cultural homogeneity is necessary for society to function properly. The nation is based, as we saw before, on cultural traits and traditions that can range from language and religion to common historical references and specific political values. For the nationalist, the massive influx of immigrants could endanger the nationally constructed community. The second justification is economic: no matter how high the level of development achieved, it is burdensome for the State to extend the social benefits to the new immigrant population. The welfare state is sustained on the basis of the national community, it can not be extended unlimitedly to all the population that wants to enter a country.
In sum, the ubiquitous presence of banal nationalism, the difference between levels of solidarity within and outside the national community, and the barriers to immigration that exist in practically all of the advanced countries show that nationalism continues to have a formidable force. in the liberal democracies. Regardless of the self-conceptions we have about our political ideas, in practice the citizenships of contemporary nation-states behave according to nationalist principles.
Of course, it is a nationalism that takes forms very different from those of stateless nationalism. This is characterized by a constant insistence on the defense and preservation of a nation that is threatened by its lack of state recognition. Hence, the discourse of stateless nationalisms is accompanied by a certain dose of victimization.
Spanish nationalism exists, as there is Basque, French or Chechen nationalism. It is based, like all nationalism, on the organization of political life around its nation, in this case the Spanish. It is as legitimate, by the way, as any other nationalism. The rights and obligations that founds the Spanish nation are restricted to Spanish nationals. Our democratic system and our own Constitution are political expression of the constituent will of the Spanish nation. Citizens who have a sense of belonging to the Spanish nation accept to make decisions collectively, have common institutions and pay taxes for the support of the State; likewise, they share historical references, have a common language, Spanish or Spanish, and many of them feel attached to national symbols.

There has been much speculation about the role played by the ruling of the Statute in the increase of independence in Catalonia. It is difficult to reach a clear conclusion. On the one hand, if the issue is raised in terms of public opinion, there is a coincidence in the time between the sentence and the unstoppable devastation of the economic crisis; Due to this coincidence, it is problematic to estimate the effect of each of these two factors separately.
On the other hand, the ruling of the Statute could have had a greater impact on political elites than on public opinion. I do not discover anything new if I affirm that the demand for greater autonomy or, in the limit, for secession, is usually initiated by political elites that, whether by conviction or by political calculation, decide to activate and tighten the territorial issue. It is not very important at this time which of the two interpretations is more true to reality and it is not even necessary to suppose that the elites are all the same (either all act by conviction or all are strategic).
The fact is that the denial of the problem of demos by the Constitutional Court reduced the space that could be used for negotiation and compromise. The sentence closed in advance any form of national recognition to the catalonian people. Politically, there were two answers: the resignation or the unilateral affirmation of the catalonian nation. In the turbulent context of the economic crisis, the old moderate elites of Convergencia opted for the second option, adding to the independence of Esquerra. In catalonian society, as much or more hit by the recession than the rest of spanish society, the project of a state of its own was a source of hope and hope. Hence, the question of the demos was manifested with a virulence that never had in the Basque Country.

It is essential to remember that carrying out a referendum can be contrary to law, but it is not a crime as such in Spain. It can be an unlawful act, but it does not involve grief. It is not equivalent to a robbery, a scam or a homicide. A referendum, as a political act, can be invalidated, a crime no. Hence, in principle, different procedures are considered to regulate each type of illegal act. An important characteristic of a referendum, against criminal conduct, is that it does not cause harm to third parties. It is a political act that, to the extent that it can be invalidated, does not generate “victims”. That is why it is not urgent or essential to avoid its occurrence.
However, on September 7, Mariano Rajoy, at a press conference, promised that the referendum would not be held.
Beyond police charges 1-O, the action of the State in the previous weeks was questionable from a democratic point of view. In their eagerness to prevent the referendum from taking place, the government and the judges made decisions that bordered on or exceeded what is admissible in a democracy. Some fundamental rights were left aside in the effort to abort the vote. Based on a very lax interpretation of the law, the Government and the courts considered that they were authorized to take measures that would prevent the referendum from taking place, even though this is not criminal conduct. These measures involved the closing or blocking of numerous websites, the imputation of mayors who gave up places to place ballot boxes, the prohibition of including publicity about the referendum in the media, the confiscation of posters and other propaganda media during the campaign of the referendum, police interventions in premises (printers, post offices) in which materials for the referendum were produced or stored (ballots, envelopes, advertising, etc.) …
Many of these measures constituted a restriction on freedom of expression and assembly. It is one thing to declare invalid the result of a referendum because it lacks a legal basis and another very different than the preparatory work, the campaign of the parties encouraging the vote, the publicity in the media or the debates can be intervened by the fact of that its object is a referendum without legal basis.
The referendum, like the Law of September 6 that tried to give it legal coverage, did not have legal consequences since they had been suspended by the Constitutional Court. If, however, the Catalan authorities went ahead, the Government always had recourse to article 155, which it finally used. This article, however polemic it may be, is based on a political control of legality and does not require any judicial intervention. It constitutes, in my opinion, an instrument more respectful of the democratic process than the criminal one.
It is interesting to remember what happened in Italy with the Padania crisis. On September 15, 1996, during a political event in Venice, Umberto Bossi, the leader of the Northern League, made a unilateral declaration of independence from the Republic of Padania, promulgating a provisional constitution for this territory. A few months later, in May 1997, the League organized a referendum on self-determination in the regions that make up the Padania, which, according to its organizers, involved 4.8 million Italians, almost all in favor of independence. With that result, a Padanian Parliament was even constituted, formed by 210 representatives, without any type of Italian political legal recognition. The State did not intervene and the judges did not imprison the leaders of the Northern League.

The thesis of the PP (Popular Party) that the catalonian problem is a matter of legality and public order has two obvious consequences. The first is that there is nothing to negotiate with political forces that pose demands that go beyond what is established by a “literalist” interpretation of the Spanish Constitution. The second is that, since there is no political initiative on the part of the Government to defuse the conflict, there is ample space open for the intervention of the courts, spurred by a Prosecutor’s Office that reproduces the ideological proposals of the Government.
In addition to a strategy that is considered criminal in itself, judges need to prove that the procés developed violently. The arguments can not be more flimsy and forced and are based on an interested confusion between mobilizations and violence. So, in one of his cars, Judge Llarena gets to write this:

“As much as it is evident that civility accompanied the tens of thousands of citizens who mobilized before the numerous public appeals they received (from what was incontestable proof of the limited harmful and harmful effects arising from mass mobilizations), it was found infiltration of numerous violent and aggressive behaviors … ”

The Government has ignored the judicial evolution of the catalonian constitutional crisis claiming that in Spain the division of powers governs. In fact, the initiative to interpret the constitutional crisis as if it were a crime of rebellion corresponds to the State Attorney General, appointed by the Government. Conservative judges have done nothing but develop the general argument, expanding it to the point of endangering basic democratic principles. But there is something even more important and that, while not wishing to deny at all that our political system establishes the division of powers between the Executive and the Judiciary, in practice this division is far from perfect. Critical citizens have good reason to quarantine the routine and formalistic statements that state authorities and legal experts usually make about the independence of judges.

In the first place, the Government of Spain has failed. The Executive of Mariano Rajoy has not tried to anticipate the events, has refused to dialogue and negotiate with the Catalonian authorities and has allowed the situation to rot until it had no more exit than the purely repressive and judicial.
In the second place, our Rule of Law has failed, because from the Government of Spain a low intensity dirty war has been carried out, organizing a political police not subject to judicial control that has acted against the political rivals of the party in the power, mixing false information with real information that was filtered according to partisan considerations to the media.
Third, our judicial system has failed, which has adopted highly debatable decisions from a legal point of view that undermine basic democratic principles.
Fourth, the monarchy has failed, that in its intervention of October 3 did not appeal to the tolerance, the pact and the consensus, as its institutional responsibility required, taking a belligerent position and part in a very complex constitutional conflict.
Fifth, the large media groups have failed, which far from providing objective information and contributing to a reasoned debate, have opted for a very aggressive campaign in which information and opinion were continuously mixed, and nationalism was given free rein. primary Spanish that has only served to further push the positions.
Finally, on a more abstract level, the basic foundations of our democracy have failed. There has not been a firm defense of democratic principles when facing a constitutional crisis like the catalonian one, and all this has been a consequence of both Spanish nationalism, which is constructed in opposition to regional nationalisms, and a legalistic conception of legal democracy.

The independence movement miscalculated its forces. Or maybe, as Guillem Martínez has defended tirelessly, he never really intended to force a break with Spain and everything remained in the plane of a simulacrum. The fact is that he did not know how to stop in time. After the referendum of 1-October could have used the wave of international sympathy to their cause and the loss of prestige of the Spanish State to have opened a period of reflection on the use of political capital achieved. He could have thought of a gradual strategy, of accumulation of forces, that did not break with the democratic commitments that marked the first phase of the process, but, for whatever reason, went ahead. The decisions taken by the independence movement from there seem to embody a kind of suspension of the reality principle. When the catalonian nationalists broke the rules of the game, the government of the right, with the complicity of the judges, the mass media Corp and a good part of Spanish society, chose to give a definitive lesson to the independence movement.

Books from the author commented in the blog.

https://weedjee.wordpress.com/2017/06/24/la-desfachatez-intelectual-ignacio-sanchez-cuenca/

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