La Cuestión Catalana. Cataluña En La Transición Española — Carme Molinero & Pere Ysàs / The Catalonian Question. Catalonia In The Spanish Transition by Carme Molinero & Pere Ysàs (spanish book edition)

Es un libro interesante cuya conclusión termina afirmando que sin un gran acuerdo que parta de la aceptación plena de la “realidad plurinacional española” no habrá nada que hacer. Si tal es la clave sobre la que edificar un nuevo pacto, habrá que rebobinar la historia, al menos desde 2006, para intentarlo de nuevo. Y eso es, dicho con otras palabras, lo que propone Muñoz Machado en un poderoso ejercicio de imaginación constituyente al abogar por una reforma pactada y simultánea del Estatuto de Cataluña y de la Constitución española. Pactando las dos reformas, los catalanes votarían su nuevo Estatuto, que al modo de una constitución no podría ser recurrido ante ninguna otra instancia, y el conjunto de los españoles votaría la reformada Constitución española que incorporaría expresamente el Estatuto en el que los catalanes vieran reconocida su realidad como nación. Y ese sería el lugar de Cataluña en las demás Españas.

La «CUESTIÓN CATALANA» o el «problema catalán» vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política española desde finales de 2012.
A lo largo de los diez años previos a la muerte de Franco, la sociedad civil catalana experimentó una dinamización muy notable, que fue paralela a la extensión de las actitudes de disenso en relación al franquismo, una conjunción que se explica por la interacción entre el activismo social y el activismo político. Se extendió, así, un concepto de ciudadanía activa, de implicación en los asuntos colectivos, que fue capaz de romper la pasividad política instalada en buena parte de la sociedad; ello explica que bastante antes de la muerte del Caudillo se hubiera tejido en Cataluña una red de complicidades sociales antifranquistas que ponía en evidencia la incapacidad del régimen para mantener el control social. Un rasgo distintivo de la movilización social en Cataluña era su conexión con el catalanismo político y cultural, en el que era hegemónico el catalanismo de izquierdas que, desde los años sesenta, planteaba la cuestión nacional en el marco de la transformación democrática del Estado español. Este catalanismo movilizado y movilizador tuvo en la Assemblea de Catalunya la plasmación más clara de la capacidad de autoorganización de los movimientos sociales y de la voluntad de autogobierno.

Si los proyectos políticos catalanistas exigían la transformación profunda del aparato del Estado, ello implicaba que la acción política exigía unidad en Cataluña y alianzas en el resto de España. A diferencia de lo que ocurrió a nivel estatal, en Cataluña las posibilidades de crear organismos unitarios se manifestaron pronto, pero fueron consecuencia del mayor peso de la movilización antifranquista13 en la sociedad catalana, no de una voluntad unitaria innata de los sectores opuestos al franquismo. En aquellas décadas de guerra fría el anticomunismo era un elemento condicionante de primer orden en las relaciones entre las organizaciones políticas, particularmente en la España franquista, donde el anticomunismo junto con el catolicismo se había convertido en rasgo de identidad política del régimen. Ello afectó severamente a la acción unitaria, pues los comunistas estaban en el corazón de los sectores movilizados.
La Assemblea de Catalunya permitió al antifranquismo catalán disponer de un instrumento unitario, coordinador y movilizador, capaz de tener un papel protagonista y condicionante de la vida política. Al mismo tiempo se puede decir que la existencia y la influencia de la Assemblea expresaba la profundidad de la crisis de la dictadura en Cataluña y la extrema dificultad del continuismo franquista.
La fuerza del antifranquismo catalán procedía en buena medida de su capacidad de atraer a amplios sectores de la población; tal como avanzaba la década de los setenta los valores fundamentales del antifranquismo tenían una amplia aceptación en la sociedad catalana aunque solo una parte de quienes los compartían los manifestaran abiertamente. La Assemblea de Catalunya venía a representar todo el tejido «vivo» de Cataluña.
De cara al futuro, sin embargo, los partidos políticos deberían jugar un papel fundamental.

A la muerte de Franco el lema extendido por la Assemblea de Catalunya «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia» era compartido por buena parte de la oposición española realmente existente. La palabra libertad expresaba la voluntad de acabar con la dictadura franquista y establecer una democracia en España; amnistía era sinónimo tanto de la excarcelación de los presos políticos como del reconocimiento de que la lucha contra la dictadura no constituía delito alguno. Estatuto de Autonomía reflejaba la voluntad catalana de autogobierno, evidentemente, pero significativamente esta reivindicación se había extendido a buena parte de la España periférica. Ya no eran solo Cataluña, Euskadi o Galicia los territorios que asociaban democracia a autonomía sino que el mismo vínculo se extendía, por ejemplo, en el País Valenciano, Andalucía o Canarias.
Todos los partidos políticos significativos habían incorporado a sus programas el reconocimiento de la reivindicación del autogobierno de nacionalidades y regiones. El PCE había profundizado en los años anteriores en una posición definida desde la guerra civil y que fue cada vez más asumida desde los años sesenta.
El Gobierno Arias no solo se mostraba incapaz de empezar a superar la crisis y estabilizar la situación sociopolítica sino que la estaba agravando y comprometiendo, quizás de manera irreversible, a la monarquía. Las élites económicas estaban también inquietas por la inestabilidad política y la conflictividad social. La reforma del régimen se había mostrado inviable y, a aquellas alturas, Juan Carlos de Borbón era muy consciente de ello. El 1 de julio, Arias aceptaba presentar la dimisión y abrir así la vía a la formación de un nuevo Gobierno.
José Antonio González Casanova escribió en aquellos días que «se llegó a pensar como presidente incluso en Fraga». Pero eso «era no entender hasta qué punto quien caía no era tanto Arias como la estrategia Fraga». Era necesario alguien dispuesto a llegar a lo que se había convertido en inaplazable y «Suárez hizo lo único que, histórica y políticamente, puede hacer un hombre cuando sabe que él no representa nada si no hace lo único posible dentro de lo que el país exige».
La derrota de la estrategia fraguista, implícita en la caída del Gobierno Arias, comportaba que no existía otra alternativa para estabilizar el país y hacer frente a los grandes problemas del momento que abrir desde el Gobierno un proceso formalmente hacia la democracia, aunque lo que éste entendiera por democracia podía diferir sustancialmente de lo que entendía la oposición. ¿Cómo hacerlo? En pocos meses se pudo comprobar que la primera fase consistiría en forzar la legislación franquista para permitir la convocatoria de unas elecciones generales, mediante una fórmula en la que tuvo una intervención muy relevante el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda.
El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno fue recibido con críticas generalizadas en la oposición democrática, pero también con reservas en sectores identificados con posiciones reformistas.

La movilización de los primeros meses de 1977 a favor de la reivindicación del Estatut de 1932, como el referente concreto de las reivindicaciones de autogobierno, mostraba que «la calle» apoyaba las propuestas de la oposición y en el ámbito gubernamental se empezó a percibir claramente que si aquélla conseguía que la población respaldara su programa en las elecciones de junio —como así fue—, no habría más alternativa que contemplar las reivindicaciones de la oposición en este terreno.
A pesar de la coincidencia en la demandas de restauración de la Generalitat y de retorno de su presidente en el exilio, el papel que se asignaba a Tarradellas difería del que él reclamaba. Joan Reventós sostuvo públicamente lo mismo que transmitió personalmente al presidente exiliado: que en opinión de los socialistas catalanes, el presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio debería regresar inmediatamente después de las elecciones para, acto seguido, delegar sus funciones ejecutivas en el número uno de la candidatura catalana que más votos consiguiera el día 15. El mismo 15 de junio, Le Monde publicó unas declaraciones de Jordi Pujol según las que «el president Tarradellas ha de regresar a Barcelona y presentar su dimisión, hasta que la Asamblea de Parlamentarios no acabe sus negociaciones con el Gobierno, a fin de que las nuevas Cortes nos reconozcan las atribuciones que teníamos en 1932». Pujol señalaba a continuación: «Tarradellas, en realidad, no es más que un símbolo de continuidad. Tarradellas es una ilusión». Pero tanto Tarradellas como Suárez supieron jugar sus cartas y la voluntad de Tarradellas de ocupar la Presidencia de la Generalitat coincidiría con la voluntad de la UCD de impedir la formación de un gobierno de izquierdas en Cataluña con la repercusión que ello tendría a nivel español.

Las difíciles relaciones entre Tarradellas y los partidos políticos, con momentos de notable tensión y polémicas afirmaciones de autoridad del presidente, que habían caracterizado los casi tres meses de negociaciones para el restablecimiento de la Generalitat, constituirían una constante en los treinta meses posteriores, en los que también se manifestarían divergencias entre las formaciones políticas, si bien se mantuvieron coincidencias básicas y la colaboración necesaria para lograr una Constitución que asegurara la democracia y un Estatuto de Autonomía que consagrara el autogobierno.
El resultado del referéndum sobre la Constitución en Cataluña ratificó la aprobación ciudadana tal como pidieron casi todas las formaciones políticas y el Consell Executiu de la Generalitat. En una declaración del 20 de noviembre, el
presidente Tarradellas y todos los consejeros manifestaron que «la Constitución elaborada por las primeras Cortes democráticas elegidas en España después de tantos años de dictadura, representa el marco que permite el Estatuto de Cataluña y una amplia y sólida autonomía». La Constitución representaba también «la consolidación de la democracia» y era «la mejor garantía de convivencia»; además acababa «con los trágicos enfrentamientos y abre una nueva era para todo nuestro pueblo».
La participación en Cataluña en el referéndum sobre la Constitución (68 %) fue ligeramente superior a la del conjunto de España (67,7 %), los votos favorables (90,5 %) fueron superiores a los de todo el territorio español (87,8 %) y significativamente inferiores los negativos (4,6 % frente a 7,9 %). El Estatuto de Autonomía ocuparía, en los meses siguientes, el centro de la agenda política catalana y, en parte, de la española.

La valoración del Estatuto aprobado en comparación con el de 1932 fue objeto de controversia política pero, con la excepción de ERC, las principales fuerzas políticas coincidieron en considerarlo en muchos puntos como un instrumento mejor para el ejercicio del autogobierno, obviamente en un contexto social, económico y político muy distinto. Una conclusión en líneas generales compartida por los estudios posteriores de carácter académico.

-La unidad política de la oposición catalana a la dictadura franquista se convirtió a mediados de los años sesenta en un rasgo de diferenciación respecto al conjunto del antifranquismo español y en uno de los factores más destacados para explicar la extensión de las actitudes de disentimiento entre amplios sectores de la población. La unidad antifranquista se vio favorecida por la presencia transversal del catalanismo —cuyo núcleo definidor puede sintetizarse en la afirmación de la identidad catalana, la defensa de la lengua y de la cultura propia y la reivindicación del autogobierno— que era concurrente en los distintos grupos políticos y que, en parte a través de ellos, estaba también presente en los diversos movimientos sociales.
-En el catalanismo hegemónico en los años sesenta y setenta, el objetivo de autogobierno se conjugaba con el de un modelo de Estado democrático y federal, de manera que los proyectos políticos catalanistas que se habían afianzado implicaban que la acción política requería unidad en Cataluña y alianzas con el resto de la oposición española.
-La consagración del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones en el marco de la unidad de España, en la forma redundante del artículo 2 de la Constitución, implicaba una profunda transformación de la estructura territorial, que consagró el título VIII. Junto con el artículo 2, dicho título fue el de más difícil elaboración, como han coincidido en apuntar los ponentes del anteproyecto y cuantos intervinieron más directamente en su elaboración. De nuevo, el acuerdo amplio se alcanzó entre UCD, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes y vascos. Por su parte, Alianza Popular presentó un voto particular a la totalidad del título. El debate contrapuso a quienes optaron inequívocamente por prever la posibilidad de unos estatutos de autonomía que permitieran un amplio autogobierno a aquellas nacionalidades y regiones que lo demandaran y quienes —AP— defendieron un modelo de autonomía extraordinariamente limitada y controlada por el poder central y una descentralización administrativa.
-Situados en 1980, la «cuestión catalana» parecía razonablemente resuelta en el marco de la democracia española en fase de consolidación; ciertamente el Estatuto no era la autonomía pero sí la condición para hacerla posible. Y, atendiendo a la opinión de los ciudadanos catalanes, hasta el inicio del siglo xxi la satisfacción con el autogobierno establecido prevaleció ampliamente sobre los cuestionamientos que siempre existieron. También el modelo autonómico gozó de general aceptación en toda España.
Sin embargo, para comprender la crisis catalana actual más allá de los acontecimientos más cercanos, debería atenderse a factores que pronto entraron en escena. Por una parte, los resultados de las sucesivas elecciones al Parlamento de Cataluña desde 1984, siempre con una abstención sensiblemente superior a la registrada en las elecciones generales, asentaron en el gobierno de la Generalitat hasta 2003 una mayoría nacionalista con un programa que difería sensiblemente del de la izquierda hegemónica durante el proceso de cambio político —y que continuaría siendo mayoritaria en elecciones generales y municipales—. Por otra parte, las actitudes predominantes en las formaciones políticas mayoritarias en España desde 1982 mostrarían pronto el alcance limitado que para ellas significaba el reconocimiento de las «nacionalidades» así como la consideración de España como una «nación de naciones».

Sin un gran acuerdo que parta de la aceptación real y con todas las consecuencias de la realidad plurinacional española, proclamada por las fuerzas democráticas antifranquistas hace cuatro décadas, la «cuestión catalana» puede acabar con la comunidad política española, aceptada sin reservas por los grupos políticos catalanes durante el proceso de construcción de la democracia.

It’s an interesting book whose conclusion ends affirming that without a great agreement that starts from the full acceptance of the “plurinational Spanish reality” there will be nothing to do. If this is the key on which to build a new pact, we will have to rewind the story, at least since 2006, to try again. And that is, in other words, what Muñoz Machado proposes in a powerful exercise of constitutional imagination in advocating for a simultaneous and agreed-upon reform of the Statute of Catalonia and the Spanish Constitution. Agreeing the two reforms, the Catalans would vote their new Statute, which in the form of a constitution could not be appealed before any other instance, and all Spaniards would vote the reformed Spanish Constitution that would expressly incorporate the Statute in which the Catalans were recognized your reality as a nation. And that would be the place of Catalonia in the other Spains.

The “CATALONIAN QUESTION” or the “Catalan problem” is once again at the center of the Spanish political agenda since the end of 2012.
Throughout the ten years prior to Franco’s death, Catalan civil society experienced a remarkable dynamism, which was parallel to the extension of dissent attitudes towards Francoism, a conjunction that is explained by the interaction between social activism and political activism. Thus, it was extended a concept of active citizenship, of involvement in collective affairs, which was able to break the political passivity installed in a large part of society; This explains why, long before the Caudillo’s death, a network of anti-Francoist social complicities had been woven in Catalonia, which highlighted the inability of the regime to maintain social control. A distinctive feature of social mobilization in Catalonia was its connection with political and cultural Catalanism, in which the left-wing Catalanism that, since the 1960s, raised the national question within the framework of the democratic transformation of the Spanish State was hegemonic. This mobilized and mobilizing Catalanism had in the Assemblea de Catalunya the clearest expression of the self-organization capacity of social movements and the will to self-government.

If the Catalan political projects demanded the profound transformation of the State apparatus, this implied that political action demanded unity in Catalonia and alliances in the rest of Spain. In contrast to what happened at the state level, in Catalonia the possibilities of creating unitary bodies were soon manifested, but they were the consequence of the greater weight of the anti-Franco mobilization13 in Catalan society, not of an innate unitary will of the sectors opposed to the Franco regime. In those decades of cold war anti-communism was a determining element of first order in the relations between political organizations, particularly in Franco’s Spain, where anti-communism along with Catholicism had become a feature of the regime’s political identity. This severely affected the unitary action, because the communists were at the heart of the mobilized sectors.
The Assemblea de Catalunya allowed Catalan anti-Francoism to have a unitary, coordinating and mobilizing instrument capable of playing a leading and conditioning role in political life. At the same time it can be said that the existence and influence of the Assemblea expressed the depth of the crisis of the dictatorship in Catalonia and the extreme difficulty of the Francoist continuity.
The strength of Catalan anti-Francoism came largely from its ability to attract large sections of the population; As the seventies progressed, the fundamental values ​​of anti-Francoism had a wide acceptance in Catalan society, although only a part of those who shared them expressed them openly. The Assemblea de Catalunya came to represent all the “living” fabric of Catalonia.
Looking ahead, however, political parties should play a fundamental role.

At the death of Franco the slogan extended by the Assemblea de Catalunya “llibertat, amnesty, estatut d’autonomia” was shared by a good part of the really existing Spanish opposition. The word freedom expressed the will to end the Franco dictatorship and establish a democracy in Spain; Amnesty was synonymous with both the release of political prisoners and the recognition that the struggle against the dictatorship was not a crime. Statute of Autonomy reflected the Catalan will of self-government, evidently, but significantly this claim had been extended to a good part of peripheral Spain. Not only were Catalonia, Euskadi or Galicia the territories that associated democracy with autonomy, but the same link extended, for example, in the Valencian Country, Andalusia or the Canary Islands.
All the significant political parties had incorporated into their programs the recognition of the demand for self-government of nationalities and regions. The PCE had deepened in previous years in a position defined since the civil war and that was increasingly assumed since the sixties.
The Arias Government not only was unable to begin to overcome the crisis and stabilize the sociopolitical situation but was aggravating it and compromising, perhaps irreversibly, the monarchy. The economic elites were also disturbed by political instability and social unrest. The reform of the regime had been unfeasible and, at that point, Juan Carlos de Borbón was very aware of this. On July 1, Arias agreed to present the resignation and thus open the way to the formation of a new Government.
José Antonio González Casanova wrote in those days that “he came to think like president even in Fraga”. But that “was not understanding to what extent who was falling was not so much Arias as the Fraga strategy”. It was necessary someone willing to reach what had become unplayable and “Suarez did the only thing that, historically and politically, a man can do when he knows that he does not represent anything if he does not do the only thing possible within what the country demands »
The defeat of the strategy fraguista, implicit in the fall of the Arias Government, meant that there was no other alternative to stabilize the country and deal with the great problems of the moment to open from the Government a formal process towards democracy, although what this understood by democracy could differ materially from what the opposition understood. How to do it? In a few months it was possible to verify that the first phase would consist of forcing the Francoist legislation to allow the convocation of general elections, by means of a formula in which the President of the Cortes, Torcuato Fernández Miranda, had a very important intervention.
The appointment of Adolfo Suárez as president of the government was met with widespread criticism in the democratic opposition, but also with reservations in sectors identified with reformist positions.

The mobilization of the first months of 1977 in favor of the vindication of the Estatut of 1932, as the concrete reference of the claims of self-government, showed that “the street” supported the opposition proposals and in the governmental scope it began to be clearly perceived that if it got the population to support its program in the June elections – as it were – there would be no alternative but to contemplate the demands of the opposition in this area.
Despite the coincidence in the restoration demands of the Generalitat and the return of its president in exile, the role assigned to Tarradellas differed from the one he claimed. Joan Reventós publicly maintained the same thing that he personally conveyed to the exiled president: that in the opinion of the Catalan socialists, the president of the Generalitat de Catalunya in exile should return immediately after the elections to, then, delegate his executive functions to the number one of the Catalan candidacy that won the most votes on the 15th. On June 15, Le Monde published some statements by Jordi Pujol according to which “President Tarradellas has to return to Barcelona and present his resignation, until the Assembly of Parliamentarians do not end your negotiations with the Government, so that the new Courts recognize us the powers that we had in 1932 ». Pujol pointed out: “Tarradellas, in fact, is only a symbol of continuity. Tarradellas is an illusion ». But both Tarradellas and Suárez knew how to play their cards and Tarradellas’ will to occupy the Presidency of the Generalitat would coincide with the will of the UCD to prevent the formation of a left government in Catalonia with the repercussion that it would have at the Spanish level.

The difficult relations between Tarradellas and the political parties, with moments of remarkable tension and controversial assertions of authority by the president, which had characterized the almost three months of negotiations for the reestablishment of the Generalitat, would be a constant in the following thirty months, in the that divergences would also be manifested among the political formations, although basic coincidences and the necessary collaboration were maintained to achieve a Constitution that would ensure democracy and a Statute of Autonomy that would consecrate self-government.
The result of the referendum on the Constitution in Catalonia ratified the citizens’ approval as requested by almost all the political formations and the Executiu Council of the Generalitat. In a statement of November 20, the
President Tarradellas and all the councilors said that “the Constitution prepared by the first democratic Cortes elected in Spain after so many years of dictatorship, represents the framework allowed by the Statute of Catalonia and a broad and solid autonomy.” The Constitution also represented “the consolidation of democracy” and was “the best guarantee of coexistence”; also ended “with the tragic clashes and opens a new era for all our people.”
The participation in Catalonia in the referendum on the Constitution (68%) was slightly higher than that of the whole of Spain (67.7%), the favorable votes (90.5%) were higher than those of the entire Spanish territory (87 , 8%) and significantly lower the negative ones (4.6% versus 7.9%). The Statute of Autonomy would occupy, in the following months, the center of the Catalan political agenda and, in part, of the Spanish one.

The valuation of the approved Statute in comparison with the one of 1932 was object of political controversy but, with the exception of ERC, the main political forces agreed in considering it in many points like a better instrument for the exercise of the self-government, obviously in a social context, economic and political very different. A general conclusion shared by subsequent studies of an academic nature.

-The political unity of the Catalan opposition to the Franco dictatorship became in the mid-sixties a feature of differentiation with respect to the whole of Spanish anti-Francoism and in one of the most outstanding factors to explain the extension of dissent attitudes among broad sectors of the population. The anti-Francoist unity was favored by the transversal presence of Catalanism -whose defining nucleus can be synthesized in the affirmation of Catalan identity, the defense of the language and of one’s own culture and the vindication of self-government- that was concurrent in the different political groups and that, partly through them, was also present in the various social movements.
-In the hegemonic Catalanism in the sixties and seventies, the objective of self-government was combined with that of a democratic and federal state model, so that the catalanist political projects that had taken hold implied that political action required unity in Catalonia and alliances with the rest of the Spanish opposition.
-The consecration of the right to autonomy of nationalities and regions in the framework of the unity of Spain, in the redundant form of Article 2 of the Constitution, involved a profound transformation of the territorial structure, which enshrined title VIII. Along with article 2, this title was the most difficult to elaborate, as the rapporteurs of the preliminary draft have agreed and those who intervened most directly in its preparation. Once again, the broad agreement was reached between the UCD, socialists, communists and Catalan and Basque nationalists. For its part, Alianza Popular submitted a particular vote to the entire title. The debate opposed those who chose unequivocally to foresee the possibility of autonomy statutes that would allow broad self-government to those nationalities and regions that demanded it and those who -AP- defended a model of autonomy extraordinarily limited and controlled by the central power and a decentralization administrative
– Established in 1980, the “Catalan question” seemed reasonably resolved within the framework of Spanish democracy in the consolidation phase; certainly the Statute was not autonomy but the condition to make it possible. And, taking into account the opinion of Catalan citizens, until the beginning of the 21st century the satisfaction with established self-government prevailed widely over the questions that always existed. Also the autonomic model enjoyed general acceptance in all Spain.
However, in order to understand the current Catalan crisis beyond the closest events, factors that soon entered the scene should be addressed. On the one hand, the results of the successive elections to the Parliament of Catalonia since 1984, always with an abstention noticeably superior to that registered in the general elections, established in the government of the Generalitat until 2003 a nationalist majority with a program that differed significantly from the of the hegemonic left during the process of political change – and that would continue to be the majority in general and municipal elections. On the other hand, the predominant attitudes in the majority political formations in Spain since 1982 would soon show the limited scope that for them meant the recognition of “nationalities” as well as the consideration of Spain as a “nation of nations”.

Without a great agreement based on the real acceptance and with all the consequences of the plurinational Spanish reality, proclaimed by the anti-Francoist democratic forces four decades ago, the “Catalan question” can put an end to the Spanish political community, accepted without reservation by the groups Catalan politicians during the process of building democracy.

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