El Secuestro De La Justicia. Virtudes Y Problemas Del Sistema Judicial — Joaquim Bosch & Ignacio Escolar / Kidnapping of Justice. Virtues And Problems Of The Judicial System by Joaquim Bosch & Ignacio Escolar (spanish book edition)

Sin duda el acierto del libro es el carácter divulgativo para el lector. No hay que ser soberanista para darse cuenta de que la Justicia en el Reino de España está en crisis y ha perdido fiabilidad. En la huelga de fiscales y jueces del pasado mes de mayo de 2018 había “jueces” que llevaban pancartas reivindicando la indepedencia de la justicia. Por lo tanto afirmar que la justicia española no es independiente lo dicen los mismos jueces. Y los menos independientes son justamente el TS, y el TC. El diálogo entre el periodista y el juez lo aclaran muy bien matizando tanto el buen trabajo de cientos de jueces honestos sin medios como la anomalía de la Audiencia Nacional, las causas de los juicios raros “por terrorismo” y los intentos de control por parte del poder político. Todo se entiende mejor con la lectura de esta obra. Un gran acierto.

La politización de la justicia, y las injerencias de los partidos en su gobierno. Por la cuestión catalana y cómo se está intentando resolver desde los tribunales un problema que también es político. Por la lucha de los consumidores y ahorradores ante determinados abusos de la banca, como en el caso de las preferentes o en el de las cláusulas suelo en las hipotecas. Todo esto ha hecho que la sociedad y los medios nos fijemos mucho más en la justicia. En sus decisiones, en sus mecanismos, en los medios con los que cuentan los tribunales y también en su independencia o imparcialidad.
En la última década hemos asistido en la Unión Europea a una unificación de las estructuras de poder, estimulada desde los ámbitos financieros, que ha alarmado a algunos de los más destacados intelectuales europeos ante las limitaciones que eso supone para la propia democracia. Y esto ha ocurrido de manera todavía más acentuada en España. La crisis ha sacudido a todo el mundo occidental. Pero en cada Estado la crisis se ha manifestado con sus particularidades. En España los efectos negativos han sido bastante más severos que en otros países europeos. El descalabro económico nos ha ocasionado unas secuelas específicas.

La justicia, no solo es cuestión de que no exista impunidad. También es fundamental la apariencia de imparcialidad: que la justicia tenga la confianza de la propia sociedad. Que la sociedad crea en la justicia y acepte sus decisiones, no solo que las acate por el miedo a la capacidad coercitiva del Estado. Toda democracia se basa en un pacto social.
Los instrumentos dirigidos a la prevención, a la persecución y al castigo de la corrupción adolecen de serias insuficiencias en nuestro país. Lo fundamental son las medidas preventivas, porque el derecho penal siempre llega con retraso, cuando el delito ya se ha cometido y a menudo también el daño ya no tiene remedio. La prevención debería buscar que no sea tan sencillo corromperse como ha sucedido hasta ahora. Esas cautelas institucionales se cuidan bastante en los países europeos más avanzados, por ejemplo con medidas que impiden movimientos arbitrarios de dinero público: transparencia en la contratación, supervisión efectiva de las actuaciones de la administración…
Aumentaron la dureza de todas las penas para los «robaperas», pero no para aquellos que estaban en el legislativo o cerca de ese poder: para aquellos que podían ser colegas del partido o miembros de la administración. Volviendo al tema del enriquecimiento ilícito, creo que esa figura penal es necesaria porque gran parte de las fortunas amasadas gracias a la corrupción, que hoy muchas veces son impunes.

La existencia de un castigo penal adecuado sí que cumpliría el efecto disuasorio. Nos encontramos ante delitos de pura codicia. Son distintos a las infracciones relacionadas con la miseria o la marginalidad. La delincuencia cometida por personas que ocupan cargos públicos no guarda relación alguna con las acciones de quienes roban para cubrir sus necesidades básicas o las de quienes padecen una toxicomanía, en las cuales el elemento intimidatorio de la pena es más limitado. Los corruptos suelen ser personas con un elevado nivel de vida. Pero todavía desean más. Así, la amenaza de prisión sí que puede frenar intenciones corruptas, porque hay bastante que perder.
Estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de corruptos. Las tramas delictivas cuentan con especialistas en ingeniería financiera para ocultar los beneficios obtenidos, pero en los juzgados no tenemos adscritos a peritos en estas materias. Necesitamos una policía judicial con instrumentos suficientes, que no esté a las órdenes del poder político, porque a veces puede ser el menos interesado en que avance una investigación. Y también deberíamos incrementar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción. La realidad es que los corruptos cuentan con más medios para eludir la acción de la justicia de los que tenemos en los juzgados para perseguirles. No ha existido voluntad política para actuar de manera enérgica contra la corrupción. Si de verdad existiera esa intención, necesitaríamos un pacto de Estado que permitiera adoptar reformas estructurales muy estrictas para la prevención, persecución y castigo de estos delitos.

Es necesario distinguir entre ideología y parcialidad. A menudo hay confusiones. Todos los jueces tienen ideología y eso es inevitable. Pero ninguno debe ser parcial. Las creencias ideológicas no tienen por qué afectar a la resolución de los casos de corrupción. Los magistrados saben que nuestro deber consiste en aplicar el ordenamiento jurídico.
La Constitución optó por un sistema inspirado en el italiano. Nuestro texto constitucional daba a entender que, de los 20 vocales del CGPJ, 12 habrían de ser jueces elegidos por la propia carrera judicial. Y los 8 restantes serían miembros de profesiones jurídicas y designados por el Parlamento. Se trataba de un sistema mixto que evitaba el dirigismo por parte de las fuerzas políticas y posibilitaba el equilibrio institucional propio de la separación de poderes. No obstante, en aquellos primeros años de democracia, nuestra judicatura era especialmente conservadora y aún procedía en gran parte del franquismo. Esta situación peculiar se vio reflejada en la elección interna de los jueces, que fue realizada sin respetar criterios proporcionales de respeto a las minorías, por lo que quedaron excluidos los magistrados más concienciados democráticamente. Como consecuencia se produjeron enfrentamientos entre el Gobierno y el primer CGPJ.
No se puede afirmar que existan esos intentos de control político de los juzgados instructores de la Audiencia Nacional. Pero resulta inevitable examinar los riesgos abstractos de que eso ocurra. Y más en un tribunal del que siempre han estado muy pendientes los sucesivos gobiernos. De partida, parece bastante más sencillo intentar controlar un solo tribunal que una multitud de órganos judiciales. O, explicado de otra manera, no es posible potencialmente maniobrar sobre los centenares de jueces instructores y de jueces de lo penal que existen en España.

Un dato que sorprende mucho: la gran diferencia entre la percepción que tiene la sociedad sobre la dureza de las penas de cárcel en España y la realidad que muestran los datos. A pesar de que mucha gente cree que nuestro sistema penal es laxo, que los delincuentes entran a la cárcel por una puerta y salen al poco tiempo por otra, la realidad es justo la contraria. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de personas encarceladas. La población reclusa ha crecido muchísimo en las últimas décadas respecto a finales de los años noventa. Y esto ocurre a pesar de que vivimos en un país bastante tranquilo desde el punto de vista criminal, con uno de los índices de delincuencia más bajos de Europa. España es un país bastante seguro, especialmente cuando lo comparamos con naciones latinoamericanas.
Es preocupante cualquier retroceso de nuestro sistema de derechos fundamentales, porque nos aleja más de las democracias avanzadas. Sin duda, algunas situaciones pueden producir insatisfacciones. Más vale no olvidar que determinados remedios pueden ser mucho peores que las enfermedades de fondo. Más vale no olvidar que el Estado de Derecho nos aporta seguridad jurídica para que las normas se apliquen de forma uniforme a todas las personas. Cuando parezca que esas reglas no se aplican de manera igualitaria, resulta procedente la crítica sobre las patologías del sistema. Sin embargo, no deberíamos caer en la tentación de desdeñar unas garantías que nos protegen principalmente de cualquier abuso de poder.

Los grandes bancos poseen una inmensa capacidad de influencia sobre organismos e instituciones muy relevantes de la sociedad. A través del crédito generan vínculos ventajosos a su favor sobre muchos de los principales partidos políticos, sobre las instituciones, sobre bastantes medios de comunicación. El fenómeno de las puertas giratorias facilita su intervención en todo tipo de asuntos, que no siempre resulta visible y suele disimularse. Y las elevadas
deudas de diversos grupos de comunicación han permitido entrar en su accionariado a entidades bancarias. Puede ser injusto acusar al Tribunal Supremo de simpatía hacia los bancos por no haber acordado inicialmente la restitución íntegra del dinero de las cláusulas suelo; entiendo buena parte de su argumentación sobre la retroactividad o sobre el principio de seguridad jurídica y respeto la forma en que abordó el problema. Pero me parece discutible jurídicamente su razonamiento de que dicha devolución del dinero a los consumidores iba a suponer un trastorno grave para el orden público económico y que provocaría un perjuicio para la sociedad.
La ley hipotecaria es del s.XIX, una regulación con evidentes ventajas para las entidades financieras. Les otorga un trato preferente en bastantes aspectos. Y no establece mecanismos de protección de los consumidores, por lo que en la contratación siempre sale beneficiada la parte más fuerte, que son los bancos. Como regla general, el consumidor solo puede aceptar o rechazar en bloque lo que le ofertan, sin que disponga de capacidad de negociación real. A ello se añade la realidad de un mercado bancario oligopólico, con escasa competencia empresarial entre las entidades financieras en lo referente a las condiciones contractuales esenciales. Y no olvidemos que el objeto de contratación es un bien tan básico como la vivienda, que además está configurada como un derecho constitucional. Las únicas modificaciones legales han sido las que han provocado las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se están tramitando actualmente diversos proyectos de ley sobre estas materias. Y sería fundamental que ahí se incorporase la letra y el espíritu de la jurisprudencia europea.

Cataluña
Nuestra legislación deja bastante claro qué es violencia y la ley no debería admitir interpretaciones metafóricas. La violencia, en el Código Penal, solo se ejerce contra las personas: no contra las cosas. En el lenguaje cotidiano, puede ser tachado de violento el hecho de destrozar tres coches de la Guardia Civil, como pasó en la manifestación que llevó a la cárcel a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Pero, para la ley, violencia es solo cuando el ataque o los daños son contra las personas, no contra los objetos. Destrozar un coche que no es de tu propiedad no es violencia para el Código Penal. Es un delito, pero es otro delito: el de daños. De la misma manera que si alguien entra en una casa a robar y para ello destroza una ventana no está utilizando la violencia desde el punto de vista penal, y así se entiende en la condena que se le impone a ese ladrón, que es inferior a la que tendría si para robar hubiese entrado en la casa utilizando la violencia: amenazando al dueño con una navaja en el cuello, por ejemplo. Con esto, evidentemente, no quiero justificar que se destrocen los vehículos policiales.
La réplica más patente en esta línea de actuación quedó escenificada con las directrices políticas que dieron pie a las cargas policiales del 1-O. Fue una actuación innecesaria, que empeoró los males que pretendía evitar y que avivó aún más el conflicto. También provocó el comprensible estupor de la comunidad internacional y de algunos de los principales líderes europeos. La falta de dinamismo institucional para atajar constructivamente este grave desencuentro, las advertencias admonitorias de estilo casi bélico o el desdén poco responsable hacia los adversarios también me parecen muestras de autoritarismo equivocado. La política consiste esencialmente en la resolución de conflictos. No se debería ignorar que una gran mayoría de los catalanes no están de acuerdo con su actual sistema de autogobierno. Menos aún se puede obviar que casi la mitad defiende abiertamente la independencia. Semejante colisión jamás podrá resolverse sin reformas. El descontento existente en amplios sectores de la sociedad catalana era palpable desde hacía tiempo, pero no se impulsaron medidas para favorecer su integración satisfactoria en el conjunto del país. Ni siquiera llegaron a explorarse posibles soluciones. Y, una vez se produce la quiebra, no resulta razonable alegar únicamente que deben cumplirse las leyes y derivarlo todo a la actuación de jueces, fiscales y policías. No basta con enunciar que las leyes deben acatarse porque están vigentes. Las normas también han de incorporar una mínima aceptación entre las personas a las que esas leyes afectan, para que el derecho no transite por una senda demasiado alejada de la sociedad.
Los problemas que están sobre la mesa pueden ser encauzados a través de reformas, desde los principios del Estado de Derecho. Todos los protagonistas deberían modificar muy sensiblemente sus actitudes, más aún en las formas que en las cuestiones de fondo. Los prudentes llamamientos al diálogo de organismos internacionales y de destacadas voces a nivel global nos indican de manera muy sensata el camino a seguir.

Franquismo
La propia jerarquía eclesiástica insiste en que no se deben reabrir las heridas, pero ha continuado beatificando a sus mártires de la Guerra Civil. Así vertebra su propia narrativa del pasado, en la que no menciona la adhesión decisiva que prestó al régimen de Franco, sin cuestionar nunca su recurso constante al terror intimidatorio. Me parece comprensible que la Iglesia honre a sacerdotes, monjas y otras personas religiosas que fueron asesinadas. Cualquier demócrata debe condenar esas muertes injustas. Pero sería más acertado que la curia rechazara también de manera inequívoca el sufrimiento causado a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, sin exclusiones. Sería positivo que efectuara una revisión autocrítica de su actuación en esos tiempos, para expresar la enérgica repulsa que debe mostrarse hacia cualquier dictadura. Eso supondría romper de verdad con esa página oscura de nuestra historia.
Afortunadamente existen parlamentos autonómicos que han empezado a legislar sobre memoria democrática, en relación con las exhumaciones, con los símbolos de la dictadura y con la protección de espacios históricos. No debemos pasar página sin antes haberla leído por completo. No se trata de abrir heridas, porque ya hace muchas décadas que están abiertas, sino de que puedan cicatrizar con el tratamiento adecuado. Y para eso resulta necesario que nuestras instituciones concedan a las víctimas la respuesta que merecen: verdad, justicia y reparación.

Violencia de Género
Se debe evitar la doble victimización, también tenemos un gran papel los medios. De hecho, la mayor victimización, sobre todo en los casos más polémicos, no se da en el interrogatorio del juzgado, sino cuando ese interrogatorio es difundido por los medios de comunicación con todo tipo de detalles escabrosos. O cuando se publica la foto de la víctima, que quizás está un poco de espaldas, pero no lo suficiente para que no la reconozcan en su entorno. La responsabilidad por la victimización es compartida por el sistema judicial y los medios informativos y, muchas veces, es mayor la que producen los medios de comunicación. Con la violencia de género y las agresiones sexuales, sobre todo en casos muy televisados, como el de La Manada, se da como añadido el morbo que estos asuntos producen en la sociedad. Los medios de comunicación somos tremendamente reactivos al interés social. La audiencia es dinero, y eso acaba provocando muchísimos excesos en los medios, especialmente en aquellos que viven de su audiencia y la buscan a cualquier precio, como la televisión, aunque no solo. Creo que los medios tenemos que asumir nuestra responsabilidad con estos temas y no desvelar aquellos detalles innecesarios para la información y que solo aportan puro morbo. Es algo similar a lo que ocurre con las fotos de los cadáveres en los atentados terroristas: hacen un daño terrible a las víctimas y sus familiares y, a cambio, apenas aportan información a la noticia.

Los peligros de la legislación lesiva contra las libertades que se iba promulgando y apenas se nos prestó atención. Ahora se van cumpliendo esos pésimos augurios y debemos seguir difundiendo la misma voz de alarma. Algunos pueden pensar que las restricciones para las libertades no serían tan intensas, porque solo afectarían a unos centenares de personas, a las que suele ubicarse en posiciones extremas. La realidad es que el peligro es bastante más amplio, porque en esas situaciones se da lo que la doctrina jurídica norteamericana denomina chilling effect o efecto desaliento. De hecho, ese efecto ya se está produciendo y crecerá en la medida en la que aumenten las sentencias condenatorias. Implica que otras personas de posiciones más moderadas no se atreverán a expresar sus opiniones ante el efecto intimidatorio de las condenas. Se genera una zona gris llena de incertidumbres personales antes de emitir opiniones críticas, en la que se produce una autorrepresión, al no conocerse con exactitud qué conductas pueden ser castigadas y cuáles no. Y algo así afectaría a millones de personas. Sería una pérdida muy sensible de calidad democrática y un retroceso del valor del pluralismo en nuestra sociedad. Es cierto que la libertad de expresión provoca un zumbido permanente, en forma de bullicio, debate, intercambios, clamores, chirridos, excesos, algarabía y algo de caos. Pero ese es el ruido de la democracia. Debemos aceptarlo de buen grado, siempre que no se superen fronteras muy concretas. La alternativa es el silencio de las dictaduras. Siempre resultará preferible convivir en una sociedad democrática avanzada que apueste por la amplitud de la libertad de expresión.

-España tiene un problema de desarrollo institucional. No hemos conseguido vertebrar unas estructuras sólidas de equilibrio entre poderes. Los políticos no han estado interesados en alcanzarlo. Por otro lado, la sociedad tampoco ha sido capaz de exigir respeto a la independencia judicial. Y, desde una perspectiva autocrítica, los jueces deberíamos admitir que no hemos sabido transmitir a la ciudadanía la gravedad de lo que ocurría.
-Uno de los consensos a los que se llegó tras el final de la dictadura consistía en que había que evolucionar hacia unos derechos sociales equivalentes a los del espacio europeo. Hoy todo eso ha quedado en papel mojado. No solo no se ha conseguido, sino que además los poderes dominantes en España no lo consideran un objetivo deseable. Es otro de los retrocesos de la justicia como valor. Asimismo, debemos calificar igualmente como retrocesos graves los consistentes en negar a toda una serie de personas su condición de sujetos de derechos: a los inmigrantes, a quienes protestan, a las víctimas de la dictadura, a quienes cometen delitos. Es la perspectiva del derecho penal del enemigo reformulada a los más diversos ámbitos jurídicos de la sociedad. Todo ello nos está llevando a construcciones institucionales autoritarias, que explican otras injerencias políticas en el sistema judicial. También nos alejan de Europa.
«A veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar a avispas y abejorros».
-La justicia es demasiado importante para dejarla solo en manos de los jueces. Y mucho menos deberíamos dejarla únicamente a merced de los políticos. La ciudadanía debería implicarse más en el conocimiento de lo que ahí ocurre, en la comprensión de sus consecuencias y en sus exigencias de cumplimiento de los principios constitucionales. La protección de los derechos fundamentales por parte de magistrados independientes nos lleva a una función reequilibradora por parte de la justicia frente a las arbitrariedades del poder, para operar como la ley del más débil, en los términos de Ferrajoli. Los derechos de libertad y los derechos sociales son un contrapeso a la previsible ley del más fuerte, por lo que se erigen en el fundamento de la igualdad jurídica. Y el contenido esencial de esos derechos no puede quedar subordinado a los intereses del mercado o de la política. Tampoco olvidemos que el poder judicial encarna a toda la sociedad. Ante los posibles atropellos de las autoridades políticas o de las élites económicas, los jueces independientes simbolizan el poder de quienes no tienen poder, pues se configuran como el mecanismo que posee la ciudadanía para contrarrestar los abusos. Las iniciativas contra la separación de poderes no son únicamente un ataque a los magistrados. Dichas injerencias políticas representan especialmente una agresión a la sociedad, para perjudicarla con tratos de favor hacia determinados poderes estatales o no estatales. La ciudadanía tiene la palabra a la hora de impedir el secuestro de la justicia como valor y como sistema institucional.

No doubt the success of the book is the informative nature for the reader. You do not have to be a sovereignist to realize that Justice in the Kingdom of Spain is in crisis and has lost reliability. In the strike of prosecutors and judges last May, 2018, there were “judges” who carried placards claiming the independence of justice. Therefore, to affirm that Spanish justice is not independent is said by the judges themselves. And the least independent are just the TS, and the TC. The dialogue between the journalist and the judge clarifies this very well, qualifying both the good work of hundreds of honest judges without means such as the anomaly of the National Court, the causes of the rare trials “for terrorism” and the attempts of control by the political power. Everything is better understood with the reading of this work. A great success.

The politicization of justice, and the interference of the parties in their government. For the Catalan question and how is trying to solve from the courts a problem that is also political. For the struggle of consumers and savers before certain abuses of the bank, as in the case of the preferred or in the clauses floor in mortgages. All this has made society and the media look much more at justice. In its decisions, in its mechanisms, in the means available to the courts and also in its independence or impartiality.
In the last decade we have witnessed in the European Union a unification of power structures, stimulated from the financial spheres, which has alarmed some of the most outstanding European intellectuals in view of the limitations that this poses for democracy itself. And this has happened even more strongly in Spain. The crisis has shaken the entire Western world. But in each State the crisis has manifested itself with its particularities. In Spain, the negative effects have been much more severe than in other European countries. The economic collapse has caused us some specific consequences.

Justice is not only a matter of impunity. The appearance of impartiality is also fundamental: that justice has the confidence of society itself. That society believes in justice and accepts its decisions, not only that it abides by the fear of the coercive capacity of the State. Every democracy is based on a social pact.
The instruments aimed at preventing, prosecuting and punishing corruption suffer from serious shortcomings in our country. The main thing is preventive measures, because criminal law always arrives late, when the crime has already been committed and often the damage is no longer remedied. Prevention should seek that it is not as simple to corrupt as has happened up to now. These institutional precautions are well taken care of in the most advanced European countries, for example with measures that prevent arbitrary movements of public money: transparency in contracting, effective supervision of the actions of the administration …
They increased the harshness of all penalties for the “robaperas”, but not for those who were in the legislature or close to that power: for those who could be party colleagues or members of the administration. Returning to the topic of illicit enrichment, I believe that this criminal figure is necessary because a large part of fortunes are amassed thanks to corruption, which today are often unpunished.

The existence of adequate criminal punishment would fulfill the dissuasive effect. We are facing crimes of pure greed. They are different from the infractions related to misery or marginality. Crime committed by people in public office is not related to the actions of those who steal to cover their basic needs or those who suffer from drug addiction, in which the intimidating element of punishment is more limited. The corrupt are usually people with a high standard of living. But they still want more. Thus, the threat of imprisonment itself can curb corrupt intentions, because there is enough to lose.
We are to the European tail in the number of judges and to the head in the number of corrupt. The criminal networks have specialists in financial engineering to hide the benefits obtained, but in the courts we do not have any experts in these matters. We need a judicial police with sufficient instruments, that is not under the orders of the political power, because sometimes it can be the least interested in advancing an investigation. And we should also increase the resources of the Anti-Corruption Prosecutor’s Office. The reality is that the corrupt have more means to evade the action of justice than we have in court to persecute them. There has been no political will to act aggressively against corruption. If that intention really existed, we would need a State pact that would allow adopting very strict structural reforms for the prevention, prosecution and punishment of these crimes.

It is necessary to distinguish between ideology and bias. There are often confusions. All judges have ideology and that is inevitable. But none must be partial. Ideological beliefs do not have to affect the resolution of corruption cases. The magistrates know that our duty is to apply the legal system.
The Constitution opted for a system inspired by Italian. Our constitutional text suggested that, of the 20 members of the CGPJ, 12 would have to be judges elected by their own judicial career. And the remaining 8 would be members of legal professions and appointed by Parliament. It was a mixed system that avoided dirigisme on the part of political forces and made possible the institutional balance proper to the separation of powers. However, in those early years of democracy, our judiciary was especially conservative and still came largely from the Franco regime. This peculiar situation was reflected in the internal election of the judges, which was carried out without respecting proportional criteria of respect for minorities, for which the most democratically aware magistrates were excluded. As a result there were clashes between the Government and the first CGPJ.
It can not be affirmed that there are those attempts of political control of the investigating courts of the National Court. But it is inevitable to examine the abstract risks of that happening. And more in a court of which the successive governments have always been very pending. For starters, it seems much easier to try to control a single court than a multitude of judicial bodies. Or, explained in another way, it is not possible to potentially maneuver over the hundreds of investigating judges and criminal judges that exist in Spain.

A fact that surprises a lot: the great difference between the perception that society has about the harshness of prison sentences in Spain and the reality shown by the data. Although many people believe that our criminal system is lax, that criminals enter jail through a door and leave shortly after another, the reality is just the opposite. Spain is one of the European countries with the highest percentage of incarcerated people. The prison population has grown tremendously in recent decades compared to the late 1990s. And this happens despite the fact that we live in a fairly quiet country from the criminal point of view, with one of the lowest crime rates in Europe. Spain is a fairly safe country, especially when compared to Latin American nations.
Any regression of our fundamental rights system is worrisome, because it takes us further away from the advanced democracies. Undoubtedly, some situations can produce dissatisfaction. It is better not to forget that certain remedies can be much worse than the underlying diseases. It is better not to forget that the Rule of Law gives us legal certainty so that the rules are applied uniformly to all people. When it seems that these rules are not applied equally, criticism about the pathologies of the system is appropriate. However, we should not be tempted to disregard guarantees that protect us primarily from any abuse of power.

The big banks have an immense capacity to influence organisms and institutions that are very relevant to society. Through credit they generate advantageous links in their favor on many of the main political parties, on the institutions, on enough media. The phenomenon of revolving doors facilitates their intervention in all kinds of matters, which is not always visible and often disguised. And the high ones
debts of various communication groups have allowed to enter their shareholding to banks. It may be unfair to accuse the Supreme Court of sympathy towards the banks for not having initially agreed to the full refund of the money from the floor clauses; I understand a good part of his argument about retroactivity or about the principle of legal certainty and respect the way he addressed the problem. But I think its legal reasoning arguably argued that such return of money to consumers would be a serious disruption to public economic order and would cause harm to society.
The mortgage law is from the 19th century, a regulation with obvious advantages for financial institutions. It gives them preferential treatment in many aspects. And it does not establish consumer protection mechanisms, so that in hiring, the strongest part, which is the banks, always benefits. As a general rule, the consumer can only accept or refuse in block what they offer, without having real negotiation capacity. Added to this is the reality of an oligopolistic banking market, with little business competition among financial institutions regarding the essential contractual conditions. And do not forget that the object of contracting is a commodity as basic as housing, which is also configured as a constitutional right. The only legal changes have been those that led to the judgments of the Court of Justice of the European Union. Various bills on these matters are currently being processed. And it would be essential that the letter and the spirit of European jurisprudence be incorporated there.

Catalonia
Our legislation makes it quite clear what violence is and the law should not admit metaphorical interpretations. Violence, in the Penal Code, is only exercised against people: not against things. In everyday language, the fact of destroying three Civil Guard cars can be considered violent, as happened in the demonstration that took the independence leaders Jordi Sànchez and Jordi Cuixart to prison. But, for the law, violence is only when the attack or damage is against people, not against objects. To destroy a car that is not your property is not violence for the Penal Code. It is a crime, but it is another crime: that of damages. In the same way that if someone enters a house to steal and for that he destroys a window he is not using violence from the criminal point of view, and this is understood in the sentence that is imposed on that thief, which is less than what would he have if to steal he had entered the house using violence: threatening the owner with a knife in the neck, for example. With this, obviously, I do not want to justify the destruction of police vehicles.
The most obvious response in this line of action was staged with the political guidelines that gave rise to the police charges of 1-O. It was an unnecessary action, which worsened the evils that it tried to avoid and that further fueled the conflict. It also provoked the understandable stupor of the international community and some of the leading European leaders. The lack of institutional dynamism to deal constructively with this serious disagreement, the admonitory warnings of almost warlike style or the disdain that is not responsible to the adversaries also seem to me to be signs of mistaken authoritarianism. The policy consists essentially in the resolution of conflicts. It should not be ignored that a large majority of Catalans do not agree with their current system of self-government. Even less can be obviated that almost half openly defend independence. Such a collision can never be resolved without reforms. The discontent existing in large sectors of Catalan society was palpable for a long time, but no measures were promoted to favor its successful integration throughout the country. Not even possible solutions were explored. And, once the bankruptcy occurs, it is not reasonable to claim only that the laws must be complied with and refer everything to the actions of judges, prosecutors and police. It is not enough to state that the laws must be obeyed because they are in force. The norms also have to incorporate a minimum acceptance among the people to whom those laws affect, so that the right does not travel on a path too far from society.
The problems that are on the table can be channeled through reforms, from the principles of the Rule of Law. All the protagonists should modify their attitudes very sensitively, more so in the forms than in the substantive issues. The prudent calls to dialogue from international organizations and prominent voices at the global level tell us in a very sensible way the way forward.

Francoism (dictatorship)
The ecclesiastical hierarchy itself insists that wounds should not be reopened, but has continued to beatify its martyrs of the Civil War. Thus, he articulates his own narrative of the past, in which he does not mention the decisive adhesion he lent to the Franco regime, without ever questioning his constant resort to intimidating terror. It seems understandable to me that the Church honors priests, nuns and other religious people who were killed. Any democrat must condemn those unjust deaths. But it would be more accurate if the curia also rejected unequivocally the suffering caused to all the victims of the Civil War and the dictatorship, without exclusions. It would be good if he carried out a self-critical review of his actions in those times, to express the strong rejection that must be shown towards any dictatorship. That would mean breaking with that dark page of our history.
Fortunately, there are autonomous parliaments that have begun to legislate on democratic memory, in relation to exhumations, with the symbols of the dictatorship and with the protection of historical spaces. We must not turn the page without having read it completely. It is not about opening wounds, because they have been open for many decades, but that they can heal with the proper treatment. And for that it is necessary that our institutions grant the victims the answer they deserve: truth, justice and reparation.

Gender Violence
Double victimization must be avoided, we also have a great media role. In fact, the greatest victimization, especially in the most controversial cases, does not occur in the interrogation of the court, but when that interrogation is disseminated by the media with all kinds of gruesome details. Or when the photo of the victim is published, perhaps a little behind, but not enough so that they do not recognize it in their surroundings. The responsibility for victimization is shared by the judicial system and the news media and, often, it is greater than that produced by the media. With gender violence and sexual assault, especially in very televised cases, such as La Manada, is added the morbidity that these issues produce in society. The media are tremendously reactive to the social interest. The audience is money, and that ends up causing many excesses in the media, especially those who live from their audience and seek it at any price, such as television, but not only. I think the media have to take responsibility for these issues and not disclose those unnecessary details for the information that only bring pure morbidness. It is something similar to what happens with the photos of the corpses in the terrorist attacks: they do terrible damage to the victims and their relatives and, in exchange, hardly contribute information to the news.

The dangers of harmful legislation against the freedoms that were enacted and hardly paid attention. Now those bad omens are being fulfilled and we must keep spreading the same alarm. Some may think that the restrictions on freedoms would not be so intense, because they would only affect a few hundred people, who are usually placed in extreme positions. The reality is that the danger is much wider, because in those situations there is what the American legal doctrine calls chilling effect or discouragement effect. In fact, this effect is already occurring and will grow as condemnatory sentences increase. It implies that other people of more moderate positions will not dare to express their opinions before the intimidating effect of the sentences. A gray area full of personal uncertainties is generated before issuing critical opinions, in which self-repression occurs, as it is not known exactly which behaviors can be punished and which ones can not. And something like that would affect millions of people. It would be a very sensitive loss of democratic quality and a regression of the value of pluralism in our society. It is true that freedom of expression causes a permanent buzz, in the form of bustle, debate, exchanges, clamor, squeaks, excesses, hullabaloo and some chaos. But that is the noise of democracy. We must accept it willingly, provided that very specific boundaries are not overcome. The alternative is the silence of dictatorships. It will always be preferable to live in an advanced democratic society that bets on the breadth of freedom of expression.

-Spain has a problem of institutional development. We have not managed to structure solid structures of balance between powers. Politicians have not been interested in achieving it. On the other hand, society has not been able to demand respect for judicial independence either. And, from a self-critical perspective, judges should admit that we have not been able to convey to the public the seriousness of what was happening.
-One of the consensus reached after the end of the dictatorship was that it had to evolve towards social rights equivalent to those of the European space. Today all that has been on wet paper. Not only has not been achieved, but also the dominant powers in Spain do not consider it a desirable goal. It is another of the setbacks of justice as a value. Likewise, we must also classify as serious setbacks those consisting in denying a whole series of people their status as subjects of rights: to immigrants, to those who protest, to the victims of the dictatorship, to those who commit crimes. It is the perspective of the criminal law of the enemy reformulated to the most diverse legal spheres of society. All this is leading us to authoritarian institutional constructions, which explain other political interference in the judicial system. They also take us away from Europe.
“Sometimes I have the bitter feeling as a judge that the laws are cobwebs that catch the poor flies and let in wasps and bumblebees”.
-Justice is too important to leave it alone in the hands of judges. And much less should we leave it solely at the mercy of politicians. Citizens should be more involved in the knowledge of what is happening there, in the understanding of its consequences and in its demands for compliance with constitutional principles. The protection of fundamental rights by independent magistrates leads us to a rebalancing function on the part of the justice system against the arbitrariness of power, to operate as the law of the weakest, in the terms of Ferrajoli. The rights of freedom and social rights are a counterweight to the foreseeable law of the strongest, so they are built on the foundation of legal equality. And the essential content of these rights can not be subordinated to the interests of the market or politics. Nor let us forget that the judicial power embodies the whole society. Faced with the possible abuses of political authorities or economic elites, independent judges symbolize the power of those who have no power, because they are configured as the mechanism that citizens have to counteract abuses. The initiatives against the separation of powers are not just an attack on the magistrates. Such political interference represents especially an aggression against society, to harm it with favorable treatment towards certain state or non-state powers. Citizens have the right to prevent the kidnapping of justice as a value and as an institutional system.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.