No Hay Ala Oeste En La Moncloa — Javier Zarzalejos / There Is No West Wing In La Moncloa (Official Residence Of Prime Minister Of Spain) by Javier Zarzalejos (spanish book edition)

Es una obra que puede ser leída pero no descubre gran cosa. La obra está escrita muy bien, lenguaje correcto y culto a la vez, el principio del libro es un compendio politológico, que quizá puede aburrir a los profonos, sin emabargo el resto del libro es muy correcto e instructivo, visión cercana y real de la política de aquellos años, y de las meteduras de pata de los siguientes, es un libro logicamente partidista.

No hay ala oeste en la Moncloa. La Casa Blanca es sin duda más icónica que ese mal llamado y mucho más modesto palacio. En la avenida de Pensilvania vive un jefe de Estado, y no uno cualquiera, mientras que en el lado oeste de la carretera de La Coruña reside el jefe de Gobierno de un país por cuya dimensión internacional se lo define como una potencia media.
Para bien y para mal, no hay ala oeste en la Moncloa a pesar de lo que pueda parecer; es decir, a pesar del gran poder de muchas de estas series políticas.
Hay muchas formas de poder, pero es el poder que se ejerce en la política el que establece una relación única y singular con la realidad de las sociedades pluralistas. Es única esta relación por su complejidad en la respuesta a las dos preguntas esenciales: quién manda y cómo manda.
A la primera tiene que responder la fuente de legitimidad del poder; la segunda la responde el conjunto de normas y prácticas de valor normativo que limitan el poder y lo someten a la racionalidad jurídico-constitucional. La legitimidad del poder lo habilita; el derecho lo restringe y limita. Ningún otro fenómeno de poder económico, mediático, social o cultural, por intenso que pueda ser, establece con la sociedad una relación equiparable a la del poder político.

Los medios de comunicación, la comunicación política, han alterado sustancialmente la competición política al personalizarla, fijando la atención sobre el líder y lo que inspira frente al debate programático; el «quién habla» frente a «lo que dice».
La propia espectacularización de la política tampoco sería mala por sí misma. Aunque no sea lo habitual, el espectáculo no impide en todos los casos que adquieran presencia en el debate público temas relevantes.

La Unión Europea, lejos de ser un factor de despolitización, ha repolitizado la política nacional, y de una manera radical además.
Queda cada vez menos de ese consenso permisivo sobre el que los líderes nacionales han ido construyendo la Unión «como una esfera protegida en la que la actividad política puede sortear las limitaciones impuestas por la democracia representativa». Una construcción elitista si se quiere, pero apoyada por el asentimiento de los europeos en tanto la integración económica impulsaba el proyecto político y la Unión se convertía en el destino de las nuevas democracias del sur y el este de Europa; en tanto el horizonte de progreso se ampliaba sin riesgo y de cada crisis se podía seguir diciendo que era un nuevo impulso para avanzar porque Europa —lo había sentenciado Jean Monnet— se había hecho a «golpe de crisis».
La denuncia de despolitización que hacen estos análisis tiene que ser matizada especialmente en España. Una parte de esa despolitización es la saludable consecuencia de los consensos cívicos básicos que excluyen de la competición partidista los elementos fundamentales que delimitan el terreno de juego de las diversas opciones políticas.

Aznar, como Felipe González en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el propio Adolfo Suárez en la Unión de Centro Democrático (UCD), destacan por haber protagonizado lo que se podría denominar el ciclo completo del político: desde la creación o reinvención de una fuerza política decisiva, a la que se dota de identidad y contenido programático, hasta que se la lleva al poder. UCD no sobrevivió a su propio éxito en la Transición, pero tanto en el caso del PSOE como en el del PP, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy tuvieron que vérselas solo con la mitad de la historia. El Partido Popular era ya un partido de Gobierno, y el haberlo sido contó para que volviera a serlo en 2011. En marzo de 1996 se iniciaba un ciclo político nuevo para España.
Javier Elorza acierta al hablar, no del éxito de Aznar sino de «la España del presidente Aznar». La política exterior es función de la solidez interna de un país, y sus logros no son ajenos a ella. Si era un éxito, y lo era, era un éxito nacional.

La actividad del Rey produce muchas intervenciones públicas. En asuntos oficiales se redactan a partir de los textos o la información que envían los ministerios. En otros casos se recurre a personalidades externas contando también con aportaciones de los propios miembros de la Casa. Pero de todas las intervenciones tiene conocimiento la Presidencia del Gobierno. En la gran mayoría de los casos se remitían a la Moncloa simplemente para conocimiento, porque no había observaciones que hacer. En otros —los menos—, el tema, la ocasión o la situación concreta que el país atravesara en ese momento exigían una consideración más detenida. Y así debía ser, primero, por la responsabilidad del refrendo constitucional; segundo, por el propio interés de protección de la Corona; tercero, por evidentes razones de cooperación entre la Moncloa y la Zarzuela.
No recuerdo ninguna discrepancia seria a propósito de un discurso del Rey. Solo en una ocasión, y por una referencia a la reinserción en una intervención de don Juan Carlos con motivo de un acto que tenía que ver con los sistemas penitenciarios y penales europeos. En aquellos momentos aumentaba la presión sobre el Gobierno para modificar la política penitenciaria sobre los presos de ETA. Entendimos que esas palabras —que no tenían que ver con la reclusión de terroristas— corrían un alto riesgo de ser malinterpretadas o manipuladas para hacer creer que el Rey avalaba aquella exigencia.
En la Zarzuela, la observación pareció demasiado puntillosa e injustificada. Era claro que el Rey no tenía ningún ánimo de entrar en esa polémica ni mucho menos contradecir al Gobierno.
En teoría, cabría la posibilidad de que el presidente del Gobierno negara formalmente su refrendo a un mensaje del Rey. Pero tal negación se debería al fallo de tantas cosas que lo más importante no sería el mensaje, sino la gravedad del desencuentro. El Rey no puede expresar posiciones contrarias a las políticas de su Gobierno porque el Gobierno solo depende de la confianza del Congreso —y solo de ella— para mantenerse en el poder. El Rey no puede entrar en el debate partidista. Pero ese animar y advertir del que hablaba Bagehot puede perfectamente mantenerse en el espacio propio de la Corona. Por eso, esa hipótesis extrema de extralimitación de la Corona en sus prerrogativas o de negación del refrendo no se ha dado ni dará.
Aznar siempre tuvo una idea muy clara de la responsabilidad del Gobierno en la protección de la Corona. Nunca la eludió, y desde una perspectiva histórica creo que puede decirse que cumplió esa responsabilidad con una razonable eficacia que resiste cualquier comparación, pero sobre todo con una profunda lealtad.

A la vuelta del verano de 2013 llegó la impresión de que el proceso que parecía conducir a la abdicación se estaba reconsiderando. En el Gobierno también parecía observarse una distancia bastante perceptible respecto a este asunto.
Sin embargo, todos los factores que estaban afectando tan negativamente a la imagen de la Corona volvieron a hacerse presentes. La operación de cadera a la que se había sometido el Rey no había salido bien, y el tiempo pronto puso de manifiesto que la lamentable puesta en escena de la excusa por su viaje a Botsuana tampoco había surtido el efecto deseado. La preocupación por el deterioro que estaba sufriendo la institución era visible. Televisiones y medios digitales, sobre todo, cargaban sus informaciones escandalosas con dosis cada vez más fuertes de sensacionalismo, y en enero de 2014, el juez Castro, instructor del caso Nóos, imputaba a la infanta Cristina por los delitos de blanqueo y fraude fiscal.
A mediados de mayo de 2014, el Rey llama a José María Aznar. Ha reactivado su decisión de abdicar y quiere hacerla efectiva en junio. Alfredo Pérez Rubalcaba garantiza el apoyo del PSOE, y ahora es el Gobierno el que tiene que darle forma. Aznar habla de nuevo con Rajoy, y al comentarle su conversación con el Rey le transmite al presidente del Gobierno su impresión de que el monarca se encuentra algo impaciente por que el Gobierno empiece a poner en marcha los mecanismos legales e institucionales necesarios para la renuncia.
De ahí al anuncio del día 2 de junio y a la Ley Orgánica publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de ese mes, que en un escueto artículo único resolvía la abdicación del rey de España.

Si lo que caracterizaba a la generación de Aznar era no compartir la mala conciencia de UCD que el periódico daba por probada y fructífera mientras que la característica de Zapatero era la de no temer que sus decisiones dividieran a los españoles, sin duda Aznar y los suyos ganaban ampliamente en la comparación. Y es verdad que la trayectoria de Zapatero en el Gobierno se explica por el sesgo revisionista de su política hacia el pacto de la Transición y la búsqueda de una ingeniería política mediante acuerdos con los nacionalistas que garantizaran la exclusión del PP del poder. Para Rodríguez Zapatero, el sistema constitucional del 78 tenía que funcionar sobre el veto al PP como alternativa, un veto compartido por la izquierda con los nacionalistas. La recuperación del estigma de franquista para dar la coartada a la exclusión del PP entraba de lleno en esta lógica.
Bien es verdad que Rodríguez Zapatero no era más que la expresión más desinhibida de una idea que se estaba gestando en el socialismo español desde el malestar que le produce la victoria de Aznar por mayoría absoluta en 2000.
El nuevo Estatuto catalán era un intento deliberado de alterar la Constitución eludiendo el procedimiento para su reforma, ya que esta exige mayorías cualificadas que no habrían sido posibles sin sumar al PP. El objetivo era aprobar un Estatuto sobre premisas claramente inconstitucionales en su pretensión de definir unilateralmente y blindar las competencias autonómicas y atribuirse competencias exclusivas del Estado. El texto no se corrigió en el Congreso. Si el Partido Popular no hubiera interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, se habría producido una «mutación constitucional», es decir, una modificación tácita de la Constitución al margen de sus procedimientos de reforma. La decisión de recurrir se ha convertido en uno de los motivos de recriminación permanente al PP. Pero la sentencia fue dictada por un Tribunal Constitucional de mayoría «progresista», y a través de esa sentencia se preservó la integridad de la Constitución. Al Partido Popular no solo se lo excluía de la negociación del nuevo Estatuto, sino que se le exigía que mirase a otra parte y aceptase con su silencio que el Parlamento de Cataluña podía modificar la Constitución.
El Partido Socialista había dado por finalizado el ciclo de la Transición y el pacto constitucional. Los hitos que habían jalonado esta desconexión, no por casualidad, tenían que ver con los avatares de las relaciones entre los socialistas y los nacionalistas. Si el tripartito catalán y la operación del nuevo Estatuto hicieron plenamente visible ese PSOE que, dicho en palabras de sus intérpretes autorizados, «no temía adoptar decisiones que dividieran a los españoles», la defenestración de Nicolás Redondo Terreros tras las elecciones autonómicas vascas de 2001 ya apuntaba en esa misma dirección.

It is a work that can be read but does not discover much. The work is written very well, correct and cultured language at the same time, the principle of the book is a political compendium, which may bore the profonos, without however the rest of the book is very correct and instructive, close and real vision of the politics of those years, and the blunders of the following, is a logically partisan book.

There is no west wing in the Moncloa. The White House is undoubtedly more iconic than that misnamed and much more modest palace. In Pennsylvania Avenue lives a head of state, and not just anybody, while on the west side of the La Coruña highway lies the head of government of a country whose international dimension is defined as an average power.
For good and for bad, there is no west wing in the Moncloa despite what it may seem; that is, despite the great power of many of these political series.
There are many forms of power, but it is the power exercised in politics that establishes a unique and unique relationship with the reality of pluralistic societies. This relationship is unique because of its complexity in responding to the two essential questions: who is in charge and how is it boss.
The source of the legitimacy of power must respond to the first; the second is answered by the set of norms and practices of normative value that limit power and subject it to juridical-constitutional rationality. The legitimacy of power enables it; the right restricts and limits it. No other phenomenon of economic, media, social or cultural power, however intense it may be, establishes a relationship with society equal to that of political power.

The media, political communication, have substantially altered the political competition by personalizing it, fixing the attention on the leader and what inspires the programmatic debate; the “who speaks” versus “what he says.”
The spectacularization of politics itself would not be bad by itself either. Although it is not usual, the show does not prevent in all cases that relevant issues acquire presence in the public debate.

The European Union, far from being a factor of depoliticization, has repoliticized national politics, and in a radical way as well.
There is less and less of that permissive consensus on which the national leaders have been building the Union “as a protected sphere in which political activity can overcome the limitations imposed by representative democracy.” An elitist construction if you like, but supported by the assent of the Europeans as economic integration impelled the political project and the Union became the destination of the new democracies of southern and eastern Europe; while the horizon of progress was extended without risk and each crisis could be continued saying that it was a new impulse to move forward because Europe – Jean Monnet had ruled it – had been made to “crisis blow”.
The denunciation of depoliticization made by these analyzes has to be qualified, especially in Spain. Part of this depoliticization is the healthy consequence of the basic civic consensus that excludes from the party competition the fundamental elements that delimit the playing field of the different political options.

Aznar, like Felipe González in the Spanish Socialist Workers Party (PSOE) and Adolfo Suárez himself in the Unión de Centro Democrático (UCD), stand out for having starred in what could be called the complete cycle of the politician: from the creation or reinvention of a decisive political force, which is endowed with identity and programmatic content, until it is taken to power. UCD did not survive its own success in the Transition, but both in the case of the PSOE and the PP, José Luis Rodríguez Zapatero and Mariano Rajoy had to deal with only half of the story. The Popular Party was already a government party, and the fact that it was counted so that it would be again in 2011. In March 1996, a new political cycle began for Spain.
Javier Elorza is right to speak, not about Aznar’s success but about “President Aznar’s Spain”. Foreign policy is a function of the internal strength of a country, and its achievements are not alien to it. If it was a success, and it was, it was a national success.

The activity of the King produces many public interventions. In official matters, they are written from the texts or information sent by the ministries. In other cases, external personalities are used, also counting on contributions from the members of the House itself. But of all the interventions the Presidency of the Government is aware. In the great majority of cases, they were sent to Moncloa simply for knowledge, because there were no observations to make. In others, the least, the subject, the occasion or the concrete situation that the country was going through at that time demanded a more careful consideration. And so it must be, first, for the responsibility of the constitutional endorsement; second, because of the Crown’s own protection interest; third, for obvious reasons of cooperation between Moncloa and Zarzuela.
I do not remember any serious discrepancy with regard to a speech by the King. Only on one occasion, and for a reference to reinsertion in an intervention by Don Juan Carlos on the occasion of an act that had to do with European penitentiary and criminal systems. At that time the pressure on the Government increased to modify the penitentiary policy on the prisoners of ETA. We understood that those words -which had nothing to do with the imprisonment of terrorists- ran a high risk of being misinterpreted or manipulated to make us believe that the King endorsed that demand.
In the Zarzuela, the observation seemed too punctilious and unjustified. It was clear that the King had no intention of entering into this controversy, much less contradicting the Government.
In theory, it would be possible for the President of the Government to formally deny his endorsement of a message from the King. But such denial would be due to the failure of so many things that the most important thing would not be the message, but the seriousness of the disagreement. The King can not express positions contrary to the policies of his Government because the Government only depends on the confidence of Congress – and only of it – to stay in power. The King can not enter into the partisan debate. But that encouragement and warning that Bagehot spoke of can perfectly be maintained in the space proper to the Crown. Therefore, this extreme hypothesis of overreaching of the Crown in its prerogatives or denial of the endorsement has not been given or will be given.
Aznar always had a very clear idea of ​​the Government’s responsibility in the protection of the Crown. He never eluded it, and from a historical perspective I think it can be said that he fulfilled that responsibility with a reasonable efficiency that resists any comparison, but above all with a deep loyalty.

After the summer of 2013 came the impression that the process that seemed to lead to the abdication was being reconsidered. The Government also seemed to observe a fairly noticeable distance on this issue.
However, all the factors that were negatively affecting the image of the Crown were again present. The hip operation to which the King had submitted had not gone well, and time soon showed that the regrettable staging of the excuse for his trip to Botswana had not had the desired effect either. The concern for the deterioration that the institution was suffering was visible. Televisions and digital media, above all, loaded their scandalous information with increasingly strong doses of sensationalism, and in January 2014, Judge Castro, instructor of the Nóos case, imputed the Infanta Cristina for the crimes of money laundering and tax fraud.
In mid-May 2014, the King calls José María Aznar. He has reactivated his decision to abdicate and wants to make it effective in June. Alfredo Pérez Rubalcaba guarantees the support of the PSOE, and now it is the Government that has to shape it. Aznar speaks again with Rajoy, and commenting on his conversation with the King conveys to the Prime Minister his impression that the monarch is somewhat impatient for the Government to start putting in place the legal and institutional mechanisms necessary for the resignation.
Hence the announcement of June 2 and the Organic Law published in the Official Gazette of the State on the 19th of that month, which in a single concise article resolved the abdication of the King of Spain.

If what characterized Aznar’s generation was not to share the UCD’s bad conscience that the newspaper considered proven and fruitful, while Zapatero’s characteristic was not to fear that his decisions would divide the Spaniards, certainly Aznar and his people they won widely in the comparison. And it is true that Zapatero’s career in the government is explained by the revisionist bias of his policy towards the Transition Pact and the search for political engineering through agreements with nationalists that would guarantee the exclusion of the PP from power. For Rodríguez Zapatero, the constitutional system of 78 had to work on the veto of the PP as an alternative, a veto shared by the left with the nationalists. The recovery of the stigma of Francoist to give the alibi to the exclusion of the PP came fully into this logic.
It is true that Rodríguez Zapatero was nothing more than the most uninhibited expression of an idea that was brewing in Spanish socialism from the malaise that Aznar’s victory won him by an absolute majority in 2000.
The new Catalan Statute was a deliberate attempt to alter the Constitution bypassing the procedure for its reform, since it requires qualified majorities that would not have been possible without adding to the PP. The objective was to approve a Statute on premises that were clearly unconstitutional in its intention to unilaterally define and shield the autonomic competences and attribute exclusive State competences. The text was not corrected in Congress. If the Popular Party had not filed an appeal for unconstitutionality, there would have been a “constitutional change”, that is, a tacit modification of the Constitution outside of its reform procedures. The decision to appeal has become one of the reasons for permanent recrimination to the PP. But the sentence was handed down by a Constitutional Court with a “progressive” majority, and through that ruling the integrity of the Constitution was preserved. The Popular Party was not only excluded from the negotiation of the new Statute, but was required to look to another party and accept with its silence that the Parliament of Catalonia could modify the Constitution.
The Socialist Party had ended the cycle of the Transition and the constitutional pact. The milestones that had marked this disconnection, not by chance, had to do with the ups and downs of relations between socialists and nationalists. If the Catalan tripartite and the operation of the new Statute made this PSOE fully visible, said in the words of its authorized interpreters, “was not afraid to adopt decisions that would divide the Spaniards”, the defenestration of Nicolás Redondo Terreros after the Basque regional elections of 2001 already pointed in that same direction.

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