Los Grupos De Interés En España: La Influencia De Los Lobbies En La Política Española — Joaquim M. Molins & Luz Muñoz Márquez & Iván Medina / Interest Groups in Spain: The Influence of Lobbies on Spanish Politics by Joaquim M. Molins & Luz Muñoz Márquez & Iván Medina (spanish book edition)

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Interesante libro, donde existen múltiples teorías sobres los grupos de presión.
1- La evolución de la literatura, en su conjunto, el interés por los grupos de interés condujo a su propio declive por una sencilla razón: si los grupos de interés lo explican todo, seguramente no expliquen nada (Baumgartner y Leech, 1998). Aunque se ha progresado al respecto: los avances teóricos de las últimas décadas admiten que los grupos de interés son un pequeño componente del sistema político. En paralelo, las preocupaciones referidas a las dinámicas internas de los grupos (problemas de reclutamiento, dilema de la acción colectiva, etc.) y cómo éstas pueden afectar al grado de éxito de las acciones de presión dificultan el análisis de la influencia los grupos de interés. Incluso, más de algún estudio ha llegado a la conclusión de que estos no tienen en realidad capacidad de influencia.
2- Sumado a lo anterior, si, como apunta Wilson (1990), una de las principales preocupaciones de la ciencia política es entender la relación entre el Estado y la sociedad, el auge del conductismo sirvió para situar a los individuos en el centro de las investigaciones. Los estudios sobre comportamiento político — y recientemente sobre los nuevos movimientos sociales— se alejan de la política «organizada» para centrarse en las actitudes y las opiniones de los ciudadanos en los ámbitos electorales y de la protesta política.
3- En términos de las prioridades académicas, también es preciso mencionar que durante mucho tiempo la ciencia política norteamericana y europea se han dado la espalda (Mahoney y Baumgartner, 2008), mientras que los académicos europeos se interesaban por el papel de los grupos de interés en los estudios sobre estructuras y políticas públicas, los estadounidenses prestaron más atención a las tácticas de influencia.

Existen diversas definiciones politológicas sobre lo que es un grupo de interés, lo que implica que no existe un consenso conceptual. Al mismo tiempo, existen diferentes términos para referirse a ellos, por ejemplo grupo de interés, organizaciones de intereses, grupo de presión o el anglicismo lobby (lobbies en plural). En ese sentido, cabe aclarar, que cuando se habla en este libro de grupo de interés se hace referencia, también, de forma genérica, a lobbies. Por lo general, las diferentes definiciones convergen en identificar tres rasgos fundamentales:
primero, son organizaciones reconocidas y reconocibles, por lo que no se debería confundir un grupo de interés con un colectivo social;
segundo, defienden un interés creado por sus miembros, aunque en algunas ocasiones no pueda identificarse dicho interés con meridiana concreción; y,
tercero, buscan influir en el proceso político sin la intención de ejercer responsabilidades de gobierno. Los intereses defendidos por los grupos de interés pueden referirse a motivaciones económicas/profesionales o a la promoción de causas (promoción del derecho al aborto, defensa de la sanidad pública, posicionamiento favorable a más inversión en cultura) pero, en cualquier caso, deben poder reconocerse como demandas dirigidas al escenario político y no como meras preferencias apolíticas.

Se considera que existe una causa natural en el surgimiento de los grupos y su movilización que va más allá de la existencia de un conflicto social.
El éxito de los grupos de interés a la hora de convertir sus demandas en decisiones concretas de políticas públicas depende en gran medida de su capacidad para proveer información relevante (Beyers et al., 2008; Chalmers, 2011; Klüver, 2012). Por relevante se entiende aquella información que ayuda a los políticos a entender las posibles consecuencias de un pretendido cambio en la política (Bernhagen et al., 2015). El argumento sobre la influencia de los grupos y la provisión de información se ha desarrollado especialmente en el análisis sobre la interacción entre los grupos y el Congreso (Estados Unidos) o la arena parlamentaria (Europa). El proceso legislativo ofrece a los grupos de interés diferentes puntos de acceso y de intercambio de información puesto que en los comités parlamentarios se discuten los proyectos de ley y se controla la actividad del gobierno. A lo largo del proceso legislativo, los grupos de interés proporcionan información que puede ser útil para reducir la incerteza y generar consenso, o bien para defender o sostener las preferencias de los grupos parlamentarios.
Tres tipos de efectos positivos de la participación ciudadana: sobre los individuos, en la esfera pública y en las instituciones democráticas.
— Efectos sobre los individuos. El asociacionismo y, en general, la participación política, contribuye al desarrollo de los individuos al potenciar capacidades consideradas fundamentales.
— Efectos en la esfera pública. Siguiendo el planteamiento habermasiano, la participación ciudadana es la que permite crear esferas de juicio político autónomas (diferenciadas del Estado y de los mercados), que se apoyan en la estructura asociativa de la sociedad civil (Habermas, 1996). La esfera pública se concibe como un espacio en el que la opinión pública y el juicio político se forman mediante la argumentación.
— Efectos en las instituciones democráticas. Por un lado, la acción de las asociaciones y los grupos proporciona un complemento de la representación política institucional (principalmente definida sobre una base territorial) al ofrecer un cauce de expresión colectiva a otras formas de representación: social, funcional, discursiva (Saward, 2010). Por otro, contribuye a facilitar la gobernanza al permitir que la acción colectiva adopte formas más participativas, lo que garantiza una mayor receptividad de las políticas, favorece el consenso y la confianza y, a la vez, aumenta la eficacia de las políticas.

La aparición de las llamadas redes sociales o social network sites (SNS) en inglés, tales como Facebook y Twitter, entre otras, al inicio del nuevo siglo, han otorgado al individuo un elevado grado de libertad para poder comunicarse con aquellas personas más cercanas a él (familiares, amigos…) e incluso de intentar establecer contacto con personas que se encuentran más allá de su red familiar y de iguales, como podrían ser los propios actores políticos, ya sean diputados, los partidos y/o incluso las autoridades gubernamentales. Ahora bien, ¿qué entendemos por redes sociales?.
En base a estas definiciones observamos que el elemento central de las redes sociales son los propios usuarios, los cuales usan unas plataformas web en las que el individuo tiene la libertad de relacionarse con quien quiera, comunicar lo que desee en el momento que crea más oportuno, dejando de ser un simple receptor de la información. Al mismo tiempo se convierte en un creador de contenido de diversa naturaleza.
Las organizaciones políticas y sociales predominantes del siglo XX, principalmente partidos políticos, sindicatos, e incluso la propia Iglesia, están perdiendo su papel como actores predominantes (Inglehart, 1997). ¿Tiene alguna cosa que ver Internet con esta situación? ¿Qué retos han de plantearse los grupos de interés ante la expansión de Internet y las redes sociales?
El uso de Internet está generando un nuevo modelo de sociabilidad basado en el individualismo. Las redes sociales se alzan como los principales espacios donde la gente decide organizarse entre ellos, otorgando libertad a sus usuarios de mantener conexiones, tanto online como offline, entre individuos que tienen los mismos intereses, no tan solo políticos y sociales, sino también en base a unos mismos valores culturales, de ocio, etc. La base principal es que Internet permite una mayor flexibilidad en los procesos.

Se suele señalar que Bruselas es tras Washington la segunda ciudad con mayor representación de lobbies. Los datos confirman la importancia de este fenómeno: como veremos más adelante se calcula que en Bruselas trabajan más de 30.000 representantes de intereses agrupados en más de 2.000 organizaciones. Esta realidad ha pasado desapercibida para la opinión pública en el contexto generalizado de la distancia de la UE con los ciudadanos. Pero a medida que se politiza la integración europea la opinión pública ha empezado a cuestionarse quién influye en las decisiones comunitarias.
Los grupos de interés disponen de dos grandes «rutas» de acceso para tratar de ejercer influencia en la toma de decisiones europeas. La primera estrategia consiste en conseguir influencia ante las instituciones europeas, ya sea ante la Comisión en la fase de establecimiento de la agenda o ante el Parlamento Europeo en la fase decisoria. Sin embargo resulta más complejo conseguir influencia ante el Consejo de la Unión Europea, en la medida en que es una institución dividida en diez formaciones distintas y compuesta por los representantes de los Estados, y por lo tanto con la cual es difícil mantener un intercambio regular a escala europea (Hayes-Renshaw, 2009). En este caso la estrategia consiste más bien en pasar por las capitales nacionales, tratando de conseguir que la posición de los Estados claves —en general una minoría de bloqueo— se aproxime a los intereses que quieren promover. Evidentemente existirán diferencias entre las formas de agregación de intereses en los distintos Estados miembro y en la selección de intereses que estos defiendan en cada negociación.
Desde el registro de transparencia confirma esta hipótesis: las organizaciones con sede en España inscritas en el registro de transparencia presentan una estructura relativamente parecida a la existente a escala comunitaria: un claro predominio de intereses empresariales equilibrado por la presencia de ONG, think tanks y otros intereses públicos. Es también interesante señalar que el número de empresas registradas a título individual es relativamente bajo y que por lo tanto las organizaciones establecidas en España parecen seguir claramente la lógica europea de la importancia de participar en asociaciones y coaliciones así como de la importancia de disponer de representación profesional (a través de consultoras, despachos de abogados, etc.). El elevado número de sindicatos y organizaciones empresariales también confirma que la UE es especialmente atractiva para organizaciones especializadas en la representación de intereses sectoriales. Sirvan como ejemplo el registro de la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico o la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos.
La principal actividad de los sindicatos es la representación y defensa de los intereses de sus representados y la clase trabajadora de manera más general. Esta función se desarrolla en el ámbito de las relaciones laborales, y en particular a través del instrumento de la negociación colectiva. El poder de los sindicatos en este ámbito se refleja en su capacidad para influir en la determinación de las condiciones laborales. Se trata por tanto de una dimensión clave para entender su influencia y que está ciertamente relacionada con el poder político de estos. La posición de los sindicatos en la negociación colectiva tiene un amplio respaldo institucional. Por un lado, las estructuras de representación determinan las condiciones de presencia democráticamente legitimada de los sindicatos en las empresas. Sobre la base de los resultados de las elecciones a representantes, se determinan también los criterios de representatividad que a su vez establecen los sindicatos que participarán en la negociación supra-empresarial y en ámbitos institucionales.

La capacidad de la industria farmacéutica de imponer sus intereses en la regulación depende en gran parte de su capacidad de movilizarse y crear una (o varias) organización profesionalizada y capaz de generar incentivos selectivos de forma estable, evitando el efecto free-rider.
Desde su creación, una de las principales estrategias de Farmaindustria consiste en evitar lo que Hirschman identificó como opción salida. En el modelo de Hirschman los miembros que no están satisfechos con la política seguida por una organización pueden adoptar tres estrategias: dejar el grupo —opción salida—, intentar cambiar la organización —opción voz—, o conformarse a pesar de no compartir los objetivos y estrategias de la organización —lealtad—. La opción salida supone fragmentar el grupo en varias organizaciones y por tanto reducir la capacidad negociadora de los laboratorios farmacéuticos frente al gobierno. Ello supone un riesgo demasiado elevado en un sector en el que el Estado es el principal comprador de medicamentos, regula los precios de las especialidades farmacéuticas, y determina los requisitos de calidad, seguridad y eficacia que deben cumplir los medicamentos antes y después de su comercialización.
Farmaindustria consigue mantener el monopolio de la representación a partir de la opción voz, es decir dotando a cada grupo de empresas de instrumentos para poder expresar sus preferencias en todos y cada uno de los órganos de representación política de la organización. Para ello, desde los años ochenta hasta el 2000 los estatutos de la organización definen tres grupos de laboratorios —grandes empresas de capital español (por ejemplo, laboratorios Almirall, o Esteve), laboratorios de pequeña y mediana dimensión de capital español (por ejemplo, Fardi), y empresas multinacionales, que a su vez se subdividen en grupos en función del país de origen—, a partir de diferentes dimensiones —volumen de ventas, propiedad (nacional o extranjera) y durante los años ochenta también la localización (Barcelona, Madrid, otros)—.
Cada grupo es liderado por unos pocos laboratorios, los cuales se reparten los puestos de máxima responsabilidad en el seno de la organización de forma continuada en el tiempo. Como consecuencia, existe un elevado grado de concentración y estabilidad en los laboratorios que ocupan los cargos políticos de la organización. Las reglas internas de la organización refuerzan esta estabilidad, al permitir que los cargos de vocal y vicepresidente puedan renovarse cada dos años sin limitación alguna, excepto en el caso del presidente que no podrá ser reelegido durante dos períodos sucesivos aunque sí alternos.
La capacidad de la industria farmacéutica de influir en la regulación del sector depende no sólo de disponer de una organización fuerte y profesionalizada, o de los contactos personales con el sector público, sino también de la institucionalización formal de las relaciones con el Estado. Las características de la red de políticas públicas (en inglés policy network) determinan en gran parte quien participa en el proceso de elaboración de las políticas públicas, cómo se articula esta participación, y cuáles son las funciones que quedan sujetas a negociación. El resto del capítulo se dedica a describir las pautas de interacción entre Estado e industria farmacéutica, centrándose únicamente en dos dimensiones: 1) el número de actores públicos y privados que participan en esta interacción; y 2) la institucionalización formal, frecuencia, y estabilidad de los contactos entre miembros del gobierno y la industria farmacéutica.

La industria alimentaria se caracteriza por tener una acción colectiva mucho más concentrada que el resto de actores de la cadena agroalimentaria, al tener una única organización de representación de sus intereses: la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). En la actualidad, la industria alimentaria se caracteriza por un grado de concentración y organización de la acción colectiva elevada, pero hasta que no se crea esta organización en 1977 hay una gran dispersión, ya que las empresas del sector se encuentran dispersas en distintos sindicatos.
Las organizaciones de interés que se movilizan en torno a la política de seguridad alimentaria se caracterizan por su heterogeneidad, en relación con su capacidad para monopolizar la acción colectiva en sus respectivos ámbitos de actuación y su nivel de representatividad, y también respecto a su posición sobre el problema. La industria alimentaria, la única que consigue movilizarse en torno a una única organización, consigue durante años una posición de privilegio en la negociación con el Ministerio de Sanidad, por sus mayores recursos organizativos, por la importancia económica del sector, pero también porque la definición de los problemas de seguridad alimentaria se apoya durante ese tiempo en una visión sectorial, que considera a la industria como la principal responsable de la seguridad alimentaria. Bajo esta perspectiva, el sector agrario, mucho más fragmentado y con importantes problemas de acción colectiva debido a la heterogeneidad del sector, no necesita ejercer una actividad de presión intensa ni un elevado grado de movilización para que sus intereses sean protegidos en el proceso político. Factores institucionales como la europeización de la política limitan la capacidad de la industria para controlar el contenido de la regulación, pero no es hasta que se produce un cambio de paradigma por Crisis como “las vacas locas”.
Tras esta crisis alimentaria, la Unión Europea promueve un nuevo enfoque basado en una concepción preventiva e integral, «de la granja a la mesa», de la seguridad alimentaria. La institucionalización de este nuevo paradigma a nivel nacional a través de la creación de la AESAN aumenta el nivel de institucionalización y transparencia de las relaciones entre Estado y grupos de interés. El hecho de que el análisis de riesgos se convierta en un aspecto central de la política y que se ponga de manifiesto que todos los actores de la cadena agroalimentaria, incluidos agricultores y ganaderos, tiene responsabilidad sobre la misma, facilita que actores nuevos, como los expertos, ganen influencia, y que las organizaciones agrarias, se sientan a negociar en igualdad de condiciones que el resto de organizaciones, al menos en cuanto se refiere a su representatividad en los órganos formales de representación de la agencia. En definitiva, el análisis de la política de seguridad alimentaria pone de manifiesto, tal y como argumenta la teoría sobre establecimiento de la agenda, que los cambios en la evolución de las pautas de interacción entre Estado y grupos de interés no pueden entenderse sólo a través de las características y los recursos de las organizaciones, sino que dependen también de cómo se entienden y definen los problemas públicos.

El actor público ha concedido tradicionalmente la legitimidad para la representación del sector eléctrico español a UNESA por cuanto mantiene como asociadas a empresas que tienen un porcentaje importante del mercado eléctrico español; y eso con independencia de que se trate del sector tradicional eléctrico o del sector renovable. La aparición de grupos de interés en el sector renovable no ha implicado que el actor público las tenga en cuenta a la hora de adoptar una decisión. Para el actor público, no importa la fragmentación del sector sino su relevancia en el mercado eléctrico.
Por otra parte, el sector renovable no ha tenido suficiente tiempo para configurar y establecer una organización única que represente sus intereses, y ha diferenciado su representación e intermediación según la tecnología. Esto no ocurrió con UNESA, que también integraba a empresas con tecnologías distintas, como la térmica, hidráulica, nuclear. UNESA lleva casi 70 años representando a las empresas eléctricas tradicionales. Además, el proceso de concentración empresarial como consecuencia de la liberalización ha conllevado que existan únicamente cinco grandes empresas eléctricas tradicionales agrupadas en torno a una única organización que además tiene el dominio del mercado eléctrico por su importancia en el mismo.
Con estas condiciones, el actor público considera más «sencillo» intermediar con un solo grupo de interés, que con la pluralidad de grupos del sector renovable, los cuales, además de estar fragmentados por tecnologías, mantienen conflictos entre ellos en numerosas cuestiones de la política pública.

Primero, el sector asegurador es un sector socioeconómico o de mercado con una destacada lectura o interpretación financiera para el Estado. Su política sectorial no se desarrolla en términos de políticas de partido, sino de políticas substantivas. Sus procesos legislativos no se desarrollan como leyes políticas sino como leyes de interés y moviliza únicamente a grupos de interés económico especializado o grupos sectoriales, lo que no debe confundirse con que algunos de ellos ostenten desde su sector una posición de intereses económicos central (las entidades de crédito y sus fondos de inversión; y a cierta distancia, las aseguradoras). En muy escasa medida, y con resultado de mero acceso (formal la mayor parte de las veces) participan grupos de intereses públicos o grupos causales (los consumidores y usuarios y los sindicatos).
Segundo, el sector asegurador proporciona una excelente muestra y prueba de cómo el Estado, a partir de su Gobierno y su Administración, encuentra en la conformación interactiva de los problemas, de la agenda, y en las consiguientes necesidades de los grupos de interés organizados, en sus demandas, pero incluso sin ellas, motivos/objetivos empíricos de su actuación legislativa: los aprecia estructuralmente conforme a una racionalidad limitada, y su explicación se encuentra en sus propias necesidades financieras. Por este motivo, ofrece una regularidad extrapolable con las necesarias modulaciones al resto de sectores de mercado.
Tercero, la interacción propiamente dicha entre grupos de interés organizados y actores o decisores públicos se circunscribe a la articulación y concreto detalle de la decisión, sin incidencia en su composición de intereses profunda. Esto tiene como excepción los contextos de mayoría parlamentaria insuficiente de gobierno, fundamentalmente porque abre posibilidades de influencia a los grupos de interés organizados internos centrales o especiales que lo son con respecto a las administraciones autonómicas catalana y vasca y los respectivos grupos parlamentarios nacionalistas. No en el resto de casos.
Y cuarto, por su origen estructural, sistémico o profundo, se ofrecen como regularidad extrapolable al resto de sectores socioeconómicos o de mercado, con las correspondientes modulaciones.

La nueva estrategia de comunicación y acción exterior de la «Marca España» se presenta como una herramienta canalizadora de los esfuerzos de todos los departamentos y organismos públicos y privados que sostienen una vertiente exterior clave en la imagen de España. Es por ello que no puede obviar la compleja estructura organizativa española en clave multinivel, por la cual debería ser capaz de amalgamar y liderar las correspondientes sinergias entre las partes (entidades locales y Comunidades Autónomas) y el todo (España). En ese sentido, queda todavía mucho camino por pactar y explorar, como se demostró en su momento con el cese de su director adjunto por unas desafortunadísimas declaraciones en relación a una esencial parte de ese todo, Cataluña. Asimismo, y atendiendo a la línea de fractura ideológica, bien haría la iniciativa de la «Marca España» al objeto de aunar cuantas más fuerzas, actores y grupos de interés fuera posible, en convertirse en una verdadera Política de Estado, que perdurase al margen del juego de mayorías políticas parlamentario.

En líneas generales, se podría afirmar que la ICE (Iglesia Católica Española) tiene influencia política si poseyera la capacidad de a) producir outcomes políticos positivos que se adecuarán a sus intereses y preferencias (generando una decisión positiva), b) evitar que se generaran outcomes políticos negativos, que no se adecuaran a sus intereses (decisión negativa), o c) evitar que se debatiera sobre temas que le perjudicaran (no decisión).
El Estado autonómico ha resultado beneficioso para la defensa de los intereses de la ICE. Constituye todavía una tarea por investigar el análisis de los resultados de los múltiples convenios firmados entre los obispos y las autoridades regionales. Lo que sí puede ya afirmarse es que la CE (Conferencia Episcopal) parece perder peso político frente a los obispos, que ejercen como interlocutores regulares de los gobiernos autonómicos.
Otra dimensión en la que la influencia de la Iglesia resulta palpable es la de la movilización de sus aliados en la sociedad civil.
Cierto tipo de prensa y determinados sectores sociales tienden a adscribir un gran (y desproporcionado) poder e influencia a aquellos grupos de interés que han gozado históricamente de una situación privilegiada (y con los que, aunque no se diga explícitamente, no existe afinidad ideológica). La ICE es así frecuentemente descrita como un bloque unificado (a pesar de sus disensos internos y de la heterogeneidad de los elementos que la constituyen) y como un actor políticamente poderoso. Sin embargo, su poder deriva principalmente de la existencia de los Acuerdos de 1979 que, para algunos actores políticos que han tenido que negociar con la CE, funcionan como una «camisa de fuerza», restringiendo el margen de maniobra de las autoridades.
En España existen siete confesiones a las que, desde 1989, se ha reconocido su notorio arraigo, reconocimiento que no requiere el catolicismo dado su estatus especial. Se trata del judaísmo, el evangelismo, el islam, el mormonismo, TCJ, el budismo y el cristianismo ortodoxo y oriental. Todas disponen de un grupo de interés religioso que, con carácter exclusivo, a nivel estatal representa oficialmente a, y es el interlocutor válido de, la confesión en España, pero sólo en tres casos —judaísmo, evangelismo e islam— los correspondientes grupos han firmado con el Estado Acuerdos de Cooperación, que constituyen una versión limitada de los Acuerdos con la Santa Sede. Ninguno de los grupos estudiados ha logrado consolidarse como contrapoder de los actores gubernamentales y del resto de actores no gubernamentales.

Es indudable que los grupos de interés juegan un rol importante en la sociedad. Muestra de ello es el enorme espectro de grupos que representan gran variedad de intereses en todos los países de la Unión Europea (UE). Como ejemplo, España tiene en el Registro Nacional de Asociaciones alrededor de 35.000 entradas y el Boletín Oficial del Estado (BOE) menciona más de mil grupos sindicales de trabajadores y empresarios. Asimismo, en Alemania el número de grupos es impresionante, sólo el Bundestag registra alrededor de 2.000 grupos mientras que la lista del Verbände Forum supera los 12.000. Si miramos el registro de grupos registrados con la Comisión Europea, nos encontramos con una cifra de alrededor de 7.600 procedentes de los distintos Estados miembros de la UE.
En términos generales los datos nos muestran que los grupos de interés de los países independientemente de cualquier factor, ya sean institucional o geográfico, recurren principalmente al uso de estrategias internas frente a externas. Dicho esto, existen algunas diferencias entre los grupos de interés de los cinco países. Por ejemplo, los grupos de Alemania, el país más grande del grupo, se enfocan más en contactos directos con los actores e instituciones políticas, mientras que, los grupos de Letonia, país pequeño y el último que ha ingresado en la UE, son los que menos contactos directos tienen con los actores e instituciones políticas. España es el país donde los grupos de interés tienen menos acceso tanto a nivel nacional como de la UE. Este hecho confirma el factor institucional y el geográfico. Sin embargo, los parecidos entre los países parecen más importantes que las diferencias. A grandes rasgos, los grupos de interés se comportan de modo parecido independiente del sistema de representación de intereses y del tamaño del país.
Si bien lo que hemos observado es que los grupos de interés actúan de un modo similar más allá de su sistema de representación de intereses y de su tamaño, queda la duda si hay variación en el éxito que tienen a la hora de influenciar las decisiones.

Tengo una opinión bastante escéptica, tanto en lo que se refiere a un cambio significativo en la transparencia de los grupos de interés como en la propia transparencia del proceso de intermediación de intereses. En un escenario que sigue teniendo aquellas características que apuntó el profesor Linz a comienzo de los años ochenta, y que la evidencia de este libro confirma, la respuesta de los principales actores políticos y sociales parece ser la de apuntarse con entusiasmo a cualquier cambio normativo que pueda presentarse ante la opinión pública como una modificación sustancial hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas; a la vez estableciendo de manera deliberada obstáculos en la práctica cotidiana para lo que debiera constituir la única garantía de que los grupos de interés no sustituyan, ni en España ni en Europa, las reglas de la democracia: que los ciudadanos tengan una información fiable y accesible de aquellos actores que, en defensa de sus intereses, quieren influenciar el proceso de decisión en España.

Interesting book, where there are multiple theories about pressure groups.
1- The evolution of literature, as a whole, the interest in interest groups led to its own decline for a simple reason: if interest groups explain everything, surely explain nothing (Baumgartner and Leech, 1998). Although progress has been made in this regard: the theoretical advances of recent decades admit that interest groups are a small component of the political system. In parallel, the concerns regarding the internal dynamics of the groups (problems of recruitment, dilemma of collective action, etc.) and how these can affect the degree of success of the pressure actions make it difficult to analyze the influence of the groups of interest. Moreover, more than one study has concluded that these do not really have the capacity to influence.
2- Added to the above, if, as Wilson (1990) points out, one of the main concerns of political science is to understand the relationship between the State and society, the rise of behaviorism served to place individuals at the center of the investigations. Studies on political behavior – and recently on new social movements – move away from «organized» politics to focus on the attitudes and opinions of citizens in the electoral arena and political protest.
3- In terms of academic priorities, it is also necessary to mention that for a long time American and European political science have turned their backs on it (Mahoney and Baumgartner, 2008), while European academics were interested in the role of groups of Interest in studies of public structures and policies, Americans paid more attention to influence tactics.

There are various political definitions of what a stakeholder is, which implies that there is no conceptual consensus. At the same time, there are different terms to refer to them, for example, interest group, interest organizations, pressure group or Anglicism lobby (plural lobbies). In this sense, it should be clarified that, when speaking in this interest group book, reference is also made, in a generic way, to lobbies. In general, the different definitions converge in identifying three fundamental features:
first, they are recognized and recognizable organizations, so that a group of interest should not be confused with a social group;
second, they defend an interest created by their members, although in some occasions this interest can not be identified with a clear concretion; Y,
third, they seek to influence the political process without the intention of exercising government responsibilities. The interests defended by the interest groups can refer to economic / professional motivations or the promotion of causes (promotion of the right to abortion, defense of public health, positioning favorable to more investment in culture), but in any case, they must be able to recognize themselves as demands directed to the political scenario and not as mere apolitical preferences.

It is considered that there is a natural cause in the emergence of groups and their mobilization that goes beyond the existence of a social conflict.
The success of interest groups when converting their demands into concrete public policy decisions depends to a large extent on their ability to provide relevant information (Beyers et al., 2008, Chalmers, 2011, Klüver, 2012). Relevant is understood as information that helps politicians understand the possible consequences of an alleged change in policy (Bernhagen et al., 2015). The argument about the influence of groups and the provision of information has been developed especially in the analysis of the interaction between the groups and the Congress (United States) or the parliamentary arena (Europe). The legislative process offers interest groups different points of access and exchange of information since the parliamentary committees discuss the bills and control the activity of the government. Throughout the legislative process, interest groups provide information that can be useful to reduce uncertainty and generate consensus, or to defend or sustain the preferences of parliamentary groups.
Three types of positive effects of citizen participation: on individuals, in the public sphere and in democratic institutions.
– Effects on individuals. Associationism and, in general, political participation, contributes to the development of individuals by enhancing capacities considered fundamental.
– Effects in the public sphere. Following the Habermasian approach, citizen participation is what allows for the creation of autonomous political judgment spheres (differentiated from the State and the markets), which rely on the associative structure of civil society (Habermas, 1996). The public sphere is conceived as a space in which public opinion and political judgment are formed through argumentation.
– Effects on democratic institutions. On the one hand, the action of associations and groups provides a complement to institutional political representation (mainly defined on a territorial basis) by offering a channel of collective expression to other forms of representation: social, functional, discursive (Saward, 2010 ). On the other, it contributes to facilitating governance by allowing collective action to adopt more participatory forms, which ensures greater policy responsiveness, favors consensus and trust, and at the same time increases the effectiveness of policies.

The emergence of so-called social networks or social networks (SNS) in English, such as Facebook and Twitter, among others, at the beginning of the new century, have given the individual a high degree of freedom to communicate with those closest to them. he (relatives, friends …) and even trying to establish contact with people who are beyond their family network and peers, such as the political actors themselves, be they deputies, parties and / or even government authorities. Now, what do we mean by social networks?
Based on these definitions we observe that the central element of social networks are the users themselves, who use web platforms in which the individual has the freedom to interact with whoever they want, communicate what they want at the moment they think is most appropriate. , ceasing to be a simple receiver of information. At the same time he becomes a creator of content of diverse nature.
The predominant political and social organizations of the 20th century, mainly political parties, trade unions, and even the Church itself, are losing their role as predominant actors (Inglehart, 1997). Does the Internet have anything to do with this situation? What challenges must interest groups face in the face of the expansion of the Internet and social networks?
The use of the Internet is generating a new model of sociability based on individualism. Social networks are raised as the main spaces where people decide to organize among themselves, giving their users freedom to maintain connections, both online and offline, between individuals who have the same interests, not only political and social, but also based to the same cultural values, leisure, etc. The main basis is that the Internet allows greater flexibility in processes.

It is usually noted that Brussels is after Washington the second city with the largest representation of lobbies. The data confirm the importance of this phenomenon: as we will see later on, it is estimated that in Brussels there are more than 30,000 representatives of interests grouped in more than 2,000 organizations. This reality has gone unnoticed by public opinion in the generalized context of the EU’s distance from citizens. But as European integration is politicized, public opinion has begun to question who influences community decisions.
Stakeholders have two large access «routes» to try to exert influence on European decision-making. The first strategy is to gain influence before the European institutions, either before the Commission in the phase of establishing the agenda or before the European Parliament in the decision-making phase. However, it is more complex to obtain influence before the Council of the European Union, insofar as it is an institution divided into ten different formations and composed of the representatives of the States, and therefore with which it is difficult to maintain a regular exchange at European level (Hayes-Renshaw, 2009). In this case, the strategy consists rather in going through the national capitals, trying to ensure that the position of the key states -in general a blocking minority- approaches the interests they want to promote. Obviously there will be differences between the forms of aggregation of interests in the different member states and in the selection of interests that they defend in each negotiation.
Since the transparency register confirms this hypothesis: organizations based in Spain registered in the transparency register present a structure that is relatively similar to that existing at a community level: a clear predominance of business interests balanced by the presence of NGOs, think tanks and others. public interests. It is also interesting to note that the number of companies registered individually is relatively low and that therefore the organizations established in Spain seem to follow clearly the European logic of the importance of participating in associations and coalitions as well as the importance of having representation professional (through consultants, law firms, etc.). The high number of unions and business organizations also confirms that the EU is especially attractive to organizations specialized in the representation of sectoral interests. For example, the registration of the Spanish Trade Union Association of Aeronautical Maintenance Technicians or the Interprofessional Organization of the Egg and its Products.
The main activity of the unions is the representation and defense of the interests of their representatives and the working class more generally. This function is developed in the field of labor relations, and in particular through the instrument of collective bargaining. The power of unions in this area is reflected in their ability to influence the determination of working conditions. It is therefore a key dimension to understand their influence and that is certainly related to the political power of these. The position of the unions in collective bargaining has broad institutional support. On the one hand, representation structures determine the conditions of democratically legitimated presence of unions in companies. On the basis of the results of the elections to representatives, the criteria of representativeness that are established by the unions that will participate in the supra-corporate negotiation and in institutional areas are also determined.

The ability of the pharmaceutical industry to impose its interests in regulation depends in large part on its capacity to mobilize and create one (or several) professional organization capable of generating selective incentives in a stable manner, avoiding the free-rider effect.
Since its creation, one of the main strategies of Farmaindustria is to avoid what Hirschman identified as an exit option. In the Hirschman model, members who are not satisfied with the policy followed by an organization can adopt three strategies: leave the group -out option-, try to change the organization -option option-, or conform despite not sharing the objectives and strategies of the organization -lealtad-. The exit option supposes to fragment the group in several organizations and therefore reduce the negotiating capacity of the pharmaceutical laboratories with the government. This supposes a too high risk in a sector in which the State is the main purchaser of medicines, regulates the prices of the pharmaceutical specialties, and determines the requirements of quality, safety and efficacy that the medicines must fulfill before and after their commercialization .
Farmaindustria manages to maintain the monopoly of representation based on the voice option, that is, providing each group of companies with instruments to express their preferences in each and every one of the organs of political representation of the organization. For this, from the eighties until 2000 the statutes of the organization define three groups of laboratories – large companies with Spanish capital (for example, Almirall laboratories, or Esteve), small and medium-sized laboratories of Spanish capital (for example, Fardi), and multinational companies, which in turn are subdivided into groups depending on the country of origin-, from different dimensions -volume of sales, ownership (national or foreign) and during the eighties also the location (Barcelona, Madrid, others) -.
Each group is led by a few laboratories, which share the positions of maximum responsibility within the organization on a continuous basis over time. As a consequence, there is a high degree of concentration and stability in the laboratories that occupy the political positions of the organization. The internal rules of the organization reinforce this stability by allowing the positions of vocal and vice-president to be renewed every two years without any limitation, except in the case of the president who can not be re-elected during two successive but alternating periods.
The ability of the pharmaceutical industry to influence the regulation of the sector depends not only on having a strong and professionalized organization, or on personal contacts with the public sector, but also on the formal institutionalization of relations with the State. The characteristics of the network of public policies (in English policy network) largely determine who participates in the process of preparing public policies, how this participation is articulated, and what are the functions that are subject to negotiation. The rest of the chapter is devoted to describing the patterns of interaction between the State and the pharmaceutical industry, focusing only on two dimensions: 1) the number of public and private actors participating in this interaction; and 2) the formal institutionalization, frequency, and stability of contacts between members of the government and the pharmaceutical industry.

The food industry is characterized by having a collective action much more concentrated than the rest of the actors of the agri-food chain, having a single organization representing their interests: the Federation of Food and Beverage Industries (FIAB). At present, the food industry is characterized by a high degree of concentration and organization of collective action, but until this organization is created in 1977 there is a great dispersion, since the companies of the sector are dispersed in different unions.
The organizations of interest that are mobilized around food security policy are characterized by their heterogeneity, in relation to their capacity to monopolize collective action in their respective fields of action and their level of representativeness, and also with respect to their position on the problem. The food industry, the only one that manages to mobilize around a single organization, gets for years a privileged position in the negotiation with the Ministry of Health, for its greater organizational resources, for the economic importance of the sector, but also because the definition of food security problems is supported during that time in a sectoral vision, which considers the industry as the main responsible for food security. Under this perspective, the agrarian sector, which is much more fragmented and has important problems of collective action due to the heterogeneity of the sector, does not need to exercise an intense pressure activity or a high level of mobilization so that its interests are protected in the political process. Institutional factors such as the Europeanisation of politics limit the ability of industry to control the content of regulation, but it is not until a paradigm shift by Crisis as «mad cow» occurs.
After this food crisis, the European Union promotes a new approach based on a preventive and integral concept, «from farm to fork», of food security. The institutionalization of this new paradigm at the national level through the creation of the AESAN increases the level of institutionalization and transparency of the relations between the State and interest groups. The fact that risk analysis becomes a central aspect of the policy and that it becomes clear that all actors in the agri-food chain, including farmers and ranchers, have responsibility for it, facilitates that new actors, such as experts, gain influence, and that the agrarian organizations, feel to negotiate in equal conditions that the rest of organizations, at least as regards their representativeness in the formal organs of representation of the agency. In short, the food security policy analysis reveals, as the theory on the establishment of the agenda argues, that changes in the evolution of patterns of interaction between the State and interest groups can not be understood only through of the characteristics and resources of organizations, but also depend on how they understand and define public problems.

The public actor has traditionally granted the legitimacy for the representation of the Spanish electricity sector to UNESA because it maintains as partners companies that have a significant percentage of the Spanish electricity market; and that regardless of whether it is the traditional electric sector or the renewable sector. The emergence of interest groups in the renewable sector has not meant that the public actor takes them into account when making a decision. For the public actor, it does not matter the fragmentation of the sector but its relevance in the electricity market.
On the other hand, the renewable sector has not had enough time to configure and establish a single organization that represents their interests, and has differentiated their representation and intermediation according to technology. This did not happen with UNESA, which also integrated companies with different technologies, such as thermal, hydraulic, and nuclear. UNESA has been representing traditional electric companies for almost 70 years. In addition, the process of business concentration as a result of liberalization has led to the existence of only five large traditional electricity companies grouped around a single organization that also has control of the electricity market due to its importance in it.
With these conditions, the public actor considers it more «simple» to intervene with a single interest group, than with the plurality of groups in the renewable sector, which, in addition to being fragmented by technologies, maintain conflicts among them in numerous issues of the policy public.

First, the insurance sector is a socioeconomic or market sector with an important reading or financial interpretation for the State. Its sectoral policy is not developed in terms of party policies, but of substantive policies. Its legislative processes are not developed as political laws but as laws of interest and mobilize only specialized economic interest groups or sectoral groups, which should not be confused with the fact that some of them have a central economic interest position (entities of credit and its investment funds, and at a certain distance, insurers). To a very limited extent, and with the result of mere access (formal most of the time), public interest groups or causal groups (consumers and users and trade unions) participate.
Second, the insurance sector provides an excellent sample and proof of how the State, from its Government and its Administration, finds in the interactive conformation of the problems, of the agenda, and in the consequent needs of the organized interest groups, in its demands, but even without them, empirical motives / objectives of its legislative action: it appreciates them structurally according to a limited rationality, and its explanation lies in its own financial needs. For this reason, it offers an extrapolated regularity with the necessary modulations to the rest of the market sectors.
Third, the proper interaction between organized interest groups and public actors or decision-makers is limited to the articulation and concrete detail of the decision, without affecting its deep composition of interests. This has as exception the contexts of insufficient parliamentary majority of government, mainly because it opens possibilities of influence to central or special internal organized interest groups that are with respect to the autonomous Catalan and Basque administrations and the respective nationalist parliamentary groups. Not in the rest of cases.
And fourth, due to its structural, systemic or deep origin, they are offered as regularity extrapolated to the rest of the socioeconomic or market sectors, with the corresponding modulations.

The new communication and external action strategy of the «Spain Brand» is presented as a channeling tool for the efforts of all public and private departments and organizations that hold a key external aspect in the image of Spain. That is why it can not ignore the complex Spanish organizational structure in multilevel code, for which it should be able to amalgamate and lead the corresponding synergies between the parties (local entities and Autonomous Communities) and the whole (Spain). In that sense, there is still a long way to agree and explore, as was demonstrated at the time with the cessation of its deputy director for some unfortunate statements in relation to an essential part of that whole, Catalonia. Likewise, and taking into account the ideological fracture line, the «Marca España» initiative would do well in order to unite as many forces, actors and interest groups as possible, to become a true State Policy, which would remain in the margin. of the game of parliamentary political majorities.

In general terms, it could be affirmed that the ICE (Spanish Catholic Church) has political influence if it possessed the capacity to a) produce positive political outcomes that will be adapted to their interests and preferences (generating a positive decision), b) avoid generating them negative political outcomes, that did not suit their interests (negative decision), or c) avoid discussing issues that would harm them (no decision).
The autonomous State has been beneficial for the defense of the interests of the ICE. It is still a task to investigate the analysis of the results of the multiple agreements signed between the bishops and the regional authorities. What can already be affirmed is that the EC (Episcopal Conference) seems to lose political weight against the bishops, who act as regular interlocutors of the autonomous governments.
Another dimension in which the influence of the Church is palpable is that of the mobilization of its allies in civil society.
Certain types of press and certain social sectors tend to ascribe a large (and disproportionate) power and influence to those interest groups that have historically enjoyed a privileged situation (and with which, although not explicitly stated, there is no ideological affinity) . The ICE is thus often described as a unified block (despite its internal dissensions and the heterogeneity of the elements that constitute it) and as a politically powerful actor. However, its power derives mainly from the existence of the 1979 Agreements that, for some political actors that have had to negotiate with the EC, function as a «straitjacket», restricting the margin of maneuver of the authorities.
In Spain there are seven confessions to which, since 1989, its notorious roots have been recognized, recognition that does not require Catholicism given its special status. It is about Judaism, evangelism, Islam, Mormonism, TCJ, Buddhism and Orthodox and Eastern Christianity. All have a religious interest group that, exclusively, statewide officially represents, and is the valid interlocutor of, the confession in Spain, but only in three cases -Judaism, evangelism and Islam- the corresponding groups have signed with the State Cooperation Agreements, which constitute a limited version of the Agreements with the Holy See. None of the groups studied has managed to consolidate itself as a counterweight to governmental actors and other non-governmental actors.

Undoubtedly, interest groups play an important role in society. Proof of this is the enormous spectrum of groups that represent a great variety of interests in all the countries of the European Union (EU). As an example, Spain has around 35,000 entries in the National Registry of Associations and the Official State Gazette (BOE) mentions more than a thousand trade union groups of workers and employers. Likewise, in Germany the number of groups is impressive, only the Bundestag registers around 2,000 groups while the list of the Verbände Forum exceeds 12,000. If we look at the register of groups registered with the European Commission, we find a figure of around 7,600 from the different EU Member States.
In general terms, the data show that the interest groups of the countries regardless of any factor, be it institutional or geographic, resort mainly to the use of internal versus external strategies. That said, there are some differences between the interest groups of the five countries. For example, the groups in Germany, the largest country in the group, focus more on direct contacts with political actors and institutions, while the groups in Latvia, the small country and the last one that has joined the EU, are the that less direct contacts have with the actors and political institutions. Spain is the country where interest groups have less access both at national and EU level. This fact confirms the institutional factor and the geographical factor. However, similarities between countries seem more important than differences. Broadly speaking, interest groups behave in a similar way independent of the system of representation of interests and the size of the country.
While what we have observed is that interest groups act in a similar way beyond their system of representing interests and their size, there is still doubt as to whether there is variation in the success they have in influencing decisions.

I have a rather skeptical opinion, both in terms of a significant change in the transparency of the stakeholders and in the transparency of the interest intermediation process itself. In a scenario that continues to have those characteristics that Professor Linz pointed out at the beginning of the eighties, and that the evidence in this book confirms, the response of the main political and social actors seems to be to enthusiastically point to any regulatory change that can be presented to the public as a substantial modification towards greater transparency and accountability; at the same time deliberately establishing obstacles in daily practice for what should be the only guarantee that interest groups will not replace, in Spain or in Europe, the rules of democracy: that citizens have reliable information and accessible to those actors who, in defense of their interests, want to influence the decision process in Spain.

7 pensamientos en “Los Grupos De Interés En España: La Influencia De Los Lobbies En La Política Española — Joaquim M. Molins & Luz Muñoz Márquez & Iván Medina / Interest Groups in Spain: The Influence of Lobbies on Spanish Politics by Joaquim M. Molins & Luz Muñoz Márquez & Iván Medina (spanish book edition)

  1. La problemática que persigue a este tipo de grupos, desde hace ya años, es la falta de control y transparencia que respiran, motivo por el que los lobbies en la Unión Europea están en el punto de mira.
    Estuve hace unos años en un seminario sobre los lobbies en Bruselas y fue interesantísimo.

    • Exacto pero el gran y único culpable es el laboratorio de Bruselas y como decían los Brits … You can’t beat the house es más con el brexit veras que quién gana es el Reino Unido porque Bruselas es un laboratorio

      • Interesante reto el que me planteas David. Estoy siguiendo de cerca el tema Brexit y estoy convencida que Reino Unido recularía si pudiese. Bruselas es efectivamente un Laboratorio pero ¡Yo soy una europeísta convencida!!! Veremos que nos depara el futuro. 🤔😘😘😘

      • Yo soy europeísta pero conteniendo todos los matices esa es la grandeza de Europa y no solo lo que me imponga el eje franco germano y como tal laboratorio hace agua en muchas cosas … retos demasiados bien hechas pocas cosas ahora se habla de mundo global donde se intenta etiquetar por las normas de los dos Grandes y no TTP y demás es para debatir pero solo interesa lo económico y sin embargo a veces Love ‘er gold pero no se ve .
        UK esta jugando al chicle me acerco me separo pero es de la Asean, Commonwealth, Nafta , Caribe, vamos que Europa no se mire el ombligo, ese reto es el interesante pero no te creas los mass media sólo el resultado real.

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