Por Un Comercio Mundial Ético: Porque El Debate No Es Entre Libre Comercio Y Proteccionismo Sino Entre Comercio Ético Y No Ético — Christian Felber / For an Ethical World Trade: Because the Debate Is Not Between Free Trade and Protectionism But Between Ethical and Non-Ethical Trading by Christian Felber

Me parece un libro muy interesante y como los de este autor todos los libros buscan generar un debate lo cual es de agradecer sin duda para el lector que quiera atreverse a leerlo.
El libre comercio y el proteccionismo adolecen de los mismos excesos. El libre comercio convierte el comercio en un fin en sí mismo, y el proteccionismo hace lo propio con la protección: dos posturas en igual medida sin sentido. El comercio puede ser beneficioso y la protección puede ser conveniente. Sin embargo, el comercio en sí mismo no es una finalidad, como tampoco lo es el cierre de las fronteras. Maximizar la división internacional del trabajo es tan obtuso y necio como ambicionar una autarquía nacional. Nadie puede desear realmente ninguna de estas opciones. Y aun así, en la actualidad, todo el mundo está a favor del libre comercio o tilda a aquellos que no lo están de «proteccionistas». El punto de partida para un debate sustancial diferente —y para el desarrollo de alternativas perspicaces— podría mejorarse.
Por desgracia, la corriente ortodoxa de la economía no ofrece diversidad en este tema: «Los economistas discuten todo el tiempo, sólo parece que se pongan de acuerdo en relación al libre comercio», opina Paul Samuelson.
Las protestas contra la Organización Mundial del Comercio vienen de antiguo. En 1999, en Seattle llegaron a ser tan intensas, que contribuyeron a que la cumbre fuera infructuosa. Los mismos que argumentan, como si fuera un mantra, que el libre comercio trae la democracia, trasladaron la reunión de seguimiento a Doha: una dictadura del desierto en la que manifestarse está prohibido. Desde entonces, la extenuada OMC no se ha recuperado. La «Agenda de Doha para el Desarrollo» está agotada, la fe en el libre comercio desaparece en todo el mundo.

La discusión política sobre el comercio, al contrario que en otros ámbitos, es que la solución perfecta que ha prevalecido no es un compromiso entre dos posturas extremas, sino uno de esos extremismos: la mejor descripción para el «libre comercio» es, por lo tanto, que el comercio es un fin en sí mismo. Y éste es, de hecho, el error fundamental. Significa que un medio se ha convertido en un fin y que los verdaderos fines y objetivos se resienten. Que el comercio como medio se haya convertido en un fin, se plasma en lo pequeño; que el capital como medio se haya convertido en un fin, se plasma en lo grande. En el libre comercio, el comercio pasa de medio a fin; y en el capitalismo, es el capital el que pasa de medio a fin. Se resienten de ello todos los demás objetivos y valores, y en última instancia, el bien común.
Al amparo de la legislación internacional, se ilegalizan y criminalizan cada vez más los intentos de regular, dirigir, dosificar o limitar el comercio. Se ata de pies y manos a las democracias locales, regionales y nacionales, por ejemplo:
• prohibiendo la prioridad de las empresas locales en contrataciones públicas y otras medidas adicionales de política regional, laboral y estructural;
• liberalizando servicios públicos, presionando e incluso coaccionando cuando éstos ya habían quedado relegados en listas de excepciones;
• prohibiendo a los inversores que planteen exigencias, por ejemplo, las previstas en el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), suspendido en 1998;
• mediante acuerdos de inversiones que otorgan a las compañías exclusivamente derechos e imponen a los países anfitriones (democracias) únicamente obligaciones;
• a través de una protección más rigurosa de la propiedad intelectual, equiparándola a uno de los derechos humanos;
• mediante derechos de acción directa de las empresas (ISDS, Inversor-State Dispute Settlement, Arbitraje de Diferencias Estado-inversor) y el establecimiento de tribunales ad hoc que reciben dichas demandas y las gestionan.
• por medio de nuevas instituciones supranacionales que se encarguen de evitar que nuevas leyes y regulaciones perturben el comercio y de bloquearlas adecuadamente antes de que lleguen al Parlamento («cooperación regulatoria»);
• prohibiendo que leyes para la protección de la salud o el medio ambiente restrinjan el comercio más «de lo necesario»; en caso de duda, decide el tribunal de la OMC.

La apertura de fronteras para mercancías y servicios es un punto clave del Consenso de Washington, más conocido como «neoliberalismo».
El Consenso de Washington se inició en los años ochenta del siglo XX en el ámbito del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; en la esfera política de Ronald Reagan (reaganomía) y de Margaret Thatcher (thatcherismo) e ideológica de la Escuela Austríaca de Economía (Friedrich von Hayek, asesor principal de Margaret Thatcher) que a su vez inspiró a los Chicago Boys en torno a Milton Friedman (economista jefe de Ronald Reagan).
El columnista de The New York Times Thomas Friedman, defensor del Consenso de Washington, acuñó el término «camisa de fuerza dorada» para englobar la combinación de libre comercio, competencia interna y política de austeridad. Sorprendentemente, es así, pues se trata de coacción, no de libertad. «Con el fin de entrar en la camisa de fuerza dorada, un país debe adoptar, o al menos acercarse notoriamente, a las siguientes reglas doradas: hacer del sector privado el motor principal del crecimiento económico, fomentar una inflación baja, reducir el aparato burocrático estatal, mantener los presupuestos del Estado lo más equilibrados posible o incluso con superávit, eliminar las restricciones de inversión extranjera…».

El legendario teorema de Smith contiene una hipótesis triple:
1. Los capitalistas actúan con fines lucrativos.
2. Por eso, voluntariamente prefieren invertir en el propio país antes que en el extranjero.
3. Esta preferencia favorece el bien común.
El primer supuesto es cuestionable, el segundo es falso desde el punto de vista actual, el tercero surge como consecuencia del segundo y, por lo tanto, es lógicamente erróneo: los capitalistas promueven el bien común porque prefieren invertir en el país a hacerlo en el extranjero. Si no lo hicieran, lógicamente no incentivarían el bien común o lo harían en menor medida. Este supuesto efecto de bien común del capitalismo ha resultado ser un mito —no sólo como resultado de este error— que el economista ético de Saint Gallen Peter Ulrich describió maravillosamente como una «ficción del bien común metafísico-mercantilista».
En contra de lo que Smith y Ricardo pensaban, hoy en día la libre movilidad del capital no sólo es posible, sino que es una realidad de alcance mundial. Esto cambia la situación de manera radical: el capital británico puede producir textiles en el Reino Unido y vino en Portugal, remunerar a los trabajadores de la peor manera posible en ambos sitios y transferir los beneficios a paraísos fiscales donde los propietarios acumularán una riqueza que ya no estará al servicio del «bien general del conjunto». Además, los trabajadores británicos desempleados podrían seguir la estela del capital hasta Portugal e incrementar así la presión sobre los niveles salariales y los mercados laborales. Llevado al extremo, hoy en día ya no existe capital británico o capital portugués a gran escala, sino principalmente capital global o transnacional. Y éste no busca la ventaja relativa, sino la absoluta: «La competitividad indirecta mediante las ventajas comparativas se sustituye por competitividad directa a través de ventajas absolutas, dicho de manera más precisa, por precios absolutos y, cada vez más, también por salarios absolutos en el mercado global».

Con el pretexto del libre comercio, los países industrializados se valen de numerosos y variados trucos para prolongar su mercantilismo:
• Imponen el principio de reciprocidad («no discriminación»), y como consecuencia, países desiguales reciben un trato similar y se ven obligados a reducir la protección aduanera al mismo ritmo que los países industrializados.
• No obstante, los países industrializados gravan las importaciones de los países en desarrollo con aranceles tres y hasta cuatro veces más altos que los de las importaciones procedentes de países industrializados. El CETA y el TTIP representarían unos pasos más en la dirección equivocada.
• Dirigen la especialización de los países pobres hacia la exportación de materias primas, lo que aumenta la brecha tecnológica y, por lo tanto, las diferencias a nivel de desarrollo.
• Imponen derechos de aduana mayores a los productos terminados que a las materias primas («proporción arancelaria»), lo que dificulta un mayor desarrollo de la industria.
• Al mismo tiempo, la mayoría de multinacionales de materias primas están en manos del Norte (Canadá, Australia), motivo por el cual estos beneficios fluyen también hacia el Norte.
• Predican que exportar es la estrategia de desarrollo prioritaria, lo que centra el foco de la política económica en las exportaciones de materias primas y lo aparta de la organización de una producción básica diversificada en manufactura, comercio, industria sostenible y agricultura.
• Retienen a los países pobres con una deuda trampa que aumenta la presión para exportar, especialmente materias primas.
• Alimentan la competitividad Sur-Sur, que a su vez mantiene en un nivel bajo su impacto en el desarrollo y fuerza los precios de las materias primas a la baja favoreciendo a los países altamente consumistas del Norte.
• Protegen sus propias industrias con desventajas absolutas y relativas (por ejemplo, el maíz o el algodón en Estados Unidos), no sólo con medidas proteccionistas, sino también con agresivas subvenciones a las exportaciones, lo que convierte cualquier compromiso con el libre comercio en una farsa.
• Desbordan la agenda de la OMC con temas ajenos al comercio, como la protección de los derechos de propiedad intelectual, la protección de las inversiones, las contrataciones públicas y la prestación de servicios en el extranjero, cuestiones todas ellas que benefician unilateralmente a los países ricos.
• Han forzado que en la OMC sólo se pueda aprobar el paquete completo de todas las cuestiones, lo que ejerce una enorme presión sobre los países pobres para que se abran en muchas áreas más allá del nivel que les beneficia.
El comercio «recíproco» en principio sólo es posible entre socios económicamente de igual fuerza. Todas las constituciones modernas prohíben el trato igualitario entre desiguales. La «no discriminación», en jerga de la OMC, resulta cínica, no permite que lo diferente (países industrializados y países en desarrollo; multinacionales y pymes locales; grandes empresas productoras agrarios industriales y pequeños agricultores) reciba un trato diferente. Desde 1979, el GATT tiene un instrumento para el «trato especial y diferenciado» (SDT, Special and differential treatment) de los países en desarrollo, si bien no ha tenido apenas efecto.

La «joya de la corona de la teoría del comercio exterior» sería una buena idea si, adicionalmente, se cumplieran las siguientes condiciones:
1. planificación global de la producción, para que todos los países pudieran aprovechar sus ventajas comparativas;
2. balanzas comerciales equilibradas, para que todos pudiesen beneficiarse en igual medida del sistema de comercio multilateral;
3. los tipos de cambio se fijasen y mantuviesen estables mediante intervenciones políticas;
4. el capital tendría que permanecer «en casa», se restringiría la libre circulación de capitales;
5. los costes de transacción se tendrían en cuenta y se incluirían. La comparación de los salarios por hora o de los costes unitarios no es lo único que entra en los cálculos;
6. costes ecológicos reales, para que sólo formasen parte del sistema comercial los países que mantuvieran su consumo medioambiental dentro de los límites ecológicos del planeta;
7. no reciprocidad: los países con niveles de desarrollo inferiores no tendrían que abrir sus fronteras en la misma medida que los países altamente industrializados;
8. medidas de redistribución obligatorias que evitasen un exceso del grado de desigualdad —definido— para cada país;
9. prevención de competencia entre localizaciones mediante normativas comunes en materia de derechos humanos, derechos laborales, estándares sociales, protección del medioambiente, consumidores, política fiscal y supervisión financiera;
10. leyes anticartel, controles de fusiones y topes a las cuotas de mercado y al tamaño de las empresas para evitar la concentración de poder en los mercados internacionales;
11. protección de los sectores económicos locales y nacionales para preservar la diversidad cultural y económica y la resiliencia y evitar dependencias;
12. división del trabajo limitada. Un sistema de comercio basado en la división del trabajo debería, al mismo tiempo, evitar la división excesiva, para que el trabajo en el mercado mundial no se convirtiera en un sinsentido.

El comercio puede hacer mucho bien, ayuda a distribuir el trabajo de manera lógica, acerca especialidades de lugares lejanos, interconecta a las personas y abre horizontes. El comercio también es una libertad, una parte de la libertad económica. Pero el comercio no es un objetivo en sí mismo, ni un fin absoluto, ni tampoco un derecho fundamental. Las libertades económicas sólo son libertades instrumentales, no finales: están al servicio de unos valores superiores que no deben poner en peligro. Algunos ejemplos que lo aclaran al instante son el comercio de esclavos, de mujeres, de niños o de órganos: como mínimo la dignidad humana y los derechos humanos están por encima de la libertad del comercio. Pero no sólo eso. El comercio con especies en peligro de extinción o con vertidos tóxicos no sólo no debe ser «libre», sino que directamente no se debe comerciar con ellos. El comercio fundamentalmente no es un objetivo de la política económica, sino un medio para alcanzar objetivos políticos legítimos y de importancia consensuada. Los objetivos de la política son la aplicación plena de los derechos humanos, un desarrollo global sostenible, la cohesión social, una distribución equitativa o la diversidad cultural. El comercio es un medio que puede estimular o amenazar los objetivos mencionados. Según corresponda, debe haber más o menos comercio, de un tipo o de otro. Dependiendo de si el medio sirve a los fines o si los perjudica, el comercio puede y debe ser facilitado e incentivado o bien obstaculizado y limitado. Con prudencia y considerando los objetivos y valores a los que sirve.

El nuevo triángulo es:
1. Preservación de la autonomía nacional y de la democracia.
2. Mediante una cooperación global progresiva en relación a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el clima, la cohesión social y la diversidad cultural (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
3. La política comercial es un instrumento para alcanzar estos objetivos, tanto a nivel nacional («sustitución de importaciones», «política de industrias nacientes») como a nivel internacional («sistema de protección arancelaria ético», «Unión de Compensación»).
Estas directrices permiten a los estados miembros del sistema de comercio ético de la ONU continuar desarrollando libremente sus sistemas legales, sin «estrangurregulaciones»: Se anulan completamente los ataques de la OMC, el TTP, el TTIP y compañía contra la regulación democrática, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, los objetivos de las políticas de desarrollo o la regulación de las inversiones extranjeras. El contraproducente «derecho al libre comercio» y la camisa de fuerza terminan en el cubo de la basura de la historia.

La política internacional es eminentemente política del poder:
• los gobiernos defienden los intereses de sus empresas;
• los gobiernos extorsionan a otros gobiernos para que firmen tratados;
• los gobiernos cooperan contra sus ciudadanos;
• los gobiernos justifican medidas en detrimento de la mayoría con ideologías prominentes, véase el ejemplo de la OMC, etc.
Esto plantea la cuestión de si las decisiones se podrían tomar de manera más democrática.

Los tiempos en que los gobiernos y los parlamentos podían actuar sistemáticamente en contra de los intereses de la población deberían quedar atrás de una vez por todas. Para que no sea posible que los representantes del pueblo soberano:
• negocien en secreto y acuerden por su cuenta tratados comerciales obligatorios;
• los justifiquen oficialmente aludiendo a David Ricardo;
• otorguen a las empresas derecho a emprender acciones legales y defiendan con menos ahínco los derechos humanos;
• funden una organización de comercio sin regulador de competencia;
• consientan y rescaten bancos de importancia sistémica;
• acepten el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial;
• aprueben la libre circulación de capitales a paraísos fiscales;
• permitan que la inscripción en el registro de lobbies sea voluntaria;
• consientan registrar patentes de seres vivos;
• no identifiquen en el etiquetado los alimentos genéticamente modificados; se necesita una democratización radical de la política internacional. Uno de los hitos en el camino hacia la emancipación global es la transferencia de las decisiones básicas sobre derecho internacional a los pueblos soberanos.

I think it is a very interesting book and, like this author’s, all the books seek to generate a debate, which is undoubtedly grateful for the reader who wants to dare to read it.
Free trade and protectionism suffer from the same excesses. Free trade turns commerce into an end in itself, and protectionism does the same with protection: two positions in equal measure without meaning. Trade can be beneficial and protection can be convenient. However, trade in itself is not an end, nor is the closing of borders. Maximizing the international division of labor is as obtuse and foolish as coveting a national autarky. No one can really desire any of these options. And yet, at present, everyone is in favor of free trade or brand those who are not “protectionist”. The starting point for a different substantive debate – and for the development of insightful alternatives – could be improved.
Unfortunately, the orthodox current of the economy does not offer diversity on this issue: “Economists argue all the time, it only seems that they agree on free trade,” says Paul Samuelson.
The protests against the World Trade Organization come from old. In 1999, they became so intense in Seattle that they contributed to the failure of the summit. The same ones who argue, as if it were a mantra, that free trade brings democracy, moved the follow-up meeting to Doha: a desert dictatorship in which demonstrating is forbidden. Since then, the exhausted WTO has not recovered. The “Doha Development Agenda” is exhausted, faith in free trade disappears around the world.

The political discussion on trade, unlike in other areas, is that the perfect solution that has prevailed is not a compromise between two extreme positions, but one of those extremisms: the best description for “free trade” is, So much so, that commerce is an end in itself. And this is, in fact, the fundamental error. It means that a means has become an end and that the true ends and objectives suffer. That commerce as a means has become an end, is reflected in the small; that capital as a means has become an end, is reflected in the big. In free trade, trade goes from middle to end; and in capitalism, it is capital that passes from middle to end. All other goals and values, and ultimately, the common good, resent it.
Attempts to regulate, direct, dose or limit trade are increasingly outlawed and criminalized under international law. The local, regional and national democracies are tied hand and foot, for example:
• prohibiting the priority of local companies in public procurement and other additional regional, labor and structural policy measures;
• Liberalizing public services, pressing and even coercing when these had already been relegated to lists of exceptions;
• prohibiting investors from raising demands, for example, those provided for in the Multilateral Agreement on Investment (MAI), suspended in 1998;
• through investment agreements that give companies exclusive rights and impose obligations on host countries (democracies) only;
• through a more rigorous protection of intellectual property, equating it with one of human rights;
• through direct action rights of companies (ISDS, Investor-State Dispute Settlement, State-investor Difference Arbitration) and the establishment of ad hoc tribunals that receive and manage these demands.
• through new supranational institutions that are responsible for preventing new laws and regulations from disrupting trade and blocking them properly before they reach Parliament (“regulatory cooperation”);
• prohibiting laws for the protection of health or the environment from restricting trade more “than necessary”; in case of doubt, the WTO court decides.

The opening of borders for goods and services is a key point of the Washington Consensus, better known as “neoliberalism.”
The Washington Consensus began in the eighties of the twentieth century in the field of the World Bank, the International Monetary Fund and the US Department of the Treasury; in the political sphere of Ronald Reagan (reaganomy) and Margaret Thatcher (Thatcherism) and ideological of the Austrian School of Economics (Friedrich von Hayek, principal advisor to Margaret Thatcher) which in turn inspired the Chicago Boys around Milton Friedman (chief economist of Ronald Reagan).
New York Times columnist Thomas Friedman, advocate of the Washington Consensus, coined the term “golden straitjacket” to encompass the combination of free trade, domestic competition and austerity policy. Surprisingly, this is the case, because it is about coercion, not freedom. «In order to enter the golden straitjacket, a country must adopt, or at least noticeably approach, the following golden rules: make the private sector the main engine of economic growth, encourage low inflation, reduce the bureaucratic apparatus state, keep state budgets as balanced as possible or even in surplus, eliminate restrictions on foreign investment … ».

The legendary Smith theorem contains a triple hypothesis:
1. Capitalists act for profit.
2. Therefore, they voluntarily prefer to invest in their own country rather than abroad.
3. This preference favors the common good.
The first assumption is questionable, the second is false from the current point of view, the third arises as a consequence of the second and, therefore, is logically wrong: the capitalists promote the common good because they prefer to invest in the country to do so in the Foreign. If they did not, logically they would not encourage the common good or they would do so to a lesser extent. This supposed effect of the common good of capitalism has turned out to be a myth – not only as a result of this error – that Saint Gallen’s ethical economist Peter Ulrich described wonderfully as a “fiction of the metaphysical-mercantilist common good.”
Contrary to what Smith and Ricardo thought, nowadays the free mobility of capital is not only possible, but it is a worldwide reality. This radically changes the situation: British capital can produce textiles in the United Kingdom and wine in Portugal, remunerate workers in the worst possible way in both places and transfer the profits to tax havens where the owners will accumulate a wealth that already it will not be at the service of the “general good of the whole”. In addition, unemployed British workers could follow the wake of capital to Portugal and thus increase pressure on wage levels and labor markets. Taken to the extreme, today there is no longer British capital or large-scale Portuguese capital, but mainly global or transnational capital. And this does not seek the relative advantage, but the absolute advantage: “Indirect competitiveness through comparative advantages is replaced by direct competitiveness through absolute advantages, said more precisely, by absolute prices and, increasingly, also by absolute wages in the global market ».

Under the pretext of free trade, the industrialized countries use numerous and varied tricks to prolong their mercantilism:
• They impose the principle of reciprocity (“non-discrimination”), and as a result, unequal countries receive similar treatment and are forced to reduce customs protection at the same pace as industrialized countries.
• However, industrialized countries tax imports from developing countries with tariffs three and up to four times higher than those from imports from industrialized countries. The CETA and the TTIP would represent a few more steps in the wrong direction.
• They direct the specialization of poor countries towards the exportation of raw materials, which increases the technological gap and, therefore, the differences at the level of development.
• They impose higher customs duties on finished products than on raw materials (“tariff rate”), which hinders further development of the industry.
• At the same time, the majority of commodity multinationals are in the hands of the North (Canada, Australia), which is why these benefits also flow to the North.
• Predict that export is the priority development strategy, which focuses the focus of economic policy on exports of raw materials and separates it from the organization of diversified basic production in manufacturing, trade, sustainable industry and agriculture.
• Retain poor countries with a debt trap that increases the pressure to export, especially raw materials.
• They feed the South-South competitiveness, which in turn keeps its impact on development at a low level and forces the prices of raw materials down favoring the highly consumer countries of the North.
• Protect their own industries with absolute and relative disadvantages (for example, corn or cotton in the United States), not only with protectionist measures, but also with aggressive export subsidies, which turns any commitment to free trade into a farce.
• They go beyond the WTO agenda with issues unrelated to trade, such as the protection of intellectual property rights, the protection of investments, public procurement and the provision of services abroad, all of which unilaterally benefit the countries rich
• They have forced the WTO to approve only the complete package of all issues, which puts enormous pressure on poor countries to open up in many areas beyond the level that benefits them.
The “reciprocal” trade in principle is only possible between economically equal partners. All modern constitutions prohibit equal treatment between unequals. “Non-discrimination”, in WTO jargon, is cynical, does not allow the different (industrialized countries and developing countries, multinationals and local SMEs, large industrial agricultural production companies and small farmers) to receive different treatment. Since 1979, the GATT has an instrument for the “special and differential treatment” (SDT) of developing countries, although it has had little effect.

The “jewel in the crown of foreign trade theory” would be a good idea if, in addition, the following conditions were met:
1. global planning of production, so that all countries could take advantage of their comparative advantages;
2. Balanced trade balances, so that everyone could benefit to the same extent from the multilateral trading system;
3. exchange rates were fixed and maintained through political interventions;
4. capital would have to remain “at home”, the free circulation of capital would be restricted;
5. Transaction costs would be taken into account and included. The comparison of hourly wages or unit costs is not the only thing that goes into the calculations;
6. real ecological costs, so that only countries that maintain their environmental consumption within the ecological limits of the planet are part of the commercial system;
7. no reciprocity: countries with lower levels of development would not have to open their borders to the same extent as highly industrialized countries;
8. mandatory redistribution measures that avoid an excess of the degree of inequality – defined – for each country;
9. prevention of competition between locations through common regulations on human rights, labor rights, social standards, environmental protection, consumers, fiscal policy and financial supervision;
10. anti-cartel laws, merger controls and limits on market shares and the size of companies to avoid the concentration of power in international markets;
11. protection of local and national economic sectors to preserve cultural and economic diversity and resilience and avoid dependencies;
12. limited division of labor. A trading system based on the division of labor should, at the same time, avoid excessive division, so that work on the world market does not become nonsense.

Trade can do a lot of good, help distribute work in a logical way, approach specialties from faraway places, interconnect people and open horizons. Trade is also a freedom, a part of economic freedom. But trade is not an objective in itself, nor an absolute goal, nor a fundamental right. Economic freedoms are only instrumental, not final, freedoms: they are at the service of superior values ​​that they should not endanger. Some examples that clarify it at once are the trade in slaves, women, children or organs: at least human dignity and human rights are above the freedom of trade. But not only that. Trade with species in danger of extinction or with toxic discharges should not only be “free”, but should not be directly traded with them. Trade is fundamentally not an objective of economic policy, but a means to achieve legitimate political objectives of consensual importance. The objectives of the policy are full implementation of human rights, sustainable global development, social cohesion, equitable distribution or cultural diversity. Trade is a means that can stimulate or threaten the aforementioned objectives. As appropriate, there must be more or less trade, of one type or another. Depending on whether the medium serves the purpose or harms them, trade can and should be facilitated and encouraged or hindered and limited. With prudence and considering the objectives and values ​​that it serves.

The new triangle is:
1. Preservation of national autonomy and democracy.
2. Through progressive global cooperation in relation to human rights, protection of the environment and climate, social cohesion and cultural diversity (Sustainable Development Goals).
3. Trade policy is an instrument to achieve these objectives, both at the national level (“import substitution”, “nascent industry policy”) and at the international level (“ethical tariff protection system”, “Compensation Union”) .
These guidelines allow the member states of the UN ethical trading system to continue developing their legal systems freely, without “strangleholdings”: The attacks of the WTO, the TTP, the TTIP and the company against democratic regulation, the hiring are completely annulled. public, intellectual property rights, the objectives of development policies or the regulation of foreign investments. The counterproductive “right to free trade” and the straitjacket end up in the dustbin of history.

International politics is eminently political power:
• governments defend the interests of their companies;
• governments extort other governments to sign treaties;
• governments cooperate against their citizens;
• Governments justify measures to the detriment of the majority with prominent ideologies, see the example of the WTO, etc.
This raises the question of whether decisions could be made more democratically.

The times when governments and parliaments could systematically act against the interests of the population should be left behind once and for all. So that it is not possible for the representatives of the sovereign people:
• negotiate in secret and agree on binding trade agreements on their own;
• they are officially justified by alluding to David Ricardo;
• grant companies the right to take legal action and defend human rights with less vigor;
• merge a trade organization without a competition authority;
• consent and rescue banks of systemic importance;
• accept the US dollar as a global reserve currency;
• approve the free circulation of capital to tax havens;
• allow registration in the lobbies registry to be voluntary;
• consent to register patents of living beings;
• do not identify genetically modified foods on the label; radical democratization of international politics is needed. One of the milestones on the road to global emancipation is the transfer of basic decisions on international law to sovereign peoples.

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