¿Hacienda Somos Todos?: Impuestos Y Fraude En España — Francisco De La Torre / Are We All Members From Exchequer Treasure?: Taxes and Fraud in Spain by Francisco De La Torre (spanish book edition)

Recomiendo este libro para toda persona interesada en temas fiscales y en especial en los aspectos fiscales de la crisis económica que vive España. Es un libro muy claro, a veces incluso gracioso. No hace falta saber ni derecho ni economía. Es facilísimo de entender.
Después de leer el libro se ve claramente la necesidad de aumentar la cooperación europea en temas fiscales. No basta con los intercambios de información entre administraciones fiscales. El fraude es de tal nivel en estos momentos, que hay que ir mucho más lejos. Además, las grandes empresas no pagan apenas impuestos. Sin una harmonización fiscal en Europa no conseguiremos acabar con un sistema fiscal que hace que los más grandes y ricos son los que menos pagan. Sin embargo, hay muchos países europeos que ni siquiera están de acuerdo en tener una base imponible común europea en el impuesto de sociedades. Así seguiremos igual que estamos…

Los impuestos son la otra cara de la moneda de cualquier actividad pública. En los lugares donde no existe el Estado no hay impuestos, pero reina la anarquía. Esto no quiere decir que cualquier impuesto esté justificado, pero si queremos un Estado, algún tipo de Estado o actividad pública, sí tendremos que aceptar que los impuestos existen y hay que pagarlos. De hecho, la única forma de pagar la actividad pública es con impuestos, es decir, con pagos coactivos.
Efectivamente, a nadie le gusta pagar impuestos, pero es el precio por la existencia de un Estado, y, por ende, de la civilización.
En el fondo, nuestra crisis tiene mucho que ver con los impuestos. En primer término, el gasto en España tiene que ver con las estructuras montadas en época de bonanza, en la que se recaudaba con mucha facilidad. Los recortes que se han realizado durante la crisis se han producido como consecuencia de una caída recaudatoria derivada, entre otras cosas, del aumento del fraude. Son todas ellas cuestiones económicas, pero también cuestiones políticas. Una de las manifestaciones más evidentes del poder del Estado es determinar quién tiene que pagar impuestos y cuántos tiene que pagar. El origen de los Parlamentos democráticos está en la representación para el pago de los impuestos. La célebre máxima del parlamentarismo británico, “No taxation without Representation”.

El IRPF español es uno de los más elevados del mundo, al menos nominalmente; es decir, es muy elevado para los que efectivamente pagan lo que establecen las normas, en especial si sus rentas proceden del trabajo asalariado y no del capital.
Los impuestos directos que recaen sobre la renta (ganar dinero) o sobre el patrimonio (tener dinero). Hay también impuestos indirectos, es decir, sobre gastar el dinero; son impuestos sobre el consumo. En un país moderno, estos impuestos no se exigen directamente al consumidor sino a las empresas, que luego se lo cobran al consumidor elevando los precios.
En impuestos indirectos tenemos el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que es el impuesto general, es decir, casi todo lo que compramos paga IVA. Se denomina así porque se exige a todos los empresarios por su valor añadido: un empresario debe pagar un porcentaje sobre sus ventas, pero se resta (se deduce, en jerga técnica) lo que otros empresarios le han repercutido (cobrado) a él.
Además del IVA, que es el impuesto general, hay impuestos especiales, que sólo recaen sobre determinados productos: alcoholes, tabaco, gasolinas y gasóleos… La idea es disuadir determinados consumos que se consideran nocivos. Por otra parte, la recaudación de estos impuestos, especialmente el de gasolinas y gasóleos, es importante. Estos impuestos se exigen una sola vez, normalmente a la salida de fábrica (o refinería).
Las Comunidades Autónomas cobran también por la adquisición de una vivienda usada, así como por algunos conceptos más, a través del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Este impuesto, a diferencia de los demás impuestos indirectos, sí se exige directamente al consumidor comprador. El elemento de control fundamental es el Registro de la Propiedad.

La burbuja fiscal ha producido tres efectos. En primer lugar, los ciudadanos no han podido juzgar adecuadamente la labor de sus políticos, porque todos parecían tener recursos ilimitados y todos lo hacían bien. Además, se han construido infraestructuras y se ha contratado personal fijo, que ahora no se puede pagar. La clase dirigente española se ha comportado como si gobernase un emirato petrolero, y se nos ha acabado el petróleo. El tercer efecto es más sutil: como recaudábamos muchísimo, directa e indirectamente del sector inmobiliario, hemos dejado el resto de la fiscalidad hecha un caos.
Algunos creyeron que sólo afectaría al sector inmobiliario, sin embargo no teníamos sólo una burbuja inmobiliaria, sino también una gran burbuja monetaria y financiera, con lo que la crisis ha sido general. Especialmente, una de las manifestaciones más evidentes de la gran burbuja estaba en el ámbito de los impuestos y del gasto público. Por desgracia, esto significaba que íbamos a tener una crisis fiscal.
El resultado en dos años, de 2007 a 2009, fue que España pasó de ser el país más saneado fiscalmente de Europa, con un superávit público del 2 %, a tener un déficit del 11,1 % en 2009 y ser uno de los países con mayor déficit público del mundo. La magnitud del desequilibrio se podría expresar así: en 2007 las Administraciones ingresaron, todas y por todos los conceptos, 433.000 millones de euros, y gastaron 412.000 millones de euros. Dos años después, en 2009, las Administraciones gastaron 484.000 millones y sólo ingresaron 367.000 millones; es decir, se habían gastado 72.000 millones de euros más (equivalentes a toda la recaudación del IRPF, el impuesto más recaudatorio) y se habían ingresado 66.000 millones de euros menos.
Todo esto se derrumbó en mayo de 2010, cuando el Gobierno de Zapatero tuvo que tomar medidas de emergencia: reducir un 5 % de media el salario a todos los empleados públicos, congelar las pensiones y acometer una primera subida del IVA. En ese momento, muchos españoles, que no se habían querido enterar, empezaron a ser conscientes de que estábamos en medio de una grave crisis fiscal. Hasta ese momento parecía que bajar impuestos era gratis, y ahora, tristemente, muchos empezaban a darse cuenta de que lo que no pagan unos, otros lo acaban teniendo que pagar.
Las medidas de 2010 efectivamente redujeron el déficit público, pero el coste político para el Gobierno fue elevadísimo. La reacción fue que no se tomaron nuevas medidas de consolidación fiscal, es decir, de aumento de los ingresos o reducción de los gastos, en 2011.

La crisis en España ha sido, y continúa siendo, una crisis general; entre otras cuestiones, hay un grave problema en el funcionamiento de las instituciones que se manifiesta en problemas de corrupción, y también hay una grave crisis en el modelo económico. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria produjo el desplome del sector inmobiliario y de la construcción. Esto arrastró al sector financiero…
En España se defrauda más que en otros países, y sobre todo, como hemos puesto de manifiesto en este capítulo, coincidiendo con los inicios de la crisis en España, parece que se produjo un aumento del fraude fiscal. Posteriormente se derrumbó la actividad económica, pero la recaudación ya se había desplomado, cuando debería haber sido al revés.
Defraudar es, básicamente, engañar al Fisco para pagar menos impuestos. ¿Es lo mismo que la economía sumergida? No, y ése es un error muy común que distorsiona gravemente el análisis. La economía sumergida es el conjunto de actividades
económicas que están ocultas al Estado, normalmente por razones fiscales o laborales. Que una actividad esté fuera del control del Estado significa, casi por definición, que se incumplen las leyes, y que, por tanto, no se pagan los correspondientes impuestos. Sin embargo, en muchas ocasiones, no se pagan los correspondientes impuestos sin que la actividad esté completamente sumergida y, en consecuencia, fuera de cualquier control. La economía sumergida es sólo una parte del fraude fiscal.
La proliferación de la economía sumergida es, desgraciadamente, un síntoma de la falta de competitividad de algunas actividades económicas en España; es decir, que determinadas actividades no serían rentables si pagasen todos los impuestos. En consecuencia, cuando esta actividad es detectada, a veces simplemente se produce un cierre sin que llegue a cobrarse cuantía alguna. Hay que luchar contra la economía sumergida, pero debemos tener en cuenta que, por desgracia, a lo largo de esta crisis la «economía sumergida ha estado impidiendo una explosión social».
La otra cara de la moneda es la competencia desleal. Los empresarios que no ingresan todo lo que deberían, bien porque están en economía sumergida, bien simplemente porque defraudan.

La crisis fiscal en España es una combinación de al menos cuatro factores. En primer lugar, la caída de la actividad económica y el empleo; en segundo término, el cambio en la composición de la demanda; en tercer lugar, una defectuosa estructura fiscal, y, por último, el incremento del fraude. El primer factor es general: si cae la economía, cae la recaudación fiscal. Esto ha pasado en toda Europa, y se ha solucionado subiendo los impuestos.
Además, como la demanda externa ha tomado el relevo a la demanda interna, ingresamos menos; las ventas internas de las empresas están sujetas a IVA (y a impuestos especiales en su caso), mientras que las exportaciones no.
Estos dos primeros factores quizá se podrían haber compensado sólo subiendo impuestos, puesto que España ha acometido las mayores subidas fiscales de su historia, especialmente en 2012. Aun así, recaudamos menos, unos cuatro puntos porcentuales del PIB, alrededor de 40.000 millones de euros menos al año. Aquí entramos en los factores puramente fiscales: estructura fiscal defectuosa y fraude.

En el origen del fraude siempre está la mentira. El fraude fiscal no es una excepción a esta máxima, y para entender muchas modalidades de fraude, hay que comenzar por el principio, por la factura falsa. Este tipo de fraude está mucho más extendido de lo que parece, y no sólo por motivos puramente fiscales.
Ingenuamente, uno puede creer que fabricar documentación falsa para deducirse ilegalmente impuestos es un grave delito. La realidad es que, en efecto, existe un delito de falsedad en documento. Sin embargo, en muchos casos esta conducta no es delictiva. Penalmente, hay que distinguir entre falsedad ideológica y falsedad sustancial. La falsedad ideológica es simplemente faltar a la verdad en la narración de los hechos; por ejemplo, cuando en una factura se documenta la venta de 100 toneladas de trigo y en realidad se han vendido 200. Si, por el contrario, la falsedad del documento es total, porque se documenta una operación absolutamente inexistente o los elementos esenciales del documento, como su emisor o la fecha, están falseados, estamos ante una falsedad sustancial.
Bien, la falsedad ideológica (por ejemplo, las facturas artificialmente «hinchadas» entre particulares) está despenalizada con carácter general; no es delito. En cuanto a la falsedad sustancial, hasta muy recientemente su plazo de prescripción era muy corto: tres años.
No es cierto que el régimen de módulos sea justo, pero tampoco es verdad que sea «rentable» para la Hacienda Pública, como muchos de sus directivos consideraban cuando establecieron el sistema, e incluso ahora lo siguen pensando. En este tema, como en muchos otros, las mentiras más dañinas son las que nos contamos a nosotros mismos; este régimen de módulos es incompatible con un sistema fiscal del siglo XXI.

El IVA no es, precisamente, un impuesto a prueba de fraudes. Además, es también un impuesto que en la realidad puede interferir, y mucho, con la competencia. Asimismo, hay conclusiones positivas: cuando se adoptan las medidas adecuadas, este tipo de fraudes, como cualquier otro, disminuyen. Puede que los Estados europeos no estén dispuestos a mejorar sustancialmente la Unión Fiscal, pero mucho menos a que unos cuantos delincuentes ocasionen un daño de miles de millones de euros a la recaudación fiscal. En consecuencia, aquí sí que se han puesto medios y se han endurecido sustancialmente las leyes. Es un terreno más fácil que otros, puesto que la mayoría de los españoles, y de los europeos en general, apoyan la mano dura en este ámbito.
Como en todos los casos de fraude, o por lo menos de fraude no realizado por profesionales en la defraudación, hay que convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos. Ésta es la medida antifraude más importante de todas, aunque nunca se consigue del todo. El país de Europa donde más ha caído la recaudación ha sido España. Además, en España, el impuesto que más recaudación ha perdido ha sido el impuesto de sociedades. Esto coincide con la percepción sociológica, según el Instituto de Estudios Fiscales, de que los empresarios son los que más defraudan (quizá porque pueden). Ante esto, que parece muy negativo, se puede hacer una lectura positiva: hay mucho margen de mejora. Una mejora de las empresas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en general, de la cultura de los negocios en España, podría tener un resultado relevante en la recaudación fiscal, aunque sólo fuese por el impuesto de sociedades.
Una ETVE o entidad de tenencia de valores extranjeros. Si usted lee algunas noticias, pensará que es un régimen especial que permite no pagar impuestos. Por ejemplo, hace algún tiempo el redactor jefe de economía de El País, Miguel Jiménez, señalaba lo siguiente: «En dos años, esta empresa, filial del gigante del petróleo ExxonMobil, logró 9.907 millones de beneficio neto. En realidad, en este caso sobra lo de neto, pues la empresa no pagó ni un solo euro de impuestos por esas ganancias. La mayor empresa del mundo usa su filial española sólo para ahorrar impuestos. Exxon, al igual que otras muchas multinacionales, ha encontrado en España su particular paraíso fiscal».
La noticia sobre los impuestos que pagaba una de las mayores petroleras del mundo en España puede parecer espeluznante. Sin embargo, la realidad es peor.

El impuesto de sociedades necesita una reforma en profundidad, y no es nada fácil. Tenemos un impuesto con un tipo nominal alto, en comparación con los países de nuestro entorno, del 30 %. Sin embargo, apenas consigue recaudar. En 2012, el nuevo Gobierno tuvo que tomar medidas de emergencia. Aunque éstas no sean perfectas, hay que entender que en una situación fiscal muy comprometida se tomen determinadas medidas de choque. No obstante, en lugar de abordar una reforma en profundidad del impuesto, se han ido prorrogando y endureciendo las medidas de emergencia fiscal. Esto no es una buena idea porque perjudica las inversiones, la seguridad jurídica y la competitividad.
Las ideas que deberían orientar, en mi opinión, esta reforma serían reducir tipos a cambio de podar deducciones y comprometerse a no crear más. En este sentido, muchas deducciones se han ido derogando, como la de fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación, o la de inversión en bienes del patrimonio histórico español.
Las grandes empresas deberían pagar más impuestos, siempre que realmente tengan beneficios. Una normativa con graves lagunas, de la que hemos ofrecido algunos ejemplos, combinada con unas normas antiabuso que excluían las sanciones en todos los casos, y con unos medios de control absolutamente insuficientes, dieron lugar al derrumbamiento de la recaudación.
El mundo ha cambiado, y ahora es mucho más sencillo deslocalizar actividades. Aun así, el gasto público sigue siendo necesario, y si no se consigue cobrar a determinadas multinacionales, habrá que aumentar todavía más la presión fiscal al resto de los contribuyentes, además de seguir con la injusta e interminable senda de los recortes. Esto no es anticapitalismo; muchas empresas tecnológicas existentes no podrían surgir ahora en competencia con gigantes que apenas pagan impuestos. Hay que cambiar el sistema fiscal mundial, con una mayor cooperación, intercambio de información y aislando a los paraísos fiscales mediante cláusulas antiparaísos comunes, especialmente a Estados, que encima hemos tenido que rescatar todos los contribuyentes europeos.

El acrónimo SICAV, es decir, sociedad de inversión de capital variable, está asociado, en el imaginario popular, a ricos, 1 % y fraude, y como toda generalización, tiene algo de injusta. Para tener una opinión fundada sobre la cuestión, lo primero que hay que saber es qué es realmente este instrumento y, sobre todo, para qué se usa en la práctica. En primer lugar, una SICAV es —o más bien debería ser— una institución de inversión colectiva, como lo es también un fondo de inversión. Un conjunto de inversores se asocian para invertir conjuntamente en los mercados financieros. En el caso de los fondos de inversión, el control de la inversión lo realiza la sociedad gestora del fondo, mientras que en las SICAV los inversores pueden controlar la gestión de sus inversiones a través de los órganos sociales de la propia SICAV, es decir, básicamente el consejo de administración.
El fundamento de la famosa tributación al 1 % es que se trata de un vehículo neutro, y que el inversor pierde todo el control de su dinero cuando lo deposita en una institución de inversión colectiva.
Se debe intentar reformar el régimen de las SICAV, dentro de la reforma global del sistema fiscal, estableciendo un régimen que, aunque fuese favorable, no fuera motivo permanente de escándalo en la opinión pública. En cualquier caso, si se quiere un régimen especial de grandes fortunas, es preferible ser claro y transparente: hay que establecer requisitos que se cumplan y no requisitos que, como no se cumplen, se opta por quitarle su fiscalización a la Inspección de Hacienda. Ése no es el camino para convencer a los españoles que deben pagar sus impuestos; la medida fiscal y antifraude, no me cansaré de repetirlo, más importante de todas.

El sistema financiero es una parte indispensable de cualquier economía moderna. Al igual que los impuestos son un precio que pagamos por la civilización, cuando un sistema financiero colapsa, el coste de su reconstrucción acaba formando, desgraciadamente, parte de ese precio; el público termina por asumir pérdidas. La herida en el sistema financiero ha sido mucho más profunda de lo que se dice y de lo que nos gustaría. Este hecho condiciona no sólo el gasto público, por el importe de los rescates, sino toda la política fiscal. Para volver a una tasa de crecimiento aceptable y que permita reducir el paro, es necesario el crédito, y éste sólo regresará si las entidades vuelven a ser solventes. Creo que el saneamiento no ha concluido, pero que sólo será aceptable socialmente si se depuran las responsabilidades, que las hay y muchas. Tristemente, no estamos en una fase en que podamos esperar que el sistema financiero pague más impuestos; me conformaría, al menos con que no hubiese más facturas ni a inversores ni a contribuyentes por agujeros de la Banca.
Incluso de la evidente falta de medios de la justicia, los problemas en el delito fiscal son un reflejo de los problemas en el sistema fiscal; muchos españoles no consideran la defraudación fiscal, incluso la más grave, una conducta suficientemente reprobable como para que merezca prisión efectiva. Es un reflejo de la falta de conciencia fiscal, pero hunde sus raíces en una cultura de generalizado incumplimiento de las leyes fiscales, de escándalos en la gestión del dinero público y de oír hablar continuamente en los medios de comunicación de sobres de dinero negro. Esta conciencia había empezado a cambiar, pero la amnistía fiscal, que perdonó a muchos delincuentes (por lo menos fiscales) su delito con una sustancial rebaja de lo que deberían haber pagado, fue un paso atrás en la pedagogía social. Esta pedagogía es imprescindible para que este elemento de cierre fundamental del sistema fiscal, el delito fiscal, sea efectivo.
Lamentablemente, no sólo hay un problema de falta de medios materiales, humanos y presupuestarios en la lucha contra el fraude, sino también, y es tristísimo escribirlo, de una institución adecuada para hacer funcionar el sistema fiscal. La crisis institucional ha llegado también a la Agencia Tributaria, y una reforma de ésta empieza a ser algo más que deseable. El objetivo de la reforma tendría que ser restablecer la confianza de los ciudadanos.

Respecto a la amnistía fiscal, se obtuvieron directamente 1.196 millones de euros, algo menos de la mitad de lo previsto. En segundo lugar, apenas han vuelto capitales evadidos. En tercer lugar, el patrimonio evadido, aunque efectivamente sean 40.000 millones de euros, puede estar dando un rendimiento fiscal real anual de menos del 1 %, unos 350 millones de euros, al menos según las estimaciones oficiales de la Agencia Tributaria. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes, el déficit público, sin contar las ayudas a la Banca, excede de los 70.000 millones de euros al año (2012), y la recaudación de la Agencia Tributaria está en torno a los 170.000 millones. En estas cifras, lógicamente, 350 millones no son gran cosa. Éste es el activo de la amnistía fiscal.
En cuanto a la amnistía, lo mejor que podríamos hacer todos sería olvidarnos de más amnistías, porque, respecto de ésta, el pasado no se puede cambiar. Una amnistía fiscal nunca es una vía de salida de la crisis fiscal, sino un hito más de una crisis moral e institucional.

El sueño se ha ido convirtiendo en pesadilla. La noche no ha terminado, quedan muchos sacrificios por delante. El primero de ellos es equilibrar las cuentas del Estado, lo que es una condición indispensable a medio plazo para no tener un Estado fallido y, en consecuencia, alejar la selva y seguir en la civilización. Hay que ser realistas; será duro porque implicará menores servicios y prestaciones, y más recaudación, es decir, más impuestos, que pagarán, de una forma u otra, los ciudadanos. Ha llegado la hora de despertar y de volver a la racionalidad; en otras palabras, de volver a la realidad.

I recommend this book for anyone interested in tax issues and especially in the fiscal aspects of the economic crisis in Spain. It is a very clear book, sometimes even funny. It is not necessary to know neither right nor economy. It is very easy to understand.
After reading the book, the need to increase European cooperation in tax matters is clearly seen. It is not enough to exchange information between tax administrations. The fraud is of such a level at this time, that we have to go much further. In addition, large companies do not pay just taxes. Without a fiscal harmonization in Europe, we will not be able to put an end to a fiscal system that makes the biggest and richest pay the least. However, there are many European countries that do not even agree to have a common European tax base in corporate tax. So we will continue as we are …

Taxes are the flip side of any public activity. In places where there is no State there are no taxes, but anarchy reigns. This does not mean that any tax is justified, but if we want a State, some kind of State or public activity, we will have to accept that taxes exist and we have to pay them. In fact, the only way to pay public activity is with taxes, that is, with coercive payments.
Indeed, nobody likes to pay taxes, but it is the price for the existence of a State, and, therefore, of civilization.
In the end, our crisis has a lot to do with taxes. In the first place, spending in Spain has to do with the structures set up during the good times, when it was collected very easily. The cuts that have been made during the crisis have occurred as a result of a fall in collection derived, among other things, from the increase in fraud. They are all economic issues, but also political issues. One of the most obvious manifestations of the state’s power is to determine who has to pay taxes and how many they have to pay. The origin of democratic parliaments is in representation for the payment of taxes. The famous maxim of British parliamentarism, “No taxation without Representation”.

Spanish income tax is one of the highest in the world, at least nominally; that is, it is very high for those who effectively pay what the rules establish, especially if their income comes from wage labor and not from capital.
The direct taxes that fall on the rent (to make money) or on the patrimony (to have money). There are also indirect taxes, that is, on spending money; they are taxes on consumption. In a modern country, these taxes are not demanded directly from the consumer, but from the companies, who then charge it to the consumer by raising prices.
In indirect taxes we have VAT, the value added tax, which is the general tax, that is, almost everything we buy pays VAT. It is so named because all employers are required for their added value: an entrepreneur must pay a percentage on their sales, but subtracts (it follows, in technical jargon) what other businessmen have passed on (charged) to him.
In addition to VAT, which is the general tax, there are special taxes, which only fall on certain products: alcohols, tobacco, gasolines and gas oil … The idea is to deter certain consumption that is considered harmful. On the other hand, the collection of these taxes, especially gasoline and gas oil, is important. These taxes are required only once, normally at the factory (or refinery) exit.
The Autonomous Communities also charge for the acquisition of a used house, as well as for some other concepts, through the tax of onerous patrimonial transmissions. This tax, unlike other indirect taxes, is directly demanded from the buying consumer. The fundamental control element is the Land Registry.

The fiscal bubble has produced three effects. First, citizens have not been able to adequately judge the work of their politicians, because they all seemed to have unlimited resources and all did well. In addition, infrastructure has been built and fixed personnel hired, which can not be paid now. The Spanish ruling class has behaved as if it governed an oil emirate, and we have run out of oil. The third effect is more subtle: as we collected a lot, directly and indirectly from the real estate sector, we have left the rest of the taxation in chaos.
Some believed that it would only affect the real estate sector, however we did not only have a real estate bubble, but also a big monetary and financial bubble, with which the crisis has been general. Especially, one of the most evident manifestations of the big bubble was in the field of taxes and public spending. Unfortunately, this meant that we were going to have a fiscal crisis.
The result in two years, from 2007 to 2009, was that Spain went from being the most fiscally healthy country in Europe, with a public surplus of 2%, to having a deficit of 11.1% in 2009 and being one of the countries with the largest public deficit in the world. The magnitude of the imbalance could be expressed as follows: in 2007, the Administrations entered, all and for all concepts, 433,000 million euros, and spent 412,000 million euros. Two years later, in 2009, the Administrations spent 484,000 million and only entered 367,000 million; that is to say, 72,000 million euros had been spent more (equivalent to all the collection of the IRPF, the most taxable tax) and 66,000 million euros had been paid less.
All this collapsed in May 2010, when Zapatero’s government had to take emergency measures: reduce a 5% average salary to all public employees, freeze pensions and undertake a first VAT hike. At that time, many Spaniards, who had not wanted to know, began to be aware that we were in the middle of a serious fiscal crisis. Until then, it seemed that lowering taxes was free, and now, sadly, many began to realize that what some do not pay, others end up having to pay.
The 2010 measures effectively reduced the public deficit, but the political cost to the Government was very high. The reaction was that no new measures of fiscal consolidation, that is, of increasing revenues or reducing expenses, were taken in 2011.

The crisis in Spain has been, and continues to be, a general crisis; Among other issues, there is a serious problem in the functioning of institutions that manifests itself in corruption problems, and there is also a serious crisis in the economic model. The prick of the real estate bubble caused the collapse of the real estate and construction sector. This dragged the financial sector …
In Spain it is more disappointed than in other countries, and above all, as we have shown in this chapter, coinciding with the beginning of the crisis in Spain, it seems that there was an increase in tax fraud. Later economic activity collapsed, but the collection had already collapsed, when it should have been the other way around.
Defrauding is, basically, cheating the Treasury to pay less taxes. Is it the same as the underground economy? No, and that is a very common mistake that seriously distorts the analysis. The submerged economy is the set of activities
economic activities that are hidden from the State, usually for fiscal or labor reasons. That an activity is outside the control of the State means, almost by definition, that the laws are violated, and that, therefore, the corresponding taxes are not paid. However, in many cases, the corresponding taxes are not paid without the activity being completely submerged and, consequently, out of control. The shadow economy is just one part of tax fraud.
The proliferation of the underground economy is, unfortunately, a symptom of the lack of competitiveness of some economic activities in Spain; that is, certain activities would not be profitable if they paid all taxes. Consequently, when this activity is detected, sometimes a closure simply occurs without any amount being collected. We have to fight against the underground economy, but we must bear in mind that, unfortunately, throughout this crisis the “underground economy has been preventing a social explosion”.
The other side of the coin is unfair competition. Entrepreneurs who do not enter everything they should, either because they are in a submerged economy, or simply because they defraud.

The fiscal crisis in Spain is a combination of at least four factors. First, the decline in economic activity and employment; secondly, the change in the composition of the demand; third, a faulty tax structure; and finally, the increase in fraud. The first factor is general: if the economy falls, tax revenue falls. This has happened throughout Europe, and has been solved by raising taxes.
In addition, as external demand has taken over from domestic demand, we enter less; The internal sales of the companies are subject to VAT (and special taxes where applicable), while exports do not.
These first two factors could perhaps have been compensated only by raising taxes, since Spain has undertaken the biggest tax increases in its history, especially in 2012. Even so, we collect less, about four percentage points of GDP, around 40,000 million euros less year. Here we enter into purely fiscal factors: faulty tax structure and fraud.

The lie is always the source of fraud. Tax fraud is not an exception to this maxim, and to understand many forms of fraud, you have to start at the beginning, for the false invoice. This type of fraud is much more widespread than it seems, and not only for purely fiscal reasons.
Naively, one may believe that fabricating false documentation to illegally deduct taxes is a serious crime. The reality is that, in effect, there is a crime of falsification in document. However, in many cases this behavior is not criminal. Penally, we must distinguish between ideological falsehood and substantial falsity. The ideological falsity is simply missing the truth in the narration of the facts; for example, when an invoice documents the sale of 100 tons of wheat and in fact 200 have been sold. If, on the contrary, the falsity of the document is total, because an absolutely non-existent operation or the essential elements of the document are documented. , as its issuer or date, are falsified, we are facing a substantial falsehood.
Well, ideological falsehood (for example, artificially “swollen” bills between individuals) is decriminalized in a general sense; It is not a crime. As for the substantial falsehood, until very recently its prescription period was very short: three years.
It is not true that the module system is fair, but neither is it true that it is “profitable” for the Public Treasury, as many of its managers considered when they established the system, and even now they still think about it. In this subject, as in many others, the most harmful lies are those that we tell ourselves; This system of modules is incompatible with a 21st century fiscal system.

VAT is not, precisely, a fraud-proof tax. In addition, it is also a tax that in reality can interfere, and much, with the competition. There are also positive conclusions: when appropriate measures are adopted, this type of fraud, like any other, diminishes. European states may not be willing to substantially improve the Fiscal Union, but even less so that a few criminals cause billions of euros of damage to tax collection. As a result, the media has been put in place here and the laws have been substantially toughened. It is an easier terrain than others, since most Spaniards, and Europeans in general, support the strong hand in this area.
As in all cases of fraud, or at least fraud not done by professionals in fraud, you have to convince the Spanish that they must pay their taxes. This is the most important anti-fraud measure of all, although it is never fully achieved. The country of Europe where the collection has fallen the most has been Spain. In addition, in Spain, the tax that has collected the most tax has been corporate tax. This coincides with the sociological perception, according to the Institute of Fiscal Studies, that employers are the ones who most defraud (perhaps because they can). Given this, which seems very negative, you can make a positive reading: there is a lot of room for improvement. An improvement of the companies in the fulfillment of the fiscal obligations and, in general, of the culture of the businesses in Spain, could have a relevant result in the tax collection, even if only for the corporation tax.
An ETVE or foreign securities holding entity. If you read some news, you will think that it is a special regime that allows you not to pay taxes. For example, some time ago El Salvador’s editor-in-chief of economics, Miguel Jiménez, pointed out the following: “In two years, this company, a subsidiary of the oil giant ExxonMobil, achieved 9,907 million net profit. In reality, in this case there is a net excess, since the company did not pay a single euro of taxes for these profits. The largest company in the world uses its Spanish subsidiary only to save taxes. Exxon, like many other multinationals, has found its particular tax haven in Spain ».
The news about the taxes paid by one of the largest oil companies in the world in Spain can seem scary. However, the reality is worse.

The corporation tax needs an in-depth reform, and it’s not easy at all. We have a tax with a high nominal rate, compared to the countries in our area, of 30%. However, he barely manages to raise. In 2012, the new Government had to take emergency measures. Although these are not perfect, we must understand that in a very committed fiscal situation certain shock measures are taken. However, instead of addressing an in-depth reform of the tax, fiscal emergency measures have been extended and toughened. This is not a good idea because it harms investments, legal security and competitiveness.
The ideas that should guide, in my opinion, this reform would be to reduce rates in exchange for pruning deductions and committing to not creating more. In this sense, many deductions have been repealed, such as the promotion of information and communication technologies, or the investment in Spanish historical heritage assets.
Large companies should pay more taxes, as long as they really have benefits. A regulation with serious lacunae, of which we have offered some examples, combined with anti-abuse rules that excluded sanctions in all cases, and with absolutely inadequate means of control, led to the collapse of collection.
The world has changed, and now it is much easier to relocate activities. Even so, public spending is still necessary, and if certain multinationals can not be charged, the tax burden will have to be increased even more to the rest of the taxpayers, in addition to continuing the unfair and unending path of the cuts. This is not anti-capitalism; Many existing technology companies could not now emerge in competition with giants that barely pay taxes. We have to change the global tax system, with greater cooperation, exchange of information and isolating tax havens through common antiparaise clauses, especially to states, which we have had to rescue all European taxpayers.

The acronym SICAV, that is, an investment company with variable capital, is associated, in the popular imagination, with the rich, 1% and fraud, and like any generalization, it has something unfair. To have an informed opinion on the matter, the first thing to know is what this instrument really is and, above all, what it is used for in practice. First, a SICAV is-or should rather be-a collective investment institution, as is an investment fund. A group of investors are associated to jointly invest in the financial markets. In the case of investment funds, control of the investment is carried out by the fund management company, while in the SICAV, investors can control the management of their investments through the social bodies of the SICAV itself, that is, basically the board of directors.
The basis of the famous taxation at 1% is that it is a neutral vehicle, and that the investor loses all control of their money when they deposit it in a collective investment institution.
An attempt should be made to reform the SICAV regime, within the overall reform of the tax system, establishing a regime that, although favorable, would not be a permanent cause of scandal in public opinion. In any case, if you want a special regime of great fortunes, it is preferable to be clear and transparent: you have to establish requirements that are met and not requirements that, as they are not met, you opt to take your inspection from the Tax Inspectorate. That is not the way to convince the Spaniards that they must pay their taxes; the fiscal and anti-fraud measure, I will not tire of repeating it, most important of all.

The financial system is an indispensable part of any modern economy. Just as taxes are a price we pay for civilization, when a financial system collapses, the cost of its reconstruction ends up, unfortunately, part of that price; the public ends up taking losses. The wound in the financial system has been much deeper than what is said and what we would like. This fact conditions not only public spending, for the amount of the ransoms, but the entire fiscal policy. To return to an acceptable rate of growth and to reduce unemployment, credit is necessary, and it will only return if the entities become solvent again. I believe that sanitation has not ended, but that it will only be socially acceptable if responsibilities are debugged, and there are many. Sadly, we are not in a phase where we can expect the financial system to pay more taxes; I would settle, at least with no more invoices neither to investors nor to taxpayers for bank holes.
Even from the obvious lack of means of justice, the problems in the fiscal offense are a reflection of the problems in the fiscal system; Many Spaniards do not consider tax fraud, even the most serious, a behavior sufficiently reprehensible to merit effective imprisonment. It is a reflection of the lack of fiscal awareness, but it has its roots in a culture of generalized breach of tax laws, of scandals in the management of public money and of continually hearing about black money envelopes in the media. This awareness had begun to change, but the tax amnesty, which forgave many criminals (at least prosecutors) their crime with a substantial reduction in what they should have paid, was a step backwards in social pedagogy. This pedagogy is essential for this element of fundamental closure of the tax system, the fiscal offense, to be effective.
Unfortunately, there is not only a problem of lack of material, human and budgetary means in the fight against fraud, but also, and it is sad to write it, of an adequate institution to operate the tax system. The institutional crisis has also reached the Tax Agency, and a reform of it is becoming more than desirable. The objective of the reform would have to be to restore the confidence of citizens.

Regarding the tax amnesty, 1,196 million euros were obtained directly, slightly less than half of what was expected. Second, they have barely returned evaded capital. Third, the evaded assets, although they are effectively 40,000 million euros, may be giving an annual real fiscal performance of less than 1%, some 350 million euros, at least according to the official estimates of the Tax Agency. For us to get an idea of ​​the magnitudes, the public deficit, without counting the aid to the Bank, exceeds 70,000 million euros per year (2012), and the collection of the Tax Agency is around 170,000 million. In these figures, logically, 350 million is not a big deal. This is the asset of the tax amnesty.
As for the amnesty, the best we could all do would be to forget more amnesties, because, regarding this, the past can not be changed. A tax amnesty is never a way out of the fiscal crisis, but a milestone of a moral and institutional crisis.

The dream has turned into a nightmare. The night is not over, there are many sacrifices ahead. The first of these is to balance the accounts of the State, which is an indispensable condition in the medium term in order not to have a failed state and, consequently, to move the jungle away and continue in civilization. We have to be realists; It will be hard because it will imply lower services and benefits, and more collection, that is, more taxes, which citizens will pay in one way or another. The time has come to wake up and return to rationality; in other words, to return to reality.

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