La Economía De La Democracia (1976-2016) — Miguel Ángel Noceda / The Economy of Democracy (1976-2016) by Miguel Ángel Noceda (spanish book edition)

Es un libro interesante en cuanto a las visiones de tres ministros de economía, es útil ver sus aspectos pero se habla poco de las sombras y de lo mucho que queda por recorrer.

Con motivo de los famosos pactos de la Moncloa que se firmaron hace 40 años en octubre de 2017. Los Pactos de la Moncloa supusieron un cambio fundamental que sirvió, más allá del consenso político y de la corrección de algunos desequilibrios, para sanear la economía y sentar las bases para acercarse a Europa y conseguir el posterior crecimiento. La cirugía resultó eficaz en la inflación, que se redujo drásticamente hasta el 16,5 %, y se empezó a contener tanto el déficit público como el exterior. Sin embargo, el aumento del paro no pudo evitarse.
En materia política, los Pactos permitieron modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa, y un cambio de la legislación sobre secretos oficiales. Asimismo se aprobaron los derechos de asociación política, de reunión y la libertad de expresión, tipificando los delitos correspondientes por la violación de los mismos. Se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar…
Los Pactos de la Moncloa fueron, con sus luces y sus sombras, el arreón definitivo para consolidar la democracia en España. Son entrevistas con los ministros de Economía, Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Luis De Guindos.

Carlos Solchaga.
Con la llegada de la crisis industrial al final del franquismo no solo se redujo la demanda interior, sino que, además, el precio de los inmuebles cayó rápidamente, dando lugar a una crisis inmobiliaria que se ha descrito pocas veces y que, como la de principios del siglo XXI, afectó a numerosos bancos. La combinación de la crisis industrial, la pérdida de valor de las inversiones industriales de la gran banca y del valor inmobiliario de la banca pequeña y mediana condujo a una crisis del sistema de crédito cuyo coste todavía no ha sido evaluado. El colofón a este proceso —además de poner en grave riesgo a bancos como el Hispano, el Urquijo, el Central y el Banesto— fue la intervención del grupo Rumasa por parte del Gobierno socialista en 1983. La dirección de este grupo privado actuó siguiendo unas pautas parecidas a como habían actuado los Gobiernos hasta 1982 con la crisis industrial, emprendiendo una huida hacia adelante prestando dinero a empresas que estaban prácticamente en quiebra dentro del propio grupo, lo que dio lugar a una situación de total insolvencia.
No era la tormenta perfecta, pero se parecía bastante. Es decir, el país perdía competitividad por la elevada inflación de precios y salarios, y, al mismo tiempo, tenía un problema de balanza de pagos y de inestabilidad cambiaria muy grave. Por otro lado, no existía ninguna perspectiva para mejorar la inversión, porque la estabilidad política no estaba en modo alguno garantizada.
Uno de los puntos más relevantes de la política económica del Gobierno socialista fue el de la política industrial, centrada en la reconversión de sectores enteros de actividad. La reconversión industrial empezó con UCD, y lo hizo con cierta timidez, pero, sobre todo, con bastante desconfianza por parte de los trabajadores. Si yo, como ministro, decía a la UGT que sobraban trabajadores en tal o cual sector, les podría sentar mal, pero no desconfiarían de mi palabra o no creerían que lo hacía para hacer un favor a alguien. Cuando eso lo decían mis antecesores en el ministerio, seguramente sí dudaban. De manera que uno de los problemas básicos para proceder a los acuerdos que llevarían a una reconversión pactada consistía en eliminar la desconfianza. Yo creo que ese fue un argumento que nosotros utilizamos mucho en la campaña electoral.

Pedro Solbes.
Los avances en el SME nos permitieron resolver los problemas derivados de tener precios más altos que los comunitarios en el momento de entrada en tres productos: azúcar, trigo y leche. Al final, nos ayudaron las devaluaciones de la peseta, porque permitieron aumentar los diferenciales entre el tipo de cambio verde y el financiero, y con subidas algo mayores que las europeas (prácticamente nulas) pudimos limar las diferencias sin tener que bajar los precios de apoyo al agricultor. Pese a todo, tuve una marcha verde contra el Ministerio.
Más difícil resultó instaurar la cuota láctea. Hubo que negociar con las Comunidades Autónomas y casar sus diferentes intereses (unas a favor de más cuota y otras a favor de reducirlas). Y también hubo que negociar con ellas el programa de modernización de las estructuras agrarias.
-Un problema era el despido absolutamente injustificado, y ahí tuve un fuerte debate con Pepe Griñán [ministro de Trabajo] sobre si mantener los 45 días de indemnización, lo que se convirtió en una bandera para el mundo sindical. Yo acepté que para esos casos se podían mantener los 45 días. Claro, la práctica judicial hizo una interpretación extensiva en el derecho de los trabajadores y restrictiva desde el punto de vista del empresario, con lo cual el impacto no fue tanto como el que esperábamos, pero sí valió para introducir la existencia de causas de despido clasificadas y con posibilidad de actuación.
Un tema muy importante en ese periodo fue la Ley de Autonomía del Banco de España, en la que hicieron un trabajo muy activo el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, y el director general del Tesoro, Manuel Conthe. Partimos del trabajo adelantado por Solchaga y dimos al banco la autonomía que necesitaba por razones de política monetaria, pero también porque era fundamental para acceder a la unión monetaria.
-Durante el primer Gobierno del PP se produjo un periodo de crecimiento rápido que se aprovechó bien. El crecimiento estuvo impulsado por importantes reformas, pero también por factores externos. Se dieron pasos adelante en la apertura de la economía. Además de acelerar el proceso de privatizaciones, entre otras medidas se adoptó la Ley del Suelo, que aumentaba su disponibilidad y, con ella, el incremento de la construcción en vivienda, favorecida por la demanda turística creciente. A esto se añadía la importante recepción de fondos comunitarios, que mejoró la agricultura e impulsó la construcción de obra pública. Hubo también importantes avances en internacionalización, en algunos casos con costes fiscales muy altos.
Y otros impactos añadidos: empezamos a tener las ventajas de cumplir con los criterios para formar parte del euro, sobre todo por tener un tipo de cambio estable y una aproximación a tipos de interés más bajos y con una liquidez abundante. Y todo ello sin contar la demanda europea generada por los gastos de la reunificación alemana o el empujón derivado de la burbuja tecnológica.
-Una fuente de problemas fue la implicación en el cambio de los responsables en algunas empresas. Es cierto que el PP cambió y puso a personas afines en muchas empresas no privatizadas o en el momento de la privatización, pero entonces el Gobierno contaba con una participación accionarial a veces mayoritaria. Pero, con nosotros, las empresas ya estaban privatizadas y nosotros ya no disponíamos de esa baza. Yo no era favorable al cambio de presidentes por principio. Ante este problema teníamos que actuar de acuerdo a los procedimientos internacionales bien conocidos: el Gobierno podía llevar a cabo cambios en la gestión de las empresas en las que tenía participación, pero no debía inmiscuirse en la gestión de las empresas privadas aunque hubieran sido públicas. En lo que no era público no se debía entrar de ninguna forma.
En definitiva, existió una tensión derivada de tener dos visiones diferentes. Una, que era la mía, que soy tal vez demasiado abierto en el sentido de que funcione el mercado y muy poco intervencionista, solo para evitar que se reduzca la competencia. Y otra más tradicional, que es en la que estaba Presidencia, que era que el Gobierno debe tener cosas que decir.

Era difícil cambiar las cosas con cifras todavía positivas. Yo le había señalado a Zapatero que la economía española se enfrentaba a una profunda recesión y que lo íbamos a recoger en la revisión del Programa de Estabilidad. No teníamos margen de actuación en política fiscal, y la construcción, que había sido el motor de crecimiento, y, sobre todo, la vivienda estaban en declive. Solo quedaban las exportaciones. A finales de 2008, la economía presentaba un cuadro clínico preocupante que reflejaba los problemas ya citados, pero en un contexto global mucho peor: pérdida de competitividad desde la entrada en el euro, deterioro del saldo por cuenta corriente y un fuerte endeudamiento de familias y empresas, que superaban el 140 % y el 350 % del PIB, respectivamente.
En mi opinión, debía insistirse en las reformas estructurales y reducir el endeudamiento y el déficit exterior, lo que suponía el trasvase de ciertos sectores productivos a otros para recuperar la competitividad. También proponía medidas en el ámbito laboral y fiscal, y liberalizar totalmente el mercado del alquiler. Al final, el programa no recogió mención alguna a la reforma de las pensiones, al mercado laboral ni a la moderación salarial, y la revisión del cuadro macro preveía un caída del 1,6 % del PIB, que luego resultó mayor. Pero era suficiente como para plantear un plan de acción urgente.
El Gobierno fue más lejos en algún punto, como el de incluir en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria. La reforma de la Constitución en agosto fue seguida de la aprobación de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP). A mí me pareció una excelente idea y fue clave cuando el año siguiente hubo que recurrir a los fondos comunitarios. Sin embargo, no se fue tan lejos en la reforma laboral, lo que dio pie a una reforma tal vez excesiva por parte del PP pocos meses más tarde. Y digo pocos meses porque, como es sabido, el desgaste político de la reforma constitucional, unido a la reacción de una parte de la opinión pública que no entendió bien la complejidad del proceso, nos llevó a una tensión política mayor que hizo que Zapatero convocara elecciones para el 20 de noviembre de 2011.
No estoy convencido de que la reforma en competencia fuese una buena idea. La ley anterior estaba pactada y la independencia del modelo actual no es mayor que el anterior y puede discutirse si un órgano solo es mejor que varios, pero es evidente que la especialización requerida para temas como la energía o las telecomunicaciones es difícil de conseguir en un organismo unificado. Y sí me gustan las leyes de Desindexación y de Garantía del Mercado Único, que, junto con la transposición de la directiva de servicios, deberían permitirnos un mercado al menos tan único como el europeo.
Necesitamos una revisión institucional del país. España tiene que pasar de ser un Estado clientelar a otro más eficiente en el que el clientelismo no funcione como lo ha hecho hasta ahora. Si la sensación de la población es que todo vale, da igual un régimen democrático que uno no democrático. Si no somos capaces de convencer a los ciudadanos de que el régimen democrático es más eficiente que cualquier otro y que, además, hay opciones válidas consistentes y sostenibles, mal andamos.
El Gobierno de Rajoy ha intentado resolver alguno de estos problemas; en otros no estamos mejor. Por ejemplo, en educación, en corrupción —a pesar de algunos esfuerzos loables— o en la cuestión territorial. Tampoco es una buena idea nombrar a miembros del poder judicial, incluido el Tribunal Constitucional, vinculados a un partido, pues generas dudas inmediatas para los que se someten a su jurisdicción.

Luis De Guindos
Con el Gobierno siguiente de José Luis Rodríguez Zapatero hubo algunos años buenos, entre 2004 y 2008, pero se vivía demasiado de la inercia del pasado, porque la economía española se había ajustado para cumplir los criterios de convergencia que permitieron a España incorporarse al euro. La primera legislatura fue plácida, aunque no se le prestó mucha atención a la economía. El presidente Zapatero venía, sobre todo, con una agenda social y política con mucho más peso que la económica. En las cuentas públicas no se hicieron locuras; se llegó a tener superávit presupuestario y la ratio de deuda pública se redujo, lo que dio lugar a problemas y tensiones políticas internas, porque inmediatamente se quiso gastar más. Se podía haber intentado actuar con más intensidad en el ámbito de la concesión de crédito, pero cuando se está en una burbuja es muy difícil actuar. Se vivió de la inercia, insisto, pero no se tomó ninguna decisión importante en política económica hasta 2010.
España arrastraba un problema gravísimo de competitividad.
Reconocer la realidad es el primer paso para cambiarla, salvo que uno busque réditos políticos muy a corto plazo o se mueva por intereses distintos. Y creo que lo más complicado cuando se está en el Gobierno es tener un buen diagnóstico de la realidad y de los elementos que te pueden ayudar a tomar las decisiones correctas. En el terreno económico hay un debate sobre si es mejor realizar las reformas cuando la economía marcha razonablemente bien o llevarlas a cabo cuando no queda más remedio porque la sociedad percibe mejor que son necesarias. Nuestra historia reciente demuestra que durante el anterior Gobierno socialista se engendró un deterioro muy fuerte en un clima de casi euforia económica, y en el posterior del PP hubo que intervenir en una economía al borde de la depresión que hoy respira de una manera muy distinta. Si, al menos en los años anteriores, no se hubieran adoptado decisiones erróneas, creo que las medidas de ajuste fiscal que se aprobaron después habrían sido menos intensas.
En definitiva, no solo se perdió competitividad, sino algo tan importante como la confianza en la política económica de España, en nuestra capacidad de respuesta y en nuestro funcionamiento como país. La competitividad es un concepto un poco más amplio, e incluso difuso.

El cúmulo de errores fue tan grave que pudo llevarnos al rescate e incluso a cuestionar el proyecto del euro. Desde todos los organismos internacionales se apuntó a Bankia como el punto esencial de preocupación. La cuarta entidad financiera de España tuvo que ser nacionalizada con una fuerte inyección de recursos públicos, hubo que cambiar a los gestores… En definitiva, la historia ya conocida. Arreglar el problema de Bankia significó mucho en cuanto a la recuperación de la confianza en la economía española. Fue un antes y un después.
Además, el riesgo que suponía dejar que Grecia se fuera del euro nos habría metido en un terreno desconocido y habría arrastrado a los países que en aquel momento estaban más débiles, como era nuestro caso. Lo que estábamos viviendo era un ataque al euro que empezaba por los llamados países del sur hasta acabar con todo el proyecto europeo. Las famosas palabras de Mario Draghi (presidente del BCE) en Londres —Whatever it takes—, asegurando que haría todo lo necesario para salvar el euro, sin duda tuvieron un efecto tranquilizador en los mercados. Pero creo que la decisión por parte de Alemania de no permitir una ruptura del euro con la salida de Grecia fue lo que cambió totalmente la perspectiva de los mercados respecto a la moneda única.

Lo fundamental es que el Gobierno tomó las riendas de un país en recesión, con muchos puestos de trabajo destruidos, con fuertes desequilibrios y pérdida de competitividad. Pero ahora la situación es completamente distinta. La economía española crece a tasas por encima del 3 % y se crean cerca de medio millón de empleos al año. Tenemos superávit exterior, fluye el crédito y la economía está menos endeudada.
Lo más importante es no desandar lo andado. España es aún una economía vulnerable. El Tesoro público tiene que pedir mucho dinero prestado a los inversores y nuestro nivel de deuda pública es elevado y hay que reducirlo. Entre deuda pública y privada estamos hablando de 350.000 millones de euros. Por otra parte, tenemos una tasa de paro que también hay que reducir. En ambos casos las tendencias son buenas, pero estamos en niveles demasiado altos. Por tanto, cualquier paso atrás que se dé y que se traduzca en una pérdida de confianza de los mercados o de los inversores nos puede pasar factura, porque todavía tenemos problemas que resolver.
Hay que seguir, además, mandando señales desde un Gobierno reformista que no se limita a resolver el día a día.

Los Pactos de la Moncloa ya pasó y que estamos en otra etapa, con los problemas políticos que conocemos, pero que nada tienen que ver con aquel momento de cambio profundo en España. En la actualidad tenemos un Gobierno en minoría.
A esto se suma el excesivo endeudamiento de la economía mundial, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que, junto a una situación de baja productividad, supone una vulnerabilidad ante un repunte de los tipos de interés.
También existe la amenaza de un giro proteccionista que pueda debilitar los intercambios comerciales. Detrás de ello se encuentra, sin duda, el auge del populismo y de los nacionalismos.
Además, la incertidumbre sobre los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuyo impacto a medio plazo todavía resulta difícil de prever, necesariamente abre un periodo de negociación muy exigente.
Por último, estamos ante un intenso calendario electoral europeo, con elecciones en países muy relevantes, lo que inevitablemente determinará el ritmo de las discusiones y de las decisiones que se tomen y tengan lugar en Europa.
En la Unión Europea hemos hecho grandes progresos en los últimos años, espoleados por la crisis económica y financiera. En concreto, hemos abordado algunas de las deficiencias de la estructura original de la Unión Económica y Monetaria, con avances en lo relativo a la Unión Bancaria. Y ahora vemos cómo nuestras políticas, nacionales y europeas, junto a los esfuerzos de nuestras sociedades, están dando sus frutos. Por eso ahora estamos en una mejor posición para afrontar los retos que nos aguardan.

La noche del martes 6 de junio de 2017 el Mecanismo Único de Resolución (MUR) decidió liquidar el Banco Popular y venderlo por un simbólico euro al Banco Santander, que se comprometía a hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para soportar la entidad. Fue el final de una situación que se precipitaba sin visos de solución después de años de agonía ante la imposibilidad manifiesta de enderezarlo. Al contrario, el Popular, un banco que durante muchos años presumió de ser el más rentable del mundo, decidió hacer la huida hacia delante: compró el Banco Pastor con recursos propios y realizó dos ampliaciones de capital de 2.500 millones consecutivas. Todo con el permiso de las autoridades y sin ninguna advertencia de los auditores.
Los problemas del Popular afloraron cuando, el 7 de julio de 2008, la empresa Martinsa-Fadesa presentó un concurso de acreedores, entre los que figuraba el banco, con más de 1.000 millones enganchados. Era el estallido de la burbuja inmobiliaria y Martinsa-Fadesa, que se convirtió en la mayor suspensión de pagos de la historia en su momento.
Persisten las quejas sobre la poca atención que recibe la inversión en innovación, en la que España tiene todavía mucho por hacer. Según el informe Cotec de 2017, la investigación y desarrollo ha seguido perdiendo peso. España es uno de los cuatro países que aún no ha recuperado los niveles de inversión de 2008. El informe de 2017 utiliza datos de 2015, pero pese a ello advierte de que los problemas de la ciencia y la tecnología no alcanzan las cotas relevantes que debieran en España. Mientras el conjunto de la Unión Europea invierte hoy un 25 % más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, España lo hace un 10 % menos.
Esto no es una buena noticia cuando el mundo está viviendo la cuarta revolución basada en la digitalización de la economía.
El Gobierno de Rajoy ha querido dar más preponderancia, precisamente, a este sector creando la competencia de Agenda Digital, que comparte ministerio con Energía y Turismo. El exjefe de la Oficina Económica del presidente reconoció, por un lado, que el sistema español no estaba preparado para la revolución tecnológica, y, por otro, la necesidad de crear una conciencia de la importancia de la digitalización (sobre todo, de tener más gente formada en Ciencias).
La primera pata de su ministerio, sin embargo, es la energía, que ha pasado de ser segundo plato del ministerio de Industria a esa situación. En energía España también debe apostar fuerte en renovables para cumplir con los mandamientos de la Unión Europea, que pide la descarbonización total en 2050. Eso supone reducir drásticamente el uso de carbón, gas y energía nuclear en la generación de electricidad. Por eso, el Gobierno ha agilizado las subastas de energías renovables (sobre todo, eólica y termosolar). Pero, a su vez, plantea un problema adicional sobre el futuro de las centrales nucleares, ya que la entrada de energía renovable no se puede hacer de la noche a la mañana.
En el sector de la energía, España ha tratado de avanzar en la interconexión tanto de gas como de electricidad con las redes europeas. Se han logrado algunos progresos, pero siguen sin satisfacerse todas las necesidades que se plantean en Europa de tener una conexión de todos los países. Esa situación ha hecho que España y, por extensión, Portugal se hayan quedado como una isla energética pese a tener ocho almacenes de gas (uno en Portugal) y dos gasoductos conectados con el Magreb, uno de los principales suministradores de Europa, que ha estado muy determinada por la evolución de los precios del petróleo, que llegaron a estar en su cota más baja en muchos años.
Además un largo debate sobre la unidad territorial y el proceso secesionista que se vive en Cataluña desde hace ya varios años y que ha determinado muchas decisiones políticas y económicas de este país.

It’s an interesting book regarding the visions of three ministers of economy, it is useful to see its aspects but little is said about the shadows and how much remains to be done.

On the occasion of the famous Moncloa pacts that were signed 40 years ago in October 2017. The Pacts of the Moncloa represented a fundamental change that served, beyond the political consensus and the correction of some imbalances, to clean up the economy and lay the foundations to get closer to Europe and achieve the subsequent growth. The surgery was effective in inflation, which fell drastically to 16.5%, and began to contain both the public deficit and the external. However, the increase in unemployment could not be avoided.
In political matters, the Pacts allowed to modify the restrictions of the freedom of the press, being prohibited the previous censorship, and a change of the legislation on official secrets. Likewise, the rights of political association, assembly and freedom of expression were approved, typifying the corresponding crimes for the violation of them. The crime of torture was created; legal assistance was granted to detainees; adultery and amancebamiento were decriminalized; the structure of the National Movement was repealed, as well as other measures on the restriction of the military criminal jurisdiction …
The Pacts of the Moncloa were, with their lights and their shadows, the definitive arreón to consolidate the democracy in Spain. They are interviews with the ministers of Economy, Carlos Solchaga, Pedro Solbes and Luis De Guindos.

Carlos Solchaga.
With the arrival of the industrial crisis at the end of Franco’s dictatorship, not only domestic demand fell, but also the price of real estate fell rapidly, leading to a housing crisis that has been described only a few times and, like the one in early twenty-first century, affected many banks. The combination of the industrial crisis, the loss of value of the industrial investments of the big bank and the real estate value of small and medium-sized banks led to a crisis in the credit system whose cost has not yet been evaluated. The culmination of this process -in addition to putting banks, such as Hispano, Urquijo, Central and Banesto- at serious risk, was the intervention of the Rumasa group by the socialist government in 1983. The management of this private group acted following some guidelines similar to how the governments had acted until 1982 with the industrial crisis, undertaking a flight forward lending money to companies that were practically bankrupt within the group itself, which led to a situation of total insolvency.
It was not the perfect storm, but it looked a lot like it. That is to say, the country lost competitiveness due to the high inflation of prices and wages, and, at the same time, had a problem of balance of payments and very serious exchange rate instability. On the other hand, there was no prospect for better investment, because political stability was by no means guaranteed.
One of the most important points of the economic policy of the socialist government was that of industrial policy, focused on the reconversion of entire sectors of activity. The industrial reconversion began with UCD, and it did it with a certain timidity, but, above all, with enough distrust on the part of the workers. If I, as a minister, told the UGT that there were enough workers in this or that sector, I could make them feel bad, but they would not be suspicious of my word or they would not believe that I was doing it to do someone a favor. When that was said by my predecessors in the ministry, surely they did doubt. So one of the basic problems to proceed with the agreements that would lead to a reconversion agreed was to eliminate distrust. I think that was an argument that we used a lot in the election campaign.

Pedro Solbes
Advances in the SME allowed us to solve the problems derived from having higher prices than the community at the time of entry into three products: sugar, wheat and milk. In the end, the peseta devaluations helped us, because they allowed us to increase the spreads between the green and the financial exchange rates, and with slightly higher increases than the European ones (practically zero) we were able to iron out the differences without having to lower the support prices. to the farmer. In spite of everything, I had a green march against the Ministry.
It was more difficult to establish the milk quota. It was necessary to negotiate with the Autonomous Communities and to marry their different interests (some in favor of more quota and others in favor of reducing them). And they also had to negotiate with them the program of modernization of agrarian structures.
-One problem was the absolutely unjustified dismissal, and there I had a strong debate with Pepe Griñán [Minister of Labor] on whether to keep the 45 days of compensation, which became a flag for the union world. I accepted that for those cases the 45 days could be maintained. Of course, the judicial practice made an extensive interpretation in the workers’ right and restrictive from the point of view of the employer, with which the impact was not as much as we expected, but it was worth to introduce the existence of classified dismissal causes and with the possibility of acting.
A very important issue in that period was the Bank of Spain’s Autonomy Law, in which the Secretary of State for the Economy, Alfredo Pastor, and the General Director of the Treasury, Manuel Conthe, did a very active job. We started from the work carried out by Solchaga and gave the bank the autonomy it needed for monetary policy reasons, but also because it was essential to gain access to the monetary union.
-During the first PP Government there was a period of rapid growth that was used well. The growth was driven by important reforms, but also by external factors. Steps were taken in the opening of the economy. In addition to accelerating the privatization process, among other measures, the Land Law was adopted, which increased its availability and, with it, the increase in housing construction, favored by the growing tourist demand. To this was added the important reception of community funds, which improved agriculture and promoted the construction of public works. There were also important advances in internationalization, in some cases with very high fiscal costs.
And other added impacts: we started to have the advantages of meeting the criteria to be part of the euro, especially by having a stable exchange rate and an approach to lower interest rates and abundant liquidity. And all this without counting the European demand generated by the expenses of the German reunification or the push derived from the technological bubble.
-A source of problems was the implication in the change of those responsible in some companies. It is true that the PP changed and put like-minded people in many non-privatized companies or at the time of privatization, but then the Government had a majority shareholding. But, with us, the companies were already privatized and we no longer had that advantage. I was not favorable to the change of presidents on principle. Faced with this problem, we had to act in accordance with well-known international procedures: the Government could carry out changes in the management of the companies in which it had an interest, but it should not interfere in the management of private companies even if they were public. In what was not public, you should not enter in any way.
In short, there was a tension derived from having two different visions. One, which was mine, that I am perhaps too open in the sense that the market works and very little interventionist, just to avoid reducing competition. And another more traditional, which is where the Presidency was, which was that the Government should have things to say.

It was difficult to change things with still positive figures. I had pointed out to Zapatero that the Spanish economy was facing a deep recession and that we would pick it up in the review of the Stability Program. We had no room for action in fiscal policy, and construction, which had been the engine of growth, and, above all, housing was in decline. Only exports remained. At the end of 2008, the economy presented a worrying clinical picture that reflected the problems already mentioned, but in a much worse global context: loss of competitiveness from the entry into the euro, deterioration of the current account balance and a strong indebtedness of families and companies, which exceeded 140% and 350% of GDP, respectively.
In my opinion, we should insist on structural reforms and reduce debt and the external deficit, which meant the transfer of certain productive sectors to others to regain competitiveness. It also proposed measures in the labor and tax field, and fully liberalize the rental market. In the end, the program did not include any mention of the pension reform, the labor market or wage moderation, and the revision of the macro table foresees a fall of 1.6% of GDP, which later turned out to be higher. But it was enough to propose an urgent plan of action.
The Government went further at some point, such as including the principle of budgetary stability in the Constitution. The amendment of the Constitution in August was followed by the approval of the Organic Law of Budgetary Stability and Financial Sustainability (LEP). I thought it was an excellent idea and it was key when the following year we had to resort to community funds. However, it did not go that far in the labor reform, which led to perhaps excessive reform by the PP a few months later. And I say a few months because, as is well known, the political erosion of the constitutional reform, together with the reaction of a part of the public opinion that did not understand the complexity of the process, led us to a greater political tension that led Zapatero to call elections for November 20, 2011.
I am not convinced that the reform in competition was a good idea. The previous law was agreed and the independence of the current model is not greater than the previous one and it can be discussed if an organ is only better than several, but it is evident that the specialization required for issues such as energy or telecommunications is difficult to achieve in a unified body. And I do like the Deindexation and Guarantee laws of the Single Market, which, together with the transposition of the services directive, should allow us a market at least as unique as the European one.
We need an institutional review of the country. Spain has to go from being a client state to a more efficient one in which clientelism does not work as it has done so far. If the feeling of the population is that anything goes, it does not matter a democratic regime that one undemocratic. If we are not able to convince citizens that the democratic regime is more efficient than any other and that, in addition, there are valid, consistent and sustainable options, we are wrong.
The Government of Rajoy has tried to solve some of these problems; in others we are not better. For example, in education, in corruption – despite some laudable efforts – or in the territorial issue. It is also not a good idea to appoint members of the judiciary, including the Constitutional Court, linked to a party, because they generate immediate doubts for those who submit to their jurisdiction.

Luis De Guindos
With the next government of José Luis Rodríguez Zapatero there were some good years, between 2004 and 2008, but there was too much of the inertia of the past, because the Spanish economy had adjusted to meet the convergence criteria that allowed Spain to join the euro. The first legislature was placid, although not much attention was paid to the economy. President Zapatero came, above all, with a social and political agenda with much more weight than the economic one. The public accounts did not do crazy things; a budget surplus was reached and the public debt ratio was reduced, which gave rise to problems and internal political tensions, because immediately more was wanted to be spent. You could have tried to act more intensively in the area of ​​granting credit, but when you are in a bubble it is very difficult to act. It was lived from inertia, I insist, but no important decision was made in economic policy until 2010.
Spain dragged a serious problem of competitiveness.
Recognizing reality is the first step to change it, unless one seeks political gains in the short term or moves for different interests. And I think the most complicated thing when you’re in government is having a good diagnosis of reality and the elements that can help you make the right decisions. In the economic arena there is a debate about whether it is better to carry out reforms when the economy is going reasonably well or to carry them out when there is no other choice because society perceives better than they are needed. Our recent history shows that during the previous socialist government a very strong deterioration was generated in a climate of almost economic euphoria, and in the later of the PP had to intervene in an economy on the verge of depression that today breathes in a very different way. If, at least in the previous years, no erroneous decisions had been taken, I believe that the fiscal adjustment measures that were approved afterwards would have been less intense.
The accumulation of errors was so serious that it could lead us to the rescue and even to question the project of the euro. From all the international organizations Bankia was pointed out as the essential point of concern. The fourth financial institution of Spain had to be nationalized with a strong injection of public resources, the managers had to be changed … In short, the history already known. Fixing the problem of Bankia meant a lot in terms of the recovery of confidence in the Spanish economy. it was a before and an after.
In addition, the risk of leaving Greece out of the euro would have put us in unknown territory and would have dragged the countries that were weaker at the time, as was our case. What we were experiencing was an attack on the euro that began with the so-called southern countries until the end of the entire European project. The famous words of Mario Draghi (president of the ECB) in London -Whatever it takes-, assuring that he would do everything necessary to save the euro, undoubtedly had a reassuring effect on the markets. But I think that the decision by Germany not to allow a break of the euro with the exit of Greece was what totally changed the perspective of the markets with respect to the single currency.

The fundamental thing is that the Government took the reins of a country in recession, with many jobs destroyed, with strong imbalances and loss of competitiveness. But now the situation is completely different. The Spanish economy grows at rates above 3% and nearly half a million jobs are created each year. We have an external surplus, credit flows and the economy is less indebted.
The most important thing is not to retrace the steps. Spain is still a vulnerable economy. The public treasury has to borrow a lot of money from investors and our level of public debt is high and must be reduced. Between public and private debt we are talking about 350,000 million euros. On the other hand, we have an unemployment rate that must also be reduced. In both cases the trends are good, but we are at too high levels. Therefore, any step back that occurs and that results in a loss of confidence in the markets or investors can take our toll, because we still have problems to solve.
We must also continue to send signals from a reformist government that is not limited to solving the day to day.

The Pacts of the Moncloa has already passed and that we are in another stage, with the political problems that we know, but that have nothing to do with that moment of profound change in Spain. At present we have a Government in the minority.
To this is added the excessive indebtedness of the world economy, the highest since the Second World War, which, together with a situation of low productivity, is a vulnerability to a rise in interest rates.
There is also the threat of a protectionist turn that could weaken trade exchanges. Behind it is undoubtedly the rise of populism and nationalism.
In addition, the uncertainty about the effects of the exit of the United Kingdom from the European Union, whose impact in the medium term is still difficult to foresee, necessarily opens a very demanding negotiation period.
Finally, we are facing an intense European electoral calendar, with elections in very relevant countries, which will inevitably determine the pace of the discussions and the decisions that are made and take place in Europe.
In the European Union we have made great progress in recent years, spurred by the economic and financial crisis. In particular, we have addressed some of the shortcomings of the original structure of the Economic and Monetary Union, with advances in relation to the Banking Union. And now we see how our national and European policies, together with the efforts of our societies, are bearing fruit. That is why we are now in a better position to face the challenges that await us.

On the night of Tuesday, June 6, 2017, the Single Resolution Mechanism (MUR) decided to liquidate Banco Popular and sell it for a symbolic euro to Banco Santander, which promised to make a capital increase of 7,000 million euros to support the entity. . It was the end of a situation that was precipitating without a sign of solution after years of agony before the manifest impossibility of straightening it out. On the contrary, Popular, a bank that for many years presumed to be the most profitable in the world, decided to make the flight forward: it bought Banco Pastor with its own resources and made two capital increases of 2,500 million consecutive. All with the permission of the authorities and without any warning from the auditors.
The problems of the Popular emerged when, on July 7, 2008, the company Martinsa-Fadesa filed a bankruptcy, among which was the bank, with more than 1,000 million enganchados. It was the bursting of the real estate bubble and Martinsa-Fadesa, which became the biggest payment suspension in history at the time.
Complaints persist about the lack of attention paid to investment in innovation, in which Spain still has a lot to do. According to the Cotec report of 2017, research and development has continued to lose weight. Spain is one of the four countries that has not yet recovered the investment levels of 2008. The 2017 report uses data from 2015, but despite this warns that the problems of science and technology do not reach the relevant levels that should in Spain. While the European Union as a whole today invests 25% more in R & D than before the beginning of the economic crisis, Spain does 10% less.
This is not good news when the world is experiencing the fourth revolution based on the digitalization of the economy.
The Government of Rajoy has wanted to give more prominence, precisely, to this sector by creating the Digital Agenda competition, which shares a ministry with Energy and Tourism. The former head of the President’s Economic Office acknowledged, on the one hand, that the Spanish system was not prepared for the technological revolution, and, on the other, the need to create an awareness of the importance of digitalization (above all, of having more people trained in Science).
The first leg of his ministry, however, is energy, which has gone from being the second dish of the Ministry of Industry to that situation. In energy Spain must also bet heavily on renewables to comply with the orders of the European Union, which calls for total decarbonization in 2050. This means drastically reducing the use of coal, gas and nuclear energy in the generation of electricity. Therefore, the Government has streamlined renewable energy auctions (especially wind and solar thermal). But, in turn, it poses an additional problem about the future of nuclear power plants, since the entrance of renewable energy can not be done overnight.
In the energy sector, Spain has tried to advance the interconnection of both gas and electricity with European networks. Some progress has been made, but all the needs that arise in Europe of having a connection from all countries are still not met. This situation has meant that Spain and, by extension, Portugal have remained as an energy island despite having eight gas stores (one in Portugal) and two gas pipelines connected to the Maghreb, one of the main suppliers in Europe, which has been very determined by the evolution of oil prices, which came to be at its lowest level in many years.
In addition, a long debate about the territorial unity and the secessionist process that has been going on in Catalonia for several years now and that has determined many political and economic decisions in this country.

2 pensamientos en “La Economía De La Democracia (1976-2016) — Miguel Ángel Noceda / The Economy of Democracy (1976-2016) by Miguel Ángel Noceda (spanish book edition)

    • 👍👍👍👍thanks for lovely words, I love food books and economy and politics so on… when you want any book let me know it 👍👍👍👍👍 only a humble reader

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