Licencia Para Matar. Una Historia Del Tabaco En España — Carlos Escolá / License To Kill. A History of Tobacco in Spain by Carlos Escolá (spanish book edition)

Libro magnífico para los interesados en el tema del tabaco o para profesionales del tabaquismo. Muchos datos y referencias , además tienen un desarrollo detallado de la historia del tabaco reciente en España desde puntos de vista económicos, políticos, sanitarios etc… Este libro es una obra imprescindible en castellano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre cinco y seis millones de personas fallecen cada año en el planeta a causa de enfermedades tabáquicas y augura que serán siete millones de víctimas a partir de 2030.1 En España, las bajas anuales ascienden a cerca de 60.000.
Compañías como Philip Morris, British American Tobacco, Brown & Williamson o R.J. Reynolds han dedicado grandes esfuerzos a poner cigarrillos en la boca de los adolescentes, la capa de la población más fácil de manipular y la que más beneficios les reportará a lo largo de su vida. La nicotina es un veneno que ofrece una muerte lenta y les convienen adictos de temprana edad para exprimir su existencia.
La verdadera perversión del negocio del tabaco: en el engaño. Los mercaderes de la muerte saben desde hace más de medio siglo las consecuencias reales que acarrea fumar, y no solo las han ocultado durante décadas, sino que han perfeccionado la adicción mortal con nuevos aditivos para potenciar los efectos de la droga. Y lo paradójico es que todo es legal y no hay que disculparse por ello, al menos en España y en el resto de Europa. En Estados Unidos, las grandes multinacionales han pedido perdón por mantener engañados durante décadas a los consumidores y han tenido que compensar a los fumadores enfermos con indemnizaciones millonarias por su macabra estrategia comercial, mientras que, en Europa, los Estados y el poder judicial ofrecen inmunidad a las compañías de cigarrillos; tienen licencia para matar. Aquí lo único que se penaliza es el contrabando, es decir, defraudar a la Hacienda pública.

El origen del tabaco se pierde en el tiempo, aunque está claro que proviene de América, en donde crecen desde la Prehistoria la Nicotiana rustica y la Nicotiana tabacum, las dos especies más apreciadas de las 68 variedades de esta planta. Los expertos calculan que su historia podría remontarse a unos 18.000 años atrás. Algunos se atreven a situar los primeros cultivos en la zona amazónica entre Ecuador y Perú, entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo. A diferencia de la patata, el maíz o el chocolate, el tabaco no es alimenticio, aunque los indios lo tomaban entre otras cosas para apaciguar el hambre, y lo hacían de una forma hasta el momento inédita en Europa, la inhalación. Cuando una persona fuma, la nicotina llega muy rápidamente a la sangre a través de los pulmones y de ahí pasa en pocos segundos al cerebro. Solo una inyección intravenosa puede ir más rápido. Los indios también consumían el tabaco en polvo, que aspiraban por la nariz, como luego la Francia de Luis XIV pondría de moda entre la aristocracia europea. Lo masticaban, bebían, comían y hasta se lo untaban en el cuerpo para quitarse los piojos o antes de mantener relaciones sexuales, ya que creían que incrementaba la fertilidad de las mujeres cuando iban a perder su virginidad. Era útil como pesticida ante las plagas o incluso como enema.

Rodrigo de Jerez, el primer fumador europeo, fue encarcelado durante tres años por la Inquisición acusado de haber fumado en público. Este desprecio por el tabaco se observa asimismo en el relato que hizo en 1535 Gonzalo Fernández de Oviedo, gobernador de La Española, la isla que hoy comparten Haití y la República Dominicana: «Entre otros malos hábitos, los indios practican uno que resulta especialmente nocivo: la ingestión de cierto tipo de humo que denominan tabaco, y que los deja sumidos en un estado de estupor. Sus jefes emplean un tubo en forma de Y, repleto de la planta a la que han prendido fuego, y se insertan en las narices los dos extremos de la horquilla. Y así es como aspiran el humo hasta quedar inconscientes y tirados en el suelo como sumidos en un estado de extrema ebriedad».
Las marcas de cigarrillos «medicinales» contenían preparados de efectos inmediatos para la curación del asma, sofocos o dificultades de respiración. Los que más éxito tuvieron fueron los del Doctor Andreu, que los creó en 1876, apenas ocho años después de sacar al mercado sus míticas pastillas para la tos. Las farmacias dispensaron durante décadas estos cigarrillos, que se pusieron a la venta junto a los papeles azoados, también indicados para el asma y el sofoco y que debían quemarse en cuartos cerrados. Los cigarrillos milagrosos, que sin duda ayudaron aún más a la aceptación social del hábito de fumar, estaban compuestos de una picadura de hojas de Datura stramonium (estramonio), la planta más venenosa de la familia de las solanáceas y que los chamanes mezclaban en pequeñas dosis con tabaco normal para entrar en trance en sus ritos mágicos. A los pocos años de su comercialización se extendieron a Francia, Italia y Portugal y ayudaron a engordar la fortuna de un barcelonés, el doctor Andreu Grau, cuyos descendientes finalmente vendieron en 1978 sus marcas y laboratorios a la multinacional farmacéutica Hoffmann-La Roche, que retiró los cigarrillos supuestamente antiasmáticos.
Tuvo que pasar más de un siglo desde su descubrimiento para que la Corona española echase mano del tabaco para financiarse, en un momento en el que la monarquía de Felipe IV presentaba graves problemas económicos por la guerra europea de los Treinta Años. Tras centrar el fomento del cultivo del tabaco en las colonias, en 1616 se impuso el primer gravamen a su comercialización en la Península, con una Real Cédula con la que se estipuló la tasa de un real y medio a cada libra de tabaco que saliese al extranjero. Veinte años más tarde y tras fracasar el estanco de la sal por la oposición del clero y de Vizcaya, las Cortes de Felipe IV decretaron en 1636 el estanco del tabaco en Castilla, es decir, que el Estado se hacía ya definitivamente con el monopolio de la adquisición, distribución y venta del tabaco con el objetivo de incrementar sus ingresos fiscales, un papel que en mayor o menor medida ya ejercía en las colonias del Nuevo Mundo.
Pero si de algo sirvió el control político sobre el negocio del tabaco fue para sufragar guerras. El negocio de la nicotina no solo mataba a los que eran adictos, sino que los fumadores pagaban para sufragar las batallas del decadente imperio español y de otros países como Inglaterra o Francia. La guerra de los Treinta Años, entre 1618 y 1648, fue el detonante de la implantación del estanco en España en un momento en el que la Corona necesitaba recaudar más dinero para hacer frente a la contienda. Un real decreto de 15 de marzo de 1780 estableció una carga del tres por ciento sobre la renta de tabaco para hacer frente a los gastos de la guerra contra Inglaterra, que interrumpió las remesas de plata que traían consigo los barcos españoles procedentes de América. Posteriormente, en 1793, se promulgó una real cédula que tuvo por fin pagar con dinero del negocio del tabaco la guerra con Francia, y tres años más tarde se hizo lo propio para hacer frente a los altos costes de una nueva contienda con Inglaterra.
La religión fue también el trasfondo que animó al mayor antitabaquista que ha tenido Europa, Jacobo I, quien en los albores del siglo XVII escribió A Counterblaste to Tobacco: «La costumbre de fumar resulta aborrecible a la vista, odiosa al olfato, dañina para el cerebro y peligrosa para los pulmones, y a lo que más se asemeja esa negra y apestosa humareda que desprende es el horrible humo estigio que brota del pozo que no tiene fondo».

El sector público tabaquero murió matando y el Gobierno del PP, con César Alierta al frente de Tabacalera, vendió el 99 % de las acciones de Tabaco de Filipinas al grupo norteamericano Dimon Incorporated, después de haber vendido una parte a la sociedad luxemburguesa Intabex. Solo quedó, por poco tiempo, la propiedad del emblemático edificio de las Ramblas, vendido después de que los pactos del Majestic entre CiU y PP llevasen al exconseller catalán Lluís Alegre a ser el último presidente de Tabacos de Filipinas. Como premio de consolación, Alegre acabó gestionando el patrimonio inmobiliario de Tabacalera antes de que esta fuese privatizada en 1998. Manuel Meler presentó una oferta por la compañía que mejoraba la de Dimon, pero Tabacalera hizo oídos sordos y se deshizo de la firma que emprendió Antonio López y López, primer marqués de Comillas. En doce años, el Estado se llevó por delante a la multinacional privada del tabaco en rama más importante que jamás tuvo España, desmantelada por el Gobierno del PSOE y vendida por el del PP con la connivencia de los nacionalistas catalanes. El último pelotazo fue la venta del edificio de las Ramblas. Tabacalera lo compró en 1997 por 1.400 millones y vendió en un año por 1.800 millones.
Tabacalera, como se ha dicho, nació en 1945 como continuación de la Compañía Arrendataria del Tabaco, una nueva sociedad que partió con un capital social de 287 millones de pesetas y con un mayor peso del sector privado (300.000 acciones de la denominada serie A) que del público (274.000 acciones de la serie B, intransferibles). Se pasó del arriendo de un servicio público a un sistema de empresa mixta en el que el Ministerio de Hacienda solo controlaba un tercio del consejo de administración, aunque debía dar su visto bueno a todos sus directivos y el delegado del Gobierno en el monopolio podía ejercer su derecho de veto sobre cualquier decisión. El primer presidente de Tabacalera fue Luis de Urquijo, marqués de Amurrio, avalado por Franco y que aguantó en puestos destacados de la empresa durante la democracia e incluso hasta la plena privatización de la compañía en 1998. Por entonces, Tabacalera contaba con cerca de 20.000 millones de capital social, un 53,36 % en manos del Estado.
Cada español fumador había pasado de consumir 390 cigarrillos al año de media en 1935 a nada menos que 2.100 en 1970. El desarrollo y la modernidad hicieron que Tabacalera elaborase en 1972 su primer estudio de mercado serio. Se concluyó que el 48 % de los españoles eran fumadores, principalmente los de entre 34 y 54 años, y el 72 % correspondía a clases media-baja y modesta. El 81 % fumaba cigarrillos negros por solo el 9 % de rubios. Ese año Tabacalera lanzó una campaña de promoción para un «uso racional» del tabaco bajo el eslogan «¿Fuma mucho? Fume menos, sabe mejor».
El delito de insider trading, que en España caduca a los cinco años. La historia siempre se repite y el último presidente de Tabacalera hizo gala de lo que ya tres siglos antes hicieron los adjudicatarios del estanco: utilizar el monopolio español del tabaco en beneficio propio.

En primer lugar a la aparición de tumores malignos (24.058), especialmente cáncer de pulmón (16.482), a enfermedades cardiovasculares (17.560), sobre todo cardiopatía isquémica (6.263) e ictus (4.823), y a enfermedades respiratorias (11.537), en primer lugar por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (9.886). El humo del tabaco ha matado en las últimas décadas a más de mil empleados de la hostelería. Estos son los fríos datos de los que nada dicen las decenas de libros, memorias y documentos sobre la historia del tabaco, una historia financiada y editada por la propia industria del tabaco.
El lobbying de las multinacionales tabaqueras se fue perfeccionando a medida que crecía la concienciación científica y gubernamental sobre los efectos nocivos de fumar. El documento quizá más devastador, porque revela el poder en España de la tabaquera más importante del mundo, lo elaboró Philip Morris en 1990 y se titula «Plan de trabajo de asuntos corporativos. España y Portugal».14 La compañía americana explica cómo dirigió la creación de la Asociación Española del Tabaco (AET) en febrero de 1990, la patronal del tabaco, al frente de la cual colocó de presidente a Óscar García Siso. La industria americana lograba así tener voz directa («vis a vis») ante el Gobierno, sin intermediarios. El nuevo presidente de la patronal española, con la «intervención personal» de empleados de Philip Morris España, en concreto Carlos Salguero y Carlos Rodríguez, provocó que Tabacalera preparase un documento de oposición al real decreto que en aquel entonces estaba a punto de aprobar el Consejo de Ministros. Para blindar el flanco sur europeo de su negocio, Philip Morris no tenía reparos en admitir por escrito que además necesitaba reclutar «políticos y burócratas» en Bruselas para defender sus intereses comerciales en la zona. También se propuso influir en la comunidad científica y en los medios de comunicación a través de personalidades o famosos ante la «falta de justificación científica de la drástica lucha contra el tabaco» en España. El objetivo de todo ello era bloquear cualquier medida restrictiva en la publicidad del tabaco e influir para que científicos e intelectuales, con más credibilidad, les ayudasen a relativizar los efectos del tabaco en los fumadores pasivos.
El comité de expertos averiguó que, en 1988, Philip Morris elaboró una estrategia de acción internacional llamado Plan de Acción de Boca Ratón, la localidad de Florida en donde reunió a su plana mayor, que tuvo como primer objetivo anular el programa antitabaco de la OMS, contener sus fuentes privadas de financiación y desacreditar a personas clave de la organización. Con el entonces presidente de Philip Morris Internacional a la cabeza, Geoffrey Bible, en la cumbre de la multinacional se decidió pagar a políticos, científicos y periodistas para que defendieran sus intereses y desacreditasen a la OMS, apoyando asimismo a organizaciones teóricamente independientes e incluso infiltrando expertos. Las tabaqueras introdujeron topos en la OMS para desvirtuar la lucha antitabáquica en los años ochenta y noventa y reorientar las prioridades de la organización.

La preocupación por el alto consumo de nicotina en los países mediterráneos llevó a la OMS a escoger España como sede de la I Conferencia Europea sobre Tabaco y Salud. Con el ministro Julián García Vargas de anfitrión, Madrid alumbró la Carta contra el Tabaco, un primer plan de actuación para una Europa sin tabaco basada en un decálogo de iniciativas, entre las que destacaba una que jamás prosperó: dedicar un céntimo de cada cajetilla a las campañas de prevención. Una de las aportaciones de esta conferencia fue que sirvió de espoleta para que la Casa Real española diese el primer paso a favor de la protección de los no fumadores.
Con la crisis económica de 1992, la Unión Europa levantó el pie del acelerador de las regulaciones del tabaco. El caso más emblemático fue la difícil digestión de la directiva que pretendía prohibir la publicidad directa e indirecta de tabacos y sus actividades de patrocinio. Salió adelante en 1998 tras nueve años de penurias con los votos del PP en contra, y fue denunciada por la República Federal de Alemania ante la Corte Europea de Justicia, que la anuló en el año 2000 por contravenir algunos aspectos del mercado interno abierto. Tal como señalan los estudiosos de este emblemático caso —A. Bitton, M. Neuman y S. Glantz—, Alemania actuó bajo una gran presión del lobby de las tabaqueras, que logró implicar en su causa al canciller alemán, Helmut Kohl, y a otros dirigentes europeos, como el secretario de Estado británico Kenneth Clarke y el comisionado europeo Martin Bangemann. Alemania se convirtió en un aliado estable de la industria y lideró una minoría de bloqueo junto a Holanda, Dinamarca y el Reino Unido.

Ministra Salgado recibió muchas presiones del sector de la hostelería y la restauración, que tras conseguir convencer a la ministra de que no hubiese una prohibición total en sus establecimientos buscó además recibir subvenciones para financiar la separación de espacios, lo que no consiguió. En cuanto se aplicó la ley, aprobada finalmente por unanimidad en el Congreso, se vio que no fue una buena solución puesto que los establecimientos de menos de 100 metros cuadrados se convirtieron en auténticos fumaderos y muchos de los más grandes no aplicaban correctamente la separación de espacios, pese al esfuerzo y la comprensión de importantes cadenas como VIPS. Salgado sabía que con los años se acabaría prohibiendo fumar en la restauración, una vez asumido el cambio cultural.

Legislar en la UE sobre el tabaco es material de alto riesgo pues es un producto que consumen en el mundo más de mil millones de personas cada día. La última DPT se preparó en una reunión ministerial en Bruselas en 1996 y no se aprobó hasta 2001, años en los que la industria no cejó de presionar contra las pretensiones regulatorias. Un trabajo de investigación a partir de los documentos desclasificados en Estados Unidos a las multinacionales demostró la inquietud que generó en la industria una normativa europea que se limitó a reducir el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono —las compañías ofrecían datos engañosos—, amplió las advertencias sanitarias y prohibió los cigarrillos light y ultralight. Durante más de cinco años la industria activó un marco de respuesta global basándose en tres argumentos principales: la directiva estaba fuera del alcance de las competencias de la UE, se contravenían acuerdos comerciales amparados por la Organización Mundial del Comercio y la propiedad intelectual, y las habituales amenazas de efectos económicos desastrosos y de destrucción de empleo. Los papeles de la industria revelaron que, durante aquellos años, empresas como British American Tobacco y Philip Morris ejercieron un importante cabildeo directo e indirecto para proteger sus intereses comerciales, irreconciliables con la protección de la salud de los europeos. Trataron de influir de forma directa sobre funcionarios de la Comisión Europea, eurodiputados, diputados nacionales y ministros…
La Comisión Europea aún no ha desarrollado, o no ha querido hacerlo, normas para regular estas situaciones, en las que un político puede contemplar la posibilidad de ser indulgente con la industria del tabaco en el último tramo de sus responsabilidades para luego irse con un buen sueldo a la empresa privada del sector que ha favorecido. Estas malas prácticas son además generalizadas. Sin ir más lejos hay algún eurodiputado español del PP que ha ido y venido entre la industria del tabaco y el Parlamento Europeo con toda normalidad. Es el caso de Javier Areitio, fichado por Philip Morris España en 1992. Dos años más tarde fue elegido miembro del Parlamento Europeo, del que formó parte de la Delegación para las relaciones con Estados Unidos. La puerta giratoria volvió a rodar y Areitio regresó —sin pasar por el paro— a la estadounidense Philip Morris, en donde trabajó hasta 2007 como presidente en España para Asuntos Corporativos. Javier Areitio es ahora consultor y consejero de Burson-Marsteller, una consultora que trabaja para Philip Morris desde principios de los años noventa elaborando planes para la multinacional americana para frenar los intentos de regulación del tabaco del Gobierno español.

La primera sentencia judicial en España se cargó de un plumazo la ciencia epidemiológica porque si bien la aceptó formalmente como «criterio de causalidad», estableció que era «más riguroso» hablar de factor de riesgo a la hora de contraer la enfermedad. La juez asumió las tesis de Altadis de que podía haber otros factores ambientales, contaminantes o genéticos «que pueden ser —no lo demostró— de influencia en la enfermedad». Sorprendentemente también compró la tesis de la tabacalera de que el fallecido tenía que ser consciente de sus actos al fumar porque los medios de comunicación ya informaban de las maldades de la nicotina desde los años sesenta. Por un lado, la magistrada evidenció no ser consciente de los nulos esfuerzos de la Tabacalera franquista por advertir a los fumadores del veneno que consumían y menos aún de la política de manipulación y engaño que practicaron las multinacionales hasta mediados de los años noventa. Además, no tuvo reparos en hablar de una opción personal —a los 14 años— que debía asumirse «con responsabilidad y mesura», cuando los médicos han alertado de que esta opción no existe; no hay una manera de consumir tabaco que sea mesurada y responsable puesto que por bajo que sea el consumo de cigarrillos se disparan todas las probabilidades de contraer enfermedades graves y mortales.
Pero el primer portazo judicial dejó a la vez entreabierta una puerta: la sentencia apreció una relación contractual entre Altadis y el fumador, al estilo de una compraventa, porque detectó los elementos jurídicos necesarios para esta relación, que son el consentimiento, el objeto y la causa.

La enfermedad de Buerger es rara. Clínicamente se denomina tromboangeítis obliterante (TAO) y llega a provocar la amputación de extremidades debido a una vasculitis severa que solo puede frenar la cesación del tabaquismo, un hábito con el que se relaciona esta patología puesto que los que la padecen acostumbran a ser grandes consumidores de cigarrillos. Están tan enganchados que en algunos casos no pueden dejar la adicción pese a ver cómo se les van amputando partes del cuerpo. Es un ejemplo claro, y extremo si se quiere, de que no todas las personas reaccionan igual al tabaco y que para unos es más fácil que para otros superar la adicción a la nicotina y sus aditivos. La fuerza de voluntad va ligada al grado de dependencia que cada fumador tiene, lo que su vez lo determina el nivel de consumo y de cómo cada cuerpo, cada persona, absorbe y reacciona a todas las sustancias químicas que componen los cigarrillos, muchas de ellas no declaradas por los fabricantes y que irritan el revestimiento de los vasos sanguíneos. Es tan positivo dejar de fumar para un enfermo de Buerger que para los cirujanos la relación es innegable. Esto fue lo que llevó a ocho españoles con esta patología a presentar demandas contra las tabaqueras, un grupo de afectados por el tabaquismo pionero en los tribunales en su lucha contra el engaño que les amputó literalmente la vida. Nadie les advirtió de que podían contraer con más facilidad esta enfermedad, nadie les avisó de que fumar les podía dejar sin dedos, sin piernas, sin brazos.
El primero en reclamar justicia fue, en octubre de 1998, José Calderón Crespo, al que en 1983 le diagnosticaron síndrome de Buerger. Fumador de dos paquetes diarios de Ducados, a este leonés le fueron amputando las extremidades una a una: primero una pierna, luego la otra, después un brazo y, por último, el otro. En esos años no dejó, no pudo dejar de fumar pese a ver como su cuerpo se reducía a un muñón. Calderón pidió 350 millones de pesetas a Tabacalera —privatizada al cabo de dos meses— y al Ministerio de Economía como responsables civiles de un producto que le dejó irreconocible.

El primer veredicto favorable a los enfermos de cáncer se produjo justo por aquel entonces, concretamente en septiembre de 1995, pero fue porque se demostró que los filtros de unos cigarrillos contenían amianto. En el caso Horowitz versus Lorillard Tobacco, el psicólogo clínico Milton Horowitz alegó haber contraído cáncer de pulmón después de fumar durante años pitillos de la marca Kent con un filtro que contenía amianto, por lo que incluyó en esta particular denuncia a la empresa suministradora de filtros. El jurado condenó a ambas compañías a pagar a partes iguales un total de 1,3 millones de dólares por daños compensatorios y 700.000 más por daños punitivos. El Tribunal de Apelaciones de California confirmó la sentencia y el Tribunal Supremo rechazó revisar el caso. Los herederos de Horowitz, que murió en 1996, fueron los primeros particulares en recibir una indemnización por el consumo de cigarrillos. Pero la mano se abrió definitivamente en 1998, en lo que sería el primer caso ganado gracias a la influencia de los cigarettes papers en los jurados.
¿Por qué en España no prosperan las demandas? De entrada hay que recordar que este tipo de litigios solo tienen 15 años de antigüedad en el caso español, mientras que Estados Unidos lleva más de medio siglo adaptando su legislación a las nuevas realidades, en este caso, a la epidemia del tabaquismo causada por un hábito que se convirtió en masivo tras la Primera Guerra Mundial. Pero además existen diferencias entre los sistemas judiciales español y estadounidense que explican por qué en la práctica los americanos protegen mejor al consumidor en los derechos por daños. En Estados Unidos, los veredictos son elaborados por jurados compuestos por 12 personas que representan a la comunidad y siempre son más influenciables a la coyuntura que un juez, como sucedió cuando se destapó con los cigarettes papers el engaño de las grandes tabaqueras, que mintieron ante el Congreso y la justicia asegurando que el tabaco no generaba cáncer y no era adictivo. En España eso no pasó factura. Además, la legislación estadounidense recoge la figura legal del «daño punitivo» (punitive damage), una suerte de compensación añadida que permite que las indemnizaciones puedan ser ejemplares y mucho mayores que en España.
En España los grandes despachos son los que representan a las tabaqueras, mientras que los consumidores son defendidos por bufetes muy pequeños y con escasos medios, en los que aunque sus abogados sean buenos profesionales del derecho civil, su lucha se convierte en la de David contra Goliat. Los grandes bufetes que han trabajado para las tabaqueras en España, como Garrigues, Roca o Cuatrecasas, se coordinan en reuniones periódicas para aunar esfuerzos ante unos pleitos que salpican a clientes con el mismo perfil e intereses, ya sea Altadis, British American Tobacco o Philip Morris España, por poner algunos ejemplos. Por tanto, detrás de cada uno de los cerca de cuarenta pleitos que se han sustanciado en los tribunales españoles hay alrededor de un centenar de abogados de primera línea en defensa de los intereses de una compañía tabaquera, frente a uno o dos abogados bien intencionados, que lo más que pueden sacar desde el punto de vista económico en la defensa de los enfermos de cáncer es algo de publicidad para sus despachos, ya que este tipo de casos son bastante mediáticos por su novedad.

Un avance importante que sin embargo ya fue superado por Australia desde 2012 y, posteriormente, por Irlanda, Reino Unido y Francia. Estos países han adoptado el empaquetado genérico, una de las medidas que más teme la industria y que intenta frenar en los tribunales. Es por este motivo que el movimiento contra el tabaquismo está muy vigilante en las negociaciones entre Europa y Estados Unidos para el Tratado Transatlántico de Comercio (TTPI), que pretende que tribunales de arbitraje privados diriman las demandas de multinacionales contra los Estados en los casos en que se sientan perjudicadas. El envasado genérico o neutro, conocido en el sector médico como la «revolución caqui» o plain packaging, busca que todas las cajetillas sean iguales, más allá del nombre del fabricante y la marca de cigarrillos, ocupando todo el espacio para advertencias sanitarias, de forma que reste atractivo a los paquetes y aumente la percepción de riesgo. Una cajetilla de cigarrillos no debe emular un frasco de colonia, un pintalabios, un reproductor de mp3 u otros iconos de culto. Hay que recordar que el 80 % de los fumadores se hace adicto cuando es menor de edad y el empaquetado genérico resta mucho atractivo a las marcas entre los jóvenes.

El problema de los pitillos electrónicos es que busca brechas en la normativa para volver a normalizar el hábito de fumar cuando cada vez hay más evidencias de su efecto pasarela hacia un futuro consumo de cigarrillos tradicionales. En España se ha prohibido en centros educativos y sanitarios y en medios de transporte, pero se ha colado en la hostelería. El vapeo ha puesto a la clase médica en guardia, y con razón. De entrada, no hay ninguna evidencia científica que avale su eficacia para dejar de fumar. Incluso la OMS los desaconseja porque teme por su toxicidad y porque hay claros indicios de que nuevamente la industria tabaquera está detrás. La revista The Lancet ya desenmascaró uno de los primeros informes científicos a favor del vapeo avalado por el Public Health England, que defendía que el e-cigarrillo es menos nocivo que el cigarrillo convencional. La publicación médica observó que las conclusiones tenían una base extraordinariamente débil y, lo que es más llamativo, reveló que once de los autores del estudio habían sido asesores de las tabaqueras.

La gran lucha de la Administración sanitaria deben ser los aditivos al tabaco y obligar a las tabaqueras a informar de ellos en su totalidad, cosa que no ocurre actualmente. El tabaco es aún uno de los pocos productos de consumo humano para los que no hace falta informar de la lista completa de sus ingredientes. El consumidor solo está siendo informado de la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán que llevan los cigarrillos, y eso pese a que hay estudios que hablan de 100 aditivos con efectos farmacológicos poco deseables y de 69 que son directamente cancerígenos tras la combustión. Se sigue engañando al consumidor puesto que, sin un conocimiento exacto de lo mortífero que es el tabaco, el fumador siempre relativizará su hábito. Los ciudadanos deben saber que, como dice el historiador Robert N. Proctor en su obra Golden Holocaust, «las armas o las bombas no son los artefactos más mortíferos de la historia de la civilización, sino los cigarrillos». La lucha contra el tabaquismo debe continuar.

Great book for those interested in the topic of tobacco or for professionals of smoking. Many data and references, also have a detailed development of the history of recent tobacco in Spain from economic, political, health points of view etc … This book is an essential work in Castilian.

The World Health Organization (WHO) estimates that between five and six million people die every year on the planet due to tobacco diseases and predicts that there will be seven million victims as of 2030.1 In Spain, annual losses amount to about of 60,000.
Companies like Philip Morris, British American Tobacco, Brown & amp; Williamson or R.J. Reynolds has devoted great efforts to putting cigarettes in the mouths of adolescents, the layer of the population that is easiest to manipulate and the one that will benefit them the most throughout their lives. Nicotine is a poison that offers a slow death and addicts of early age are convenient to squeeze their existence.
The true perversion of the tobacco business: in deception. The merchants of death have known for more than half a century the real consequences of smoking, and not only have hidden for decades, but have perfected the deadly addiction with new additives to enhance the effects of the drug. And the paradox is that everything is legal and you do not have to apologize for it, at least in Spain and in the rest of Europe. In the United States, large multinationals have apologized for keeping consumers deceived for decades and have had to compensate sick smokers with millions in compensation for their macabre commercial strategy, while in Europe, states and the judiciary offer immunity to cigarette companies; They have a license to kill. Here the only thing that is penalized is smuggling, that is, defrauding the Public Treasury.

The origin of tobacco is lost in time, although it is clear that it comes from America, where rustic Nicotiana and Nicotiana tabacum grow from prehistory, the two most appreciated species of the 68 varieties of this plant. Experts estimate that its history could go back some 18,000 years ago. Some dare to place the first crops in the Amazon between Ecuador and Peru, between 5,000 and 3,000 years before Christ. Unlike potatoes, corn or chocolate, tobacco is not food, although the Indians took it, among other things, to appease hunger, and they did it in an unprecedented way in Europe, inhalation. When a person smokes, nicotine reaches the blood very quickly through the lungs and from there it passes in a few seconds to the brain. Only an intravenous injection can go faster. The Indians also consumed powdered tobacco, which they inhaled through their noses, as Louis XIV’s France would later make fashionable among the European aristocracy. They chewed, drank, ate and even smeared it on the body to remove the lice or before having sex, as they believed that it increased the fertility of the women when they were going to lose their virginity. It was useful as a pesticide against pests or even as an enema.

Rodrigo de Jerez, the first European smoker, was imprisoned for three years by the Inquisition accused of having smoked in public. This contempt for tobacco is also observed in the account made in 1535 by Gonzalo Fernández de Oviedo, governor of Hispaniola, the island that Haiti and the Dominican Republic share today: “Among other bad habits, the Indians practice one that is especially harmful : the ingestion of a certain type of smoke that they call tobacco, and that leaves them in a state of stupor. Their bosses use a Y-shaped tube, filled with the plant to which they have set fire, and insert the two ends of the fork into the noses. And this is how they inhale the smoke until they are unconscious and lying on the ground as if in a state of extreme drunkenness ».
The brands of “medicinal” cigarettes contained preparations with immediate effects for the cure of asthma, hot flushes or breathing difficulties. The most successful were those of Dr. Andreu, who created them in 1876, barely eight years after releasing their mythical cough drops. The pharmacies dispensed for decades these cigarettes, which were put on sale next to the azoados papers, also indicated for the asthma and the suffocation and that had to be burned in closed rooms. Miraculous cigarettes, which undoubtedly helped the social acceptance of smoking even more, were composed of a leaf bite of Datura stramonium, the most poisonous plant in the Solanaceae family, and which the shamans mixed in small dose with normal tobacco to go into a trance in their magical rites. A few years after they were commercialized, they spread to France, Italy and Portugal and helped fatten up the fortune of a Barcelona man, Dr. Andreu Grau, whose descendants finally sold their brands and laboratories in 1978 to the pharmaceutical multinational Hoffmann-La Roche, which He removed the allegedly anti-asthmatic cigarettes.
It took more than a century since its discovery for the Spanish Crown to use tobacco to finance itself, at a time when the monarchy of Philip IV had serious economic problems due to the European War of the Thirty Years. After centering the promotion of the cultivation of the tobacco in the colonies, in 1616 the first tax was imposed to its commercialization in the Peninsula, with a Real Certificate with which it was stipulated the rate of a real and average to each pound of tobacco that left to the Foreign. Twenty years later and after the failure of the salt tobaccos by the opposition of the clergy and Biscay, the Cortes of Felipe IV decreed in 1636 the tobacco tobacconist in Castile, that is, that the State was already definitively with the monopoly of the acquisition, distribution and sale of tobacco with the objective of increasing its tax revenues, a role that to a greater or lesser extent it already exercised in the colonies of the New World.
But if anything served the political control over the tobacco business was to pay for wars. The business of nicotine not only killed those who were addicted, but smokers paid to pay for the battles of the decadent Spanish empire and other countries such as England or France. The Thirty Years’ War, between 1618 and 1648, was the trigger for the establishment of the tobacconist in Spain at a time when the Crown needed to raise more money to face the fight. A royal decree of March 15, 1780, established a charge of three percent on the rent of tobacco to meet the expenses of the war against England, which interrupted the silver remittances brought by the Spanish ships from America. Later, in 1793, a royal decree was issued that was intended to pay with war money from the tobacco business with France, and three years later the same was done to face the high costs of a new war with England.
Religion was also the background that encouraged the greatest anti-smoking that Europe has had, Jacobo I, who in the dawn of the seventeenth century wrote A Counterblaste to Tobacco: “The habit of smoking is abhorrent to the eye, hateful to smell, harmful to the brain and dangerous to the lungs, and what most resembles that black and stinking smoke that gives off is the horrible stigio smoke that comes from the well that has no bottom ».

The public tobacco sector died killing and the PP Government, with César Alierta at the head of Tabacalera, sold 99% of the Tabaco shares of the Philippines to the North American group Dimon Incorporated, after having sold a part to the Luxembourg company Intabex. Only for a short time remained the property of the emblematic Las Ramblas building, sold after the Majestic pacts between CiU and PP led the former Catalan lucer Lluís Alegre to be the last president of Tobacco in the Philippines. As a consolation prize, Alegre ended up managing Tabacalera’s real estate property before it was privatized in 1998. Manuel Meler submitted an offer for the company that improved Dimon’s, but Tabacalera turned a deaf ear and got rid of the firm that Antonio undertook. López y López, first Marquis of Comillas. In twelve years, the State took ahead to the private multinational of the tobacco more important branch than never had Spain, dismantled by the Government of the PSOE and sold by the PP with the connivance of the Catalan nationalists. The last pitch was the sale of the Las Ramblas building. Tabacalera bought it in 1997 for 1,400 million and sold in one year for 1,800 million.
Tobacconist, as has been said, was born in 1945 as a continuation of the Tobacco Leasing Company, a new company that started with a social capital of 287 million pesetas and with a greater weight of the private sector (300,000 shares of the so-called A series) that of the public (274,000 shares of series B, non-transferable). It went from the lease of a public service to a mixed company system in which the Ministry of Finance only controlled a third of the board of directors, although it had to give its approval to all its directors and the government delegate in the monopoly could exercise Your right of veto over any decision. The first president of Tabacalera was Luis de Urquijo, Marquis of Amurrio, endorsed by Franco and who endured in prominent positions of the company during the democracy and even until the full privatization of the company in 1998. By then, Tabacalera had about 20,000 million of social capital, 53.36% in the hands of the State.
Each Spanish smoker had gone from consuming 390 cigarettes a year on average in 1935 to no less than 2,100 in 1970. Development and modernity made Tabacalera in 1972 develop its first serious market study. It was concluded that 48% of Spaniards were smokers, mainly those between 34 and 54 years old, and 72% corresponded to middle-low and modest classes. 81% smoked black cigarettes for only 9% of blondes. That year, Tabacalera launched a campaign to promote the “rational use” of tobacco under the slogan “Do you smoke a lot? Smoke less, taste better ».
The crime of insider trading, which in Spain expires after five years. History always repeats itself and the last president of Tabacalera showed what the winners of the tobacconist had done three centuries ago: to use the Spanish tobacco monopoly for their own benefit.

First, the appearance of malignant tumors (24,058), especially lung cancer (16,482), cardiovascular diseases (17,560), especially ischemic heart disease (6,263) and stroke (4,823), and respiratory diseases (11,537), first of all place due to chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (9,886). The smoke of the tobacco has killed in the last decades to more than a thousand employees of the hospitality industry. These are the cold facts that dozens of books, memories and documents about the history of tobacco, a story financed and edited by the tobacco industry itself, do not say.
The lobbying of the tobacco multinationals was perfected as scientific and governmental awareness of the harmful effects of smoking grew. Perhaps the most devastating document, because it reveals the power in Spain of the most important tobacco industry in the world, was elaborated by Philip Morris in 1990 and is titled “Work Plan for Corporate Affairs. Spain and Portugal ».14 The American company explains how it directed the creation of the Spanish Tobacco Association (AET) in February 1990, the tobacco employers’ association, at the head of which it placed Óscar García Siso as president. The American industry thus managed to have a direct voice (“vis a vis”) before the Government, without intermediaries. The new president of the Spanish employers’ association, with the “personal intervention” of employees of Philip Morris Spain, specifically Carlos Salguero and Carlos Rodríguez, caused Tabacalera to prepare a document opposing the royal decree that at that time was about to approve the Minister council. To shield the southern European flank of his business, Philip Morris had no qualms about admitting in writing that he also needed to recruit “politicians and bureaucrats” in Brussels to defend his commercial interests in the area. It was also proposed to influence the scientific community and the media through personalities or celebrities in the face of the “lack of scientific justification for the drastic fight against tobacco” in Spain. The aim of all this was to block any restrictive measure in tobacco advertising and to influence scientists and intellectuals, with more credibility, to help them to relativize the effects of tobacco on passive smokers.
The committee of experts found out that, in 1988, Philip Morris developed an international action strategy called the Boca Raton Action Plan, the town of Florida, where he brought together his staff, whose primary objective was to annul the WHO anti-smoking program. Contain their private funding sources and discredit key people in the organization. With the then president of Philip Morris International in the lead, Geoffrey Bible, at the multinational’s summit it was decided to pay politicians, scientists and journalists to defend their interests and discredit WHO, supporting also theoretically independent organizations and even infiltrating experts The tobacco companies introduced topo in the WHO to distort the tobacco control fight in the eighties and nineties and reorient the priorities of the organization.

The concern for the high consumption of nicotine in the Mediterranean countries led WHO to choose Spain as the venue for the First European Conference on Tobacco and Health. With the minister Julián García Vargas as host, Madrid illuminated the Charter against Tobacco, a first plan of action for a Europe without tobacco based on a decalogue of initiatives, among which stood out one that never prospered: dedicating one cent of each pack to the prevention campaigns. One of the contributions of this conference was that it served as a fuse for the Spanish Royal House to take the first step in favor of the protection of non-smokers.
With the economic crisis of 1992, the European Union lifted its foot on the accelerator of tobacco regulations. The most emblematic case was the difficult digestion of the directive that sought to prohibit the direct and indirect advertising of tobacco and its sponsorship activities. He went ahead in 1998 after nine years of hardship with the votes of the PP against, and was denounced by the Federal Republic of Germany before the European Court of Justice, which annulled it in 2000 for contravening some aspects of the open domestic market. As pointed out by the scholars of this emblematic case -A. Bitton, M. Neuman and S. Glantz-, Germany acted under great pressure from the tobacco lobby, which succeeded in involving German Chancellor Helmut Kohl and other European leaders, such as British Secretary of State Kenneth Clarke and the European Commissioner Martin Bangemann. Germany became a stable ally of the industry and led a blocking minority along with the Netherlands, Denmark and the United Kingdom.

Minister Salgado received many pressures from the hospitality and catering sector, which after trying to convince the minister that there was no total ban on her establishments, also sought subsidies to finance the separation of spaces, which she did not achieve. As soon as the law was applied, finally approved unanimously in the Congress, it was found that it was not a good solution since the establishments of less than 100 square meters became real smokers and many of the larger ones did not correctly apply the separation of spaces, despite the effort and understanding of important chains such as VIPS. Salgado knew that over the years it would end up prohibiting smoking in the restoration, once the cultural change was assumed.

Legislation in the EU on tobacco is high risk material as it is a product consumed in the world more than one billion people every day. The last DPT was prepared at a ministerial meeting in Brussels in 1996 and was not approved until 2001, years in which the industry did not stop pressing against the regulatory claims. A research work from declassified documents in the United States to multinationals showed the concern generated in the industry by European regulations that were limited to reducing tar, nicotine and carbon monoxide -the companies offered deceptive data-, expanded sanitary warnings and banned light and ultralight cigarettes. For more than five years, the industry activated a global response framework based on three main arguments: the directive was beyond the scope of the EU’s competences, commercial agreements protected by the World Trade Organization and intellectual property were contravened, and habitual threats of disastrous economic effects and job destruction. Industry papers revealed that, during those years, companies such as British American Tobacco and Philip Morris exercised significant direct and indirect lobbying to protect their commercial interests, irreconcilable with the protection of the health of Europeans. They tried to directly influence officials of the European Commission, MEPs, national deputies and ministers …
The European Commission has not yet developed, or has not wanted to, rules to regulate these situations, in which a politician can contemplate the possibility of being lenient with the tobacco industry in the last stretch of their responsibilities and then leaving with a good salary to the private company of the sector that has favored. These bad practices are also widespread. Without going any further there is a Spanish MP from the PP who has come and gone between the tobacco industry and the European Parliament with all normality. This is the case of Javier Areitio, signed by Philip Morris Spain in 1992. Two years later he was elected member of the European Parliament, of which he was part of the Delegation for relations with the United States. The revolving door returned to roll and Areitio returned – without going through unemployment – to the American Philip Morris, where he worked until 2007 as president in Spain for Corporate Affairs. Javier Areitio is now a consultant and adviser to Burson-Marsteller, a consultancy firm that has been working for Philip Morris since the early nineties, drawing up plans for the American multinational to stop attempts to regulate tobacco by the Spanish government.

The first judicial sentence in Spain was loaded with a stroke of the epidemiological science because although it formally accepted it as a “criterion of causality”, it established that it was “more rigorous” to speak of a risk factor when contracting the disease. The judge assumed Altadis’ thesis that there could be other environmental, polluting or genetic factors “that may be – he did not show – of influence in the disease”. Surprisingly, he also bought the tobacco thesis that the deceased had to be aware of his acts when smoking because the media already reported the evils of nicotine since the sixties. On the one hand, the judge showed no awareness of the null efforts of the Francoist tobacco industry to warn smokers of the poison they consumed and even less of the policy of manipulation and deception that practiced the multinationals until the mid-nineties. In addition, he had no qualms about talking about a personal option – at age 14 – that should be assumed “with responsibility and moderation”, when doctors have warned that this option does not exist; there is no way to consume tobacco that is measured and responsible since, however low the consumption of cigarettes, all the probabilities of contracting serious and deadly diseases skyrocket.
But the first judicial slamming left a door ajar: the sentence showed a contractual relationship between Altadis and the smoker, in the style of a sale, because it detected the necessary legal elements for this relationship, which are the consent, the object and the cause.

Buerger’s disease is rare. Clinically called thromboangiitis obliterans (TAO) and ends up causing limb amputation due to a severe vasculitis that can only stop the cessation of smoking, a habit that is related to this condition since those who suffer from it tend to be large consumers of cigarettes. They are so hooked that in some cases they can not stop the addiction despite seeing how they are amputating parts of the body. It is a clear example, and extreme if you will, that not all people react the same to snuff and for some it is easier for others to overcome the addiction to nicotine and its additives. The strength of will is linked to the degree of dependence that each smoker has, which in turn is determined by the level of consumption and how each body, each person, absorbs and reacts to all the chemical substances that make up cigarettes, many of them not declared by manufacturers and that irritate the lining of blood vessels. It is so positive to stop smoking for a Buerger patient that for the surgeons the relationship is undeniable. This was what led eight Spaniards with this pathology to file lawsuits against tobacco companies, a group of people affected by pioneering smoking in the courts in their fight against the deception that literally amputated their lives. Nobody warned them that they could contract this disease more easily, nobody told them that smoking could leave them without fingers, without legs, without arms.
The first to claim justice was, in October 1998, José Calderón Crespo, who in 1983 was diagnosed with Buerger’s syndrome. Smoker of two daily packages of Ducados, this Leonese was amputated limbs one by one: first one leg, then the other, then one arm and finally the other. In those years he did not stop, he could not stop smoking despite seeing how his body was reduced to a stump. Calderón asked 350 million pesetas to Tabacalera -privatized after two months- and to the Ministry of Economy as civilian responsible for a product that left him unrecognizable.

The first verdict favorable to cancer patients occurred just then, specifically in September 1995, but it was because it was shown that the filters of cigarettes contained asbestos. In the case of Horowitz versus Lorillard Tobacco, clinical psychologist Milton Horowitz claimed to have contracted lung cancer after smoking Kent brand cigarettes for years with a filter containing asbestos, so he included in this particular complaint the company supplying filters . The jury ordered both companies to pay in equal parts a total of 1.3 million dollars for compensatory damages and 700,000 more for punitive damages. The California Court of Appeals upheld the ruling and the Supreme Court refused to review the case. The heirs of Horowitz, who died in 1996, were the first private individuals to receive compensation for the consumption of cigarettes. But the hand was finally opened in 1998, in what would be the first case won thanks to the influence of cigarettes papers in the juries.
Why in Spain do not prosper the demands? From the outset we must remember that this type of litigation is only 15 years old in the Spanish case, while the United States has been adapting its legislation to new realities for more than half a century, in this case, to the tobacco epidemic caused by a habit that became massive after the First World War. But there are also differences between the Spanish and US judicial systems that explain why, in practice, Americans better protect the consumer in damages rights. In the United States, the verdicts are prepared by juries composed of 12 people who represent the community and are always more influenced by the situation than a judge, as was the case with the cigarettes papers when they were cheated by the big tobacco companies, who lied to Congress and justice assuring that tobacco did not generate cancer and was not addictive. In Spain that did not happen invoice. In addition, the US legislation includes the legal form of “punitive damage” (punitive damage), a kind of added compensation that allows compensation to be exemplary and much greater than in Spain.
In Spain the big offices are those that represent tobacco companies, while consumers are defended by very small firms with limited resources, in which although their lawyers are good professionals of civil law, their struggle becomes that of David against Goliath. The big law firms that have worked for tobacco companies in Spain, such as Garrigues, Roca or Cuatrecasas, coordinate themselves in periodic meetings to join forces in the face of lawsuits that splash clients with the same profile and interests, whether Altadis, British American Tobacco or Philip Morris Spain, to give some examples. Therefore, behind each of the nearly forty lawsuits that have been substantiated in the Spanish courts there are around a hundred leading lawyers defending the interests of a tobacco company, in front of one or two well-intentioned lawyers, that the most they can get from the economic point of view in the defense of cancer patients is something of publicity for their offices, since this type of cases are quite mediatic for their novelty.

An important advance that, however, has already been surpassed by Australia since 2012 and, subsequently, by Ireland, the United Kingdom and France. These countries have adopted generic packaging, one of the measures that the industry fears the most and tries to curb in the courts. It is for this reason that the anti-smoking movement is very vigilant in the negotiations between Europe and the United States for the Transatlantic Trade Treaty (TTPI), which seeks private arbitration tribunals to resolve the demands of multinationals against the States in cases in that feel hurt. The generic or neutral packaging, known in the medical sector as the “khaki revolution” or plain packaging, seeks that all packs are equal, beyond the name of the manufacturer and the brand of cigarettes, occupying all the space for health warnings, way that remains attractive to the packages and increases the perception of risk. A pack of cigarettes should not emulate a jar of cologne, a lipstick, an mp3 player or other cult icons. It must be remembered that 80% of smokers become addicted when they are under age and generic packaging reduces the attractiveness of brands among young people.

The problem of electronic cigarettes is that it seeks gaps in the regulations to return to normalize the habit of smoking when there is increasing evidence of its effect catwalk towards a future consumption of traditional cigarettes. In Spain, it has been banned in schools and health centers and in transportation, but it has been sneaked into the hospitality industry. Vaping has put the medical class on guard, and rightly so. First of all, there is no scientific evidence to support its effectiveness in stopping smoking. Even WHO discourages them because it fears for its toxicity and because there are clear signs that the tobacco industry is once again behind. The Lancet magazine already unmasked one of the first scientific reports in favor of vapeo endorsed by the Public Health England, which argued that the e-cigarette is less harmful than the conventional cigarette. The medical publication noted that the conclusions had an extraordinarily weak base and, what is more striking, revealed that eleven of the authors of the study had been advisers to the tobacco companies.

The great fight of the sanitary Administration must be the additives to the tobacco and to force the tobacco companies to inform of them in their totality, thing that does not happen at the moment. Tobacco is still one of the few products for human consumption for which there is no need to report the complete list of its ingredients. The consumer is only being informed of the nicotine, carbon monoxide and tar that cigarettes carry, and this despite the fact that there are studies that mention 100 additives with undesirable pharmacological effects and 69 that are directly carcinogenic after combustion. The consumer continues to be deceived since, without an exact knowledge of the deadliness of tobacco, the smoker will always relativize his habit. Citizens should know that, as the historian Robert N. Proctor says in his Golden Holocaust, “weapons or bombs are not the deadliest artifacts in the history of civilization, but cigarettes.” The fight against smoking should continue.

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