La Economía Del Bien Común — Jean Tirole / Economics for the Common Good by Jean Tirole

El autor es ganador del Premio Nobel de economía y ha desarrollado lo que se describe como una “nueva agenda audaz para el papel de la economía en la sociedad”. A muchos les puede parecer una lectura seca y enfocada, pero es capaz de ser transformadora y valiosa, impulsando la ciencia de la economía a una fuerza visible y propositiva para el bien.
El autor busca involucrarse con los desafíos que enfrenta la sociedad, utilizando el poder de la economía para identificar y enfrentar los desafíos de la acción. El objetivo es un ‘llamado a las armas’, un manifiesto para el cambio futuro, tal como se entrega a través del libro. Fue una lectura interesante, considerando temas más amplios como el cambio digital, la innovación, los sistemas económicos y el orden financiero. Es un libro para pensar, en lugar de una guía de economía per se, sin embargo, es muy generoso y accesible.
Nada es indiscutible. ¿Realmente tenemos el mejor sistema económico y la mejor implementación para su funcionamiento? ¿Se podría hacer más? ¿Es suficiente el control político y la voluntad? ¿Confiamos en un sistema económico del que quizás no se puede confiar por completo? Todo esto y más salen en este libro masivo. Es algo que realmente necesita leer en un lugar tranquilo, tomarse el tiempo para disfrutar de una lectura secuencial y considerar los mensajes que se ofrecen. Por supuesto, puede cortocircuitar el libro, pero hágalo bajo su propio riesgo y miedo a perderlo.
Naturalmente, los propios puntos de vista personales del autor se presentan en gran medida y no se hace ninguna disculpa por esto. El autor es claro en que no hay respuestas predeterminadas y desea que el lector use el libro como una herramienta para el cuestionamiento y la generación de pensamiento. No es un hecho que estarás de acuerdo con todo y eso también puede ser bueno. Se debe alentar la diversidad en la opinión y el pensamiento, ya que eso puede generar una toma de decisiones y una adhesión más sólidas a un meta nivel.
Esto puede ser una utopía para los nerds de la economía y la política. Los generalistas curiosos también pueden disfrutarlo. Es engañosamente claro y atractivo para lo que está recibiendo y se las arregla para dar servicio a ambas audiencias. Los capítulos son bastante cortos y se dividen en secciones y esto ayuda al proceso digestivo. El precio puede colocarlo fuera del alcance de algunos lectores ocasionales, pero no es un precio irrazonable cuando se consideran sus contenidos.
Claro, directo, basado en profundo análisis. Apropiado para economistas y no economistas. Los primeros pueden afianzar su conocimiento. Los segundos aprenden fielmente como piensan y que hacen los buenos economistas.

Desde el rotundo fracaso económico, cultural, social y medioambiental de las economías planificadas, desde la caída del muro de Berlín y la metamorfosis económica de China, la economía de mercado ha pasado a ser el modelo dominante, por no decir exclusivo, de organización de nuestras sociedades. Incluso en el «mundo libre», el poder político ha perdido su influencia en favor del mercado y de una serie de nuevos actores. Las privatizaciones, la apertura a la competencia, la globalización, el sistemático uso de las subastas para los contratos públicos restringen el ámbito de la decisión pública. Y el aparato judicial y las autoridades independientes de regulación, órganos no sometidos a la primacía de lo político, se han convertido en actores imprescindibles.
Sin embargo, la victoria de la economía de mercado solo ha sido una victoria a medias, pues no se ha ganado a la gente.
La economía no está ni al servicio de la propiedad privada y los intereses individuales, ni al de los que querrían utilizar al Estado para imponer sus valores o hacer que sus intereses prevalezcan. Rechaza tanto la supremacía del mercado como la supremacía del Estado. La economía está al servicio del bien común; su objetivo es lograr un mundo mejor. Para ello, su tarea es identificar las instituciones y las políticas que van a favorecer el interés general. En su búsqueda del bienestar para la comunidad, la economía engloba la dimensión individual y la colectiva del sujeto.

Mercado y el Estado no constituyen alternativas, sino que, por el contrario, dependen el uno del otro. El buen funcionamiento del mercado depende del buen funcionamiento del Estado. Y a la inversa, un Estado que falla no puede contribuir a la eficacia del mercado ni ofrecerle una alternativa. Sin embargo, como los mercados, el Estado falla con frecuencia. Por múltiples causas.
La primera es porque lo secuestran los lobbies. Es corriente oír hablar de las amistades o de los compadreos (por ejemplo, la posibilidad de un futuro empleo en un sector determinado) que crean la connivencia entre el Estado y aquellos a los que supuestamente él regula. Pero no es más que una pequeña parte de la ecuación. En la naturaleza de los incentivos en política está el deseo de ser elegido o reelegido, y ello puede deformar las decisiones de dos maneras.
En primer lugar, hay una gran tentación de sacar partido de los prejuicios y la falta de competencia del electorado. En segundo lugar, los costes de políticas favorables a un grupo de presión son con frecuencia poco visibles para el resto de la colectividad (por ejemplo, los contribuyentes y los consumidores), pero sus beneficios son muy visibles en el seno de un grupo de presión muy movilizado. Esta asimetría de la información, a veces aumentada por la decisión deliberada de hacer que las ayudas sean opacas, sesga las decisiones públicas. Otro ejemplo de política cuyos beneficios son visibles para los beneficiarios y los costes poco visibles para el resto es el clientelismo, fruto de la creación de empleo que practican muchas comunidades territoriales y que conduce a su hipertrofia.
Sorprende que el modo de gestión capitalista esté tan extendido. En una empresa hay, en efecto, muchas partes implicadas, es decir, actores a los que les afectan las decisiones de la empresa: evidentemente, los que aportan capital, pero también los asalariados, los subcontratistas, los clientes, las comunidades territoriales y los países en los que está implantada, los países fronterizos que, por ejemplo, podrían sufrir su contaminación. Es posible, pues, concebir una multitud de organizaciones donde las diversas partes se repartieran el poder en configuraciones de geometría variable (concediendo más o menos derechos de voto en los consejos de administración) y generando a través de ello diversas formas de cogestión.
Y, de hecho, existen otras formas de gobernanza. En muchos sectores existe la gobernanza cooperativa, en la que los usuarios de un servicio poseen y deciden por consenso el modo en que ese servicio será gestionado y compartido.

El fenómeno del parásito se ve agravado por la idea de que, en una futura negociación, cada uno obtendrá más si hace menos hoy. Basándose tanto en la teoría como en la experiencia del pasado, los países se dan cuenta de que, cuanto más fuerte sea su intensidad actual de emisiones de CO2, mayor fuerza tendrán a la hora de exigir compensaciones el día en que se unan a un acuerdo global: en efecto, tendrán tal nivel de emisiones de CO2 que su motivación para firmar el acuerdo será muy escasa y la comunidad internacional se verá en la obligación de compensarles más (en forma de dinero o de derechos de emisión negociables gratuitos) para convencerles de que firmen. Así ocurrió en la dura negociación, en la década de 1980, entre los Estados del Medio Oeste estadounidense y el resto de Estados para la reducción de emisiones de dióxido de azufre.

Aunque es emblemático, el contrato laboral no es el único responsable de la situación actual francesay europea. Entre otras críticas, generalmente dirigidas a las instituciones, mencionemos:
• La mediocridad y el alto coste de la formación profesional gestionada por los agentes sociales: una formación que no está dirigida a las categorías pertinentes de asalariados, que solo incluye un escaso porcentaje de formaciones que dan lugar a diplomas o certificados y que, junto con el aprendizaje, absorbe 32.000 millones de euros anuales, es decir, un 1,6 por ciento del PIB.
• La insuficiencia del aprendizaje y de la alternancia empleo/estudios.
• La falta de adecuación de la enseñanza a la demanda de personal de las empresas y una insuficiente cualificación (el fuerte índice de paro coincide con una escasez real de mano de obra en determinados tipos de empleo).
• La opción francesa de efectuar la redistribución de los salarios a través del salario mínimo (el Smic, el más elevado de la Unión Europea), en lugar de mediante la vía fiscal, es decir, con una bonificación tributaria sobre la renta del trabajo (una prima por el empleo que compense la reducción del salario mínimo, así como un salario mínimo menos elevado para los que tienen su primer trabajo).
• La gestión del seguro de desempleo y del servicio público de empleo.
* La falta de flexibilidad en la contratación.
• La existencia de algunas profesiones cerradas (por ejemplo, los taxis) que impide la creación de puestos de trabajo para los que, sin embargo, hay demanda.
Es evidente que en este tema no existe una excepción cultural francesa, sino frente a los países de Europa del Norte y los anglosajones, pues, como las mismas causas producen los mismos efectos, los otros países de Europa del Sur (España, Italia, Portugal, Grecia), dotados de instituciones similares, tienen también, como hemos visto, unas estadísticas calamitosas (incluso peores).

Los economistas no toman jamás partido sobre si se debería trabajar 35, 18 o 45 horas semanales. Esa es una decisión de la sociedad… y de las personas implicadas. Sobre este último punto, no hay ninguna razón para que, si se les da libertad para determinar su jornada laboral (como es el caso de los trabajadores independientes), todas las personas opten por lo mismo; algunas preferirán más tiempo libre y menos ingresos, otras elegirán lo opuesto. Por el contrario, la tesis según la cual reducir la jornada laboral, adelantar la edad de jubilación, bloquear la inmigración, adoptar medidas proteccionistas o volver a instaurar el servicio militar creará puestos de trabajo no tiene ningún fundamento, ni teórico ni empírico.

La revolución digital es una fuente de oportunidades. Nos guste o no, va a tener lugar y afectará a todos los sectores. Por ello hay que prever los numerosos problemas que nos plantea para poder adaptarnos a ellos en lugar de sufrirlos: la confianza en las plataformas de la web, la confidencialidad de los datos, el mantenimiento de la solidaridad en nuestros sistemas sanitarios, el temor ante la atomización del trabajo y el aumento del paro o el establecimiento de una fiscalidad cada vez más complicada. En estas complejas cuestiones subyacen unos retos considerables a los que es urgente aportar un marco de reflexión.
En primer lugar, mencionaré la necesidad de que los internautas confíen en el ecosistema digital. Dichos datos constituyen hoy una formidable baza económica y política para los que los poseen. Pero su uso no será siempre el que nos gustaría. Esto me llevará al complejo problema de los derechos de propiedad sobre los datos. Explicaré a continuación por qué la información puede acabar con nuestro sistema de seguro médico basado en la solidaridad y esbozaré la respuesta que, desde el punto de vista de la regulación, se puede dar a ese problema.
La revolución digital provoca también numerosos temores en cuanto al empleo y su organización: ¿qué empleos están desapareciendo o van a desaparecer? ¿Seguirá habiendo empleos cuando los software inteligentes y los robots sustituyan tanto a los puestos de trabajo cualificados como no cualificados?.
En muchos ámbitos, somos dependientes de la opinión de unos expertos mucho mejor informados que nosotros: el médico en el caso de nuestra salud, el bancario para nuestras inversiones y créditos, el arquitecto o constructor cuando queremos construir nuestra casa, el notario a la hora de realizar operaciones patrimoniales, el vendedor cuando compramos un producto de características técnicas complejas. Esta confianza puede basarse en la reputación, como en el caso de un restaurante. Nos fiamos de las calificaciones de los usuarios del establecimiento, de lo que nos aconsejan nuestros amigos.
Internet no tiene fronteras y está bien que así sea. Pero es importante que los países cooperen fiscalmente para evitar que la optimización fiscal permita que un país atraiga a las empresas no por su dinamismo, sino por las ventajas de su oferta fiscal (otra cosa es el tema del impuesto correcto sobre sociedades, pero no lo trataré aquí).
Un ejemplo de un acuerdo en este sentido es al que se ha llegado recientemente respecto al IVA de las compras en línea en el seno de la Unión Europea. Este acuerdo autoriza al país del comprador a percibir el IVA sobre la compra en línea, permitiendo así eliminar la competencia fiscal sobre el IVA: hasta enero de 2015, el IVA lo percibía el proveedor, lo que incentivaba a las empresas a localizarse en países con IVA bajo para servir a unos consumidores que en parte estaban localizados en países con IVA alto. Este nuevo régimen es una respuesta normativa correcta en el caso de comercios como Amazon, que factura al particular las compras. Pero no resuelve el problema de las plataformas de dos caras, como Google, que técnicamente no pueden vender nada al consumidor francés, pero cobran una tarifa a los anunciantes que, a continuación, venden al consumidor francés. Actualmente se está discutiendo cómo resolver este problema, pues la base imponible es mucho menos clara que cuando se trata de la venta de un libro o de una pieza de música.
Lo digital es una magnífica oportunidad para nuestra sociedad, pero introduce nuevos peligros y amplía otros. Confianza, propiedad de los datos, solidaridad, difusión del progreso tecnológico, empleo, fiscalidad son otros tantos desafíos para la economía del bien común.

Aparte de la crisis que desde hace unos años vive la zona euro, una fuente de inquietud para Europa occidental radica en que su índice de innovación es hoy menor que el de Estados Unidos y es posible que, en un futuro, también que el de los países asiáticos que invierten intensamente en economía del conocimiento. La innovación requiere una cultura e instituciones apropiadas. Examinensé, pues, las características del medio que debe rodear a la innovación.
Finalmente, un modelo colaborativo, alternativo a la propiedad intelectual, o, más bien, basado en un concepto diferente de propiedad intelectual: el software libre. Se trata de un modelo de organización original; intentaremos comprender sus particularidades y estudiaremos las estrategias al respecto de los diferentes actores económicos.

Aunque la economía ha guiado las reformas que incentivan a los monopolios naturales a reducir sus costes y a adoptar unos precios en favor del bienestar de la sociedad, aunque nos ha permitido comprender cómo introducir sin dogmatismos la competencia en estos sectores, aunque ha demostrado que servicio público y competencia son perfectamente compatibles, aún hay mucho trabajo que realizar y mucho que aprender. En favor del bien común.

The author is a Nobel prize-winner in economics and has developed what is described as a ‘bold new agenda for the role of economics in society’. It may appear to many to be a dry, focussed read but it is capable of being transformative and valuable, propelling the science of economics to a visible, proactive force for good.
The author seeks to engage with the challenges that society is facing, utilising the power of economics to identify and action challenges. The objective is a ‘call-to-arms’, a manifesto for future change – as delivered through the book. It made for an interesting read, considering broader issues such as digital change, innovation, economic systems and financial order. It is a book for thinking about, rather than a guide to economics per se, yet it is very giving and accessible.
Nothing is unchallenged. Do we really have the best economic system and the best implementation for its operation? Could more be done? Is political control and will sufficient? Do we place our trust in an economic system that perhaps cannot be wholly trusted? All this and more come out in this massive book. It is something you really need to read in a quiet place, taking time to enjoy a sequential read and consider the messages being proffered. Of course, you can short-circuit the book, but do that at your own risk and fear of losing out!
Naturally, the author’s own personal views are featured heavily and no apology is made for this. The author is clear that there are no pre-determined answers and desires that the reader uses the book as a tool for questioning and thought generation. It is not a given that you will agree with everything and that can be good too. Diversity in opinion and thought is to be encouraged as that can make for stronger decision-making and adherence on a meta-level.
This can be a utopia for economics and politics nerds. Curious generalists can enjoy it too. It is deceptively clear and engaging for what you are getting and manages to service both audiences well. The chapters are quite short and broken down into sections and this aids the digestive process. The price may place it out of reach of some casual readers, but it is not an unreasonable price when its contents are considered.
Clear, direct, based on deep analysis. Appropriate for economists and non-economists. The former can strengthen their knowledge. The latter learn faithfully how they think and what good economists do.

Since the resounding economic, cultural, social and environmental failure of the planned economies, since the fall of the Berlin Wall and the economic metamorphosis of China, the market economy has become the dominant, if not exclusive, model of organization of our societies. Even in the “free world,” political power has lost its influence in favor of the market and a number of new actors. Privatizations, openness to competition, globalization, the systematic use of auctions for public contracts restrict the scope of public decision. And the judicial apparatus and the independent regulatory authorities, organs not subject to the primacy of the political, have become indispensable actors.
However, the victory of the market economy has only been a half-hearted victory, because people have not been won.
The economy is neither at the service of private property and individual interests, nor that of those who would like to use the State to impose their values ​​or make their interests prevail. It rejects both the supremacy of the market and the supremacy of the State. The economy is at the service of the common good; Your goal is to achieve a better world. For this, their task is to identify the institutions and policies that will favor the general interest. In its search for welfare for the community, the economy encompasses the individual and the collective dimension of the subject.

Market and the State are not alternatives, but, on the contrary, depend on each other. The proper functioning of the market depends on the proper functioning of the State. Conversely, a failing State can not contribute to market efficiency or offer an alternative. However, like the markets, the State frequently fails. For multiple reasons.
The first is because the lobbies kidnap him. It is common to hear about friendships or compadreos (for example, the possibility of future employment in a certain sector) that create collusion between the state and those that supposedly regulates. But it is only a small part of the equation. In the nature of incentives in politics is the desire to be elected or re-elected, and this can distort decisions in two ways.
First of all, there is a great temptation to take advantage of the prejudices and the lack of competence of the electorate. Second, the costs of lobbying-friendly policies are often less visible to the rest of the community (for example, taxpayers and consumers), but their benefits are very visible in a lobby very mobilized. This asymmetry of information, sometimes increased by the deliberate decision to make aid opaque, biases public decisions. Another example of policy whose benefits are visible to the beneficiaries and the costs that are not very visible for the rest are clientelism, the result of the creation of employment that many territorial communities practice and that leads to their hypertrophy.
It is surprising that the capitalist mode of management is so widespread. In a company there are, in effect, many parties involved, that is, actors affected by the company’s decisions: obviously, those who contribute capital, but also the employees, subcontractors, customers, territorial communities and countries in which it is located, bordering countries that, for example, could suffer its contamination. It is possible, then, to conceive a multitude of organizations where the various parties share power in configurations of variable geometry (granting more or less voting rights in the boards of directors) and generating through it various forms of co-management.
And, in fact, there are other forms of governance. In many sectors there is cooperative governance, in which the users of a service have and decide by consensus the way in which this service will be managed and shared.

The parasite phenomenon is aggravated by the idea that, in a future negotiation, everyone will get more if they do less today. Based on both theory and past experience, countries realize that the stronger their current intensity of CO2 emissions, the more force they will have when demanding compensation on the day they join an agreement. global: in effect, they will have such a level of CO2 emissions that their motivation to sign the agreement will be very low and the international community will be forced to compensate them more (in the form of money or free negotiable emission rights) to convince them of sign This was the case in the hard negotiation, in the 1980s, between the States of the American Midwest and the rest of the States for the reduction of emissions of sulfur dioxide.

Although it is emblematic, the employment contract is not solely responsible for the current situation in France and Europe. Among other criticisms, usually addressed to institutions, we mention:
• The mediocrity and high cost of vocational training managed by social agents: a training that is not aimed at the relevant categories of employees, which only includes a small percentage of training that leads to diplomas or certificates and which, together with learning, absorbs 32,000 million euros per year, that is, 1.6 percent of GDP.
• Insufficient learning and alternating employment / studies.
• The lack of adequacy of education to the demand for company personnel and insufficient qualification (the strong unemployment rate coincides with a real shortage of labor in certain types of employment).
• The French option to effect the redistribution of wages through the minimum wage (the Smic, the highest in the European Union), instead of through the taxation, that is, with a tax credit on labor income ( a premium for employment that compensates for the reduction of the minimum wage, as well as a lower minimum wage for those who have their first job).
• The management of unemployment insurance and the public employment service.
* Lack of flexibility in hiring.
• The existence of some closed professions (for example, taxis) that prevent the creation of jobs for which, however, there is demand.
It is evident that in this issue there is no French cultural exception, but rather the countries of Northern Europe and the Anglo-Saxons, because, as the same causes produce the same effects, the other countries of Southern Europe (Spain, Italy, Portugal , Greece), endowed with similar institutions, also have, as we have seen, some dire (even worse) statistics.

Economists never take sides on whether they should work 35, 18 or 45 hours a week. That is a decision of society … and of the people involved. On this last point, there is no reason why, if they are given the freedom to determine their working hours (as is the case of independent workers), all people opt for the same; some will prefer more free time and less income, others will choose the opposite. On the contrary, the thesis according to which reducing the working day, advancing the retirement age, blocking immigration, adopting protectionist measures or reinstating military service will create jobs has no basis, neither theoretical nor empirical.

The digital revolution is a source of opportunities. Like it or not, it will take place and will affect all sectors. For this reason, we must anticipate the numerous problems it poses to us in order to adapt to them instead of suffering them: trust in the web platforms, confidentiality of data, maintenance of solidarity in our health systems, fear of atomization of work and the increase of unemployment or the establishment of an increasingly complicated taxation. These complex issues underlie considerable challenges to which it is urgent to provide a framework for reflection.
First, I will mention the need for Internet users to trust the digital ecosystem. These data today constitute a formidable economic and political asset for those who own them. But its use will not always be what we would like. This will take me to the complex problem of property rights over data. I will explain below why the information can destroy our health insurance system based on solidarity and I will outline the answer that, from the point of view of regulation, can be given to that problem.
The digital revolution also raises many fears about employment and its organization: what jobs are disappearing or are going to disappear? Will there still be jobs when intelligent software and robots replace both skilled and unskilled jobs?
In many areas, we are dependent on the opinion of experts much better informed than us: the doctor in the case of our health, the bank for our investments and credits, the architect or builder when we want to build our house, the notary at the time of performing patrimonial operations, the seller when we buy a product with complex technical characteristics. This trust can be based on reputation, as in the case of a restaurant. We trust the qualifications of the users of the establishment, of what our friends advise us.
The Internet has no borders and it is good that it should be so. But it is important that countries cooperate fiscally to avoid that fiscal optimization allows a country to attract companies not because of its dynamism, but because of the advantages of its fiscal offer (another thing is the issue of the correct corporate tax, but I will not treat it here).
An example of an agreement in this regard is the one that has recently arrived regarding the VAT of online purchases within the European Union. This agreement authorizes the buyer’s country to receive VAT on the online purchase, thus allowing to eliminate tax competition on VAT: until January 2015, the VAT was paid by the supplier, which encouraged companies to locate in countries with Low VAT to serve consumers that were partly located in countries with high VAT. This new regime is a correct regulatory response in the case of businesses like Amazon, which invoices the individual purchases. But it does not solve the problem of two-sided platforms, such as Google, which technically can not sell anything to the French consumer, but charge a fee to advertisers, who then sell to the French consumer. Currently, we are discussing how to solve this problem, because the tax base is much less clear than when it comes to the sale of a book or a piece of music.
Digital is a great opportunity for our society, but it introduces new dangers and expands others. Confidence, ownership of data, solidarity, dissemination of technological progress, employment, taxation are other challenges for the economy of the common good.

Apart from the crisis that the Eurozone has been experiencing for some years, a source of concern for Western Europe lies in the fact that its rate of innovation is lower today than that of the United States and it is possible that, in the future, that of the Asian countries that invest heavily in the knowledge economy. Innovation requires an appropriate culture and institutions. I examined, then, the characteristics of the environment that should surround innovation.
Finally, a collaborative model, alternative to intellectual property, or, rather, based on a different concept of intellectual property: free software. It is an original organization model; we will try to understand its particularities and we will study the strategies in relation to the different economic actors.

Although the economy has guided the reforms that encourage natural monopolies to reduce their costs and adopt prices in favor of the welfare of society, although it has allowed us to understand how to introduce without competition the dogmatism in these sectors, although it has shown that public service and competence are perfectly compatible, there is still a lot of work to be done and much to learn. In favor of the common good.

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