En El Punto De Mira — Baltasar Garzón / In The Spotlight by Baltasar Garzón (spanish book edition)

Me ha parecido un libro muy interesante, narra en él las vicisitudes que atravesó hasta que de forma torticera fue inhabilitado y apartado del ejercicio judicial. Y así es en la primera parte del libro, pero inmediatamente, y en ocasiones de forma simultánea, el ‘punto de mira’ son otros muchos asuntos judiciales con los que tuvo que lidiar en sus veinticinco años como juez de la Audiencia Nacional, y con diferentes temas relacionados con la justicia.
Destaco el alud de información que maneja y traslada literalmente a este volumen de más de mil páginas. Pasa revista a todas las causas en las que intervino contra el crimen organizado, con profusión de detalles y evocando paso a paso su actuación personal y la de su equipo.
Aunque él mismo se define como «aprendiz de escritor», su pluma es ágil y clara, y de ella han salido ya otras obras que desmienten su modesta opinión.
Qué pena que Baltasar Garzón se haga eco —de forma episódica y coyuntural, naturalmente— de la opinión generalizada y alimentada de autores foráneos de que la Inquisición fue un invento español y que solo en España se practicaron autos de fe. Pero, claro, Baltasar Garzón es juez, no historiador. Cuando el Tribunal de la Inquisición se instauró en España en 1478 llevaba doscientos cincuenta años funcionando en Europa (la creó el papa Gregorio IX en 1231) ejercitándose en torturas y ajusticiamientos que habrían de terminar también adoptándose, cómo no, en suelo patrio. La Leyenda Negra fraguada más allá de nuestras fronteras se encargó de tergiversar también esta verdad histórica y nos endilgó el sambenito del origen español de la Inquisición, que nosotros, proclives siempre al autoflagelación, nos creímos a pie juntillas.

Tan significativo fue ese caso que no es aventurado decir que para la Seguridad del Estado, para la Justicia española y quizá también para la prensa hay un antes y un después que marcan los GAL. Su existencia surgió de aplicar la ley del Talión contra Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el grupo terrorista que, amparado en el nacionalismo vasco, buscaba con las armas la independencia del País Vasco, Euskal Herria, respecto de España. Y su enjuiciamiento supuso la legitimación del Estado de derecho en la lucha —desde la Justicia— contra el terrorismo.
Visto con perspectiva, es realmente difícil creer que un asunto que consistía en matar o secuestrar a terroristas saltándose groseramente todas la leyes posibles pudiera finalizar de manera satisfactoria para el antiguo responsable de Interior cuando se descubrió que los que estaban detrás de la guerra sucia a ETA eran policías y matones subcontratados por policías y pagados con fondos reservados, es decir, secretos, del ministerio que él mismo había encabezado.
Era evidente que el invento de los GAL no podía terminar bien. No fue un asunto baladí: la «guerra sucia» bajo los gobiernos socialistas se cuantificó en treinta y dos atentados, en los que murieron treinta y dos personas y resultaron heridas varias decenas. Una estadística que, además, está jalonada de numerosas equivocaciones en la identificación de los objetivos y donde más de uno fue asesinado, digamos, por «error». Además, aquellos que se encargaron de estas operaciones dejaron tras de sí un visible rastro de dinero procedente de los fondos reservados que gastaron tanto en la contratación de hampones de segunda fila como en usos particulares o bien en las mesas de juego de los casinos, a las que algún implicado en aquellos asuntos era aficionado.
Tantos fallos, tantas pruebas y una investigación que levantó ampollas y generó ríos de tinta desembocaron en una primera sentencia, emitida en 1989. Dos policías, José Amedo y Michel Domínguez, fueron sentenciados a ciento ocho años de cárcel. Tras la condena, volvieron los errores de cálculo y la «compra» del silencio de ambos condenados, quienes respetaron ese pacto en todo momento hasta que, en diciembre de 1994, lo rompieron al sentirse abandonados.
Se cometió un grave error: se pagó la fianza de algunos altos cargos, pero se abandonó a su suerte a otros policías implicados. Estos se sintieron agraviados y comenzaron también a hablar; exactamente lo mismo que hizo Julián Sancristóbal, exdirector general de la Seguridad del Estado, cuando se consideró olvidado por sus antiguos compañeros.
Sea como fuere, lo cierto es que se generó una situación de gravedad inusitada entre los dos países, España y Francia, que si a nivel político era complicada, mucho más lo fue en el ámbito judicial. La incidencia de las acciones violentas de los GAL influyeron directa y negativamente en la cooperación judicial de la época en materia de lucha contraterrorista. Los jueces franceses rehusaban cualquier tipo de contacto y colaboración con los españoles, a los que consideraban como parte de un Estado que amparaba las acciones ilícitas contra ETA y consentía la práctica de la tortura. En gran medida no les faltaba razón. En la AN existía muy poca voluntad de profundizar en los mecanismos que garantizaran la limpieza en las acciones policiales y, en el seno del Ministerio del Interior, no había interés alguno en que se investigaran las acciones de los GAL, por lo que la colaboración que encontré en el mismo fue nula. Bueno, sí conseguí algo: que se designara a dos policías para que me ayudaran en la investigación. De nuevo quienes los seleccionaron —pensando que los nombrados servirían de secante— erraron, pues se impuso la profesionalidad de ambos funcionarios policiales.

La seguridad del Estado no se consigue quebrantando la de los ciudadanos y ciudadanas ni transgrediendo la legalidad en aquellas zonas sensibles del mismo. El aprovechamiento de los fondos reservados y su desvío de la verdadera finalidad que la ley les asigna es no solo uno de los ejemplos más flagrantes de corrupción en el sector público, sino una de las evidencias más graves de que el concepto de Estado que defiendían estos ex altos responsables, y los que como ellos piensan, constituye un riesgo para la democracia y deben ser apartados de la función pública.
Debo reconocer que, en el ámbito penal, no hemos sido capaces de despejar la X de los GAL. Pero esto solo es verdad en apariencia, porque sí se ha logrado, con todas las dificultades y superando todos los obstáculos, que aquellas prácticas desaparecieran, de modo que una forma de actuar ilegalmente como aquella nunca más pueda asumirse como una posibilidad en la democracia española. La razón de Estado no puede amparar la comisión de hechos delictivos porque entonces actúa contra la esencia del mismo Estado, formada por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que lo integran.

El combate contra el crimen organizado y contra una de sus específicas manifestaciones que, durante décadas, ha contaminado y contamina la práctica totalidad de las sociedades y frente a la cual seguimos sin hallar una solución viable y sostenible. Me refiero al mundo de las drogas y su incidencia en la sociedad y por ende en las relaciones humanas. Ambos acontecimientos afectan a dos de los ámbitos estelares en el modo de afrontar el combate de esta lacra.
A finales de los años ochenta, la expresión crimen organizado solo se conocía en España por su visualización cinematográfica en películas como El Padrino, de Francis Ford Coppola. Pero en el país comenzaban a instalarse organizaciones de todo tipo, a la vez que las nacionales estaban mutando de un ámbito como el del contrabando del tabaco o el estraperlo de la época franquista al mucho más lucrativo del tráfico de drogas. Las organizaciones turcas de la heroína, los carteles colombianos —liderados por Rodríguez Orejuela, los Ochoa, Rodríguez Gacha, Escobar…— y toda la pléyade de actores que irían apareciendo habían fijado sus miradas en España por su idónea situación geográfica como puerta de Europa y lugar de comercialización sin demasiados riesgos.
En nuestro país se pasó, en pocos años, de la distribución casi exclusiva de heroína y hachís a la estelar cocaína, con ingentes cantidades importadas especialmente por vía marítima y frente a las cuales ni las fuerzas policiales ni la justicia tenían los medios y los mecanismos adecuados para presentar batalla. Era urgente superar a esa realidad, así como imprescindible corregir la torpe negación política de este fenómeno, la cual llegaba a tal punto que la expresión crimen organizado no apareció en un programa electoral hasta 1993, y lo hizo en el PSOE, porque así lo reclamamos dos jueces, Ventura Pérez Mariño y yo mismo. A cambiar esa situación nos aplicamos un grupo de personas desde diferentes posiciones.
Al final de la década de 1980 se produjo el verdadero salto cualitativo a la cocaína; en este salto también influyó el hecho de que los carteles sudamericanos empezaron a encontrar grandes dificultades para abastecer el mercado estadounidense, debido a la presión policial en aquel país, y a que ese mercado empezó a mostrar síntomas de saturación; ante esto, los carteles decidieron abrir el mercado europeo y para ello hicieron un estudio a través del cual llegaron a la conclusión de que una de las formas más factibles de introducirse en Europa podría ser a través de las costas gallegas, por dos motivos principales: uno, la identidad de idiomas, y otro, la existencia de aquella infraestructura marítima que permanecía prácticamente intacta.
A partir de entonces empezaron las relaciones entre carteles colombianos y algunos contrabandistas gallegos, y de esta manera comenzó una época compleja, a la que se hizo frente con los instrumentos de los que se disponía, con una voluntad férrea de no permitir que el crimen organizado fagocitara a la sociedad, impregnándola de miedo y coacción por su acción sostenida. Se trataba de no permitir que España se «sicilializara» y, especialmente, aquella parte del territorio nacional (Galicia) que era la más proclive a ello por la incidencia previa de la actividad organizada del contrabando.
Destacó la operación Green Ice, por el color de los billetes de cien dólares, la Operación Hielo Verde supuso uno de los esfuerzos internacionales más importantes de la época. El número de personas vinculadas judicialmente por los delitos de lavado de dólares y narcotráfico en esta operación, desarrollada en todo el mundo, fue de doscientas sesenta.
El combate contra la drogadicción y la instauración de políticas de convivencia, educación, respeto a la autonomía de la voluntad y la libertad, debe estar en la base sobre la cual apoyar todos los esfuerzos de la sociedad. Y en este sentido, desde mi experiencia, que se ha extendido a muchos ámbitos de la prevención y la recuperación de personas adictas a estos consumos, puedo afirmar que Proyecto Hombre ha tenido una visión de conjunto completa y exhaustiva del fenómeno. La igualdad ha estado y está presente en este esfuerzo común de tantas personas que dejan su vida, en forma constante, por la idea de ayudar a quienes necesitan el apoyo para recuperar su propia dignidad como seres humanos y para reintegrarse a una sociedad agresiva que no siempre los recibe con los brazos abiertos. Han sido muchos los casos, afortunadamente casi superados, en los que comunidades de pueblos y ciudades han rechazado inicialmente la instauración de Proyecto Hombre, para acabar aceptando que era mucho más beneficiosa su estancia que su ausencia.
La sociedad debe ser consciente de la necesidad de su implicación en la tarea de la recuperación de aquellos miembros que, más por deficiencias de esta que por su propia voluntad, se han visto abocados a una situación dañina para sí mismos.

Si existe un fenómeno poliédrico en la sociedad moderna es el del terrorismo. A pesar de los años que llevamos combatiéndolo, no contamos siquiera con un concepto uniforme sobre lo que se entiende por él con incidencia universal. Probablemente existan tantas definiciones como sistemas penales se aplican a su confrontación.
En este sentido, si algo he aprendido en estos más de veintiocho años estudiándolo e investigándolo es la funcionalidad o relatividad con las que actúa. No siempre algunas conductas serán consideradas terroristas y, más de una vez, aquellas que lo son dejarán de serlo. Que una conducta sea calificada como terrorista dependerá del momento y de la coyuntura política de ese momento.
En España, determinados niveles y zonas han padecido la intensidad del fenómeno terrorista de modos diferentes. Curiosamente, y salvo en la época de los GAL, ninguna de las actividades para afrontar la lucha contra el terrorismo se ha salido de la legalidad.
A principios de 1986 el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, adquirió —según declaró ante mí años después—, con conocimiento y autorización del ministro del Interior, José Barrionuevo, y a través del comisario de policía Francisco Álvarez, quien conectó con Francisco Paesa (todos ellos relacionados con los GAL de una u otra forma), que a su vez recurrió al traficante de armas austriaco George Stackman, una partida de cien pistolas de la marca Sig Sauer que, aparentemente, irían a Lima para ser entregadas a la policía peruana, con la condición previa de que el envío pasara por Madrid.
Sin embargo, estas pistolas nunca llegaron a su destino (sí lo haría una partida de ladrillos), sino que fueron entregadas a miembros de ETA —previo pago de las mismas a través de intermediarios—, quienes las emplearon en la ejecución de numerosos atentados.
En la operación participaron, además de las autoridades españolas, la policía francesa —autorizada por el ministro del Interior de ese país, Pierre Joxe— y la CIA, representada por el director de Comunicaciones para Europa Sur y otros agentes. Los españoles se encargarían de la adquisición y circulación de las armas; los de la CIA, de la colocación de los aparatos electrónicos que serían controlados vía satélite, y los franceses asumirían el seguimiento del envío por Francia hasta que se materializara la entrega y subsiguiente detención de los responsables de ETA.
Algo similar ocurrió con la fábrica de Sokoa, también en 1986. Sin embargo, en este caso, en el que intervinieron las mismas agencias y autoridades y el agente de Interior Francisco Paesa, la operación encubierta consistía en la venta de unos misiles Sam 7 —cuyas cabezas de carga hueca estaban desactivadas y en las que se instalaron microtransmisores— y salió bien. Los misiles se transportaron desde Madrid a San Sebastián, y desde allí a un islote situado entre San Juan de Luz y la parte española, en donde estuvieron ocultos casi durante un mes en una especie de cobertizo. Como se agotaron las pilas de los transmisores, fue preciso emplear a buceadores de la Guardia Civil para que las sustituyeran.
ETA anunció el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011. A partir de ahí en el País Vasco se inició una nueva etapa de paz, restauración de la convivencia y el entendimiento con quienes absurdamente produjeron tanto dolor innecesario. El perdón a las víctimas de la violencia era necesario. Este camino conjunto, con el respeto a la diferencia política, es el único capaz de restaurar las heridas abiertas por décadas de terrorismo y confrontación. Pero no solo en Euskadi. Todos los españoles deberíamos acomodarnos a una nueva situación.
En los primeros días de enero de 2016, como ya he mencionado, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia condenatoria de los treinta y cinco miembros acusados de pertenecer a ETA a través de Batasuna mediante ANV y PCTV. Con la admisión de su participación en los hechos, el trabajo emprendido para desarticular la organización terrorista a través del análisis de la estructura que la sustentaba se revelaba correcto.

La investigación sobre terrorismo internacional en España también era competencia de la Audiencia Nacional. El impacto de la actuación de organizaciones terroristas internacionales en nuestro país no fue tan elevado durante los años ochenta y noventa como lo sería después. No obstante, el atentado contra el restaurante El Descanso, cometido el 12 de abril de 1985 y en el que hubo dieciocho víctimas mortales y un centenar de heridos, fue uno de los más brutales ejemplos en ese periodo. Aún sigue sin resolver, ni policial ni judicialmente, a pesar del tiempo transcurrido y de que se relacionó con la Yihad Islámica y, más tarde, con el ciudadano español de origen sirio Mustafá Setmarian Nasar, miembro de Al Qaeda.
Lo que sí había hecho previamente en el marco de la investigación contra Al Qaeda, la llamada Operación Dátil, puesta en marcha en 2001, era ordenar la búsqueda y captura de Setmarian, al que procesé por su integración en organización terrorista durante el tiempo que estuvo en España, antes de los atentados que aquella organización cometió en suelo estadounidense ese mismo año. Pero esto ocurriría años después del atentado en El Descanso. Si este terrorista estuvo o no implicado en él, nunca lo sabremos con certeza. Como tampoco supimos dónde estuvo desde que Estados Unidos lo detuvo en 2005 y «desapareció» en cárceles secretas durante años. Pero esa es otra historia.
Sin duda para mí, el atentado de El Descanso estuvo estrechamente relacionado con la presencia militar de Estados Unidos en España y su objetivo eran víctimas de este país, pero las bombas son ciegas a la hora de matar después de que la mano asesina de quien las coloca activa el mecanismo.
A pesar de estas evidencias, antes de los atentados del 11-M se tomaba a broma la presencia de este tipo de actividades terroristas en nuestro país. Tan duro como real. Sin embargo, como en tantas otras cosas, aún no se ha hecho, ni creo que se haga, una autocrítica seria de esa desidia durante años. Pero es que después, cuando se intentó investigar globalmente la germinación y desarrollo del fenómeno, la respuesta de los tribunales no fue precisamente la más idónea, al exigir para la catalogación como organización terrorista los mismos parámetros doctrinales que para ETA, cuando eran fenómenos muy diferentes en cuanto a la forma de conformarse y actuar, siendo mucho más letales e indiscriminados los efectos de esta nueva forma de terrorismo.
La falta de percepción de su diferente naturaleza se convirtió así en el principal hándicap para alcanzar una verdadera efectividad frente a esta forma de penetración del terror. Desafortunadamente, en algunos momentos se han hecho experimentos en las sentencias.

En todo caso, España ha sido el país que, habiendo sufrido el zarpazo terrorista más descomunal después de la caída de las Torres Gemelas, quizá ha respondido con mayor racionalidad frente al fenómeno terrorista, desde el derecho y manteniendo las normas preexistentes y las garantías vigentes en el momento previo a este recrudecimiento terrorista universal. Pero también ha prescindido, en forma absurda, de mecanismos eficaces como la jurisdicción universal, limitando su alcance cuando ha mostrado ser un instrumento eficaz contra la persecución de crímenes masivos. Si bien, en este caso, tal limitación legislativa —de la que ya he hablado en otra parte de este libro— obedeció a criterios políticos y económicos que poco tienen que ver con los jurídicos que sustentan este principio.

Donde brilla por su ausencia es entre los medios de comunicación cuando se trata de los intereses políticos o económicos que los rodean. Quizá existan alianzas temporales o coyunturales, pero, desde luego, en el mundo de los mass media rige la máxima de acabar con el competidor como una «obligación». Los pactos de no agresión son raros y, cuando se producen, más bien obedecen a razones de índole estratégica.
A lo largo de mi vida he tenido ocasión de conocer, hablar e incluso tener amistad con algunos periodistas. Ninguno de ellos, como es lógico, se resiste a no publicar un scoop —una exclusiva— aun cuando pueda suponer un grave riesgo de daño potencial o real para una colectividad… o una investigación judicial.
La incidencia de la comunicación de noticias judiciales en la vida pública, especialmente cuando se refieren o surgen de investigaciones penales, es de tal importancia que resulta muy difícil entender una sociedad democrática actual si esas pesquisas y sus interioridades no son transmitidas, comentadas o analizadas por los medios de comunicación o en las redes sociales. Hoy en día nadie se sustrae a la inercia de la comunicación. Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Haystack, Youtube… Quien no tiene un perfil en internet no está a la altura. Incluso hay funcionarios públicos que tienen un blog o sitio en el que comentan sus noticias e incidencias. Esto es bueno para la transparencia del sistema y refuerza el Estado de derecho, y siempre me he pronunciado a favor de las mismas como un mecanismo de participación y vigilancia ciudadanas que obligue a abrir los palacios de justicia. Pero corren el peligro de convertirse también en el medio más idóneo para quebrantarlos, por cuanto la incidencia del «juicio paralelo» puede ser de tal nivel que distorsione definitivamente la ecuanimidad y solvencia de la opinión que se emita.
Los casos Sogecable y Telecinco reflejaron bien a las claras esas esferas de poder. En ellos se puso de manifiesto la confrontación del poder político del Gobierno con los medios contrarios, impulsada por el afán de controlarlos, o se buscó un beneficio económico para los «amigos». En uno y otro, lo que más sufrió fue la propia credibilidad del sistema judicial. En ambos, el escenario de actuación fue, de nuevo, la Audiencia Nacional, que siempre ha sido el objetivo primordial de esos juegos de guerra en los que la posición ganada era defendida hasta la extenuación por políticos, empresarios, banqueros, medios de comunicación, narcotraficantes o terroristas, salvando las distancias entre unos y otros, pero sin olvidar cómo algunos, durante más de diez años, han mantenido una bandera por intereses estrictamente económicos y políticos aun contando con evidencias contrastadas, la verdad material y judicial, en contra. Me refiero aquí al otro gran caso de manipulación mediática, el derivado de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Algunos jueces, fiscales y profesionales de la justicia hemos sido, incluso aún hoy, «tontos útiles» o títeres en manos de algún que otro prestidigitador oportunista, sin percibir siquiera nuestro protagonismo…
Las imputaciones contra Silvio Berlusconi quedaron en suspenso nuevamente entre 2008 y 2011 porque, por tercera vez, fue nombrado primer ministro de Italia al ganar las elecciones con Popolo della Libertà, una coalición de varios partidos, junto con la Liga Norte y el Movimiento por la Autonomía. Terminaba así el caso Telecinco en España.
Pero la Justicia italiana sí persistió y, una vez que perdió el poder político, a Berlusconi se le abrieron hasta cinco procesos en su país. Finalmente, resultó condenado el 1 de agosto de 2013 a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el caso Mediaset. Tres meses después, en noviembre, era expulsado del Senado italiano.

De lo que sí estaba harto era de mezquindades como la suciedad que rodeaba a algunos responsables políticos en su relación con la Justicia; su instrumentalización por aquellos; los juegos de poder a espaldas de los ciudadanos, los servilismos mediáticos de algunos y el aprovechamiento impúdico de otros. La campaña de persecución desplegada después de desencadenar la Operación Gürtel fue brutal. Ni en el peor momento de los GAL se actuó tan sistemáticamente y con tal bajeza, hasta el punto de que algunas estructuras judiciales pusieron de manifiesto innegables servidumbres con el poder político.

El autor nos adentra en su concepto de Justicia. Quienes defendemos la jurisdicción universal sabemos que este instrumento no muere en Europa, donde sí nacieron las causas que lo hicieron imprescindible para las víctimas, sino que renace, se fortalece y se consolida en Senegal, en Sudáfrica, en Argentina y allí donde exista la convicción de que nos unen unos valores universales que debemos defender para conservar, como seres humanos, nuestra dignidad.

La red de empresas de los detenidos era impresionante: Special Events, la más famosa, y su filial Orange Market, Ekobaby (comercio de frutas), Formación Comunicación y Servicios, Pasadena Viajes, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor), Welldone 2002, Hator Consulting (compraventa mobiliaria), Studios Vesubio (inmobiliaria), Technology Consulting Management (urbanismo), Rialgreen (publicidad), Osiris Patrimonial (compraventa mobiliaria), Forever Travel Group (viajes), Inversiones Kintamani, Cresva (publicidad), Proyectos Financieros Fillmore, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (inmobiliarias), Gestión y Equipamientos Deportivos (servicios deportivos), Uno Más Cuatro Comunicación, Good and Better, Easy Concept, Catalunya Nord Record…
La sentencia del caso Gürtel, de la que fue también obra y parte el magistrado Marchena, motivó que durante once años no pudiera ocupar mi puesto de juez. Esta inhabilitación se produjo el 23 de febrero de 2012. Pues bien, una semana después, el 2 de marzo, el Consejo de Ministros creó una comisión institucional cuyo cometido sería presentar una propuesta de texto articulado de la Lecrim. Entre otras cosas, tendría como objeto luchar contra la creciente inseguridad jurídica, delimitar las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, regular el sometimiento a plazo del secreto de sumario e incrementar el control de las intervenciones telefónicas…
Curiosamente, entre los miembros de la comisión figuraba como presidente «Manuel Marchena Gómez, magistrado del Tribunal Supremo» y, según indica el BOE, entre los miembros que se designaron se encontraba ni más ni menos que «don Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y abogado». En efecto, Rodríguez Ramos era abogado —de varios implicados en la trama Gürtel— e impulsor, desde su puesto de vicedecano en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) al principio de toda esta historia, de la toma de posición de esta institución en la querella que afectaba al PP.
Magistrado y abogado debían llevar tiempo postulados para este tema.

Cuando recibí la sentencia por la que se me condenó, no quise que nadie me acompañara. Cerraba mi propio círculo.
Un 9 de febrero de 2012.

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It was a very interesting book to me, it narrates in him the vicissitudes that he crossed until in a tortuous way he was disqualified and removed from the judicial exercise. And so it is in the first part of the book, but immediately, and sometimes simultaneously, the ‘point of view’ are many other judicial matters that he had to deal with in his twenty-five years as judge of the National Court, and with different issues related to justice.
I highlight the avalanche of information that manages and literally translates to this volume of more than a thousand pages. He reviews all the causes in which he intervened against organized crime, with profusion of details and evoking step by step his personal performance and that of his team.
Although he defines himself as “apprentice writer”, his pen is agile and clear, and other works have already come out that belie his modest opinion.
What a shame that Baltasar Garzón echoes-episodically and circumstantially, of course-the generalized opinion and fed by foreign authors that the Inquisition was a Spanish invention and that only in Spain were cars made of faith. But, of course, Baltasar Garzón is a judge, not a historian. When the Court of the Inquisition was established in Spain in 1478, it had been operating in Europe for two hundred and fifty years (it was created by Pope Gregory IX in 1231), exercising torture and executions that would also end up being adopted, of course, in the homeland. The Black Legend, forged beyond our borders, was also in charge of distorting this historical truth and endowed us with the sambenit of the Spanish origin of the Inquisition, which we, always prone to self-flagellation, believed to the letter.

So significant was that case that it is not risky to say that for State Security, for Spanish Justice and perhaps also for the press there is a before and after that the LAGs mark. Its existence arose from applying the law of the Talion against Euskadi Ta Askatasuna (ETA), the terrorist group that, protected by Basque nationalism, sought with arms the independence of the Basque Country, Euskal Herria, with respect to Spain. And its prosecution was the legitimation of the rule of law in the fight -from the Justice- against terrorism.
Seen with perspective, it is really hard to believe that an issue that consisted of killing or kidnapping terrorists by jumping rudely all possible laws could end satisfactorily for the former head of the Interior when it was discovered that those behind the dirty war against ETA they were policemen and thugs subcontracted by police and paid with reserved funds, that is to say, secrets, of the ministry that he himself had headed.
It was evident that the invention of the LAGs could not end well. It was not a trivial matter: the “dirty war” under the socialist governments was quantified in thirty-two attacks, in which thirty-two people died and several dozen were wounded. A statistic that, in addition, is marked by numerous mistakes in the identification of the objectives and where more than one was assassinated, say, by “error”. In addition, those who were responsible for these operations left behind a visible trail of money from the reserved funds spent both in the hiring of second-row thugs and in particular uses or at the casino gaming tables, which somebody involved in those matters was fond of.
So many failures, so many tests and an investigation that raised blisters and generated rivers of ink led to a first sentence, issued in 1989. Two police officers, José Amedo and Michel Domínguez, were sentenced to one hundred and eight years in prison. After the sentence, errors of calculation and the “purchase” of the silence of both convicts returned, who respected that pact at all times until, in December 1994, they broke it when they felt abandoned.
A serious mistake was made: the bail of some high officials was paid, but other police officers were left to their fate. They felt aggrieved and began to talk; Exactly the same as Julian Sancristóbal, ex-director general of State Security, when he considered himself forgotten by his former colleagues.
Be that as it may, the truth is that there was a situation of unusual seriousness between the two countries, Spain and France, which if at a political level was complicated, much more so in the judicial sphere. The incidence of the violent actions of the LAGs directly and negatively influenced the judicial cooperation of the time in the area of ​​counter-terrorism. The French judges refused any kind of contact and collaboration with the Spaniards, whom they considered as part of a state that protected illicit actions against ETA and consented to the practice of torture. To a large extent, they were right. In the AN, there was very little willingness to deepen the mechanisms that guarantee cleanliness in police actions and, within the Ministry of the Interior, there was no interest in investigating the actions of the LAGs, so the collaboration I found in it was null. Well, I did get something: that two police officers be appointed to help me with the investigation. Again, those who selected them – thinking that the appointees would serve as blotters – erred, because the professionalism of both police officers was imposed.

The security of the Government is not achieved by breaking the citizens’ nor transgressing the legality in those sensitive areas of the same. The use of reserved funds and their deviation from the true purpose that the law assigns them is not only one of the most flagrant examples of corruption in the public sector, but one of the most serious evidence that the concept of the State that defended these formerly responsible, and those who, as they think, constitute a risk for democracy and should be removed from public office.
I must admit that, in the criminal field, we have not been able to clear the X from the GAL. But this is only true in appearance, because it has been achieved, with all the difficulties and overcoming all obstacles, that those practices disappeared, so that a way to act illegally like that can never be assumed as a possibility in the Spanish democracy . The reason of State can not cover the commission of criminal acts because then it acts against the essence of the same State, formed by the group of citizens who make it up.

The fight against organized crime and against one of its specific manifestations that, for decades, has polluted and contaminates practically all societies and against which we still do not find a viable and sustainable solution. I refer to the world of drugs and its impact on society and therefore on human relations. Both events affect two of the stellar domains in how to deal with this scourge.
At the end of the eighties, the expression organized crime was only known in Spain for its cinematic visualization in films like The Godfather, by Francis Ford Coppola. But in the country began to install organizations of all kinds, while the national were mutating from a field like the smuggling of snuff or the black market of the Franco era to the much more lucrative of drug trafficking. The Turkish heroin organizations, the Colombian cartels – led by Rodríguez Orejuela, the Ochoa, Rodríguez Gacha, Escobar … – and all the plethora of actors that would be appearing had fixed their eyes on Spain because of its ideal geographical location as the gateway to Europe and place of marketing without too many risks.
In our country, in a few years, the almost exclusive distribution of heroin and hashish to the cocaine star was passed, with huge amounts imported especially by sea and against which neither the police forces nor the justice had the means and mechanisms suitable to present battle. It was urgent to overcome this reality, as well as to correct the clumsy political denial of this phenomenon, which reached such a point that the expression organized crime did not appear in an electoral program until 1993, and did so in the PSOE, because we claimed it two judges, Ventura Pérez Mariño and myself. To change that situation we apply a group of people from different positions.
At the end of the 1980s, the real qualitative leap to cocaine took place; This jump was also influenced by the fact that the South American cartels began to encounter great difficulties in supplying the US market, due to the police pressure in that country, and that the market began to show signs of saturation; before this, the posters decided to open the European market and for this they made a study through which they came to the conclusion that one of the most feasible ways to enter Europe could be through the Galician coasts, for two main reasons: one, the identity of languages, and another, the existence of that maritime infrastructure that remained practically intact.
From then on relations between Colombian cartels and some Galician smugglers began, and in this way a complex era began, which was faced with the instruments that were available, with an iron will not to allow organized crime It will engulf society, impregnating it with fear and coercion for its sustained action. The aim was not to allow Spain to “Sicilize” and, especially, that part of the national territory (Galicia) that was most prone to this because of the previous incidence of the organized activity of contraband.
The Green Ice operation stood out, for the color of the hundred-dollar bills, Operation Green Ice was one of the most important international efforts of the time. The number of people judicially linked to the crimes of money laundering and drug trafficking in this operation, which was developed around the world, was two hundred and sixty.
The fight against drug addiction and the establishment of policies of coexistence, education, respect for the autonomy of the will and freedom, must be at the base on which to support all the efforts of society. And in this sense, from my experience, which has spread to many areas of prevention and recovery of people addicted to these consumptions, I can say that Proyecto Hombre has had a complete and exhaustive overview of the phenomenon. Equality has been and is present in this common effort of so many people who leave their lives, constantly, for the idea of ​​helping those who need support to recover their own dignity as human beings and to reintegrate into an aggressive society that does not always receives them with open arms. There have been many cases, fortunately almost overcome, in which communities of towns and cities have initially rejected the establishment of Proyecto Hombre, to end up accepting that their stay was much more beneficial than their absence.
Society must be aware of the need for its involvement in the task of recovering those members who, more due to deficiencies of this than by their own will, have been doomed to a situation harmful to themselves.

If there is a multifaceted phenomenon in modern society, it is terrorism. Despite the years we have been fighting it, we do not even have a uniform concept of what is meant by it with universal impact. Probably there are as many definitions as penal systems apply to their confrontation.
In this sense, if I have learned something in these more than twenty-eight years studying and investigating it, it is the functionality or relativity with which it acts. Some behaviors will not always be considered terrorist and, more than once, those that are will cease to be. That a behavior is qualified as a terrorist will depend on the moment and the political conjuncture of that moment.
In Spain, certain levels and areas have suffered the intensity of the terrorist phenomenon in different ways. Curiously, and except in the time of the LAGs, none of the activities to confront the fight against terrorism has gone out of legality.
At the beginning of 1986, the General Director of State Security, Julián Sancristóbal, acquired -according to his statement to me years later-, with knowledge and authorization from the Minister of the Interior, José Barrionuevo, and through police commissioner Francisco Álvarez, who connected with Francisco Paesa (all of them related to the LAG in one way or another), who in turn appealed to the Austrian arms dealer George Stackman, a game of one hundred Sig Sauer brand guns that, apparently, would go to Lima to be delivered to the Peruvian police, with the prior condition that the shipment went through Madrid.
However, these guns never reached their destination (if a brick party did), but were handed over to members of ETA – after payment of the same through intermediaries – who used them in the execution of numerous attacks.
The operation involved, in addition to the Spanish authorities, the French police -authorized by the Minister of the Interior of that country, Pierre Joxe- and the CIA, represented by the Communications Director for Southern Europe and other agents. The Spaniards would be in charge of the acquisition and circulation of arms; those of the CIA, of the placement of the electronic devices that would be controlled via satellite, and the French would assume the follow-up of the shipment by France until the delivery and subsequent arrest of those responsible for ETA materialized.
Something similar happened with the Sokoa factory, also in 1986. However, in this case, in which the same agencies and authorities and Interior Agent Francisco Paesa intervened, the covert operation consisted in the sale of Sam 7 missiles – whose hollow charge heads were deactivated and where microtransmitters were installed – and it went well. The missiles were transported from Madrid to San Sebastian, and from there to an island located between San Juan de Luz and the Spanish part, where they were hidden for almost a month in a kind of shed. As the batteries of the transmitters ran out, it was necessary to employ divers from the Civil Guard to replace them.
ETA announced the definitive cessation of violence on October 20, 2011. From then on in the Basque Country, a new phase of peace began, restoration of coexistence and understanding with those who absurdly produced so much unnecessary pain. Forgiveness of victims of violence was necessary. This joint path, with respect for political difference, is the only way to restore the wounds opened by decades of terrorism and confrontation. But not only in Euskadi. All Spaniards should accommodate a new situation.
In the first days of January 2016, as I mentioned, the Second Criminal Section of the National Court issued a conviction of the thirty-five members accused of belonging to ETA through Batasuna through ANV and PCTV. With the admission of their participation in the events, the work undertaken to dismantle the terrorist organization through the analysis of the structure that supported it was revealed to be correct.

The investigation into international terrorism in Spain was also the responsibility of the National Court. The impact of the actions of international terrorist organizations in our country was not as high during the eighties and nineties as it would be afterwards. However, the attack on the restaurant El Descanso, committed on April 12, 1985 and in which there were eighteen fatalities and a hundred injured, was one of the most brutal examples in that period. It still remains unsolved, neither police nor judicially, despite the time that has elapsed since it was related to the Islamic Jihad and, later, to the Spanish citizen of Syrian origin Mustafá Setmarian Nasar, a member of Al Qaeda.
What I had previously done in the framework of the investigation against Al Qaeda, the so-called Operation Datil, launched in 2001, was to order the search and capture of Setmarian, whom I prosecuted for his integration into a terrorist organization during the time he was in Spain, before the attacks that that organization committed on US soil that same year. But this would happen years after the attack in El Descanso. Whether or not this terrorist was involved in it, we will never know for sure. Nor did we know where he was since the United States arrested him in 2005 and “disappeared” in secret prisons for years. But that’s another story.
Without a doubt for me, the attack of El Descanso was closely related to the US military presence in Spain and its target was victims of this country, but the bombs are blind when it comes to killing after the murderous hand of the place the mechanism active.
Despite these evidences, before the attacks of 11-M, the presence of this type of terrorist activity in our country was taken as a joke. As hard as real. However, as in so many other things, a serious self-criticism of this neglect has not yet been done, nor do I believe, for years. But then, when we tried to investigate the germination and development of the phenomenon globally, the response of the courts was not exactly the most appropriate, requiring for the cataloging as a terrorist organization the same doctrinal parameters as for ETA, when they were very different phenomena. in terms of how to conform and act, the effects of this new form of terrorism being much more lethal and indiscriminate.
The lack of perception of its different nature thus became the main handicap to reach a true effectiveness against this form of penetration of terror. Unfortunately, in some moments there have been experiments in the sentences.

In any case, Spain has been the country that, having suffered the most devastating terrorist blow after the fall of the Twin Towers, may have responded with greater rationality to the terrorist phenomenon, from the law and maintaining pre-existing standards and guarantees in force in the moment prior to this universal terrorist upsurge. But it has also dispensed absurdly with effective mechanisms such as universal jurisdiction, limiting its scope when it has proven to be an effective instrument against the prosecution of mass crimes. Although, in this case, such legislative limitation – of which I have already spoken elsewhere in this book – obeyed political and economic criteria that have little to do with the legal ones that support this principle.

Where it shines for its absence is among the media when it comes to the political or economic interests that surround them. Perhaps there are temporary or conjunctural alliances, but, of course, in the world of the mass media, the maxim of ending the competitor as an “obligation” applies. Non-aggression pacts are rare and, when they occur, rather obey strategic reasons.
Throughout my life I have had occasion to meet, talk and even have friendship with some journalists. None of them, of course, is reluctant to not publish a scoop – an exclusive one – even when it may pose a serious risk of potential or actual harm to a community … or a judicial investigation.
The incidence of the communication of judicial news in public life, especially when they refer or arise from criminal investigations, is of such importance that it is very difficult to understand a current democratic society if those inquiries and their internalities are not transmitted, commented on or analyzed by the media or on social networks. Nowadays no one can escape the inertia of communication. Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Haystack, Youtube … Who does not have a profile on the Internet is not up to par. There are even public officials who have a blog or site where they comment on their news and incidents. This is good for the transparency of the system and reinforces the rule of law, and I have always pronounced in favor of them as a citizen participation and vigilance mechanism that obliges to open the palaces of justice. But they run the risk of becoming also the most appropriate means to break them, because the incidence of “parallel judgment” can be of such a level as to distort definitively the equanimity and solvency of the opinion that is issued.
The Sogecable and Telecinco cases clearly reflected those spheres of power. They showed the confrontation of the political power of the Government with the opposite media, driven by the desire to control them, or sought an economic benefit for the “friends”. In one and the other, what suffered most was the credibility of the judicial system itself. In both, the performance scenario was, again, the National Court, which has always been the primary objective of those war games in which the position won was defended until exhaustion by politicians, businessmen, bankers, the media, drug traffickers or terrorists, saving the distances between one and another, but without forgetting how some, for more than ten years, have maintained a flag for strictly economic and political interests even with contrasted evidences, material and judicial truth, against. I refer here to the other great case of media manipulation, the one derived from the terrorist attacks of March 11, 2004 in Madrid.
Some judges, prosecutors and justice professionals have been, even today, “useful idiots” or puppets in the hands of some opportunist conjuror, without even perceiving our role …
The accusations against Silvio Berlusconi were suspended again between 2008 and 2011 because, for the third time, he was appointed prime minister of Italy when he won the elections with Popolo della Libertà, a coalition of several parties, together with the Northern League and the Movimiento por la Autonomy. Thus ended the Telecinco case in Spain.
But the Italian Justice did persist and, once it lost political power, Berlusconi opened up to five trials in his country. Finally, he was sentenced on August 1, 2013 to four years in prison for tax fraud in the Mediaset case. Three months later, in November, he was expelled from the Italian Senate.

What I was fed up with was pettiness like the dirt that surrounded some political leaders in their relationship with Justice; its instrumentalization by those; the games of power behind the backs of the citizens, the media servitude of some and the impudent use of others. The campaign of persecution deployed after unleashing Operation Gürtel was brutal. Not even in the worst moment of the LAGs did they act so systematically and with such baseness, to the point that some judicial structures revealed undeniable servitudes with political power.

The author takes us into his concept of Justice. Those of us who defend universal jurisdiction know that this instrument does not die in Europe, where the causes that made it essential for the victims were born, but that it is reborn, strengthened and consolidated in Senegal, in South Africa, in Argentina and where there is conviction that we are united by universal values ​​that we must defend in order to preserve, as human beings, our dignity.

The network of companies of the detainees was impressive: Special Events, the most famous, and its subsidiary Orange Market, Ekobaby (fruit trade), Communication and Services Training, Pasadena Travel, Salamanca Construction, Roquiconsa Constructions and 25 Torrent Pins (fabrics al wholesale), Welldone 2002, Hator Consulting (buying and selling), Studios Vesubio (real estate), Technology Consulting Management (urban planning), Rialgreen (advertising), Osiris Patrimonial (buying and selling), Forever Travel Group (travel), Inversiones Kintamani, Cresva (advertising), Fillmore Financial Projects, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (real estate), Management and Sports Equipment (sports services), One More Four Communication, Good and Better, Easy Concept, Catalunya Nord Record …
The sentence of the Gürtel case, which was also the work and part of the judge Marchena, motivated me for eleven years could not occupy my position as judge. This disqualification occurred on February 23, 2012. Well, a week later, on March 2, the Council of Ministers created an institutional commission whose task would be to present a proposal of an articulated text of the Lecrim. Among other things, it would aim to fight against the increasing legal uncertainty, delimit the attributions of powers between judges and prosecutors, regulate the submission of the summary secrecy term and increase the control of telephone interventions …
Curiously, among the members of the commission was named “Manuel Marchena Gómez, magistrate of the Supreme Court” and, according to the BOE, among the members appointed was none other than “Mr. Luis Rodríguez Ramos, Professor of Law Criminal and lawyer ». In effect, Rodríguez Ramos was a lawyer -of several involved in the Gürtel plot- and a promoter, from his position as vice-dean in the Madrid Bar Association (ICAM) at the beginning of this whole story, of the position taken by this institution in the lawsuit that affected the PP.
Magistrate and lawyer had to take time postulates for this subject.

When I received the sentence for which I was convicted, I did not want anyone to accompany me. I closed my own circle.
On February 9, 2012.

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