Más Claro Agua. El Plan De Saqueo Del Canal de Isabel II

Ilustrar de forma más general el saqueo de lo público que han venido practicando impunemente ciertas elites o «castas» en nuestra coronada y despótica democracia. «Castas» o elites que acostumbran a camuflar su comportamiento caciquil enarbolando a modo de señuelo banderas liberales y democráticas para desviar las críticas hacia supuestos imperativos de los mercados y la competitividad que ellos mismos se saltan a la torera a diario, para imponer y adjudicar sigilosamente a la carta privatizaciones, operaciones, plusvalías, contratas y regalos en beneficio de intereses bien particulares, y en perjuicio de la mayoría.
El Canal de Isabel II (CYII) es una entidad con una larga historia de gestión pública concebida para garantizar el abastecimiento de Madrid con agua de calidad.
El CYII pasó a ser una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid (CM). No se trata de una empresa cualquiera, sino la más importante de la CM en muchos aspectos, que cuenta con un inmenso patrimonio en terrenos, inmuebles, infraestructuras, dotaciones y derechos que el Estado le fue otorgando o financiando para facilitar su labor. El manejo discrecional de una empresa tan potente y saneada como esta ha venido siendo el oscuro objeto del deseo de intereses privados a los que el Gobierno regional trata de satisfacer con su privatización.
El afán de promover el negocio privado asociado a la privatización de lo público se ha visto impulsado en los últimos tiempos de crisis por una confluencia perversa.
Una vez visto que los intereses privados tratan usualmente de sacar tajada de lo público, la novedad estriba en que la crisis desplazó ese empeño desde la alegre promoción y financiación de infraestructuras, operaciones inmobiliarias, megaproyectos, peajes o contratas, hacia la privatización y liquidación de lo que era público. Es decir, que el capitalismo reinante pasó, en buena medida, de exprimir lo público a tratar de apropiárselo a precio de saldo, rebuscando para ello entre los restos de lo público que todavía no habían caído en manos privadas y por lo tanto eran privatizables. En suma, que el capitalismo actual desplazó su área de negocio desde el cobro de contratas e ingresos diversos nutridos o financiados con dinero público, hacia la apropiación, liquidación y saqueo directo de lo público, aunque ello supusiera en muchos casos matar la gallina de los huevos de oro para el capital.

El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento ha sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal imperante ha llevado al Banco Mundial y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, Bancos Regionales, Agencias de Cooperación, etc.) a promover políticas de desregulación y privatización, que transforman estos servicios públicos en simples negocios. En este contexto, los derechos humanos y de ciudadanía en juego dejan de ser de acceso universal y los ciudadanos y ciudadanas pasan a ser simples clientes, agravándose la vulnerabilidad de las personas más pobres.
El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos y ciudadanas quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial.
Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada —a través de empresas mixtas o privadas— supone ya el 53% del total y está controlada en un 87% por dos empresas: Aguas de Barcelona (AGBAR, perteneciente al grupo Suez) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio donde no hay competencia.

Este modelo de gestión resulta:
-costoso para la ciudadanía, que ve incrementada su tarifa;
-medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio, como pusieron en evidencia las quejas de AGBAR por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió Cataluña en 2007;
-oscuro, pues no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables;
-excluyente, en cuanto pone en peligro el acceso al agua a muchos colectivos vulnerables, como veremos a continuación.
Provoca, además, una auténtica pérdida del control de las administraciones, que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública.

Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; se considera un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. No existe una cifra global de personas afectadas porque el suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. AEOPAS calculaba en 2013 que se tramitan al año más de 500 000 avisos de corte, un 30% más que cuatro años antes. Un representante de las empresas privadas de gestión del agua afirmaba: «En cualquier caso, los servicios de aguas cuentan con elementos de acción social […] mediante la reducción de la cuota y existe un procedimiento reglado con advertencias y plazos de regularización antes de llegar a un corte, que decide siempre la Administración local, no el operador».

En 2001, el CYII recaló en la ciudad de Barranquilla mediante la adquisición de la empresa colombiana INASSA. Llegó de la mano de los gestores políticos de su sociedad instrumental, Canal Extensia, y como consecuencia de un largo proceso privatizador de las empresas públicas en Latinoamérica, gestado a finales de los años ochenta por imposición del Banco Mundial, iniciando así las actividades transnacionales de lo que se conocería a partir de entonces como el Grupo Canal. De esta manera se trazó el camino que seguirían otras empresas, estatales y autonómicas, en su estrategia jurídica de confusión de titularidades —publica/privada— para dificultar al máximo las inspecciones y alejar a la ciudadanía del «lugar» donde el capital público se mezcla y se transforma en privado.
Actualmente el Grupo Canal está formado por 35 empresas, de las cuales una parte importante tiene accionariado privado. Algunas se dedican a servicios relativos al ciclo del agua, otras al sector de la energía, incluso las hay que se dedican al sector de las comunicaciones. La gran mayoría se constituyeron en el periodo 1994-2001; recordemos que en este último año se creó la sociedad vehículo Canal Extensia.
Su comportamiento y sus objetivos no tienen nada que envidiar a las transnacionales más depredadoras que operan en la región, anticipando, con su proceder, el futuro del agua madrileña en manos de una empresa privada.
En realidad el Grupo Canal es muy similar a los grandes holdings privados: controla las actividades de sus empresas participadas mediante la propiedad de una parte significativa de sus acciones; consigue que la carga tributaria sobre el grupo sea menor que la suma de las cargas sobre las empresas consideradas individualmente; utiliza mecanismos de gestión característicos de la asociación público-privada (sus directores actúan como directores privados); maximiza los beneficios de los accionistas privados dejando en manos del sector público la asunción de los riesgos y las responsabilidades frente a los usuarios; ayuda al vaciamiento del control y la supervisión estatal, contribuyendo al déficit democrático e institucional del sector público.
No utiliza, por tanto, los mecanismos de la asociación/cooperación «pública-pública» que priman la rentabilidad social y el buen servicio, y que serían los adecuados tratándose de un grupo empresarial con matriz pública.

En la primavera de 2006, Triple A de Barranquilla fue denunciada por la Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga por «defraudación del patrimonio público», al considerar que habían sido violados los derechos colectivos de la población, debido a la apropiación indebida y a la destrucción de sus conducciones. El acueducto comunitario también entabló una demanda ante la Procuraduría General de la Nación en reclamación de los dineros que por ley le correspondían, entregados fraudulentamente a Metroagua. Por todo esto, el 10 de agosto de 2006, se constituyó el Comité pro Defensa del Patrimonio Público del Atlántico para rescatar a la empresa municipal del agua de las garras del Grupo Canal. Lo integraron partidos de izquierda, coaliciones democráticas, federaciones de pensionistas, asociaciones de usuarios y en defensa de los servicios públicos, estudiantes y ciudadanía en general.
En mayo de 2008, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos hizo pública una denuncia del Comité pro Defensa de Taganga, acusando a la empresa Metroagua.

La sociedad anónima Canal Isabel II Gestión es una de las empresas más importantes de la Comunidad de Madrid, tanto por sus ingresos y beneficios como por su actividad estratégica. Constituye la piedra angular del modelo de gestión y no hay que perder de vista que, a pesar de ser actualmente 100% pública, el objetivo del Gobierno regional es su privatización, es decir, la venta al sector privado del 49% de las acciones de la sociedad. Su constitución se realizó de forma opaca sin que se hicieran públicos los documentos básicos que permitirían conocer las características del nuevo modelo de gestión actual.
El modelo, implantado en junio de 2011, es definitivamente peor que el anterior, sobre el que ya teníamos importantes discrepancias. Consiste en esencia en lo siguiente:
Mantiene el ente público CYII como órgano —supuestamente— de control y supervisión de la sociedad anónima, pero reducido a su mínima expresión: veintidós trabajadores.
La sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión es la encargada efectivamente de la gestión del patrimonio, las infraestructuras y los servicios de agua potable, y del saneamiento y la reutilización de las aguas depuradas. Está destinada a ser privatizada «cuando las circunstancias económicas así lo permitan», según el presidente de la Comunidad de Madrid.
Entre los aspectos que consideramos graves de dicho modelo, aparte de su anómala expansión geográfica fuera del territorio de la Comunidad de Madrid, podemos señalar su opacidad, la ausencia de instrumentos de participación ciudadana en la gestión integral del ciclo del agua, y su gestión mercantil, que se basa en una supuesta eficiencia económica cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un segundo plano objetivos esenciales de un servicio público, como la calidad, la equidad social o la responsabilidad ante la ciudadanía.

En 2008 el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar la privatización del Canal de Isabel II, mediante la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, que autorizaba la creación de una sociedad anónima en la cual el 49% del accionariado sería privado. Las infraestructuras de aducción, abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización, que componen la Red General de Agua de la Comunidad de Madrid, quedarían adscritas a esta sociedad y se le cedería además la titularidad de los bienes patrimoniales del Canal —inmuebles, suelos, acciones de las empresas del Grupo Canal, etcétera—.
Desde el primer momento el Gobierno de la Comunidad trató de justificar la privatización con cuatro mentiras:
-Es necesario obtener recursos económicos para realizar inversiones en infraestructuras que aseguren el abastecimiento futuro y la aplicación de las directivas europeas medioambientales.
-No se trata de una privatización ya que, al retener las administraciones el 51%, se garantizará el control público de la sociedad.
-La entrada de socios privados mejorará la eficiencia del servicio de aguas.
-La principal beneficiaria será la ciudadanía.

En la mayoría de los casos estudiados se repiten una serie de problemas que afectan a la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios de aguas. Enumeramos los de mayor importancia:
-Subidas desproporcionadas de las tarifas.
-Incumplimientos de los contratos establecidos con las Administraciones respectivas.
-Disminución de las inversiones necesarias para la renovación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, destacando las relativas a la reposición de redes necesarias para disminuir las pérdidas del sistema.
-Empeoramiento de la calidad del servicio prestado.
-Disminución de la calidad de las plantillas, mediante la reducción de efectivos, la precarización del empleo y el deterioro de la cualificación del personal.
-Ganancias extra contractuales, derivadas de la contratación de obras y servicios con empresas de su mismo grupo, a precios más altos que los del mercado.
-Falta de transparencia e información sobre las actividades de la empresa, especialmente las relacionadas con aspectos económicos.
-Falta de rendición de cuentas a los poderes públicos y pérdida paulatina del control de las actividades de la empresa por parte de los ayuntamientos.
-Colisión entre los intereses públicos y los privados.
-No aplicación del principio de igualdad; corrupción en las adjudicaciones, mediante tráfico de influencias o sobornos. En Francia este problema fue de tal magnitud que llevó a la cárcel a decenas de alcaldes y concejales.

Estos problemas han llevado a la ciudadanía de muchos municipios y a los propios responsables municipales a plantearse la remunicipalización de los servicios de agua.

La pregunta de quiénes ganan y quiénes pierden con la privatización del Canal de Isabel II ha quedado suficientemente contestada, ganan los empresarios de las grandes sociedades privadas del sector del agua, los tiburones financieros que invertirán en la operación —bancos, fondos de inversión, etc.— y los políticos del Partido Popular, que se identifican con ellos y que serán recompensados por los servicios que prestan. Pierden los ayuntamientos, la ciudadanía y el propio servicio integral del agua, cuyo destino es incierto en manos privadas.
En todo caso, la sociedad anónima Canal Gestión es todavía 100% pública, no habiéndose vendido el 49% de las acciones al capital privado, por lo que, de existir voluntad política, el proceso podría revertirse en el momento actual sin apenas coste alguno. Es posible soñar todavía con una ola ciudadana que en las elecciones municipales de 2015 pueda llevarse por delante el proceso de privatización del Canal de Isabel II y establecer un nuevo modelo de gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid, no mercantil, transparente, que rinda cuentas a la sociedad y que sea participado por la ciudadanía.

En definitiva, se puede concluir que la privatización del Canal de Isabel II conllevaría importantes perjuicios sociales y ambientales, además difícilmente reversibles, y ningún tipo de beneficio para el interés general y ambiental. Por ello, deberíamos preguntarnos cuáles son las motivaciones reales que están empujando al Gobierno de la Comunidad a promover esa privatización, que desde luego no responde a los intereses del conjunto de los madrileños y madrileñas.
Por todo ello, rechazamos totalmente la privatización del Canal de Isabel II. Consideramos que debe seguir siendo 100% de titularidad pública, como lo ha sido desde que se creó hace más de 160 años, sirviendo también de ejemplo palpable de cómo una gran empresa puede gestionarse eficazmente desde el sector público, con un servicio adecuado y satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía y con el establecimiento de políticas que se dirigen al ahorro del agua y a la conservación ambiental.

En España:
Huelva capital (148 101 habitantes). A finales de 2010 el servicio del agua en Huelva pasó a manos privadas —siguiendo los ejemplos de Lepe (26 000 habitantes) y Moguer (20 000 habitantes)—. La oferta de Aquagest para hacerse con el 49% de la empresa municipal Aguas de Huelva fue de 57,3 millones (el Ayuntamiento tenía una deuda reconocida de 269 millones). Las consecuencias no se han hecho esperar: subida del agua un 65% y deterioro de la calidad del servicio (baja presión). Estos hechos han provocado que numerosos colectivos se hayan posicionado en contra del proceso.

Aragón
Privatización y colapso del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón (2004-2006). El plan se puso en marcha para cumplir con las políticas ambientales de la Unión Europea. Se pretendía gestionar los vertidos correspondientes a 200 000 habitantes dispersos en 14 500 km2 del territorio aragonés a través de un sistema de colaboración público-privado mediante un sistema concesional —dividido en 13 zonas— de explotación de las depuradoras a 20 años. En la actualidad, el Plan se encuentra paralizado por falta de financiación. Entretanto, decenas de pueblos del Pirineo, del Matarraña y de otras comarcas, que llevan pagando el saneamiento desde hace años, aún no han visto comenzar las obras comprometidas. De esta forma, se están incumpliendo, no sólo los acuerdos firmados con estos ayuntamientos, sino las directivas europeas en materia de depuración de aguas residuales. En opinión de la RAPA (Red de Agua Pública de Aragón) y de la Marea Azul de Aragón es urgente replantearse el Plan de Saneamiento desde bases de transparencia. Al mismo tiempo, han remarcado que las infraestructuras están «sobredimensionadas» y que sólo benefician al operador privado, que logra precios muy altos por la depuración (los recibos para los aragoneses han aumentado desde 2005 un 135% y, en los dos últimos años, cerca del 25%). Señalan la existencia de alternativas más eficientes, ecológicas y económicas. El coste de las depuradoras convencionales bioquímicas, proyectadas incluso para pequeños pueblos, es muy superior en inversión y, sobre todo, en mantenimiento a otras alternativas, como los filtros verdes.

Avilés
La juez de instrucción número 3 de Avilés —Elena González— ha levantado el secreto del sumario de la «trama del agua», la investigación que se está desarrollando en varios concejos asturianos que mantienen acuerdos comerciales con Aquagest (tiene contratos con 22 municipios sólo en Asturias). El levantamiento del secreto ha constatado una maraña de facturas supuestamente falsas, la generación de dinero negro y la consecuente posible financiación ilegal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA). La trama del agua alcanza, al menos, a los concejos de Avilés, Corvera, Gozón, Grado, Pravia, Llanes y Cangas del Narcea. La juez investiga las inversiones de Aquagest y su gestión del servicio público de agua o de algún equipamiento (Corvera y Pravia cedieron a esta empresa el negocio de las piscinas).

Santa Cruz de Tenerife (206 593 habitantes). Izquierda Unida-Por Tenerife y colectivos vecinales han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a la empresa concesionaria. Acusan a la constructora Sacyr por el reiterado incumplimiento de las cláusulas que le permitieron en 2006 hacerse con el concurso de gestión del servicio de agua doméstica de la capital tinerfeña. Su denuncia será un nuevo episodio del escabroso camino judicial que ha recorrido esta privatización, una de las más polémicas de España. Hace tres meses, el 30 de octubre, el Tribunal Supremo no admitió un recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz. Dio así fuerza a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, emitida el 15 de septiembre de 2009, que anula el pleno del año 2005 en que se privatizó el servicio.

Torrelavega (54 827 habitantes). El llamado «escándalo del agua» surgió en el momento en que los técnicos municipales detectaron irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente.

Lagua del Duero (Valladolid) (22 590 habitantes). En 2012, el alcalde de esta localidad anunció la privatización del servicio. Rápidamente se organizó una plataforma formada por los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU, Asociación Vecinal «La Calle», USO, CCOO y UGT) que logró suspender la privatización del agua gracias a la movilización.

Candeleda (Ávila) (5177 habitantes). A pesar de la fuerte movilización, mediante la recogida de firmas para solicitar al equipo de gobierno (PP) que convocara un «referéndum vinculante», la celebración de manifestaciones y la presencia en los medios de comunicación nacionales, el alcalde privatizó en 2013 el servicio del agua en la localidad.

León (130 601 habitantes). La privatización se realizó a finales de 2009. Aquagest se hizo con el 49% de la empresa municipal de aguas por un importe de 25 millones de euros. De este modo, se aseguró la gerencia ejecutiva de la empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las decisiones económicas fundamentales. Y todo ello en un contexto opaco, garantizado por el derecho a la privacidad de la información empresarial, que dificulta, cuando no bloquea, cualquier proceso de participación ciudadana efectiva. Se privatizó el servicio de aguas de una ciudad que, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de marzo de 2006, gozaba de una de las gestiones de mayor calidad, siendo la capital de provincia más barata en el suministro. La entrada de Aquagest supuso una subida inmediata del 2,8% en la tarifa del agua para 2010.

Privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). La Generalitat aceleró la privatización de ATLL con el objetivo de enjuagar al máximo el déficit público de 2012, con la oposición de la Plataforma Aigua és vida y de diversos partidos políticos (PSC, ICV-EUiA y C’s). La privatización supuso una fuerte subida de las tarifas del agua (9,3% en dos años). No obstante, el proceso de privatización se ha estrellado en los tribunales, aunque aún sin sentencia firme. En este sentido, la Generalitat sigue defendiendo la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona hasta que haya un «pronunciamiento firme por parte del Tribunal Supremo».

Barcelona y área metropolitana. La sociedad civil denuncia a la multinacional Agbar por dar servicio sin contrato en la ciudad de Barcelona.

Mérida (59 049 habitantes). En la capital emeritense FCC es la encargada del servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos. Esta misma empresa (FCC-Aqualia) se hizo también con el concurso para gestionar el agua en la ciudad. El contrato de concesión se renovó en 2003 por un periodo de 25 años previo abono al ayuntamiento de 12 millones de euros, al que se iría sumando el 10% de los ingresos percibidos anualmente durante el resto de la concesión. La privatización ha tenido consecuencias sobre el precio y sobre el acceso al recurso. Durante todo este año 2013 diversos colectivos sociales han denunciado que más de 300 familias han sufrido desahucios hídricos y desde el Campamento por la Dignidad defienden el agua como un derecho y exigen a Aqualia que dé agua a estas familias que la tienen cortada por impago.

Cáceres (95 925 habitantes). En 2010 fue privatizada —sin apenas oposición— la gestión del ciclo integral del agua de Cáceres para los próximos 24 años. Se adjudicó a la empresa Acciona a cambio de 37,5 millones de euros. Esto provocó una subida de tarifas (un incremento medio del 50%) que convirtieron Cáceres en la ciudad extremeña con el agua más cara, poniéndose a la altura de las más caras de España. No obstante, como en el caso de ATLL, el proceso de adjudicación se ha cuestionado en los tribunales y, recientemente, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)ha desestimado el recurso de apelación que el Ayuntamiento de Cáceres y la empresa Acciona habían interpuesto frente a otra sentencia que anulaba el concurso de adjudicación del Servicio Integral del Agua en la capital cacereña y obligaba a retrotraer el proceso a la Mesa de Contratación, en la que se abrieron las propuestas económicas de las empresas que concurrieron a la adjudicación. El Ayuntamiento dio recientemente los primeros pasos para poner en marcha la nueva concesión del servicio. A pesar del más que evidente impacto que ha supuesto la privatización, actualmente no existe un grupo organizado que reivindique la remunicipalización del servicio en la ciudad.

Galicia
La privatización del agua en Galicia está bajo sospecha a raíz del denominado caso Pokemon —el mayor sumario por corrupción instruido nunca en Galicia—, en el que está implicada la concesionaria de aguas Aquagest (AGBAR/Suez). El gerente de Aquagest en Santiago está imputado y sus interlocutores políticos también —entre ellos, los alcaldes o exalcaldes de Ourense, Santiago de Compostela y Lugo—. El caso Pokemon ha destapado otros efectos perversos de la privatización. Tras meses de protestas e investigaciones pagadas de su bolsillo, los vecinos de Punxín —un pueblo de Ourense de 776 habitantes—, que destaparon la presencia de arsénico tóxico en el agua de sus grifos, acudieron desesperados a la jueza que instruye el caso —Pilar de Lara— en 2013. Hasta entonces nadie les había hecho caso, pero la jueza de Lugo puso en marcha la maquinaria Pokemon. En pocos meses, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil describieron en sus informes las presuntas ilegalidades que la trama corrupta replicó allí donde tocó contrata pública.
En Arteixo, ocho años después de la polémica privatización del servicio de aguas, el pleno, por unanimidad y tras el dictamen favorable del Consello Consultivo, aprobó la rescisión del contrato de Augarsa por supuesto incumplimiento
culpable de Aqualia —accionista privada de Augarsa—.
Tras ocho años de pérdidas, controversia, quejas vecinales y un cada vez más tenso tira y afoja entre la parte pública y privada, la compañía mixta se ha disuelto en un mar de dudas y reproches, y con una deuda de más de tres millones de euros. El progresivo desequilibrio financiero la ha abocado a un proceso concursal sin que Arteixo haya visto ejecutadas ni el 20% de las mejoras ofertadas en el concurso público, entre ellas un embalse que le permitiría reducir la dependencia con Emalcsa para la compra de agua (la empresa mixta adquiría el agua a un promedio de un 9% más cara de lo que la vendía).
El escándalo aún no ha conducido a una propuesta estructurada de modificación legislativa que frene este tipo de situaciones, como pasó en Francia con los casos que se dieron en el Ayuntamiento de Grenoble. No obstante, sí creemos que ha ralentizado y, en algún caso, frenado el proceso de privatización. Por ejemplo, el gobierno local de Lugo (98 761 habitantes) renunció a comienzos de 2014 a la creación de una empresa mixta para gestionar el agua.

Manacor (41 049 habitantes). El Ayuntamiento no acababa de decidirse. A pesar de que no había un mantenimiento adecuado en la red de suministro, de la subida de tarifas, de los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas que no bebieran agua del grifo—, no acababa de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Hay que tener presente que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

Ermua (16 247 habitantes). El modelo privado en el País Vasco es marginal pero no exento de polémicas. Recientemente, en Ermua (Bizkaia), la sociedad civil se ha organizado en contra de una subida de aguas que pretendía ejecutar la empresa Aquagest. Tras una multitudinaria manifestación celebrada en abril, se crearon grupos de trabajo que se han reunido con todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento. Y en estos momentos están trabajando para conseguir la adhesión al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y la rescisión del contrato con la compañía Aquarbe que actualmente lleva la gestión del agua en Ermua, respetando los derechos de los y las trabajadoras en todo el proceso de cambio.

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