Más Claro Agua. El Plan De Saqueo Del Canal de Isabel II / More Clear Water. The Sacking Plan of the Canal de Isabel II

Ilustrar de forma más general el saqueo de lo público que han venido practicando impunemente ciertas elites o «castas» en nuestra coronada y despótica democracia. «Castas» o elites que acostumbran a camuflar su comportamiento caciquil enarbolando a modo de señuelo banderas liberales y democráticas para desviar las críticas hacia supuestos imperativos de los mercados y la competitividad que ellos mismos se saltan a la torera a diario, para imponer y adjudicar sigilosamente a la carta privatizaciones, operaciones, plusvalías, contratas y regalos en beneficio de intereses bien particulares, y en perjuicio de la mayoría.
El Canal de Isabel II (CYII) es una entidad con una larga historia de gestión pública concebida para garantizar el abastecimiento de Madrid con agua de calidad.
El CYII pasó a ser una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid (CM). No se trata de una empresa cualquiera, sino la más importante de la CM en muchos aspectos, que cuenta con un inmenso patrimonio en terrenos, inmuebles, infraestructuras, dotaciones y derechos que el Estado le fue otorgando o financiando para facilitar su labor. El manejo discrecional de una empresa tan potente y saneada como esta ha venido siendo el oscuro objeto del deseo de intereses privados a los que el Gobierno regional trata de satisfacer con su privatización.
El afán de promover el negocio privado asociado a la privatización de lo público se ha visto impulsado en los últimos tiempos de crisis por una confluencia perversa.
Una vez visto que los intereses privados tratan usualmente de sacar tajada de lo público, la novedad estriba en que la crisis desplazó ese empeño desde la alegre promoción y financiación de infraestructuras, operaciones inmobiliarias, megaproyectos, peajes o contratas, hacia la privatización y liquidación de lo que era público. Es decir, que el capitalismo reinante pasó, en buena medida, de exprimir lo público a tratar de apropiárselo a precio de saldo, rebuscando para ello entre los restos de lo público que todavía no habían caído en manos privadas y por lo tanto eran privatizables. En suma, que el capitalismo actual desplazó su área de negocio desde el cobro de contratas e ingresos diversos nutridos o financiados con dinero público, hacia la apropiación, liquidación y saqueo directo de lo público, aunque ello supusiera en muchos casos matar la gallina de los huevos de oro para el capital.

El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento ha sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal imperante ha llevado al Banco Mundial y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, Bancos Regionales, Agencias de Cooperación, etc.) a promover políticas de desregulación y privatización, que transforman estos servicios públicos en simples negocios. En este contexto, los derechos humanos y de ciudadanía en juego dejan de ser de acceso universal y los ciudadanos y ciudadanas pasan a ser simples clientes, agravándose la vulnerabilidad de las personas más pobres.
El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos y ciudadanas quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial.
Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada —a través de empresas mixtas o privadas— supone ya el 53% del total y está controlada en un 87% por dos empresas: Aguas de Barcelona (AGBAR, perteneciente al grupo Suez) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio donde no hay competencia.

Este modelo de gestión resulta:
-costoso para la ciudadanía, que ve incrementada su tarifa;
-medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio, como pusieron en evidencia las quejas de AGBAR por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió Cataluña en 2007;
-oscuro, pues no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables;
-excluyente, en cuanto pone en peligro el acceso al agua a muchos colectivos vulnerables, como veremos a continuación.
Provoca, además, una auténtica pérdida del control de las administraciones, que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública.

Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; se considera un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. No existe una cifra global de personas afectadas porque el suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. AEOPAS calculaba en 2013 que se tramitan al año más de 500 000 avisos de corte, un 30% más que cuatro años antes. Un representante de las empresas privadas de gestión del agua afirmaba: «En cualquier caso, los servicios de aguas cuentan con elementos de acción social […] mediante la reducción de la cuota y existe un procedimiento reglado con advertencias y plazos de regularización antes de llegar a un corte, que decide siempre la Administración local, no el operador».

En 2001, el CYII recaló en la ciudad de Barranquilla mediante la adquisición de la empresa colombiana INASSA. Llegó de la mano de los gestores políticos de su sociedad instrumental, Canal Extensia, y como consecuencia de un largo proceso privatizador de las empresas públicas en Latinoamérica, gestado a finales de los años ochenta por imposición del Banco Mundial, iniciando así las actividades transnacionales de lo que se conocería a partir de entonces como el Grupo Canal. De esta manera se trazó el camino que seguirían otras empresas, estatales y autonómicas, en su estrategia jurídica de confusión de titularidades —publica/privada— para dificultar al máximo las inspecciones y alejar a la ciudadanía del «lugar» donde el capital público se mezcla y se transforma en privado.
Actualmente el Grupo Canal está formado por 35 empresas, de las cuales una parte importante tiene accionariado privado. Algunas se dedican a servicios relativos al ciclo del agua, otras al sector de la energía, incluso las hay que se dedican al sector de las comunicaciones. La gran mayoría se constituyeron en el periodo 1994-2001; recordemos que en este último año se creó la sociedad vehículo Canal Extensia.
Su comportamiento y sus objetivos no tienen nada que envidiar a las transnacionales más depredadoras que operan en la región, anticipando, con su proceder, el futuro del agua madrileña en manos de una empresa privada.
En realidad el Grupo Canal es muy similar a los grandes holdings privados: controla las actividades de sus empresas participadas mediante la propiedad de una parte significativa de sus acciones; consigue que la carga tributaria sobre el grupo sea menor que la suma de las cargas sobre las empresas consideradas individualmente; utiliza mecanismos de gestión característicos de la asociación público-privada (sus directores actúan como directores privados); maximiza los beneficios de los accionistas privados dejando en manos del sector público la asunción de los riesgos y las responsabilidades frente a los usuarios; ayuda al vaciamiento del control y la supervisión estatal, contribuyendo al déficit democrático e institucional del sector público.
No utiliza, por tanto, los mecanismos de la asociación/cooperación «pública-pública» que priman la rentabilidad social y el buen servicio, y que serían los adecuados tratándose de un grupo empresarial con matriz pública.

En la primavera de 2006, Triple A de Barranquilla fue denunciada por la Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga por «defraudación del patrimonio público», al considerar que habían sido violados los derechos colectivos de la población, debido a la apropiación indebida y a la destrucción de sus conducciones. El acueducto comunitario también entabló una demanda ante la Procuraduría General de la Nación en reclamación de los dineros que por ley le correspondían, entregados fraudulentamente a Metroagua. Por todo esto, el 10 de agosto de 2006, se constituyó el Comité pro Defensa del Patrimonio Público del Atlántico para rescatar a la empresa municipal del agua de las garras del Grupo Canal. Lo integraron partidos de izquierda, coaliciones democráticas, federaciones de pensionistas, asociaciones de usuarios y en defensa de los servicios públicos, estudiantes y ciudadanía en general.
En mayo de 2008, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos hizo pública una denuncia del Comité pro Defensa de Taganga, acusando a la empresa Metroagua.

La sociedad anónima Canal Isabel II Gestión es una de las empresas más importantes de la Comunidad de Madrid, tanto por sus ingresos y beneficios como por su actividad estratégica. Constituye la piedra angular del modelo de gestión y no hay que perder de vista que, a pesar de ser actualmente 100% pública, el objetivo del Gobierno regional es su privatización, es decir, la venta al sector privado del 49% de las acciones de la sociedad. Su constitución se realizó de forma opaca sin que se hicieran públicos los documentos básicos que permitirían conocer las características del nuevo modelo de gestión actual.
El modelo, implantado en junio de 2011, es definitivamente peor que el anterior, sobre el que ya teníamos importantes discrepancias. Consiste en esencia en lo siguiente:
Mantiene el ente público CYII como órgano —supuestamente— de control y supervisión de la sociedad anónima, pero reducido a su mínima expresión: veintidós trabajadores.
La sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión es la encargada efectivamente de la gestión del patrimonio, las infraestructuras y los servicios de agua potable, y del saneamiento y la reutilización de las aguas depuradas. Está destinada a ser privatizada «cuando las circunstancias económicas así lo permitan», según el presidente de la Comunidad de Madrid.
Entre los aspectos que consideramos graves de dicho modelo, aparte de su anómala expansión geográfica fuera del territorio de la Comunidad de Madrid, podemos señalar su opacidad, la ausencia de instrumentos de participación ciudadana en la gestión integral del ciclo del agua, y su gestión mercantil, que se basa en una supuesta eficiencia económica cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un segundo plano objetivos esenciales de un servicio público, como la calidad, la equidad social o la responsabilidad ante la ciudadanía.

En 2008 el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar la privatización del Canal de Isabel II, mediante la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, que autorizaba la creación de una sociedad anónima en la cual el 49% del accionariado sería privado. Las infraestructuras de aducción, abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización, que componen la Red General de Agua de la Comunidad de Madrid, quedarían adscritas a esta sociedad y se le cedería además la titularidad de los bienes patrimoniales del Canal —inmuebles, suelos, acciones de las empresas del Grupo Canal, etcétera—.
Desde el primer momento el Gobierno de la Comunidad trató de justificar la privatización con cuatro mentiras:
-Es necesario obtener recursos económicos para realizar inversiones en infraestructuras que aseguren el abastecimiento futuro y la aplicación de las directivas europeas medioambientales.
-No se trata de una privatización ya que, al retener las administraciones el 51%, se garantizará el control público de la sociedad.
-La entrada de socios privados mejorará la eficiencia del servicio de aguas.
-La principal beneficiaria será la ciudadanía.

En la mayoría de los casos estudiados se repiten una serie de problemas que afectan a la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios de aguas. Enumeramos los de mayor importancia:
-Subidas desproporcionadas de las tarifas.
-Incumplimientos de los contratos establecidos con las Administraciones respectivas.
-Disminución de las inversiones necesarias para la renovación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, destacando las relativas a la reposición de redes necesarias para disminuir las pérdidas del sistema.
-Empeoramiento de la calidad del servicio prestado.
-Disminución de la calidad de las plantillas, mediante la reducción de efectivos, la precarización del empleo y el deterioro de la cualificación del personal.
-Ganancias extra contractuales, derivadas de la contratación de obras y servicios con empresas de su mismo grupo, a precios más altos que los del mercado.
-Falta de transparencia e información sobre las actividades de la empresa, especialmente las relacionadas con aspectos económicos.
-Falta de rendición de cuentas a los poderes públicos y pérdida paulatina del control de las actividades de la empresa por parte de los ayuntamientos.
-Colisión entre los intereses públicos y los privados.
-No aplicación del principio de igualdad; corrupción en las adjudicaciones, mediante tráfico de influencias o sobornos. En Francia este problema fue de tal magnitud que llevó a la cárcel a decenas de alcaldes y concejales.

Estos problemas han llevado a la ciudadanía de muchos municipios y a los propios responsables municipales a plantearse la remunicipalización de los servicios de agua.

La pregunta de quiénes ganan y quiénes pierden con la privatización del Canal de Isabel II ha quedado suficientemente contestada, ganan los empresarios de las grandes sociedades privadas del sector del agua, los tiburones financieros que invertirán en la operación —bancos, fondos de inversión, etc.— y los políticos del Partido Popular, que se identifican con ellos y que serán recompensados por los servicios que prestan. Pierden los ayuntamientos, la ciudadanía y el propio servicio integral del agua, cuyo destino es incierto en manos privadas.
En todo caso, la sociedad anónima Canal Gestión es todavía 100% pública, no habiéndose vendido el 49% de las acciones al capital privado, por lo que, de existir voluntad política, el proceso podría revertirse en el momento actual sin apenas coste alguno. Es posible soñar todavía con una ola ciudadana que en las elecciones municipales de 2015 pueda llevarse por delante el proceso de privatización del Canal de Isabel II y establecer un nuevo modelo de gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid, no mercantil, transparente, que rinda cuentas a la sociedad y que sea participado por la ciudadanía.

En definitiva, se puede concluir que la privatización del Canal de Isabel II conllevaría importantes perjuicios sociales y ambientales, además difícilmente reversibles, y ningún tipo de beneficio para el interés general y ambiental. Por ello, deberíamos preguntarnos cuáles son las motivaciones reales que están empujando al Gobierno de la Comunidad a promover esa privatización, que desde luego no responde a los intereses del conjunto de los madrileños y madrileñas.
Por todo ello, rechazamos totalmente la privatización del Canal de Isabel II. Consideramos que debe seguir siendo 100% de titularidad pública, como lo ha sido desde que se creó hace más de 160 años, sirviendo también de ejemplo palpable de cómo una gran empresa puede gestionarse eficazmente desde el sector público, con un servicio adecuado y satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía y con el establecimiento de políticas que se dirigen al ahorro del agua y a la conservación ambiental.

En España:
Huelva capital (148 101 habitantes). A finales de 2010 el servicio del agua en Huelva pasó a manos privadas —siguiendo los ejemplos de Lepe (26 000 habitantes) y Moguer (20 000 habitantes)—. La oferta de Aquagest para hacerse con el 49% de la empresa municipal Aguas de Huelva fue de 57,3 millones (el Ayuntamiento tenía una deuda reconocida de 269 millones). Las consecuencias no se han hecho esperar: subida del agua un 65% y deterioro de la calidad del servicio (baja presión). Estos hechos han provocado que numerosos colectivos se hayan posicionado en contra del proceso.

Aragón
Privatización y colapso del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón (2004-2006). El plan se puso en marcha para cumplir con las políticas ambientales de la Unión Europea. Se pretendía gestionar los vertidos correspondientes a 200 000 habitantes dispersos en 14 500 km2 del territorio aragonés a través de un sistema de colaboración público-privado mediante un sistema concesional —dividido en 13 zonas— de explotación de las depuradoras a 20 años. En la actualidad, el Plan se encuentra paralizado por falta de financiación. Entretanto, decenas de pueblos del Pirineo, del Matarraña y de otras comarcas, que llevan pagando el saneamiento desde hace años, aún no han visto comenzar las obras comprometidas. De esta forma, se están incumpliendo, no sólo los acuerdos firmados con estos ayuntamientos, sino las directivas europeas en materia de depuración de aguas residuales. En opinión de la RAPA (Red de Agua Pública de Aragón) y de la Marea Azul de Aragón es urgente replantearse el Plan de Saneamiento desde bases de transparencia. Al mismo tiempo, han remarcado que las infraestructuras están «sobredimensionadas» y que sólo benefician al operador privado, que logra precios muy altos por la depuración (los recibos para los aragoneses han aumentado desde 2005 un 135% y, en los dos últimos años, cerca del 25%). Señalan la existencia de alternativas más eficientes, ecológicas y económicas. El coste de las depuradoras convencionales bioquímicas, proyectadas incluso para pequeños pueblos, es muy superior en inversión y, sobre todo, en mantenimiento a otras alternativas, como los filtros verdes.

Avilés
La juez de instrucción número 3 de Avilés —Elena González— ha levantado el secreto del sumario de la «trama del agua», la investigación que se está desarrollando en varios concejos asturianos que mantienen acuerdos comerciales con Aquagest (tiene contratos con 22 municipios sólo en Asturias). El levantamiento del secreto ha constatado una maraña de facturas supuestamente falsas, la generación de dinero negro y la consecuente posible financiación ilegal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA). La trama del agua alcanza, al menos, a los concejos de Avilés, Corvera, Gozón, Grado, Pravia, Llanes y Cangas del Narcea. La juez investiga las inversiones de Aquagest y su gestión del servicio público de agua o de algún equipamiento (Corvera y Pravia cedieron a esta empresa el negocio de las piscinas).

Santa Cruz de Tenerife (206 593 habitantes). Izquierda Unida-Por Tenerife y colectivos vecinales han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a la empresa concesionaria. Acusan a la constructora Sacyr por el reiterado incumplimiento de las cláusulas que le permitieron en 2006 hacerse con el concurso de gestión del servicio de agua doméstica de la capital tinerfeña. Su denuncia será un nuevo episodio del escabroso camino judicial que ha recorrido esta privatización, una de las más polémicas de España. Hace tres meses, el 30 de octubre, el Tribunal Supremo no admitió un recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz. Dio así fuerza a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, emitida el 15 de septiembre de 2009, que anula el pleno del año 2005 en que se privatizó el servicio.

Torrelavega (54 827 habitantes). El llamado «escándalo del agua» surgió en el momento en que los técnicos municipales detectaron irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente.

Lagua del Duero (Valladolid) (22 590 habitantes). En 2012, el alcalde de esta localidad anunció la privatización del servicio. Rápidamente se organizó una plataforma formada por los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU, Asociación Vecinal «La Calle», USO, CCOO y UGT) que logró suspender la privatización del agua gracias a la movilización.

Candeleda (Ávila) (5177 habitantes). A pesar de la fuerte movilización, mediante la recogida de firmas para solicitar al equipo de gobierno (PP) que convocara un «referéndum vinculante», la celebración de manifestaciones y la presencia en los medios de comunicación nacionales, el alcalde privatizó en 2013 el servicio del agua en la localidad.

León (130 601 habitantes). La privatización se realizó a finales de 2009. Aquagest se hizo con el 49% de la empresa municipal de aguas por un importe de 25 millones de euros. De este modo, se aseguró la gerencia ejecutiva de la empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las decisiones económicas fundamentales. Y todo ello en un contexto opaco, garantizado por el derecho a la privacidad de la información empresarial, que dificulta, cuando no bloquea, cualquier proceso de participación ciudadana efectiva. Se privatizó el servicio de aguas de una ciudad que, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de marzo de 2006, gozaba de una de las gestiones de mayor calidad, siendo la capital de provincia más barata en el suministro. La entrada de Aquagest supuso una subida inmediata del 2,8% en la tarifa del agua para 2010.

Privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). La Generalitat aceleró la privatización de ATLL con el objetivo de enjuagar al máximo el déficit público de 2012, con la oposición de la Plataforma Aigua és vida y de diversos partidos políticos (PSC, ICV-EUiA y C’s). La privatización supuso una fuerte subida de las tarifas del agua (9,3% en dos años). No obstante, el proceso de privatización se ha estrellado en los tribunales, aunque aún sin sentencia firme. En este sentido, la Generalitat sigue defendiendo la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona hasta que haya un «pronunciamiento firme por parte del Tribunal Supremo».

Barcelona y área metropolitana. La sociedad civil denuncia a la multinacional Agbar por dar servicio sin contrato en la ciudad de Barcelona.

Mérida (59 049 habitantes). En la capital emeritense FCC es la encargada del servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos. Esta misma empresa (FCC-Aqualia) se hizo también con el concurso para gestionar el agua en la ciudad. El contrato de concesión se renovó en 2003 por un periodo de 25 años previo abono al ayuntamiento de 12 millones de euros, al que se iría sumando el 10% de los ingresos percibidos anualmente durante el resto de la concesión. La privatización ha tenido consecuencias sobre el precio y sobre el acceso al recurso. Durante todo este año 2013 diversos colectivos sociales han denunciado que más de 300 familias han sufrido desahucios hídricos y desde el Campamento por la Dignidad defienden el agua como un derecho y exigen a Aqualia que dé agua a estas familias que la tienen cortada por impago.

Cáceres (95 925 habitantes). En 2010 fue privatizada —sin apenas oposición— la gestión del ciclo integral del agua de Cáceres para los próximos 24 años. Se adjudicó a la empresa Acciona a cambio de 37,5 millones de euros. Esto provocó una subida de tarifas (un incremento medio del 50%) que convirtieron Cáceres en la ciudad extremeña con el agua más cara, poniéndose a la altura de las más caras de España. No obstante, como en el caso de ATLL, el proceso de adjudicación se ha cuestionado en los tribunales y, recientemente, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)ha desestimado el recurso de apelación que el Ayuntamiento de Cáceres y la empresa Acciona habían interpuesto frente a otra sentencia que anulaba el concurso de adjudicación del Servicio Integral del Agua en la capital cacereña y obligaba a retrotraer el proceso a la Mesa de Contratación, en la que se abrieron las propuestas económicas de las empresas que concurrieron a la adjudicación. El Ayuntamiento dio recientemente los primeros pasos para poner en marcha la nueva concesión del servicio. A pesar del más que evidente impacto que ha supuesto la privatización, actualmente no existe un grupo organizado que reivindique la remunicipalización del servicio en la ciudad.

Galicia
La privatización del agua en Galicia está bajo sospecha a raíz del denominado caso Pokemon —el mayor sumario por corrupción instruido nunca en Galicia—, en el que está implicada la concesionaria de aguas Aquagest (AGBAR/Suez). El gerente de Aquagest en Santiago está imputado y sus interlocutores políticos también —entre ellos, los alcaldes o exalcaldes de Ourense, Santiago de Compostela y Lugo—. El caso Pokemon ha destapado otros efectos perversos de la privatización. Tras meses de protestas e investigaciones pagadas de su bolsillo, los vecinos de Punxín —un pueblo de Ourense de 776 habitantes—, que destaparon la presencia de arsénico tóxico en el agua de sus grifos, acudieron desesperados a la jueza que instruye el caso —Pilar de Lara— en 2013. Hasta entonces nadie les había hecho caso, pero la jueza de Lugo puso en marcha la maquinaria Pokemon. En pocos meses, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil describieron en sus informes las presuntas ilegalidades que la trama corrupta replicó allí donde tocó contrata pública.
En Arteixo, ocho años después de la polémica privatización del servicio de aguas, el pleno, por unanimidad y tras el dictamen favorable del Consello Consultivo, aprobó la rescisión del contrato de Augarsa por supuesto incumplimiento
culpable de Aqualia —accionista privada de Augarsa—.
Tras ocho años de pérdidas, controversia, quejas vecinales y un cada vez más tenso tira y afoja entre la parte pública y privada, la compañía mixta se ha disuelto en un mar de dudas y reproches, y con una deuda de más de tres millones de euros. El progresivo desequilibrio financiero la ha abocado a un proceso concursal sin que Arteixo haya visto ejecutadas ni el 20% de las mejoras ofertadas en el concurso público, entre ellas un embalse que le permitiría reducir la dependencia con Emalcsa para la compra de agua (la empresa mixta adquiría el agua a un promedio de un 9% más cara de lo que la vendía).
El escándalo aún no ha conducido a una propuesta estructurada de modificación legislativa que frene este tipo de situaciones, como pasó en Francia con los casos que se dieron en el Ayuntamiento de Grenoble. No obstante, sí creemos que ha ralentizado y, en algún caso, frenado el proceso de privatización. Por ejemplo, el gobierno local de Lugo (98 761 habitantes) renunció a comienzos de 2014 a la creación de una empresa mixta para gestionar el agua.

Manacor (41 049 habitantes). El Ayuntamiento no acababa de decidirse. A pesar de que no había un mantenimiento adecuado en la red de suministro, de la subida de tarifas, de los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas que no bebieran agua del grifo—, no acababa de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Hay que tener presente que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

Ermua (16 247 habitantes). El modelo privado en el País Vasco es marginal pero no exento de polémicas. Recientemente, en Ermua (Bizkaia), la sociedad civil se ha organizado en contra de una subida de aguas que pretendía ejecutar la empresa Aquagest. Tras una multitudinaria manifestación celebrada en abril, se crearon grupos de trabajo que se han reunido con todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento. Y en estos momentos están trabajando para conseguir la adhesión al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y la rescisión del contrato con la compañía Aquarbe que actualmente lleva la gestión del agua en Ermua, respetando los derechos de los y las trabajadoras en todo el proceso de cambio.

To illustrate in a more general way the looting of the public that has been practiced with impunity by certain elites or “castes” in our crowded and despotic democracy. «Castes» or elites that tend to camouflage their cacique behavior by brandishing liberal and democratic flags as a decoy to deflect criticisms of supposed market imperatives and the competitiveness that they themselves skip to the bullfighter on a daily basis, to impose and adjudicate stealthily to the letter privatizations, operations, capital gains, contracts and gifts for the benefit of particular interests, and to the detriment of the majority.
The Canal de Isabel II (CYII) is an entity with a long history of public management designed to guarantee the supply of Madrid with quality water.
The CYII became a public company dependent on the Community of Madrid (CM). It is not just any company, but the most important of the CM in many aspects, which has an immense heritage in land, buildings, infrastructure, endowments and rights that the State was granting or financing to facilitate its work. The discretional management of a company as powerful and healthy as this has been the obscure object of the desire of private interests to which the regional government tries to satisfy with its privatization.
The desire to promote the private business associated with the privatization of the public has been driven in recent times by a perverse confluence crisis.
Once we see that private interests usually try to get rid of the public, the novelty is that the crisis shifted that effort from the happy promotion and financing of infrastructures, real estate operations, megaprojects, tolls or contracts, to the privatization and liquidation of what was public. That is to say, that the reigning capitalism happened, to a large extent, to squeeze the public to try to appropriate it at a price of balance, searching for it among the remains of the public that had not yet fallen into private hands and therefore were privatizable. In short, the current capitalism moved its business area from the collection of contracts and diverse income nourished or financed with public money, to the appropriation, liquidation and direct looting of the public, although this would in many cases kill the chicken of the golden eggs for the capital.

Universal access to basic water and sanitation services has been a social requirement and a moral imperative traditionally assumed by public authorities, with one degree or another of effectiveness. However, in recent decades, the prevailing neoliberal model has led the World Bank and other economic-financial institutions (International Monetary Fund, Regional Banks, Cooperation Agencies, etc.) to promote policies of deregulation and privatization, which transform these services public in simple business. In this context, human rights and citizenship at stake are no longer universally accessible and citizens become mere clients, aggravating the vulnerability of the poorest people.
Water in Spain is a financial refuge and we are the citizens who pay these credits with their corresponding interest and business benefit.
Thus we have reached a situation in which private management – through mixed or private companies – already accounts for 53% of the total and is 87% controlled by two companies: Aguas de Barcelona (AGBAR, belonging to the Suez group) and Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), with what in practice we can say that we are managing a human right in a regime of authentic oligopoly where there is no competition.

This management model results:
-costoso for the citizenship, which increases its rate;
-environmentally unsustainable, since the higher the water consumption, the greater the benefit, as evidenced by AGBAR’s complaints about the decrease in consumption during the drought suffered by Catalonia in 2007;
– Dark, because there are no regulatory bodies, nor quality management indicators, nor reliable statistics;
-exclusive, in that it endangers access to water for many vulnerable groups, as we shall see below.
It also provokes an authentic loss of control of administrations, which sometimes are forced to renew services without public bidding.

Showering or drinking from the tap is not a right in Spain; It is considered a service, it costs money and it can be cut. There is no overall number of people affected because the water supply is a local service and each municipality manages it in its own way. AEOPAS calculated in 2013 that more than 500,000 court notices are processed per year, 30% more than four years before. A representative of the private water management companies stated: “In any case, the water services have elements of social action […] by reducing the quota and there is a regulated procedure with warnings and regularization periods before arriving to a cut, which always decides the local Administration, not the operator ».

In 2001, the CYII settled in the city of Barranquilla through the acquisition of the Colombian company INASSA. It came hand in hand with the political managers of its instrumental society, Canal Extensia, and as a consequence of a long privatization process of public companies in Latin America, created at the end of the 1980s by World Bank taxation, thus initiating the transnational activities of what would be known thereafter as the Canal Group. In this way the path followed by other companies, state and regional, in its legal strategy of confusion of entitlements -public / private- to make inspection as difficult as possible and to move citizens away from the “place” where public capital is mixed and it becomes private.
Currently, the Canal Group is formed by 35 companies, of which an important part has a private shareholding. Some are dedicated to services related to the water cycle, others to the energy sector, including those dedicated to the communications sector. The great majority were constituted in the period 1994-2001; remember that in this last year the vehicle company Canal Extensia was created.
Its behavior and its objectives have nothing to envy to the most predatory transnationals operating in the region, anticipating, with their actions, the future of Madrid’s water in the hands of a private company.
In reality, the Canal Group is very similar to the large private holdings: it controls the activities of its investee companies through ownership of a significant part of its shares; get the tax burden on the group is less than the sum of the charges on the companies considered individually; uses management mechanisms characteristic of the public-private partnership (its directors act as private directors); maximizes the benefits of private shareholders leaving the assumption of risks and responsibilities to users in the hands of the public sector; helps to empty state control and supervision, contributing to the democratic and institutional deficit of the public sector.
It does not use, therefore, the mechanisms of the “public-public” partnership / cooperation that prioritize social profitability and good service, and that would be appropriate in the case of a business group with a public matrix.

In the spring of 2006, Triple A of Barranquilla was denounced by the Foundation for the Integral Development of Taganga for “defrauding the public patrimony”, considering that the collective rights of the population had been violated due to the misappropriation and destruction of their conductions. The community aqueduct also filed a complaint with the National Attorney General’s Office claiming the monies that by law corresponded, fraudulently delivered to Metroagua. For all this, on August 10, 2006, the Committee for the Defense of the Public Patrimony of the Atlantic was set up to rescue the municipal water company from the clutches of the Canal Group. It was integrated by leftist parties, democratic coalitions, pensioners’ federations, user associations and in defense of public services, students and citizens in general.
In May 2008, the National Trade Union of Workers of the Food Industry issued a complaint from the Committee for the Defense of Taganga, accusing the company Metroagua.

The public limited company Canal Isabel II Gestión is one of the most important companies in the Community of Madrid, both for its income and profits and for its strategic activity. It is the cornerstone of the management model and we must not lose sight of the fact that, despite being currently 100% public, the objective of the regional government is its privatization, that is, the sale to the private sector of 49% of the shares of the society. Its constitution was carried out in an opaque manner without making public the basic documents that would allow knowing the characteristics of the current management model.
The model, implemented in June 2011, is definitely worse than the previous one, on which we already had important discrepancies. It essentially consists of the following:
It maintains the public entity CYII as an organ – supposedly – of control and supervision of the limited company, but reduced to its minimum expression: twenty-two workers.
The public limited company Canal de Isabel II Gestión is in charge of the management of the heritage, infrastructures and services of drinking water, and of the sanitation and the reuse of treated water. It is destined to be privatized “when economic circumstances so permit”, according to the president of the Community of Madrid.
Among the aspects that we consider serious of this model, aside from its anomalous geographical expansion outside the territory of the Community of Madrid, we can point out its opacity, the lack of instruments of citizen participation in the integral management of the water cycle, and its commercial management , which is based on a supposed economic efficiency whose ultimate goal is profit maximization, relegating to the background essential objectives of a public service, such as quality, social equity or responsibility before the public.

In 2008, the Popular Party imposed its absolute majority to approve the privatization of Canal de Isabel II, through Law 3/2008 on Fiscal and Administrative Measures, which authorized the creation of a public limited company in which 49% of the shareholders would be private. The adduction, supply, sanitation, purification and reuse infrastructures, which make up the General Water Network of the Community of Madrid, would be attached to this company and the ownership of the Canal’s assets would also be ceded to it -furniture, land, shares of Canal Group companies, etcetera.
From the first moment the Government of the Community tried to justify the privatization with four lies:
-It is necessary to obtain economic resources to make investments in infrastructures that ensure the future supply and application of the European environmental directives.
-It is not a privatization since, by retaining 51% of the administrations, public control of the company will be guaranteed.
-The entry of private partners will improve the efficiency of the water service.
-The main beneficiary will be citizenship.

In most of the cases studied, a series of problems that affect citizenship and the functioning of water services are repeated. We list the most important ones:
– Disproportionate uploads of the rates.
-Incompliances of the contracts established with the respective Administrations.
-Decrease in the investments necessary for the renovation and improvement of the supply and sanitation infrastructures, highlighting those related to the replacement of necessary networks to reduce system losses.
– Improvement in the quality of the service provided.
-Decrease in the quality of the staff, through the reduction of staff, the precariousness of employment and the deterioration of the qualification of the staff.
-Extra contractual benefits, derived from the contracting of works and services with companies of its same group, at prices higher than those of the market.
-Lack of transparency and information on the activities of the company, especially those related to economic aspects.
-Lack of accountability to public authorities and gradual loss of control of the activities of the company by the municipalities.
-Collision between public and private interests.
-Not application of the principle of equality; corruption in adjudications, through influence peddling or bribes. In France, this problem was of such magnitude that it took jails to dozens of mayors and councilors.

These problems have led to the citizenship of many municipalities and the municipal authorities themselves to consider the remunicipalization of water services.

The question of who win and who lose with the privatization of the Canal de Isabel II has been sufficiently answered, win the entrepreneurs of the large private companies in the water sector, the financial sharks that will invest in the operation -banks, investment funds, etc. .- and the politicians of the Popular Party, who identify with them and who will be rewarded for the services they provide. The city councils, the citizenship and the integral water service, whose destiny is uncertain in private hands, are lost.
In any case, the public limited company Canal Gestión is still 100% public, 49% of the shares have not been sold to private capital, so, if there is political will, the process could be reversed at the present time with hardly any cost. It is still possible to dream of a wave of citizenship that in the municipal elections of 2015 can take ahead the process of privatization of the Canal de Isabel II and establish a new model of public management of water in the Community of Madrid, non-commercial, transparent, which render accounts to society and be participated by citizens.

In short, it can be concluded that the privatization of Canal de Isabel II would entail significant social and environmental damage, as well as being difficult to reverse, and no benefit for the general and environmental interest. Therefore, we should ask ourselves what are the real motivations that are pushing the Government of the Community to promote this privatization, which of course does not respond to the interests of all Madrid and Madrid.
For all these reasons, we totally reject the privatization of Canal de Isabel II. We consider that it must remain 100% publicly owned, as it has been since it was created more than 160 years ago, also serving as a tangible example of how a large company can be effectively managed from the public sector, with an adequate and satisfactory service to the whole of the citizenship and with the establishment of policies that are aimed at saving water and environmental conservation.

In Spain:
Huelva capital (148 101 inhabitants). At the end of 2010, the water service in Huelva passed into private hands – following the examples of Lepe (26,000 inhabitants) and Moguer (20,000 inhabitants) -. Aquagest’s offer to acquire 49% of the municipal company Aguas de Huelva was 57.3 million (the City Council had a recognized debt of 269 million). The consequences have not been expected: rise of water by 65% ​​and deterioration of the quality of service (low pressure). These events have caused many groups have positioned themselves against the process.

Aragon
Privatization and collapse of the Sanitation and Purification Plan of Aragón (2004-2006). The plan was launched to comply with the environmental policies of the European Union. It was intended to manage the discharges corresponding to 200 000 inhabitants dispersed in 14 500 km2 of the Aragonese territory through a system of public-private collaboration through a concession system – divided into 13 zones – to operate the treatment plants to 20 years. At present, the Plan is paralyzed due to lack of funding. Meanwhile, dozens of towns in the Pyrenees, Matarraña and other counties, which have been paying for sanitation for years, have not yet seen the work undertaken. In this way, the agreements signed with these municipalities are not being complied with, but rather the European directives on wastewater treatment. In the opinion of the RAPA (Public Water Network of Aragon) and the Blue Tide of Aragon it is urgent to rethink the Sanitation Plan from the basis of transparency. At the same time, they pointed out that infrastructures are “oversized” and that they only benefit the private operator, which achieves very high prices for debugging (receipts for Aragonese have increased by 135% since 2005 and, in the last two years, about 25%). They point to the existence of more efficient, ecological and economic alternatives. The cost of conventional biochemical treatment plants, designed even for small towns, is much higher in investment and, above all, in maintenance of other alternatives, such as green filters.

Avilés
The investigating judge number 3 of Avilés -Elena González- has lifted the secrecy of the summary of the “plot of the water”, the investigation that is being developed in several Asturian councils that maintain commercial agreements with Aquagest (it has contracts with 22 municipalities only in Asturias). The lifting of the secret has found a tangle of allegedly false invoices, the generation of black money and the consequent possible illegal financing of the Independent Social Group of Avilés (ASIA). The plot of the water reaches, at least, the councils of Avilés, Corvera, Gozón, Grado, Pravia, Llanes and Cangas del Narcea. The judge investigates the investments of Aquagest and its management of the public water service or of some equipment (Corvera and Pravia gave this company the business of swimming pools).

Santa Cruz de Tenerife (206 593 inhabitants). Izquierda Unida-Por Tenerife and neighborhood groups have denounced the concessionaire to the Anticorruption Prosecutor’s Office. Accused the construction company Sacyr for the repeated breach of the clauses that allowed it in 2006 to take control of the management of domestic water service in the capital of Tenerife. His denunciation will be a new episode of the rugged judicial path that has gone through this privatization, one of the most controversial in Spain. Three months ago, on October 30, the Supreme Court did not admit an appeal from the Santa Cruz City Council. It gave force to a sentence of the Superior Court of Justice of the Canary Islands, issued on September 15, 2009, which annuls the plenary session of the year 2005 in which the service was privatized.

Torrelavega (54 827 inhabitants). The so-called “water scandal” arose at the moment when the municipal technicians detected irregularities in the management of the joint venture, specifically during the 1999 and 2000 exercises. In 2011, the administrative process was resolved, with judicial support for the decision of the full Corporation to terminate the contract between the City Council and Aqualia (FCC), the private company that then had 51% of the shares of the company responsible for water management in the municipality (Aquator). The crimes that are imputed have to do with the alleged manipulation of flowmeters, the irregular contracting of subsidiary companies for different jobs and the diversion of purchases of active coal for other municipalities, mainly.

Lagua del Duero (Valladolid) (22,590 inhabitants). In 2012, the mayor of this town announced the privatization of the service. A platform formed by the opposition political groups (PSOE, IU, Neighborhood Association «La Calle», USO, CCOO and UGT) was quickly organized, which managed to suspend the privatization of water thanks to the mobilization.

Candeleda (Ávila) (5177 inhabitants). Despite the strong mobilization, by collecting signatures to request the government team (PP) to convene a “binding referendum”, the holding of demonstrations and the presence in the national media, the mayor privatized the service in 2013 of water in the locality.

León (130 601 inhabitants). The privatization was carried out at the end of 2009. Aquagest acquired 49% of the municipal water company for an amount of 25 million euros. In this way, the executive management of the company was assured, the effective control of the business strategy and the fundamental economic decisions. And all this in an opaque context, guaranteed by the right to privacy of business information, which hinders, when it does not block, any process of effective citizen participation. The water service of a city was privatized, which, according to a study by the Consumers and Users Organization (OCU) of March 2006, enjoyed one of the highest quality procedures, being the cheapest provincial capital in the supply. The entry of Aquagest meant an immediate rise of 2.8% in the water tariff for 2010.

Privatization of Aigües Ter-Llobregat (ATLL). The Generalitat accelerated the privatization of ATLL with the aim of rinsing the public deficit of 2012 to the maximum, with the opposition of the Plataforma Aigua és Vida and of various political parties (PSC, ICV-EUiA and C’s). Privatization meant a sharp rise in water rates (9.3% in two years). However, the privatization process has crashed in the courts, although still without a final judgment. In this sense, the Generalitat continues to defend the award of the management of the public company Aigües Ter-Llobregat (ATLL) to the consortium led by Acciona until there is a “firm pronouncement by the Supreme Court”.

Barcelona and metropolitan area. Civil society denounces the multinational Agbar for providing services without a contract in the city of Barcelona.

Mérida (59 049 inhabitants). In the capital, FCC is responsible for the cleaning and collection of urban waste. This same company (FCC-Aqualia) also took part in the competition to manage water in the city. The concession contract was renewed in 2003 for a period of 25 years prior to payment to the city council of 12 million euros, which would be added to 10% of the income received annually during the rest of the concession. Privatization has had consequences on the price and on access to the resource. Throughout this year 2013 various social groups have reported that more than 300 families have suffered water evictions and from the Campaign for Dignity defend water as a right and require Aqualia to give water to these families who have it cut for non-payment.

Cáceres (95 925 inhabitants). In 2010, the management of the Cáceres integrated water cycle for the next 24 years was privatized, with hardly any opposition. It was awarded to the company Acciona in exchange for 37.5 million euros. This caused a rise in rates (an average increase of 50%) that made Cáceres in the Extremadura city with the most expensive water, rising to the level of the most expensive in Spain. However, as in the case of ATLL, the adjudication process has been questioned in the courts and, recently, a ruling of the Administrative Litigation Chamber of the Superior Court of Justice of Extremadura (TSJEx) has dismissed the appeal that Cáceres City Council and the company Acciona had filed a new ruling annulling the awarding of the Comprehensive Water Service in the capital of Caceres and forced to bring the process back to the Contracting Committee, in which the economic proposals were opened of the companies that attended the award. The City Council recently took the first steps to launch the new service concession. Despite the more than obvious impact of privatization, there is currently no organized group that claims the remunicipalization of the service in the city.

Galicia
The privatization of water in Galicia is under suspicion as a result of the so-called Pokemon case – the largest summary of corruption ever investigated in Galicia – in which the water concessionaire Aquagest (AGBAR / Suez) is implicated. The manager of Aquagest in Santiago is imputed and his political interlocutors also -among them, the mayors or ex-alcaldes of Ourense, Santiago de Compostela and Lugo-. The Pokemon case has uncovered other perverse effects of privatization. After months of protests and paid investigations from his pocket, the residents of Punxín – a town of Ourense of 776 inhabitants – that uncovered the presence of toxic arsenic in the water of their taps, came desperate to the judge who instructed the case -Pilar of Lara- in 2013. Until then nobody had listened to them, but the judge of Lugo started the Pokemon machine. In a few months, Customs Surveillance and the Civil Guard described in their reports the alleged illegalities that the corrupt plot replicated where it touched contrata public.
In Arteixo, eight years after the controversial privatization of the water service, the plenary, unanimously and after the favorable opinion of the Consello Consultivo, approved the termination of the Augarsa contract for alleged non-compliance
guilty of Aqualia -a private shareholder of Augarsa-.
After eight years of losses, controversy, neighborhood complaints and an increasingly tense strip between the public and private, the mixed company has dissolved into a sea of ​​doubts and reproaches, and with a debt of more than three million euros The progressive financial imbalance has led to a bankruptcy process without Arteixo having seen or executed 20% of the improvements offered in the public tender, including a reservoir that would allow it to reduce its dependence on Emalcsa for the purchase of water (the company Mixta acquired water at an average of 9% more expensive than what it sold).
The scandal has not yet led to a structured proposal of legislative amendment to stop this type of situation, as happened in France with the cases that occurred in the City of Grenoble. However, we do believe that it has slowed down and, in some cases, slowed down the privatization process. For example, the local government of Lugo (98,761 inhabitants) resigned at the beginning of 2014 to the creation of a joint venture to manage water.

Manacor (41 049 inhabitants). The City Council did not quite decide. Although there was no adequate maintenance in the supply network, the rise in rates, the high levels of nitrates detected – babies and pregnant women were advised not to drink tap water – they did not quite take over the management of water supply. It must be borne in mind that the remunicipalisation of the service was on the political agenda since 1997, when the Esquerra Unida group made its first request. The step was finally taken last November, when the consistory executed the rescue to the detriment of Aguas de Manacor, the private company that had been in charge of the business for the past 27 years.

Ermua (16 247 inhabitants). The private model in the Basque Country is marginal but not exempt from controversy. Recently, in Ermua (Bizkaia), civil society has organized against a rise in water that the company Aquagest intended to execute. After a massive demonstration held in April, working groups were created that have met with all political forces with representation in the City Council. And at the moment they are working to gain accession to the Gipuzkoa Water Consortium and the rescission of the contract with the company Aquarbe that currently manages the water in Ermua, respecting the rights of the workers throughout the change process.

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