Parásitos — Robert Levine / The Power of Persuasion: How We’re Bought and Sold by Robert Levine

Me parece un muy interesante libro sobre la red de redes y los problemas intelectuales, el negocio y aunque en algunos aspectos está desfasado debido a la velocidad de las redes, sin embargo el generar debate es esencial en tiempos futuros.
La piratería no es nada nuevo, por supuesto, y está lejos de ser todo el problema. Pero la fácil e ilegal disponibilidad de todo tipo de contenidos ha socavado su mercado legal de un modo que afecta al negocio de los medios al completo. Las páginas que usan material pirateado para ganar audiencia rebajan el precio de la publicidad online.
El conflicto sobre el futuro de los medios online se ha presentado como una lucha de los grupos mediáticos contra una exigente nueva generación de consumidores que quiere la música y las películas a su manera; disponibles online, en cualquier momento, en cualquier formato, sin ningún coste adicional. Esto podría no ser un gran negocio. Pero como muchos argumentos ideológicos sobre internet, la idea de que los consumidores quieren medios gratis tiene detrás una agenda económica.
El auténtico conflicto online es entre las compañías de medios que financian gran parte del entretenimiento que leemos, vemos y escuchamos y las empresas tecnológicas que quieren distribuir su contenido, legalmente o de otra forma.
Gran parte del entusiasmo para con unos medios gratuitos viene de confundir el embalaje con el producto. Ahí radica el conflicto. La mayoría de las compañías online que han construido negocios basados en ofrecer información o entretenimiento no están financiando el contenido que distribuyen. En algunos casos, como el de los blogs que resumen historias de los periódicos, esto es legal; en otros, no lo es. Pero la idea es la misma: en Silicon Valley, la información que quiere ser gratis es casi siempre la información que pertenece a otra persona.

Ninguna organización está más en deuda con Google que la Creative Commons, una organización sin fines de lucro que Lessig ayudó a fundar y que facilita a los creadores compartir su trabajo online de forma gratuita renunciando a algunos de sus derechos. En 2008, Google dio a la organización 1,5 millones de dólares. (Lessig, que ya no trabaja con Creative Commons, dice que esta cantidad agranda la dependencia del grupo para con Google, ya que el regalo es un compromiso que se cumple a lo largo de varios años). En 2009, el cofundador de la empresa Sergey Brin y su esposa, Anne Wojcicki, donaron 500.000 dólares; más de la quinta parte del dinero que se aportó ese año. Era algo así como un regalo de la familia, ya que la madre de Wojcicki, Esther Wojcicki, ejercía entonces como presidenta de la junta directiva de la organización.
Todas estas organizaciones hacen un trabajo legítimo, y algunas ofrecen ideas atractivas sobre la reforma de los derechos de autor junto a ideas que supondrían dádivas a Google. (La Electronic Frontier Foundation también presiona para conseguir leyes de derechos de autor más débiles, pero tiene una mirada más amplia y no ha tenido miedo en desafiar a las empresas de tecnología, especialmente en los temas de privacidad que estos otros grupos ignoran). Sin embargo, han presentado el debate sobre la propiedad intelectual como uno que enfrenta el interés público con el de las grandes empresas, incluso cuando promueve políticas que ayudarían a Google.
Aunque Hollywood siempre ha mantenido estrechas relaciones con los demócratas, Google también ha comprado su propia influencia en el gobierno de Obama. Los empleados de Google donaron 803.000 dólares a la campaña de 2008 de Obama, más que cualquier empresa a excepción de Goldman Sachs y Microsoft. Eric Schmidt, que apoyó a Obama, formó parte de la junta asesora económica para la transición y consiguió una plaza en el Consejo presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología. (Él y otros cinco ejecutivos de la empresa donaron cada uno 25.000 dólares para la investidura de Obama). Y la Casa Blanca contrató a varios ex empleados de Google, entre ellos Andrew McLaughlin, ex jefe de políticas públicas de la compañía. En mayo de 2010, McLaughlin, vicesecretario tecnológico de la administración, recibió una reprimenda oficial por el uso de su dirección personal de correo electrónico para comunicarse con un grupo de presión de Google sobre temas que afectan a la compañía.
La piratería no era un problema, pero esto el informe no lo decía; sólo decía que sus efectos eran difíciles de calcular. «En general», decía, «la literatura y los expertos señalan que los efectos negativos de las falsificaciones y la piratería en la economía de Estados Unidos son mayores que los efectos positivos».
A Google no le gusta presentar el problema de este modo. En octubre de 2010, la compañía copatrocinó «Internet en Libertad 2010: La promesa y los peligros de la libertad de expresión online», una conferencia de tres días de activistas y políticos. En una entrada de blog sobre el tema, el lobbista de Google Bob Boorstin ensalzó los nobles objetivos del evento: «Ayudar a las personas a autoprotegerse online, promover la transparencia de las empresas y gobiernos, encontrar el justo equilibrio entre la privacidad y la libertad de expresión». Justo a su lado, Boorstin mencionó uno de los objetivos menos caritativos de la compañía: «asegurarse de que a plataformas como Google no se las considera responsables por el contenido que albergan».

Algunos ejecutivos de empresas tecnológicas afirman que las editoriales tienen que bajar los precios de los e-books para desanimar las descargas ilegales, que se han convertido en un problema en la industria del libro ahora que los dispositivos de lectura digital se han popularizado. Pero la experiencia de los sellos discográficos indica que algunos consumidores piratearán libros sin importar su precio, y otros siempre los comprarán, y el comportamiento del resto depende más de las circunstancias y la comodidad que de otra cosa.
Amazon dice a los editores que si bajan los precios, venderán más libros, y airea el dato de que los dueños de un Kindle compran el triple de libros que compraban antes de adquirir el aparato. Pero aunque bastantes ejecutivos editoriales creen que los dueños de un Kindle compran más libros en conjunto, y Amazon sostiene que impulsa la venta de libros anteriores de autores populares, esta estadística es engañosa dado que sólo compara las ventas digitales y físicas de la propia Amazon.
Pero ¿qué ofrece Amazon a escritores menos conocidos? Del mismo modo que Napster no reemplazó de hecho a los sellos discográficos, una tienda online no puede sustituir a los editores, sólo a su infraestructura de impresión y distribución. (Las empresas tecnológicas nunca confiesan que pretendan afectar a los negocios de transporte y almacenaje: no quedaría tan bien). Como las discográficas, los editores hacen mucho más que manufacturar y distribuir: adelantan dinero a los creadores, dan forma a los proyectos y los ayudan a encontrar su público. Y realizar bien esas tareas es mucho más complicado que entregar un libro a un almacén a tiempo.
Amazon sí realiza un trabajo eficiente satisfaciendo la demanda de libros, algo que a veces les cuesta a las pequeñas editoriales. Pero una función más importante de éstas, como también de los sellos discográficos, consiste en generar demanda, algo en lo que Amazon no tiene mucha experiencia. Aunque internet abarate la búsqueda y el acceso a posibles lectores utilizando herramientas como Twitter o Facebook, y muchos autores estén aprovechándose de ellas, abrirse paso entre la masa caótica todavía requiere conocimientos, dinero o una combinación de ambos. Por descontado, los escritores independientes pueden contratar editores o especialistas en marketing independientes, pero eso significa que los royalties más elevados de Amazon se verán contrarrestados por gastos que antes cubrían las editoriales.
A Amazon no le importa el contenido de lo que venda mientras pueda leerse en un Kindle. Eso supone una diferencia fundamental. «En otros tiempos, la ventaja de la gran editorial sobre los pequeños editores o los individuos radicaba en que disponía de la infraestructura para que el libro se imprimiera, se enviara a un almacén, de ahí a una librería, y por fin se cobraran las ganancias», dice Napack. «En el mundo digital, eso es menos importante. Tenemos que depender de nuevo de lo que sabíamos hacer bien —de lo que debería de haber sido una ventaja básica desde el principio—, que es editar y comercializar libros».

Aunque a los estudios les gusta hablar de los ingresos por taquilla, éstos sólo suponen entre una quinta y una cuarta parte del dinero que recaudan la mayoría de las películas. La asistencia per cápita al cine ha descendido a un ritmo constante desde la aparición de la televisión, y las películas ganan la mayor parte de su dinero gracias a diversos derechos televisivos, los discos Blu-ray y, sobre todo, los DVD. Hollywood depende de la venta de discos de plástico casi tanto como la industria musical. Pero en Estados Unidos, los ingresos por la venta y el alquiler de DVD y discos Blu-ray se han reducido una cuarta parte desde su mejor año, 2004, y el descenso se ha acelerado en 2009 y 2010. Y aunque hay varias razones para esta decadencia —entre ellas la comodidad del servicio que ofrece Netflix y el que la posesión física de las películas ha dejado de atraer al consumidor—, gran parte de la misma se debe sin duda a la piratería.
Desde la década de 1980, los estudios cinematográficos no se han concentrado tanto en el negocio de vender entradas para películas como en el de comercializar una una serie de diferentes derechos para exhibirlas. El sistema de «Windowing» [estreno por fases en los diversos medios] les permite ofrecer la misma película, en diferentes momentos, como televisión pay-per-view, cable premium, cable de pago y en cadenas abiertas, así como a una serie similar de modos de exhibición en el extranjero.
Los servicios de alojamiento online han crowdsourced [externalización de una tarea para que la realice un grupo, por lo general gratuita y voluntariamente] la vulneración del copyright: ellos almacenan los archivos, pero dejan el enlace en manos ajenas. Algunas webs, como aquellas en las que Ellen Seidler encontró su película independiente, consisten exclusivamente en enlaces a películas, además de anuncios para ganar dinero. Aunque estas link farms [«listas de enlaces»] no tienen vínculos formales con los servicios de alojamiento online, unos dependen de otros. Los servicios de alojamiento pagan el espacio de almacenamiento y el ancho de banda, de manera que a las listas de enlaces les resultan gratuitos. A su vez, las listas atraen usuarios a los servicios de alojamiento, donde la descarga de archivos de gran tamaño puede convencerles para que se hagan miembros y así descargárselos más rápido.
Toda la piratería relacionada con RapidShare se debe a aquellos consumidores que han dado un uso ilegítimo a un servicio legítimo, afirma Daniel Raimer, el principal abogado contratado por RapidShare y portavoz de facto de la empresa.

En Estados Unidos, a medida que la piratería devalúa los contenidos, las empresas tecnológicas han conseguido, en general, poner los precios de la música y el vídeo y han intentado hacer lo mismo con los libros. Tanto da lo que cueste hacer algo, Amazon e iTunes intentan venderlo al menor precio posible, dado que ellos ganan dinero de otra forma. Eso puede resultar beneficioso para los consumidores, pero en el mismo sentido en que lo es Walmart, y con el mismo tipo de coste a largo plazo. En esta versión digital del capitalismo de Walmart, las tiendas imponen los precios y las condiciones, y los proveedores los cumplen recortando costes como pueden.
Ése es justamente el tipo de resultado que los países europeos intentan evitar. Piénsese en la industria de los libros en Alemania, país que tiene en la misma consideración a la edición que Francia se la tiene al cine: como una industria que inventó, desarrolló y tiene que proteger. Gutenberg inventó la imprenta moderna en lo que hoy es Alemania, y la primera versión de la Feria del Libro de Frankfurt se celebró poco después en las cercanías. Durante más de un siglo, la Buchpreisbindung —la Ley de Precios del Libro— ha obligado a los comerciantes a vender a precio fijo, de catálogo, para evitar que las grandes cadenas controlen el negocio mediante descuentos agresivos.
Para resistirse a Amazon y Google, la Börsenverein también ha creado su propia plataforma de edición online. Fundada en 2007, la plataforma online libreka! permite que los editores y los comerciantes vendan libros digitales a precios marcados por los editores, tanto en las tiendas como en los escaparates online que gestionan. El plan pretende mantener la estructura tradicional de la industria del libro, incluidas las tiendas físicas, en un nuevo mundo en el que parecen no tener cabida. Según todas las evidencias disponibles, el proyecto está fracasando. Los precios más bajos son una de las ventajas principales de los e-books, y los alemanes han mostrado poco interés por el servicio, que sólo vende 31.000 títulos: una nadería si se comparan con los 810.000 disponibles en Kindle. El semanario Der Spiegel la denominó una «plataforma para impedir las ventas de e-books». Y a todas luces parece estar atascando su venta.
Si Alemania no se fía de Amazon, imagínense lo que un país tan consciente de su legado literario piensa del proyecto de Google de archivar todos los libros del mundo. Un informe legal que el país remitió sobre el acuerdo propuesto por Google lo consideraba «un documento negociado en privado que está envuelto en secretismo, lo han redactado a escondidas tres partes interesadas: el Gremio de Autores, la Asociación de Editores Americanos y Google, Inc., lo que ha resultado en un documento motivado por intereses comerciales que es contrario a las leyes y tratados internacionales vigentes». Aunque el acuerdo podría ayudar a los editores de Estados Unidos, sin duda infringe varios tratados del copyright, y la legislación alemana carece del concepto de fair use sobre el que se basaba la argumentación jurídica de Google. La Börsenverein des Deutschen Buchhandels ya ha declarado que no quiere que sus libros descatalogados queden incluidos en el acuerdo.
Pase lo que pase con la ley, muestra que Alemania, como Francia, está más dispuesta que Estados Unidos a defender su industria cultural. «El gobierno alemán tiene una posición clara», afirmó la canciller Angela Merkel en un discurso en la Feria del Libro de Frankfurt de 2009. «Los derechos de autor tienen que ser defendidos en internet».
Por la mera potencia del tamaño de su mercado y la voluntad para regular internet, las resoluciones judiciales europeas sobre la tecnología y la cultura ejercerán una gran influencia en el resto del mundo, independientemente de cuáles sean sus resultados. Pero esto no tiene por qué ayudar a las empresas de contenidos tanto como a ellas les gustaría. A principios de 2011, Pirate Bay seguía funcionando, la ley HADOPI no había tenido repercusiones perceptibles y la Digital Economy Act se había estancado en un proceso de revisiones.

No hay razón para que una licencia general no pueda aplicarse también a otros medios, aunque la forma en que la industria del cine utiliza las «ventanas de estreno» para optimizar los ingresos hace que resulte poco práctica para Hollywood. Las tasas de transmisión por televisión ya se reparten entre las empresas de cable, aunque de un modo muy distinto. No obstante, hasta el momento, el único negocio, aparte de la música, que está estudiando la licencia general es el periodismo. Como la música, se difunde online con suma facilidad, sin ningún beneficio para sus creadores, y las empresas implicadas están sufriendo tanto que necesitan probar nuevos modelos de negocio.
Como en la música, las publicaciones ya tienen derecho a ser compensadas por los numerosos usos de sus noticias. En la mayoría de los casos, este derecho no se aplica a los extractos de uno o dos párrafos, que se consideran fair use, pero sin duda se aplicarían a los blogs con publicidad que reproducen los artículos en su integridad. Como ocurre con Choruss, recaudar dinero en esos casos no requeriría ninguna revisión de la legislación del copyright, dado que los que reproducen artículos enteros ya tendrían que pagar por ellos…, lo que pasa es que no los pagan. Una organización como la ASCAP podría recaudar dinero y repartir los ingresos consiguientes. Y lo cierto es que una demanda sobre noticias de última hora presentada ante los tribunales por las organizaciones periodísticas podría sentar un precedente como el de Victor Herbert contra el Shanley’s Restaurant.
Cualquier proyecto de licencia general empezará, casi con toda seguridad, en la industria de la música, que se acomoda mejor que la mayoría de las industrias culturales a la economía actuarial.
Al eximir de toda responsabilidad sobre la violación del copyright a los proveedores de servicios de internet, leyes como la Digital Millennium Copyright Act permitieron que internet prosperara. Pero también dieron a los proveedores de servicios un incentivo perverso para pasar por alto los problemas de la industria del entretenimiento. Si las empresas online no tienen nada que perder, tampoco tienen razones para negociar. Cualquier solución tiene que empezar por dar a los proveedores de internet un incentivo para reducir la piratería, aunque cuidando de no reforzar el copyright tanto que los sellos musicales y los estudios cinematográficos pierdan su motivación para llegar a un acuerdo. Ambas partes deben darse cuenta de que no pueden conseguir todo lo que quieren: los proveedores de servicios de internet no pueden despreciar alegremente los problemas de la piratería, mientras que los sellos discográficos tienen que empezar a vender servicios además de productos.
«Mi padre, negociador sindical, me dijo que si ambas partes quedan insatisfechas es que has llegado a un buen acuerdo», cuenta Griffin. «Hasta que no renuncias a tus fantasías, no puedes realizar tus sueños».

La red que hemos conocido hasta ahora es una plataforma casi completamente abierta, carente de una autoridad central que la gobierne: cualquiera puede subir una página y cualquier navegador puede acceder a ella. Ahí ha radicado tanto su fuerza como su debilidad. La misma carencia de barreras que facilita la difusión de contenidos también hace difícil venderlos y, como señalaba Anderson, la facilidad de generar páginas web ha bajado el precio de la publicidad online. Esto ha llevado a muchas empresas de contenidos a experimentar con paywalls [«muros de pago»] y sistemas más cerrados, como las aplicaciones del iPhone, muchas de las cuales sólo están disponibles para aquellos que pagan por descargárselas. Anderson no fue el único en percatarse de este cambio. La idea de que internet se dividiría en «jardines amurallados» se remonta a The Future of the Internet and How to Stop It, un libro de 2008 del profesor del Berkman Center Jonathan Zittrain, y empezó a recibir atención general desde que un informe de Forrester Research de enero de 2010 predijo el advenimiento de una «Splinternet» [una «internet fragmentada»].
A lo largo de la próxima década, tendremos que elegir entre dos concepciones rivales del mundo online: las empresas de medios quieren que internet funcione al modo de la televisión por cable, mientras que las empresas tecnológicas quieren que el cable funcione al modo de internet. La red es abierta de una forma muy similar a como el cable es cerrado: la emisión requiere permisos y la visión de los programas requiere pagos.
Internet ha sido tan abierta durante tanto tiempo que mucha gente sencillamente da por sentado que es la consecuencia inevitable de los avances tecnológicos que crearon la red. Pero no es así. La tecnología hace que ciertas cosas sean inevitables: la velocidad de la banda ancha se acelerará, los ordenadores serán más potentes, y casi todo lo relacionado con cualquiera de ellos se abaratará. Pero eso no determina el modo en que los ingenieros crean las redes consiguientes, ni, mucho menos, en que los políticos las regularán. Esas opciones dependen de nosotros. Y unas redes completamente abiertas o completamente cerradas serían las dos peores opciones que podríamos tomar.
Washington ayudó a crear internet tal como existe hoy en día al aprobar la Digital Millennium Copyright Act, dejando que internet operara libremente más allá de sus fronteras y animando el crecimiento del comercio online de diversas formas. En los próximos años, una serie de decisiones reguladoras que ya bullen allí y en otras capitales servirán o bien para afianzar el statu quo o bien para dar paso a la posibilidad de cambios. Entre las decisiones más importantes están aquellas sobre la «neutralidad de la red»: propuestas que prohibirían que los proveedores de internet favorezcan algunos sitios y servicios y ralenticen otros. Otras decisiones tendrán que ver con el tipo de control que empresas como Apple pueden ejercer sobre la forma en que sus dispositivos interactúan con internet, y si Estados Unidos puede bloquear páginas web que violen sus leyes. Aunque las empresas online defiendan la idea de mantener internet «desregulada», el establecer esta accesibilidad generalizada y sin trabas implicaría de hecho regular a los proveedores de servicios, a los fabricantes de dispositivos y a otras empresas.
Google y las organizaciones sociales aliadas con ella defienden la idea de una «internet abierta», que incluye varias nociones vagamente relacionadas, entre ellas la neutralidad de la red y la ausencia de barreras para el intercambio de datos. El objetivo de una internet abierta se presenta como una idea progresista, y la expresión está cargada de asociaciones positivas: al fin y al cabo, ¿quién no desea ser abierto? Los grupos sociales de activistas sostienen que esta accesibilidad sin trabas es la base para preservar la libertad de expresión online, pero en realidad permite que las grandes empresas, así como la gente corriente, hagan lo que tengan a bien, lo cual no es nada progresista. En una internet con webs que intercambiaran datos sin restricciones, la información que quiere ser libre podría incluir un historial de cuanto usted ha hecho online durante toda su vida.
Estos conceptos de abierto y cerrado no son absolutos, claro; tiene más sentido pensar en ellos como puntos en una línea continua. Ambos tienen sus ventajas. Linux, el sistema operativo de código abierto, tiene a la vez flexibilidad y potencia. Wikipedia, el producto de contenidos abiertos definitivo, es una herramienta fantástica para acceder a información. Y el periodismo crowdsourcing que implica la revisión de cantidades ingentes de datos ha resultado muy eficaz.
Sin embargo, los sistemas cerrados parecen más apropiados para el comercio.

Google quiere ser en el mundo online lo que Microsoft fue para el PC: la empresa que domina un ecosistema abierto proporcionando la mayor parte del valor y que utiliza ese poder para conseguir ventajas en otros negocios. La plataforma «Quadroid» —chips de Qualcomm y software de Android— ya se está convirtiendo en el estándar para los teléfonos móviles. La fuerza de Google en las búsquedas le da tal ventaja económica en los nuevos negocios que a las demás empresas les resulta difícil competir; ninguna otra compañía de móviles puede vender anuncios con tanto conocimiento sobre los usuarios, sin ir más lejos. Aunque Google «pueda representar los sistemas abiertos», como escribió Michael Wolff en un artículo que se publicó con el de Anderson en Wired, «ha llegado a un punto en que controla casi por completo esa accesibilidad sin trabas del sistema. Cuesta imaginar otra industria tan completamente sometida a un único agente. En el modelo de Google, hay un único distribuidor de películas, que también es el dueño de todos los cines».
Muchos estudiosos académicos no piensan lo mismo.
Nadie cree que la piratería vaya a desaparecer con una ley como la COICA ni con un acuerdo entre las empresas de contenidos y los proveedores de servicios de internet. Y ni siquiera detenerla por completo resolvería todos los problemas de las industrias de la cultura. Pero normativas como ésas, sean privadas o públicas, permitirían que surgiera un mercado que funcionara. Los creadores venderían, los consumidores comprarían y ambos saldrían beneficiados. Las empresas de música y cine probablemente no vuelvan a disfrutar de los márgenes de beneficio que tenían en la década de 1990, pero podrían recuperar cierta estabilidad convenciendo a los creadores de que todavía tienen valor en un mundo de distribución digital. Los artistas tendrían la opción de trabajar con grandes empresas o de hacerlo por su cuenta en una economía online que les permitiera hacer negocios, no sólo aceptar donaciones.
En un mercado que funcionara, los contenidos online mejorarían, no sólo serían más baratos. Y esto, a su vez, estimularía el crecimiento de más empresas de tecnología. Eso no acabaría con internet, la ayudaría a aprovechar todo su potencial.

I think it is a very interesting book about the network of networks and intellectual problems, the business and although in some aspects it is outdated due to the speed of the networks, nevertheless generating debate is essential in future times.
Piracy is nothing new, of course, and it is far from being the whole problem. But the easy and illegal availability of all types of content has undermined its legal market in a way that affects the entire media business. Pages that use pirated material to gain audience reduce the price of online advertising.
The conflict over the future of online media has been presented as a struggle of media groups against a demanding new generation of consumers who want music and movies in their own way; available online, at any time, in any format, at no additional cost. This might not be a big business. But like many ideological arguments about the internet, the idea that consumers want free media has an economic agenda behind it.
The real online conflict is between the media companies that finance much of the entertainment we read, watch and listen to and the technology companies that want to distribute their content, legally or otherwise.
Much of the enthusiasm for free media comes from confusing the packaging with the product. That’s where the conflict lies. Most online companies that have built businesses based on offering information or entertainment are not financing the content they distribute. In some cases, such as blogs that summarize newspaper stories, this is legal; in others, it is not. But the idea is the same: in Silicon Valley, the information that wants to be free is almost always the information that belongs to another person.

No organization is more in debt to Google than the Creative Commons, a nonprofit organization that Lessig helped found and that makes it easier for creators to share their work online for free by waiving some of their rights. In 2008, Google gave the organization 1.5 million dollars. (Lessig, who no longer works with Creative Commons, says that this amount enlarges the group’s dependence on Google, since the gift is a commitment that is fulfilled over several years). In 2009, the co-founder of the company Sergey Brin and his wife, Anne Wojcicki, donated $ 500,000; more than a fifth of the money contributed that year. It was something of a family gift, since Wojcicki’s mother, Esther Wojcicki, was then president of the organization’s board of directors.
All these organizations do a legitimate job, and some offer attractive ideas on the reform of copyright along with ideas that would be gifts to Google. (The Electronic Frontier Foundation is also pushing for weaker copyright laws, but it has a broader view and has not been afraid to challenge technology companies, especially on the privacy issues that these other groups ignore). However, they have presented the debate about intellectual property as one that confronts the public interest with that of large companies, even when it promotes policies that would help Google.
Although Hollywood has always maintained close ties with the Democrats, Google has also bought its own influence in the Obama administration. Google employees donated $ 803,000 to Obama’s 2008 campaign, more than any company except for Goldman Sachs and Microsoft. Eric Schmidt, who supported Obama, was on the economic advisory board for the transition and won a seat on the presidential Council of Science and Technology Advisors. (He and five other executives of the company each donated $ 25,000 for Obama’s investiture). And the White House hired several former Google employees, including Andrew McLaughlin, the company’s former head of public policy. In May 2010, McLaughlin, the administration’s deputy technical secretary, received an official reprimand for the use of his personal e-mail address to communicate with a Google lobby on issues affecting the company.
Piracy was not a problem, but this report did not say it; he only said that its effects were difficult to calculate. “In general,” he said, “literature and experts point out that the negative effects of counterfeiting and piracy on the US economy outweigh the positive effects.”
Google does not like to present the problem in this way. In October 2010, the company co-sponsored “Internet in Freedom 2010: The promise and dangers of online freedom of expression,” a three-day conference of activists and politicians. In a blog post on the subject, Google lobbyist Bob Boorstin praised the noble aims of the event: «Help people to protect themselves online, promote the transparency of companies and governments, find the right balance between privacy and freedom of expression ». Right next to him, Boorstin mentioned one of the company’s less-charitable goals: “make sure that platforms like Google are not held responsible for the content they hold.”

Some executives of technology companies say that publishers have to lower the prices of e-books to discourage illegal downloads, which have become a problem in the book industry now that digital reading devices have become popular. But the experience of record labels indicates that some consumers will pirate books regardless of their price, and others will always buy them, and the behavior of the rest depends more on circumstances and comfort than on anything else.
Amazon tells publishers that if prices go down, they will sell more books, and air the fact that Kindle owners buy three times as many books they bought before purchasing the device. But while many editorial executives believe that the owners of a Kindle buy more books together, and Amazon argues that drives the sale of previous books of popular authors, this statistic is misleading since it only compares digital and physical sales of the Amazon itself.
But what does Amazon offer to lesser-known writers? Just as Napster did not in fact replace record labels, an online store can not replace publishers, just its printing and distribution infrastructure. (Technological companies never confess that they intend to affect transportation and storage businesses: it would not look so good). Like the labels, the editors do much more than manufacture and distribute: they advance money to the creators, they shape the projects and help them find their audience. And performing those tasks well is much more complicated than delivering a book to a warehouse on time.
Amazon does an efficient job of satisfying the demand for books, something that sometimes costs small publishers. But a more important function of these, as well as the record labels, is to generate demand, something that Amazon does not have much experience. Even if the internet reduces the search and access to potential readers using tools such as Twitter or Facebook, and many authors are taking advantage of them, breaking through the chaotic mass still requires knowledge, money or a combination of both. Of course, independent writers can hire independent editors or marketing specialists, but that means that the highest royalties from Amazon will be offset by expenses that were previously covered by publishers.
Amazon does not care about the content of what it sells while it can be read on a Kindle. That is a fundamental difference. “In other times, the advantage of the large publisher over small publishers or individuals was that it had the infrastructure for the book to be printed, sent to a warehouse, from there to a bookstore, and finally the earnings, “says Napack. “In the digital world, that is less important. We have to depend again on what we knew how to do well – what should have been a basic advantage from the beginning – that is to edit and market books ».

Although studios like to talk about box office receipts, they only account for between a fifth and a quarter of the money that most movies collect. Per capita attendance at cinema has declined steadily since the appearance of television, and movies win most of their money thanks to various television rights, Blu-ray discs and, above all, DVDs. Hollywood depends on the sale of plastic discs almost as much as the music industry. But in the United States, revenues from the sale and rental of DVDs and Blu-ray discs have declined by a quarter since its best year, 2004, and the decline has accelerated in 2009 and 2010. And although there are several reasons for This decadence – among them the convenience of the service offered by Netflix and the fact that the physical possession of the films has stopped attracting the consumer -, a large part of it is undoubtedly due to piracy.
Since the 1980s, film studios have not focused so much on the business of selling movie tickets as on selling a series of different rights to display them. The “Windowing” system allows them to offer the same movie at different times, such as pay-per-view television, premium cable, pay-TV cable and open channels, as well as a series similar modes of exhibition abroad.
Online hosting services have crowdsourced [externalization of a task for a group to perform, usually free and voluntarily] copyright infringement: they store the files, but leave the link in the hands of others. Some websites, like those in which Ellen Seidler found her independent film, consist exclusively of links to movies, as well as ads to earn money. Although these link farms [«lists of links»] have no formal links to online hosting services, some depend on others. Hosting services pay for storage space and bandwidth, so the link lists are free. In turn, the lists attract users to the hosting services, where the download of large files can convince them to become members and thus download them faster.
All piracy related to RapidShare is due to those consumers who have illegitimately used a legitimate service, says Daniel Raimer, the main lawyer hired by RapidShare and a de facto spokesperson for the company.

In the United States, as piracy devalues ​​content, technology companies have managed, in general, to put the prices of music and video and have tried to do the same with books. As much as it costs to do something, Amazon and iTunes try to sell it at the lowest possible price, since they earn money in another way. That may be beneficial for consumers, but in the same sense as it is Walmart, and with the same type of long-term cost. In this digital version of Walmart’s capitalism, stores impose prices and conditions, and suppliers comply by cutting costs as they can.
That is precisely the kind of result that European countries try to avoid. Think of the book industry in Germany, a country that has in the same regard the edition that France has to the cinema: as an industry that invented, developed and has to protect. Gutenberg invented modern printing in what is now Germany, and the first version of the Frankfurt Book Fair was held shortly after in the vicinity. For more than a century, the Buchpreisbindung – the Book Price Law – has forced merchants to sell at a fixed, catalog price, to prevent large chains from controlling the business through aggressive discounts.
To resist Amazon and Google, the Börsenverein has also created its own online publishing platform. Founded in 2007, the online platform libreka! allows publishers and merchants to sell digital books at prices set by publishers, both in stores and in the online storefront they manage. The plan aims to maintain the traditional structure of the book industry, including physical stores, in a new world in which they seem to have no place. According to all available evidence, the project is failing. Lower prices are one of the main advantages of e-books, and Germans have shown little interest in the service, which only sells 31,000 titles: a nudity compared to the 810,000 available on Kindle. The weekly Der Spiegel called it a “platform to prevent sales of e-books.” And by all accounts it seems to be clogging your sale.
If Germany does not trust Amazon, imagine what a country so aware of its literary legacy thinks of Google’s project to archive all the books in the world. A legal report that the country submitted on the agreement proposed by Google considered it “a document negotiated in private that is wrapped in secrecy, it has been drafted by three interested parties: the Guild of Authors, the Association of American Publishers and Google, Inc. ., which has resulted in a document motivated by commercial interests that is contrary to the laws and international treaties in force ». Although the agreement could help publishers in the United States, it certainly violates several copyright treaties, and German law lacks the concept of fair use on which Google’s legal argument was based. The Börsenverein des Deutschen Buchhandels has already stated that it does not want its discontinued books to be included in the agreement.
Whatever happens with the law, it shows that Germany, like France, is more willing than the United States to defend its cultural industry. “The German government has a clear position,” Chancellor Angela Merkel said in a speech at the Frankfurt Book Fair in 2009. “Copyrights have to be defended on the Internet.”
Due to the mere power of the size of its market and the willingness to regulate the internet, European judicial decisions on technology and culture will have a great influence on the rest of the world, regardless of their results. But this does not have to help content companies as much as they would like. At the beginning of 2011, Pirate Bay was still functioning, the HADOPI law had not had noticeable repercussions and the Digital Economy Act had stalled in a revision process.

There is no reason why a general license can not be applied to other media as well, although the way in which the film industry uses “opening windows” to optimize revenue makes it impractical for Hollywood. Television transmission rates are already shared between cable companies, although in a very different way. However, until now, the only business, apart from music, that is studying the general license is journalism. Like music, it is disseminated online with great ease, without any benefit for its creators, and the companies involved are suffering so much that they need to try new business models.
As in music, publications already have the right to be compensated for the numerous uses of their news. In most cases, this right does not apply to extracts of one or two paragraphs, which are considered fair use, but would certainly apply to blogs with advertising that reproduce the articles in their entirety. As with Choruss, raising money in such cases would not require any revision of copyright legislation, since those who reproduce entire articles would have to pay for them …, what happens is that they do not pay them. An organization such as ASCAP could raise money and distribute the consequent income. And the truth is that a lawsuit about breaking news submitted to the courts by news organizations could set a precedent like Victor Herbert’s against Shanley’s Restaurant.
Any general license project will begin, almost certainly, in the music industry, which fits better than most cultural industries to actuarial economics.
By exempting Internet service providers from any liability for copyright infringement, laws such as the Digital Millennium Copyright Act allowed the internet to prosper. But they also gave service providers a perverse incentive to overlook the problems of the entertainment industry. If online companies have nothing to lose, they have no reason to negotiate either. Any solution has to start by giving Internet providers an incentive to reduce piracy, although taking care not to reinforce the copyright so much that the music labels and the film studios lose their motivation to reach an agreement. Both parties must realize that they can not get everything they want: Internet service providers can not cheerfully ignore the problems of piracy, while record labels have to start selling services as well as products.
“My father, union negotiator, told me that if both parties are dissatisfied is that you have reached a good agreement,” says Griffin. “Until you give up your fantasies, you can not realize your dreams.”

The network we have known so far is an almost completely open platform, lacking a central authority to govern it: anyone can upload a page and any browser can access it. That is where both his strength and his weakness have resided. The same lack of barriers that facilitates the dissemination of content also makes it difficult to sell them and, as Anderson pointed out, the ease of generating web pages has lowered the price of online advertising. This has led many content companies to experiment with paywalls and more closed systems, such as iPhone applications, many of which are only available to those who pay to download them. Anderson was not the only one to notice this change. The idea that the Internet would be divided into “walled gardens” dates back to The Future of the Internet and How to Stop It, a 2008 book by Berkman Center professor Jonathan Zittrain, and began receiving general attention since a Forrester report Research in January 2010 predicted the advent of a “Splinternet” [a “fragmented internet”].
Over the next decade, we will have to choose between two rival conceptions of the online world: media companies want the internet to work in the way of cable television, while technology companies want the cable to work in the internet mode. The network is opened in a very similar way to how the cable is closed: the issue requires permits and the vision of the programs requires payments.
The Internet has been so open for so long that many people simply take it for granted that it is the inevitable consequence of the technological advances that created the network. But it’s not like that. Technology makes certain things unavoidable: the speed of broadband will accelerate, computers will be more powerful, and almost everything related to any of them will be cheaper. But that does not determine the way in which engineers create the consequent networks, much less that the politicians will regulate them. Those options depend on us. And completely open or completely closed networks would be the two worst options we could take.
Washington helped create the Internet as it exists today by approving the Digital Millennium Copyright Act, allowing the internet to operate freely beyond its borders and encouraging the growth of online commerce in various ways. In the coming years, a series of regulatory decisions that are already raging there and in other capitals will serve either to strengthen the status quo or to make way for the possibility of changes. Among the most important decisions are those on “net neutrality”: proposals that would prohibit Internet providers from favoring some sites and services and slowing down others. Other decisions will have to do with the type of control that companies such as Apple can exercise over the way their devices interact with the Internet, and if the United States can block web pages that violate its laws. Even if online companies defend the idea of ​​keeping the Internet “unregulated”, establishing this widespread and unhindered accessibility would in fact mean regulating service providers, device manufacturers and other companies.
Google and the social organizations allied with it defend the idea of ​​an “open internet”, which includes several loosely related notions, including the neutrality of the network and the absence of barriers to data exchange. The goal of an open internet is presented as a progressive idea, and the expression is full of positive associations: after all, who does not want to be open? Social groups of activists argue that this unhindered accessibility is the basis for preserving online freedom of expression, but in reality it allows large companies, as well as ordinary people, to do what they want, which is nothing progressive . In an internet with websites that exchange data without restrictions, the information that wants to be free could include a history of what you have done online throughout your life.
These concepts of open and closed are not absolute, of course; it makes more sense to think of them as points in a continuous line. Both have their advantages. Linux, the open source operating system, has both flexibility and power. Wikipedia, the definitive open content product, is a fantastic tool to access information. And the crowdsourcing journalism that involves the revision of huge amounts of data has been very effective.
However, closed systems seem more appropriate for trade.

Google wants to be in the online world what Microsoft was for the PC: the company that dominates an open ecosystem providing most of the value and that uses that power to get advantages in other businesses. The “Quadroid” platform – Qualcomm chips and Android software – is already becoming the standard for mobile phones. Google’s strength in searches gives it such an economic advantage in new businesses that other companies find it difficult to compete; no other mobile company can sell ads with so much knowledge about users, without going any further. Although Google “can represent open systems,” as Michael Wolff wrote in an article that was published with Anderson’s on Wired, “it has reached a point where it controls almost completely that unimpeded accessibility of the system. It is hard to imagine another industry so completely submitted to a single agent. In the Google model, there is a single distributor of films, which is also the owner of all the cinemas ».
Many academic scholars do not think the same.
No one believes that piracy will disappear with a law such as COICA or with an agreement between content companies and internet service providers. And even stopping it completely would solve all the problems of the culture industries. But regulations like these, whether private or public, would allow a market to emerge that would work. The creators would sell, the consumers would buy and both would benefit. Music and film companies probably will not enjoy the profit margins they had in the 1990s, but they could regain some stability by convincing creators that they still have value in a world of digital distribution. Artists would have the option of working with large companies or doing it on their own in an online economy that would allow them to do business, not just accept donations.
In a market that works, online content would improve, not only would it be cheaper. And this, in turn, would stimulate the growth of more technology companies. That would not end with the internet, it would help her to take advantage of her full potential.

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