El Dinero Del Poder. La Trama Económica En La España Socialista — José Díaz Herrera & Ramón Tijeras / The Money Of Power. The Economic Plot In Socialist Spain by Jose Díaz Herrera & Ramón Tijeras

Este es otro magnífico libro para intentar comprender el lodo en el cual está sumergido el país desde los lodos de la victoria del PSOE a comienzos de los 80 e incluso antes y la cantinela nos suena desde entonces llegando a todos los estratos sociales, una vez leído el libro más de una vez nada está cambiando y la mierda está atascando el país…

El PSOE —que años antes había ganado las elecciones generales bajo el emblemático eslogan de «Cien años de honradez», prometiendo a los votantes una España verde, bucólica y casi mítica, a través de los carteles propagandísticos— traicionó el «cambio” e impulsó la creación de un conglomerado de empresas para financiarse y mantenerse en el poder, a través de una serie de empresarios cercanos al partido.
El Gobierno socialista, que a comienzos de 1982 hablaba de moralizar la vida política, y que nada más llegar al poder subió el coeficiente de caja de los bancos, impuso un horario a los funcionarios, aprobó la ley del divorcio, despenalizó el aborto y redujo el horario laboral a 40 horas, daba lugar poco después a la aparición de una nueva clase social, adoradora del dinero por encima de todo y en busca del enriquecimiento personal de unos pocos.
Como tal clase, los nuevos dirigentes aspiran a hacerse con el poder económico del país, a controlar las cajas de ahorros y los consejos de administración de los grandes bancos, a aprovecharse de la reconversión industrial para poner las empresas estatales en manos de personas cercanas al partido, a controlar las emisoras de Radio y Televisión privadas, de la misma manera que utilizan la fuerza de los votos para poner de su parte al Poder Judicial.

El precontrato, conocido en la jerga de los funcionarios del Gobierno español como el «Marruecos-2», satisfacía las aspiraciones de la mayoría de las empresas de armamento españolas. ENASA y Land Rover Santana iban a poder colocar sus vehículos militares; la Empresa Nacional Santa Bárbara, Esperanza y Cía. y Explosivos Alaveses, sus minas y proyectiles de todo tipo y ENOSA, Amper e Inisel, diverso material de electrónica y comunicaciones.
La operación constituye la mayor venta de armamento realizada por el Gobierno español a Marruecos de todos los tiempos. Las comisiones a repartir —12.500 millones de pesetas— son también sustanciosas, aunque una gran parte de ellas tienen ya su destinatario antes de que los Gobiernos español y marroquí estampen su firma en un documento de venta.
En esa época, Triad Internacional, la empresa de Khashogui, y Alkantara Iberian Exports, la sociedad que tiene a medias con el Gobierno español, comparten un piso de 1.200 metros cuadrados, en el número 91 del Paseo de la Castellana de Madrid.
Samira Khashogui edita su revista Al Sharkiah en el mismo edificio, unas plantas más arriba, y Abderramán El Assir abre las oficinas de su nueva empresa, Exel, inscrita en Holanda, en la planta quinta del mismo inmueble. Ambicioso y emprendedor, el antiguo agregado cultural de la Embajada del Líbano en El Cairo, aspira a dedicarse muy pronto a sus propios negocios.
Khashogui es el encargado de presentarle en sociedad. Un día le lleva a ver al rey Juan Carlos I, a quien había conocido durante un viaje a París, cuando el Monarca era aún Príncipe. Otro día le lleva a ver al embajador Manuel Prado y Colón de Carvajal. A través de su hijo, Borja, que trabaja para Khashogui en Triad International, en Estados Unidos, entra en contacto con Enrique Sarasola. Y este último le conecta con la elite socialista, desde el Presidente del Gobierno, Felipe González, hasta el hoy ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga.
La sociedad Alkantara, con la que Abderramán El Assir hizo sus primeros negocios de venta de armas, tiene sus orígenes durante el primer viaje que hace a España, en 1977, el rey Fahd de Arabia Saudí, apenas dos años después del asesinato de su padre, el rey Feisal, para entrevistarse con el rey Juan Carlos I.
Fahd, en un intento de estrechar los lazos entre las dos Monarquías, propone a las autoridades españolas crear dos empresas mixtas entre ambos países. Una de ellas es un banco dedicado a canalizar el flujo de dinero generado por las ventas de petróleo del golfo Pérsico a España. La otra debe ser un trading dedicado a la venta de bienes de equipo y fábricas llave en mano españolas en Arabia Saudí.
El rey Fahd, que se muestra encantado de la hospitalidad y el trato dispensado por las autoridades españolas, está decidido a estrechar lazos que hagan de puente entre las dos Monarquías.
—Propongo —dice el rey saudí— que una de las dos sociedades se llame Alkantara.
La idea inicial es que la sociedad esté participada al 50 por 100 por cada Monarquía. Por parte española, se decide que el capital esté suscrito, a partes iguales, por Focoex (Fomento de Comercio Exterior) y por el Instituto Nacional de Industria (INI). La Monarquía saudí, a su vez, designa como su representante a la empresa Triad Internacional, una de las tres entidades de comercio exterior que por aquel entonces funcionan en Arabia Saudí.

El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, que permite a Felipe González ganar las elecciones del 28 de octubre de 1982, se plantea como uno de los objetivos a conseguir en la política de defensa «aumentar el grado de autoabastecimiento de las Fuerzas Armadas, mediante el desarrollo planificado de la industria (militar) nacional».
«El Estado —escriben los autores del programa— controlará la fabricación de armamentos y el comercio exterior de armas».
Si se analiza el período netamente socialista, comprendido entre 1982 y 1990, se observa que las ventas de armamento en el exterior superan los 800.000 millones. España, que en 1980 acapara el 0,2 por 100 del bazar internacional de las armas, pasa, en 1988, a controlar una cuota de mercado del 1,2 por 100, cifra que coloca al país en el noveno lugar del ranking de exportadores de pertrechos de guerra.
De esta manera, la guerra se convierte en un lucrativo negocio, no sólo para los fabricantes tradicionales de material militar sino para muchos políticos con ganas de hacer fortuna rápidamente.
Mientras el ex subsecretario de Defensa y actual presidente de Telettra España declara que la industria de Defensa debe convertirse en la «locomotora» que tire del resto de la economía nacional, la revolución armamentística española va acompañada de un cambio generacional y de clase social en el mundo de los negocios. Los tradicionales empresarios del sector, hombres como Manuel Prado y Colón de Carvajal, ex directivo de Alkantara y representante en España de la multinacional francesa Thomson —que quiere vender tecnología nuclear para la construcción de submarinos a la empresa Bazán—, y su hijo Borja Prado Eulate, ligado a la multinacional americana Hughes, son sistemáticamente relegados por los nuevos gestores del bazar de las armas, organizado por los dirigentes del PSOE.
La nueva clase empresarial socialista se lanza a copar el mercado.

Uno de los animadores en la sombra de la transición política española durante los últimos años de la dictadura de Franco, el embajador Brunner se había ganado la confianza de Felipe González, al ocultarle varias veces en la Embajada germana, en el número 8 de la calle Fortuny de Madrid.
Las aportaciones de su partido se canalizaban, principalmente, a través de la fundación Frederick Ebert que dirigía el enigmático Dieter Koniecki, a quien en algunos círculos del PSOE también se conocía como «el hombre del maletín», y con quien, según Enrique Tierno Galván, había que tener cuidado, «pues es agente de la CIA».

Los directivos del Aresbank, en buena sintonía con el Gobierno socialista desde que a mediados de 1984 el entonces director general del Patrimonio, Javier del Moral, les permitió adquirir con el Banco Exterior de España una importante participación del Banco Atlántico, propiedad del ex presidente de Rumasa, José María Ruiz Mateos, se mostraron encantados con el proyecto y en seguida pusieron el dinero.
El 5 de febrero de 1990, el notario Antonio Uribe Sorribes, con el que el Banco Árabe Español (Aresbank) realiza todas sus operaciones, da fe de la compra de un importante paquete de acciones de Mar de Chiclana, la sociedad patrocinada por José María Calviño, por parte de la entidad financiera ligada al Gobierno libio.
La financiación ya está lista. Para conseguir los terrenos, el despacho del ex director general de RTVE entra en contacto con el empresario australiano, de origen inglés, Ludvik B. Berger, vinculado al sector de la hostelería en la isla de Mallorca.
Berger y su hijo neoyorquino, Lloyd Anthony Berger, que operan en España desde sociedades registradas en Liechtenstein, están dispuestos a ceder sus terrenos de Chiclana, pero quieren una parte del negocio.
Calviño no pone reparos y el 8 de febrero de 1989, Promociones y Edificiaciones de Chiclana, la firma de Berger, concede poderes a Mar de Chiclana, la sociedad vinculada a Calviño, y pone a su disposición las tierras de Cádiz.
Para redondear la operación, falta un pequeño detalle. En los planes del despacho de José María Calviño se interpone el viejo cuartel de la Guardia Civil de la Loma del Puerco, deshabitado desde 1986 y propiedad del Patrimonio del Estado.
El establecimiento ocupa parte de los terrenos de la futura urbanización y va a ser vendido en subasta pública. El Gobierno llega a publicar en el BOE, a comienzos de 1990, la convocatoria de concurso público. Pero poco después, cuando el bufete de abogados de José María Calviño entra en acción, se convoca un nuevo concurso, esta vez restringido, y el viejo establecimiento acaba en poder de Mar de Chiclana.
Adquirida la propiedad del suelo y con el apoyo incondicional del Aresbank.
Pridesa (Proyectos e Instalaciones de Desalación, S.A.), dedicada a la construcción de plantas potabilizadoras, y a Babcock Wilcox, dos empresas vinculadas al partido —agrega el empresario cordobés.
Ambas sociedades, Pridesa y Babcock Wilcox, estaban desde 1982 bajo el control de destacados militantes del PSOE como Juan Manuel Crovetto de la Torre y Manuel Fernández García. Posteriormente, un informe de Euskadiko Ezkerra, del verano de 1990, las relacionaría también con el ministro del Interior, José Luis Corcuera y con los intereses financieros de la UGT y del Partido Socialista.
Bajo dominio socialista y con el apoyo de Aida Álvarez, Pridesa ha hecho suculentos negocios en los últimos años. Se le han concedido las obras de las potabilizadoras de San Fernando de Henares (Madrid), Mieres (Asturias), Casablanca (Zaragoza), Jerez de la Frontera (Cádiz), y Córdoba, entre otras.
—Algunas de estas potabilizadoras se adjudicaron desde el despacho de Ríos Rosas, tras intensas negociaciones entre los responsables de los Ayuntamientos afectados, Aida Álvarez y el broker Gustavo Durán —afirma Calleja.
El mismo empresario socialista asegura que Pridesa compartía este tipo de negocios municipales con la empresa Internacional de Representación y Gestión (I.R.G.), propiedad del diputado socialista en la Comunidad de Madrid, Benjamín Castro.
Calleja no habla de oídas. Él fue uno de los fundadores de I.R.G., una empresa dedicada a la gestión y al asesoramiento de operaciones comerciales, junto a Benjamín Castro, propietario a su vez de otras sociedades aparentemente relacionadas con el aparato financiero del PSOE.

Con el apoyo de Alfonso Guerra, logra que el PSOE le adjudique la edición y la distribución de los documentos internos del partido y el 7 de mayo de 1987 funda la sociedad Distribuidora Expres 2020, en la que aparece asociada a su actual compañero sentimental, Miguel Molledo Martín, un piloto de líneas aéreas comerciales.
Poco después, comienza a introducirse en los negocios de la construcción y, con Aresservice, la sociedad de servicios del Banco Árabe Español, crea Servicios Inmobiliarios 2001.
Su ascensión es meteórica. El 17 de junio de 1988 inscribe en el Registro Mercantil otra empresa: Tecnología e Informática 2020, con la que pretende intermediar en el negocio de la venta de material informático ante la Administración.
El 19 de marzo de 1990 promueve una nueva alianza con el Aresbank y crea Madrid Sur 93 para poner en marcha la urbanización de El Gurrullero en Getafe, un negocio cuyas plusvalías pueden alcanzar los 10.000 millones de pesetas.
Pero el negocio más rentable lo consigue en marzo de 1989, cuando el Express Mail Service, el consorcio europeo de correos con sede en Bruselas, que coordina los servicios postales de 20 países occidentales, incluida la Dirección General de Correos española, adjudica a Transportes Aéreos Hispanos, S.A. (Tahis), el transporte nocturno de la correspondencia urgente entre Madrid y Bruselas.
La polémica concesión, que no cumplió las bases del concurso, permite a Tahis, una empresa de Miguel Molledo y María de los Ángeles (Aida) Álvarez, unos ingresos anuales de 300 millones de pesetas.
Una segunda empresa, ligada también a personas del partido, ha empezado a mover los sutiles hilos del Ministerio de Transportes, para quedarse con el multimillonario negocio.
Se trata de Pan Air Líneas Aéreas, una sociedad constituida con un capital social de 350 millones de pesetas y presidida por Nicolás Valero Fernández, un antiguo piloto de la flota de DC-9 de Iberia, militante de UGT y del PSOE.
Pan Air cuenta con la solvencia de que detrás de ese nombre se esconde la compañía australiana TNT Ipec Holding, considerada el mayor «carrier» del mundo. Pero, además, Nicolás Valero contrata los servicios del despacho de abogados de José María Calviño para que, por un puñado de millones, le eche una mano con el Gobierno.
Calviño y Aida, dos vidas paralelas al servicio del mismo señor, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y los mismos intereses, los del Partido Socialista, acaban, de esta manera, enfrentándose mutuamente por un contrato del que José Luis Martín Palacín, secretario general de Comunicaciones, no quiere ni oír hablar.

Mientras Felipe González, el ministro de Defensa Narcís Serra y el titular de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez, preparan el envío de una flotilla compuesta por una fragata y dos corbetas a las aguas del golfo Pérsico para impedir la salida del petróleo iraquí, en el luminoso despacho de Carmen Rodríguez, con sus ventanales orientados hacia el estadio Santiago Bernabéu, se consigue, tras numerosos intentos, que los países hispanoamericanos, Angola, Uganda y Arabia Saudí —a cambio de una presencia militar meramente «simbólica» en el Golfo—, se comprometan a vender a España los 70.000 barriles diarios que habían dejado de llegar desde Irak.
Al fin, tras la toma de posesión del Presidente del Gobierno de Colombia, César Gaviria, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, que se había mostrado preocupado en los días anteriores, lo puede anunciar oficialmente.
—España no va a sufrir ningún problema de abastecimiento de petróleo.
Para el Parlamento Comunitario, Doñana, Patrimonio Europeo, es una de las últimas regiones salvajes del continente, amenazada por la construcción de la urbanización Costa Doñana.
Mientras que Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno y presidente del Patronato de Doñana, mantiene un comprometedor silencio, Ripa di Meana, hace su primera advertencia seria al Gobierno.
—En Bruselas —declara— no se puede cerrar los ojos a la catástrofe de Doñana, una zona sagrada para la memoria de los europeos.
La operación urbanística de Costa Doñana, calificada como «el negocio especulativo más grande de Andalucía», montado a través del uso de información privilegiada y tráfico de influencias, según Izquierda Unida, sufre su primer y tal vez definitivo revés.
A Francisco Palomino, a Jacinto Pellón y a Jesús Bores, vinculados inicialmente al proyecto, el movimiento ecologista deja de gustarles para siempre. Pero al resto de los hombres del Presidente, que dominan otros muchos negocios, el asunto no llega a quitarles el sueño.
Para el Partido Socialista y el Gobierno, que en todas las campañas electorales anteriores habían tenido que ir de banco en banco mendigando un crédito, y desde la perspectiva de Sarasola y González, la posibilidad de controlar el Central a través de los Albertos es una oportunidad servida en bandeja que no pueden despreciar.
El 23 de noviembre de 1987, de esta manera, los dos primos y KIO firman un acuerdo en Londres para la constitución de Cartera Central, mediante el cual Alberto Cortina y Alberto Alcocer se aseguran el control del 51 por 100 de las acciones del Banco Central, a cambio de unos solares en la Plaza de Castilla, en Madrid, que pasan a ser propiedad del grupo kuwaití.
La operación deja a Sarasola un buen pellizco de dinero, no tanto como lo del Metro de Medellín, pero sí una buena suma que le permite adquirir una importante extensión de terreno en la isla de Santo Domingo, donde piensa construir una urbanización turística en Puerto Plata, el lugar donde años atrás han realizado sus inversiones sus amigos venezolanos Gustavo Cisneros y Carlos Andrés Pérez.
Sarasola, por estas fechas, se muestra públicamente como un empresario que está, aparentemente de vuelta de los negocios y que sólo tiene una ilusión en su vida: su finca de El Espinar, donde piensa retirarse a cuidar sus 84 caballos de carreras, los faisanes y los búfalos que quiere llevar a su finca.
El empresario, que en 1958 se había iniciado en el mundo de los negocios en Colombia con la empresa Fabricaucho, produciendo ruedecitas de goma para muebles y juntas de plástico para neveras —según él mismo confiesa— no necesitaba ganar más dinero y lo que pretendía era recuperar el tiempo perdido para dedicarlo a su familia, a sus amigos y a sus aficiones favoritas, el boxeo y los boleros.
Aunque en algunas ocasiones, las apariencias engañan.

Mardones, después de que su interlocutor le facilitara algunos detalles más, hizo averiguaciones. Comprobó que desde marzo de ese año habían empezado a importarse cantidades masivas de ese material procedentes de Turquía, Yugoslavia y Rumanía a las islas Canarias.
El material se traía en barcos a granel y se comercializaba en los mismos muelles a precios que oscilaban entre un 30 y un 50 por 100 más baratos que los proporcionados por las empresas locales.
Las ventas se efectuaban sin demasiados controles de calidad pero detrás de la sociedad importadora de la mercancía estaba claro que debía existir un importante grupo empresarial.
Una de las sociedades había comprado, en febrero de 1987, un carguero de 145 metros de eslora, con 19.000 toneladas de peso muerto y una capacidad de carga de 24.358 metros cúbicos, el Jovellanos, que esperaba su turno para ser desguazado en los astilleros de El Ferrol.
El barco había sido remolcado hasta la isla de Tenerife y atracado en el dique del Este, donde era utilizado como almacén flotante de cemento.
—Esa gente (los empresarios) deben estar protegidos desde muy arriba —le habían comentado al diputado Mardones.
—¿Y cómo lo sabes?
—Averigua el flete que estaban pagando.
Los periódicos extranjeros, especialmente La Tribune de Généve, aseguraban que el hombre fuerte de Rumanía durante más de 30 años, de quien su amigo Santiago Carrillo dijo que estaba afectado por una «tremenda paranoia», había acumulado en los bancos de Zürich en los últimos años una suma de 400 millones de dólares por cobros en las ventas de productos del Estado en el exterior.
Tras el fusilamiento de Ceaucescu y su mujer, Elena, el 22 de diciembre de 1989, el Departamento de Justicia y la Policía del país helvético, a petición de los nuevos gobernantes rumanos, habían solicitado a los bancos que bloquearan las cuentas en Zürich de Nicolae Ceaucescu y su familia, para restituir el dinero al patrimonio del país.
El dato era interesante, pero Ahmad Rafat no se conformó con una información tan genérica como ésa, reproducida además por la Prensa de todo el mundo, y quiso averiguar si alguna empresa española había ayudado a engrosar las cuentas corrientes privadas del sanguinario dictador rumano, de quien se decía que tenía en su residencia un traje y un par de zapatos para cada día del año, que luego tiraba, mientras su pueblo pasaba, incluso, hambre.
El corresponsal de Tiempo averiguó, poco después, que una de las vías utilizadas por Nicolae Ceaucescu para enriquecerse eran las exportaciones de cemento al extranjero.
En Rumanía, en esa época, destacaban dos empresas de ese sector: Karpati, vinculada al Partido Comunista búlgaro, y Vitrocem, ligada al Ministerio de Comercio Exterior.
Tanto Karpati como Vitrocem vendían ingentes cantidades de cemento a España. Pero no lo hacían directamente. Empleaban como mediadora a una empresa registrada oficialmente en Chipre.
Se trataba de la sociedad Crescent. Oficialmente, era propiedad de un ciudadano árabe pero, según las nuevas autoridades rumanas, constituía la vía principal utilizada por Nicolae Ceaucescu para acumular divisas fuera de su país, principalmente a lo largo de los dos últimos años, tras la glasnost llevada a cabo en la Unión Soviética por Mijail Gorbachov.
Hispasilos. En el Directorio de Empresas (Dicodi) figuraba inscrita como una sociedad dedicada a la «importación de cementos». La sociedad tenía sus oficinas en la planta 18 de la Torre Picasso de Madrid, el edificio construido por los Albertos.
Al frente de la empresa se encontraba el ex embajador de España en Rumanía hasta el 15 de abril de 1988, Nicolás Revenga Domínguez. A Revenga, retirado ya de la carrera diplomática, casi no le había dado tiempo de colgar sus «hábitos». El 12 de mayo de ese año, apenas un mes después, ya presidía la empresa Hispasilos.
Un nuevo dato venía a confirmar que la sociedad pertenecía a Enrique Sarasola. La secretaria de Hispasilos, Ingrid Berenbeck, una alemana de Bremen, había sido durante muchos años la secretaria del amigo del Presidente del Gobierno en sus oficinas de la calle Miguel Ángel, de Madrid.
La confirmación definitiva que relacionaba a Sarasola con Hispasilos la iba a proporcionar, finalmente, el Registro Mercantil de Madrid.

El 14 de enero de 1983, tras varias reuniones, Carlos Solchaga, que entonces ocupa la cartera de Industria, no duda en confiarle la gestión de ERT, el mayor holding industrial privado del país, apoyado en tres sectores básicos —petroquímico, fertilizantes y defensa— que en esos momentos, con una deuda de 160.000 millones de pesetas, se encuentra al borde de la quiebra.
La empresa, que ocupa el puesto número uno en el sector químico español y tiene nada menos que 125 bancos acreedores, en 1982 acumula un récord de pérdidas de 40.000 millones de pesetas.

El 22 de mayo de 1990, Trébol Internacional, la empresa de Manuel Prado y Jesús Sainz, firma con Yemen del Sur la construcción del hospital. Por gestionar la operación, recibe una comisión del 2 por 100.
Focoex, la empresa del Estado que controlan la mujer del titular de Economía y Hacienda y Germán Calvillo, un hombre de su absoluta confianza, a la fuerza, acaba cobrando otro porcentaje similar.

Con la llegada del PSOE al poder, la filosofía de Focoex cambia radicalmente. Al tiempo que se eleva su capital social a 660 millones de pesetas primero, y a 1.650 después, la idea de los respectivos ministros de Economía socialistas, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, es convertir el trading del Estado en una empresa rentable.
Para ello, Focoex abandona su política inicial de fomentar el comercio en mercados más difíciles para abrir nuevas vías a los productos españoles, y concentra sus esfuerzos en los mercados tradicionales.
Este cambio de actitud se observa claramente en la estructura exterior de la empresa. Focoex, que hasta 1989 mantiene abiertas oficinas de representación en Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Hong Kong y Angola, cierra las dos últimas —situadas en mercados difíciles— y abre otras en mercados más próximos, como Marruecos.
Es entonces cuando se produce la paradoja. El Estado, a través de su empresa de comercio exterior, financiada con los impuestos de todos los españoles, se convierte en el principal competidor de los exportadores privados, que arriesgan su dinero y pagan sus tributos, barriéndoles de sus mercados.
El problema se agrava a partir de 1986, cuando Carlos Solchaga llega al Ministerio de Economía y pone al frente de Focoex a Germán Calvillo, uno de sus íntimos amigos.

Desde que llevó a cabo su primer y más importante suministro de material escolar por 5.600 millones de pesetas en 1984, Polanco, propietario de Prisa, la empresa editora de El País, tenía en Colombia uno de sus principales mercados y no estaba dispuesto a dejárselo arrebatar.
Pero también se sentía ultrajado el empresario Enrique Sarasola. Amigo personal de los cinco últimos presidentes de Colombia, Sarasola no sólo había intervenido en la firma del contrato para la construcción del polémico Metro de Medellín. Desde la llegada del PSOE al poder, no se perdía una operación importante que tuviera que ver con ese país.
Desde hace tiempo, en círculos oficiales, se reconoce que en los últimos años, en el país hispanoamericano no se toma una decisión que afecte a España sin que él esté enterado, para informar al presidente González. Con la llegada de Virgilio Barco al poder, el cuñado de Sarasola, Carlos Arturo Marulanda, ocupa la cartera de Desarrollo Económico y su poder en Colombia se incrementa notablemente.
El amigo de Felipe González y el editor de El País, Jesús Polanco, formaban, además, un támdem insustituible.

El proyecto del Tren de Alta Velocidad prevé una obra de 476 kilómetros de longitud, de ancho internacional, con una inversión en obra civil de unos 250.000 millones de pesetas, más el coste de los 25 trenes, capaces de alcanzar 300 kilómetros por hora, que van a circular por sus vías.
Para las multinacionales Siemens y Alsthom constituye un bocado apetecible. Pero no tanto como el Plan de Transporte Ferroviario (PTF), aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril de 1987, para adecuar los ferrocarriles españoles a las exigencias de los países comunitarios, en el horizonte del año 2000.
Este plan, desarrollado bajo la etapa del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Barrionuevo, intenta modernizar el sistema ferroviario español y unir las principales ciudades del país con líneas que permitan una velocidad media de 250 kilómetros por hora.
Para ello es necesario cambiar todo el trazado de las vías, construir centenares de túneles y viaductos, vallar miles de kilómetros de línea férrea y actualizar todo el parque móvil de Renfe.
Las inversiones previstas alcanzan los 2,7 billones de pesetas de 1990.
La construcción de los 24 trenes de alta velocidad se adjudica a la empresa francesa Alsthom, con el compromiso de adquirir las firmas españolas del sector ferroviario, Maquinista y Ateinsa.
Al consorcio liderado por Siemens se le asigna la fabricación de 75 locomotoras de gran potencia y la instalación y el mantenimiento de la señalización de la nueva línea Madrid-Sevilla, contrato en el que participa también Amper, sociedad para la que trabajaba como delegado en Andalucía Adolfo Guerra, uno de los hermanos del vicepresidente del Gobierno.
El acuerdo no satisface del todo a ninguna de las dos partes, que se habían gastado entre un 3 y un 5 por 100 del volumen del contrato en comisiones, pero tampoco perjudica especialmente los intereses de Alsthom ni los de Siemens.
Sólo una persona resultaría, en cualquier caso, beneficiada con el acuerdo, al margen de la decisión que adoptara el Ejecutivo: el broker Eduardo Santos.
Antiguo subsecretario del Ministerio de Industria y uno de los más activos intermediarios en las negociaciones para la adjudicación del TAV, había firmado dos contratos de colaboración, uno con Alsthom y otro con Siemens.
Colocando una vela a Dios y otra al diablo, Santos tenía todas las de ganar. Aunque puestos a forrarse no se quedaría precisamente solo.

El 4 de diciembre de 1984 un Consejo de Ministros, presidido por su amigo Felipe González y al que asiste el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, vende a una de sus empresas, Elingra Benegingmaat, B.V., registrada en Holanda, la empresa Galerías Preciados, considerada entonces la segunda en el sector de los grandes almacenes del país.
Galerías Preciados era propietaria, en el momento de la transacción, de una superficie de 954.569 metros cuadrados de inmuebles, valorados, dos años antes, en 22.233 millones de pesetas. Su patrimonio neto contable era de 38.585 millones, debido a una inyección de 34.643 millones de pesetas hecha por el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales, y su plantilla laboral había sido reducida de 12.000 a 10.000 personas.
Según el acta del Consejo de Ministros, la empresa así saneada fue enajenada por el Gobierno a dedo, sin un concurso público previo, por un precio de venta de 750 millones de pesetas, a la empresa Elingra Benegingmaat, propiedad de la familia Cisneros, cuyo capital social en el momento de la compra era de 22.000 florines, poco más de un millón y medio de pesetas.
La operación era el mejor regalo que se podía hacer al hombre que tantos desvelos había demostrado al atender a Felipe González durante sus viajes a Venezuela.
El acuerdo definitivo de venta se firmó el 15 de enero de 1988. Anthony Clegg pagó a Cisneros 30.600 millones de pesetas por Galerías Preciados, con lo que el venezolano multiplicó por 40,8 la inversión inicial hecha en la compra de la empresa.
El Estado español, que había invertido 34.643 millones de pesetas para entregarle la empresa saneada a Cisneros, ni siquiera pudo cobrar los impuestos correspondientes por esta segunda venta de Galerías Preciados. Elingra Benegingmaat era una sociedad extranjera y la operación se había realizado en las Antillas Holandesas.
A Gustavo Cisneros no le caben dudas, como se enseñaba en algunos libros de texto del posfranquismo, de que «un buen amigo es el mejor tesoro».

El Estado, después de sanear los dieciséis bancos de Rumasa, les concedió un préstamo de 400.000 millones de pesetas a través del Banco de España, al 8 por 100 de interés y a devolver en doce años, antes de reprivatizarlos.
Fue como un regalo. Ese dinero se obtuvo mediante una emisión de deuda pública, al 9,5 por 100, efectuada en julio de 1984. Tan sólo prestando ese dinero al 14 por 100 anual, los dieciséis bancos reprivatizados podrían haber registrado unos ingresos limpios conjuntos de unos 56.000 millones, en un solo año.
En otra ocasión, el 3 de febrero de 1987, el comité de empresa de Hispano Alemana de Construcciones comunicaba por escrito a Ramallo que de los 11.069 millones de pesetas que el Estado había entregado a esta empresa para su saneamiento, sólo habían sido ingresados en una cuenta del Banco Pastor, 9.299 millones de pesetas.
Los 1.770 millones restantes no figuraban en la contabilidad de la empresa. Probablemente, correspondían a las comisiones que se repartieron entre algunas personas consideradas cercanas al PSOE.
Días más tarde, llegaba otro papel a manos del diputado. De acuerdo con este documento, la sociedad contratada por el Estado para que le asesorara en la venta de las empresas de Rumasa, The First Boston Corporation, informaba favorablemente, el 10 de mayo de 1984, la venta de tres compañías de seguros del grupo de Ruiz Mateos a la compañía Caja de Seguros Reunidos, S.A. (Caser).
The First Boston Corporation reconocía, en el mismo escrito, que no tenía un conocimiento profundo del sector en España. Sin embargo, el mismo día en que Caser presentó su solicitud de compra, la informó favorablemente.

El Club La Solana había sido inscrito el 12 de diciembre de 1985 en el registro de asociaciones de Sevilla, con el número 2.341, y contaba con los permisos pertinentes de la Junta de Andalucía para su apertura. En las gestiones de los mismos, según todos los indicios, había participado Juan Guerra González.
Pero eso no era lo más alarmante. El casino era un negocio-tapadera del GAL y el Batallón Vasco Español. Sus principales accionistas eran el corso Gilbert Perret, un antiguo miembro de la OAS residente en Castellón donde regentaba un restaurante, relacionado con la matanza del bar «Hendayais» en Bayona (Francia), y Carlos Gastón, un individuo afincado en Marbella y reclamado por la Policía francesa, que le vincula al comando que mató al periodista de Egin, Francisco Javier Galdeano, en el Sur de Francia.
Para la explotación de la sociedad, los activistas del BVE y del GAL habían creado la sociedad Porsur, al frente de la cual figuraban como accionistas la mujer y una hermana de Carlos Gastón. A pesar de que su nombre debía figurar en las listas de personas en busca y captura de todas las comisarías españolas, Gastón se movía como pez en el agua en Andalucía.
Los inspectores han descubierto dos sociedades, Expansión 13 y J.C.V. Inversiones, en la calle Viladomat de Barcelona. Una tercera, Zoé, tiene su sede en la calle Provenza de la misma ciudad. Además, Cohen es propietario de Magazan, S.A., una sociedad con sede en el edificio Sevilla-2, uno de los centros neurálgicos de la capital andaluza, donde se maneja mayor cantidad de información privilegiada.
La Policía averigua que el espía judío y Juan Guerra son socios en negocios de máquinas tragaperras, venta de aparatos sanitarios a instituciones hospitalarias andaluzas, recalificaciones de terrenos y compra y venta de licencias a organismos de la Junta de Andalucía.
Las pesquisas policiales se centran cada vez más en el hermano del vicepresidente del Gobierno. Tres años y medio antes de que salte públicamente el escándalo, el comisario Barba advierte cómo aquel individuo de calva pronunciada, barba espesa y gafas de sol Rayban con los cristales ahumados y gorra marinera, imparte órdenes y da instrucciones a una gran parte de las autoridades de la Junta de Andalucía, como si mandara más que un ministro.
Sin cargo oficial alguno, Juan Guerra González, un individuo de 51 años, de signo Aries, analista de aceites como única profesión reconocida, ocupa un despacho oficial en la delegación del Gobierno en Andalucía y recibe a diario más visitas que el propio delegado del Gobierno, Tomás Azorín.

Las amistades peligrosas de José María Aznar, sin embargo, no fueron conocidas fuera de los círculos políticos de Burgos y Valladolid hasta el viernes, 3 de febrero de 1990, fecha en que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, hizo una velada alusión a este espinoso asunto en el debate parlamentario sobre el «Caso Guerra».
El presidente del Partido Popular, en un lenguaje poco inteligible —«Ni en Burgos, ni en Valladolid, ni en…»—, negó los hechos. En el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos, sin embargo, cinco personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Burgos, han afirmado lo contrario.
«El empresario Antonio Miguel Méndez del Pozo, a quien el fiscal de Burgos pide ocho años de cárcel y la acusación particular treinta, entraba en el despacho del presidente regional (por Aznar) sin anunciarse y colocaba a sus socios en cargos autonómicos», aseguraba el desaparecido semanario El Globo.
Pero las reuniones políticas del Real Club Valladolid iban a jugar un importante papel en el desenvolvimiento económico y financiero del Partido Popular.

Constituida en agosto de 1981, Cultivos Piscícolas Marinos (Cupimar) es una de las empresas de vanguardia en la Comunidad Económica Europea en materia de granjas marinas dedicada al cultivo de mariscos y al engorde de lenguados y doradas.
El periodista Germán Álvarez Blanco, amigo personal de Txiqui Benegas, a quien conoce desde hace 14 años y «al que le tuve que prestar este año 50.000 pesetas, para que su hija pudiera irse a un campamento», fue nombrado —según cuenta él mismo— consejero de Cupimar por Matutes, aunque en el Registro Mercantil no consta tal inscripción.
—Matutes empezó a cortejarle al conocer la gran amistad que le unía a Txiqui Benegas —explica un amigo de Álvarez Blanco, quien era otro de los jugadores de squash asiduos de la discoteca Ku de Ibiza con quien los dos políticos han compartido cancha en más de una ocasión.
Álvarez Blanco, ligado a un consulting que da empleo a veinte personas, dedicado, según él, a negocios lícitos, y al tráfico de influencias con empresas vinculadas al PSOE, según la información de algunos periódicos, permaneció poco tiempo en la empresa de Matutes.
Matutes les vende también los langostinos y las doradas procedentes de su empresa Cultivos Piscícolas Marinos (Cupimar), que abarca una superficie de 4.000.000 de metros cuadrados entre San Fernando, Chiclana de la Frontera y Puerto Real, en la provincia de Cádiz.
Instalada en un área de influencia socialista como es Andalucía, Matutes ha necesitado contar con multitud de permisos de la Junta de Andalucía y del Gobierno —en aplicación de la Ley de Costas— para poder instalar allí la empresa con más futuro de su holding.
El PSOE, que ha boicoteado numerosos proyectos en Cataluña «porque no vamos a dar ninguna ventaja a Convergència i Unió», según un ministro del Gobierno, no ha dudado, sin embargo, en esforzarse para ayudar al comisario europeo por el Partido Popular y compañero de pista de squash de Txiqui Benegas.
Y es que ya lo dejó claro hace unos años en Cádiz el número 3 del PSOE, refiriéndose a las empresas de Matutes:
—Apoyaré cualquier iniciativa de este tipo que surja en esta provincia.

Entre 1978 y 1985 se utilizaron 22 millones de marcos (1.400 millones de pesetas) de la fundación alemana Frederik Ebert, para financiar al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Socialista Portugués. El dinero viajó a España a través de una cuenta abierta en un Banco de Zurich (Suiza), desde el Instituto para Encuentros Internacionales, y otra cuenta en Tel Aviv, de la fundación hebrea Fritz Naphtali, que actuaron como tapaderas para sacar el dinero de la República Federal de Alemania.
Los datos de la Fiscalía de Bonn parecen sólidos y están respaldados por seis años de duros trabajos y centenares de declaraciones de los propios interesados.
La investigación de la Fiscalía General de la República Federal de Alemania contradicen radicalmente las palabras del Presidente del Gobierno español, Felipe González, en el pleno del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre de 1984, donde, de forma rotunda y categórica, había afirmado:
—Que quede claro: ni yo ni mi partido hemos recibido dinero ni de «Flick» ni de «Flock». Y ésa es una afirmación que nunca me veré obligado a rectificar.
Tras el informe de la Fiscalía de la RFA, Felipe González tal vez piense ahora que rectificar y reconocer públicamente que su partido ha estado metido en asuntos no demasiado limpios, probablemente, no sea cosa de sabios.
Sin embargo, para el presidente González, aquel año de 1984 el turrón tuvo, por primera vez, un sabor amargo.
Sus biógrafos dicen que los primeros escándalos de la democracia le quitaron el apetito y que, a partir de entonces, el partido de Pablo Iglesias se transformó en una organización semejante a la que describe George Orwell en su famosa novela 1984, con el PSOE como Gran Hermano, tratando de borrar el rastro de su propia historia, donde, «oficialmente», la corrupción no existe y donde el vicepresidente, Alfonso Guerra, continúa, un año después del escándalo de su hermano, del que políticamente es responsable, sentado en el mismo sillón.

El hombre de KIO en España, Javier de la Rosa, adquiere, por poco más de 2.000 millones de pesetas, un paquete del 25 por 100 de las acciones de Tele 5, la cadena de televisión del íntimo amigo de Bettino Craxi, el italiano Silvio Berlusconi, y de Miguel Durán, secretario general de la ONCE.
Con esta operación, cerrada a comienzos de abril de 1990, la crisis abierta en Tele 5 por el enfrentamiento entre los dos grupos que pretendían dirigir el canal de televisión, con Miguel Durán y Silvio Berlusconi de una parte y Germán Sánchez Ruipérez, de la otra, queda resuelta.
Javier de la Rosa, un empresario deseoso de que se le perdonen algunos pecados —veniales o mortales, según se mire— cometidos durante su etapa como banquero, responde así a una propuesta sugerida desde los círculos del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, para convertirse en uno de los hombres clave en el futuro de la comunicación en España.
Propietario de las empresas de publicidad Slogan y Pietro Golden, accionista del periódico económico La Gaceta de los Negocios, antiguo dueño de El Noticiero Universal de Barcelona y socio de Enrique Sarasola en Cinepaq[4], el representante de KIO en España está dispuesto a desplegar todas sus armas, tácticas y estratégicas, para apoyar el asalto al Cuarto Poder desde el Partido Socialista.
Poco antes del verano de 1990, los hombres de Alfonso Guerra, pero especialmente el ex director general de RTVE, José María Calviño Iglesias, están convencidos de que De la Rosa puede ser un buen caballo de Troya para la toma del Grupo Z, un conglomerado de 19 periódicos y revistas, con El Periódico de Cataluña y los semanarios Interviú y Tiempo como buques insignias.
Murdoch, propietario de News Corporation, el mayor grupo de Prensa, Radio y Televisión del mundo —con más de cien periódicos en los cinco continentes y canales de televisión convencionales, por cable y vía satélite en varios países—, tiene aparentemente problemas de liquidez y desea «realizar» sus inversiones en España.
La ruptura entre el magnate de la Prensa australiano y el Grupo Z, sin embargo, es también el resultado de las profundas diferencias de criterio que ambos empresarios mantenían desde hacía tiempo. Murdoch había adquirido, a finales de 1989, un paquete del 25 por 100 de las acciones del holding de Antonio Asensio, por el que había pagado 6.700 millones de pesetas, pero había supeditado la valoración definitiva de sus acciones a una auditoría posterior.
El estudio de las cuentas, realizado en la primavera de 1990, había llevado al convencimiento a los especialistas de Murdoch de que el Grupo Z estaba sobrevalorado, en vista de lo cual, el empresario de origen australiano pidió un mayor porcentaje de acciones o la ruptura del acuerdo.

El 28 de marzo de 1983, cuando la Asociación Española de la Banca Privada (AEB) celebra su reunión anual, han pasado exactamente 114 días desde que Felipe González llega al palacio de la Moncloa.
En el mundo de la Banca han ocurrido muchas cosas, entre ellas la expropiación de los 19 bancos de Rumasa, y los banqueros esperan lo peor. El clásico informe de Rafael Termes, el presidente de la AEB, que habitualmente no pasaba de los 55 folios, alcanza ese año los 72, dedicados en su mayoría a analizar las intenciones del nuevo Gobierno, y en los que Termes valora en términos muy duros la decisión de Boyer de aumentar el coeficiente de caja en un punto.
—La medida —dice— va a suponer unas pérdidas para la Banca que discurrirán en una banda entre los 15 y los 18.000 millones de pesetas.
Después de calificar semejante decisión de sorprendente y onerosa, el presidente de la AEB concluye:
—La pérdida será de un 12 a un 15 por 100 de los beneficios antes de impuestos, estimados en 1982.
Para la Banca española, acostumbrada a hacer su agosto cada año, parece que ha llegado el período de las vacas flacas
La del Banco de Valladolid fue una de las primeras crisis de una cadena de quiebras bancarias. El 20 de septiembre de 1989 el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona, a petición de la Fiscalía del Estado, declaraba quiebra fraudulenta la suspensión de pagos del Banco de los Pirineos.
Esta decisión judicial, tomada siete años y cinco meses después de que la entidad bancaria se presentara ante el juzgado para declarar la suspensión voluntaria de actividades, permite a los tribunales reabrir el caso y proceder por la vía penal contra el presidente de la entidad, máximo responsable del banco y ex diputado de UCD al Parlamento catalán, Higinio Torras Majem.
Pero en esas fechas, huido a Brasil desde enero de 1982, Torras Majem es un enfermo en fase terminal, que vive postrado en una silla de ruedas, afectado por una parálisis progresiva, en su chalet de Bahía.
El 17 de octubre de 1989, a los 55 años de edad, veintisiete días después de que el tribunal iniciara los trámites legales para procesarle, el presidente del Banco de los Pirineos fallece.
Y una vez más, la acción de la Justicia fracasa en su intento de sentar en el banquillo al presidente de una entidad bancaria, como presunto responsable de haber llevado a la quiebra a su empresa, poniendo en peligro los ahorros de numerosos accionistas modestos.
El Banco de los Pirineos había presentado quiebra voluntaria ante el juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona el 7 de diciembre de 1981. En la documentación que entrega por entonces a la Justicia, la entidad omite un informe, declarando haber concedido créditos por valor de 5.800 millones de pesetas a empresas vinculadas a los consejeros del banco.
Estos créditos suponen el 54 por 100 de los riesgos totales del Banco y cuadruplican los recursos propios de la entidad. El presidente del Banco de los Pirineos, Higinio Torras, tampoco facilita al juzgado información sobre la existencia de avales por valor de 2.169 millones de pesetas que se han concedido a las mismas empresas.
En los libros del Banco de los Pirineos tampoco se contabilizan otros 1.896 avales destinados a diversas filiales del grupo, ni los pagos de fuertes extratipos realizados, que figuran ocultos en una caja B, lo que obliga al fondo de Garantía de Depósitos a realizar una provisión de fondos de 2.824 millones de pesetas para que los depositantes puedan recuperar su dinero.
La ocultación de estas cifras, que se contradicen con los informes del Banco de España, al hablar este organismo de quiebra fraudulenta desde un primer momento, impulsa al juzgado, tras una primera valoración, a aceptar la suspensión de pagos.
Pero, extrañamente, el sumario se traspapela durante siete años en la Audiencia de Barcelona, mientras Higinio Torras huye de España a Brasil, llevándose consigo a su mujer y a sus siete hijos.
El ex militante de UCD y propietario de la papelera Torras Hostench, empresa que abandona con un agujero de 17.000 millones de pesetas, puede así disfrutar de una relativa tranquilidad en Bahía.
Con el dinero que saca de España, adquiere un bosque de 170.000 hectáreas de pinos para fabricar pasta de celulosa; monta una empresa de import-export, se compra un bonito chalet en la parte más noble de la ciudad y hasta renueva su pasaporte, en 1984, en el consulado español de Salvador, capital del estado brasileño de Bahía, pese a estar en busca y captura por Interpol.
En 1989, cuando alguien rescata el sumario del olvido y se demuestra que la quiebra del Banco de los Pirineos ha sido fraudulenta, el fiscal de Barcelona solicita penas de hasta trece años para Higinio Torras por falsedad y estafa.
Torras, un antiguo miembro del Opus Dei, a quien el ex ministro franquista Laureano López Rodó ayuda a construir su imperio, no pisa la cárcel, pero pierde el habla a consecuencia de una parálisis y, a partir de ese momento, apenas puede moverse.

Al Banco de Levante, presidido por José Miguel Garrigues Walker, el hermano menor del clan Garrigues, le alcanza la crisis en octubre de 1982, tras un fracasado intento de venta de la entidad al Banco Zaragozano.
El Banco de España, que conoce perfectamente la situación interna de la entidad, después de tener a sus inspectores trabajando allí durante un año, obliga a la familia Garrigues y a los restantes accionistas mayoritarios a ceder sus acciones, que representan el 60 por 100 del capital, al Fondo de Garantía de Depósitos y a renunciar a la gestión.
La investigación posterior del Fondo demuestra que la entidad bancaria, con casi 68.000 millones de depósitos, pierde en el último ejercicio 4.193 millones de pesetas y que, con tan sólo 4.331 millones en recursos propios, concede 27.000 millones de pesetas en créditos a 85 empresas del grupo, la mayoría de ellas insolventes.
Los inspectores averiguan que, poco antes de la crisis, los administradores de la familia Garrigues venden al Banco de Levante las once empresas del grupo en peor situación financiera, todas en quiebra técnica.
Durante los años 1978 y 1979, la familia Garrigues, que ostenta entonces el control del Banco de Levante, adquiere, a través de 30 empresas de su propiedad —entre ellas Nueva Holding, Murano, Euroliga, Eurofinsa y Obras Cumbres Andaluzas—, seis millones de acciones de Renta Inmobiliaria, hasta ese momento en poder del Banco de Levante.
Los títulos los compran a un precio situado entre el 50 y el 60 por 100 de su valor nominal, para revendérselos al banco, años más tarde, al 280 por 100 de su valor, es decir, casi cinco veces más caros.
La operación produce unos beneficios de 7.000 millones de pesetas, con parte de los cuales la familia Garrigues cancela diversos créditos que debe al banco. El resto, unos 2.000 millones de pesetas, pasa a engrosar sus arcas personales.
Hasta 1989, el Fondo de Garantía de Depósitos tendrá que realizar diversas operaciones de saneamiento en la entidad por un importe de 59.716,9 millones de pesetas, según se recoge en la memoria de ese año.
El 4 de junio de 1983 el fiscal general del Estado presenta ante la Audiencia Nacional querella criminal contra el presidente del banco, José Miguel Garrigues Walker, y contra seis consejeros, por estafa y falsificación de documentos mercantiles. Por primera vez en la historia de las crisis bancarias, además, varios accionistas de una de las entidades afectadas interponen, por su parte, otra querella en el Juzgado de Instrucción número 5, de Madrid.
Pero los banqueros en España parecen tener patente de corso. El 31 de octubre de 1984, el Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional deniega el procesamiento de los antiguos administradores de la sociedad.

El PSOE, para la banca, es, desde hace años, como el Rey Midas: todo lo que toca lo convierte en oro y, además, lo multiplica. El 28 de octubre de 1982, la fecha mítica del «cambio» socialista, el precio de mercado de los «siete grandes» de la banca española es de 389.213 millones de pesetas, de acuerdo con los datos que arroja el boletín de la bolsa de Madrid.
Cualquier persona o grupo fuerte, como el barón Thyssen o el fallecido presidente de El Corte Inglés, Ramón Areces, hubieran podido, en aquellos momentos, con el consentimiento del Banco de España, adquirir tranquilamente un banco.
Siete años y dos meses después, el 29 de diciembre de 1989, el precio de mercado de los «seis grandes» —el Bilbao y el Vizcaya están ya fusionados— incluyendo ampliaciones de capital, es de 3 billones ciento dieciséis mil millones de pesetas, una cifra inalcanzable para cualquiera de los actuales imperios financieros que operan en España.
Mientras el índice general de la bolsa de Madrid pasa en ese período de 105 a 297 enteros, es decir, no llega a multiplicar por tres su cotización.
Entre los elegidos destacan Emilio Botín padre y sus hijos Emilio y Jaime Botín, presidentes los dos últimos del Banco de Santander y de Bankinter. El clan familiar, directamente o a través de sociedades interpuestas como la Fundación Emilio Botín, controla entre el 5 y el 7 por 100 del capital social de ambos bancos.
Junto con los hermanos José Miguel, Luis Felipe y Juan Pablo Serrano Goyría (propietarios del 2 por 100 del Banco de Santander), y Joaquín Foch Rusiñol, presidente de Pinturas Titán, la familia Botín se encuentra entre ese selecto grupo de personas que más provecho sacan de la subida bursátil anterior a la crisis del golfo Pérsico.
El Hispano Americano, considerado el banco de la «beautiful people», ha hecho rico —no multimillonario— a su presidente, Claudio Boada Villalonga. Pero quienes mayores dividendos han obtenido de la Bolsa son el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino; Javier Benjumea, presidente de Abengoa y Juan Lladró, hombre fuerte de la empresa valenciana de cerámicas. Entre los tres controlan entre un 5 y un 7 por 100 del capital social de la entidad.
En el Banco Central, el principal paquete de acciones —un total de 11.489.517 títulos— pertenecían a las hermanas Esther y Alicia Koplowitz, que vendieron en el verano de 1990. Pedro Ballvé Lantero, uno de los hombres de confianza de Alfonso Escámez y Javier Gil de Biedma, poseen también importantes paquetes accionariales, aunque no tan significativos.
Los tres hombres fuertes del Banco Popular Español, Luis, Javier y Pedro Valls Taberner, controlan el 4,7 por 100 de las acciones, pero hay otro consejero, Casimiro Molins, que tiene más títulos, el 5,2. Otras personas, Alexander Hoyos, Hans Friedl y Gabriel Gancedo, poseen participaciones por encima del 1 por 100.
El presidente de Banesto, Mario Conde, es propietario de un paquete de 2.096.537 acciones del Banesto, que representa, en 1989, el 2,1 del capital del banco. Su socio, Juan Abelló, era dueño de un porcentaje similar que vendió en el momento en que se retiró de la entidad.
En el caso del Banco Bilbao Vizcaya, las familias Delclaux Barrenechea; Ybarra Churruca; Ybarra Zubiría; Lipperheide Wicke, Entrecanales y Alzóla y de la Sola, todas ellas vinculadas a los clanes empresariales de Neguri y Bilbao. Los porcentajes, sin embargo, no son especialmente significativos, aunque el «boom» de la Bolsa ha permitido recuperar a muchas de estas familias de la crisis producida por la reconversión industrial.
Tampoco todos los que se han forrado en el mercado bursátil están en los grandes bancos. Personas como Javier de la Rosa, presidente de Quail España; Carlos March, propietario de Corporación Financiera Alba y de la Banca March; Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a través del Banco Zaragozano; Jaime Soto, todos ellos miembros de la beautiful people y hombres fuertes de Ibercorp, como Manuel de la Concha, han acumulado en los últimos años destacados patrimonios con la compraventa de importantes paquetes de títulos bancarios.
En cuestiones de dinero, los socialistas habían aplicado la política liberal del «laissez faire, laissez passer». Su objetivo era otro, dejar que los banqueros ganaran dinero para, poco a poco, ir amoldando una institución que funciona como un oligopolio presidido por siete señores que se reúnen a comer una vez al mes y fija una política unitaria.

La venta del Urquijo no es el único gran negocio de la banca española con los socialistas. Como se cuenta en el capítulo «Los poderes del clan Solchaga», la amistad del presidente del Vizcaya, Pedro Toledo, con el ministro de Economía y Hacienda, permite a la entidad vizcaína comprar Banca Catalana y un paquete del 5 por 100 de Repsol sin poner un duro en metálico y obligando a los usuarios de la luz eléctrica a asumir el coste de Lemóniz.
También la Banca March y la Corporación Financiera Alba, presidida por Carlos March, uno de los habituales de la «bodeguilla» de la Moncloa y de las cacerías organizadas por la beautiful people en Ciudad Real y Toledo, no puede quejarse.
En el año 1989, sus sociedades obtienen cerca de 33.000 millones en la Bolsa, una institución donde el Grupo March se mueve como pez en el agua con un dominio absoluto del parquet.
Un par de años antes, en octubre de 1987, coincidiendo con el crack de la bolsa de Nueva York, el Grupo March había obtenido 4.000 millones de pesetas. El Grupo March esconde además un as en la manga. A través de un pacto con el Banco Hispano Americano, puede controlar otro 6 por 100 de los valores de las cinco filiales del Popular, con lo que el paquete puede llegar al 20 por 100 de las sociedades.
El presidente del Popular, Luis Valls, recurre al Banco de España para que se anule la operación, pero Mariano Rubio, que había tratado sin éxito de que esta entidad asumiera un control más directo de sus filiales, apoya al Grupo March y el banquero ligado al Opus Dei acaba desembolsando los 4.000 millones de pesetas para recomprar las acciones de Popularinsa.
El tiburoneo bancario, hasta entonces desconocido en España, acababa de cruzar las fronteras y se instalaba en las sedes centrales de los grandes bancos y en el palacio de la bolsa de Madrid, el templo de las finanzas nacionales.

Marc Rich había iniciado en España una buena cantidad de negocios. Además del hotel Colón de Sevilla, el antiguo cartero de Nueva York había adquirido la cadena de hoteles Tryp y el complejo turístico Bellevue, en Mallorca, comprado este último por 10.000 millones de pesetas a Banesto.
En todas estas operaciones aparecía como inversor una de las sociedades de Rich en España: Ron Investment, una empresa creada en 1986, con la que este empresario ha adquirido también el matadero barcelonés de Vic, después de comprar y vender, entre 1987 y 1988, el 1 por 100 del accionariado del Banco Hispano Americano.
A través del Ron Investment, hace un par de años, Rich trató de adquirir a su amigo Alfonso Escámez, el presidente del Banco Central, a quien con frecuencia ha incluido entre sus invitados, las minas de cobre, cinc y plomo que el Central poseía en Aznacollar, aunque Escámez prefirió tratar con la empresa sueca Boliden.
La más activa de sus compañías, en cualquier caso, sigue siendo Marc Rich and Co. Trading España, con la que, fundada hace muchos años, el empresario de origen israelí hace sus negocios en la Península Ibérica y en el Norte de África.
Sólo con esta filial, Rich factura alrededor de 300.000 millones de pesetas todos los años, una cifra envidiable que, en sí misma, le permitiría vivir desahogadamente.
Marc Rich, Jacques Hachuel, Carlo de Benedetti y Giancarlo Parretti, sin embargo, no se conforman con ninguna cifra. Su pasión no es el dinero. Es la aventura de ganarlo. Una aventura que para los amigos del poder está muchas veces más cerca de la Mafia que de las teorías económicas de John Maynard Keynes o Milton Friedman, y cuyos protagonistas han encontrado, a lo largo de los últimos años, el mejor de los escenarios para llevarla a cabo, en España.

Con Quail, una sociedad que funciona tan sólo con De la Rosa, su socio Narciso de Mir, su secretario Arturo Piñana, dos ayudantes, tres secretarias y dos chóferes, el empresario catalán ha venido canalizando inversiones hacia España, en los últimos años, por valor de unos 300.000 millones de pesetas.
La mitad de este dinero, unos 150.000 millones de pesetas, correspondían, antes del conflicto de Irak, al fondo de inversiones de KIO (Kuwait Investment Office), actividad por la que De la Rosa ha cobrado sus más sustanciosas comisiones —entre 3.500 y 4.000 millones de pesetas anuales— desde que en 1987 los árabes del Golfo empezaron a fijarse en España.
Con un despacho de aire neoclásico abierto en la Avenida Diagonal de Barcelona y otro en la calle Serrano de Madrid, cerca del Hotel Villamagna —donde Javier de la Rosa tiene una suite permanentemente asignada— el ex hombre fuerte del Banco Garriga Nogués mueve a través de Quail España los fondos de pensiones de algunos colectivos de jubilados europeos.
Sin embargo, la principal actividad y la menos conocida de Quail ha consistido en comprar participaciones de empresas cuyas cotizaciones se encontraban a la baja, para sanearlas y venderlas, obteniendo una importante plusvalía.
Adquirida en 1986 a la sociedad holandesa Quail Invest N.V., con fondos de procedencia no muy clara —en algunos medios se asegura que la compra se hizo con dinero del Garriga Nogués sacado a Andorra años antes, aunque no hay pruebas de ello—, Quail España ha sido una de las empresas con un mayor crecimiento económico en los últimos años.
Además de cobrar comisiones por su trabajo de broker en el mercado de valores español, la sociedad administra el patrimonio de Javier de la Rosa en España, que incluye entre un 15 y un 18 por ciento de la papelera Torras Hostench, valorado en 30.000 millones de pesetas, meses antes de la crisis del golfo Pérsico, en el verano de 1990.
La sociedad posee también el 5,5 por 100 de Prima Inmobiliaria.
Quail España controla el 51 por 100 de la sociedad Advice y el 100 por 100 de la compañía instrumental Diagonal Invest. La primera se dedica a la gestión de grandes patrimonios individuales y tiene un volumen de negocios confesado de 4.000 millones de pesetas. Diagonal Invest, a su vez, maneja inversiones por un monto estimado de entre 2.500 y 3.000 millones de pesetas.
Tras la aventura kuwaití, la única sociedad cuyo accionariado Quail comparte con KIO es Mira. Utilizada para operar en ampliaciones y emisiones de deuda, De la Rosa mantiene en Mira una participación del 50 por 100, igual a la de sus socios árabes, pese a permanecer inactiva con 500 millones de pesetas en caja.
También ha realizado inversiones fuera de España, como el 30 por 100 que posee de la compañía portuguesa Cerámica de Sousela, en cuya participación se ha gastado 300 millones de pesetas, además de la compra de algún hotel en Andorra.
Fuentes bancarias y financieras estiman la fortuna personal de Javier de la Rosa en una cifra que podría oscilar entre los 40.000 y los 50.000 millones de pesetas, aunque, dado el volumen de negocios llevados a cabo por Quail España, incluso podrían hacerse estimaciones superiores.
Pero su patrimonio personal, aun siendo uno de los más importantes del país, no es suficiente todavía para pagar los 98.500 millones de pesetas que los accionistas del Banesto, muchos de ellos modestos ahorradores, perdieron en la crisis del Banco Garriga Nogués mientras duró su gestión.
Por eso, cuando se habla de Javier de la Rosa Martí, hay que hacer referencia a su doble fortuna personal: la monetaria, que le permite tener un potente Porsche deportivo para desfogarse, un helicóptero, un avión particular y una suite en el Villamagna de Madrid. Y la otra: la que le salvó de sentarse en el banquillo cuando en 1986 el consejo de administración de Banesto prefirió olvidar, tras no aprobar su gestión al frente del Banco Garriga Nogués.

Otros libros del autor comentados en el blog:

https://weedjee.wordpress.com/2015/04/02/los-rato-1795-2002-ramon-tijeras/

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This is another great book to try to understand the mud in which the country is submerged from the muds of the PSOE victory in the early 80’s and even before and the cantinela sounds to us since then reaching all social strata, once read the book more than once nothing is changing and the shit is clogging the country …

PSOE – which years before had won the general elections under the emblematic slogan of “One Hundred Years of Honesty”, promising voters a green, bucolic and almost mythical Spain, through the propaganda posters – betrayed the “change” and promoted the creation of a conglomerate of companies to finance themselves and stay in power, through a series of businessmen close to the party.
The socialist government, which at the beginning of 1982 spoke of moralizing political life, and that upon reaching power rose the banks’ cash ratio, imposed a schedule for officials, approved the divorce law, decriminalized abortion and reduced the 40-hour work schedule gave rise soon after to the appearance of a new social class, worshiper of money above all and in search of the personal enrichment of a few.
As such class, the new leaders aspire to take control of the economic power of the country, to control the savings banks and the administration councils of the big banks, to take advantage of the industrial reconversion to put the state enterprises in the hands of people close to the party, to control the private Radio and Television stations, in the same way that they use the strength of the votes to put on their side the Judicial Power.

The pre-contract, known in the jargon of Spanish government officials as the “Morocco-2”, satisfied the aspirations of most Spanish arms companies. ENASA and Land Rover Santana were going to be able to place their military vehicles; the National Company Santa Bárbara, Esperanza y Cía. and Explosivos Alaveses, its mines and projectiles of all kinds and ENOSA, Amper and Inisel, diverse electronics and communications material.
The operation constitutes the biggest sale of armament made by the Spanish Government to Morocco of all times. The commissions to be distributed -12,500 million pesetas- are also substantial, although a large part of them already have their addressees before the Spanish and Moroccan governments stamp their signature on a sales document.
At that time, Triad Internacional, the company of Khashogui, and Alkantara Iberian Exports, the company that has half with the Spanish Government, share a floor of 1,200 square meters, at number 91 Paseo de la Castellana in Madrid.
Samira Khashogui edits his magazine Al Sharkiah in the same building, a few floors above, and Abderramán El Assir opens the offices of his new company, Exel, registered in the Netherlands, on the fifth floor of the same building. Ambitious and enterprising, the former cultural attaché of the Lebanese Embassy in Cairo, aspires to dedicate himself very soon to his own business.
Khashogui is in charge of presenting him in society. One day he takes him to see King Juan Carlos I, whom he had met during a trip to Paris, when the Monarch was still a Prince. Another day takes him to see Ambassador Manuel Prado and Colón de Carvajal. Through his son, Borja, who works for Khashogui in Triad International, in the United States, he comes in contact with Enrique Sarasola. And the latter connects him with the socialist elite, from the President of the Government, Felipe González, to the current Minister of Economy and Finance, Carlos Solchaga.
The Alkantara company, with which Abderramán El Assir made its first arms sales business, has its origins during the first trip to Spain, in 1977, King Fahd of Saudi Arabia, just two years after the murder of his father , King Feisal, to meet King Juan Carlos I.
Fahd, in an attempt to strengthen the ties between the two Monarchies, proposes to the Spanish authorities to create two joint ventures between the two countries. One of them is a bank dedicated to channeling the flow of money generated by oil sales from the Persian Gulf to Spain. The other must be a trading dedicated to the sale of equipment goods and turnkey Spanish factories in Saudi Arabia.
King Fahd, who is delighted with the hospitality and treatment provided by the Spanish authorities, is determined to strengthen ties that will act as a bridge between the two Monarchies.
-I propose, says the Saudi king, that one of the two societies be called Alkantara.
The initial idea is that the company is 50% owned by each Monarchy. On the Spanish side, it is decided that the capital be subscribed, in equal parts, by Focoex (Promotion of Foreign Trade) and by the National Institute of Industry (INI). The Saudi Monarchy, in turn, designates as its representative the company Triad International, one of the three foreign trade entities that at that time operate in Saudi Arabia.

The electoral program of the Spanish Socialist Workers Party, which allows Felipe González to win the elections of October 28, 1982, is considered one of the objectives to be achieved in defense policy “to increase the degree of self-sufficiency of the Armed Forces, through the planned development of the national (military) industry ».
“The State – write the authors of the program – will control the manufacture of arms and the foreign trade of arms.”
If the purely socialist period, between 1982 and 1990, is analyzed, it can be seen that arms sales abroad exceed 800,000 million. Spain, which in 1980 accounted for 0.2 percent of the international arms bazaar, passes, in 1988, to control a market share of 1.2 percent, a figure that places the country in ninth place in the ranking of exporters of accoutrements of war.
In this way, the war becomes a lucrative business, not only for traditional manufacturers of military equipment but for many politicians who want to make a fortune quickly.
While the former deputy secretary of defense and current president of Telettra Spain declares that the defense industry should become the “locomotive” that draws from the rest of the national economy, the Spanish arms revolution is accompanied by a generational change and social class in the business world. The traditional entrepreneurs of the sector, men like Manuel Prado and Colón de Carvajal, former manager of Alkantara and representative in Spain of the French multinational Thomson -who wants to sell nuclear technology for the construction of submarines to the company Bazán-, and his son Borja Prado Eulate, linked to the American multinational Hughes, are systematically relegated by the new managers of the arms bazaar, organized by the leaders of the PSOE.
The new socialist business class is launched to take over the market.

One of the animators in the shadow of the Spanish political transition during the last years of the Franco dictatorship, Ambassador Brunner had won the confidence of Felipe González, hiding him several times in the German Embassy, ​​at number 8 of the street Fortuny of Madrid.
The contributions of his party were channeled, mainly, through the Frederick Ebert foundation directed by the enigmatic Dieter Koniecki, who in some circles of the PSOE was also known as “the man with the briefcase”, and with whom, according to Enrique Tierno Galván , one had to be careful, “because he is an agent of the CIA.”

The directors of the Aresbank, in good harmony with the Socialist Government since the mid-1984 then Director General of Heritage, Javier del Moral, allowed them to acquire with the Foreign Bank of Spain an important participation of Banco Atlántico, owned by the former president of Rumasa, José María Ruiz Mateos, were delighted with the project and immediately put the money.
On February 5, 1990, the notary Antonio Uribe Sorribes, with whom the Arab Spanish Bank (Aresbank) carries out all its operations, attests to the purchase of an important package of shares of Mar de Chiclana, the company sponsored by José María Calviño, by the financial entity linked to the Libyan Government.
The financing is now ready. To get the land, the office of the former director general of RTVE is in contact with the Australian businessman, of English origin, Ludvik B. Berger, linked to the hospitality industry on the island of Mallorca.
Berger and his son from New York, Lloyd Anthony Berger, who operate in Spain from companies registered in Liechtenstein, are willing to give up their Chiclana land, but want a part of the business.
Calviño does not object and on February 8, 1989, Promociones y Edificiaciones de Chiclana, Berger’s signature, granted powers to Mar de Chiclana, the company linked to Calviño, and places the lands of Cádiz at his disposal.
To round out the operation, a small detail is missing. In the plans of José María Calviño’s office, the old barracks of the Civil Guard of the Loma del Puerco, uninhabited since 1986 and owned by the State Heritage, interpose.
The establishment occupies part of the land of the future urbanization and will be sold at public auction. The Government arrives to publish in the BOE, at the beginning of 1990, the call of public contest. But shortly after, when the law firm of José María Calviño enters into action, a new contest is called, this time restricted, and the old establishment ends up in the power of Mar de Chiclana.
Acquired the ownership of the land and with the unconditional support of the Aresbank.
Pridesa (Projects and Installations of Desalination, S.A.), dedicated to the construction of water treatment plants, and Babcock Wilcox, two companies linked to the party – adds the businessman from Cordoba.
Both companies, Pridesa and Babcock Wilcox, were since 1982 under the control of prominent PSOE militants such as Juan Manuel Crovetto de la Torre and Manuel Fernández García. Subsequently, a report by Euskadiko Ezkerra, from the summer of 1990, would also link them with the Interior Minister, José Luis Corcuera and with the financial interests of the UGT and the Socialist Party.
Under socialist rule and with the support of Aida Álvarez, Pridesa has made succulent businesses in recent years. He has been granted the works of the water treatment plants of San Fernando de Henares (Madrid), Mieres (Asturias), Casablanca (Zaragoza), Jerez de la Frontera (Cádiz), and Córdoba, among others.
-Some of these water treatment plants were awarded from the office of Rios Rosas, after intense negotiations between the heads of the affected municipalities, Aida Álvarez and the broker Gustavo Durán – says Calleja.
The same socialist entrepreneur assures that Pridesa shared this type of municipal business with the International Company of Representation and Management (I.R.G.), property of the socialist deputy in the Community of Madrid, Benjamin Castro.
Calleja does not speak of hearsay. He was one of the founders of I.R.G., a company dedicated to the management and advising of commercial operations, together with Benjamín Castro, owner in turn of other companies apparently related to the financial apparatus of the PSOE.

With the support of Alfonso Guerra, he got the PSOE to award him the edition and distribution of the party’s internal documents and on May 7, 1987 he founded the company Distribuidora Expres 2020, in which he appears associated with his current sentimental partner, Miguel Molledo Martín, a commercial airline pilot.
Soon after, he began to enter the construction business and, with Aresservice, the service company of the Banco Árabe Español, created Servicios Inmobiliarios 2001.
His ascension is meteoric. On June 17, 1988, another company joined the Mercantile Registry: Tecnología e Informática 2020, with which it intends to mediate in the business of the sale of computer equipment before the Administration.
On March 19, 1990, it promoted a new alliance with Aresbank and created Madrid Sur 93 to start the development of El Gurrullero in Getafe, a business whose capital gains can reach 10,000 million pesetas.
But the most profitable business is achieved in March 1989, when the Express Mail Service, the European postal consortium based in Brussels, which coordinates the postal services of 20 Western countries, including the General Directorate of Spanish Post, awarded to Transportes Aéreos Hispanos, SA (Tahis), the overnight transport of urgent correspondence between Madrid and Brussels.
The controversial concession, that did not fulfill the bases of the contest, allows to Tahis, a company of Miguel Molledo and Maria de los Angeles (Aida) Alvarez, an annual income of 300 million pesetas.
A second company, also linked to people of the party, has begun to move the subtle threads of the Ministry of Transport, to keep the multimillion-dollar business.
This is Pan Air Líneas Aéreas, a company incorporated with a social capital of 350 million pesetas and chaired by Nicolás Valero Fernández, a former pilot of the DC-9 fleet of Iberia, a member of UGT and the PSOE.
Pan Air has the solvency that behind that name lies the Australian company TNT Ipec Holding, considered the largest carrier in the world. But, in addition, Nicolás Valero hires the services of José María Calviño’s law firm so that, for a handful of millions, he can lend a hand with the Government.
Calviño and Aida, two parallel lives in the service of the same gentleman, the vice president of the Government, Alfonso Guerra, and the same interests, those of the Socialist Party, end up, in this way, facing each other by a contract of which José Luis Martín Palacín, secretary General of Communications, he does not even want to hear about it.

While Felipe González, Defense Minister Narcís Serra and Foreign Affairs Minister, Francisco Fernández Ordoñez, prepare to send a flotilla consisting of a frigate and two corvettes to the waters of the Persian Gulf to prevent the exit of Iraqi oil, in the Carmen Rodríguez’s bright office, with its windows facing the Santiago Bernabéu stadium, is achieved, after numerous attempts, that the Hispano-American countries, Angola, Uganda and Saudi Arabia in exchange for a merely “symbolic” military presence in the Gulf, commit to sell to Spain the 70,000 barrels per day that had stopped arriving from Iraq.
Finally, after the inauguration of the President of the Government of Colombia, César Gaviria, the Minister of Economy and Finance, Carlos Solchaga, who had shown concern in the previous days, can announce it officially.
-Spain will not suffer any problem of oil supply.
For the Community Parliament, Doñana, European Heritage, is one of the last wild regions of the continent, threatened by the construction of the Costa Doñana urbanization.
While Alfonso Guerra, Vice President of the Government and President of the Board of Doñana, maintains a compromising silence, Ripa di Meana, makes his first serious warning to the Government.
– In Brussels – it declares – one can not close the eyes to the catastrophe of Doñana, a zone sacred for the memory of the Europeans.
The urban operation of Costa Doñana, described as “the largest speculative business in Andalusia”, mounted through the use of privileged information and influence peddling, according to Izquierda Unida, suffers its first and perhaps definitive setback.
To Francisco Palomino, to Jacinto Pellón and to Jesús Bores, initially linked to the project, the ecologist movement stops liking them forever. But the rest of the President’s men, who dominate many other businesses, the matter does not get to sleep.
For the Socialist Party and the Government, which in all the previous electoral campaigns had had to go from bank to bank begging for a loan, and from the perspective of Sarasola and González, the possibility of controlling the Central through the Albertos is an opportunity served on a tray that can not be disregarded.
On November 23, 1987, in this way, the two cousins ​​and KIO signed an agreement in London for the constitution of Central Portfolio, through which Alberto Cortina and Alberto Alcocer ensure control of 51% of the shares of the Central Bank , in exchange for some lots in Plaza de Castilla, in Madrid, which become the property of the Kuwaiti group.
The operation leaves Sarasola a good pinch of money, not as much as the Metro Medellín, but a good sum that allows him to acquire an important extension of land on the island of Santo Domingo, where he plans to build a tourist resort in Puerto Plata , the place where his Venezuelan friends Gustavo Cisneros and Carlos Andrés Pérez have made investments.
Sarasola, at this time, is publicly shown as an entrepreneur who is apparently back from business and who has only one illusion in his life: his estate in El Espinar, where he plans to retire to take care of his 84 racehorses, pheasants and the buffalo he wants to take to his farm.
The businessman, who in 1958 had started in the business world in Colombia with the company Fabricaucho, producing rubber wheels for furniture and plastic gaskets for refrigerators – as he himself confesses – did not need to earn more money and what he wanted was Recover lost time to devote to your family, your friends and your favorite hobbies, boxing and boleros.
Although in some occasions, appearances deceive.

Mardones, after his interlocutor gave him some more details, made inquiries. He verified that since March of that year, massive amounts of this material had begun to be imported from Turkey, Yugoslavia and Romania to the Canary Islands.
The material was brought in bulk ships and was sold in the same docks at prices that were between 30 and 50 per cent cheaper than those provided by local companies.
The sales were made without too many quality controls but behind the company importing the merchandise it was clear that there must be an important business group.
One of the companies had purchased, in February 1987, a freighter of 145 meters in length, with 19,000 deadweight tons and a cargo capacity of 24,358 cubic meters, the Jovellanos, which was waiting its turn to be scrapped in the shipyards of The Ferrol.
The ship had been towed to the island of Tenerife and moored in the East dike, where it was used as a floating cement warehouse.
– Those people (the businessmen) must be protected from above, they had told deputy Mardones.
-And how do you know?
– Find out the freight they were paying.
Foreign newspapers, especially La Tribune de Généve, claimed that the Romanian strongman for more than 30 years, of whom his friend Santiago Carrillo said he was affected by a “tremendous paranoia”, had accumulated in the Zürich banks in recent years. years, an amount of 400 million dollars for collections in the sales of State products abroad.
After the execution of Ceaucescu and his wife, Elena, on December 22, 1989, the Department of Justice and Police of the Swiss country, at the request of the new Romanian rulers, had asked the banks to block accounts in Zürich de Nicolae Ceaucescu and his family, to return the money to the patrimony of the country.
The data was interesting, but Ahmad Rafat did not settle for such generic information, reproduced by the Press of the whole world, and wanted to find out if any Spanish company had helped swell the private current accounts of the bloodthirsty Romanian dictator, who was said to have in his residence a suit and a pair of shoes for each day of the year, which he then threw, while his people passed, even, hungry.
The correspondent of Time found out, shortly after, that one of the routes used by Nicolae Ceaucescu to enrich himself was the export of cement abroad.
Both Karpati and Vitrocem sold huge amounts of cement to Spain. But they did not do it directly. They used as a mediator a company officially registered in Cyprus.
It was about Crescent society. Officially, it was owned by an Arab citizen but, according to the new Romanian authorities, it was the main route used by Nicolae Ceaucescu to accumulate foreign currency outside his country, mainly during the last two years, after the glasnost carried out in the Soviet Union by Mikhail Gorbachev.
Hispasilos. In the Directory of Companies (Dicodi) it was registered as a company dedicated to the “importation of cements”. The company had its offices on the 18th floor of the Picasso Tower in Madrid, the building built by the Albertos.
At the head of the company was the former ambassador of Spain in Romania until April 15, 1988, Nicolás Revenga Domínguez. Revenga, already retired from the diplomatic career, had barely had time to hang up his “habits.” On May 12 of that year, barely a month later, the company Hispasilos was already presiding.
A new data came to confirm that the company belonged to Enrique Sarasola. The secretary of Hispasilos, Ingrid Berenbeck, a German from Bremen, had been for many years the secretary of the friend of the President of the Government in his offices on Calle Miguel Ángel, in Madrid.
The definitive confirmation that related Sarasola to Hispasilos was finally going to be provided by the Mercantile Registry of Madrid.

On January 14, 1983, after several meetings, Carlos Solchaga, who then occupies the portfolio of Industry, does not hesitate to entrust the management of ERT, the largest private industrial holding in the country, supported by three basic sectors -petrochemical, fertilizer and defense – that at those times, with a debt of 160,000 million pesetas, is on the verge of bankruptcy.
The company, which occupies the number one position in the Spanish chemical sector and has no less than 125 creditor banks, in 1982 accumulates a record of losses of 40,000 million pesetas.

On May 22, 1990, Trébol Internacional, the company of Manuel Prado and Jesús Sainz, signed with Yemen del Sur the construction of the hospital. By managing the operation, you receive a commission of 2 percent.
Focoex, the state company controlled by the wife of the Minister of Economy and Finance and Germán Calvillo, a man of absolute confidence, by force, ends up charging another similar percentage.
With the arrival of the PSOE to power, the philosophy of Focoex changes radically. While raising its social capital to 660 million pesetas first, and to 1,650 later, the idea of ​​the respective socialist economy ministers, Miguel Boyer and Carlos Solchaga, is to convert state trading into a profitable company.
For this, Focoex abandons its initial policy of promoting trade in more difficult markets to open new channels for Spanish products, and concentrates its efforts on traditional markets.
This change in attitude is clearly observed in the external structure of the company. Focoex, which until 1989 has opened representation offices in Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Hong Kong and Angola, closes the last two – located in difficult markets – and opens others in closer markets, such as Morocco.
That’s when the paradox occurs. The State, through its foreign trade company, financed with the taxes of all Spaniards, becomes the main competitor of private exporters, who risk their money and pay their taxes, swept from their markets.
The problem worsens as of 1986, when Carlos Solchaga arrives at the Ministry of Economy and puts Focoex at the helm of Germán Calvillo, one of his close friends.

Since it carried out its first and most important supply of school material for 5,600 million pesetas in 1984, Polanco, owner of Prisa, the publisher of El País, had in Colombia one of its main markets and was not willing to let it take away .
But businessman Enrique Sarasola also felt outraged. Personal friend of the last five presidents of Colombia, Sarasola had not only intervened in the signing of the contract for the construction of the controversial Metro de Medellín. From the arrival of the PSOE to the power, it was not lost an important operation that had to do with that country.
For some time now, in official circles, it has been recognized that in recent years, the Spanish American country has not made a decision that affects Spain without him being informed, in order to inform President González. With the arrival of Virgilio Barco to power, the brother-in-law of Sarasola, Carlos Arturo Marulanda, occupies the Economic Development portfolio and his power in Colombia increases remarkably.
The friend of Felipe González and the publisher of El País, Jesús Polanco, also formed an irreplaceable támdem.

The High-Speed ​​Train project envisages a 476-kilometer-long, international-wide construction, with an investment in civil works of some 250,000 million pesetas, plus the cost of the 25 trains, capable of reaching 300 kilometers per hour, which they are going to circulate on their tracks.
For the multinationals Siemens and Alsthom it is an appetizing mouthful. But not as much as the Railway Transportation Plan (PTF), approved by the Council of Ministers on April 30, 1987, to adapt the Spanish railways to the demands of the EU countries, on the horizon of the year 2000.
This plan, developed under the stage of the Minister of Transport and Communications, José Barrionuevo, tries to modernize the Spanish railway system and unite the main cities of the country with lines that allow an average speed of 250 kilometers per hour.
To do this, it is necessary to change the entire route layout, build hundreds of tunnels and viaducts, fence thousands of kilometers of railway lines and update the entire Renfe mobile fleet.
The planned investments reach 2.7 trillion pesetas in 1990.
The construction of the 24 high-speed trains is awarded to the French company Alsthom, with the commitment to acquire the Spanish firms of the railway sector, Maquinista and Ateinsa.
The consortium led by Siemens is assigned the manufacture of 75 high-power locomotives and the installation and maintenance of the signaling of the new Madrid-Seville line, a contract in which Amper also participates, a company for which he worked as a delegate in Andalusia Adolfo Guerra, one of the brothers of the Vice President of the Government.
The agreement does not fully satisfy either of the two parties, which had spent between 3 and 5 per cent of the volume of the contract in commissions, but neither does it particularly harm the interests of Alsthom or Siemens.
Only one person would be, in any case, benefited from the agreement, regardless of the decision adopted by the Executive: the broker Eduardo Santos.
Former undersecretary of the Ministry of Industry and one of the most active intermediaries in the negotiations for the award of the TAV, he had signed two collaboration contracts, one with Alsthom and the other with Siemens.
Placing one candle to God and another to the devil, Santos had all the chance to win. Although positions to be lined would not exactly stay alone.

On December 4, 1984, a Council of Ministers, chaired by his friend Felipe González and attended by the Minister of Economy and Finance, Miguel Boyer, sells to one of its companies, Elingra Benegingmaat, BV, registered in the Netherlands, the company Galleries. Precious, considered then the second in the sector of the department stores of the country.
Galerías Preciados owned, at the time of the transaction, an area of ​​954,569 square meters of real estate, valued, two years earlier, at 22,233 million pesetas. Its accounting net worth was 38,585 million, due to an injection of 34,643 million pesetas made by the Government charged to the General Budgets, and its workforce had been reduced from 12,000 to 10,000 people.
According to the minutes of the Council of Ministers, the company thus sanitized was alienated by the Government to finger, without a previous public contest, for a sale price of 750 million pesetas, to the company Elingra Benegingmaat, property of the Cisneros family, whose Social capital at the time of purchase was 22,000 florins, just over one and a half million pesetas.
The operation was the best gift that could be made to the man who had shown so many sleepless nights in attending Felipe González during his trips to Venezuela.
The definitive sale agreement was signed on January 15, 1988. Anthony Clegg paid Cisneros 30,600 million pesetas for Galerias Preciados, with which the Venezuelan multiplied by 40.8 the initial investment made in the purchase of the company.
The Spanish State, which had invested 34,643 million pesetas to deliver the healthy company to Cisneros, could not even collect the corresponding taxes for this second sale of Galerías Preciados. Elingra Benegingmaat was a foreign company and the operation had been carried out in the Netherlands Antilles.
Gustavo Cisneros does not have doubts, as it was taught in some post-Franco books, that “a good friend is the best treasure”.

The State, after reorganizing the sixteen banks of Rumasa, granted them a loan of 400,000 million pesetas through the Bank of Spain, at 8 per cent interest and repayment in twelve years, before reprivatizing them.
It was like a gift. That money was obtained through a public debt issue, at 9.5 per cent, in July 1984. Only by lending that money at 14 per cent per annum, the sixteen re-privatized banks could have registered a combined clean income of about 56,000 million. , in a single year.
On another occasion, on February 3, 1987, the works council of Hispano Alemana de Construcciones communicated in writing to Ramallo that of the 11,069 million pesetas that the State had given to this company for its reorganization, they had only been admitted to one. Banco Pastor account, 9,299 million pesetas.
The remaining 1,770 million were not included in the company’s accounts. Probably, corresponded to the commissions that were distributed among some people considered close to the PSOE.
Days later, another paper arrived at the hands of the deputy. According to this document, the company contracted by the State to advise on the sale of the Rumasa companies, The First Boston Corporation, favorably informed, on May 10, 1984, the sale of three insurance companies of the group of Ruiz Mateos to the company Caja de Seguros Reunidos, SA (Caser)
The First Boston Corporation acknowledged, in the same letter, that it did not have an in-depth knowledge of the sector in Spain. However, on the same day Caser submitted his purchase request, he reported it favorably.

The Club La Solana had been registered on December 12, 1985 in the registry of associations of Seville, with the number 2,341, and had the relevant permits from the Junta de Andalucía for its opening. In the efforts of the same, according to all indications, Juan Guerra González had participated.
But that was not the most alarming. The casino was a business-cover of the GAL and the Spanish Basque Battalion. Its main shareholders were Corsican Gilbert Perret, a former member of the OAS resident in Castellón where he ran a restaurant, related to the killing of the bar “Hendayais” in Bayonne (France), and Carlos Gastón, an individual settled in Marbella and claimed by the French Police, which links him to the commando that killed the journalist of Egin, Francisco Javier Galdeano, in the South of France.
For the exploitation of society, the activists of the BVE and the GAL had created the Porsur company, at the head of which the woman and a sister of Carlos Gastón were listed as shareholders. Although his name should appear in the lists of people looking for and capturing all the Spanish police stations, Gastón moved like a fish in the water in Andalusia.
The inspectors have discovered two companies, Expansión 13 and J.C.V. Investments, on Viladomat street in Barcelona. A third, Zoé, is based in Provence Street in the same city. In addition, Cohen owns Magazan, S.A., a company based in the Sevilla-2 building, one of the nerve centers of the Andalusian capital, where a greater amount of privileged information is handled.
The Police find out that the Jewish spy and Juan Guerra are partners in the slot machine business, the sale of sanitary devices to Andalusian hospital institutions, the requalification of land and the purchase and sale of licenses to organizations of the Junta de Andalucía.
Police investigations are increasingly focused on the brother of the Vice President of the Government. Three and a half years before the scandal publicly breaks out, Commissar Barba warns how that individual with a pronounced bald head, thick beard and Rayban sunglasses with smoked glasses and a sea cap, gives orders and gives instructions to a large part of the authorities. of the Junta de Andalucía, as if he was sending more than a minister.
Without official charge, Juan Guerra González, an individual of 51 years, of sign Aries, oil analyst as the only recognized profession, occupies an official office in the Government delegation in Andalusia and receives daily more visits than the delegate of the Government , Tomás Azorín.

The dangerous friendships of José María Aznar, however, were not known outside the political circles of Burgos and Valladolid until Friday, February 3, 1990, the date on which the Vice President of the Government, Alfonso Guerra, made a veiled allusion to this thorny issue in the parliamentary debate on the “War Case”.
The president of the Popular Party, in a language that is not very intelligible – “Neither in Burgos, nor in Valladolid, nor in …” – denied the facts. In the Court of Instruction No. 2 of Burgos, however, five people, including the president of the Diputación de Burgos, have stated otherwise.
«The businessman Antonio Miguel Méndez del Pozo, to whom the Prosecutor of Burgos asks for eight years in prison and the private accusation thirty, entered the office of the regional president (for Aznar) without announcing himself and placed his partners in regional posts», assured the missing weekly El Globo.
But the political meetings of Real Club Valladolid were going to play an important role in the economic and financial development of the Popular Party.

Established in August 1981, Marine Fish Crops (Cupimar) is one of the leading companies in the European Economic Community in the field of marine farms dedicated to the cultivation of shellfish and the fattening of sole and seabream.
The journalist Germán Álvarez Blanco, a personal friend of Txiqui Benegas, whom he has known for 14 years and “to whom I had to lend him 50,000 pesetas this year, so that his daughter could go to a camp”, was named -according to himself – Director of Cupimar by Matutes, although the registration does not appear in the Mercantile Registry.
-Matutes began to court him knowing the great friendship that united him to Txiqui Benegas -explains a friend of Álvarez Blanco, who was another of the regular squash players of the club Ku de Ibiza with whom the two politicians have shared the field in more than an occasion.
Alvarez Blanco, linked to a consulting that employs twenty people, dedicated, according to him, to licit businesses, and the influence peddling with companies linked to the PSOE, according to the information of some newspapers, remained little time in the Matutes company.
Matutes also sells prawns and sea breams from its company Marine Fish Crops (Cupimar), which covers an area of ​​4,000,000 square meters between San Fernando, Chiclana de la Frontera and Puerto Real, in the province of Cádiz.
Installed in an area of ​​socialist influence such as Andalusia, Matutes has needed to have many permits from the Government of Andalusia and the Government – in application of the Law of Coasts – to be able to install there the company with the most future of its holding.
The PSOE, which has boycotted numerous projects in Catalonia “because we will not give any advantage to Convergència i Unió”, according to a minister of the Government, has not hesitated, however, in striving to help the European Commissioner for the Popular Party and fellow of squash court of Txiqui Benegas.
And it is already made clear a few years ago in Cádiz the number 3 of the PSOE, referring to Matutes companies:
-I will support any initiative of this kind that may arise in this province.

Between 1978 and 1985, 22 million marks (1,400 million pesetas) of the German foundation Frederik Ebert were used to finance the Spanish Socialist Workers Party and the Portuguese Socialist Party. The money traveled to Spain through an account opened in a Bank of Zurich (Switzerland), from the Institute for International Encounters, and another account in Tel Aviv, of the Hebrew foundation Fritz Naphtali, which acted as cover to take money from the Federal Republic of Germany.
The data of the Prosecutor’s Office of Bonn seem solid and are backed by six years of hard work and hundreds of statements from the interested parties themselves.
The investigation of the Prosecutor General of the Federal Republic of Germany radically contradicts the words of the President of the Spanish Government, Felipe González, in the plenary session of the Congress of Deputies of December 14, 1984, where, in a categorical and categorical way, he had affirmed :
– That is clear: neither I nor my party have received money neither of «Flick» nor of «Flock». And that is a statement that I will never be forced to rectify.
After the report of the Prosecutor’s Office of the Federal District, Felipe González may now think that rectify and acknowledge publicly that his party has been involved in matters not too clean, probably not a matter of wise.
However, for President González, that year of 1984 the nougat had, for the first time, a bitter taste.
His biographers say that the first scandals of democracy took away his appetite and that, from then on, the party of Pablo Iglesias was transformed into an organization similar to that described by George Orwell in his famous novel 1984, with the PSOE as Gran Brother, trying to erase the trace of his own history, where, “officially”, corruption does not exist and where the vice president, Alfonso Guerra, continues, a year after the scandal of his brother, who is politically responsible, sitting in the Same chair.

The man of KIO in Spain, Javier de la Rosa, acquires, for little more than 2,000 million pesetas, a package of 25 per cent of the shares of Tele 5, the television network of the intimate friend of Bettino Craxi, the Italian Silvio Berlusconi, and Miguel Duran, general secretary of the ONCE.
With this operation, closed at the beginning of April 1990, the crisis opened on Tele 5 due to the confrontation between the two groups that intended to direct the television channel, with Miguel Durán and Silvio Berlusconi on one side and Germán Sánchez Ruipérez, on the other. , it is resolved.
Javier de la Rosa, a businessman anxious to be forgiven some sins -venial or mortal, depending on what you see- committed during his time as a banker, responds to a proposal suggested by the circles of the Vice President of the Government, Alfonso Guerra, to become in one of the key men in the future of communication in Spain.
Owner of the advertising companies Slogan and Pietro Golden, shareholder of the business newspaper La Gaceta de los Negocios, former owner of El Noticiero Universal in Barcelona and partner of Enrique Sarasola in Cinepaq [4], the representative of KIO in Spain is willing to deploy all its weapons, tactical and strategic, to support the assault on the Fourth Power from the Socialist Party.
Shortly before the summer of 1990, the men of Alfonso Guerra, but especially the former director general of RTVE, José María Calviño Iglesias, are convinced that De la Rosa can be a good Trojan horse for the capture of Grupo Z, a conglomerate of 19 newspapers and magazines, with El Periódico de Cataluña and the weeklies Interviú and Tiempo as insignia ships.
Murdoch, owner of News Corporation, the world’s largest Press, Radio and Television group – with more than a hundred newspapers on five continents and conventional television, cable and satellite channels in several countries – apparently has liquidity problems and wants to “realize” its investments in Spain.
The break between the Australian press magnate and the Z Group, however, is also the result of the profound differences of opinion that both entrepreneurs had long held. Murdoch had acquired, at the end of 1989, a package of 25 per cent of the shares of Antonio Asensio’s holding, for which he had paid 6,700 million pesetas, but had made the final valuation of his shares subject to a subsequent audit.
The study of the accounts, carried out in the spring of 1990, had led Murdoch’s specialists to believe that Group Z was overvalued, in view of which, the businessman of Australian origin asked for a higher percentage of shares or the rupture of the agreement.

On March 28, 1983, when the Spanish Association of Private Banking (AEB) held its annual meeting, exactly 114 days had passed since Felipe González arrived at the Moncloa Palace.
Many things have happened in the Banking world, among them the expropriation of the 19 banks of Rumasa, and the bankers expect the worst. The classic report of Rafael Termes, the president of the AEB, which usually did not exceed 55 pages, reaches that year the 72, dedicated mostly to analyze the intentions of the new government, and in which Termes values ​​in very tough terms Boyer’s decision to increase the cash ratio by one point.
-The measure, he says, is going to involve losses for the bank that will run in a band between 15 and 18,000 million pesetas.
After qualifying such a decision of surprising and onerous, the president of the AEB concludes:
-The loss will be from 12 to 15 percent of the benefits before taxes, estimated in 1982.
For the Spanish banking, accustomed to make its August each year, it seems that the period of skinny cows has arrived
The Banco de Valladolid was one of the first crises in a chain of bank failures. On September 20, 1989, the Court of First Instance No. 7 of Barcelona, ​​at the request of the State Prosecutor’s Office, declared the suspension of payments of the Bank of the Pyrenees fraudulently bankrupt.
This judicial decision, taken seven years and five months after the banking entity presented itself before the court to declare the voluntary suspension of activities, allows the courts to reopen the case and proceed through criminal proceedings against the president of the entity, maximum responsible of the bank and ex deputy of UCD to the Catalan Parliament, Higinio Torras Majem.
But at that time, fled to Brazil since January 1982, Torras Majem is a terminally ill patient, who lives in a wheelchair, affected by a progressive paralysis, in his villa in Bahia.
On October 17, 1989, at 55 years of age, twenty-seven days after the court began legal proceedings to prosecute him, the president of the Bank of the Pyrenees dies.
And once again, the action of Justice fails in its attempt to put on the bench the president of a banking entity, as presumed responsible for having bankrupted his company, endangering the savings of numerous modest shareholders.
The Bank of the Pyrenees had filed a voluntary bankruptcy before the Court of First Instance number 7 of Barcelona on December 7, 1981. In the documentation that is then delivered to the Court, the entity omits a report, declaring to have granted loans worth 5,800 million pesetas to companies linked to the bank’s directors.
These credits represent 54% of the Bank’s total risks and quadruple the Bank’s own resources. The president of the Bank of the Pyrenees, Higinio Torras, also does not provide the court with information on the existence of guarantees amounting to 2,169 million pesetas that have been granted to the same companies.
In the books of the Bank of the Pyrenees there are no other 1,896 endorsements assigned to various subsidiaries of the group, nor the payments of strong extra-types made, which are hidden in a B-box, forcing the Deposit Guarantee Fund to make a provision of funds of 2,824 million pesetas so that depositors can recover their money.
The concealment of these figures, which are contradicted by the reports of the Bank of Spain, when talking about this fraudulent bankruptcy organization from the start, prompts the court, after a first assessment, to accept the suspension of payments.
But, strangely enough, the summary was misplaced for seven years at the Audiencia de Barcelona, ​​while Higinio Torras flees from Spain to Brazil, taking with him his wife and his seven children.
The former UCD militant and owner of the Torras Hostench paper mill, a company that leaves with a hole of 17,000 million pesetas, can thus enjoy a relative tranquility in Bahia.
With the money he gets from Spain, he acquires a forest of 170,000 hectares of pine trees to make cellulose pulp; he set up an import-export company, bought a nice villa in the noblest part of the city and even renewed his passport, in 1984, in the Spanish consulate of Salvador, capital of the Brazilian state of Bahia, despite being in search of capture by Interpol.
In 1989, when someone rescues the summary of oblivion and it is shown that the bankruptcy of the Pyrenees Bank has been fraudulent, the public prosecutor of Barcelona requests penalties of up to thirteen years for Higinio Torras for fraud and fraud.
Torras, a former member of Opus Dei, to whom former Francoist minister Laureano López Rodó helps build his empire, does not tread on prison, but loses his speech as a result of paralysis and, as of that moment, can barely move.
The Banco de Levante, chaired by José Miguel Garrigues Walker, the younger brother of the Garrigues clan, was hit by the crisis in October 1982, after an unsuccessful attempt to sell the entity to Banco Zaragozano.

The Bank of Spain, which knows perfectly the internal situation of the entity, after having its inspectors working there for a year, forces the Garrigues family and the remaining majority shareholders to cede their shares, which represent 60% of the capital , to the Deposit Guarantee Fund and to renounce the management.
The subsequent investigation of the Fund shows that the bank, with almost 68,000 million deposits, loses 4,193 million pesetas in the last year and that, with only 4,331 million in own resources, it grants 27,000 million pesetas in credits to 85 companies of the group, most of them insolvent.
The inspectors find out that, shortly before the crisis, the administrators of the Garrigues family sell to the Banco de Levante the eleven companies of the group in the worst financial situation, all in technical bankruptcy.
During the years 1978 and 1979, the Garrigues family, which then holds the control of the Banco de Levante, acquires, through 30 companies of its property – among them Nueva Holding, Murano, Euroliga, Eurofinsa and Obras Cumbres Andaluzas-, six million of Real Estate Income shares, until that moment held by Banco de Levante.
The titles buy them at a price between 50 and 60 percent of their nominal value, to be resold to the bank, years later, to 280 percent of their value, that is, almost five times more expensive.
The operation produces profits of 7,000 million pesetas, with part of which the Garrigues family cancels various credits owed to the bank. The rest, about 2,000 million pesetas, goes to swell their personal coffers.
Until 1989, the Deposit Guarantee Fund will have to carry out various remediation operations in the entity for an amount of 59,716.9 million pesetas, as recorded in the report for that year.
On June 4, 1983, the State Attorney General filed a criminal complaint with the National Court against the bank’s president, José Miguel Garrigues Walker, and against six counselors, for fraud and forgery of mercantile documents. For the first time in the history of banking crises, in addition, several shareholders of one of the affected entities intervene, for their part, another complaint in the Court of Instruction number 5, of Madrid.
But the bankers in Spain seem to have carte blanche. On October 31, 1984, the Court of Instruction 4 of the Audiencia Nacional denies the prosecution of the former administrators of the company.

PSOE, for banking, is, for years, like King Midas: everything he touches turns it into gold and, in addition, multiplies it. On October 28, 1982, the mythical date of the socialist “change”, the market price of the “big seven” of the Spanish banking system is 389,213 million pesetas, according to the data published by the stock market bulletin. Madrid.
Any strong person or group, such as Baron Thyssen or the late president of El Corte Inglés, Ramón Areces, could have, at that time, with the consent of the Bank of Spain, quietly acquire a bank.
Seven years and two months later, on December 29, 1989, the market price of the “big six” – Bilbao and Vizcaya are already merged – including capital increases, is 3 billion one hundred and sixteen billion pesetas, an unattainable figure for any of the current financial empires operating in Spain.
While the general index of the stock market of Madrid happens in that period of 105 to 297 integers, that is to say, it does not get to multiply by three its quotation.
Among the chosen ones are Emilio Botín Sr. and his children Emilio and Jaime Botín, presidents of the last two of Banco Santander and Bankinter. The family clan, directly or through interposed companies such as the Emilio Botín Foundation, controls between 5 and 7 percent of the capital stock of both banks.
Together with the brothers José Miguel, Luis Felipe and Juan Pablo Serrano Goyría (owners of 2 per cent of Banco de Santander), and Joaquín Foch Rusiñol, president of Pinturas Titán, the Botín family is among that select group of people who most benefit They take out of the stock market rise prior to the crisis in the Persian Gulf.
The Hispanic American, considered the bank of the “beautiful people”, has made its president, Claudio Boada Villalonga, rich -not multimillionaire-. But those who have obtained the largest dividends from the Stock Exchange are the president of Ferrovial, Rafael del Pino; Javier Benjumea, president of Abengoa and Juan Lladró, strong man of the valencian company of ceramics. Between the three they control between 5 and 7 per cent of the social capital of the entity.
In the Central Bank, the main package of shares – a total of 11,489,517 titles – belonged to the sisters Esther and Alicia Koplowitz, who sold in the summer of 1990. Pedro Ballvé Lantero, one of the trusted men of Alfonso Escámez and Javier Gil de Biedma, also have important shareholding packages, although not as significant.
The three strong men of Banco Popular Español, Luis, Javier and Pedro Valls Taberner, control 4.7% of the shares, but there is another director, Casimiro Molins, who has more titles, 5.2. Other people, Alexander Hoyos, Hans Friedl and Gabriel Gancedo, hold stakes above 1 percent.
The president of Banesto, Mario Conde, owns a package of 2,096,537 shares of Banesto, which represents, in 1989, 2.1 of the bank’s capital. His partner, Juan Abelló, owned a similar percentage that he sold at the time he left the bank.
In the case of Banco Bilbao Vizcaya, the Delclaux Barrenechea families; Ybarra Churruca; Ybarra Zubiría; Lipperheide Wicke, Entrecanales and Alzóla and de la Sola, all of them linked to the business clans of Neguri and Bilbao. The percentages, however, are not particularly significant, although the “boom” of the stock market has allowed many of these families to recover from the crisis caused by industrial restructuring.
Nor all those who have lined up in the stock market are in the big banks. People like Javier de la Rosa, president of Quail Spain; Carlos March, owner of Corporación Financiera Alba and Banca March; Alberto Cortina and Alberto Alcocer, through Banco Zaragozano; Jaime Soto, all of them members of the beautiful people and strong men of Ibercorp, like Manuel de la Concha, have accumulated in recent years outstanding assets with the purchase and sale of important packages of bank securities.
In matters of money, the socialists had applied the liberal policy of “laissez faire, laissez passer”. Its objective was another one, to let the bankers earn money to, little by little, mold an institution that functions as an oligopoly presided over by seven gentlemen who meet to eat once a month and set a unitary policy.

The sale of Urquijo is not the only big business of Spanish banks with the Socialists. As it is told in the chapter “The powers of the Solchaga clan”, the friendship of the president of Vizcaya, Pedro Toledo, with the Minister of Economy and Finance, allows the Biscayan entity to buy Catalan Bank and a 5 per cent package from Repsol without put a hard cash and forcing the users of the electric light to assume the cost of Lemóniz.
Banca March and Alba Financial Corporation, chaired by Carlos March, one of the regulars of the Moncloa “bodeguilla” and the hunts organized by the beautiful people in Ciudad Real and Toledo, can not complain.
In 1989, their companies obtained about 33,000 million in the Stock Exchange, an institution where the March Group moves like a fish in the water with an absolute control of the parquet.
A couple of years before, in October 1987, coinciding with the crack of the New York Stock Exchange, the March Group had obtained 4,000 million pesetas. The March Group also hides an ace up its sleeve. Through a pact with Banco Hispano Americano, it can control another 6 percent of the values ​​of the five subsidiaries of Popular, with which the package can reach 20 percent of the companies.
Popular president Luis Valls resorts to the Bank of Spain to cancel the operation, but Mariano Rubio, who had unsuccessfully tried to get this entity to take more direct control of its subsidiaries, supports the March Group and the linked banker. Opus Dei ends up paying the 4,000 million pesetas to repurchase Popularinsa shares.
The banking shark, hitherto unknown in Spain, had just crossed borders and was installed in the headquarters of the big banks and in the palace of the stock market of Madrid, the temple of national finances.

Marc Rich had started a good deal of business in Spain. In addition to the Colón hotel in Seville, the former New York postman had bought the Tryp hotel chain and the Bellevue tourist complex in Mallorca, buying the latter for 10,000 million pesetas from Banesto.
In all these operations, one of Rich’s companies in Spain appeared as an investor: Ron Investment, a company created in 1986, with which this businessman has also acquired the Vic slaughterhouse in Vic, after buying and selling, between 1987 and 1988, 1 percent of the shareholders of Banco Hispano Americano.
Through the Ron Investment, a couple of years ago, Rich tried to acquire his friend Alfonso Escámez, the president of the Central Bank, whom he has frequently included among his guests, the copper, zinc and lead mines that the Central had in Aznacollar, although Escámez chose to deal with the Swedish company Boliden.
The most active of its companies, in any case, is still Marc Rich and Co. Trading Spain, with which, founded many years ago, the businessman of Israeli origin does his business in the Iberian Peninsula and in North Africa.
Only with this subsidiary, Rich invoices around 300,000 million pesetas every year, an enviable figure that, in itself, would allow him to live in comfort.
Marc Rich, Jacques Hachuel, Carlo de Benedetti and Giancarlo Parretti, however, do not settle for any number. His passion is not money. It is the adventure of winning it. An adventure that for the friends of the power is many times closer to the Mafia than to the economic theories of John Maynard Keynes or Milton Friedman, and whose protagonists have found, throughout the last years, the best of scenarios to take it out, in Spain.

Through Quail, a company that works only with De la Rosa, his partner Narciso de Mir, his secretary Arturo Piñana, two assistants, three secretaries and two drivers, the Catalan businessman has been channeling investments to Spain, in recent years, for value of about 300,000 million pesetas.
Half of this money, about 150,000 million pesetas, corresponded, before the conflict in Iraq, to ​​the investment fund of KIO (Kuwait Investment Office), activity for which De la Rosa has collected its most substantial commissions – between 3,500 and 4,000 million pesetas per year – since the Gulf Arabs began to notice Spain in 1987.
With a neoclassical air office open on Avenida Diagonal in Barcelona and another on Serrano Street in Madrid, near the Hotel Villamagna – where Javier de la Rosa has a permanently assigned suite – the former strongman of Banco Garriga Nogués moves through Quail Spain pension funds of some collectives of European retirees.
However, the main activity and the least known of Quail has been to buy shares of companies whose prices were down, to clean and sell them, obtaining an important surplus value.
Acquired in 1986 to the Dutch company Quail Invest NV, with funds from a not very clear source – in some media it is claimed that the purchase was made with money from Garriga Nogués taken to Andorra years before, although there is no proof of this-, Quail España It has been one of the companies with the highest economic growth in recent years.
In addition to charging commissions for his work as a broker in the Spanish stock market, the company manages the assets of Javier de la Rosa in Spain, which includes between 15 and 18 percent of the Torras Hostench papermill, valued at 30,000 million euros. pesetas, months before the crisis of the Persian Gulf, in the summer of 1990.
The company also owns 5.5 percent of Prima Inmobiliaria.
Quail España controls 51 percent of the Advice company and 100 percent of the instrumental company Diagonal Invest. The first is dedicated to the management of large individual assets and has a confessed turnover of 4,000 million pesetas. Diagonal Invest, in turn, manages investments for an estimated amount of between 2,500 and 3,000 million pesetas.
After the Kuwaiti adventure, the only company whose shareholder Quail shares with KIO is Mira. Used to operate in extensions and debt issues, De la Rosa maintains a 50% stake in Mira, equal to that of its Arab partners, despite remaining inactive with 500 million pesetas in cash.
It has also made investments outside of Spain, such as the 30% it owns of the Portuguese company Ceramica de Sousala, in which 300 million pesetas have been spent, in addition to the purchase of a hotel in Andorra.
Banking and financial sources estimate the personal fortune of Javier de la Rosa in a figure that could range between 40,000 and 50,000 million pesetas, although, given the volume of business carried out by Quail Spain, even higher estimates could be made.
But his personal assets, even though they are one of the most important in the country, are still not enough to pay the 98,500 million pesetas that Banesto’s shareholders, many of them modest savers, lost in the crisis of the Garriga Nogués Bank while its management lasted .
That is why, when talking about Javier de la Rosa Martí, we must refer to his personal double fortune: the monetary one, which allows him to have a powerful sports Porsche to vent, a helicopter, a private plane and a suite in the Villamagna de Madrid. And the other: the one that saved him from sitting on the bench when in 1986 Banesto’s board of directors preferred to forget, after not approving his management at the head of Banco Garriga Nogués.

Books from the author commented in the blog:

https://weedjee.wordpress.com/2015/04/02/los-rato-1795-2002-ramon-tijeras/

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