Enemigos. Una Historia Del FBI — Tim Weiner

Interesante obra en cuanto a la desmitificación de la eficiencia del FBI y la transaparencia de la política norteamericana. Recomiendo el del mismo autor sobre la CIA, ya comentado en este blog. Mortadelo y Filemón en versión norteamericana con gotas de Pepe Gotera y Otilio.

Hoover no fue un monstruo: fue un Maquiavelo norteamericano. Era astuto e ingenioso, y nunca dejó de observar a sus enemigos. Fue uno de los padres fundadores de la inteligencia estadounidense y el artífice del moderno Estado vigilante. Cada huella digital archivada, cada byte de datos biográficos y biométricos contenido en los bancos informatizados del gobierno, le deben su existencia.
Fue un manipulador magistral de la opinión pública. Practicó la guerra política y el secretismo en aras de la seguridad nacional, a menudo a expensas de la moralidad. Combatió el comunismo y el terrorismo con una pasión arrolladora durante cincuenta y cinco años. Desde la década de 1940, y hasta el día de su muerte, supo prever las apocalípticas amenazas a las que hoy nos enfrentamos. Sin embargo, dejó tras de sí una institución que casi murió con él, y que solo ha recuperado su misión en la seguridad nacional conforme a la ley en los últimos tres años.
El FBI no ha tenido nunca unos estatutos legales aparte del juramento presidencial de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, y los diversos presidentes de Estados Unidos han tratado de luchar contra las restricciones de dicho juramento desde la Primera Guerra Mundial.
Robert Mueller, el director de la Oficina desde el 4 de septiembre de 2001, se opuso a las órdenes del presidente Bush de realizar vigilancias secretas ilegales, presentando su dimisión como protesta. Asimismo, ha declarado que Estados Unidos no ganará la guerra contra el terrorismo si pierde sus libertades en la batalla.
Los jefes del FBI viven cada día en ese estado de permanente conflicto. Los estadounidenses, y el mundo en general, deben conocer la historia de esa lucha.

Las mayores detenciones en masa de toda la historia de Estados Unidos se iniciaron a las nueve en punto de la noche del viernes 2 de enero de 1920. Pasarían a la historia como «las redadas de Palmer». Pero Palmer ni las organizó ni las dirigió; fue Hoover quien lo hizo.
«Una red humana de la que ningún forajido puede escapar»
La Oficina irrumpió en reuniones políticas, residencias privadas, clubes sociales, salones de baile, restaurantes y bares de todo Estados Unidos. Los agentes sacaron a rastras a la gente de librerías y dormitorios. Hoover estuvo trabajando las veinticuatro horas del día, contestando a las llamadas telefónicas y leyendo los telegramas urgentes con que sus escuadrones se ponían en contacto con él desde todo el país.
La Oficina hizo 2.585 prisioneros entre la noche del viernes y la mañana del sábado, pero su trabajo todavía estaba a medio hacer. Las redadas continuaron la semana siguiente. Los agentes pidieron al menos 2.705 nuevas órdenes de detención. Además hubo cientos de personas, quizá miles, detenidas sin autorización. En total se capturaron entre
6.000 y 10.000 personas en todas las redadas. Nadie sabrá nunca con exactitud cuántas fueron retenidas y encarceladas, cuántas interrogadas y liberadas. En ningún momento se hizo un recuento oficial.
Las redadas hicieron tambalearse al Partido Comunista. Charles » Ruthenberg y su círculo de allegados sobrevivieron pasando a la clandestinidad, adoptando nombres falsos, comunicándose en clave y viviendo ocultos. Algunos de los informes redactados de puño y letra por Ruthenberg acabarían en los archivos del Komintern a finales de siglo.
Hoover movilizó a su creciente red de informadores. Examinó informes y opiniones de agentes de la Oficina, agentes de la inteligencia militar y naval, líderes de la Liga Protectora Americana, comandantes de la Legión Americana, jefes de policía, directivos de empresa, banqueros, agentes de seguros, compañías de teléfonos y telégrafos,.. Advirtió de que los rojos se agazapaban en sindicatos, fábricas, iglesias, escuelas, universidades, periódicos, revistas, clubes femeninos y organizaciones negras. Sus boletines semanales al fiscal general insistían una y otra vez en la amenaza. Pero Daugherty no necesitaba que le convencieran. «La Rusia soviética es el enemigo de la humanidad —sostenía—. Se han propuesto conquistar no solo Estados Unidos, sino el mundo entero.

Normas para la labor clandestina del Partido».
Las normas eran explícitas:
1)    NO traicionar la labor del Partido ni a los trabajadores del Partido bajo ninguna circunstancia.
2)    NO llevar o guardar encima nombres y direcciones, excepto si están convenientemente codificados.
3)    NO guardar en vuestras dependencias ningún documento o literatura abiertamente incriminatorios.
4)    NO asumir ningún riesgo innecesario en la labor del Partido.
5)    NO eludir la labor del Partido debido al riesgo vinculado a ella.
6)    NO jactarse de lo que se tiene que hacer o se ha hecho por el Partido.
7)    NO divulgar vuestra pertenencia al Partido sin necesidad.
8)    NO dejar que ningún espía os siga a vuestras citas o reuniones.
9)    NO perder los nervios en caso de peligro.
10) NO contestar a ninguna pregunta si os detienen.
El folleto concluía: «EVITAD LA DETENCIÓN POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES.

La guerra contra el crimen y la guerra contra el comunismo no eran las batallas en las que estaban involucrados la mayoría de los estadounidenses: ellos luchaban por sobrevivir. Ansiaban desesperadamente un líder fuerte. Estaban dispuestos a aceptar un presidente que creara «una dictadura norteamericana basada en el consentimiento de los gobernados», según las alarmantes palabras del congresista Fish. La elección de Franklin D. Roosevelt estuvo predestinada desde el mismo momento en que fue nominado. Roosevelt estaba dispuesto a utilizar todos los poderes que le otorgaba la Constitución —y más— para salvar a la República del caos político y económico.
Bajo el mandato del presidente Roosevelt, el FBI se ganó un lugar en el orbe del gobierno estadounidense. Pero casi perdió a Hoover como jefe: este sobrevivió a duras penas al traspaso de poderes.
El FBI se propuso investigar a todos los miembros del Partido Comunista y sus afiliados, junto con los líderes de los movimientos fascistas y antifascistas estadounidenses. Persiguió a los líderes sindicales izquierdistas de los sectores del carbón, el transporte, el acero, la prensa y las industrias textiles. Trató de detectar a comunistas y subversivos en escuelas y universidades, en el gobierno federal y en las fuerzas armadas. Hoover ordenó a sus agentes que reclutaran a nuevos informadores y escribieran nuevos informes sobre los subversivos más prominentes. Y empezó a clasificar «actividades subversivas» bajo los más amplios epígrafes de la vida política y económica de Estados Unidos.

Hoover no aprobaba las órdenes presidenciales decretando la reclusión de los 112.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés que después de Pearl Harbor fueron internados en campos. El no quería que se encarcelara a las personas por su raza; quería que se les investigara y, en caso necesario, se les encerrara por sus lealtades.
El presidente amplió los poderes de Hoover en tiempo de guerra. Este pasaba ahora a asumir la responsabilidad de investigar el historial y verificar la reputación de cualquier aspirante a un empleo público. Empezó a trabajar en colaboración con los servicios de pasaportes y de inmigración para controlar las fronteras, los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril de Estados Unidos. Tenía que asegurar cientos de fabricas donde se producía material bélico. Debía encargarse de la censura de la prensa estadounidense. Asimismo, Hoover y sus hombres empezaron a abrir el correo preferente de Nueva York y Washington, así como los telegramas y cables enviados por la Western Union, la International Telephone and Telegraph Company (ITT) y la Radio Corporation of America (RCA).
La negativa de Hoover a colaborar con la naciente CIA rozaba la insubordinación, y su desafio al Departamento de Estado bordeaba la rebelión. La rencorosa decisión de Hoover amenazaba con representar «un gran golpe para la eficacia de nuestra seguridad y nuestra tarea de inteligencia», según escribía el subsecretario de Estado AchesonJ7 Pero Hoover seguía en sus trece; prácticamente había declarado la guerra a la Casa Blanca.

El 26 de septiembre de 1946, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Clark Clifford, y su ayudante, George Elsey, entregaron un informe secreto a Truman indicándole que debía prepararse para la guerra contra los soviéticos. Se basaban en el trabajo de Hoover y el FBI esbozando un plan de batalla para el Apocalipsis.
Le dijeron a Truman que tenía que prepararse para librar una tercera guerra mundial con armas atómicas y biológicas. El enemigo era una dictadura soviética que aspiraba a la conquista del mundo, ayudada por un insidioso servicio de inteligencia, y con la asistencia de la clandestinidad estadounidense. Todo comunista estadounidense, escribían, era potencialmente un espía y un soldado de Moscú.Truman escribió en su diario aquella semana: «Parece que los rojos, los farsantes y los “rojillos de salón” se han unido y se están convirtiendo en un peligro nacional. Temo que formen un frente de sabotaje del tío Joe Stalin».
El FBI estaba desesperado por descubrir al resto de la red que había robado los secretos de la bomba. Pero los diplomáticos británicos impidieron a la Oficina interrogar a Fuchs hasta después de que hubiera una sentencia oficial. Hoover consideró un ultraje aquella demora, especialmente teniendo en cuenta que habían sido los ingleses quienes habían recomendado a Fuchs para el Proyecto Manhattan. Pasaron varias semanas preciosas antes de que el FBI pudiera interrogar al espía. Fuchs ocultó muchas cosas en sus respuestas, la mayoría relacionadas con el salto tecnológico de las bombas atómicas a las nucleares. Pero la Oficina consiguió lo que quería: una identificación irrefutable del correo que había vinculado a Fuchs con el espionaje clandestino soviético en Estados Unidos.
Se llamaba Harry Gold, y llevaba quince años como agente de la inteligencia soviética en Estados Unidos. Su nombre figuraba en los archivos del FBI desde 1947. Los agentes de la oficina del FBI en Nueva York habían entrevistado a Gold, y este había admitido libremente haber formado parte durante la guerra de la red de agentes rusos para los que trabajaba Elizabeth Bentley. «Pero después de aquel contacto con Gold habían transcurrido tres años», explicó el agente especial del FBI Donald Shannon.
Hoover se guardaba lo peor para el final: «La Unión Soviética no vacilaría en lanzar bombas atómicas sobre cualquier objetivo aunque tal ataque implicara misiones suicidas». Preveía que habría «aviones suicidas con bombas atómicas» y «un ataque a gran escala de paracaidistas suicidas cargados con bombas pequeñas u otros dispositivos destructivos». Los paracaidistas contarían con la ayuda de los comunistas estadounidenses cuando aterrizaran, y la envergadura del ataque imaginado por Hoover podía intuirse por su aseveración de que se estaba entrenando a millones de niños rusos como paracaidistas.
Los componentes de las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno podrían introducirse clandestinamente en Estados Unidos, luego las bombas se prepararían para un ataque y serían «detonadas por control remoto o por individuos dispuestos a sacrificarse»: la clandestinidad comunista estadounidense. El informe decía asimismo que «20.000 miembros heles del Partido Comunista, entre ellos el núcleo del Partido» —-las mismas personas a las que Hoover había incluido en su índice de Seguridad, los sospechosos a los que quería encerrar en nombre de la supervivencia nacional— estaban «dispuestos a seguir ciegamente las instrucciones del gobierno soviético» en caso de guerra o de crisis.

Con la elección de Eisenhower y Nixon en noviembre de 1952, junto con una aplastante victoria republicana en la Cámara de Representantes y el Senado, terminaron dos décadas de predominio demócrata en Washington, la época que el senador Joseph McCarthy calificara como «veinte años de traición». Al principio de aquellos veinte años Hoover había dirigido una organización pequeña y débil, con 353 agentes especiales y un presupuesto bastante por debajo de los tres millones de dólares; ahora dirigía un ejército anticomunista de 6.451 hombres, con 8.206 empleados de apoyo y 90 millones de dólares de presupuesto.
Unos días después de su victoria, Eisenhower le aseguró a Hoover que quería que siguiera dirigiendo el FBI mientras él fuera presidente, y que en los próximos años contaría con todo el apoyo de la Casa Blanca. Había hombres más respetados en Washington, pero no muchos.

El anticomunismo estadounidense alcanzó su apogeo bajo el mandato de Eisenhower. Los hombres de Hoover investigaban a los candidatos a toda una serie de puestos que iban desde el de embajador en el extranjero hasta el de asesor del Congreso.Y supervisaban las purgas de seguridad interna en todo el gobierno, destruyendo vidas y carreras basándose en sospechas de deslealtad o de homosexualidad.
Hoover conocía bien a Joe Kennedy: un hombre de negocios desaprensivo que poseía cientos de millones de dólares, notorio donjuán y feroz paladín del anticomunismo. Su amistad había sobrevivido a la negativa de Hoover a aceptar una oferta de 100.000 dólares al año para encargarse de la seguridad de la familia Kennedy.
El director también empezaba a conocer a Robert Kennedy; los dos hombres se habían reunido al menos tres veces entre 1957 y 1959 en relación con la labor de Kennedy como principal interrogador del Comité de Actividades mafiosas del Senado. Las audiencias del comité sobre el crimen organizado presenciaron una dramática confrontación entre Kennedy y el jefe de la Mafia de Chicago, Momo Salvatore «Sam» Giancana. El mafioso se acogió a la Quinta Enmienda, dirigiendo una risita burlona a Kennedy.Y este contraatacó: «Creía que solo las niñas pequeñas soltaban risitas tontas, señor Giancana».
Tanto Hoover como Alien Dulles, director de la CIA de 1953 a 1961 y miembro de la Comisión Warren, se aseguraron de que nadie dijera una palabra sobre los planes estadounidense para matar a Fidel Castro. Si había habido un complot comunista para asesinar al presidente de Estados Unidos como venganza, si los soviéticos o los cubanos habían ordenado matar a Kennedy y si Estados Unidos tenía el menor indicio que lo demostrara, aquello habría representado el disparo de salida de una nueva guerra mundial.
Hoover sabía muy bien que el FBI era culpable —en sus propias palabras— de una «grosera incompetencia» por no haber mantenido vigilado a Oswald en las semanas previas al asesinato. El airado e inestable marine había desertado a la Unión Soviética y luego había regresado como un malhechor marxista. En la oficina de Dallas del FBI ya sabían de él: se le conocía como un demagogo comunista, posiblemente trastornado, que había repartido panfletos de apoyo a Fidel Castro y había trabajado en el edificio del Almacén de Libros de Texto de Texas, desde donde se dominaba la ruta de la caravana de vehículos de John Kennedy. Cuatro días después del asesinato, Hoover descubrió que Oswald nunca había figurado en el índice de Seguridad del FBI, la lista de personas que suponían un peligro debido «a su formación, sus tendencias violentas y su prominencia en actividades subversivas», por citar las propias pautas de la Oficina.

El jefe de inteligencia del FBI, Bill Sullivan, había llevado a cabo su propio programa COINTELPRO contra Martin Luther King. Había hecho que los técnicos del laboratorio del FBI prepararan un paquete , con cintas sexuales de King, había escrito un ofensivo anónimo adjunto, y había enviado ambas cosas al domicilio de aquel. Su esposa abrió el paquete.
«King, mire en su corazón», rezaba la carta. El pueblo estadounidense pronto «le conocerá como lo que es: una bestia malvada y anormal. […] Solo hay una salida para usted. Más vale que la tome antes de que su asqueroso, anormal y fraudulento ser se revele a la nación.»
El presidente sabía que Hoover había grabado los encuentros sexuales de King.Y Hoover estaba utilizando la información en un intento de deshonrar a King en la Casa Blanca, en el Congreso y en su propia casa.

Hoover creía que era leal. Y ciertamente lo había sido. Pero Sullivan, creador y amo y señor de COINTELPRO, además de maestro de la guerra política, se había sentido irritado bajo la mano cada vez más pesada y temblorosa de Hoover, confesando a sus colegas de la CIA y a sus contactos en la Casa Blanca que el jefe había perdido su arrojo. Decía que el FBI estaba perdiendo la batalla contra la izquierda radical. Había llegado el momento, le aconsejó a Richard Helms, de la CIA, de empezar a «avanzarse a los vientos de cambio en lugar de verse arrastrados por ellos».
Ahora tenía la posibilidad de defender sus argumentos directamente ante el presidente de Estados Unidos.
Nixon sabía que Sullivan había estado manejando las escuchas telefónicas de Kissinger, escuchando a algunos de los reporteros y columnistas más prominentes de Washington, así como a sus presuntas fuentes entre los altos cargos.
El FBI creía que «el terrorismo no era nada del otro mundo», en palabras de Richard Marquise, que dirigió el Centro de Investigación y Análisis sobre Terrorismo de la Oficina, un diminuto departamento situado cerca de la zona inferior de la jerarquía en el cuartel general. Marquise, que era hijo de un agente del FBI, se incorporó a la Oficina en 1971, tres años antes de que se jubilara su padre. Flabía trabajado a las órdenes de todos los directores, incluido Hoover. Permaneció en antiterrorismo incluso después de que muchos de sus colegas se hubieran marchado, contradiciendo la creencia convencional de que la amenaza a Estados Unidos se desvanecía al mismo tiempo que la guerra fría.

En abril de 1999, Freeh decidió que lo mejor que se podía hacer era poner a Osama bin Laden en la lista de las diez personas más buscadas del FBI. La Oficina ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que llevara a su detención.
Durante todo el año, los responsables de antiterrorismo de Estados Unidos trabajaron en colaboración con sus aliados de los servicios de inteligencia de todo el mundo en torno a la entrega extraordinaria de presuntos miembros de al-Qaeda y la Yihad Islámica egipcia. Se hicieron elaborados planes para secuestrar a Bin Laden en Afganistán, que se vieron frustrados por un golpe militar en Pakistán. Ochenta y siete personas acusadas de terrorismo fueron detenidas en secreto en lugares como Albania, Bulgaria, Azerbaiyán y los Emiratos Árabes Unidos.Todos fueron enviados a cárceles de El Cairo. A finales de noviembre, el servicio de inteligencia jordano detuvo a dieciséis hombres y los acusó de ser miembros de al-Qaeda que conspiraban para atacar a norteamericanos. Entre los sospechosos encontraron a dos ciudadanos estadounidenses, un hecho que dejó perplejos al FBI y a la CIA. Ambos hombres tenían raíces en California. Uno era un ingeniero informático de Los Ángeles que había trabajado en una organización benéfica que empezaba a parecer cada vez más una tapadera de al-Qaeda.
Watson pidió al Congreso 381 millones de dólares en nuevos fondos para contratar y entrenar a unos mil novecientos agentes de antiterrorismo, además de analistas y lingüistas. Solo consiguió dinero suficiente para 76 personas. Presentó su estrategia a los agentes especiales al mando de todas las sedes del FBI; casi todos ellos pensaron que era un sueño imposible. Acudió a la División de Entrenamiento, donde solo tres días del curso de dieciséis semanas para los nuevos agentes se dedicaban a la seguridad nacional, el antiterrorismo y la contrainteligencia. Haría falta tiempo para cambiar el currículo tradicional, le dijeron los monitores.
En marzo y abril, cuando empezaba a agotarse el último año de la administración de Clinton, la fiscal general Reno ordenó a Freeh que cumpliera sus promesas sobre antiterrorismo y contrainteligencia en el plazo de unos meses. «Ponga en práctica un sistema que asegure que la inteligencia se vincule y se comparta —le ordenó—. Compártala internamente y luego compártala de forma segura con otras agencias.» Para ello le rogó «utilizar la información de inteligencia actualmente recopilada y contenida en los archivos del FBI» y utilizar ese conocimiento «para identificar y protegerse contra las nacientes amenazas a la seguridad nacional».

El colapso de las divisiones de antiterrorismo y contrainteligencia del FBI se veía venir desde hacía tiempo. La angustia y la frustración de los mejores agentes de la Oficina se había hecho insoportable durante los últimos meses de Louis Freeh en el cargo. Los ordenadores y los sistemas de información fallaban. El mando en Washington fallaba. Las comunicaciones entre Freeh, dos fiscales generales y dos presidentes habían fallado casi por completo. Los agentes del FBI que servían a la causa de la seguridad nacional habían luchado contra sus superiores y contra el propio sistema al que servían.Y casi ganaron.
El FBI, que todavía carece de unos estatutos legales redactados por el Congreso, había estado luchando durante un siglo en torno a qué era lo que podía y no podía hacer en nombre de la seguridad nacional. El fiscal general Edward Levi había sido el primero en tratar de regular la Oficina treinta y cinco años antes, a raíz del Watergate. Había actuado en la misma línea que el juez Harían Fiske Stone, el adalid del derecho que fue responsable del primer nombramiento de J. Edgar Hoover y que , advirtió de que una policía secreta era una amenaza para cualquier sociedad libre.
Puede que ahora el FBI hubiera creado el primer manual de operaciones auténticamente realista para gestionar un servicio de inteligencia secreta en una democracia abierta. Las nuevas reglas afirmaban desde un primer momento que «la rigurosa obediencia a los principios y garantías constitucionales es más importante que el resultado de cualquier interrogatorio, búsqueda de pruebas o investigación concretos». Dejaban claro que el FBI no podía investigar a personas por «oponerse a la guerra o la política exterior, protestar contra las acciones de gobierno, o promover ciertas creencias religiosas», o porque fueran extranjeras, o anarquistas, o árabe-americanas. Liberar los ilimitados poderes derivados de la capacidad del FBI de realizar registros, incautaciones y vigilancias injustificados requería ahora una declaración de guerra por parte del Congreso en lugar de un decreto presidencial secreto. Puede que antaño estos principios parecieran evidentes, pero el FBI los había violado una y otra vez en el pasado.
La continuidad de Robert Mueller contribuyó a este cambio. Ningún otro director del FBI tuvo nunca la estabilidad necesaria para cumplir el mandato de diez años que el Congreso había impuesto al cargo después de la muerte de Hoover. Algunos se habían marchado tras caer en desgracia o ser víctimas del descrédito. Mueller había perseverado. Concluyó su mandato al cumplirse diez años de los atentados del 11 de septiembre. Pero Obama le pidió que se quedara un par de años más, hasta septiembre de 2013, si podía resistir las presiones cotidianas.
Seguía abierta la oportunidad de que dicho principio pudiera prevalecer; la posibilidad de que en un tiempo de constante peligro los estadounidenses pudieran a la vez ser libres y sentirse seguros.

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