Enemigos. Una Historia Del FBI — Tim Weiner / Enemies: A History of the FBI by Tim Weiner

Interesante obra en cuanto a la desmitificación de la eficiencia del FBI y la transaparencia de la política norteamericana. Recomiendo el del mismo autor sobre la CIA, ya comentado en este blog. Mortadelo y Filemón en versión norteamericana con gotas de Pepe Gotera y Otilio.

Hoover no fue un monstruo: fue un Maquiavelo norteamericano. Era astuto e ingenioso, y nunca dejó de observar a sus enemigos. Fue uno de los padres fundadores de la inteligencia estadounidense y el artífice del moderno Estado vigilante. Cada huella digital archivada, cada byte de datos biográficos y biométricos contenido en los bancos informatizados del gobierno, le deben su existencia.
Fue un manipulador magistral de la opinión pública. Practicó la guerra política y el secretismo en aras de la seguridad nacional, a menudo a expensas de la moralidad. Combatió el comunismo y el terrorismo con una pasión arrolladora durante cincuenta y cinco años. Desde la década de 1940, y hasta el día de su muerte, supo prever las apocalípticas amenazas a las que hoy nos enfrentamos. Sin embargo, dejó tras de sí una institución que casi murió con él, y que solo ha recuperado su misión en la seguridad nacional conforme a la ley en los últimos tres años.
El FBI no ha tenido nunca unos estatutos legales aparte del juramento presidencial de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, y los diversos presidentes de Estados Unidos han tratado de luchar contra las restricciones de dicho juramento desde la Primera Guerra Mundial.
Robert Mueller, el director de la Oficina desde el 4 de septiembre de 2001, se opuso a las órdenes del presidente Bush de realizar vigilancias secretas ilegales, presentando su dimisión como protesta. Asimismo, ha declarado que Estados Unidos no ganará la guerra contra el terrorismo si pierde sus libertades en la batalla.
Los jefes del FBI viven cada día en ese estado de permanente conflicto. Los estadounidenses, y el mundo en general, deben conocer la historia de esa lucha.

Las mayores detenciones en masa de toda la historia de Estados Unidos se iniciaron a las nueve en punto de la noche del viernes 2 de enero de 1920. Pasarían a la historia como «las redadas de Palmer». Pero Palmer ni las organizó ni las dirigió; fue Hoover quien lo hizo.
«Una red humana de la que ningún forajido puede escapar»
La Oficina irrumpió en reuniones políticas, residencias privadas, clubes sociales, salones de baile, restaurantes y bares de todo Estados Unidos. Los agentes sacaron a rastras a la gente de librerías y dormitorios. Hoover estuvo trabajando las veinticuatro horas del día, contestando a las llamadas telefónicas y leyendo los telegramas urgentes con que sus escuadrones se ponían en contacto con él desde todo el país.
La Oficina hizo 2.585 prisioneros entre la noche del viernes y la mañana del sábado, pero su trabajo todavía estaba a medio hacer. Las redadas continuaron la semana siguiente. Los agentes pidieron al menos 2.705 nuevas órdenes de detención. Además hubo cientos de personas, quizá miles, detenidas sin autorización. En total se capturaron entre
6.000 y 10.000 personas en todas las redadas. Nadie sabrá nunca con exactitud cuántas fueron retenidas y encarceladas, cuántas interrogadas y liberadas. En ningún momento se hizo un recuento oficial.
Las redadas hicieron tambalearse al Partido Comunista. Charles » Ruthenberg y su círculo de allegados sobrevivieron pasando a la clandestinidad, adoptando nombres falsos, comunicándose en clave y viviendo ocultos. Algunos de los informes redactados de puño y letra por Ruthenberg acabarían en los archivos del Komintern a finales de siglo.
Hoover movilizó a su creciente red de informadores. Examinó informes y opiniones de agentes de la Oficina, agentes de la inteligencia militar y naval, líderes de la Liga Protectora Americana, comandantes de la Legión Americana, jefes de policía, directivos de empresa, banqueros, agentes de seguros, compañías de teléfonos y telégrafos,.. Advirtió de que los rojos se agazapaban en sindicatos, fábricas, iglesias, escuelas, universidades, periódicos, revistas, clubes femeninos y organizaciones negras. Sus boletines semanales al fiscal general insistían una y otra vez en la amenaza. Pero Daugherty no necesitaba que le convencieran. «La Rusia soviética es el enemigo de la humanidad —sostenía—. Se han propuesto conquistar no solo Estados Unidos, sino el mundo entero.

Normas para la labor clandestina del Partido».
Las normas eran explícitas:
1)    NO traicionar la labor del Partido ni a los trabajadores del Partido bajo ninguna circunstancia.
2)    NO llevar o guardar encima nombres y direcciones, excepto si están convenientemente codificados.
3)    NO guardar en vuestras dependencias ningún documento o literatura abiertamente incriminatorios.
4)    NO asumir ningún riesgo innecesario en la labor del Partido.
5)    NO eludir la labor del Partido debido al riesgo vinculado a ella.
6)    NO jactarse de lo que se tiene que hacer o se ha hecho por el Partido.
7)    NO divulgar vuestra pertenencia al Partido sin necesidad.
8)    NO dejar que ningún espía os siga a vuestras citas o reuniones.
9)    NO perder los nervios en caso de peligro.
10) NO contestar a ninguna pregunta si os detienen.
El folleto concluía: «EVITAD LA DETENCIÓN POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES.

La guerra contra el crimen y la guerra contra el comunismo no eran las batallas en las que estaban involucrados la mayoría de los estadounidenses: ellos luchaban por sobrevivir. Ansiaban desesperadamente un líder fuerte. Estaban dispuestos a aceptar un presidente que creara «una dictadura norteamericana basada en el consentimiento de los gobernados», según las alarmantes palabras del congresista Fish. La elección de Franklin D. Roosevelt estuvo predestinada desde el mismo momento en que fue nominado. Roosevelt estaba dispuesto a utilizar todos los poderes que le otorgaba la Constitución —y más— para salvar a la República del caos político y económico.
Bajo el mandato del presidente Roosevelt, el FBI se ganó un lugar en el orbe del gobierno estadounidense. Pero casi perdió a Hoover como jefe: este sobrevivió a duras penas al traspaso de poderes.
El FBI se propuso investigar a todos los miembros del Partido Comunista y sus afiliados, junto con los líderes de los movimientos fascistas y antifascistas estadounidenses. Persiguió a los líderes sindicales izquierdistas de los sectores del carbón, el transporte, el acero, la prensa y las industrias textiles. Trató de detectar a comunistas y subversivos en escuelas y universidades, en el gobierno federal y en las fuerzas armadas. Hoover ordenó a sus agentes que reclutaran a nuevos informadores y escribieran nuevos informes sobre los subversivos más prominentes. Y empezó a clasificar «actividades subversivas» bajo los más amplios epígrafes de la vida política y económica de Estados Unidos.

Hoover no aprobaba las órdenes presidenciales decretando la reclusión de los 112.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés que después de Pearl Harbor fueron internados en campos. El no quería que se encarcelara a las personas por su raza; quería que se les investigara y, en caso necesario, se les encerrara por sus lealtades.
El presidente amplió los poderes de Hoover en tiempo de guerra. Este pasaba ahora a asumir la responsabilidad de investigar el historial y verificar la reputación de cualquier aspirante a un empleo público. Empezó a trabajar en colaboración con los servicios de pasaportes y de inmigración para controlar las fronteras, los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril de Estados Unidos. Tenía que asegurar cientos de fabricas donde se producía material bélico. Debía encargarse de la censura de la prensa estadounidense. Asimismo, Hoover y sus hombres empezaron a abrir el correo preferente de Nueva York y Washington, así como los telegramas y cables enviados por la Western Union, la International Telephone and Telegraph Company (ITT) y la Radio Corporation of America (RCA).
La negativa de Hoover a colaborar con la naciente CIA rozaba la insubordinación, y su desafio al Departamento de Estado bordeaba la rebelión. La rencorosa decisión de Hoover amenazaba con representar «un gran golpe para la eficacia de nuestra seguridad y nuestra tarea de inteligencia», según escribía el subsecretario de Estado AchesonJ7 Pero Hoover seguía en sus trece; prácticamente había declarado la guerra a la Casa Blanca.

El 26 de septiembre de 1946, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Clark Clifford, y su ayudante, George Elsey, entregaron un informe secreto a Truman indicándole que debía prepararse para la guerra contra los soviéticos. Se basaban en el trabajo de Hoover y el FBI esbozando un plan de batalla para el Apocalipsis.
Le dijeron a Truman que tenía que prepararse para librar una tercera guerra mundial con armas atómicas y biológicas. El enemigo era una dictadura soviética que aspiraba a la conquista del mundo, ayudada por un insidioso servicio de inteligencia, y con la asistencia de la clandestinidad estadounidense. Todo comunista estadounidense, escribían, era potencialmente un espía y un soldado de Moscú.Truman escribió en su diario aquella semana: «Parece que los rojos, los farsantes y los “rojillos de salón” se han unido y se están convirtiendo en un peligro nacional. Temo que formen un frente de sabotaje del tío Joe Stalin».
El FBI estaba desesperado por descubrir al resto de la red que había robado los secretos de la bomba. Pero los diplomáticos británicos impidieron a la Oficina interrogar a Fuchs hasta después de que hubiera una sentencia oficial. Hoover consideró un ultraje aquella demora, especialmente teniendo en cuenta que habían sido los ingleses quienes habían recomendado a Fuchs para el Proyecto Manhattan. Pasaron varias semanas preciosas antes de que el FBI pudiera interrogar al espía. Fuchs ocultó muchas cosas en sus respuestas, la mayoría relacionadas con el salto tecnológico de las bombas atómicas a las nucleares. Pero la Oficina consiguió lo que quería: una identificación irrefutable del correo que había vinculado a Fuchs con el espionaje clandestino soviético en Estados Unidos.
Se llamaba Harry Gold, y llevaba quince años como agente de la inteligencia soviética en Estados Unidos. Su nombre figuraba en los archivos del FBI desde 1947. Los agentes de la oficina del FBI en Nueva York habían entrevistado a Gold, y este había admitido libremente haber formado parte durante la guerra de la red de agentes rusos para los que trabajaba Elizabeth Bentley. «Pero después de aquel contacto con Gold habían transcurrido tres años», explicó el agente especial del FBI Donald Shannon.
Hoover se guardaba lo peor para el final: «La Unión Soviética no vacilaría en lanzar bombas atómicas sobre cualquier objetivo aunque tal ataque implicara misiones suicidas». Preveía que habría «aviones suicidas con bombas atómicas» y «un ataque a gran escala de paracaidistas suicidas cargados con bombas pequeñas u otros dispositivos destructivos». Los paracaidistas contarían con la ayuda de los comunistas estadounidenses cuando aterrizaran, y la envergadura del ataque imaginado por Hoover podía intuirse por su aseveración de que se estaba entrenando a millones de niños rusos como paracaidistas.
Los componentes de las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno podrían introducirse clandestinamente en Estados Unidos, luego las bombas se prepararían para un ataque y serían «detonadas por control remoto o por individuos dispuestos a sacrificarse»: la clandestinidad comunista estadounidense. El informe decía asimismo que «20.000 miembros heles del Partido Comunista, entre ellos el núcleo del Partido» —-las mismas personas a las que Hoover había incluido en su índice de Seguridad, los sospechosos a los que quería encerrar en nombre de la supervivencia nacional— estaban «dispuestos a seguir ciegamente las instrucciones del gobierno soviético» en caso de guerra o de crisis.

Con la elección de Eisenhower y Nixon en noviembre de 1952, junto con una aplastante victoria republicana en la Cámara de Representantes y el Senado, terminaron dos décadas de predominio demócrata en Washington, la época que el senador Joseph McCarthy calificara como «veinte años de traición». Al principio de aquellos veinte años Hoover había dirigido una organización pequeña y débil, con 353 agentes especiales y un presupuesto bastante por debajo de los tres millones de dólares; ahora dirigía un ejército anticomunista de 6.451 hombres, con 8.206 empleados de apoyo y 90 millones de dólares de presupuesto.
Unos días después de su victoria, Eisenhower le aseguró a Hoover que quería que siguiera dirigiendo el FBI mientras él fuera presidente, y que en los próximos años contaría con todo el apoyo de la Casa Blanca. Había hombres más respetados en Washington, pero no muchos.

El anticomunismo estadounidense alcanzó su apogeo bajo el mandato de Eisenhower. Los hombres de Hoover investigaban a los candidatos a toda una serie de puestos que iban desde el de embajador en el extranjero hasta el de asesor del Congreso.Y supervisaban las purgas de seguridad interna en todo el gobierno, destruyendo vidas y carreras basándose en sospechas de deslealtad o de homosexualidad.
Hoover conocía bien a Joe Kennedy: un hombre de negocios desaprensivo que poseía cientos de millones de dólares, notorio donjuán y feroz paladín del anticomunismo. Su amistad había sobrevivido a la negativa de Hoover a aceptar una oferta de 100.000 dólares al año para encargarse de la seguridad de la familia Kennedy.
El director también empezaba a conocer a Robert Kennedy; los dos hombres se habían reunido al menos tres veces entre 1957 y 1959 en relación con la labor de Kennedy como principal interrogador del Comité de Actividades mafiosas del Senado. Las audiencias del comité sobre el crimen organizado presenciaron una dramática confrontación entre Kennedy y el jefe de la Mafia de Chicago, Momo Salvatore «Sam» Giancana. El mafioso se acogió a la Quinta Enmienda, dirigiendo una risita burlona a Kennedy.Y este contraatacó: «Creía que solo las niñas pequeñas soltaban risitas tontas, señor Giancana».
Tanto Hoover como Alien Dulles, director de la CIA de 1953 a 1961 y miembro de la Comisión Warren, se aseguraron de que nadie dijera una palabra sobre los planes estadounidense para matar a Fidel Castro. Si había habido un complot comunista para asesinar al presidente de Estados Unidos como venganza, si los soviéticos o los cubanos habían ordenado matar a Kennedy y si Estados Unidos tenía el menor indicio que lo demostrara, aquello habría representado el disparo de salida de una nueva guerra mundial.
Hoover sabía muy bien que el FBI era culpable —en sus propias palabras— de una «grosera incompetencia» por no haber mantenido vigilado a Oswald en las semanas previas al asesinato. El airado e inestable marine había desertado a la Unión Soviética y luego había regresado como un malhechor marxista. En la oficina de Dallas del FBI ya sabían de él: se le conocía como un demagogo comunista, posiblemente trastornado, que había repartido panfletos de apoyo a Fidel Castro y había trabajado en el edificio del Almacén de Libros de Texto de Texas, desde donde se dominaba la ruta de la caravana de vehículos de John Kennedy. Cuatro días después del asesinato, Hoover descubrió que Oswald nunca había figurado en el índice de Seguridad del FBI, la lista de personas que suponían un peligro debido «a su formación, sus tendencias violentas y su prominencia en actividades subversivas», por citar las propias pautas de la Oficina.

El jefe de inteligencia del FBI, Bill Sullivan, había llevado a cabo su propio programa COINTELPRO contra Martin Luther King. Había hecho que los técnicos del laboratorio del FBI prepararan un paquete , con cintas sexuales de King, había escrito un ofensivo anónimo adjunto, y había enviado ambas cosas al domicilio de aquel. Su esposa abrió el paquete.
«King, mire en su corazón», rezaba la carta. El pueblo estadounidense pronto «le conocerá como lo que es: una bestia malvada y anormal. […] Solo hay una salida para usted. Más vale que la tome antes de que su asqueroso, anormal y fraudulento ser se revele a la nación.»
El presidente sabía que Hoover había grabado los encuentros sexuales de King.Y Hoover estaba utilizando la información en un intento de deshonrar a King en la Casa Blanca, en el Congreso y en su propia casa.

Hoover creía que era leal. Y ciertamente lo había sido. Pero Sullivan, creador y amo y señor de COINTELPRO, además de maestro de la guerra política, se había sentido irritado bajo la mano cada vez más pesada y temblorosa de Hoover, confesando a sus colegas de la CIA y a sus contactos en la Casa Blanca que el jefe había perdido su arrojo. Decía que el FBI estaba perdiendo la batalla contra la izquierda radical. Había llegado el momento, le aconsejó a Richard Helms, de la CIA, de empezar a «avanzarse a los vientos de cambio en lugar de verse arrastrados por ellos».
Ahora tenía la posibilidad de defender sus argumentos directamente ante el presidente de Estados Unidos.
Nixon sabía que Sullivan había estado manejando las escuchas telefónicas de Kissinger, escuchando a algunos de los reporteros y columnistas más prominentes de Washington, así como a sus presuntas fuentes entre los altos cargos.
El FBI creía que «el terrorismo no era nada del otro mundo», en palabras de Richard Marquise, que dirigió el Centro de Investigación y Análisis sobre Terrorismo de la Oficina, un diminuto departamento situado cerca de la zona inferior de la jerarquía en el cuartel general. Marquise, que era hijo de un agente del FBI, se incorporó a la Oficina en 1971, tres años antes de que se jubilara su padre. Flabía trabajado a las órdenes de todos los directores, incluido Hoover. Permaneció en antiterrorismo incluso después de que muchos de sus colegas se hubieran marchado, contradiciendo la creencia convencional de que la amenaza a Estados Unidos se desvanecía al mismo tiempo que la guerra fría.

En abril de 1999, Freeh decidió que lo mejor que se podía hacer era poner a Osama bin Laden en la lista de las diez personas más buscadas del FBI. La Oficina ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que llevara a su detención.
Durante todo el año, los responsables de antiterrorismo de Estados Unidos trabajaron en colaboración con sus aliados de los servicios de inteligencia de todo el mundo en torno a la entrega extraordinaria de presuntos miembros de al-Qaeda y la Yihad Islámica egipcia. Se hicieron elaborados planes para secuestrar a Bin Laden en Afganistán, que se vieron frustrados por un golpe militar en Pakistán. Ochenta y siete personas acusadas de terrorismo fueron detenidas en secreto en lugares como Albania, Bulgaria, Azerbaiyán y los Emiratos Árabes Unidos.Todos fueron enviados a cárceles de El Cairo. A finales de noviembre, el servicio de inteligencia jordano detuvo a dieciséis hombres y los acusó de ser miembros de al-Qaeda que conspiraban para atacar a norteamericanos. Entre los sospechosos encontraron a dos ciudadanos estadounidenses, un hecho que dejó perplejos al FBI y a la CIA. Ambos hombres tenían raíces en California. Uno era un ingeniero informático de Los Ángeles que había trabajado en una organización benéfica que empezaba a parecer cada vez más una tapadera de al-Qaeda.
Watson pidió al Congreso 381 millones de dólares en nuevos fondos para contratar y entrenar a unos mil novecientos agentes de antiterrorismo, además de analistas y lingüistas. Solo consiguió dinero suficiente para 76 personas. Presentó su estrategia a los agentes especiales al mando de todas las sedes del FBI; casi todos ellos pensaron que era un sueño imposible. Acudió a la División de Entrenamiento, donde solo tres días del curso de dieciséis semanas para los nuevos agentes se dedicaban a la seguridad nacional, el antiterrorismo y la contrainteligencia. Haría falta tiempo para cambiar el currículo tradicional, le dijeron los monitores.
En marzo y abril, cuando empezaba a agotarse el último año de la administración de Clinton, la fiscal general Reno ordenó a Freeh que cumpliera sus promesas sobre antiterrorismo y contrainteligencia en el plazo de unos meses. «Ponga en práctica un sistema que asegure que la inteligencia se vincule y se comparta —le ordenó—. Compártala internamente y luego compártala de forma segura con otras agencias.» Para ello le rogó «utilizar la información de inteligencia actualmente recopilada y contenida en los archivos del FBI» y utilizar ese conocimiento «para identificar y protegerse contra las nacientes amenazas a la seguridad nacional».

El colapso de las divisiones de antiterrorismo y contrainteligencia del FBI se veía venir desde hacía tiempo. La angustia y la frustración de los mejores agentes de la Oficina se había hecho insoportable durante los últimos meses de Louis Freeh en el cargo. Los ordenadores y los sistemas de información fallaban. El mando en Washington fallaba. Las comunicaciones entre Freeh, dos fiscales generales y dos presidentes habían fallado casi por completo. Los agentes del FBI que servían a la causa de la seguridad nacional habían luchado contra sus superiores y contra el propio sistema al que servían.Y casi ganaron.
El FBI, que todavía carece de unos estatutos legales redactados por el Congreso, había estado luchando durante un siglo en torno a qué era lo que podía y no podía hacer en nombre de la seguridad nacional. El fiscal general Edward Levi había sido el primero en tratar de regular la Oficina treinta y cinco años antes, a raíz del Watergate. Había actuado en la misma línea que el juez Harían Fiske Stone, el adalid del derecho que fue responsable del primer nombramiento de J. Edgar Hoover y que , advirtió de que una policía secreta era una amenaza para cualquier sociedad libre.
Puede que ahora el FBI hubiera creado el primer manual de operaciones auténticamente realista para gestionar un servicio de inteligencia secreta en una democracia abierta. Las nuevas reglas afirmaban desde un primer momento que «la rigurosa obediencia a los principios y garantías constitucionales es más importante que el resultado de cualquier interrogatorio, búsqueda de pruebas o investigación concretos». Dejaban claro que el FBI no podía investigar a personas por «oponerse a la guerra o la política exterior, protestar contra las acciones de gobierno, o promover ciertas creencias religiosas», o porque fueran extranjeras, o anarquistas, o árabe-americanas. Liberar los ilimitados poderes derivados de la capacidad del FBI de realizar registros, incautaciones y vigilancias injustificados requería ahora una declaración de guerra por parte del Congreso en lugar de un decreto presidencial secreto. Puede que antaño estos principios parecieran evidentes, pero el FBI los había violado una y otra vez en el pasado.
La continuidad de Robert Mueller contribuyó a este cambio. Ningún otro director del FBI tuvo nunca la estabilidad necesaria para cumplir el mandato de diez años que el Congreso había impuesto al cargo después de la muerte de Hoover. Algunos se habían marchado tras caer en desgracia o ser víctimas del descrédito. Mueller había perseverado. Concluyó su mandato al cumplirse diez años de los atentados del 11 de septiembre. Pero Obama le pidió que se quedara un par de años más, hasta septiembre de 2013, si podía resistir las presiones cotidianas.
Seguía abierta la oportunidad de que dicho principio pudiera prevalecer; la posibilidad de que en un tiempo de constante peligro los estadounidenses pudieran a la vez ser libres y sentirse seguros.

Interesting work in terms of the demystification of the efficiency of the FBI and the transparency of US policy. I recommend the same author on the CIA, already commented on this blog. Mortadelo and Filemón comic in North American version with drops of Pepe Gotera and Otilio.

Hoover was not a monster: he was an American Machiavelli. He was cunning and witty, and he never stopped watching his enemies. He was one of the founding fathers of American intelligence and the architect of the modern vigilant state. Each archived fingerprint, every byte of biographical and biometric data contained in the government’s computerized banks, owes its existence.
He was a masterful manipulator of public opinion. He practiced political warfare and secrecy for the sake of national security, often at the expense of morality. He fought communism and terrorism with an overwhelming passion for fifty-five years. From the 1940s, until the day of his death, he knew how to anticipate the apocalyptic threats that we face today. However, he left behind an institution that almost died with him, and that has only regained his mission in national security in accordance with the law in the last three years.
The FBI has never had legal statutes other than the presidential oath to ensure faithful compliance with the laws, and the various presidents of the United States have tried to fight against the restrictions of that oath since the First World War.
Robert Mueller, the director of the Office since September 4, 2001, opposed President Bush’s orders to carry out illegal secret surveillance, presenting his resignation as a protest. He has also declared that the United States will not win the war against terrorism if it loses its liberties in battle.
The heads of the FBI live every day in this state of permanent conflict. Americans, and the world in general, must know the history of that struggle.

The largest mass arrests in the entire history of the United States began at nine o’clock on the night of Friday, January 2, 1920. They would go down in history as “Palmer’s raids.” But Palmer neither organized nor directed them; It was Hoover who did it.
«A human network from which no outlaw can escape»
The Office stormed political meetings, private residences, social clubs, dance halls, restaurants and bars across the United States. The agents dragged people out of bookstores and dormitories. Hoover was working twenty-four hours a day, answering phone calls and reading the urgent telegrams with which his squadrons contacted him from all over the country.
The Bureau made 2,585 prisoners between Friday night and Saturday morning, but their work was still half done. The raids continued the following week. The agents asked for at least 2,705 new arrest warrants. In addition there were hundreds of people, perhaps thousands, detained without authorization. In total, they were captured between
6,000 and 10,000 people in all raids. No one will ever know exactly how many were detained and imprisoned, how many interrogated and released. At no time was an official recount made.
The raids made the Communist Party stagger. Charles »Ruthenberg and his circle of close friends survived by going underground, adopting false names, communicating in code and living hidden. Some of the reports written in handwriting by Ruthenberg would end up in the archives of the Comintern at the end of the century.
Hoover mobilized his growing network of informants. It examined reports and opinions of Office agents, military and naval intelligence agents, leaders of the American Protective League, commanders of the American Legion, chiefs of police, business executives, bankers, insurance agents, telephone and telegraph companies He warned that the Reds were crouching in unions, factories, churches, schools, universities, newspapers, magazines, women’s clubs and black organizations. His weekly bulletins to the attorney general insisted again and again on the threat. But Daugherty did not need to be convinced. “Soviet Russia is the enemy of humanity,” he maintained. They have proposed to conquer not only the United States, but the entire world.

Rules for the clandestine work of the Party ».
The rules were explicit:
1) NOT to betray the work of the Party or the workers of the Party under any circumstances.
2) DO NOT carry or keep names and addresses above, except if they are conveniently coded.
3) DO NOT keep any openly incriminating documents or literature in your premises.
4) DO NOT assume any unnecessary risk in the work of the Party.
5) NOT avoid the work of the Party due to the risk linked to it.
6) DO NOT boast of what has to be done or has been done by the Party.
7) DO NOT divulge your belonging to the Party unnecessarily.
8) DO NOT let any spy follow you to your appointments or meetings.
9) DO NOT lose your nerves in case of danger.
10) DO NOT answer any questions if they stop you.
The booklet concluded: “AVOID DETENTION BY ALL POSSIBLE MEANS.

The war against crime and the war against communism were not the battles in which most Americans were involved: they were struggling to survive. They desperately craved a strong leader. They were willing to accept a president who would create “an American dictatorship based on the consent of the governed,” according to the alarming words of Congressman Fish. The election of Franklin D. Roosevelt was predestined from the moment he was nominated. Roosevelt was willing to use all the powers granted him by the Constitution – and more – to save the Republic from political and economic chaos.
The FBI set out to investigate all members of the Communist Party and its affiliates, along with the leaders of the American fascist and anti-fascist movements. He persecuted leftist union leaders from the coal, transport, steel, press, and textile industries. He tried to detect communists and subversives in schools and universities, in the federal government and in the armed forces. Hoover ordered his agents to recruit new informants and write new reports on the most prominent subversives. And began to classify “subversive activities” under the broader epigraphs of political and economic life in the United States.

Hoover did not approve the presidential orders decreeing the imprisonment of the 112,000 Japanese and Americans of Japanese origin who, after Pearl Harbor, were interned in camps. He did not want people to be imprisoned because of their race; he wanted to be investigated and, if necessary, locked up for his loyalties.
The president extended Hoover’s powers in time of war. He was now taking responsibility for investigating the history and verifying the reputation of any candidate for public employment. He began working in collaboration with the passport and immigration services to control the borders, airports and rail stations of the United States. He had to secure hundreds of factories where war material was produced. He had to deal with the censorship of the American press. Likewise, Hoover and his men began to open the preferred mail of New York and Washington, as well as the telegrams and cables sent by the Western Union, the International Telephone and Telegraph Company (ITT) and the Radio Corporation of America (RCA).
Hoover’s refusal to collaborate with the nascent CIA bordered on insubordination, and his challenge to the State Department bordered on rebellion. Hoover’s spiteful decision threatened to represent “a great blow to the efficiency of our security and our intelligence work,” according to Undersecretary of State Acheson. But Hoover was still in his thirteenth; He had practically declared war on the White House.

On September 26, 1946, the White House legal adviser, Clark Clifford, and his assistant, George Elsey, delivered a secret report to Truman indicating that he should prepare for the war against the Soviets. They were based on the work of Hoover and the FBI outlining a battle plan for the Apocalypse.
They told Truman that he had to prepare to wage a third world war with atomic and biological weapons. The enemy was a Soviet dictatorship that aspired to the conquest of the world, aided by an insidious intelligence service, and with the assistance of the American underground. Every American communist, they wrote, was potentially a spy and a soldier from Moscow. Truman wrote in his diary that week: “It seems that the reds, the phonies and the” reds of the living room “have come together and are becoming a national danger. . I’m afraid they’ll form a sabotage front of Uncle Joe Stalin. ”
The FBI was desperate to discover the rest of the network that had stolen the secrets of the bomb. But British diplomats prevented the Office from questioning Fuchs until after there was an official sentence. Hoover considered that delay an outrage, especially considering that it was the English who had recommended Fuchs for the Manhattan Project. Several precious weeks passed before the FBI could question the spy. Fuchs hid many things in his answers, most of them related to the technological leap from atomic to nuclear bombs. But the Bureau got what it wanted: an irrefutable identification of the mail that had linked Fuchs to Soviet clandestine espionage in the United States.
His name was Harry Gold, and he had been an agent of Soviet intelligence in the United States for fifteen years. His name had been in the FBI archives since 1947. The agents of the FBI office in New York had interviewed Gold, and Gold had freely admitted being part of the network of Russian agents for whom Elizabeth Bentley worked during the war. “But after that contact with Gold, three years had passed,” said FBI Special Agent Donald Shannon.
Hoover kept the worst for last: “The Soviet Union would not hesitate to drop atomic bombs on any target even if such an attack involved suicide missions.” He foresaw that there would be “suicide bombers with atomic bombs” and “a large-scale attack of suicide paratroopers loaded with small bombs or other destructive devices.” The paratroopers would have the help of the American communists when they landed, and the extent of the attack imagined by Hoover could be intuited by his assertion that he was training millions of Russian children as paratroopers.
The components of atomic bombs and hydrogen bombs could be smuggled into the United States, then the bombs would be prepared for an attack and would be “detonated by remote control or by individuals willing to sacrifice themselves”: the communist underground in the United States. The report also said that “20,000 hele members of the Communist Party, including the core of the Party” – the same people whom Hoover had included in his Security Index, the suspects he wanted to lock up in the name of national survival – were “willing to blindly follow the instructions of the Soviet government” in case of war or crisis.

With the election of Eisenhower and Nixon in November 1952, along with an overwhelming Republican victory in the House of Representatives and the Senate, two decades of Democratic domination in Washington ended, the time Senator Joseph McCarthy called “twenty years of betrayal. » At the beginning of those twenty years Hoover had run a small and weak organization, with 353 special agents and a budget well below three million dollars; now he led an anti-communist army of 6,451 men, with 8,206 support staff and a budget of 90 million dollars.
A few days after his victory, Eisenhower assured Hoover that he wanted him to continue leading the FBI while he was president, and that in the next few years he would have the full support of the White House. There were more respected men in Washington, but not many.

American anti-communism reached its height under the Eisenhower mandate. Hoover’s men investigated candidates for a range of positions ranging from ambassador abroad to congressional adviser. And they oversaw internal security purges throughout the government, destroying lives and careers based on suspicions of disloyalty or homosexuality.
Hoover knew Joe Kennedy well: an unscrupulous businessman who owned hundreds of millions of dollars, a notorious donjuán and a fierce champion of anti-communism. Their friendship had survived Hoover’s refusal to accept an offer of $ 100,000 a year to take care of the safety of the Kennedy family.
The director was also getting to know Robert Kennedy; the two men had met at least three times between 1957 and 1959 in connection with Kennedy’s work as chief interrogator of the Senate Mafia Activities Committee. The hearings of the committee on organized crime witnessed a dramatic confrontation between Kennedy and the Chicago Mafia boss, Momo Salvatore “Sam” Giancana. The mafioso took refuge in the Fifth Amendment, making a mocking laugh at Kennedy. And he countered: “I thought only little girls giggled, Mr. Giancana.”
Both Hoover and Allen Dulles, director of the CIA from 1953 to 1961 and a member of the Warren Commission, made sure no one said a word about US plans to kill Fidel Castro. If there had been a communist plot to assassinate the president of the United States as revenge, if the Soviets or Cubans had ordered Kennedy killed, and if the United States had the slightest indication that he demonstrated it, that would have represented the firing of a new war. world.
Hoover knew very well that the FBI was guilty – in his own words – of a “gross incompetence” for not having kept an eye on Oswald in the weeks leading up to the murder. The irate and unstable Marine had defected to the Soviet Union and then returned as a Marxist criminal. At the FBI Dallas office they already knew about him: he was known as a possibly deranged Communist demagogue who had handed out pamphlets in support of Fidel Castro and had worked in the Texas Textbook Store building, from where he It dominated the route of John Kennedy’s motorcade. Four days after the murder, Hoover discovered that Oswald had never figured in the FBI’s Security Index, the list of people who posed a danger due to “their training, their violent tendencies and their prominence in subversive activities”, to cite the Office’s own guidelines.

FBI intelligence chief Bill Sullivan had conducted his own COINTELPRO program against Martin Luther King. He had had the technicians from the FBI lab prepare a package, with King’s sexual tapes, had written an anonymous offensive attachment, and had sent both to his home address. His wife opened the package.
“King, look in your heart,” the letter read. The American people will soon “know him for what he is: an evil and abnormal beast. […] There is only one way out for you. You better take it before your disgusting, abnormal, and fraudulent self is revealed to the nation. ”
The president knew that Hoover had recorded King’s sexual encounters. And Hoover was using the information in an attempt to dishonor King in the White House, in Congress and in his own home.

Hoover believed he was loyal. And it certainly had been. But Sullivan, the creator and master of COINTELPRO, as well as a master of political warfare, had felt irritated under Hoover’s increasingly heavy and trembling hand, confessing to his CIA colleagues and his contacts in the White House that the boss had lost his courage. It said that the FBI was losing the battle against the radical left. The time had come, he advised Richard Helms of the CIA to start “moving on to the winds of change instead of being dragged by them.”
Now he had the possibility to defend his arguments directly before the president of the United States.
Nixon knew that Sullivan had been handling Kissinger’s wiretaps, listening to some of Washington’s most prominent reporters and columnists, as well as his alleged sources among senior officials.
The FBI believed that “terrorism was nothing out of the ordinary,” in the words of Richard Marquise, who led the Office’s Center for Terrorism Research and Analysis, a tiny apartment near the bottom of the hierarchy in the barracks. general. Marquise, who was the son of an FBI agent, joined the Office in 1971, three years before his father retired. Flabia worked on the orders of all directors, including Hoover. He remained in counterterrorism even after many of his colleagues had left, contradicting the conventional wisdom that the threat to the United States was fading at the same time as the cold war.

In April of 1999, Freeh decided that the best thing to do was to put Osama bin Laden on the list of the ten most wanted people in the FBI. The Office offered a reward of five million dollars for any information that would lead to his arrest.
Throughout the year, US counterterrorism officials worked in collaboration with their intelligence partners around the world on the extraordinary rendition of suspected members of al-Qaeda and Egyptian Islamic Jihad. Elaborate plans were made to kidnap bin Laden in Afghanistan, who were frustrated by a military coup in Pakistan. Eighty-seven people accused of terrorism were secretly detained in places like Albania, Bulgaria, Azerbaijan and the United Arab Emirates. All were sent to prisons in Cairo. At the end of November, the Jordanian intelligence service arrested sixteen men and accused them of being members of al-Qaeda who conspired to attack Americans. Among the suspects, they found two US citizens, a fact that perplexed the FBI and the CIA. Both men had roots in California. One was a computer engineer from Los Angeles who had worked at a charity that was beginning to look more and more like an al-Qaeda cover.
Watson asked Congress for $ 381 million in new funds to hire and train some nineteen hundred anti-terrorism agents, as well as analysts and linguists. He only got enough money for 76 people. He presented his strategy to the special agents in charge of all the FBI headquarters; almost all of them thought it was an impossible dream. He went to the Training Division, where only three days of the sixteen-week course for the new agents were dedicated to national security, anti-terrorism and counterintelligence. It would take time to change the traditional curriculum, the monitors told him.
In March and April, when the last year of the Clinton administration was running out, Attorney General Reno ordered Freeh to keep his promises about counterterrorism and counterintelligence within a few months. “Put into practice a system that ensures that intelligence is linked and shared,” he ordered. Share it internally and then share it securely with other agencies. “To do so, he begged him to” use the intelligence information currently collected and contained in the FBI files “and use that knowledge” to identify and protect against nascent threats to national security”.

The collapse of the FBI’s anti-terrorism and counterintelligence divisions had been coming for some time. The anguish and frustration of the best agents of the Office had become unbearable during the last few months of Louis Freeh in office. Computers and information systems failed. The command in Washington failed. Communications between Freeh, two attorneys general and two presidents had almost completely failed. The FBI agents who served the cause of national security had fought against their superiors and against the very system they served. And they almost won.
The FBI, which still lacks legal statutes drafted by Congress, had been struggling for a century about what it could and could not do in the name of national security. Attorney General Edward Levi had been the first to try to regulate the Office thirty-five years earlier, following Watergate. He had acted in the same vein as Judge Harán Fiske Stone, the champion of the law who was responsible for the first appointment of J. Edgar Hoover and who warned that a secret police was a threat to any free society.
The FBI may now have created the first truly realistic operations manual to run a secret intelligence service in an open democracy. The new rules affirmed from the first moment that “the rigorous obedience to the principles and constitutional guarantees is more important than the result of any interrogation, search of concrete proofs or investigation”. They made it clear that the FBI could not investigate people for “opposing war or foreign policy, protesting against government actions, or promoting certain religious beliefs,” or because they were foreigners, or anarchists, or Arab-Americans. Releasing the unlimited powers derived from the FBI’s ability to make unjustified searches, seizures and surveillance required now a declaration of war by Congress instead of a secret presidential decree. It may be that these principles once seemed obvious, but the FBI had raped them again and again in the past.
The continuity of Robert Mueller contributed to this change. No other FBI director ever had the stability to fulfill the ten-year mandate that Congress had imposed on the post after Hoover’s death. Some had left after falling into disgrace or being victims of discredit. Mueller had persevered. Concluded his mandate on the tenth anniversary of the attacks of September 11. But Obama asked him to stay a couple of years more, until September 2013, if he could resist the daily pressures.
The opportunity for the principle to prevail was still open; the possibility that in a time of constant danger, Americans could both be free and feel safe.

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