Cataluña Y Las Demás Españas — Santiago Muñoz Machado / Catalonia And Many Other Spain Lands by Santiago Muñoz Machado

Magnífico libro y de vigente actualidad. Me ha gustado mucho porque “pone sobre la mesa” los mensajes que se lanzan proindependentistas de Cataluña. Todos esos mensajes (históricos, problemática constitucional, posible salidas a la situación, federalismo) están recogido en un libro, no hay que volverse local buscando de un lado para otro. Enhorabuena. Este libro es de los que hay que leer en estos momentos. Aporta mucha claridad en todos este maremagnum que se está viviendo.

Cataluña está reclamando poder decidir sobre su independencia, y las demás Españas contemplan asombradas las manifestaciones de esa voluntad, que expresan continuamente los políticos en las sedes institucionales, en los mítines y en los medios de comunicación, y el pueblo en las calles, a través de asociaciones ciudadanas, en congresos y reuniones, en cenáculos, en el ambiente familiar. Nuestro futuro colectivo quedará marcado por la conmoción de la ruptura, si llega a producirse, o, en todo caso, por el retraso en resolver el trauma institucional que ha provocado el simple planteamiento de tan grave cuestión.
Nunca había pasado una cosa así en la Historia, y resulta sorprendente que acontezca por primera vez justamente cuando Cataluña disfruta de poderosas instituciones de autogobierno inencontrables en los últimos trescientos años. Incluso en algunos aspectos son más amplias esas responsabilidades de autogobierno que en todos los siglos de catalanidad de los que hay memoria, puesto que nunca hubo un Gobierno territorial catalán de penetración comparable en la vida de los ciudadanos ni encargado de tantas prestaciones y servicios. Y, precisamente ahora, las proclamas separatistas se presentan con más algarabía y fuerza que nunca, para estupefacción de las demás Españas.
Como los sentimientos han ganado la partida a la razón, resulta más difícil imaginar salidas al problema. No sólo la negación total de las pretensiones del catalanismo separatista, sino la simple puesta en cuestión de cualquiera de sus postulados se considera inaceptable y fruto del desconocimiento o del desprecio, o un agravio más de los muchos infligidos a Cataluña en los últimos siglos. Esta apreciación es habitualmente exagerada, pero no es incierto que muchos análisis de la cuestión catalana han tergiversado la historia y no han tenido presente la singularidad cultural y económica del Principado. La intransigencia no ha contribuido tampoco a generar un debate informado del que pueda surgir una respuesta al reto con alguna garantía de éxito.

El Gobierno catalán también decidió en 2013, en su caso sin consenso previo del Gobierno o del Parlamento español, celebrar un referéndum en 2014 para consultar al pueblo catalán sobre la iniciación de un proceso que les llevara a la constitución de un estado nuevo y, eventualmente, a la independencia e integración de Cataluña en la Unión Europea.
-La elección de 2014 también tiene que ver con un aniversario. El de la última batalla, celebrada en Barcelona, de la Guerra de Sucesión de España; un conflicto internacional, además de una contienda interna, en la que Felipe d’Anjou, nieto de Luis XIV, y Carlos, archiduque de Austria, disputaron el trono de España a la muerte de Carlos II.
-Los paralelismos entre 1314 (Bannockburns) y 1714 son escasos si es que alguno hubiera. Pero las conexiones reales y los idearios políticos que existieron en los inicios del siglo XVIII entre Cataluña y Gran Bretaña fueron bastante más visibles y profundos. Por lo pronto, se manifestaron en los compromisos adquiridos por Inglaterra con Cataluña, apoyando la opción sucesoria de Carlos III, el archiduque de Austria, y procurando un acuerdo de paz que respetara las constituciones y libertades históricas del Principado.
En pleno desarrollo de la Guerra de Sucesión nació Gran Bretaña puesto que esta nueva nación fue la consecuencia de la unión parlamentaria de los reinos de Inglaterra y Escocia, que fue hecha efectiva el 1 de mayo de 1707 mediante un acuerdo votado sucesivamente en el Parlamento escocés (el 16 de enero de 1707) y el inglés, que tuvo las trazas de un tratado internacional puesto que reunía los dos reinos bajo la soberanía de un único Parlamento, el de Gran Bretaña.
Aquella operación de 1707 salió bien, sin derramar sangre, pacíficamente. Los negociadores aceptaban que un solo Parlamento regiría sus destinos asegurando, en el caso del reino menor, Escocia, que conservaría su religión presbiteriana, recibiría una importante compensación económica y, además, se respetaría su derecho privado. Los dos reinos cuyos Parlamentos se unían no renunciaban a su historia y particularidades.
-En 1707, cuando ocurría todo lo anterior, se produjeron dos acontecimientos importantes en la Guerra de Sucesión española: primero, la batalla de Almansa, que dio una victoria asombrosa a las tropas borbónicas; y, casi de seguido, la toma del territorio valenciano y aragonés, y la promulgación del primer Decreto de Nueva Planta por Felipe V.
Los consejeros del rey vieron en aquella victoria la ocasión para hacer efectivas algunas de las propuestas que casi un siglo antes había elevado al rey el Conde Duque de Olivares en su Gran Memorial de 1624: desembarazarse de los fueros y privilegios territoriales y reconducir todo el reino a un gobierno unificado, sometido a las mismas leyes. Felipe V siempre había considerado que las libertades y los privilegios históricos, muy arraigados en el sentimiento de sus nuevos súbditos, eran un enorme estorbo para la buena administración de España.
-La idea de que las soluciones parlamentarias, como alternativa al absolutismo, se pueden imponer por la sola fuerza de la historia, sin necesidad de revoluciones ni violencia, procede de la interpretación más extendida de lo que ocurrió en Inglaterra en 1688. El recordatorio de las diferencias de opinión establecidas sobre dicha interpretación se ha centrado en si las prácticas parlamentarias existentes desde la Baja Edad Media podrían haber tenido continuidad, caso de no haber sido interrumpidas por las guerras, como ocurrió en Cataluña, o las revoluciones como pasó en Francia, hasta transformarse naturalmente en un parlamentarismo democrático.
-Cataluña hubiera necesitado una revolución, como la que tuvo lugar en Inglaterra en 1688, para que las primitivas instituciones con que contaba hubieran podido servir de base a un parlamentarismo democrático capaz de modernizar el país. Esa transformación nunca resultaría simplemente del mantenimiento de las tradiciones medievales. Las investigaciones sobre lo sucedido en Inglaterra han despejado cualquier duda a este respecto. No habría sido suficiente con que el pretendiente Carlos III hubiera ganado la guerra y proclamado la consagración de aquellas. Pero Cataluña se vio envuelta en un conflicto sucesorio que terminó cancelando su primitivo parlamentarismo y entregando la tarea de modernizar la gobernación del territorio a un monarca absoluto. Ocurrió después algo parecido a lo que habría pasado en Inglaterra si Jacobo II no hubiera sido destronado.

Escocia era, en aquella época, una región mucho más atrasada que Inglaterra en cualquier orden que se tuviera en cuenta para valorar las diferencias económicas y sociales de todo tipo. Es importante constatarlo para comprender por qué fue posible la Unión.
Para interesar a los escoceses bastaba con mostrarles las ventajas económicas que podrían obtener con la Unión, y esa fue justamente la derrota que tomaron las negociaciones: se abrirían plenamente a los comerciantes escoceses los mercados ingleses, incluidas las colonias; se compensaría a Escocia por los gastos y pérdidas del proyecto Darien y por cualquier coste que la Unión supusiera para su erario. La recaudación tributaria era distinta y la deuda nacional de Escocia era insignificante.
En todo caso, el comportamiento de Felipe V al término de la Guerra de Sucesión en 1714 no fue tan generoso con las instituciones catalanas históricas. Amnistió a los rebeldes contra su causa, pero, en lo concerniente a la gobernación de Cataluña, impuso la aplicación de las leyes y prácticas castellanas con absoluta inflexibilidad. Ni las presiones inglesas ni las familiares que le llegaban de Francia pudieron, no ya disuadirle, sino tan sólo flexibilizar su decisión.
El rey Borbón ya venía ejercitado en el arte de decretar la supresión de los fueros y costumbres de gobierno de los territorios que prestaron apoyo al archiduque Carlos, de modo que aplicar esta experiencia al caso catalán le salió de corrido; y además le permitió manifestarse con menos vehemencia y dureza contra los vencidos. La abolición de los fueros se acomodó a los conceptos establecidos por el primer Decreto de Nueva Planta, dictado para Valencia y Aragón el 29 de junio de 1707. En él se recordaba que la rebelión y la vulneración del juramento de fidelidad determinó la pérdida automática de todos los «fueros, privilegios, essenciones i libertades que gozaban…».

Muchos autores han presentado los trescientos años de historia que transcurren entre la Nueva Planta de 1716 y los inicios del siglo XXI como un período oscuro en el que Cataluña quedó sometida a los designios del poder central con la pérdida total y absoluta de cualquier signo distintivo de su identidad cultural y, desde luego, sin que reaparecieran en tan largo período ni una sola de sus antiguas instituciones jurídicas, ni las particularidades de su autogobierno, ni la singularidad de su derecho. Trescientos años errando por el desierto, una vez que fue desmontado todo lo que de excelente tuvo su antiguo paraíso nacional.
Existen algunas razones por las que Cataluña aceptó pacientemente el modelo centralista de gobierno, y lo que quedó de singular en el derecho y las instituciones del Principado. Acortaré también ese período de trescientos años, para reconocer, como me parece históricamente objetivo, que en 1932 y en 1979 Cataluña recuperó el autogobierno.
-La burguesía catalana estaba organizada para presionar al gobierno y lograr el incremento de las prohibiciones: una Real Junta Particular de Comercio de Barcelona funcionaba desde 1763 y la Comisión de Fábricas había sido creada en 1820. Esta tuvo un papel decisivo en la presión al gobierno para la formulación de políticas prohibicionistas. Se consiguieron a pesar de que se limitaban con ellas los ingresos de la Hacienda Pública y que tenían el efecto negativo de incrementar la corrupción y el contrabando. El peso de los intereses catalanes en la política arancelaria se mantendrá durante el reinado de Fernando VII (arancel de 1825) y durante la regencia de María Cristina (arancel de Mendizábal de 1836). Aunque se introdujeron reformas en 1841 y por Alejandro Mon en 1849, las prohibiciones se mantuvieron, y no llegaron a desaparecer por completo de la legislación española hasta el arancel Figuerola de 1869.
El prohibicionismo, que fue la medida de protección arancelaria más radical, fue decayendo en los años centrales del siglo XIX.
-El mantenimiento de un régimen particular de derecho privado es también cuestión de enorme relevancia, ya que a través de las propias instituciones civiles se conservaron muchas tradiciones y particularidades, concernientes tanto a la familia como a los tratos y contratos, que distinguieron a Cataluña del resto de los territorios españoles. La Escuela Jurídica Catalana, cuyo nacimiento y desarrollo facilitó la no abolición del derecho civil por el Decreto de Nueva Planta de 1716, sirvió nada menos que para establecer un punto de apoyo doctrinal a las reclamaciones ulteriores de autogobierno político.
El importante artículo 258 de la Constitución de Cádiz mandaba que se estableciera un código civil, otro criminal y otro de comercio, únicos para toda la monarquía. El propósito se formulaba sin perjuicio de que, en su realización, como el propio precepto mencionado advirtió, deberían tenerse en cuenta «las variaciones» que aconsejaran las particulares circunstancias de algunos territorios, apreciadas por las Cortes.
-Por lo que concierne a la recuperación de instituciones políticas de autogobierno propias de Cataluña, la centralización se mantuvo dominante desde los Decretos de Nueva Planta hasta la Constitución de 1931, aunque conoció un período revolucionario y excepcional, al término del Sexenio democrático.
Ya al final de ese período el rey Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873, lo que dio lugar a la proclamación de la I República española por parte del Congreso de los diputados y el Senado reunidos como «Asamblea Nacional.
El catalanismo político debe mucho en su desarrollo final a Prat de la Riva. Aunque procedente sociológica e ideológicamente de la derecha, entendió, desde muy joven, que el movimiento reivindicativo debían abanderarlo todas las fuerzas políticas. Estratégicamente, la punta de lanza ante el Gobierno del Estado debían ser los conservadores, ya que difícilmente una reclamación sostenida por el nacionalismo de izquierdas podía hacer mella en la trama que los políticos madrileños tenían tejida para blindar la España de la Restauración. Era importante para Prat, por tanto, el modo de presentar las cosas.

La Constitución de 1978 aceptó lo siguiente:
—No imponer directamente el mapa territorial de España, de manera que las Comunidades Autónomas a constituir, y su delimitación, dependiesen de iniciativas territoriales, que, objetivamente, podrían dar lugar a que todos los territorios del Estado, mediante agrupaciones de las provincias existentes, o incluso comunidades provinciales aisladas, pudieran acceder a la autonomía política que la Constitución ampara. Por tanto, la Constitución renunció a la definición del mapa de las Comunidades Autónomas.
—Que la organización interna y las competencias de las Comunidades Autónomas fuera decidida dentro del marco establecido en la Constitución, por las propias instancias territoriales. De acuerdo con el artículo 147 de la norma fundamental, correspondería a los Estatutos de Autonomía.
Los rasgos generales de la regulación de las comunidades autónomas en el Título VIII de la Constitución pueden resumirse del siguiente modo:
1. El reconocimiento de una comunidad autónoma no depende, como regla, de una decisión del legislador estatal (las escasas excepciones a este principio están en el artículo 144), sino de la iniciativa de los territorios interesados (artículos 143 y 151 y disposición transitoria segunda principalmente). En este sentido, puede afirmarse que la primera garantía que la Constitución dispensa a los territorios españoles es previa a la propia situación autonómica, y consiste en configurar la autonomía.
2. El contenido de la autonomía se fija, pues, precisamente en el Estatuto, que es una norma que requiere la iniciativa territorial, y no en leyes dictadas por exclusiva iniciativa de las Cortes.
3. Aunque las Cortes tienen posibilidad de modificar el proyecto de Estatuto en su tramitación parlamentaria (artículos 146 y 151.2, 2.º y 5.º), hay algunos contenidos del mismo que están fijados constitucionalmente y que no pueden ser rebajados o modificados por decisión del legislador estatal. En cuanto a las competencias, las listas de materias contenidas en los artículos 148 y 149 operan como puntos de referencia inexcusables.
4. Lo mismo puede decirse de las instituciones autonómicas básicas; el Estatuto es la norma que debe regularlas (artículo 147.2.c) en el marco de lo dispuesto en la Constitución, que impone que sean precisamente las referidas en el artículo 152, es decir, cuando menos, una Asamblea legislativa y un consejo ejecutivo.
5. Lo anterior se confirma aún más si se tiene en cuenta que la Constitución regula las Comunidades Autónomas dotándolas de autonomía política efectiva, lo que supone el reconocimiento de su potestad de dictar leyes y, en consecuencia, su derecho a contar con una Asamblea legislativa entre sus instituciones de Gobierno.
6. En relación con las potestades de que debe disfrutar la Comunidad Autónoma la Constitución garantiza, pues, si el territorio interesado así lo decide al redactar su Estatuto, el disfrute de potestades legislativas. Además de estas, están también constitucionalmente garantizadas y básicamente reguladas (artículos 156 y 157) las potestades financieras, y, desde luego, las administrativas y de gestión ordinarias para atender las materias de su competencia (artículos 137, 147.1.d, 148, 149, etc.).
7. El Estatuto, una vez aprobado, queda revestido, por disposición constitucional (artículos 147.2 y 152.2) de una particular protección que le hace insusceptible de modificaciones que pueda pretender el legislador estatal.
8. Sin perjuicio de los abundantes mecanismos que la Constitución habilita para reintegrar a la unidad el ordenamiento jurídico general (leyes básicas, leyes marco, programas, planes, coordinación, etc.), una vez aprobados los Estatutos, las Comunidades Autónomas se sitúan en posición de separación para el ejercicio de sus atribuciones en régimen de exclusividad o en concurrencia con el Estado, pero sin admitir interferencias una vez delimitadas aquellas, sino por vía de excepción (artículos 150.3 y 155).
9. Por último, el funcionamiento de las instituciones autonómicas está sometido a controles predeterminados constitucionalmente (artículo 153) ejercitados, en relación con las competencias estatutarias, por los mismos órganos (Tribunal Constitucional, Jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas) responsables de verificar el acatamiento a la Constitución y a las leyes de las decisiones que adoptan las propias instituciones estatales.
Durante más de treinta años el denominado Estado de las autonomías se ha desarrollado conforme a la indicada regulación constitucional. Estos tres decenios de práctica han permitido comprobar que el texto constitucional presentaba defectos importantes.
No ha sido posible arreglar la situación mediante reformas estatutarias porque la decadencia del sistema tenía su raíz en la propia regulación constitucional, que es la que evidentemente debe ser objeto de reformas.

1. Se ha generalizado la convicción de que fue un error de la Constitución de 1978 hacer pivotar todo el cambio de la estructura territorial del Estado sobre la iniciativa de las provincias que, solas o en unión de otras, quisieran constituirse en comunidades autónomas. De esa remisión a la voluntad provincial, apoyada en el denominado «principio dispositivo», derivaron muchas consecuencias imprevistas, sobre todo para los propios constituyentes que pudieron comprobar, sin remedios para evitarlo, cómo la organización territorial del Estado seguía desarrollos que ni siquiera habían sospechado.
No había ninguna razón que pudiera justificar la utilización, en 1978, de un modelo regulatorio que tuvo razones de ser específicas en 1931.
2. La segunda derivación importante del carácter abierto del modelo constitucional afectó a la distribución de las competencias. En este punto, algunas opciones son imputables a la propia Constitución aunque otros defectos resultan de sus aplicaciones en los Estatutos o de las asombrosas interpretaciones fijadas por el Tribunal Constitucional en sus primeras sentencias de los años ochenta, cuya doctrina se ha mantenido sin variación.
3. Esta clase de aplicaciones e interpretaciones de conceptos constitucionales dándoles significaciones insólitas, sobre cuyas consecuencias aplicativas no existía ninguna experiencia comparada que pudiera invocarse como inspiración o guía, produjeron una gran erosión, lenta pero apreciable en las categorías técnicas e institucionales de las que el constituyente se había valido y socavaron la coherencia de las relaciones competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, llevando las reglas de reparto a una situación realmente incomprensible para cualquier experto.
4. En un ordenamiento jurídico que se ha desprendido del dogma de la ley general y única, que universalizó el constitucionalismo francés y han recogido tradicionalmente nuestros textos constitucionales para permitir ahora la convivencia de 18 legisladores (el Estado más diecisiete comunidades autónomas), sin contar la Unión Europea y las miles de unidades locales que producen normas administrativas con un grado notable de independencia y fuerza innovadora respecto de aquellos legisladores, en un sistema jurídico así concebido es esencial la determinación de las reglas que han de seguirse para preferir la aplicación de unas normas frente a otras cuando se acumula más de una regulando de modo contradictorio o incompatible una misma materia o asunto.
5. Igual que, según he desarrollado a lo largo del apartado anterior, hay dos modelos básicos para ordenar las relaciones entre normas en los Estados federales, también son dos las fórmulas esenciales para resolver la cuestión de la aplicación de las leyes en los Estados de estructura compleja. Dos modelos y, naturalmente, bastantes derivaciones posibles que matizan el prototipo.
6. Los defectos que presenta la Constitución de 1978 en cuanto concierne a las relaciones intergubernamentales o interadministrativas tienen una de sus manifestaciones principales en lo que acabo de explicar, pero no se agotan con lo dicho. El catálogo de lo que precisa ser mejorado ha sido repetidamente establecido por la doctrina en los últimos años. Esencialmente: hay que reformar el Senado (o prescindir de él, según los gustos, considerando que puede convertirse, dependiendo de las funciones que se le asignen, en una institución ineficiente y de bloqueo), porque no cumple ninguno de los papeles que pueden confiarse a una cámara alta en un sistema federal; han de potenciarse los órganos multilaterales de cooperación gubernativa y administrativa, desde la conferencia de presidentes a las múltiples conferencias sectoriales; han de desarrollarse más las fórmulas orgánicas de cooperación (organismos e instituciones comunes que eviten las duplicidades); y, desde luego, armonizar los procedimientos de intervención en las libertades y derechos de los ciudadanos para eliminar controles reiterados y de la misma naturaleza sobre actividades privadas…
7. Formularé algunas consideraciones finales sobre las garantías jurisdiccionales con que contamos para asegurar la observancia de las reglas que disciplinan el funcionamiento del Estado como conjunto.
La solución de que se ha valido la Constitución a tales efectos es fijar el reparto territorial del poder y confiar a un único órgano, el Tribunal Constitucional, la resolución de las discrepancias que puedan originarse con ocasión de leyes o actos que vulneran el orden de competencias establecido. Al modelo elegido suele llamársele austríaco-kelseniano por razón del inspirador y del primer país en que se implantó, o también germano-español, para indicar que, pese a reconocerse en aquel origen, tanto la Ley Fundamental de Bonn como la Constitución española han incorporado algunas diferencias importantes.

La reforma de 2006 puso en valor también algunos conceptos que no habían sido utilizados en el Estatuto de 1979 y que tienen, para el nacionalismo catalán, un marcadísimo valor simbólico: la idea de la nación catalana, sus derechos históricos, los poderes emanados del pueblo de Cataluña como sujeto soberano distinto del español, y otras nociones semejantes.
El Estatuto de 2006 supuso un derroche político innecesario, en algunos aspectos una provocación, con el riesgo de cuestionar el equilibrio establecido en los treinta años largos transcurridos desde que se aprobó la Constitución. Porque si, habiendo intentado con el mayor esfuerzo incrementar las bases del autogobierno a través del Estatuto y, más allá de los elementos simbólicos, no se consiguió añadir en él ningún poder sustantivo a las instituciones catalanas que lo diferencie claramente del Estatuto de 1979, es porque la Constitución no lo permitiría. Sencillamente, el Tribunal Constitucional se limitó, cumpliendo su función, a advertirlo; esta es la esencia de su Sentencia. Lo cual tiene una enorme importancia, tanto política como técnico-constitucional. Es notorio que nuestro sistema de autonomías se basó, en la Constitución de 1978 que seguía en esto lo establecido en la de 1931, en el principio dispositivo: el acceso a la autonomía y la definición de las instituciones de autogobierno y competencias dependen de las decisiones del propio territorio interesado y se concretan en los Estatutos «dentro de los términos de la presente Constitución.
El Gobierno y el Parlamento de Cataluña reclamaron un modelo de financiación propio, caracterizado por la atribución de todas las competencias de gestión tributaria respecto de todos los tributos soportados en Cataluña. La Agencia Tributaria de Cataluña sería la única Administración responsable en esta materia. Se atribuiría a la Generalitat competencia plena en relación con todos los impuestos soportados en Cataluña, dentro del marco de armonización fiscal comunitaria y progresividad del sistema impositivo. La aportación catalana al Estado en concepto de coste de las competencias y servicios comunes y prestaciones que afecten a Cataluña, y también en concepto de cooperación interterritorial, se fijaría mediante un cupo o cantidad alzada, establecida de común acuerdo por el Estado y revisada quinquenalmente.
Todas estas reclamaciones tenían difícil cabida. Se enfrentaban a la misma dificultad que el Estatuto de 2006: la Constitución impedía extender a otras comunidades autónomas el régimen de concierto o convenio económico. La misma sentencia 31/2010, de 28 de junio, se ocupó de recordarlo. Y tampoco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha mostrado en los últimos años muy flexible a la hora de aceptar especialidades fiscales en los territorios infraestatales (sentencias de 6 de septiembre de 2006, 11 de septiembre de 2008 y 9 de junio y 28 de julio de 2011).
Cerrada también la puerta financiera, las políticas nacionalistas catalanas se orientaron hacia el «derecho a decidir», la segregación y la independencia.

La orientación de la política nacionalista catalana hacia un inconcreto «derecho a decidir» del pueblo de Cataluña respecto de su futuro comprendía la necesidad de celebrar un referéndum, en el que se consultase sobre la transformación de Cataluña en un Estado, en su caso independiente de España, que se integrase inmediatamente en la Unión Europea. Se ha dado la coincidencia histórica de que los partidos nacionalistas escoceses acababan de obtener una gran victoria electoral y habían desarrollado igualmente una política conducente a la celebración de un referéndum independentista. Escocia se ha convertido para Cataluña en la mejor referencia en la que mirarse, aunque los nacionalistas escoceses han remarcado siempre que su punto de partida histórico y su posición política son completamente diferentes. También se citan con frecuencia, desde luego, los ejemplos de Kosovo o de Crimea, e incluso el de Quebec, que tienen todavía menos en común con el independentismo ibérico.
La primera de todas las quejas se centró en la incapacidad del Estado para comprender la singularidad de Cataluña y establecer un marco constitucional en el que pudiera ejercitarse de modo satisfactorio su autogobierno. La historia de Cataluña se convirtió en el arma más valiosa esgrimida para justificar esa reclamación. La historiografía ha ayudado mucho en los últimos años a poner fundamentos a las quejas y reclamaciones del nacionalismo catalán frente a un Estado indolente, usurpador e incapaz de comprender a Cataluña.
Esta recolocación de Cataluña en la historia no ocurrió de una sola vez en 2010.
La conclusión de todo ello es que la negociación ulterior a un hipotético referéndum con respuesta positiva puede no conducir a una reforma constitucional y, en tal caso, lo único que podría hacerse es tomar nota para tratar de mejorar la regulación estatutaria del autogobierno de Cataluña.
La omisión de toda referencia a estos problemas esenciales en los informes y declaraciones oficiales puede deberse a que nadie se haya creído de verdad que la simple aplicación del principio democrático pueda conducir pacíficamente a segregar una parte de un viejo Estado (democrático, porque en otro caso no habría lugar a la aplicación de aquel principio) para constituir otro nuevo.
No, desde luego. El complemento de un proceso revolucionario seguido de un período constituyente puede resultar imprescindible.
La segregación de una parte del territorio de España para formar un Estado independiente es un hecho constituyente que necesita la concurrencia de voluntades suficientes para cambiar la Constitución de raíz, y sustituirla por otra basada en valores distintos (y no sólo por lo que a la unidad y al territorio se refiere). Aunque tal operación fuera posible mediante una reforma total de la Constitución (artículo 168.1), la reforma tiene que actuar con el consentimiento del sujeto constituyente, que es el pueblo soberano. Sin este requisito no pueden producirse reformas que afecten directa o indirectamente a la integridad territorial. Sin el consentimiento del constituyente una secesión de parte de la población, con el territorio en que se asienta, para constituir un nuevo Estado sólo puede ser un hecho revolucionario, o, por mejor decir, una decisión no amparada en la Constitución que genera una situación de hecho que sólo podría consolidarse y estabilizarse si lo consiente el propio Estado y lo ampara la comunidad internacional.

La separación de España, mediando un referéndum en el que el pueblo se pronuncie sobre la transformación de Cataluña en un Estado independiente que formaría parte de la Unión Europea, es un proyecto revolucionario en sentido estricto puesto que implica cambiar las bases constitucionales en que se asienta el Estado español y, a falta de un imposible consenso sobre la segregación, habría de llevarse a término desconociendo la legalidad, por la vía de hecho y, probablemente, con violencia. Es, sin duda, un programa cargado de emociones pero sin ningún apoyo posible ni en la legalidad internacional ni en la interna, ni fundamento cierto en la historia, así como extremo por preferir, para resolver problemas de organización interna de un Estado varias veces centenario, la utilización de la última ratio concebible, que es su destrucción misma.
El arreglo de la cuestión catalana exige recuperar la versión inicial del derecho de autodeterminación. No quiero decir con ello que sea pertinente dar marcha atrás y empezar de nuevo con la regionalización de España. Pero sostengo que el proceso de regionalización español tendría que haber sido mejor definido, más estrechamente regulado en la Constitución, de manera que los márgenes de disposición de los territorios sobre su autogobierno no provocaran la inestabilidad continua del modelo. Las potestades y el reparto de competencias definidas de modo más exacto, las instituciones autonómicas enunciadas con más precisión… El modelo autonómico final hubiera quedado menos autodeterminado que como ha resultado del principio dispositivo, y más ordenado, aunque no necesariamente diferente en lo sustancial del que hemos conocido estos últimos lustros.
De todo lo cual se sigue que la reforma general del Título VIII de la Constitución y de otros preceptos conexos es una parte de las modificaciones que el sistema de autonomías precisa. Pero, además, es necesario incorporar las respuestas diferenciadoras que el catalanismo político reclama.
El problema mayor que plantea el enunciado «derecho a decidir» es su separación del objeto o proyecto a que se refiere. La expresión es una versión poco afortunada del más contundente «derecho de autodeteminación», que es un concepto bastante más preciso porque permite deducir, sin mayores concreciones, que es la facultad que invocan los ciudadanos de un Estado, o de parte de un Estado, para establecer su autogobierno.
Cualquier reforma futura tenga que comprender ambos textos:
1. La celebración de un referéndum para la aprobación de una reforma estatutaria está prevista en la Constitución y en el propio Estatuto de Cataluña. Es absolutamente constitucional y legítimo, y ya ha tenido lugar en otras ocasiones anteriores con el mismo objeto. Por tanto, no hace falta acudir a ninguno de los artificios que los sucesivos informes del Consell per a la Transició Nacional ha tenido que inventar en relación con el derecho a decidir, que no ha acertado a residenciar en precepto constitucional alguno.
2. El proyecto de norma estatutaria que se someta a referéndum del pueblo de Cataluña (puede consistir en una simple modificación del Estatuto vigente, para cambiar parcialmente su contenido y hasta su denominación) tiene que regular sus hechos diferenciales de carácter institucional, desde el punto de vista organizativo, competencial y en lo que concierne a las relaciones con el Estado. En la medida en que esta regulación nueva se exceda de lo establecido para el régimen general de las autonomías territoriales en la Constitución, será preciso también que se programe una reforma constitucional que le dé cabida. La Constitución tendrá que dotarse de uno o más preceptos relativos a Cataluña.
3. No en una disposición adicional general y ambigua semejante a la que ya contiene la Constitución respecto de los territorios forales vascos reconociendo su singularidad histórica. La experiencia de la aplicación de la disposición adicional primera enseña que, salvo algunas cuestiones organizativas, el derecho civil propio y los conciertos y convenios económicos, el País Vasco y Navarra disfrutan de un régimen político y administrativo no muy diferente del de las demás comunidades autónomas.
4. La habilitación constitucional que permita el reconocimiento de las especialidades institucionales de Cataluña y su relación con el Estado podría hacerse en un precepto que enmarcara la normativa reguladora del autogobierno de Cataluña. Pero entre lo inconcreto de la disposición adicional a que acabo de aludir, y la regulación pormenorizada de las especialidades catalanas, hay un gran trecho. Tampoco la constitucionalización total de la relación de Cataluña con el Estado es una buena solución regulatoria porque, por una parte, sería demasiado rígida y, por otra, incurriría en repeticiones innecesarias de muchos aspectos comunes con el régimen autonómico general. Por ello creo que la solución óptima sería la tramitación simultánea, y naturalmente paccionada, de la norma que ponga al día el autogobierno de Cataluña y su integración en el Estado, y la reforma constitucional, si fuera precisa, que dé cabida a ese proyecto. La diferencia con las anteriores fórmulas es que la norma a incorporar a la Constitución no se remitiría a unos derechos históricos indeterminados, sino a las instituciones y protestades consignadas en un texto concreto, en una norma bien identificada.

Se equivocan quienes piensan que hacer muchas concesiones de poder efectivo y reconocer especialidades en las relaciones intergubernamentales con Cataluña puede ser la semilla de la destrucción del Estado. Es imposible, en la Europa económica y política del siglo XXI, que las entidades infraestatales, por muy relevante que sea su posición, puedan utilizar los poderes que tengan reconocidos para diseñar políticas económicas diferentes de las generales, mantener un estándar de protección distinto de los derechos fundamentales o, incluso, variar sustancialmente el nivel prestacional y las garantías de los derechos sociales. El Estado, en todo caso, debe poder asegurar la igualdad esencial en la protección de los derechos y en las prestaciones públicas a favor de los ciudadanos.
En el plano interno el Estado, para reconocerse a sí mismo y mantener sus responsabilidades y posición, tendrá que seguir contando con instituciones y potestades supremas, entre las cuales ha dejado ya de tener la moneda, y cada vez es más condicionado su poder militar y su capacidad para las relaciones internacionales, con las que compite con creciente intensidad la Unión Europea…
La asunción por Cataluña de mayores poderes legislativos y ejecutivos, acompañados de un robustecimiento de su aparato institucional reducirán las atribuciones y responsabilidades del Estado en relación con dicho territorio. Ese mayor crecimiento de poderes propios puede acabar imponiendo una simultánea reducción de la capacidad de influir en la formación de la legislación y las políticas que se apliquen al resto del Estado. Sobre ello vuelve a darnos un buen ejemplo el debate sobre la participación de Escocia en el Parlamento de Westminster, ya que tradicionalmente se ha planteado que a mayores competencias que se atribuyan a aquel reino, menos influyente debe ser su participación en el Parlamento de Gran Bretaña. Las opciones para solucionar esta cuestión, que se han propuesto durante el debate sobre la independencia de Escocia, han sido diversas: la reducción del número de parlamentarios escoceses y galeses porque ya cuentan con parlamento propio; crear dentro del Parlamento británico un cuerpo legislativo formado exclusivamente por parlamentarios electos por Inglaterra para que se convirtiera en una asamblea inglesa exclusivamente; crear una asamblea autonómica de Inglaterra, igual que la de Edimburgo…

Magnificent book and current relevance. I liked it because it “puts on the table” the messages that are launched proindependentistas of Catalonia. All those messages (historical, constitutional problems, possible exits to the situation, federalism) are collected in a book, you do not have to go local looking from one place to another. Congratulations. This book is one that needs to be read at this time. It brings a lot of clarity in all this maremagnum that is being lived.

Catalonia is claiming to be able to decide on its independence, and the other Spains are astonished at the manifestations of that will, which are continually expressed by politicians in the institutional venues, in the meetings and in the media, and the people in the streets, through of citizen associations, in congresses and meetings, in cenacles, in the family environment. Our collective future will be marked by the shock of the rupture, if it comes to occur, or, in any case, by the delay in resolving the institutional trauma that has caused the simple approach of such a serious issue.
Never had such a thing happened in history, and it is surprising that it happens for the first time just when Catalonia enjoys powerful institutions of self-government that have not been found in the last three hundred years. Even in some respects, these responsibilities of self-government are broader than in all the centuries of Catalanism in which there is memory, since there was never a Catalan territorial government of comparable penetration in the life of citizens or in charge of so many benefits and services. And, precisely now, the separatist proclamations are presented with more hubbub and force than ever, to the astonishment of the other Spains.
As feelings have won the game over reason, it is more difficult to imagine exits to the problem. Not only the total denial of the claims of separatist Catalanism, but the simple questioning of any of its postulates is considered unacceptable and the result of ignorance or contempt, or one more grievance of the many inflicted on Catalonia in recent centuries. This appreciation is usually exaggerated, but it is not uncertain that many analyzes of the Catalan question have distorted history and have not taken into account the cultural and economic uniqueness of the Principality. Intransigence has not helped to generate an informed debate from which a response to the challenge could arise with any guarantee of success.

The Catalan Government also decided in 2013, if necessary without prior consent of the Government or the Spanish Parliament, to hold a referendum in 2014 to consult the Catalan people about the initiation of a process that would lead to the constitution of a new state and, eventually, , to the independence and integration of Catalonia in the European Union.
-The 2014 election also has to do with an anniversary. The one of the last battle, celebrated in Barcelona, ​​of the War of Succession of Spain; an international conflict, in addition to an internal conflict, in which Felipe d’Anjou, grandson of Luis XIV, and Carlos, archduke of Austria, disputed the throne of Spain to the death of Carlos II.
-The parallels between 1314 (Bannockburns) and 1714 are scarce if any. But the real connections and political ideals that existed in the early eighteenth century between Catalonia and Britain were much more visible and profound. For the time being, they were manifested in the commitments acquired by England with Catalonia, supporting the successor option of Charles III, the archduke of Austria, and seeking a peace agreement that respected the constitutions and historical freedoms of the Principality.
In the heat of development of the War of Succession was born Great Britain since this new nation was the consequence of the parliamentary union of the kingdoms of England and Scotland, which was made effective on May 1, 1707 by an agreement voted successively in the Scottish Parliament (January 16, 1707) and English, which had the traces of an international treaty since it brought together the two kingdoms under the sovereignty of a single Parliament, that of Great Britain.
That operation of 1707 went well, without shedding blood, peacefully. The negotiators accepted that a single Parliament would govern their destiny assuring, in the case of the minor kingdom, Scotland, that it would preserve its Presbyterian religion, it would receive an important economic compensation and, in addition, its private right would be respected. The two kingdoms whose parliaments united did not renounce their history and particularities.
-In 1707, when all the above occurred, there were two important events in the War of Spanish Succession: first, the battle of Almansa, which gave an amazing victory to the Bourbon troops; and, almost of followed, the taking of the Valencian and Aragonese territory, and the promulgation of the first Decree of New Plant by Felipe V.
The king’s counselors saw in that victory the occasion to make effective some of the proposals that nearly a century before had elevated to the king the Count Duke of Olivares in his Grand Memorial of 1624: get rid of the privileges and territorial privileges and redirect the entire kingdom to a unified government, subject to the same laws. Felipe V had always considered that the liberties and the historical privileges, deeply rooted in the feeling of his new subjects, were a huge hindrance to the good administration of Spain.
-The idea that parliamentary solutions, as an alternative to absolutism, can be imposed by the sole force of history, without the need for revolutions or violence, comes from the most widespread interpretation of what happened in England in 1688. The reminder of the differences of opinion established on this interpretation has focused on whether the parliamentary practices existing since the late Middle Ages could have had continuity, if they had not been interrupted by wars, as happened in Catalonia, or the revolutions as happened in France, to become naturally a democratic parliamentarism.
-Catalonia would have needed a revolution, like the one that took place in England in 1688, so that the primitive institutions it had could have served as the basis for a democratic parliamentarism capable of modernizing the country. That transformation would never result simply from the maintenance of medieval traditions. The investigations into what happened in England have cleared any doubt in this regard. It would not have been enough for the pretender Carlos III to have won the war and proclaimed the consecration of those. But Catalonia was involved in a succession conflict that ended up canceling its primitive parliamentarism and delivering the task of modernizing the governance of the territory to an absolute monarch. Something similar happened to what would have happened in England if James II had not been dethroned.

Scotland was, at that time, a much more backward region than England in any order that was taken into account to assess economic and social differences of all kinds. It is important to note this to understand why the Union was possible.
To interest the Scots it was enough to show them the economic advantages they could obtain with the Union, and that was precisely the defeat that the negotiations took: the English markets, including the colonies, would be fully open to the Scottish merchants; Scotland would be compensated for the expenses and losses of the Darien project and for any cost that the Union would incur for its treasury. The tax collection was different and the national debt of Scotland was insignificant.
In any case, the behavior of Felipe V at the end of the War of Succession in 1714 was not so generous with the historical Catalan institutions. He amnestied the rebels against his cause, but, as far as the governance of Catalonia was concerned, he imposed the application of Castilian laws and practices with absolute inflexibility. Neither the English pressures nor the relatives that arrived from France could, no longer dissuade him, but only to make his decision more flexible.
The Bourbon king had already exercised the art of decreeing the suppression of the fueros and customs of government of the territories that lent support to Archduke Carlos, so that applying this experience to the Catalan case ran smoothly; and also allowed him to express himself with less vehemence and hardness against the vanquished. The abolition of the fueros was adapted to the concepts established by the first Decree of New Plant, dictated for Valencia and Aragon on June 29, 1707. It was recalled that the rebellion and violation of the oath of fidelity determined the automatic loss of all the “privileges, privileges, essenciones and liberties that they enjoyed …”.

Many authors have presented the three hundred years of history that take place between the New Plant of 1716 and the beginning of the 21st century as a dark period in which Catalonia was subjected to the designs of the central power with the total and absolute loss of any distinctive sign of their cultural identity and, of course, without reappearing in such a long period a single one of their old legal institutions, nor the particularities of their self-government, nor the singularity of their right. Three hundred years wandering through the desert, once everything that was excellent had its old national paradise was dismantled.
There are some reasons why Catalonia patiently accepted the centralist model of government, and what remained singular in the law and institutions of the Principality. I will also shorten that period of three hundred years, to recognize, as I find historically objective, that in 1932 and in 1979 Catalonia regained self-government.
-The Catalan bourgeoisie was organized to pressure the government and achieve the increase of prohibitions: a Royal Private Board of Commerce of Barcelona was functioning since 1763 and the Commission of Factories had been created in 1820. This had a decisive role in the pressure on the government for the formulation of prohibitionist policies. They were achieved despite the fact that revenues from the Public Treasury were limited to them and that they had the negative effect of increasing corruption and smuggling. The weight of Catalan interests in tariff policy will be maintained during the reign of Fernando VII (tariff of 1825) and during the regency of María Cristina (Mendizábal’s tariff of 1836). Although reforms were introduced in 1841 and by Alejandro Mon in 1849, the prohibitions were maintained, and did not disappear completely from the Spanish legislation until the Figuerola tariff of 1869.
Prohibition, which was the most radical measure of tariff protection, was declining in the middle years of the 19th century.
-The maintenance of a particular regime of private law is also a matter of enormous relevance, since through the civil institutions themselves many traditions and particularities were preserved, concerning both the family and the deals and contracts, which distinguished Catalonia from the rest of the Spanish territories. The Catalan Legal School, whose birth and development facilitated the non-abolition of civil law by the New Plant Decree of 1716, served no less than to establish a doctrinal point of support for subsequent claims of political self-government.
The important article 258 of the Constitution of Cádiz ordered that a civil, criminal and commercial code be established, unique for the entire monarchy. The purpose was formulated without prejudice to the fact that, in its realization, as the mentioned precept itself warned, “the variations” that would advise the particular circumstances of some territories, appreciated by the Cortes, should be taken into account.
-With regard to the recovery of political institutions of self-government of Catalonia, centralization remained dominant from the New Plant Decrees until the Constitution of 1931, although it knew a revolutionary and exceptional period, at the end of the democratic Sexenio.
At the end of that period, King Amadeo I abdicated on February 11, 1873, which led to the proclamation of the First Spanish Republic by the Congress of Deputies and the Senate as “National Assembly.
The political catalanism owes much in its final development to Prat de la Riva. Although from the sociological and ideological point of view of the right, he understood, from a very young age, that the protest movement should be championed by all political forces. Strategically, the spearhead before the Government of the State had to be the conservatives, since hardly a claim sustained by the nationalism of lefts could make a dent in the plot that the Madrilenian politicians had woven to shield the Spain of the Restoration. It was important for Prat, therefore, the way of presenting things.

The 1978 Constitution accepted the following:
-Do not directly impose the territorial map of Spain, so that the Autonomous Communities to be established, and their delimitation, depend on territorial initiatives, which, objectively, could lead to all the territories of the State, through groups of existing provinces, or even isolated provincial communities, could access the political autonomy that the Constitution protects. Therefore, the Constitution renounced the definition of the map of the Autonomous Communities.
-The internal organization and powers of the Autonomous Communities should be decided within the framework established in the Constitution, by the territorial authorities themselves. According to article 147 of the fundamental norm, it would correspond to the Statutes of Autonomy.
The general features of the regulation of the autonomous communities in Title VIII of the Constitution can be summarized as follows:
1. The recognition of an autonomous community does not depend, as a rule, on a decision of the state legislator (the few exceptions to this principle are in article 144), but on the initiative of the territories concerned (articles 143 and 151 and transitory provision second mainly). In this sense, it can be affirmed that the first guarantee that the Constitution dispenses to the Spanish territories is prior to the autonomic situation itself, and consists of configuring autonomy.
2. The content of the autonomy is fixed, then, precisely in the Statute, which is a norm that requires territorial initiative, and not in laws dictated by the exclusive initiative of the Cortes.
3. Although the Cortes has the possibility of modifying the draft Statute in its parliamentary procedure (articles 146 and 151.2, 2nd and 5th), there are some contents of it that are set constitutionally and that can not be reduced or modified by decision of the state legislator. In terms of competences, the lists of matters contained in articles 148 and 149 operate as inexcusable points of reference.
4. The same can be said of the basic autonomic institutions; the Statute is the norm that must regulate them (article 147.2.c) within the framework of the provisions of the Constitution, which requires that they be precisely those referred to in article 152, that is, at least, a legislative assembly and an executive council.
5. The foregoing is further confirmed if it is taken into account that the Constitution regulates the Autonomous Communities providing them with effective political autonomy, which implies the recognition of their power to dictate laws and, consequently, their right to have a Legislative Assembly between your government institutions.
6. In relation to the powers that the Autonomous Community must enjoy, the Constitution guarantees, therefore, if the interested territory so decides when drafting its Statute, the enjoyment of legislative powers. In addition to these, the financial powers are also constitutionally guaranteed and basically regulated (Articles 156 and 157), and, of course, the ordinary administrative and management powers to deal with matters within their competence (Articles 137, 147.1.d, 148, 149 , etc.).
7. The Statute, once approved, is covered, by constitutional provision (articles 147.2 and 152.2) of a particular protection that makes it insusceptible to modifications that may be claimed by the state legislator.
8. Without prejudice to the abundant mechanisms that the Constitution enables to reintegrate the general legal system (basic laws, framework laws, programs, plans, coordination, etc.) into the unity, once the Statutes have been approved, the Autonomous Communities are located in position of separation for the exercise of its attributions under the regime of exclusivity or in concurrence with the State, but without admitting interference once these have been delimited, but by way of exception (Articles 150.3 and 155).
9. Finally, the functioning of the autonomous institutions is subject to constitutionally predetermined controls (Article 153) exercised, in relation to the statutory powers, by the same bodies (Constitutional Court, Contentious-Administrative Jurisdiction and Court of Accounts) responsible for verifying compliance with the Constitution and the laws of the decisions adopted by the state institutions themselves.
For more than thirty years the so-called State of autonomies has been developed in accordance with the aforementioned constitutional regulation. These three decades of practice have shown that the constitutional text had important defects.
It has not been possible to fix the situation through statutory reforms because the decay of the system had its roots in the constitutional regulation itself, which is the one that must evidently be subject to reforms.

1. The conviction has been generalized that it was an error of the Constitution of 1978 to make the whole change of the territorial structure of the State pivot on the initiative of the provinces that, alone or in union of others, wanted to become autonomous communities. From this referral to the provincial will, supported by the so-called “dispositive principle”, many unintended consequences derived, especially for the constituents themselves who could prove, without remedies to avoid it, how the territorial organization of the State followed developments that had not even been suspected .
There was no reason that could justify the use, in 1978, of a regulatory model that had specific reasons in 1931.
2. The second important derivation of the open character of the constitutional model affected the distribution of competencies. At this point, some options are attributable to the Constitution itself although other defects result from its applications in the Statutes or from the amazing interpretations set by the Constitutional Court in its first sentences of the eighties, whose doctrine has remained unchanged.
3. This class of applications and interpretations of constitutional concepts giving them unusual meanings, on whose application consequences there was no comparative experience that could be invoked as inspiration or guidance, produced a great erosion, slow but appreciable in the technical and institutional categories of which the Constituent had been used and undermined the coherence of the competence relations between the State and the autonomous communities, taking the rules of distribution to a situation really incomprehensible to any expert.
4. In a legal system that has detached from the dogma of the general and unique law, which universalized French constitutionalism and traditionally collected our constitutional texts to allow the coexistence of 18 legislators (the State plus seventeen autonomous communities), not counting the European Union and the thousands of local units that produce administrative norms with a remarkable degree of independence and innovative strength with respect to those legislators, in a legal system so conceived is essential the determination of the rules to be followed to prefer the application of norms against others when more than one is accumulated, regulating in a contradictory or incompatible way the same matter or subject.
5. Just as, as I have developed throughout the previous section, there are two basic models for ordering the relations between norms in the federal States, there are also two essential formulas to solve the question of the application of the laws in the States of complex structure. Two models and, of course, many possible derivations that qualify the prototype.
6. The defects presented by the 1978 Constitution as regards intergovernmental or inter-administrative relations have one of their main manifestations in what I have just explained, but they do not exhaust themselves with what has been said. The catalog of what needs to be improved has been repeatedly established by the doctrine in recent years. Essentially: you have to reform the Senate (or dispense with it, according to the tastes, considering that it can become, depending on the functions assigned to it, in an inefficient and blocking institution), because it does not fulfill any of the roles that can be entrusted to a high chamber in a federal system; the multilateral organs of governmental and administrative cooperation should be strengthened, from the conference of presidents to the multiple sectoral conferences; the organic formulas of cooperation (common institutions and institutions that avoid duplication) must be further developed; and, of course, to harmonize the procedures of intervention in the freedoms and rights of citizens to eliminate repeated controls of the same nature on private activities …
7. I will formulate some final considerations on the jurisdictional guarantees that we have to ensure the observance of the rules that discipline the functioning of the State as a whole.
The solution of which the Constitution has been valid for this purpose is to determine the territorial distribution of power and to entrust to a single body, the Constitutional Court, the resolution of discrepancies that may arise due to laws or acts that violate the order of competences. settled down. The model chosen is usually called Austrian-Kelsenian because of the inspiration and the first country in which it was implemented, or also German-Spanish, to indicate that, despite recognizing itself in that origin, both the Fundamental Law of Bonn and the Spanish Constitution have incorporated some important differences.

The 2006 reform also valued some concepts that had not been used in the 1979 Statute and that have, for Catalan nationalism, a very strong symbolic value: the idea of ​​the Catalan nation, its historical rights, the powers emanating from the people of Catalonia as a sovereign subject other than Spanish, and other similar notions.
The Statute of 2006 was an unnecessary political waste, in some aspects a provocation, with the risk of questioning the balance established in the thirty long years that have elapsed since the Constitution was approved. Because yes, having tried with the greatest effort to increase the bases of self-government through the Statute and, beyond the symbolic elements, it was not possible to add in it any substantive power to the Catalan institutions that clearly differentiates it from the Statute of 1979, it is because the Constitution would not allow it. Simply, the Constitutional Court limited itself, fulfilling its function, to warn it; this is the essence of his Judgment. Which has a huge importance, both political and technical-constitutional. It is well known that our autonomy system was based on the Constitution of 1978, which followed the provisions of the 1931 Constitution, on the dispositive principle: access to autonomy and the definition of institutions of self-government and competencies depend on decisions of the interested territory itself and are specified in the Statutes “within the terms of this Constitution.
The Government and the Parliament of Catalonia demanded a financing model of their own, characterized by the attribution of all tax management competencies with respect to all taxes paid in Catalonia. The Tax Agency of Catalonia would be the only Administration responsible in this matter. The Generalitat would be given full competence in relation to all taxes paid in Catalonia, within the framework of Community tax harmonization and progressivity of the tax system. The Catalan contribution to the State in terms of the cost of common competences and services and benefits that affect Catalonia, and also in terms of interterritorial cooperation, would be fixed by a quota or raised amount, established by mutual agreement by the State and revised five-yearly.
All these claims had a difficult place. They faced the same difficulty as the Statute of 2006: the Constitution prevented the extension of the regime of economic agreement or agreement to other autonomous communities. The same sentence 31/2010, of June 28, took care of remembering it. Nor has the Court of Justice of the European Union in recent years been very flexible when accepting tax specialties in the infra-state territories (judgments of September 6, 2006, September 11, 2008 and June 9 and 28). July 2011).
Also closed the financial door, Catalan nationalist policies were oriented towards the “right to decide”, segregation and independence.

The orientation of the Catalan nationalist policy towards an inconcrete «right to decide» of the people of Catalonia with regard to their future included the need to hold a referendum, in which one inquired about the transformation of Catalonia into a State, in its case independent of Spain, which was immediately integrated into the European Union. There has been a historical coincidence that the Scottish nationalist parties had just won a major electoral victory and had also developed a policy conducive to the holding of a independence referendum. Scotland has become for Catalonia the best reference to look at, although the Scottish nationalists have always stressed that their historical starting point and political position are completely different. The examples of Kosovo or Crimea, and even of Quebec, which have even less in common with the Iberian independence movement, are also frequently cited.
The first of all the complaints focused on the inability of the State to understand the uniqueness of Catalonia and establish a constitutional framework in which its self-government could be exercised in a satisfactory manner. The history of Catalonia became the most valuable weapon used to justify this claim. The historiography has helped a lot in recent years to lay the foundations for the complaints and claims of Catalan nationalism against an indolent state, usurping and incapable of understanding Catalonia.
This relocation of Catalonia in history did not happen all at once in 2010.
The conclusion of all this is that the subsequent negotiation of a hypothetical referendum with a positive response may not lead to a constitutional reform and, in that case, the only thing that could be done is to take note to try to improve the statutory regulation of the self-government of Catalonia.
The omission of any reference to these essential problems in official reports and declarations may be due to the fact that nobody really believed that the simple application of the democratic principle could lead peacefully to segregate a part of an old State (democratic, because otherwise). there would be no place for the application of that principle) to constitute a new one.
No, of course. The complement of a revolutionary process followed by a constituent period may be essential.
The segregation of a part of the territory of Spain to form an independent State is a constituent fact that requires the concurrence of sufficient wills to change the Constitution at its root, and replace it with another based on different values ​​(and not only as regards unity). and the territory is concerned). Although such an operation was possible through a total reform of the Constitution (Article 168.1), the reform has to act with the consent of the constituent subject, who is the sovereign people. Without this requirement, reforms that directly or indirectly affect territorial integrity can not occur. Without the consent of the constituent, a secession on the part of the population, with the territory in which it is based, to constitute a new State can only be a revolutionary event, or, rather, a decision not covered by the Constitution that generates a situation in fact, it could only be consolidated and stabilized if the State itself consents and the international community protects it.

The separation of Spain, mediating a referendum in which the people pronounce on the transformation of Catalonia into an independent State that would be part of the European Union, is a revolutionary project in the strict sense since it implies changing the constitutional bases on which it is based the Spanish State and, in the absence of an impossible consensus on segregation, it would have to be carried out by ignoring the legality, by way of de facto and, probably, with violence. It is, undoubtedly, a program full of emotions but without any possible support either in international or internal legality, or true foundation in history, as well as extreme to prefer, to solve problems of internal organization of a state several hundred years old , the use of the last conceivable ratio, which is its destruction itself.
The settlement of the Catalan question requires recovering the initial version of the right of self-determination. I do not mean to say that it is pertinent to turn back and start again with the regionalization of Spain. But I argue that the process of Spanish regionalization should have been better defined, more closely regulated in the Constitution, so that the margins of disposition of the territories over their self-government will not provoke the continuous instability of the model. The powers and the distribution of competencies defined more precisely, the autonomous institutions stated more precisely … The final autonomic model would have been less self-determined than as it has resulted from the dispositive principle, and more orderly, although not necessarily different in substance from the one we have known these last lustrums.
From all of which it follows that the general reform of Title VIII of the Constitution and other related precepts is a part of the modifications that the autonomy system requires. But, in addition, it is necessary to incorporate the differentiating responses that political Catalanism demands.
The major problem with the “right to decide” statement is its separation from the object or project to which it refers. The expression is an unfortunate version of the most forceful “right of self-determination”, which is a much more precise concept because it allows us to deduce, without further details, that it is the faculty invoked by the citizens of a State, or by a State, to establish their self-government.
Any future reform must understand both texts:
1. The holding of a referendum for the approval of a statutory reform is foreseen in the Constitution and in the Statute of Catalonia itself. It is absolutely constitutional and legitimate, and has already taken place on previous occasions with the same purpose. Therefore, it is not necessary to resort to any of the artifices that the successive reports of the Consell per to the National Transition have had to invent in relation to the right to decide, which has not succeeded in residing in any constitutional precept.
2. The draft statute that is submitted to referendum of the people of Catalonia (may consist of a simple modification of the current Statute, to partially change its content and even its name) has to regulate its differential facts of an institutional nature, from the point of organizational view, competence and in what concerns the relations with the State. To the extent that this new regulation exceeds what is established for the general regime of territorial autonomies in the Constitution, it will also be necessary to plan a constitutional reform that accommodates it. The Constitution will have to equip itself with one or more precepts related to Catalonia.
3. Not in a general and ambiguous additional provision similar to that already contained in the Constitution with respect to the Basque provincial territories, recognizing their historical uniqueness. The experience of the application of the first additional provision shows that, except for some organizational issues, the civil law itself and the economic agreements and agreements, the Basque Country and Navarre enjoy a political and administrative regime not very different from that of the other autonomous communities .
4. The constitutional authorization that allows the recognition of the institutional specialties of Catalonia and its relationship with the State could be done in a precept that frames the regulatory norm of the self-government of Catalonia. But between the vagueness of the additional provision to which I have just alluded, and the detailed regulation of Catalan specialties, there is a long way to go. Nor is the total constitutionalization of Catalonia’s relationship with the State a good regulatory solution because, on the one hand, it would be too rigid and, on the other, it would incur unnecessary repetitions of many common aspects with the general autonomic regime. For this reason, I believe that the optimal solution would be the simultaneous, and naturally pacified, procedure of the norm that updates the self-government of Catalonia and its integration in the State, and the constitutional reform, if necessary, that will accommodate this project. The difference with the previous formulas is that the norm to be incorporated into the Constitution would not refer to indeterminate historical rights, but to the institutions and protests consigned in a specific text, in a well identified norm.

Those who think that making many concessions of effective power and recognizing specialties in intergovernmental relations with Catalonia can be the seed of the destruction of the State are mistaken. It is impossible, in the economic and political Europe of the 21st century, for the infra-state entities, however relevant their position, to use the powers they have recognized to design economic policies different from the general ones, to maintain a standard of protection different from those fundamental rights or, even, substantially vary the level of benefit and guarantees of social rights. The State, in any case, must be able to ensure essential equality in the protection of rights and in public benefits in favor of citizens.
Internally, the State, in order to recognize itself and maintain its responsibilities and position, will have to continue to rely on supreme institutions and powers, among which it has ceased to have currency, and its military and military power is increasingly conditioned. its capacity for international relations, with which the European Union competes with increasing intensity …
The assumption by Catalonia of greater legislative and executive powers, accompanied by a strengthening of its institutional apparatus will reduce the attributions and responsibilities of the State in relation to said territory. This greater growth of own powers may end up imposing a simultaneous reduction of the capacity to influence the formation of legislation and policies that apply to the rest of the State. The debate on the participation of Scotland in the Parliament of Westminster gives us a good example again, as it has traditionally been suggested that the greater powers attributed to that kingdom, the less influential should be its participation in the Parliament of Great Britain. . The options to solve this question, which have been proposed during the debate on the independence of Scotland, have been diverse: the reduction in the number of Scottish and Welsh parliamentarians because they already have their own parliament; create within the British Parliament a legislative body composed exclusively of parliamentarians elected by England to become an English assembly exclusively; create an autonomous assembly of England, like the one in Edinburgh …

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