La Crisis Del Capital En El Siglo XXI — Thomas Piketty

Este es un interesante libro que se compone de una recopilación de artículos algunos centrados en Francia pero que son muy interesantes sobre el impuesto patrimonial, la jornada de 35 horas, las pensiones, el dumping empresarial en Europa, Impuestos como el IVA, que decir sobre el futuro de la U.E. y temas bastante importantes en un momento donde la crisis nos golpeó con dureza en 2007, crisis planificada no se nos olvide.

En la medida en que estemos a merced de grandes movimientos de especulación sobre las tasas de interés, ¿cómo impulsar este tipo de debates con cierta calma? Seamos claros: lo que sucede en la actualidad en España e Italia, donde las tasas de interés superan el 5-6%, puede suceder perfectamente en Francia en los próximos meses. Si tuviéramos que pagar a largo plazo una tasa de interés de este orden, o incluso solo del 4%, mientras que el Reino Unido, con el mismo endeudamiento inicial que el nuestro, no paga más que el 2% gracias a su banco central, entonces en poco tiempo se haría muy difícil defender el euro en Francia. Si una situación de ese tipo se prolongara, aunque fuera uno o dos años, la moneda común se volvería rápidamente impopular.
¿Qué hacer? Para poner fin a la especulación sobre las 17 tasas de interés de la zona euro, la única solución durable es mutualizar nuestra deuda, crear una deuda común (los «eurobonos»). Es también la única reforma estructural que permitirá al Banco Central Europeo desempeñar plenamente su rol de prestamista de último recurso.
La gran diferencia con los Consejos de Jefes de Estados, que tienden al statu quo y a la inercia, porque se apoyan en la unanimidad (o cuasiunanimidad) y se limitan en esencia a conciliábulos privados. Por lo general, no se toma ninguna decisión, y cuando por milagro emerge una decisión unánime es casi imposible saber por qué se la tomó. Es en definitiva lo contrario de un debate democrático en un recinto parlamentario. Hoy en día negociar un nuevo tratado europeo que consista en permanecer en una lógica intergubernamental pura (con la única y simple modificación de pasar de una regla de decisión del 100% a una del 85% en el seno de los Consejos de Jefes de Estado) no está a la altura de las circunstancias. Y, evidentemente, no permite crear eurobonos, lo cual requiere mucha más audacia en el plano de la unión política, audacia a la que los alemanes parecen mucho más dispuestos que el presidente francés… Esto es un gran desafío.

La cuestión es tan vieja como las finanzas públicas: ¿los impuestos deben estar destinados al financiamiento de gastos públicos específicos o tienen que alimentar el presupuesto general? En teoría, la doctrina tradicional es clara: las deducciones afectadas a gastos específicos son una puerta abierta a la demagogia y al populismo y deben ser excluidas. En la práctica, la realidad es más compleja.
Los impuestos que alimentan el presupuesto del Estado —impuesto al salario (IS), IVA, impuesto a las empresas (IE), etc., es decir, el 16% del PBI de Francia— respetan, es verdad, el principio de no afectación.
La única ventaja del IVA social, ampliamente publicitada por el gobierno, es el impuesto a las importaciones y la exención de las exportaciones, mientras que la CPG se basa únicamente en los bienes producidos en Francia, cualquiera sea su destino. Pero subordinar una reforma fiscal de tal envergadura a este magro diferencial no es serio: ¿podemos realmente imaginar que vamos a competir con los textiles chinos o indios gravando su precio con dos puntos suplementarios de IVA? Esta piadosa postura proteccionista demuestra que sobre este tema, como sobre el conjunto del paquete fiscal, las respuestas que aportan Sarkozy-Fillon simplemente no están a la altura de los desafíos económicos que enfrenta Francia en el marco de la mundialización.

Primero Irlanda fue un milagro, luego se transformó en un desastre y ahora está a punto de ser un escándalo. Es increíble que la Unión Europea preste unos 90 000 millones de euros para salvar a los bancos y las finanzas públicas irlandesas sin exigir un incremento previo de los impuestos a los beneficios de las empresas, hoy en día de un 12,5%, cuando deberían ser por lo menos del 25-30%. Primero, porque los bancos y otras empresas radicadas en Irlanda volverán a obtener beneficios en algún momento gracias al plan de rescate europeo. Lo menos que se puede exigir es que estos beneficios paguen un porcentaje significativo en concepto de impuestos. En segundo lugar, y sobre todo, porque las estrategias de desarrollo fundadas en el dumping fiscal están destinadas al fracaso y son nocivas tanto para los países vecinos como para aquellos que las practican. Ya es tiempo de que la Unión Europea tome las riendas del caso y le ponga punto final, a cambio de la estabilidad financiera que aporta al conjunto de la zona; a condición, claro, de que la aporte de verdad.
Digámoslo con claridad: dejar que los países que se enriquecieron gracias al comercio intraeuropeo dañen la base fiscal de sus vecinos no tiene nada que ver con los principios de la economía de mercado o el liberalismo: se llama robo. Y prestar dinero a personas que nos han robado sin exigir nada a cambio para que esto no se reproduzca se llama estupidez.
Lo peor es que el dumping también es nocivo para los pequeños países que lo practican. Cada país forma parte de un engranaje: como en la carrera armamentista, a los irlandeses les conviene mantener una tasa baja de impuestos a las empresas dado que los polacos, estonios…tienen baja la suya.
El dumping contribuyó directamente a la burbuja irlandesa y a la crisis actual. En particular, el dumping condujo a manipulaciones contables masivas y artificiales, que tornaron totalmente ilegibles los balances bancarios y las cuentas nacionales de Irlanda. Estas últimas están ahora seriamente contaminadas por los enormes flujos de transfer pricing (que buscan localizar en Irlanda los beneficios que obtuvieron las filiales radicadas en otros países europeos) y cuya dimensión exacta nadie conoce. Esta opacidad contable adquirió proporciones todavía más elevadas que las manipulaciones griegas de los gastos de armamento y déficit público. En los dos casos, Europa debe poner orden.
A grandes rasgos, el trato debería ser el siguiente: la Unión garantiza la estabilidad financiera de la zona y ayuda a los países pequeños si es necesario; pero, en contrapartida, estos renuncian a su estrategia de dumping fiscal, por ejemplo con tasas de imposición de beneficios mínimas del orden del 30-40%. Luego de aceptar renunciar a su soberanía monetaria, los pequeños y grandes países deberían también abdicar de su soberanía fiscal. Cualquier otra solución es un error. Construir una unión monetaria sin gobierno económico ya era arriesgado en tiempos de calma. Pero frente a una crisis mayor, es necesario tomar muy en serio el riesgo de desmoronamiento general.

Los patrimonios se portan hoy de maravillas y no existe ninguna justificación económica sólida para reducir masivamente un impuesto a las sucesiones, que ya aporta muy poco: entre dos y tres veces menos que hace un siglo, mientras que el peso global de las deducciones se triplicó a lo largo del mismo período, pasando de 15 a 45 puntos del PBI (solo las cargas al trabajo representan más de 20 puntos, y reducirlas de alguna manera sería más urgente si los márgenes de maniobra presupuestarios lo permitieran). El impuesto a las sucesiones merece ser debatido con seriedad, en particular para abordar la cuestión de la prolongación de la expectativa de vida y la extrema rigidez de las leyes de sucesión.
Reducir masivamente su peso solo dará más consistencia a la idea de que en el siglo XXI se afirma un hipercapitalismo que ni siquiera aplica los impuestos al capital vigentes en el siglo XIX.

Una sociedad que desgrava de manera durable los patrimonios (¡cuando estos recobraron la vitalidad previa a 1914!), corre el riesgo de una esclerosis económica (una clase de rentistas que envejece reaparecerá de manera inevitable) y de explosión social. En lo que respecta al impuesto a las sociedades, las premisas de un cambio a escala europea ya se dejan ver. En lo que concierne a las ingresos mobiliarios, un retorno a la progresividad del siglo XX es poco probable (los flujos internacionales son cada vez más inaprensibles, y los ingresos se agregan inmediatamente al patrimonio). Es posible, pues, que el siglo XXI deba inventar su propio modelo, fundado por ejemplo en la imposición de los propios stocks de patrimonios y no en los flujos de ingresos.

Hoy, los gobiernos realizan salvatajes de bancos y grandes empresas, lo que permite evitar la depresión. Pero este rapto de generosidad pública favorece en muchos casos redistribuciones a la inversa. Luego de 1929, los gobiernos les pasaron la factura a los que se habían enriquecido mientras conducían el mundo al borde del precipicio: fuerte alza de impuestos a las ganancias y fiscalidad progresiva sobre los ingresos y patrimonios más elevados, control del capital bajo todas sus formas (estricta regulación financiera, bloqueo de alquileres, nacionalizaciones, etc.). Fueron esas respuestas políticas las que condujeron a una reducción histórica de las desigualdades, no la crisis financiera en tanto tal. Hoy, las dificultades se plantean de manera diferente desde un punto de vista técnico (stock-options, paraísos fiscales, etc.), pero son en esencia las mismas. Librado a sí mismo, el capitalismo nos lleva con naturalidad a las catástrofes, ya que es profundamente inestable y antiigualitario. Lamentablemente, parecería que hacen falta más crisis para que los gobiernos tomen plena conciencia de ello.

¿Podrán salvarnos los bancos centrales? No, no por completo. Pero tienen una parte de la solución para la crisis actual. Comencemos por el principio. Desde siempre el Estado ha tenido dos maneras de obtener dinero: el cobro de impuestos o la emisión monetaria. De modo general, es infinitamente preferible el cobro de impuestos. Las planchas de billetes se pagan con inflación, cuyas consecuencias distributivas no son manejables (aquellos cuyos ingresos están menos revalorizados que los de otros pagan el precio más alto), y que además desorganiza los intercambios y la producción. Una vez desatado, el proceso inflacionario es difícil de detener y no aporta ningún beneficio.
Las crisis financieras son consustanciales al capitalismo. Y, en las grandes crisis, los bancos centrales constituyen un instrumento irreemplazable. Su poder infinito de creación monetaria requiere, por supuesto, un marco de seriedad. Pero no utilizar plenamente este instrumento en el contexto actual constituye una estrategia suicida e irracional.

Hace falta algo más que amables cumbres del G20 y declaraciones de buenas intenciones. Para hacer retroceder a los paraísos fiscales y, más aún, para poner en marcha las regulaciones financieras, sociales y medioambientales necesarias para retomar el control de un capitalismo mundializado que se volvió loco, el arma comercial será sin dudas indispensable. Si Europa habla con una única voz y deja de comportarse como un enano político, podremos incluso evitar la ejecución de las amenazas de embargos y protecciones. Lo que sería preferible, pues el proteccionismo —como la policía— es un arma disuasiva esencial que los Estados deben tener a mano, pero no constituye en sí mismo una fuente de prosperidad (contrariamente a lo que imaginan algunos «desglobalizadores» entusiastas). Pero, si se elige profundizar la construcción europea sin un avance real en esta dirección, se corre el riesgo de provocar repliegues nacionalistas en extremo violentos.

Se termina utilizando a la Unión Europea para poner en duda el conjunto del edificio social y fiscal sobre el que se construyeron los Estados de bienestar europeos. Frente a este tipo de ofensiva, la izquierda europea debe construir coaliciones socialdemócratas ofensivas, dispuestas a cuestionar las reglamentaciones existentes cuando sean inadecuadas e, inversamente, a defender con firmeza los principios esenciales cuando sean amenazados, sobre todo en lo que concierne al dumping fiscal. Las propuestas de los eurodiputados de la socialdemocracia alemana para reformular la directiva van en este sentido, pero esa actitud constructiva y europea es poco frecuente entre los socialistas franceses, sobre todo entre los partidarios del «no», que en general se aferran al repliegue demagógico o al oportunismo más crudo.

Una de las ventajas adicionales del plan de relanzamiento de la reducción del IVA es su eficacia inmediata (contrariamente, por ejemplo, a las inversiones públicas, que llevan años antes de realizarse, como lo saben por ejemplo todas las personas afectadas por el Plan Campus) y su transparencia: cuando se baja el IVA, se inyecta dinero contante y sonante en la economía, a diferencia de todas las manipulaciones contables y otras operaciones de comunicación que se implementan actualmente. Hagamos un pronóstico y enunciemos un deseo: que el debate sobre la reactivación de la reducción del IVA se replantee en el futuro…

BNP Paribas, el primer banco francés y europeo, acaba de anunciar 8000 millones de euros de ganancias para el año 2009, lo cual supera su récord de 2007. Algunos ya comienzan a cacarear: después de todo, ¿no es preferible tener bancos que gocen de buena salud que tener bancos quebrados? Seguramente.
Pero vale la pena intentar comprender de dónde vienen estas ganancias. Los beneficios de los diez bancos europeos más grandes rondaron los 50 000 millones de euros en 2009. Si sumamos los diez bancos estadounidenses más grandes, alcanzamos los 100 000 millones. ¿De dónde provienen semejantes beneficios, cuando el conjunto de la zona estaba en recesión en 2009? La explicación más evidente es que, durante la crisis, los bancos centrales prestaron dinero a los bancos a tasas muy bajas, y estos últimos pudieron utilizarlo luego para prestar a tasas muy elevadas a otros actores: a los hogares, a las empresas y, sobre todo, a los Estados.
¿Demagogia? No. Simplemente, una constatación: para reconciliar a los ciudadanos con los bancos, hace falta algo más que grandes discursos. Obama lo entendió cuando anunció en enero, por fin, un plan más ambicioso de regulación fiscal. Pero está debilitado políticamente. En Europa, el hecho de que el Banco Central Europeo continúe apoyándose en las agencias de calificación para comprar títulos públicos (anuncio que precipitó la crisis griega), cuando en su estatuto nada lo obliga a hacerlo, no tiene sentido en el contexto actual.
Gracias a esta crisis, el BCE convenció a los europeos de su utilidad: todo el mundo entiende que si los mercados hubieran especulado con el franco, el marco alemán o la lira italiana las cosas no habrían marchado mejor. Ahora debería adquirir autonomía en relación con los mercados financieros, apoyándose en un verdadero gobierno económico europeo.
Del otro lado del Atlántico, el poder público perdió el pudor: desde hace un año, la Fed imprimió 300 000 millones de dólares para adquirir bonos del Tesoro sin pedir permiso a los mercados. Europa deberá aceptar también que una inflación del 4% o el 5% es la manera menos negativa de deshacerse de la deuda. Sin medidas de este tipo, los ciudadanos europeos deberán pagar las cuentas otra vez. No se da por sentado que esta vez se dejen robar.

Se dice que los griegos son unos vagos que gastan más de lo que producen. Y que, para colmo, eligen gobiernos corruptos que manipulan las cuentas públicas para crear falsas ilusiones. Si su hermano o su vecino gasta más de lo que gana, ¿le estaría haciendo un favor si le prestara más dinero? ¿No habrá llegado la hora de que deje de despilfarrar y aprenda la dura ley del trabajo y el mérito?
Este tipo de metáfora, fundada en la moral doméstica y familiar (pereza versus trabajo, niño prodigio versus buen padre de familia) es evidentemente un clásico de la retórica reaccionaria. En todas las épocas, los ricos estigmatizaron de esta forma a los pobres. Nada nuevo bajo el sol griego. Salvo que, en el marco de la complejidad del capitalismo del siglo XXI y de sus crisis financieras, estas metáforas moralizadoras parecen extenderse más allá de los círculos habituales. Cuando ya no se entiende hacia dónde va el mundo, resulta tentador volver a ciertos principios simples.
La crisis es ante todo consecuencia de que los contribuyentes griegos de repente tuvieron que pagar tasas de interés de más del 6% de su deuda pública. La producción interna de Grecia ronda los 200 000 millones de euros. Los diez bancos más grandes del mundo manejan cada uno más de 2 billones de euros. Un puñado de operadores puede imponer, en segundos, una tasa de interés del 6% en lugar del 3% sobre un título en particular, y arrastrar así a un país a la crisis.
Este sistema nos lleva directamente al precipicio, y apelar a la moral doméstica no nos va a salvar. Al fin y al cabo, la solución es que el poder público retome con firmeza las riendas de las finanzas. En Europa debemos inventar el camino que conduzca al federalismo presupuestario. Pues bien, este camino no pasa por el FMI, sino por la emisión de obligaciones europeas. Y, algún día, por una revolución de las doctrinas monetarias. Para salvar a los bancos, las autoridades monetarias les prestaron sin dudar a tasas del 0% al 1%. Hicieron bien. Pero ahora, no es nada fácil explicarles a los contribuyentes europeos (tanto griegos como alemanes) que deben ajustarse los cinturones durante años para pagar los altos intereses de su deuda pública.

Hay que poner rápidamente sobre la mesa un proyecto preciso, con la composición detallada, número y designación de miembros, procedimiento de votos, etc. En cualquier caso, es esencial encontrar una solución que permita que comience a funcionar muy pronto con aquellos países que lo desean, y prever al mismo tiempo la incorporación progresiva de todos los que querrán sumarse a este núcleo duro federal para beneficiarse de una deuda europea mutualizada.
Tenemos que dejar de imaginar que son los alemanes los que bloquean todo. En realidad, Alemania, que también es consciente de que no es suficientemente poderosa para regular el capitalismo globalizado, ha avanzado más que Francia en su reflexión sobre el indispensable salto federal.
La explicación oficial es que los franceses no desean el federalismo y que sería suicida lanzarse a cambiar los tratados. Extraño argumento: a partir del momento en que se eligió, hace veinte años, compartir nuestra soberanía monetaria, y que se fijan reglas extremadamente puntillosas sobre los déficit públicos (como el piso de 0,5% y las penalidades automáticas fijadas por el nuevo tratado adoptado el año pasado), somos de hecho un sistema federal.
La pregunta es simple: ¿nos encaminaremos sin cuestionamientos hacia un federalismo tecnocrático o estamos por fin maduros para apostar por un federalismo democrático?.

Para cambiar el destino de Europa, será necesario tomar las riendas del tratado euro-americano. La Unión Europea y los Estados Unidos representan la mitad del PBI mundial. Sus responsabilidades y sus opiniones no pueden reducirse a la liberalización de los intercambios comerciales. Al apoyarse en el Parlamento europeo y los parlamentos nacionales, es posible imponer en este tratado el desarrollo de normas exigentes en el plano social, medioambiental y fiscal. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen el peso necesario para imponer a sus empresas y a los paraísos fiscales nuevas reglas: una base fiscal consolidada del impuesto a las sociedades, un registro mundial —o al menos euro-norteamericano— de títulos financieros.
¿Qué hacer frente a este polvorín de desigualdades? Primero, demostrar a la población que nos preocupamos más por el desarrollo social y la integración política de la región que por la relación con los emires. Una política energética europea común nos permitiría hacer prevalecer nuestros valores y nuestro modelo de sociedad, y no nuestros estrechos intereses financieros nacionales, tanto en Medio Oriente como, por otra parte, en Ucrania o Rusia. La hegemonía estadounidense condujo al desastre iraquí que todos conocemos. La embriaguez de omnipotencia podría llevar nuevamente a un abuso de posición dominante, como acaba de recordarlo en una escala más modesta —aunque no despreciable— el caso BNP Paribas (las operaciones aparentemente inescrupulosas efectuadas con el régimen sudanés justifican claramente la expulsión de los dirigentes del banco, que en el pasado daban lecciones de buena gestión a todo el mundo, pero no el pago de un tributo exorbitante al Tesoro estadounidense, que implicaría un riesgo de desestabilización del sector bancario europeo). Para ocupar un verdadero lugar en la mundialización y transformar el planeta en un lugar más justo, Europa, hoy más que nunca, tiene que unirse políticamente.

El FMI no se compromete claramente en la vía de un impuesto progresivo al capital. El informe evoca cierta posibilidad de una tasa concentrada sobre los patrimonios más elevados. Pero parece favorecer sobre todo una solución del tipo tasa plana sobre los patrimonios, que es un auténtico repelente: aplicar la misma tasa a los ahorros pequeños y medianos y a las grandes carteras financieras no tiene ningún sentido. No puede conducir más que al rechazo de este tipo de política. Además, las autoridades europeas y el FMI impulsaron una solución de este tipo durante la crisis chipriota de la primavera pasada, con el éxito que conocemos (no hay ningún mea culpa sobre este punto en el informe: el episodio ni siquiera es evocado). Teniendo en cuenta la concentración extrema que caracteriza la repartición del capital, la escala de imposición de los patrimonios debe ser fuertemente progresiva, aún más que para los ingresos.
Una progresividad de este tipo exige un alto grado de transparencia financiera internacional y de cooperación entre países, cuestión que el FMI apenas menciona. Todavía más lamentable, sin un objetivo fiscal claramente formulado, las negociaciones actuales sobre los paraísos fiscales tienen muchas chances de estancarse. El objetivo de la transmisión automática de información bancaria debe ser observar el conjunto de los activos financieros e inmobiliarios que tiene cada individuo en diferentes países y deducir un impuesto progresivo sobre el patrimonio neto individual.

¿El futuro de Norteamérica será la oligarquía o la plutocracia? Una decisión reciente de la Corte Suprema, que retira todo límite al financiamiento privado de las campañas políticas, acaba de relanzar este temor.
La Unión Europea (el tercer cuarto del PBI mundial), sufre evidentemente de su desmembramiento político. Sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades financieras de su modelo social, es la parte del mundo que tiene el mayor interés en actuar contra los paraísos fiscales. Si se ubica esta cuestión en el corazón del futuro tratado euro-americano, tiene todas las chances de ser escuchada por una Norteamérica acechada por la desigualdad.

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