La buena muerte — Adela Muñoz Páez / Good Death by Adela Muñoz Pérez (spanish book edition)

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Este es un breve muy interesante libro. Los avances de la medicina que nos trajeron mucha más vida, también pueden traernos paz y sosiego una vez llegada nuestra hora a través de la eutanasia, vocablo de raíz griega () que significa «buena muerte». El conflicto surge cuando esa «buena muerte» requiere poner fin a la vida, porque esto choca frontalmente con uno de los principios morales más importantes en todas las sociedades: «No matarás». Sin embargo, a veces la vida puede convertirse en el más atroz de los suplicios. Una vez desterrada la tortura, ¿en nombre de qué se puede tolerar que la sufran personas inocentes? Y en el caso de que se decida escuchar las peticiones de clemencia de aquellos que quieren acabar con su vida para poner fin a su sufrimiento, ¿quién y en qué circunstancias tendrá potestad para atenderlas?
Todos tenemos que morir, todos tenemos que atender a otros en su muerte.

La Ley Básica de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002, garantiza la posibilidad de negarse a recibir tratamientos agresivos tales como la alimentación artificial que había mantenido con vida a Eluana durante tantos años. Pero estaba equivocada: en agosto de 2011, tras sufrir un derrame cerebral que le causó daños irreversibles, a Ramona Estévez, de noventa y un años, le insertaron una sonda nasogástrica para mantenerla con vida. Cuando su hijo pidió que, en cumplimiento de la ley andaluza de muerte digna, le retiraran la sonda, se recogieron veinticinco mil firmas para impedirlo, y cuando a pesar de ello se la retiraron, el obispo de Huelva, José Vilaplana, condenó el hecho y al hijo de Ramona se le llamó asesino en multitud de foros. Entonces llegué a la conclusión de que en las sociedades de raíces católicas del sur de Europa había un problema que impedía afrontar de una forma ecuánime un hecho doloroso como la muerte de un familiar.

Es evidente que las religiones consideran crucial la muerte para dar sentido a la vida, lo cual sucede también en la mayor parte de los sistemas filosóficos. Lo singular en el caso de las religiones es que tienen un éxito extraordinario a la hora de monopolizar las manifestaciones de la muerte en la sociedad. Son las que suelen proporcionar consuelo tanto a los moribundos como a los deudos, y para ello es fundamental que consigan transmitir la creencia de que hay vida más allá de la muerte.
En estas circunstancias, no es de extrañar que las religiones sean las encargadas de llevar a cabo los rituales de enterramiento y duelo. Y no solo en el Egipto de los faraones o en el actual de los Hermanos Musulmanes, sino también en buena parte de las sociedades occidentales, incluidas la mayor parte de las naciones europeas, teóricamente laicas. La excepción singular es la republicana Francia, que hace gala de laicismo en el ámbito institucional y no tiene a sus prohombres repartidos por iglesias y catedrales, sino que les dedicó un panteón en el centro de París. En el extremo opuesto está Italia, con el Vaticano en el corazón de Roma.
Siendo la muerte tan importante para ellas, todas las religiones tienen opiniones muy marcadas respecto a la eutanasia. En general la condenan, pero con diferente virulencia. Los motivos que aducen se pueden resumir en estos tres: 1) Dios la prohíbe, 2) la vida es un don divino y 3) estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.

Benedicto XVI, siendo todavía cardenal, fue incluso más allá al considerar la eutanasia más impía que la pena de muerte o la guerra:
No todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepara con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o en la decisión de hacer la guerra, este no sería considerado por esta razón indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la Iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz, y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a criminales, aún sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia .

Tercer punto de la carta de Joseph Ratzinger
al cardenal Theodore McCarrick, arzobispo de Washington DC, junio de 2004.

Los descubrimientos de la ciencia los que han hecho que la esperanza de vida se haya multiplicado casi por tres en menos de un siglo. Sin lugar a dudas, el progreso científico y tecnológico ha ayudado extraordinariamente a la mejora de la dignidad del ser humano, no solo por los avances en medicina, sino también por cómo ha mejorado la vida de las personas en muchos otros ámbitos: alimentación, vestido, casa, transporte, comunicación, entretenimiento, etc. En cualquier caso, hacer responsable al progreso científico de algo que afecte al ser humano es tan falaz como culpar a Dios de los crímenes que se hayan cometido en su nombre. Los responsables son los hombres que han llevado a cabo actos loables o reprobables gracias a uno y en nombre del otro.
Un caso extraordinariamente llamativo en relación con los cuidados paliativos que tuvo lugar en un hospital público español hace siete años pone de manifiesto hasta qué punto es un tema delicado, incluso si no hay procesos de eutanasia activa. En 2005 se denunció al jefe del servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa por haber sido el responsable de la sedación inapropiada, con resultado de muerte, de cuatrocientos pacientes. Como se vino a demostrar, no hubo muertes por actuación inapropiada del personal sanitario ni condena, ni debería haber habido caso. Sí que tuvieron lugar una ejecución, la de la credibilidad del médico denunciado, el doctor Luis Montes, y un ataque gravísimo al sistema público de atención sanitaria. También hubo un ataque a la labor de multitud de profesionales que durante años han trabajado para hacer que la muerte de sus pacientes no resultara un trance demasiado duro. Pero si lo que pretendía esta denuncia era obstaculizar el movimiento en defensa del derecho a una muerte digna en España, a tenor de lo que muestran todos los indicadores, el fracaso ha sido absoluto.

La percepción que tenemos del suicidio en el mundo occidental está ligada de forma indisoluble a la filosofía judeocristiana que considera la vida como un don divino. En ese marco, poner fin a la vida de forma voluntaria se percibe como algo negativo en cualquier circunstancia. No obstante, esta percepción no siempre fue así. Los griegos, por ejemplo, tras debatirlo ampliamente, decidieron aprobarlo bajo ciertas condiciones: «Si la existencia te resulta odiosa, muere; si el destino te es adverso, bebe cicuta. Si la pena te abruma, abandona la vida».
Aunque hay varios precedentes, puede considerarse que el movimiento a favor del derecho a morir dignamente surgió en Gran Bretaña a instancias del doctor Killick Millard, jefe de Sanidad de la ciudad de Leicester. Haciendo suyos los principios recogidos en la obra Utopía de Tomás Moro, el doctor Millard propuso la legalización de la eutanasia en 1931, contando con el apoyo de numerosas personalidades de todos los ámbitos, incluidos representantes religiosos. Tras ser rechazada por el Parlamento, en 1935, Millard fundó la Sociedad para la Eutanasia Voluntaria (Voluntary Euthanasia Society, VES), la primera agrupación europea que pedía abiertamente que cada persona tuviera el derecho a decidir sobre su muerte. Poco después, en 1938, se fundó la primera sociedad a favor de la eutanasia en Estados Unidos.
Aunque el movimiento se inició en los países anglosajones, donde más lejos se ha llegado ha sido en Holanda, país donde en 1985 se constituyó una Comisión Estatal para la Eutanasia. Como consecuencia de sus trabajos, en 2001 se aprobó una ley para poner fin a la vida de otra persona sin que ello supusiera incurrir en delito siempre que se cumplieran los siguientes requisitos:
-El paciente debía enfrentarse a un futuro de dolor insoportable e interminable.
-La petición de morir debía ser voluntaria y firme.
-El médico y el paciente debían estar convencidos de que no había otra solución.
-Se debía buscar una segunda opinión médica que también debía ser favorable al proceso, y este tenía que llevarse a cabo en la forma médica apropiada.

La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) se regularon por primera vez los derechos de los pacientes, incluida la renuncia a un tratamiento. Aunque pueda conducir a la muerte, este rechazo no constituye un acto de eutanasia. Estos y otros derechos se recogieron en la Ley Básica de Autonomía del Paciente del año 2002 (Ley 41/2002). Por otro lado, la ayuda al suicidio en el caso de los pacientes terminales aparece tipificada en el artículo 143.4 del Código Penal vigente desde 1995:

El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

Esto significa que dichas conductas están castigadas con penas de seis meses a un año de cárcel en el caso de colaboración no ejecutiva (suicido asistido) y de dieciocho meses a tres años en el caso de colaboración ejecutiva (eutanasia activa). Dado que no se suelen imponer las penas máximas y las de prisión inferiores a dos años se conmutan con otros castigos, ninguna de estas conductas eutanásicas implicaría pena de cárcel para el autor. Los requisitos para la minoración de la pena son similares a los exigidos en la legislación holandesa para llevar a término la eutanasia activa: un estado de sufrimiento del paciente y la petición expresa por parte del mismo. Las conductas penadas son los actos, no las omisiones.

Entre las muchas cuestiones que se estudian se encuentran la delicada «pendiente resbaladiza» (slippery slope), las formas de control del dolor, la importancia de asegurar la voluntariedad por parte del paciente a lo largo del proceso, el peligro de introducir criterios economicistas o el hecho de que se empuje a la población a usar un derecho (el de disponer de la propia vida) simplemente porque tal derecho exista.
Debido a la multitud de factores que afectan a las últimas etapas de la vida, hace falta un debate sereno y sensato que implique a los principales agentes involucrados en el proceso de la muerte, tales como el personal sanitario y los legisladores que han de redactar las leyes. Pero es imprescindible tener en cuenta la opinión de la sociedad en su conjunto. Los avances son constantes y contagiosos, en un proceso que no tiene vuelta atrás. Así, tras los casos de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y de los estados de Oregón, Montana y Washington, a finales de 2012 el primer ministro francés, François Hollande, anunció la tramitación de una nueva ley para una muerte digna que espera hacer pública a mediados de 2013.
Tenemos que felicitarnos por todos estos movimientos, porque son un avance en la defensa de la dignidad humana. Uno de los derechos consolidados de los habitantes de los países del Primer Mundo es la atención médica proporcionada a los enfermos que deciden apurar su vida hasta el final. Del mismo modo, a las personas que padecen una enfermedad incurable y consideran que la vida es la peor condena debe garantizárseles el derecho a poner fin a la misma.

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This is a very interesting short book. The advances in medicine that brought us much more life can also bring us peace and tranquility once our time has arrived through euthanasia, a word with a Greek root () meaning “good death”. The conflict arises when this “good death” requires an end to life, because this clashes head-on with one of the most important moral principles in all societies: “Thou shalt not kill.” However, sometimes life can become the most atrocious of the tortures. Once torture has been banished, in the name of what can innocent people be tolerated? And in the event that it is decided to listen to the requests for clemency of those who want to end their lives to end their suffering, who and under what circumstances will they have the power to attend to them?
We all have to die, we all have to attend to others in his death.

The Basic Law of Autonomy of the Patient, approved in 2002, guarantees the possibility of refusing to receive aggressive treatments such as artificial feeding that had kept Eluana alive for so many years. But I was wrong: in August 2011, after suffering a stroke that caused irreversible damage, Ramona Estévez, ninety-one years old, inserted a nasogastric tube to keep her alive. When his son requested that, in compliance with the Andalusian law of dignified death, the probe be removed, twenty-five thousand signatures were collected to prevent it, and when in spite of it they were removed, the Bishop of Huelva, José Vilaplana, condemned the fact and Ramona’s son was called a murderer in a multitude of forums. Then I came to the conclusion that in Catholic societies of southern Europe there was a problem that prevented us from facing in a fair way a painful event like the death of a family member.

It is evident that religions consider death crucial to give meaning to life, which happens also in most philosophical systems. The singular thing in the case of the religions is that they have an extraordinary success at the time of monopolizing the manifestations of the death in the society. They are the ones that usually provide comfort to both the dying and the mourners, and for this it is essential that they succeed in transmitting the belief that there is life beyond death.
In these circumstances, it is not surprising that religions are responsible for carrying out the rituals of burial and mourning. And not only in the Egypt of the pharaohs or in the current one of the Muslim Brotherhood, but also in a good part of the western societies, including most of the European nations, theoretically secular. The singular exception is the republican France, which boasts secularism in the institutional sphere and does not have its leaders spread over churches and cathedrals, but instead dedicated a pantheon to them in the center of Paris. At the opposite extreme is Italy, with the Vatican in the heart of Rome.
Death being so important to them, all religions have very strong opinions about euthanasia. In general they condemn it, but with different virulence. The reasons that they adduce can be summarized in these three: 1) God forbids it, 2) life is a divine gift and 3) we are made in the image and likeness of God.

Benedict XVI, still a cardinal, went even further to consider euthanasia more impious than the death penalty or war:
Not all moral issues have the same moral weight as abortion and euthanasia. For example, if a Catholic disagrees with the Holy Father over the application of the death penalty or in the decision to make war, it would not be considered for this reason unworthy to appear to receive Holy Communion. Although the Church exhorts civil authorities to seek peace, not war, and to exercise discretion and mercy in punishing criminals, it would still be lawful to take up arms to repel an aggressor or resort to capital punishment. There may be a legitimate diversity of opinion among Catholics regarding going to war and applying the death penalty, but not, however, regarding abortion and euthanasia.

Third point of the letter of Joseph Ratzinger
to Cardinal Theodore McCarrick, archbishop of Washington DC, June 2004.

The discoveries of science have made life expectancy multiplied by almost three in less than a century. Undoubtedly, scientific and technological progress has extraordinarily helped to improve the dignity of the human being, not only because of advances in medicine, but also because it has improved the lives of people in many other areas: food, clothing , home, transportation, communication, entertainment, etc. In any case, making scientific progress responsible for something that affects the human being is as fallacious as blaming God for the crimes that have been committed in his name. Those responsible are the men who have carried out laudable or reprehensible acts thanks to one and on behalf of the other.
An extraordinarily striking case in relation to palliative care that took place in a Spanish public hospital seven years ago reveals the extent to which it is a sensitive issue, even if there are no active euthanasia processes. In 2005 the head of the emergency department of the Severo Ochoa hospital was reported as having been responsible for the inappropriate sedation, resulting in the death of four hundred patients. As it was shown, there were no deaths due to inappropriate action of the health personnel or condemnation, nor should there have been cases. Yes, there was an execution, the credibility of the doctor denounced, Dr. Luis Montes, and a very serious attack on the public health care system. There was also an attack on the work of many professionals who for years have worked to make the death of their patients not too hard a trance. But if what this denunciation intended was to hinder the movement in defense of the right to a dignified death in Spain, according to what all the indicators show, the failure has been absolute.

The perception we have of suicide in the Western world is inextricably linked to the Judeo-Christian philosophy that considers life as a divine gift. In this context, voluntarily ending life is perceived as something negative in any circumstance. However, this perception was not always the case. The Greeks, for example, after debating it widely, decided to approve it under certain conditions: “If existence is hateful to you, it dies; if fate is bad for you, drink hemlock. If grief overwhelms you, leave life. ”
Although there are several precedents, it can be considered that the movement in favor of the right to die with dignity arose in Great Britain at the request of Dr. Killick Millard, head of Health of the city of Leicester. Making his the principles collected in the work Utopia of Tomás Moro, Dr. Millard proposed the legalization of euthanasia in 1931, with the support of numerous personalities from all areas, including religious representatives. After being rejected by Parliament, in 1935, Millard founded the Voluntary Euthanasia Society (VES), the first European group that openly demanded that each person have the right to decide about his death. Soon after, in 1938, the first society in favor of euthanasia in the United States was founded.
Although the movement began in the Anglo-Saxon countries, where it has been further reached has been in Holland, country where in 1985 a State Commission for Euthanasia was established. As a result of their work, in 2001 a law was approved to end the life of another person without it implying incurring in crime provided that the following requirements were met:
-The patient had to face a future of unbearable and endless pain.
-The request to die should be voluntary and firm.
-The doctor and the patient must be convinced that there was no other solution.
-It was necessary to seek a second medical opinion that should also be favorable to the process, and this had to be carried out in the appropriate medical form.

The General Health Law (Law 14/1986) regulated the rights of patients for the first time, including the renunciation of treatment. Although it may lead to death, this rejection does not constitute an act of euthanasia. These and other rights were included in the Basic Patient Autonomy Law of 2002 (Law 41/2002). On the other hand, the help of suicide in the case of terminal patients is typified in article 143.4 of the Criminal Code in force since 1995:

The one who causes or cooperates actively with necessary and direct acts to the death of another, by the express, serious and unequivocal request of this, in case the victim suffers a serious illness that would necessarily lead to his death, or that would produce serious permanent and difficult to endure sufferings, will be punished with the penalty lower in one or two grades to those indicated in numbers 2 and 3 of this article.

This means that these behaviors are punishable by six months to one year in prison in the case of non-executive collaboration (assisted suicide) and from eighteen months to three years in the case of executive collaboration (active euthanasia). Since the maximum sentences are not usually imposed and those of imprisonment less than two years are commuted with other punishments, none of these euthanasic behaviors would imply a prison sentence for the author. The requirements for the reduction of the sentence are similar to those required in the Dutch legislation to carry out active euthanasia: a state of suffering of the patient and the express request by the same. Convicted behaviors are acts, not omissions.

Among the many issues that are studied are the delicate “slippery slope” (slippery slope), the forms of pain control, the importance of ensuring the voluntariness of the patient throughout the process, the danger of introducing economicist criteria or the fact that people are pushed to use a right (that of having their own life) simply because such a right exists.
Due to the multitude of factors that affect the last stages of life, a calm and sensible debate is needed that involves the main agents involved in the death process, such as the health personnel and the legislators who have to write the laws But it is essential to take into account the opinion of society as a whole. The advances are constant and contagious, in a process that has no turning back. Thus, after the cases of the Netherlands, Belgium, Luxembourg and the states of Oregon, Montana and Washington, at the end of 2012 the French Prime Minister, François Hollande, announced the processing of a new law for a dignified death that he hopes to make public to mid 2013
We have to congratulate ourselves for all these movements, because they are an advance in the defense of human dignity. One of the consolidated rights of the inhabitants of the First World countries is the medical care provided to the sick who decide to hurry their lives to the end. Similarly, people who suffer from an incurable disease and believe that life is the worst condemnation should be guaranteed the right to end it.

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