¿Dónde estamos? — José María Gay De Liébana

Este contertulio económico frecuente en televisiones plantea un libro interesante, y es interesante su análisis, donde nos expone ver a España en una fase de estancamiento, sin liderazgos serios, encadenada a un paro que no amaina, a una falta de fuelle de nuestro modelo económico-productivo preocupante, a un consumo que no acaba de remontar y a una deriva atroz en cuestiones políticas, plagada de intrigas palaciegas y componendas de extraña catadura, juegos sucios entre socios en la alta política, y obsesiones sin freno por querer catapultar los chorizos como plato nacional con los medios de comunicación como testigos. Si a ello le sumamos las montañas de deuda que tenemos tanto en lo privado y familiar como empresarial y, por encima de todo, en el disparate de la deuda pública y los déficits alocados de nuestras cuentas públicas, las conclusiones que prima facie uno pueda extraer desaniman. No se preocupe, apreciado lector, que ese panorama cambiará más tarde o más temprano y este país entrará en razones, recobrará impulsos y sabremos divisar nuestro futuro en la línea del horizonte. Tranquilos que ese día, aunque no sé cuándo será, está por llegar.

Las medidas del BCE favorecen lo que tiempo atrás parecía un sueño inalcanzable en pos de la competitividad de la zona euro: la paridad con el dólar. Es uno de los objetivos que pretendía. Al regar con euros a todos los países, la moneda se devalúa frente al dólar. Y eso es positivo. Aunque no sea mucho, el impuesto sobre nuestras rentas se atempera. Ahora bien, confiemos en que no haya gato encerrado y que lo que nos dan por un lado no nos lo quiten por otro.
Y es que hay que contar también, de ahí esa confluencia de la que hablábamos, con el descenso en las retenciones del inefable IRPF, que ha puesto en marcha el Gobierno. Con ello, tendremos más dinero en nuestros bolsillos. Los tipos de interés caen. Por tanto, la lluvia de dinero que el BCE inyecta en los mercados debiera tener consecuencias favorables para mantener en mínimos y bajo control la temida prima de riesgo, aguantar los voluminosos endeudamientos públicos sin tensiones, facilitar la fluidez crediticia por parte de las entidades financieras, ajustar a la baja aún más los tipos de interés, permitir la colocación de deuda corporativa en los mercados.

En España se palpa en el ambiente unas ganas tremendas de dejar la crisis atrás. Los síntomas optimistas, por suaves que sean, se magnifican. Existe una especial psicología del pueblo para ver y destacar el lado bueno de las cosas, para creerse que estamos entrando en una firme recuperación —que algo se está recuperando nuestra economía es indudable, pero sólo algo—, y para asimilar todo aquello que suene a previsiones optimistas. Es cierto, en todo caso, que algunos ingredientes se dirigen en la buena dirección.
Los precios muestran una tendencia a la baja que, en principio, habría que interpretar como una gran noticia. La duda es si estamos ante una inflación negativa o más bien una deflación. Si la inflación es negativa, caen los precios y nuestro poder adquisitivo se potencia. Si pensamos en términos de deflación el panorama se embrolla un poco.
La deflación puede ser terrible. Comporta una serie de decisiones que van correlacionadas. Con precios bajos, no gastamos ahora pensando en que mañana aún compraremos más barato. No invertimos hoy.
El error en el que ha caído a menudo España es que se ha buscado la competitividad de la fuerza laboral a base de reducir salarios y sin invertir ni preocuparse adecuadamente por la formación. Las universidades, en general, no estrechan sus lazos con el mundo empresarial, con la calle, no conectan con la realidad que se vive extramuros de las aulas. Los planes de estudios, en ocasiones, se conciben con una preocupante falta de empatía con la sociedad. No sé si dedicamos los esfuerzos necesarios a preparar a nuestra gente para el mundo real. Posiblemente, sigamos pensando en modelos educativos de antaño. Los años de carrera y algún máster y, venga, suficiente como para salir a la calle en busca de trabajo.
Hoy, no cabe ninguna duda, la formación debe ser continuada y exige actualización permanente.

El desastre impositivo de España está provocado por la maraña impositiva que ha propiciado la batalla establecida entre las comunidades autónomas, y que se ha dado a conocer como federalismo tributario.
Y es que, por una parte, cada comunidad hace y deshace respecto a sus competencias en el IRPF —aunque limitadas—, provocando un fenómeno que damos en llamar migración tributaria. Eso implica que uno termine viviendo allí donde paga menos impuestos y de ahí ese flujo que a diario vemos en el AVE.
Por otra parte, la carga de impuestos autonómicos y locales hace la vida imposible al empresariado. De nuevo, la migración tributaria se torna realidad y la localización de nuestras empresas, de ser factible, se decide en función del lugar que brinda más facilidades desde el punto de vista administrativo y del sesgo tributario. Con razón, el FMI alude a las 2.700 barreras autonómicas que impiden que España alce el vuelo. Tanta norma y tanta exigencia fragmentan a España y la hacen mucho menos competitiva que otros países europeos.

La economía española necesita crecer. A tenor de la contabilidad regional correspondiente al período 2010-2014, se observan algunos detalles interesantes.
El PIB en ese quinquenio ha ido recortándose. Como siempre, cabría espetar aquel dicho: mal de muchos, consuelo de tontos. Se podría decir que la economía europea en su conjunto ha pasado por una situación similar, y que esas cosas pasan en las mejores familias. Pero no podemos quedarnos con esa respuesta. No es un buen argumento.
No lo es porque ni Alemania, ni Francia ni tampoco Italia han diezmado su PIB de esta manera. Ergo, tenemos un problema, y recae en la propia composición del PIB.
La estructura porcentual del PIB entre 2010 y 2014, se observa un ligero aumento del sector agrícola, en concreto del ganadero. Y también se percibe un resurgimiento en la industria en general, aunque la manufacturera, que sería crucial para que cobre impulso nuestra economía, está ligeramente a la baja. En 2014, este panorama cambia algo y es bueno pensar que en el futuro lo haga, lo que significará más trabajo también. Empero, el modelo no se modifica. La construcción cede posiciones en ese lustro. El comercio se fortalece y los servicios más o menos van oscilando un poco. No obstante, falta carácter en nuestra economía. La panorámica la ofrece el INE.

• El sector agrario y de pesca en España representa el 2,35%, mientras en Alemania supone el 0,8%.
• La rama industrial en nuestro país es del 15,92% y en Alemania del 25,50%. Aquí está la gran diferencia. La fuerte industrialización germana constituye su motor económico. Eso nos falta a nosotros.
• La construcción en España es del 7,16% y en Alemania del 4,70 %. Empero, en Alemania la construcción no sufre bruscas variaciones como sí ha sucedido sucede en nuestro país.
• Los servicios en España representan el 65,78 % frente al 69% de Alemania. El quid de la cuestión radica en la calidad de los servicios. No es lo mismo concentrar focos de producción económica en hostelería y restauración de low cost y todo incluido que en servicios financieros, actividades aseguradoras, actividades profesionales, científicas y técnicas.
El factor determinante, por tanto, es el peso de nuestra industria, que ha ido retrocediendo. Entre las causas de ese proceso se deben señalar los elevados impuestos; el precio de la energía; las cotizaciones sociales altas; los sustanciales costes financieros; las trabas administrativas y la insolente burocracia. Todos esos factores han constituido un freno, cuando no un plomo para su caída.

La pregunta es si las familias podrán descargarse de tanta y tanta deuda en un periodo corto o a medio plazo. Los más optimistas consideran que el endeudamiento familiar ya vuelve a estar en niveles similares a los de antes de la crisis. Pero eso depende de cómo se observe ese fenómeno.
Con mucho esfuerzo y sacrificio se ha conseguido que la deuda familiar está ahora por debajo de la de 2006 y por encima de la de 2005. Eso sería, en efecto, tiempos de precrisis si bien con alguna que otra diferencia sustancial. En aquellos años el paro estaba en torno al 8 %, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentaba y en 2007 sobrepasaba holgadamente la barrera de los 19 millones de cotizantes, con más de 20,4 millones de personas trabajando y 1,9 millones de desempleados.
Era una época en la que todo crecía: PIB, empleo, salarios, gasto y ¡deuda! Hoy, por el contrario, los crecimientos son datos macroeconómicos y todo hijo de vecino padece los efectos, las secuelas y las incertidumbres de estos tiempos nuevos. Antes, divisábamos el futuro y ahora, oteamos unas neblinas más o menos despejadas, aunque nadie se atreve —salvo embaucadores a ver los árboles de antaño, quizás como cantos de sirena.

La primavera de 2015 se presenta, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la primavera de la verdadera recuperación, la de la consolidación del crecimiento. Pero, siguiendo la idea de las páginas precedentes, nos debemos preguntar, ¿de verdad estamos saliendo de la crisis y caminamos con paso firme hacia nuestra plena recuperación? Y resulta que vemos en el horizonte nubarrones de esos que catalogamos como amenazantes.
Con un paro del orden del 24 %, y más de 5 millones y muchos miles de personas sufriendo la ignominia del desempleo, ¿puede afirmarse que salimos de la recesión? Con un PIB que en 2014 está a una distancia de 58.000 millones de euros del PIB de 2008 y a 17.000 millones del PIB de 2011 —en ambos casos por debajo—, ¿hemos roto definitivamente las cadenas críticas que nos oprimían?.
El sector público ha funcionado mal en España y así sigue haciéndolo. Ha gastado mucho más de lo que ingresa y al calor del boom inmobiliario y del furor del sector de la construcción se confundieron ingresos no recurrentes con ingresos recurrentes, en forma de impuestos, tasas, contribuciones… Nuestro sector público fue engordando; hogaño, apenas adelgaza. Se acometieron inversiones monumentales, ya fuera en vías y estaciones ferroviarias con la excusa del tren de alta velocidad, ya en aeropuertos monstruosos y sobredimensionados, ya en edificios y complejos faraónicos, ya en obras públicas de dudosa utilidad… Digámoslo sin tapujos: ministerios, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, agencias y empresas públicas, otros organismos dependientes de la órbita estatal, fundaciones y otras entidades con vitola pública, se subieron al carro del dispendio y del derroche. Unos, los constructores y compañías auxiliares, cobrando; los paganos, o sea, los contribuyentes, hablando sin rodeos, nosotros, pagando…
Se ha producido una enorme pérdida de ingresos a causa de la pérdida de puestos de trabajo. Las cotizaciones sociales, que recoge la Seguridad Social, decaen. En parte porque hay menos trabajadores en el sistema, pero también porque estos cotizan menos, al cobrar menores salarios. Y los puestos que se crean cotizan menos que los de antes de la crisis, porque son de peor calidad, precarios y con salarios inferiores. Cerca de 8.000 millones de euros se han perdido de cobros por el Estado de resultas de esa transformación.
Si se hubiera mimado mucho más la tragedia del paro, si el Gobierno realmente hubiera puesto toda la carne en el asador para plantar cara a la imparable destrucción laboral que tanto empleo ha destrozado, otro gallo nos cantaría. Porque en ese caso, los ingresos por cotizaciones sociales no hubieran menguado tanto y se hubiera podido plantear no aumentar tanto los impuestos indirectos —penalización a las clases menos favorecidas al tener que pagar por un bien o servicio exactamente lo mismo que aquellos que gozan de mucha mayor potencia económica-.

Las instituciones europeas han tenido un papel crucial en el desarrollo de las políticas económicas en España en los últimos años. Reclamaron reformas y estuvieron pendientes de que se realizaran. Y también ahora siguen insistiendo en que todas ellas se vayan cumpliendo. La Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la llamada troika —ese triunvirato de las tres instituciones o el trineo ruso tirado de tres caballos—, mostraron su gran preocupación por la situación en España en 2010 y 2011. Y en 2013, el 29 de mayo, la Comisión Europea presentaba el decálogo de reformas necesario para encarar una etapa de estabilización económica, que pudiera asegurar la recuperación.
Ese paquete de recomendaciones se concretó en duras políticas de sacrificios y ajustes que todos los ciudadanos hemos sufrido. Todo ello hubiera precisado de un consenso entre administraciones y administrados, pero no hubo la empatía del Gobierno para plantear seriamente los cauces de las reformas. Con ello, lo que se propició es un gran malestar social, que provocó reacciones de descontento y que podría traducirse en el apoyo a nuevas opciones políticas.

La evolución del precio de la electricidad que en los últimos cinco años se ha encarecido en España el 63 %, más que en ningún otro país de la UE. Y eso acontece en una situación de crisis económica de una enorme intensidad y con miles de hogares con unos ingresos mínimos. Irrumpe en España un nuevo fenómeno: la miseria energética.
Es un problema que se había ido salvando a través de vehiculizar en forma de instrumentos financieros, con un cuadro de avales, los déficits acumulados en años precedentes. La solución definitiva al problema del déficit tarifario tenía que llegar y, no obstante, no ha llegado. Tanto la Comisión Europea como el FMI claman por esa solución.
El déficit de tarifa se origina por la diferencia entre los ingresos regulados, donde se encuadran los de transmisión, transporte, primas a energías renovables, y los costes pertinentes. Tales costes son consecuencia de una política energética determinada, en la cual influyen de forma decisiva promesas y compromisos políticos.
La política energética por la que se apostó en España en su día puso el punto de mira en las energías renovables, cosa que se llevó a cabo con algo de antelación y quizá precipitación por cuanto, años atrás, la puesta en marcha de tales energías no había madurado aún. Eso comportó satisfacer unas primas muy elevadas.
El déficit generado remansaba en el balance de las cinco eléctricas encuadradas en UNESA y la solución que se alcanzó fue su titulización, que cuenta con el aval del Estado. Se puso en marcha un mecanismo a guisa de fondo, que es el FADE (Fondo de Aval del Déficit Eléctrico), vendiendo el Gobierno títulos en los mercados, con un tipo de interés establecido, con su aval.
De tal suerte, que el balance de las compañías eléctricas quedaba a resguardo. A partir de 2013, el planteamiento cambia y la cantidad que se baraja de déficit de tarifa es de 3.000 millones de euros que sí se integraría en el balance de las compañías eléctricas, no se titulizaría con el aval del Estado y el sector plantea su amortización en 15 años.
Por un problema de descuadre en la ejecución presupuestaria y con un tope de déficit público comprometido, el Estado no acepta asumir la parte a su cargo del déficit eléctrico que se estima en unos 1.400 millones de euros. Se desata el conflicto con el sector eléctrico y la última subasta del año 2013 marca unos precios desorbitados, interviniendo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), lo que lleva a la suspensión de los precios marcados y a que provisionalmente el Gobierno fije un incremento modesto en el precio de la energía. De lo contrario, los ánimos de la ciudadanía se hubieran crispado en exceso.
Muchas son las explicaciones a ese respecto que se podrían ofrecer. Sin embargo, el modelo de fijación de los precios de la energía en España es realmente embrollado. En palabras llanas, el coste del recibo de la luz incorpora una serie de conceptos que se integran «grosso modo» en dos grandes bloques: el precio de la energía y los peajes que se añaden. La energía recoge el coste de generar la luz que teóricamente se fija en función de cómo se mueve el mercado de generación eléctrica. Los peajes cubren los costes de distribución y subvenciones a las energías renovables, entre otros, y son fijados por el Gobierno.

LA REALIDAD NOS GUSTE O NO ES ESTA Y SE DESGRANA ASÍ:
1. El origen de nuestros males actuales se encuentra en la corriente y vulgarmente llamada crisis económica que en realidad ha constituido y constituye una crisis de deuda, identificada en sus comienzos con una falta de liquidez que devino, acto seguido, en serios problemas de solvencia vinculados a los excesivos endeudamientos contraídos con motivo de costosas adquisiciones de activos, en ocasiones sobredimensionados en cantidades y en precios, dando lugar a capacidades productivas desproporcionadas; eso ocurrió tanto en el sector privado como en el público.
2. No saber, o no querer, reconocer la realidad, la virulencia, la enjundia y las consecuencias de la crisis que estaba germinando, impidió plantear un análisis coherente sobre la misma que explicara dónde y cómo se encontraban el sector público y privado de España, a la vez que nuestro sistema financiero, cuál era el estado real de nuestra economía y nuestras finanzas, cómo y por qué se había llegado a un escenario tan inextricable que evolucionaba a peor, qué impactos se producían y cuáles eran las secuelas susceptibles de darse. Faltó, consiguientemente, en el momento idóneo y oportuno, la formulación, con conocimiento de causa, de un diagnóstico certero sobre los síntomas.
3. La crisis económica, propiamente dicha, vino como consecuencia de unos rápidos crecimientos de los ingresos y de las cifras de facturación, confundiéndose ingresos recurrentes y no recurrentes, plusvalías atípicas y ganancias extraordinarias con ventas e ingresos normales derivados de la actividad, incurriendo en el error de identificar el conjunto de los ingresos como si todos ellos estuvieran tocados por una vitola de sostenibilidad. Simultáneamente, las estructuras de entes públicos y empresas privadas crecieron y sus gastos de funcionamiento, entre los que se encuentran los correspondientes al personal, se multiplicaron.
4. El desproporcionado aumento de las deudas al calor de las pompas crediticias hizo muy accesible el recurso de la financiación bancaria. Los exorbitantes endeudamientos privados multiplicaron los volúmenes de deuda, aplicándose preferentemente a inversiones en activos. Los crecimientos empresariales, en buena parte, eran consecuencia de un fuerte proceso de apalancamiento que iba en detrimento de la independencia financiera y de la solvencia de familias y hogares así como de empresas. Las facilidades crediticias propiciaban incrementos de precios de los activos, en los que se atisbaba una preocupante fiebre inflacionista.
5. Soportamos un elevado paro que ha llegado a superar el 26% de la población activa, situando el número de desempleados en prácticamente 6 millones de personas, atenuada entre finales de 2014 y los primeros meses de 2015 la tasa de paro a casi un 24% y con cerca de 5,5 millones de parados, sin que se observen visos de recuperación ni se tomen por parte de nuestras autoridades medidas activas para relanzar el empleo. Bajo el signo de la incertidumbre, en un ambiente de pesimismo, sin que se cobijen expectativas de reactivación, con una oferta cada vez mayor en el mercado de trabajo y una demanda laboral muy reducida, al calor de unos sueldos que cuando no se estancan sí disminuyen y asistiendo a un proceso de devaluación salarial, será complicado que el consumo privado tire del carro de la economía como lo debiera hacer para hablar de firme recuperación económica.
Otrosí, se abren preocupantes interrogantes sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones debido, en primer lugar, a la evolución del desembolso por pensiones y, en segundo lugar, por la caída en la relación entre cotizantes y pensionistas.
6. Un déficit público que en 2014 es del 5,8% del PIB cifrándose en más de 61.000 millones de euros, manteniendo la tónica deficitaria de los últimos años que eleva a más de 612.000 millones de euros el déficit público acumulado por España entre 2008 y 2014, debe interpretarse en el sentido de que las políticas implementadas sobre nuestras cuentas públicas no resuelven nada salvo castigar a los contribuyentes con cada más cargas y gravámenes.
7. Es indignante la absoluta falta de voluntad política por contener y, más aún, por rebajar el gasto público del conjunto del Estado, exigiendo así un esfuerzo descomunal en materia de impuestos a la ciudadanía.
Se hace imprescindible proceder a un recorte de gasto público que tendría que llevarse a cabo por parte de una autoridad fiscal independiente, tal y como reclama la CE y el FMI, a la vez que estableciendo una filosofía PBC (presupuesto base cero) que cuestione realmente la profusión del gasto público en sus diferentes niveles: administración central, Seguridad Social, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales. Igualmente, sería imprescindible acometer una reforma profunda de las empresas públicas.
8. Hemos de cargar con una imparable deuda pública, con un saldo que excede el billón de euros, que aumenta desde 2007 a 2014 en cerca de 650.000 millones de euros que hoy por hoy resulta impagable, así como un abominable incremento de los pasivos en circulación de las administraciones públicas que de suponer 508.184 millones de euros en 2007 alcanzan la friolera de 1.493.413 millones de euros al cierre del primer semestre de 2014, creciendo en 985.229 millones de euros en el período 2007-2014.
La contundencia de los déficits acumulados en el transcurso de estos años, su cuantía, la ausencia de políticas coherentes y prudentes en nuestras finanzas públicas, provocan una aceleración galopante en el ritmo de crecimiento de la deuda pública para generaciones venideras.
9. Un PIB que muestra de unos años acá una manifiesta falta de fuelle, cayendo de 2008 a 2013 en 58.000 millones de euros, corrobora una economía sin capacidad de reacción en cuanto a su modelo. La fuerte dependencia por parte de nuestra economía en años precedentes del sector de la construcción se traduce en un derrumbe del PIB sin que se atisben a día de hoy sectores que sean capaces de ejercer como tractores de nuestro crecimiento económico.
La calidad del PIB español pone de manifiesto un estancamiento en el sector agrícola, ganadero y pesquero; una caída en la industria; un desplome de la construcción; tenues repuntes en comercio y hostelería, con mayor acento en éste si bien al albur de la coyuntura internacional; y, una caída en los servicios. Hay que saber generar un nuevo modelo económico-productivo que estimule la reindustrialización de España.
10. Tenemos que internalizar el volumen de una deuda privada muy elevada que, en condiciones normales y actuando prudentemente, no podrá incrementarse a medio plazo al tener que seguir con un riguroso proceso de desendeudamiento por parte de familias y hogares, continuando las empresas con el desapalancamiento que sitúe en niveles aceptables sus elevadas cotas de endeudamiento. Será difícil, por consiguiente, que en años venideros se asista a inversiones significativas de tipo doméstico o de carácter empresarial, con lo cual las perspectivas sobre el consumo privado son más bien débiles.
11. La deuda total de España, sumando la privada y pública, sin incluir la de las entidades financieras, asciende en 2014 a 4,065 billones de euros, lo que representa el 384% del PIB. Es harto evidente que el país, durante los próximos años, se ve compelido a rebajar esos volúmenes de deuda tanto por lo que concierne al sector privado como en lo atinente al sector público.
12. Atendiendo al cuadro clínico-económico presente, se antoja tarea ardua la de crear varios millones de puestos de trabajo que sirvan para rescatar a personas en el márgen.
13. Nos encontramos actualmente ante una especie de triángulo del estancamiento, donde sus vértices vienen dados por un paro enquistado, por un sistema productivo que no es capaz de crear empleo en términos estructurales, sino más bien de forma temporal y un tanto precaria, y un consumo privado que supone el 59 % del PIB que se contrae como consecuencia de varias circunstancias entre las que pueden citarse, al margen del paro, el mencionado desendeudamiento de las familias, esforzándose para rebajar sus niveles de deuda, su menor renta disponible, una preocupante pérdida de poder adquisitivo y unas cargas tributarias excesivas. Si no hay consumo, la economía no tira.
14. España, empantanada en la ciénaga de la corrupción, compungida por los escándalos que azotan a la clase política, castigada su ciudadanía por el grado de exigencia de sus obligaciones tributarias por parte de quienes moralmente no están en absoluto legitimados para hacerlo, necesita un brusco cambio de rumbo, un valiente golpe de timón. Nuestros jóvenes huyen de España y quienes aún están acá son conscientes de que su futuro está lejos de nuestra tierra. Esto es lo que ha conseguido una deleznable partitocracia y unos gobiernos que sólo entienden de intrigas y de conjugar compincheos, que ha encumbrado a arribistas y mediocres a puestos de responsabilidad, tejiendo una estructura pública y una industria política insoportable, costeada a cargo de nuestros elevados impuestos y cargas sociales. Si a ello se agrega ese «capitalismo de amiguetes» que facilita a unos cuantos forrarse a costa de todos nosotros, como cuando sale mal algún negocio haciendo apechugar a todos los ciudadanos, los destrozos financieros para el país son gravísimos y con ese paisaje de fondo muy difícil se antoja la firme tarea de recuperación de España.
De no remediarse ese panorama, España, como venimos diciendo de unos años acá, va simplemente a la deriva.

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