Guerras sucias , el mundo es un campo de batalla — Jeremy Scahill

Este es un magnífico libro, bastante extenso en conceptos, yo tardé alrededor de 20 días sobre los tejemanejes de la política estadounidense y del mundo, el libro es impactante y desolador como ser humano. La expansión de las guerras encubiertas de EE.UU., del abuso del «privilegio ejecutivo» y de la protección de los secretos de Estado por parte de la presidencia de ese país, y de la aceptación del uso de unidades militares de élite que no responden de sus actuaciones ante nadie más que ante la Casa Blanca. Donde Obama es algo más que el señor de la guerra más allá del premio Nobel de La Paz. Guerras sucias revela igualmente la continuidad con la que se ha manifestado a lo largo de las diferentes administraciones presidenciales (tanto republicanas como demócratas) un particular modo de pensar desde el que se concibe «el mundo como un campo de batalla».

El Gobierno talibán, que gobernaba en Afganistán desde 1996, fue aplastado por la intervención militar norteamericana, que, de ese modo, privó a al-Qaeda del refugio del que gozaba en suelo afgano. Osama bin Laden y otros líderes de al-Qaeda se dieron a la fuga, pero la administración Bush preveía una guerra larga y esta no había hecho más que empezar.
En la Casa Blanca, el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, andaban ya muy ocupados planificando la siguiente invasión: la de Irak. Cuando accedieron al poder, entre sus planes se encontraba ya el derrocamiento de Sadam Husein y, pese a que no existía conexión iraquí alguna con los atentados, aprovecharon el 11-S como pretexto para impulsar sus propias prioridades. Pero las decisiones tomadas en aquel primer año de la administración Bush iban mucho más allá de Irak, Afganistán o, incluso, al-Qaeda.
En las fases iniciales del programa GST, la administración Bush no encontró apenas obstrucción alguna a su actuación desde las filas del Congreso. Tanto demócratas como republicanos otorgaron una extraordinaria libertad a la administración para que esta procediera con su guerra secreta. Además, la Casa Blanca se negó en alguna que otra ocasión a proporcionar detalles de sus operaciones encubiertas a las comisiones de supervisión pertinentes del propio Congreso y este apenas protestó por las reticencias del ejecutivo en ese sentido. La administración también decidió unilateralmente reducir los miembros de la «Banda de los Ocho» del Congreso a solo cuatro: los presidentes y los miembros inmediatamente siguientes en el escalafón de los comités sobre servicios de inteligencia en la Cámara de Representantes y en el Senado. Estos tienen prohibido comentar con nadie las sesiones informativas en las que se les pone al día de la actuación secreta del ejecutivo, lo que significa en la práctica que el Congreso carecía de capacidad de supervisión alguna sobre el programa GST. Y eso era exactamente lo que Cheney quería.
Las estrategias que alimentaron el ascenso de esa fuerza se convertirían en un modelo para un programa secreto que Rumsfeld terminó construyendo en el Pentágono. Rumsfeld se había limitado a mirar mientras la CIA se erigía en el «macho alfa» de la GGCT bajo la dirección de Cheney, pero estaba decidido a romper con lo que él mismo llamó la «dependencia casi total» del Pentágono con respecto a la CIA y a levantar un telón de acero en torno a las actividades más delicadas y potencialmente conflictivas de la élite suprema de los guerreros estadounidenses. El proyecto fue ideado como una operación de inteligencia paralela a la CIA, pero también como la máquina de asesinato y/o captura más eficaz jamás vista en el mundo: una maquinaria que, por su propia naturaleza, no respondería ante nadie más que el presidente y su círculo de allegados más próximos.

Awlaki era la clásica historia de tantas y tantas personas venidas desde un país lejano en busca de una vida mejor en Norteamérica. Su padre, Nasser Awlaki, era un joven y brillante estudiante yemení que llegó a Estados Unidos con una beca Fulbright en 1966 para estudiar economía agrícola en la Universidad Estatal de Nuevo México. «Leí mucho sobre Estados Unidos cuando solo tenía 15 años —recordaba Nasser en una conversación que mantuvimos—. De niño, mi impresión de EE.UU. cuando era un alumno de Primaria o al empezar la Educación Secundaria era que América era el país de la democracia y de las oportunidades. Estaba loco por estudiar en los Estados Unidos de América.»
Las mezquitas de Awlaki atrajeron a toda una serie de personajes que terminaron convirtiéndose en terroristas, pero es difícil determinar el grado de conocimiento por parte del propio Awlaki de quiénes eran esas personas y qué estaban tramando. Y si examinamos las vivencias y las declaraciones de Awlaki durante ese periodo, el misterio se ahonda aún más. Lo que hubo a puerta cerrada entre Awlaki y las autoridades federales estadounidenses en los meses posteriores al 11-S y lo que se reveló públicamente a raíz de los contactos entre Awlaki y los medios de comunicación norteamericanos durante la misma época conforman un relato estrambótico, repleto de contradicciones. Era como si Anwar Awlaki estuviera llevando una doble vida.
El 11-S ha sido un ataque contra la civilización norteamericana. Nos han dicho que ha sido un ataque contra la libertad estadounidense, contra el estilo de vida americano —declaró entonces Awlaki—, pero este no ha sido un ataque contra nada de eso. Ha sido un ataque contra la política exterior de Estados Unidos».

Shultz caracterizó a las fuerzas de operaciones especiales como un elemento inoperante, maniatado por las altas instancias militares y por los altos cargos civiles, que preferían lanzar misiles de crucero y enfrentarse a Bin Laden a sus huestes terroristas pretendiendo imponer el cumplimiento de la ley más escrupuloso posible. El temor al fracaso de las misiones o a la humillación resultante, combinado con la preocupación por violar las prohibiciones vigentes sobre los asesinatos como método o por matar a personas inocentes tratando de dar caza a las culpables, allanaron el camino al 11-S, en opinión de Rumsfeld. La estrategia del nuevo secretario de Defensa se resumía en un principio básico: quería que los mejores verdugos que Estados Unidos tenía a su servicio se encargaran de matar a los enemigos de Estados Unidos allá donde estos residieran.
Shultz comenzó a dar cuenta a altos cargos del Pentágono de sus conclusiones y recomendaciones precisamente en el mismo momento en que Estados Unidos iniciaba su guerra global.

La Yihad Islámica, el movimiento de Aiman al-Zawahiri, el médico egipcio que ascendió hasta convertirse en el número dos de Bin Laden, tenía en Yemen la base de una de sus mayores células durante los años noventa. Pero era evidente que, para Saleh, al-Qaeda no era una amenaza importante. Si acaso, veía los yihadistas como posibles (y oportunos) aliados ocasionales que podía utilizar para sus propios objetivos en la política nacional yemení. A cambio de garantizarles libertad para desplazarse y entrenarse en Yemen, Saleh pudo reclutar los servicios de los yihadistas que combatieron en Afganistán para que le ayudaran en su particular batalla contra los secesionistas del sur y, más tarde, contra los rebeldes de al-Huti (chiíes) en el norte. «Eran los matones a los que Saleh recurría para controlar a los elementos problemáticos. Tenemos multitud de ejemplos de casos en los que Saleh utilizó a esa gente de al-Qaeda para eliminar a oponentes al régimen».
La consecuencia de esa relación fue una considerable expansión de al-Qaeda durante la década de los noventa, pues Yemen le sirvió de terreno de cultivo propicio para la instalación de sus campos de entrenamiento y para el reclutamiento de sus yihadistas. Durante la administración Clinton, esa relación simbiótica apenas hizo saltar ninguna alarma en el radar del antiterrorismo estadounidense más allá de un reducido número de funcionarios especializados —principalmente del FBI y la CIA— que se dedicaban a hacer un particular seguimiento del auge de al-Qaeda.

El letal ataque del drone estadounidense en Yemen y la construcción de la base en Yibuti presagiaban una era de «acción directa» a cargo de las fuerzas antiterroristas estadounidenses en la región. «Ni que decir tiene que hace un año no estábamos aquí —dijo Rumsfeld en el Campamento Lemonnier—. Sospecho, sin embargo, que si miramos a uno, dos, tres o cuatro años vista, veremos que estas instalaciones seguirán estando donde están ahora.» Además de las fuerzas militares convencionales de Estados Unidos que se iban acumulando en torno a Yemen y al Cuerno de África, un nutrido contingente de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos fue desplegado discretamente por entonces en Catar y Kenia. Estas fuerzas se encontraban en estado de alerta para realizar más incursiones clandestinas en Yemen y en su vecino de la orilla opuesta del golfo de Adén, Somalia. Aunque la CIA llevaría la voz cantante en muchas de las futuras operaciones estadounidenses en la región, aquel fue un momento clave en el ascenso de las fuerzas estadounidenses de operaciones especiales (y, en particular, del JSOC) a una posición de influencia sin precedentes dentro del aparato de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Al final, ante las fuertes presiones del equipo de Cheney y de la oficina de Feith, el informe final de la Comunidad de Inteligencia estadounidense incluyó «informes de inteligencia cuestionables», según una investigación del Senado federal, que se ajustaban a la decisión política de invadir Irak que la administración ya había tomado de antemano. Feith presentó más adelante un informe clasificado ante el Comité Selecto sobre Inteligencia del Senado. El Weekly Standard obtuvo una copia del memorando y lo presentó como prueba de una conexión irrefutable entre al-Qaeda y el régimen iraquí. El memorando de Feith, según el autor de aquel reportaje, Stephen Hayes, demostraba que «Osama bin Laden y Sadam Husein habían mantenido una relación operativa desde comienzos de los años noventa hasta 2003». Hayes afirmaba sin rodeos que «ya no hay discusión posible sobre el hecho de que el Irak de Sadam Husein colaboró con Osama bin Laden y con al-Qaeda para conspirar contra los estadounidenses». La campaña de presión concentrada de Cheney sobre la CIA y otras agencias de inteligencia, unida a las sesiones informativas de Feith, formarían la base de los dudosos argumentos con los que finalmente se justificaría y se materializaría la invasión de Irak.

Las luchas fratricidas entre el FBI y la CIA se estaban tornando insostenibles. A algunos miembros del personal del FBI les repugnaban por extremas las tácticas empleadas por los interrogadores de la Agencia. Otros, como Rumsfeld y Cheney, creían que la CIA no estaba yendo suficientemente lejos y que se encontraba constreñida en exceso por sus obligaciones de mantener al corriente de sus operaciones a los comités del Congreso competentes. En diciembre de 2002, el director de la CIA, George Tenet, presumió de que Estados Unidos y sus aliados habían apresado ya a más de tres mil sospechosos de actuar para al-Qaeda o de colaborar con dicha red, en más de un centenar de países, pero, a pesar de tales proclamas, el juego no había hecho más que empezar. El ardor inmediatamente posterior al 11-S, que había permitido que las operaciones del «lado oscuro» patrocinadas por Cheney procedieran viento en popa sin prácticamente cuestionamiento alguno del Congreso ni de los medios de comunicación, se estaba enfriando. Periodistas y abogados se atrevían ya a fisgonear. Varios congresistas empezaban a hacer preguntas al respecto. Se hablaba de la existencia de “prisiones secretas”.
El programa SERE se creó para familiarizar a los soldados, los marinos y los aviadores militares estadounidenses con la gama completa de torturas que «una nación totalitaria y perversa, sin la más mínima consideración por los derechos humanos ni la Convención de Ginebra», podía aplicarles si los capturaba. En la instrucción del SERE, los soldados eran sometidos a un régimen infernal de tácticas de torturas tomadas de las técnicas empleadas por las dictaduras y los terroristas más sanguinarios. Durante el adiestramiento, los soldados podían ser raptados de sus barracones, apaleados, encapuchados, encadenados e introducidos en furgonetas o trasladados en helicópteros. Se les podía someter a ahogamientos simulados (waterboarding), se les podía azotar a bastonazos, se les podía estampar la cabeza contra la pared. A menudo, se los privaba de comida y sueño, y eran objeto de tortura psicológica. «En la escuela del SERE, las “técnicas de interrogatorio mejoradas” son los métodos de tortura del enemigo».
Rumsfeld y Cheney estaban empezando a cimentar y agrandar la infraestructura dirigida a librar una guerra global de la que no tuvieran que rendir cuentas ante nadie, y el JSOC sería su arma más preciada. Necesitaban un general «echado para delante», con los arrestos necesarios para dirigir su guerra secreta. Y lo encontraron en la persona del general Stanley McChrystal, ranger del ejército de los Estados Unidos.
Tras el 11-S, no había más de dos docenas de nombres en la lista estadounidense de objetivos de operaciones de búsqueda y asesinato. Desde que McRaven se hizo cargo de esas labores, la lista no dejó de crecer año a año. Tras ayudar a construir la estructura necesaria para que el JSOC pudiera lanzar sus operaciones de «caza al hombre» a escala global, McRaven sería el encargado de desplegarla e implementarla. «Tres son las personas que de verdad mejoraron las fuerzas de operaciones especiales y que pueden atribuirse gran parte del mérito de lo mucho que se han desarrollado desde 2001 —me comentó Exum—. Y para mí serían Bill McRaven, Stan McChrystal y Mike Flynn.»

La insurgencia era mucho más compleja de lo que las autoridades de Washington (y del Pentágono, en particular) estaban dispuestas a admitir públicamente. Pero, aun así, no modificaron la decisión de seguir considerando a todos los insurgentes como objetivos de las fuerzas estadounidenses, sin establecer diferencias entre ellos. Lejos de recapacitar, las autoridades ordenaron redoblar los esfuerzos de sus tropas en la misma dirección. «Si ves que se está empezando a formar una insurgencia incipiente, no tienes que ser ningún genio para darte cuenta de que sacando a rastras a la gente de sus casas en plena noche (sobre todo, si se hace sin comunicar a los vecinos por qué se está sacando a aquella persona a rastras de su casa en plena noche), no es difícil darse cuenta, digo, de que con eso puedes estar alimentando tensiones y exacerbando factores de conflicto —me dijo Exum—. Yo creo que eso fue probablemente lo que sucedió en 2003.»
Rumsfeld no lo veía así. Él quería arrasar a la insurgencia y decapitar su cúpula dirigente. Y dejó en manos de McChrystal el idear un sistema con el que alcanzar esos objetivos.

Afganistán, Irak y Pakistán, 2003-2006. Al igual que en Irak, también en Afganistán el JSOC dirigía sus propias operaciones de detención y filtrado de prisioneros y mantenía una lista de personas que quería matar o capturar. Conocida como la Lista Conjunta de Efectos Priorizados (JPEL, según sus siglas en inglés), los primeros en figurar en ella fueron los líderes de los talibanes y de al-Qaeda, pero, en años subsiguientes, a medida que la insurgencia se fue afianzando en Afganistán, su nómina se incrementaría hasta incluir más de dos mil nombres. Y del mismo modo que el JSOC había quedado atrapado en Irak en una vorágine de órdenes de eliminación de objetivos que, por la propia dinámica de regeneración y aumento constantes de la lista de «insurgentes», se estaba volviendo interminable, en Afganistán terminó envuelto en una guerra de guerrillas en la que los más poderosos guerreros de Estados Unidos combatían contra oponentes locales que nunca antes habían tenido ningún vínculo serio con al-Qaeda ni con los talibanes.
Anthony Shaffer, el agente y oficial de inteligencia de la Defensa, había llegado a Afganistán en julio de 2003 como miembro de la célula de localización de dirigentes que tenía encomendada la búsqueda de líderes de al-Qaeda y de los talibanes, así como del movimiento extremista Hezbi Islami Gulbudin (HIG), vinculado a al-Qaeda.
El nombre del JSOC surgió con cierta frecuencia en varias de las historias sobre Blackwater a las que traté de seguir el hilo. Cuando empecé a investigar la que se estaba convirtiendo en una guerra encubierta cada vez más global, recibí una comunicación por vía electrónica de un hombre que me podría ayudar a entender mejor todo aquel hermético mundo. Al principio, cuando iniciamos nuestras comunicaciones, yo recelaba bastante de él. Alguien había pirateado mi ordenador muy poco tiempo atrás y, de resultas de ello, había recibido una serie de llamadas telefónicas y correos electrónicos amenazadores relacionados con mi trabajo sobre Blackwater y el JSOC.
Se presentó como un estadounidense patriota que creía en la importancia de la «guerra global contra el terror», pero que se sentía profundamente preocupado por el papel que Blackwater estaba desempeñando en ella. Había leído mi libro sobre aquella empresa, me había visto por la tele y decidió ponerse en contacto conmigo. Inicialmente, no dijo nada acerca del JSOC. Solo hablamos de Blackwater. Cuando trataba de presionarle un poco más para que me explicara su propio papel en diversas guerras estadounidenses, él cambiaba de tema o daba unas descripciones tan poco definidas de lo que había hecho que podían haber sido de alguien encuadrado en casi cualquiera de las unidades de las fuerzas armadas.
La mentalidad, según dijo Hunter, era: «El mundo es un campo de batalla y nosotros estamos en guerra. Por lo tanto, los militares podemos ir adonde nos plazca y hacer lo que creamos que tenemos que hacer para cumplir con los objetivos en materia de seguridad nacional de cualquiera que sea la administración que esté en el poder en ese momento».

En un cable diplomático estadounidense a propósito de la liberación de Awlaki, se elevaba a Anwar a la categoría de «jeque» y se hablaba de él como «el presunto consejero espiritual de dos de los secuestradores del 11-S». En el cable se añadía que ciertos «contactos» en el Gobierno yemení contaron a varias autoridades estadounidenses que «no disponían de pruebas suficientes para acusar formalmente [a Anwar] y no podían seguir reteniéndolo ilegalmente». Unos años después, el Gobierno estadounidense utilizaría aquel encarcelamiento de Awlaki como una prueba más de que llevaba tiempo involucrado en tramas terroristas contra Estados Unidos. Sin proporcionar documento alguno que apoyara aquella afirmación, el Departamento del Tesoro estadounidense llegó a sostener incluso que Awlaki había sido «encarcelado en Yemen en 2006 acusado de haber organizado secuestros para la obtención de rescates y de [haber estado] implicado en un complot de al-Qaeda para secuestrar a una autoridad estadounidense, pero fue excarcelado en diciembre de 2007 y, acto seguido, se ocultó en paradero desconocido en el propio Yemen».
En 2001, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, Wahishi luchó en la famosa batalla de Tora Bora y, acto seguido, huyó a Irán, donde fue arrestado y estuvo recluido dos años antes de ser entregado a Yemen en 2003. Jamás se le acusó formalmente de delito alguno. Tras su huida de la prisión yemení, transformó al-Qaeda en Yemen y la convirtió en una organización regional —en vez de nacional—, la llamada «Organización al-Qaeda de la Yihad en el Sur de la Península Arábiga», que sería la que finalmente se conocería como AQPA. Bajo el liderazgo de Wahishi, al-Qaeda en Yemen «empezó a hacerse notar mucho más, a estar mejor organizada y a ser más ambiciosa que nunca antes», afirmaba Johnsen por entonces. Wahishi «reconstruyó por completo la organización». Que al-Qaeda hubiera vuelto a la actividad era algo que le iba bien a Saleh, porque obligaba a norteamericanos y a saudíes a tratar con él y, lo que era aún más importante, a financiar y a armar a su régimen. Pero el JSOC se impacientaba cada vez más con Saleh y pronto comenzaría a extender su ámbito de operaciones al interior mismo de Yemen, con permiso del presidente de ese país o sin él.
Tras años durante los que se le había ordenado centrar la mayor parte de sus recursos en Irak, el JSOC estaba teniendo por fin su oportunidad de atacar de forma más organizada en territorio de Pakistán. Al final, parecía demostrarse que el proyecto de transformación del mundo en un campo de batalla por el que tanto se había guiado Rumsfeld en su labor como secretario de Defensa se estaba convirtiendo en una realidad más consolidada tras su marcha del cargo que durante su ejercicio del mismo. Su salida del Pentágono marcó el comienzo de una era en la que el eje de la actuación de las más potentes fuerzas estadounidenses «del lado oscuro» giraría alejándolas de Irak y acercándolas a las guerras crepusculares de Estados Unidos en el sur de Asia, África y más allá.

Estados Unidos, 2002-2008. Barack Obama es un profesor de derecho constitucional, formado en universidades de la prestigiosa Ivy League, que ha seguido una carrera política cuidadosamente planificada. En octubre de 2002, cuando era senador del estado de Illinois, Obama expuso una postura con respecto a la entonces inminente guerra de Irak que prefiguraba la que sería la visión en materia de política exterior expresada posteriormente como candidato presidencial. «No estoy en contra de todas las guerras —declaró Obama entonces—. De lo que sí estoy en contra es de la guerra estúpida. Estoy en contra de la guerra precipitada. Estoy en contra del cínico intento de […] esos guerreros de salón, los guerreros de fin de semana que ocupan puestos en esta administración, de hacernos tragar sus programas ideológicos sin que les importen los costes en vidas y en penurias que eso conlleve.»
«Seamos la generación que jamás olvide lo que sucedió aquel día de septiembre y enfrentémonos a los terroristas con todo lo que tenemos —dijo Obama en el discurso de anuncio de su candidatura—. Podemos trabajar unidos para dar con los terroristas si contamos con unas fuerzas armadas más fuertes, podemos estrechar el cerco en torno a sus finanzas y podemos mejorar nuestras capacidades en materia de obtención y procesamiento de información de inteligencia.»
Los discursos de campaña de Obama se centraron a menudo en el propósito de poner fin a la guerra en Irak, pero el futuro presidente también manifestó en ellos una elaborada postura de línea dura en lo referente a los ataques unilaterales estadounidenses, un plan para el que iba a necesitar una importante participación del JSOC y la CIA. Tras su investidura, Obama formó un equipo de política exterior compuesto por demócratas de la línea dura, entre ellos, su vicepresidente, Joe Biden, y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, ambos partidarios en su momento de la invasión de Irak de 2003. Susan Rice fue nombrada embajadora de EE.UU. en las Naciones Unidas y Richard Holbrooke fue designado para encabezar el frente civil del plan de Obama para expandir la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Todas estas figuras acumulaban un largo historial de apoyo a las intervenciones militares, a las políticas económicas neoliberales y a una visión del mundo congruente con la trayectoria que la política exterior norteamericana había venido trazando desde los tiempos de la presidencia de George Bush padre hasta la actualidad. Obama también mantuvo en su cargo al Secretario de Defensa de Bush hijo, Robert Gates; nombró a un veterano de la CIA como John Brennan alto asesor presidencial en materia de antiterrorismo y seguridad interior, y eligió al general James Jones como consejero de seguridad nacional.
Cuando Obama apenas acababa de llegar a la Casa Blanca, Dick Cheney le acusó de ir camino de «derogar muchas de las políticas que pusimos en marcha y que mantuvieron a nuestra nación protegida durante ocho años frente a un nuevo ataque terrorista como el del 11-S». Cheney se equivocaba. Si algo iba a hacer Obama durante los años siguientes en ese sentido, iba a ser más bien garantizar que muchos de dichos programas y proyectos se convirtieran en instituciones afianzadas en la política de la seguridad nacional estadounidense, indiscutidas por ninguno de los dos grandes partidos. Que esas políticas hayan mantenido protegidos a los estadounidenses (o hayan disminuido en realidad su seguridad) es ya otra cuestión.
Obama heredó de Bush un programa de ataques con drones en plena escalada. Las acciones en Pakistán se habían intensificado durante los meses finales de 2008. Justo antes de que Obama ganara las elecciones, Bush había «alcanzado un acuerdo tácito para permitir que [los ataques con drones] continuaran sin participación paquistaní». La política estadounidense hasta entonces había consistido en informar a Pakistán de los ataques cuando estos estaban ya en marcha o unos minutos después de que se hubieran llevado a cabo. El presidente Obama aprobó aquel cambio, que conllevó un aumento de la actividad de los drones, y «respaldó sin reservas el programa de acciones encubiertas».
A comienzos de 2009, la administración Obama se vio metida en un complicado aprieto con el presidente Saleh. Obama había prometido en campaña cerrar Guantánamo y había firmado una orden ejecutiva decretando ese cierre. Casi la mitad de los más de doscientos prisioneros recluidos en el campamento cuando Obama accedió a la presidencia eran de Yemen.
La administración Obama incrementó el número de instructores de las fuerzas estadounidenses de operaciones especiales presentes en Yemen. «Ellos [los yemeníes] recibían entrenamiento gratuito de la élite de la élite de las fuerzas armadas estadounidenses: los mejores de los mejores —me comentó el ya mencionado ex asesor de un comandante de operaciones especiales—. Son los chicos de “asesoramiento y asistencia”, dirigidos principalmente por el DEVGRU. Su labor consiste en enseñar a volar cosas por los aires y a pilotar helicópteros y a efectuar incursiones nocturnas, y son muy buenos en ello.» Pero, al tiempo que se expandían la instrucción y el entrenamiento, también lo hacían las operaciones unilaterales, encubiertas y letales del JSOC.

El papel del Gobierno de Estados Unidos en los ataques en Yemen no se reveló a través de filtraciones, pero estaba claro quién tenía la última palabra. En medio de las instancias del parlamento yemení para que se diesen explicaciones sobre la masacre de al-Majalah, el viceprimer ministro Alimi empezó a hacer circular una versión «actualizada» de la historia: «Las fuerzas de seguridad yemeníes llevaron a cabo las operaciones con la ayuda de inteligencia de Arabia Saudí y de los Estados Unidos de América, que nos apoyan en nuestra lucha contra el terrorismo». Aunque cercana a la verdad, esta versión de los hechos también era falsa. «Fue un ataque con misiles de crucero en combinación con unidades militares sobre el terreno —aseguró Sebastian Gorka, un instructor del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos que había entrenado a las fuerzas yemeníes—. Fue una señal muy clara de la administración Obama de su compromiso por ayudar a Yemen a eliminar las instalaciones de al-Qaeda en su territorio. Y fue ejecutado por Estados Unidos, aunque con un fuerte apoyo por parte del Gobierno de Yemen.»
Según algunos altos militares y funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses, durante la ofensiva por tierra que siguió al ataque del 17 de diciembre en Arhab, cerca de Saná, las fuerzas de operaciones especiales yemeníes en colaboración con el equipo del JSOC encontraron a alguien que creían un superviviente aspirante a terrorista suicida de al-Qaeda y que todavía llevaba puesto su chaleco explosivo. Fue detenido e interrogado, aportando lo que Estados Unidos consideraba datos de inteligencia procesables. Una semana después del mortal ataque aéreo a Abyan y de las incursiones en tierra cerca de Saná, el presidente Obama firmó otro nuevo ataque, basado en parte en la información proporcionada por aquel prisionero en la operación de Arhab. Esta vez el objetivo era un ciudadano americano.

Durante los dos primeros años de la administración Obama, la política exterior de Estados Unidos se centró en gran medida en Afganistán e Irak, y en la controversia sobre el campo de prisioneros de Guantánamo, pero en 2010 Somalia se estaba convirtiendo en una importante área de preocupación. El JSOC había llevado a cabo un puñado de operaciones en el país, sobre todo la que mató a Saleh Alí Saleh Nabhan, el jefe de al-Qaeda en África oriental. Pero a medida que Estados Unidos intensificaba sus ataques, al-Shabab parecía mostrar un atrevimiento mayor. Cada semana, el grupo abarcaba más territorio. Al-Shabab controlaba la mayor franja de tierra en poder de cualquier filial de al-Qaeda en el mundo. En el Índice de Riesgo de Terrorismo Global de Maplecroft del año 2010, Somalia recibió el dudoso honor de ser nombrada la capital mundial del terrorismo, con 556 terribles ataques terroristas entre junio de 2009 y junio de 2010, que mataron a 1.437 personas. La retórica de la Casa Blanca contra al-Shabab empezó a ser marcadamente más belicosa, y Obama emitió la Orden Ejecutiva 13536 declarando una «emergencia nacional para hacer frente a la amenaza [en Somalia]. Entre las más graves preocupaciones identificadas por la comunidad antiterrorista de Estados Unidos estaba el tema de los combatientes extranjeros, y en particular los americanos que habían sido utilizados como terroristas suicidas.
El 5 de agosto de 2010, el fiscal general Eric Holder anunció la desclasificación de los cargos de catorce individuos acusados de apoyar materialmente a al-Shabab. «Estas acusaciones y arrestos en Minnesota, Alabama y California arrojan luz sobre un hilo mortal que recorre distintas ciudades estadounidenses, que ha aportado financiación y combatientes a al-Shabab —afirmó Holder—. Aunque se están realizando investigaciones por todo el país, las detenciones y los cargos deben servir como una advertencia inequívoca a quienes estén considerando unirse o dar apoyo a grupos terroristas como al-Shabab: si eligen esta ruta acabarán entre rejas en Estados Unidos o heridos en el campo de batalla en Somalia.» Muchos vecinos de Mogadiscio comenzaron a comentar la presencia de aviones de vigilancia que sobrevolaban regularmente la capital.
La administración Obama intensificaba sus operaciones. Pero, al-Shabab también hacía lo mismo.
El 22 de agosto de 2010, al-Shabab lanzó lo que el Grupo de Supervisión de la ONU para Somalia y Eritrea llama «la campaña militar más importante desde mayo de 2009». El jeque Rage celebró una conferencia de prensa el 23 de agosto para anunciar una «guerra masiva» para acabar de una vez por todas con el Gobierno somalí respaldado por Estados Unidos.

Después de que el cuerpo de Bin Laden fuera trasladado a Bagram y se tomaran más muestras de ADN, viajó en helicóptero al mar Arábigo, donde acabó a bordo del USS Carl Vinson. «Se siguieron los procedimientos tradicionales para realizar un entierro islámico», decía un correo electrónico enviado el día 2 de mayo desde el Carl Vinson por el contraalmirante Charles Gaouette a Mullen y otros funcionarios militares: «El cadáver del difunto se lavó (se le realizaron las respectivas abluciones) y luego se le vistió con un sudario blanco. El cuerpo fue colocado en una bolsa con lastre. Un oficial militar leyó los comentarios religiosos preparados a la sazón, que fueron traducidos al árabe por un hablante nativo. Después de decir estas palabras, el cuerpo fue colocado en una tabla plana preparada para tal efecto, desde la que el cadáver del difunto se deslizó hacia el mar».
Awlaki podía haber escapado, pero Estados Unidos no le quitaba ojo. «El Gobierno de Estados Unidos lleva atacando a al-Awlaki desde hace algún tiempo, [y] el ritmo de las operaciones ha ido en aumento», afirmó Fran Townsend, un antiguo alto funcionario de la administración Bush. «Uno debe pensar que tenían un plan en marcha para atacar a toda la cúpula [de al-Qaeda], que, si podían, el ataque con drones contra al-Awlaki iba a estar coordinado con la operación contra Bin Laden, con lo que iban a enviar un mensaje muy claro, el de que todos los líderes de al-Qaeda serían atacados allí donde estuvieran.»
Nasser Awlaki no lograba contactar con su hijo, pero había oído decir a algunos intermediarios que Anwar seguía vivo. Sabía que, habiendo fracasado una vez más en su misión de encontrarle y de darle muerte, Estados Unidos estaría más decidido que nunca a terminar el trabajo. Vio las noticias internacionales sobre la incursión contra Bin Laden y escuchó cómo los comentaristas, los expertos y los altos funcionarios estadounidenses comparaban a su hijo con el líder de al-Qaeda e incluso sugerían que Awlaki le sucedería como líder. «Han matado a Bin Laden y ahora van a por mi hijo».

Yemen, finales de 2011. Mientras la administración Obama se vanagloriaba por el éxito de la muerte de Bin Laden y el JSOC y la CIA se iban acercando a Anwar Awlaki, en los países árabes las revueltas se iban extendiendo. Tres semanas después de la incursión de Abbottabad, en Yemen el Gobierno del presidente Alí Abdalá Saleh se encontraba al borde del colapso. Las protestas iban creciendo y el presidente Saleh había quemado casi todas las cartas que tenía para mantener de su lado a los estadounidenses. Le había dado a la maquinaria antiterrorista de Estados Unidos vía libre para bombardear Yemen. Les había abierto las puertas para que llevaran a cabo una guerra no del todo encubierta. Pero a medida que su control se iba debilitando, AQPA vio una oportunidad para sembrar el caos. En el verano de 2011, las unidades antiterroristas de élite apoyadas por los Estados Unidos fueron apartadas de la lucha contra AQPA para defender al régimen de su propio pueblo.1 En el sur de Yemen, donde AQPA tenía una mayor presencia, los muyahidines trataban de ganar la partida a un estado en plena implosión cuyos líderes se habían ganado la reputación de corruptos, ya que no lograban proporcionar a la ciudadanía ni bienes ni servicios básicos.
El 27 de mayo de 2011 varios cientos de combatientes sitiaron Zinjibar —a cincuenta kilómetros al noreste de la ciudad sureña de Adén, de gran importancia estratégica—, mataron a varios soldados, expulsaron a los funcionarios locales y tomaron el control de la localidad en solo dos días. ¿Quiénes era exactamente estos extremistas? Eso fue motivo de cierta controversia. Según el Gobierno de Yemen, eran agentes de AQPA, pero lo cierto es que los extremistas que tomaron la ciudad no decían pertenecer a AQPA. En vez de eso, se definían a sí mismos como un grupo nuevo, Ansar al-Sharia, o los partidarios de la sharia. Las mayores autoridades yemeníes me dijeron que Ansar al-Sharia era simplemente un subterfugio de al-Qaeda.

A pesar del papel cada vez mayor de la CIA y el JSOC y del recurso de acudir a señores de la guerra convertidos ahora en generales o a empresas de mercenarios, la mayor victoria táctica conseguida en los últimos años en Somalia no correspondió a la AMISOM, ni a la CIA, ni al JSOC, ni a ninguna de las fuerzas indígenas respaldadas por los estadounidenses, sino a los miembros de una milicia que formaba parte del caótico ejército local del Gobierno somalí. Y sucedió por pura casualidad.
La historia de Somalia se ha visto afectada por la violencia extrema y la división social. Pero el país también ha mostrado una capacidad de unirse ante la intervención extranjera. Aunque al-Shabab podía ser ahora un movimiento sumamente debilitado, las condiciones que lo llegaron a convertir en un Frankenstein seguían vigentes. La política de Estados Unidos desde 1991 hasta el primer término de la administración Obama se definió por conseguir la continuidad de los señores de la guerra y que Somalia siguiera siendo un caldo de cultivo para los yihadistas violentos y un permanente objeto de interés para al-Qaeda. Juntos, Bush y Obama lograron hacer retroceder el reloj de la historia hasta la época en que las tropas estadounidenses se retiraron de Somalia después del incidente del Black Hawk derribado y abandonaron el país, dejándolo a merced de los mafiosos y los señores de la guerra. A partir de ahí, la realidad infernal de Somalia empeoró aún más. Sin embargo, a finales de 2011 la administración Obama había establecido una nueva base de aviones no tripulados en Etiopía, además de las que ya tenía en las Seychelles y en Arabia Saudí.

En el caso de Awlaki, el objetivo no había sido acusado ante un tribunal de Estados Unidos ni se enfrentaba a cargos conocidos. ¿Cómo podría haberse rendido? Ya puestos, ¿a quién iba a rendirse? «Esas preguntas han quedado claramente colgando de un hilo, sin respuestas», me reveló Wyden.
Giraldi, el ex agente de la CIA, etiquetó aquella muerte de «asesinato». Había revisado la información pública disponible sobre el tema y lo que el Gobierno alegaba que Awlaki había hecho. «A mi entender —me comentó entonces Giraldi—, nada de eso equivale a una sentencia de muerte. Aunque andan diciendo, “Vale, hay más, pero resulta que es secreto”. Y, por supuesto, eso es lo que hacen siempre si hay un problema en los tribunales, te dicen que en realidad cualquier pregunta va contra el secreto de Estado. Así que estamos ante una situación en la que se mata a gente, pero no se sabe cuáles son las pruebas y no hay manera de saberlas.»
Nasser Awlaki creía que las fuerzas de seguridad estadounidenses y yemeníes pudieron haber arrestado a Anwar, pero que no querían verlo ante un tribunal y darle la oportunidad de presentar su defensa. También es posible que Estados Unidos no quisiera brindar a Awlaki una plataforma para difundir su mensaje de un modo más amplio. «Creo que lo querían matar sin hacerle un juicio, porque pensaban que era un objetivo militar legítimo —me reveló Nasser—. ¿Cómo es que a Umar Farouk, que intentó volar un avión, y a Nidal Hasan, que en realidad mató a varios soldados, se les dio un juicio justo, mientras que mi hijo no tuvo ese juicio justo?»
Si bien se oponían a la muerte de Anwar y creían que Estados Unidos había exagerado sus afirmaciones acerca de su relación con al-Qaeda, Nasser me reveló que la familia comprendía por qué lo habían matado. «Mi hijo creía en lo que hacía —dijo Nasser—, pero estoy muy apenado y decepcionado por el asesinato, por el brutal asesinato de mi nieto. Él no hizo nada en contra de Estados Unidos. Él era ciudadano estadounidense. Tal vez un día no muy lejano habría ido a Estados Unidos para estudiar y vivir allí, y lo mataron a sangre fría.»
La CIA alegó no haber llevado a cabo el ataque, afirmando que el supuesto objetivo, Ibrahim Banna, no estaba en la lista negra de la Agencia, lo cual avivó la especulación de que la acción que mató a Abdulrahman y sus familiares fue en realidad un ataque del JSOC. Altos funcionarios estadounidenses dijeron al Washington Post que «las dos listas de objetivos a abatir no coinciden, pero ofrecen explicaciones contradictorias de por qué se hacen las cosas como se hacen». Los funcionarios agregaron que Abdulrahman había sido una «víctima involuntaria». Un funcionario del JSOC me comentó que el objetivo que se buscaba no habría sido asesinado en el ataque, aunque no llegó a revelar quién podría ser tal objetivo.
Los Awlaki no obtuvieron respuestas de por qué su nieto había sido asesinado. Se preguntaban si de alguna manera el Gobierno de Estados Unidos habría utilizado a Abdulrahman para tratar de encontrar a Anwar. Tal vez, como había sucedido en el pasado, con el asesinato de opositores políticos del régimen yemení, Estados Unidos había recibido falsos datos de inteligencia acerca de la edad de Abdulrahman y sus posibles conexiones con al-Qaeda. Pese a hacer hincapié en no ser proclives a teorías de la conspiración, me dijeron que era difícil imaginar por qué habría muerto Abdulrahman, especialmente si Banna no estaba con él. ¿Quién, entonces, era el objetivo? «Le corresponde al Gobierno de Estados Unidos cerciorarse de la fiabilidad de toda la información que recibe antes de emprender acciones en contra de nadie. Así que no creo que fuera solo un accidente. Deben de haberlo seguido —me comentó Nasser—. Pero quisieron taparlo todo, y por eso dijeron que tenía 21 años, con el fin de justificar su asesinato. O quizás, como han mencionado, solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. —Hizo una pausa antes de añadir—: No creo que podamos aceptar semejante argumento.» Un funcionario anónimo de Estados Unidos le contó más tarde al Washington Post que el asesinato de Abdulrahman fue «una barbaridad». «Iban tras el hombre sentado a su lado.» Pero nadie ha identificado quién podría haber sido ese alguien. A juzgar por lo que sabe la familia, su nieto estaba sentado con sus primos adolescentes, ninguno de los cuales tenía nada que ver con al-Qaeda. «Las decisiones sobre los objetivos de los drones las toman solo las más altas autoridades del Gobierno de Estados Unidos, la CIA y todo eso. ¿Por qué fueron específicamente contra ellos? —se preguntaba Nasser—. Quiero respuestas del Gobierno de Estados Unidos.»
La administración Obama lucharía con pasión por mantener todas esas respuestas en secreto, invocando en varias ocasiones el secreto de Estado, al igual que había hecho el presidente Bush a lo largo de sus ocho años de mandato. Los asesinatos de Anwar Awlaki y de Abdulrahman representan un momento decisivo en la historia moderna de Estados Unidos.

Después de cuatro años como asesor de antiterrorismo de Obama, a Brennan se le conocía en algunos círculos como el «zar del asesinato» por su papel en los ataques con aviones no tripulados estadounidenses y en otras operaciones de asesinatos selectivos.
Cuando, al comienzo de su primer mandato, Obama había tratado de colocar a Brennan al frente de la Agencia, el nombramiento fue rechazado por la controversia creada en torno a su papel en el programa de detenciones de la era Bush. Y cuando el presidente Obama iniciaba su segundo mandato, Brennan ya había creado un «libro de jugadas» para tachar nombres de la «lista de objetivos para eliminar». «El asesinato selectivo es algo tan habitual que la administración Obama ha invertido gran parte del año pasado codificando y racionalizando los procesos que lo sustentan», señalaba el Washington Post.
El equipo antiterrorista de Obama había desarrollado lo que se conocía como la «Disposición Matrix», una completa base de datos con información sobre presuntos terroristas y extremistas, capaz de proporcionar diversas opciones para eliminar o capturar a sus objetivos.
Altos funcionarios del Gobierno preveían que el programa de asesinatos selectivos persistiría «al menos durante una década». Durante su primer mandato, afirmaba el Washington Post, «Obama ha institucionalizado la práctica altamente clasificada de asesinatos selectivos y la transformación ad hoc de los elementos en una infraestructura antiterrorista capaz de sostener una guerra aparentemente permanente».
A principios de 2013 se dio a conocer un «libro blanco» del Departamento de Justicia de Estados Unidos que establecía la «legalidad de las operaciones letales dirigidas contra un ciudadano de los Estados Unidos».
A medida que la guerra contra el terrorismo entraba en su segunda década, se impuso la fantasía de una guerra limpia. Era un mito promovido por la administración Obama, y encontró un público receptivo. Todas las encuestas indicaban que los estadounidenses estaban cansados de los grandes despliegues militares en Irak y Afganistán y de las crecientes bajas que conllevaban. Una encuesta de 2012 reveló que el 83 % de los estadounidenses apoyaba el programa de aviones no tripulados de Obama, con un 77 % de autoconfesados demócratas liberales apoyando dichos ataques. Una encuesta del Washington Post-ABC News determinó que el apoyo a ataques aéreos se reducía «solo un poco» en los casos en que el objetivo era un ciudadano norteamericano.
El presidente Obama y sus asesores rara vez mencionaban públicamente el programa de aviones no tripulados. De hecho, la primera confirmación hecha por el presidente Obama del uso de drones armados llegó cuando llevaba más de dos años en su primer mandato. Y dicha confirmación no tuvo lugar en el contexto de un escrito legal o de una conferencia de prensa, sino durante una charla distendida en Google+.
En el futuro, no solo tendrán repercusiones los precedentes establecidos durante la era Obama, sino también las propias operaciones letales. Nadie puede predecir científicamente las consecuencias futuras de los ataques aéreos, los ataques de misiles de crucero y las redadas nocturnas. Pero, basándome en mi experiencia en varias zonas de guerra sin declarar por todo el mundo, parece claro que Estados Unidos está ayudando a criar una nueva generación de enemigos en Somalia, Yemen, Pakistán, Afganistán y en todo el mundo musulmán. Aquellos cuyos seres queridos murieron en ataques aéreos y ataques con misiles de crucero, o en redadas nocturnas, tendrán una excusa legítima para alzarse.
El programa de aviones no tripulados de Estados Unidos «alienta una nueva carrera armamentista con drones que nos permitirá hacer frente a los rivales actuales y futuros y sentar las bases de un sistema internacional que se vuelve cada vez más violento».
Hoy en día, las decisiones sobre quién debe vivir o morir en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos se toman en secreto, las leyes son interpretadas por el presidente y sus asesores a puerta cerrada y sin conocimiento ni intercesión de nadie, ni siquiera de los ciudadanos estadounidenses. Pero las decisiones tomadas en Washington tienen implicaciones más allá de su impacto en el sistema democrático de control y equilibrio en Estados Unidos.
Cuando Obama inició su segundo mandato, los Estados Unidos estaban una vez más en desacuerdo con el resto del mundo en uno de los aspectos centrales de su política exterior. El ataque de aviones no tripulados en Yemen el día en que Obama juró su cargo fue un poderoso símbolo de una realidad que se había establecido claramente durante sus primeros cuatro años de mandato: el unilateralismo y la excepcionalidad no eran solo los principios de los dos partidos en Washington, sino una institución estadounidense permanente. Si bien se reducían los despliegues militares a gran escala, Estados Unidos había aumentado al mismo tiempo el uso de drones y misiles de crucero y las redadas de operaciones especiales en un número sin precedentes de países. La guerra contra el terrorismo se había convertido en una profecía autocumplida.
La pregunta que todos los estadounidenses deben hacerse a sí mismos sigue siendo dolorosamente la siguiente: ¿cómo termina una guerra como esta?.

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