Miedo y progreso, los españoles de a pie ante el franquismo (1939-75) — Antonio Cazorla

Este es un libro sobre la guerra civil y como siempre en este país un tema delicado por la división de bandos que sigue existiendo, la novela es un recorrido por las miserias de país y el aislacionismo absoluto con respecto a Europa. A mí me parece un libro muy interesante.  El mensaje principal de la dictadura de Franco durante cuarenta años de propaganda fue que había traído la paz y el orden a España. Pero el origen y base del modelo franquista estuvo en la combinación de miedo y hambre o, dicho más claramente, el asesinato de líderes sindicales, la destrucción de organizaciones representati vas y la imposición generalizada del terror y de la opresión socio-económica durante y después de la guerra. Y en los años sesenta, con las políticas macroeconómicas correctas y con los trabajadores controlados, el franquismo garantizó un ambiente positivo para la inversión. Y así pudo tener lugar la óptima explotación del trabajo tanto por el Estado como por el capital privado.

Los primeros problemas se presentan no obstante cuando uno empieza a cuestionar qué eventos son olvidados, y qué personas —aquellas con diferentes recuerdos— no son incluidas en la nostalgia. Recuerdos de esta clase ignoran o minimizan el contexto de terror que la dictadura impuso sobre la sociedad española, se olvidan de las vidas de aquellos en desacuerdo con las políticas del régimen, las de los asesinados, reprimidos de muchas formas o silenciados y, finalmente, las de aquellos que, a causa de su pobreza, fueron condenados a morirse de hambre. Lo bueno y lo malo forman parte del mismo pasado, pero mientras que lo bueno forma parte del derecho a la paz y al progreso —que no fueron exactamente lo que Franco dio a los españoles— que toda persona merece, lo malo, como la violencia y el hambre, forma parte de una injustica que nadie debe sufrir. Por eso lo primero nunca debería ocultar o justificar lo segundo. La falsificación del pasado practicada por el régimen —hoy la llamaríamos su proyecto de memoria histórica— no se obró solo a base de palabras huecas y amenazas, sino también de sólidas, y sin embargo falsas, piedras. El mayor monumento erigido por el franquismo como símbolo de su particular visión de la guerra fue el Valle de los Caídos: un grandioso complejo arquitectónico al norte de Madrid coronado con una gran cruz de 150 metros de altura y que contiene una enorme basílica de 300 metros de longitud. Todo está construido a base de granito, cemento y acero. El proyecto tardó veinte años en completarse, de 1940 a 1959, y llegó a emplear a prisioneros políticos como mano de obra. En el Valle se encuentran los restos de más de 40.000 (puede que hasta 70.000) soldados —la mayoría franquistas pero también republicanos—, aunque las cifras resultan difíciles de calcular con exactitud debido a lo caótico del proceso de recogida de los restos. La inclusión de cadáveres de soldados enemigos, hecha a última hora, pretendió lanzar un mensaje de perdón espiritual condicionado a la sumisión política: pese a haberse dejado arrastrar por los criminales que dirigían entonces la República, la España cristiana de Franco perdonaba a los soldados que, equivocados, combatieron en el lado del mal. Esta «verdad» del dictador se propagó no solo en nuestro país sino también por el mundo, particularmente una vez que la aparición de la Guerra Fría transformó a Franco de tirano fascista en líder cristiano anticomunista. Todos los españoles, por el hecho de serlo y sin consideración a lo que piensen, forman parte de una nación católica distinta de, y mejor que, las demás.
El propio Franco fue enterrado en la basílica en 1975, cerca del líder y fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, quien ostentaba el cargo de Primer Caído entre los sublevados en 1936 y era presentado por extensión como el símbolo del sufrimiento de todos los españoles. Durante décadas, muchos de los actos y ceremonias oficiales del régimen tendrían lugar allí. Pero el Valle era solo la mentira petrificada más importante entre otras muchas. Casi todas las ciudades españolas vieron erigir monumentos franquistas donde las víctimas de la guerra oficialmente reconocidas eran honradas con placas y cruces bajo la inscripción «Caídos por Dios y por España».

No lejos de Camargo existe una zona desolada llamada Peñas Negras donde resuenan aún los recuerdos de un pasado siniestro: fue lugar habitual de ajusticiamientos nocturnos y paralegales. En cierto modo, es un microcosmos de lo que pasó en España a partir de julio de 1936. Durante el primer año de la guerra —hasta su conquista por las tropas de Franco en el verano de 1937— los republicanos usaron este paraje ocasionalmente para incinerar los restos de sus víctimas. Después, con las tropas de Franco, llegaron a las Peñas Negras los asesinos «azules». Las voces de este pasado llegan hasta nuestros días. La Iglesia católica se convirtió en cómplice moral de las mentiras, medias verdades y ocultaciones del régimen. Los ejemplos son muchos, desde el recién elegido Papa Pío XII (1939 − 1958), un hombre que detestaba la democracia y que se apresuró a felicitar a Franco por su victoria en abril de 1939, a los obispos y cardenales españoles que casi por unanimidad apoyaron la rebelión en una carta conjunta dirigida al mundo católico en julio de 1937, cuando ya sabían que decenas de miles de personas de ambos bandos habían sido asesinadas impunemente. Aunque existieron muchas excepciones al caso, sobre todo de sacerdotes que defendieron a sus feligreses, hubo también entre los párrocos numerosos casos de indiferencia e, incluso, de incitación al asesinato. Un ejemplo de curas asesinos lo tenemos en un caso de la Galicia rural, que, apenas sin resistencia, había quedado bajo control rebelde desde el mismo verano de 1936.  La Iglesia fue víctima y verdugo de la violencia de la guerra. Durante la contienda, más de 7.000 miembros del clero fueron ejecutados por milicias y comités republicanos, la mayoría de ellos en los meses estivales de 1936, y demasiado a menudo de manera cruenta y horrible. Muchas de aquellas víctimas serían beatificadas en los últimos años del pontificado de Juan Pablo II (1978 − 2005) primero y luego bajo Benedicto XVI (2005 − 2013). No obstante, ni durante la guerra ni después de ella la Iglesia —salvo escasas y puntuales excepciones— pregonó o practicó el perdón entre los españoles.

El efecto combinado del miedo y la avaricia evitó también que apareciera un debate público sobre el destino de las propiedades de decenas de miles de republicanos asesinados. Ya durante la guerra, viviendas, maquinaria, medios de transporte y otros bienes fueron confiscados in situ por los simpatizantes franquistas, el ejército rebelde, o adjudicados por tribunales y comisiones oficiales como «reparación» por los presuntos daños causados por los «rojos». Mientras ciertas expropiaciones se encuadraron en la supuesta legalidad del momento, otras fueron en realidad meras transacciones a mano armada que se completaron con la ejecución de las víctimas91. Solo en Asturias, las autoridades reconocieron en 1938 haber tramitado 6.692 expedientes de expropiación de propiedades de «rojos». Ese mismo año, el número de expedientes abiertos en Vizcaya fue de unos 25.000. La dimensión y el alcance de estas medidas a nivel nacional es a día de hoy una incógnita. En parte porque la política de expropiación continuó mucho después de que acabase la guerra en forma de penas y multas impuestas a los republicanos (algunos de ellos ya muertos) por los Tribunales de Responsabilidades Políticas creados en 1939.

El franquismo se jactaba de representar la voluntad de todos los españoles, y de haberlo conseguido gracias a un sistema político alternativo que superaba al democrático-liberal. Franco no solo rechazaba la política de partidos, sino incluso el mismo término partido político, refiriéndose a la dictadura, al día del 18 de julio e incluso al partido único como Movimiento, una voz a su vez prestada de la Italia de Mussolini. Para los franquistas la política significaba división, confrontación. Franco impuso sus doctrinas políticas y sociales amparado en un régimen de terror, creando unas condiciones donde la sociedad nunca pudo superar los traumas de la Guerra Civil. La máquina propagandística de la dictadura se ocupó de ocultar el daño causado y, dependiendo de las conveniencias de la situación, de ignorar o demonizar a sus víctimas. Pero mientras que muchos españoles de a pie padecieron, y se resintieron de sus políticas, otros las apoyaron —y a menudo se enriquecieron con ellas— y vieron en Franco al mejor garante de la nueva situación. Como ya ocurriera cuando montaron su entramado político en los años cuarenta, todavía en la década de los setenta, Franco, sus servidores y la Falange continuaron con la farsa de que representaban la voluntad de los españoles, a la vez que les negaron a estos su voz real con la excusa de que así aseguraban el mantenimiento de la paz. Pero este canje entre paz y libertad no se limitó a lo político sino que tuvo también consecuencias terribles para amplios sectores de la sociedad y para el desarrollo económico del país.

Esta hambruna no fue producto de un intento deliberado de eliminar a una población hostil, como fue el caso de las acciones nazis en Europa del Este, pero los resultados fueron con frecuencia muy similares. En la España de posguerra había suficiente comida para alimentar a las masas hambrientas, cuyos padecimientos pudieron haber sido evitados. Es más, la gente podía ver las vitrinas de las tiendas y los mostradores de los mercados repletos de productos, pero estos les resultaban a menudo inasequibles. El fracaso de la política de racionamiento radicó no en su implantación en sí misma, sino en cómo se llevó a cabo y en su función dentro del contexto sociopolítico en la que fue ejecutada. El hambre y la miseria fueron resultados directos de la corrupción y de la ineficacia, pero también de los prejuicios de Franco, pues cuando resultó patente lo desastroso de la situación, el Caudillo se negó a reconocer sus errores y a modificar su política. Además de decenas de miles de muertos más, esto significó en el ámbito macro— económico que el país perdiese más de una década de desarrollo económico.  Una de las mayores contradicciones de la política social del régimen se basaba en que mientras que sus medidas económicas, y en particular, la autarquía y la política de salarios bajos, estaban causando la inanición de los más pobres, aquel iniciaba, continuaba y extendía programas, algunos de creación republicana, para mejorar la salud de niños y madres. El seguro de maternidad, introducido por primera vez en 1931 durante la República, fue incluido por la dictadura en 1944 en el plan de seguro médico. Como otros dictadores contemporáneos, Franco estaba obsesionado con el control de la mujer devolviéndola al hogar, entre otras cosas para que tuviera más hijos, que estos creciesen sanos y que, como futuros soldados, hiciesen a la patria más grande. Para conseguirlo, el régimen usó dos instrumentos fundamentales: los servicios de la Sección Femenina de la Falange y el desarrollo del programa de seguridad social.

El régimen franquista se jactaba de haber devuelto la educación a España pero lo que quería decir en realidad es que había extirpado las ideas modernas de las escuelas. En cuanto a los datos, los informes internos contradecían los autohalagos falaces. En un estudio sobre los presupuestos estatales para el bienio 1956 − 1957, Joaquín Ruíz— Giménez, entonces ministro de Educación y posteriormente demócrata cristiano, primero criticó a los Gobiernos liberales previos por tener «pequeños presupuestos» y no invertir lo suficiente en educación, pero las cifras de ese mismo informe indicaban que en 1935 la coalición de centro-derecha que entonces gobernaba la República había asignado el 1,39% del presupuesto estatal a educación frente a una media anual de bastante menos del 1% de los presupuestos del Estado franquista entre 1940 y 1954. Es más, el gasto de la dictadura en educación, además de mísero fue errático.

El proceso migratorio y el ahondamiento de los desequilibrios regionales no fueron una novedad de la España franquista. Existieron desde mucho antes y se acentuaron con el proceso industrializador del país que arrancó a finales del siglo xix. Los efectos regionales de este proceso han sido estudiados en profundidad por historiadores, demógrafos y geógrafos. Los datos son elocuentes. En 1900, Barcelona era la provincia más densamente poblada de España; hasta diez veces más que la provincia menos densamente poblada, Soria. En 1975, estas mismas provincias todavía representaban los extremos, aunque para entonces la de Barcelona estaba cincuenta y seis veces más poblada que la de Soria.  El crecimiento de los barrios marginales, descontrolado o como resultado de la planificación urbana, generó problemas muy serios. Sufrieron lo peor de esta situación aquellos individuos y sus familias que carecían de los medios materiales y culturales para hacer frente a los nuevos desafíos de la vida en la ciudad. Ya en los años sesenta, algunos observadores detectaron fenómenos preocupantes, sobre todo entre la juventud. Muchos de los hijos de familias semi o completamente analfabetas no tenían en las ciudades las restricciones sociales o comunitarias de sus mayores. A menudo excluidos del sistema escolar, tampoco aprendieron las habilidades o adquirieron el nivel educativo necesarios para integrarse plenamente en la vida urbana. Así, mientras que sus padres trabajaban duro por salarios miserables, muchos de estos jóvenes deambulaban por las calles sin supervisión. Por añadidura, sus casas eran lugares poco acogedores y a menudo muy problemáticos donde no era infrecuente el alcoholismo y la violencia doméstica, agravados por el hacinamiento de demasiadas personas en espacios reducidísimos. La relación entre inmigración y criminalidad fue documentada. La pobreza estaba desigualmente distribuida a lo largo del país. Existen muchas razones que explican la disparidad regional, que podrían ser catalogadas bajo la voz genérica y a menudo vacía de significado de «subdesarrollo», aunque también hay explicaciones más tangibles. Desde mediados de los años sesenta y en adelante se escribieron numerosos informes sobre la pobreza regional en España. La mayoría de estos fueron elaborados por instituciones oficiales y redactados usando un conveniente lenguaje moral que evitaba en lo posible los matices negativos y las críticas a las políticas de la dictadura. Pero, detrás de los paños calientes, su atenta lectura revela de forma palmaria que las medidas económicas y sociales del Gobierno no iban a cambiar la situación de atraso en un futuro cercano. Desde la perspectiva de las autoridades locales y provinciales, el propósito de estos informes era en realidad ubicar a una región o lugar específico.

Al igual que Galicia, Extremadura fue otra región muy castigada por esa miseria profunda y extensa que no erradicó el particular progreso económico de la España franquista. La emigración cambió a España. En el proceso de emigrar para sobrevivir primero y para escapar de la pobreza del mundo rural después, los emigrantes establecieron nuevas relaciones y, aunque no todos, encontraron nuevas soluciones y construyeron nuevas identidades. La emigración contribuyó a cambiar los valores sociales y culturales de los españoles. Pero hubo otros factores que, en mayor o menor medida, también ayudaron a la transformación del país. Los nuevos fenómenos y movimientos culturales y sociales que tuvieron lugar, en su conjunto, fueron responsables de la evolución de los españoles y de su creciente distanciamiento del sistema de valores y prácticas de la dictadura.

Una de las principales características del catolicismo español de posguerra fue su falta de reflexión honesta y crítica sobre las causas de la Guerra Civil y las políticas del régimen de Franco. Resulta significativo que durante los veinte años posteriores al conflicto no existiera un solo intelectual católico o pensador que se atreviera a cuestionar el discurso autoritario y triunfalista de las jerarquías eclesiásticas (ni tampoco que tuviera una audiencia internacional). Al contrario, durante aquel periodo, la Iglesia española no aportó nada nuevo y su acercamiento severo y despiadado a los problemas sociales se redujo casi siempre a tratar la dramática situación del país como una cuestión moral, de la que culpó a las víctimas o, de forma vaga, a los defectos y pecados de la sociedad en general. Ejemplos hay muchos pero pocos son tan lamentables como los que se expusieron públicamente en Zaragoza en 1943 durante un congreso de la Acción Católica sobre la «caridad». Entre otros, un sacerdote presentó una ponencia que glosaba sobre sus experiencias con los mineros asturianos antes de la guerra. Según este clérigo, los mineros gozaban de grandes salarios, no tenían motivos para quejarse, pero eran revolucionarios porque «carecían de moral».  Tras los terribles años de la autarquía, los españoles estaban a la cola de los países europeos en tres aspectos: lo que comían, lo que poseían y lo que adquirían. No sería hasta principios de los años sesenta cuando estas tres realidades experimentaron un cambio significativo y los patrones de consumo de los españoles siguieron los experimentados por las sociedades europeas occidentales desde unos quince años antes. Tener lo suficiente para sustentarse fue el primer indicador de progreso, pero una vez cubiertas las necesidades más básicas, los españoles comenzaron a gastar menos en alimentos y más en sus bogares, y en otros artículos que no eran de primera necesidad. Así, el porcentaje del PIB nacional dedicado al consumo de alimentos pasó del 35,25% en 1954 al 28,76% en 1962, y al 24,14% en 1975. A principios de los años sesenta, a pesar de muy notables disparidades regionales y locales, la mayoría de los españoles ingería una dieta muy superior en términos nutricionales a la que tuvieron durante la interminable posguerra. Pero esta dieta era muy similar a la de sus antepasados de principios de siglo, estando basada en una fuerte dependencia de legumbres y grasas… El aborto estuvo legalizado en la España republicana durante la guerra. El franquismo lo prohibió y reprimió con dureza. Esta medida, más que seguramente, era apoyada por la mayoría de los españoles. Su posible legalización no era ni siquiera discutida y en aquellas ocasiones en las que se hablaba de él era solo para condenarlo. Sin embargo, su práctica era un secreto a voces. Poco se conoce del aborto durante las primeras décadas de la dictadura, salvo que se recurría a él a menudo y que era peligrosísimo, legalmente y en términos de salud. Una ley de 1941 catalogó al aborto como un crimen contra el Estado y dispuso penas muy severas, con un mínimo de seis años de prisión, a quienes lo practicaran. Sin embargo, un estudio semioficial en 1943 sostenía que por aquellas fechas en España uno de cada tres embarazos acababa en aborto, lo que significaría cerca de 125.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año. Entre 1965 y 1970 el régimen encausó 741 casos de aborto y condenó a 1.067 personas. En el periodo de 1970 a 1975 las cifras se redujeron a 505 casos y a 769 personas condenadas. Pero esto representaba solo la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia en la que la hipocresía y la represión recayeron una vez más con saña sobre los pobres. Como revela un estudio local sobre Zaragoza en los años cuarenta, las personas perseguidas por la ley fueron con diferencia, sobre todo mujeres solteras, viudas y algunas casadas pobres. Con frecuencia, los casos de los dos primeros grupos estaban asociados al ejercicio de la prostitución.

Los valores sociales y las expectativas de los españoles hacia el final de la dictadura distaban mucho de aquellos de los años cuarenta. Durante la década de los años sesenta los preceptos morales y culturales del franquismo habían sido abandonados de forma creciente por la población joven y por los sectores mejor formados del país.
Este distanciamiento, no obstante, estaba también prendiendo entre el resto de la sociedad. El discurso autoritario del régimen, inalterado desde su nacimiento, colisionaba con la actitud cada vez más tolerante de los españoles, quienes estaban más interesados en procurarse una vida mejor que en preservar la esencia política de un sistema que, de forma creciente, les parecía anticuado. A diferencia de lo ocurrido cuando se produjo la instauración de la República en 1931, los españoles no estaban interesados ya en la cuestión de la propiedad de la tierra, la revolución o el papel de la Iglesia, que tanto les dividió entonces. Lo que querían era negociable. Esperaban ahora más del Estado, de sus instituciones, de las empresas, de la familia y de sus propias vidas. Buscaban satisfacer nuevas ilusiones y olvidarse de las miserias del pasado.

Los españoles vivieron el final de la dictadura bajo la sombra amenazante de la violencia; pero no solamente la del pasado. El Gobierno y ETA tuvieron la mayor parte de la culpa de que aquella se pusiese otra vez en su futuro. Fue un proceso bastante rápido. En 1969, en un acto relativamente aislado en Navarra, la prisión provincial fue atacada por miembros de ETA que trataban de liberar a algunos de sus militantes594. Al año siguiente, a la par que se desarrollaba el Proceso de Burgos, se registraron incidentes estudiantiles en Álava, como ocurrió en otras ciudades del país. Pese a la influencia de ETA, cada vez más fuerte en otras provincias vascas, Álava todavía era una provincia segura para el régimen. No podía decirse lo mismo de la vecina Vizcaya, donde el activismo de grupos de izquierdas, tanto de partidos como de sindicatos, era más intenso, y donde en 1970 el nacionalismo y ETA ya tenían, en palabras del gobernador civil de la provincia, «una importante influencia en amplios sectores de la población».

El año en que murió Franco la balanza se había ya inclinado a favor de aquellos que favorecían el cambio sobre quienes defendían el mantenimiento del statu quo a toda costa. Pronto muchos aprenderían que lo que habían padecido y lo que habían perdido a manos de la dictadura solo podía ser redimido a través de la democracia. La mayoría de los españoles de a pie empezaron a recordar lo que siempre habían sabido o sospechado, que pasaba por reconsiderar sus opiniones sobre el hombre que había gobernado España con un puño de hierro y un corazón tan frío durante casi cuarenta años. Al final, cuando los españoles recordaron su pasado, los años vividos bajo la dictadura se convirtieron, según qué sombras y luces vieran, en la imagen de Franco, la de su país y la de ellos mismos.

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