Este es otro magnífico libro de este economista premio Nobel donde a través del gobierno Clinton y la crisis de energéticas como Enron, nos enseña las sombras del consabido «boom» tecnológico de los 90 y donde hemos entrado en una espiral de infartos. Muy recomendable su lectura.
Los noventa marcaron el surgimiento de la que dio en llamarse Nueva Economía, caracterizada por unos incrementos de productividad que duplicaban, o triplicaban, lo conocido durante las dos décadas precedentes. La economía de la innovación era importante, o a mí me lo parecía, lograr un mejor entendimiento de las razones que provocaron un enorme descenso de la productividad en los setenta y ochenta, así como otras que explicaran el resurgir registrado en los noventa.
La economía entró en recesión, demostrando de forma harto elocuente que las recesiones no eran ningún resabio del pasado. Los escándalos empresariales destronaron a los sumos sacerdotes del capitalismo norteamericano: daba la impresión de que los directores generales de algunas de las empresas más importantes de Estados Unidos se estaba lucrando a expensas de sus accionistas y empleados. La globalización —esto es, la mayor integración entre los países del mundo como consecuencia de la reducción en los costos de transportes y comunicaciones, por un lado, y de la supresión de barreras artificiales, por otro—, que tan recientemente se había saludado como el comienzo de un mundo nuevo, también parecía verse con malos ojos. La reunión de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Seattle en 1999 tenía como fin ahondar en la apertura del mundo, bajo el liderazgo estadounidense; todo ello asociado al nombre de la ciudad en que se inauguró la globalización y sirviendo como recordatorio permanente de la contribución de Clinton al respecto. En lugar de lograr estos objetivos, la reunión acabó en disturbios protagonizados conjuntamente por ecologistas, proteccionistas y otros grupos preocupados por los efectos, a veces devastadores, que la globalización tenía sobre los más pobres, o por la ausencia de democracia que caracterizaba a las instituciones económicas globales.
Una vez pinchada la burbuja de los valores tecnológicos, no se demoraría mucho el declive de las fortunas de la economía real, siendo así que Estados Unidos padecería su primera recesión en un decenio. Estaba claro que la Nueva Economía no había puesto fin al ciclo económico: el auge fue más acusado que casi todos los experimentados desde el final de la II Guerra Mundial, pero lo mismo podía decirse de la baja que le siguió. Durante los años prósperos, quienes trabajábamos para el Gobierno de Clinton nos enorgullecíamos de nuestras cifras-récord: el empleo crecía a un ritmo desconocido hasta entonces: se crearon diez millones de empleos entre 1993 y 1997, y otros ocho millones entre 1997 y 2000. Para 1994, el paro había caído por debajo del 6 por ciento por primera vez en cuatro años; y para abril de 2000, por debajo del 4 por ciento por primera vez en tres décadas. Aunque los ricos se hicieron con la parte del león, la bonanza parecía alcanzar a todo el mundo. Por primera vez en un cuarto de siglo, los de abajo notaron un aumento de sus ingresos: hubo una reducción sin precedentes en el número de beneficiarios de prestaciones sociales (más del 50 por ciento en seis años) y se registró el mayor descenso de la pobreza desde que existen estadísticas para medir esta lacra.
Hacía mucho que se reconocía que los mercados no siempre funcionaban tan bien. Producían en demasía algunas cosas —como contaminación atmosférica— y demasiado poco de otras, como inversiones en educación, sanidad y ciencia. Tampoco era cierto que se autorregularan solos; y así, se registraron enormes fluctuaciones en el nivel de la actividad económica, ampliándose los ciclos de paro elevado, durante cuyos periodos millones de personas con disposición y capacidad de trabajar no podían sin embargo encontrar empleo. Los gastos sociales y económicos generados por estos periodos fueron a su vez enormes.
Desde la II Guerra Mundial, el Gobierno federal había asumido sus responsabilidades en el mantenimiento de la economía en situación de pleno empleo en virtud de la misma ley que sirvió para fundar el Consejo de Asesores Económicos. El reconocimiento de que el Gobierno debe reservarse un papel importante y legítimo que desempeñar en otras áreas, como la contención de la contaminación, está cada vez más extendido.
De todos los errores que cometimos en los felices noventa, los peores se han debido a la falta de fidelidad a nuestros principios y a la carencia de una visión global. Nosotros teníamos principios, y en cuanto el nuevo Gobierno tomó posesión, la mayor parte de nosotros sabíamos contra qué estábamos. Estábamos contra el conservadurismo de Reagan. Conocíamos la necesidad de que el Gobierno asumiera un papel más ancho y diverso, de que los pobres fueran objeto de mayor atención, de que todos gozaran de educación y protección social, de que se contuviera el deterioro medioambiental. Pero la miope fijación con las finanzas, con el déficit, nos hicieron aparcar esta agenda.
Nos mantuvimos en la defensa de los derechos civiles y humanos, abogábamos por un nuevo internacionalismo, por la democracia.
Desde el principio del capitalismo, siempre ha habido periodos de prosperidad y de crisis. Así, el siglo pasado asistimos a uno de los booms más vigorosos de la historia, los felices veinte, al que seguiría la peor crisis de todos los tiempos, la Gran Depresión, durante la cual uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses estaba sin empleo y otros países industrializados registraron cifras similares. A partir de la II Guerra Mundial, las fluctuaciones han sido más moderadas, los periodos de prosperidad más largos; y los de crisis, más cortos y someros. Pero como observábamos en el capítulo anterior, a medida que el siglo se aproximaba a su final, experimentamos el auge más grande en un tercio de siglo: los felices noventa, con índices de crecimiento que se elevaban al 4,4 por ciento, al que también en este caso le siguió una de las crisis más prolongadas que se recuerdan.
Después de la debacle de las entidades de ahorro y préstamos, se adoptaron nuevas disposiciones que exigían que los bancos reservaran un capital suficiente al que recurrir en caso de que sus carteras de préstamo se debilitaran. Naturalmente, la cantidad de capital que necesita un banco para cubrirse está relacionada con el grado de riesgo que éste asuma. Los economistas que daban vueltas al problema, incluido Michael Boskin, convinieron en que el riesgo, en este contexto, iba más allá de la posibilidad de bancarrota: además, había que tener en cuenta el peligro de una disminución en el valor de los activos. Desde este punto de vista, las obligaciones del Estado a largo plazo son una opción aventurada, y ello aunque se descarte cualquier posibilidad de impago, porque los bonos pueden perder valor cuando los tipos de interés se elevan. Pero incluso cuando en 1989 el Gobierno impuso normas más estrictas a los bancos, la Fed decidió permitir a los bancos que consideraran los bonos del Estado a largo plazo como una opción segura. Esto hizo a los bancos felices, desde luego, ya que aumentaron su rentabilidad a corto plazo, pues es sabido que las obligaciones a largo plazo producen
una alta rentabilidad.
El argumento de la confianza es el último reducto de quienes no son capaces de encontrar mejores argumentos: cuando no hay ninguna prueba directa de que los déficits inciden directamente en la recuperación o afectan desfavorablemente al crecimiento, entonces es que ocurre así debido a la confianza. Cuando no hay ninguna prueba directa de que la reducción de las tarifas fiscales estimula el crecimiento, entonces es que ocurre así debido a la confianza. La razón por la que tantos encuentran el argumento de la confianza tan atractivo es que es sumamente difícil de refutar. Podemos medir los déficits y evaluar su impacto sobre el crecimiento; podemos medir tarifas fiscales y evaluar su impacto sobre el crecimiento. Pero la confianza es demasiado evasiva para medirla con exactitud.
La prosperidad registrada en los noventa no sólo plantea dudas acerca de la capacidad de la Fed para dirigir la economía, sino también acerca de la credibilidad de la Reserva Federal en cuanto institución. ¿Hemos logrado crear un conjunto de disposiciones institucionales que responden a los intereses de todo el país? ¿Hemos concedido demasiado peso o influencia a un sector determinado o a un subconjunto concreto de la población? ¿Necesitamos más responsabilidad democrática? Se trata de preguntas complicadas, pero que no pueden ser ignoradas por una democracia, sino discutidas una y otra vez. Nuestras instituciones nos han servido bien, en muchos ámbitos… pero también nos han fallado, y no hay razones para el conformismo.
En lo relativo a asuntos de política económica, durante los noventa, muchos norteamericanos estaban convencidos de que la era de la ideología, de los intereses y de las políticas había finalizado. Estados Unidos había entrado en una era de consenso, en la cual todos estaban de acuerdo, dentro de lo razonable, en lo que resultaba «adecuado» en política económica. Se trataba de una proclamación sin palabras, pero que servía de estrategia brillante a aquellos cuyos intereses satisfacía. Y funcionó, en su mayoría, con impresionante eficacia, en el sentido de que, debido a la pujanza económica, los norteamericanos se lo creyeron por completo, incluidos aquellos que se consideraban representantes de los segmentos de la población cuyos intereses estaban siendo sistemáticamente eliminados.
Los felices noventa ya pertenecen al pasado. Se ha demostrado que nuestros líderes eran meros mortales. Y cometieron errores: algunos fueron afortunados —aciertos involuntarios— y, como resultado de ellos, conseguimos una recuperación firme; otros tuvieron apenas consecuencias: superamos las subidas de los tipos de interés de mediados de los noventa; otros nos hicieron pagar un precio muy alto, un coste que habremos de compensar en los años venideros.
La desregulación del sector de las telecomunicaciones preparó el terreno para la burbuja de la inversión desaforada, que reventaría con tanta resonancia en 2001. La desregulación del sector eléctrico condujo a una manipulación del mercado que dañó la economía de California, el corazón de gran parte de la innovación en Estados Unidos. La desregulación de banca —y en especial la derogación de la ley Glass-Steagal— abrió nuevos campos para nuevos conflictos de intereses, cuando lo necesario era una legislación estricta para atajar los conflictos ya existentes, y crecientes, que al final harían tanto por socavar la confianza en nuestros mercados de valores. Una regulación laxa en el sector de la contabilidad proporcionó ocasiones e incentivos para el engaño o la información incorrecta.
Los mercados son cosas delicadas, y los errores han costado muy caros.
El razonamiento de que la desregulación de las telecomunicaciones contribuyera a la burbuja —a la fiebre del oro— ayuda a entender la política y la economía de esta desregulación. Los que abogaron por la desregulación dijeron que ésta redundaría en más competencia, ya que más empresas diferentes competirían por la misma cuota de mercado. Pero también existía una fe asentada en la creencia de que «el que da primero da dos veces», es decir, la creencia de que la empresa pionera en un mercado dado tenía más probabilidades de lograr la hegemonía. Las empresas creían enfrentarse a un juego de un solo ganador; y en consecuencia se lanzaron a un frenesí inversor con intención de asegurarse el dominio del mercado. A la postre, esta furia omninversora vino a generar el exceso de capacidad que lastró la economía estadounidense y trajo el descenso que comenzaría en 2001 y duraría más de dos años.
La desregulación podría estar más motivada por tentativas de aumentar los beneficios que por una verdadera preocupación por la eficiencia de la economía estadounidense. Después de todo, es mucho lo que ha salido a la luz sobre las motivaciones de quienes defendían la desregulación y un papel más reducido del Gobierno cuando se examinaban las actitudes de estas mismas personas hacia las subvenciones a empresas y el proteccionismo del Gobierno. Como presidente del Consejo de Asesores Económicos, observé tres principios que se cumplían casi indefectiblemente entre quienes venían a pedirnos ayuda:
Primero: la gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones… para todos menos para sí mismos.
Segundo: todo el mundo está a favor de la competencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio. Tampoco aquí faltaba el aluvión de argumentos para explicar por qué la competencia en su sector sería destructiva, o por qué en este caso había que manejarla con cuidado.
Y tercero: todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio. En su sector, la transparencia podría conducir a perturbaciones innecesarias, erosionar su ventaja competitiva, etcétera.
Así pues, la mayor parte de las empresas veían cualesquiera subvenciones que recibieran u otras formas de intervención del Gobierno como algo totalmente garantizado (y no les parecía que tuvieron que justificar estas subvenciones e intervenciones en la jerga peculiar de los economistas).
Los lobbies comprendieron rápidamente lo que la privatización traería consigo, así que aunque tradicionalmente defendían el sector privado y atacaban enérgicamente cualquier medida que emprendiera el Gobierno, en este caso adoptaron la postura opuesta. Se opusieron a la iniciativa precisamente porque sabían que esto significaría el final de su subsidio oculto. Y ganaron la batalla.
Uno de los grandes espejismos de los noventa estuvo relacionado con la extraña práctica empresarial de dar stock options —el derecho de comprar acciones de una empresa por debajo de sus precios de mercado— a ejecutivos y luego fingir que nada de valor había cambiado de manos. Aunque el fenómeno de las opciones no provino del mundo de la alta tecnología, fue este sector quien dio en usarlo más que cualesquiera otros sectores tradicionales. En una época tan lejana como los años setenta, la propiedad universal de las acciones era una de las características que definían el nuevo estilo de organizar los negocios propio de la costa Oeste de Estados Unidos, más colegial y ágil que el de los gigantes empresariales de antaño. Las opciones eran, desde luego, un fabuloso instrumento de reclutamiento para las empresas pequeñas y no rentables que arrancaban entonces, pero que nunca podrían haber generado su equivalente en dinero efectivo.
La preocupación consistía en que, si los accionistas conocían el valor de las nuevas opciones (o peor aún, el de las que ya estaban en el mercado), las acciones de muchas empresas se hundirían. Lo que estaban reconociendo, en efecto, era que bastaría con que los accionistas supieran lo que estaban recibiendo sus ejecutivos para que se dieran cuenta de que en consecuencia a ellos les tocaba menos. Se trataba de un argumento en el sentido de que una mejor información suponía una diferencia: en mi opinión, un argumento favorable a reflejar las opciones de compra de acciones como gastos en la contabilidad.
Las stock options como robos empresariales: ejecutivos que roban el dinero de sus accionistas más incautos. Sin embargo, cuando las acciones saltaban de 10 dólares a 20 y luego a 30 dólares, pocos accionistas se daban cuenta. Incluso les parecía que salían ganando. Era como un juego en el que no había perdedores. Pero, desde luego, ellos perdieron. La acciones se negociaban a 30 dólares en vez de a 40, o a 20 en vez de a 30. La propia sutileza era lo que permitió a tantos ejecutivos salir impunes.
Uso palabras graves como «robo» para describir una de varias prácticas que permitieron a ejecutivos empresariales privar a los accionistas de lo que les pertenecía, porque robar —tomar algo de alguien sin su consentimiento— es exactamente lo que estos ejecutivos hacían. Las víctimas no estaban en condiciones de prestar su consentimiento, fundamentalmente porque ni siquiera fueron conscientes de que se les hubiera quitado nada. Por el contrario, los accionistas se suponían beneficiarios de esta práctica. El empleo de las stock options como una forma de compensación surgió del movimiento por el «valor para el accionista» iniciado en los años ochenta. Las opciones, según se aseguraba, servían a los intereses de los gerentes y a los de los accionistas en la misma medida. Se trataba de un argumento seductor, pero, como demostrarían los acontecimientos, falso de solemnidad.
Aquellos que se habían enriquecido económicamente en los años noventa presionaron para reducir la cantidad de impuestos que pagarían sobre su nueva riqueza. Su objetivo era reducir la imposición sobre las enormes ganancias que estaban cosechando, incluidas las stock options con que gratificaban cada vez más a los altos ejecutivos. En una situación fiscal en la que las plusvalías ya pagaban menos todavía que los dividendos y otras formas de ingresos, se animaba a los inversores a poner más de su dinero en las firmas de alta tecnología, que no ofrecían dividendos (muchas no tenían ganancia alguna con la cual pagarlos) pero sí plusvalías.
Considerando esta fijación por equilibrar el presupuesto, el recorte fiscal, por muy grato que fuera a los más ricos (y eran los ricos quienes lo querían; pocas ventajas obtendrían de él los estadounidenses de ingresos bajos y medios), no se habría producido de no haber sido por la singular mezcla entre la mala contabilidad y la política del momento.
El crash de la bolsa de 2000 subraya quizás el mayor problema de la privatización de la Seguridad Social: hace a los individuos vulnerables al pesimismo irracional del mercado bursátil, al igual que antes les había permitido beneficiarse de su irracional optimismo. Cuando el mercado bursátil vivía un boom, mucha gente pensó: «si hubiera invertido mi dinero en acciones en tecnología en lugar de haberme visto obligado a pagar las aportaciones a la Seguridad Social, ahora sería rico». En esta coyuntura, deberían darse cuenta de la irracionalidad de su comportamiento. Si hubieran invertido su dinero en las típicas acciones en tecnología, estarían abocados a una jubilación sombría. La Seguridad Social se creó para proporcionar eso exactamente, seguridad, no riesgo.
Las cuentas de una Seguridad Social privada, individual, en realidad exacerbarían las fluctuaciones de la economía: esto hace que la burbuja aumente y el descalabro sea mayor. Hoy en día, al menos dentro de la Seguridad Social, cuando el mercado baja, los individuos están parcialmente aislados de los caprichos de la bolsa. Si la persona tuviera todo su dinero invertido en un mercado bursátil, y éste sufriera una caída, al final esta persona empezaría a preocuparse por su jubilación; tendría que ahorrar más y consumir menos. Y al consumir menos, la recesión económica se agravaría.
Algunas de las inversiones de los noventa fueron esenciales para crear la Nueva Economía. Pero la carrera por ser el primero, la exagerada euforia de la Nueva Economía, llevó a un exceso de inversión. Se malgastaron recursos a escala masiva. De esto no hay duda.
Todavía estamos lo bastante bien como para que no acusemos de modo inmediato esta disminución de nuestra riqueza, pero algunas de las consecuencias ya están comenzando a conocerse: una pérdida de confianza no sólo en los mercados, y especialmente en el mercado de valores, sino en el Gobierno. Si no aprendemos de nuestros errores, de los que tanto el sector privado como el Gobierno tienen parte de responsabilidad, puede que la próxima vez no tengamos tanta suerte.
El liderazgo es importante, pero sobre todo porque influye en las políticas que se adoptan y porque es necesario para tener una perspectiva de adónde se dirige nuestra economía y nuestra sociedad.
La economía moderna ha mostrado las limitaciones de la mano invisible y de los mercados sin restricciones. En los felices noventa, no hicimos caso de estas lecciones de la economía moderna e ignoramos las lecciones de décadas anteriores, al igual que las que deberían haberse derivado de la debacle de las cajas de ahorros. Por el contrario, proporcionamos nuevos incentivos y mejores herramientas para que los directivos de las empresas se enriquecieran a sí mismos a costa de otros.
No existe oportunidad más importante que la oportunidad de trabajar. Desgraciadamente, como comenté anteriormente, muchos países del mundo todavía se ven privados de esta oportunidad; y en la mayoría de los países del mundo se han dado numerosos episodios que demuestran que esto es cierto.
Debemos preocuparnos por la igualdad y la justicia de los que vivimos hoy, pero también por las de las próximas generaciones.
Nuestro crecimiento actual no debería producirse a costa del bienestar de generaciones futuras. Ésta es una de las razones por las que nos preocupa la degradación del medio ambiente. Si contaminamos la atmósfera, cambiamos el clima mediante el aumento del nivel de concentración de los gases que producen el efecto invernadero, como hemos venido haciendo durante los pasados doscientos años, con lo que podemos poner en peligro el bienestar de nuestros hijos y el de nuestros nietos.
Ésta es la razón por la que no sólo debería preocuparnos la justicia social actual, sino también la sostenibilidad, el bienestar de las generaciones futuras, que incluye la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, el mantenimiento de nuestras infraestructuras y el fortalecimiento de nuestra cultura.
La información es más importante que nunca. Si Internet ha sido, en algunos sentidos, una fuerza fuertemente democrática, el aumento de la concentración de los medios de comunicación en un país tras otro ha debilitado la democracia de forma efectiva. En Rusia pudimos ver el extremo: la televisión controlada por el estado fue sustituida por una televisión controlada por la oligarquía, que a su vez fue reemplazada por la televisión controlada por el estado. Sin embargo, durante los noventa, las restricciones sobre los medios de comunicación se redujeron. En Estados Unidos tuvimos la oportunidad de exigir a la televisión y a las emisoras de radio, a cambio de su utilización de las ondas, que prestaran un amplio soporte a la campaña, de forma equitativa; esto podría haberse hecho de manera que se redujera significativamente el papel de las contribuciones a las campañas. Pero dichas reformas no eran en interés de los medios, que se beneficiaban de la publicidad, ni de las corporaciones, que se beneficiaban del poder procedente de las contribuciones a las campañas. Aunque nosotros no compramos ni vendemos los votos abiertamente, quienes querían que existieran los mercados políticos y la compraventa de políticos triunfaron.
La dicotomía mercado/Estado es una simplificación excesiva. Existe una necesidad de ir más allá de los mercados. Existe una necesidad de acción colectiva. Pero hay varias maneras de conseguirlo. Los defensores del libre mercado no sólo exageran la función de los mercados, sino que infravaloran el potencial de formas no gubernamentales de acción cooperativa así como la necesidad del Estado.
En los noventa, las normas y la ética cambiaron. Lo que se considera aceptable se ve afectado por lo que hacen los demás, por lo que ellos encuentran aceptable. Si los directores generales comúnmente cobran tres veces más que un empleado normal, podría admitirse que un consejero delegado excepcional recibiera cuatro veces más, pero no cuarenta. Si un consejero delegado cobra diez veces lo que un empleado normal, podría ser admisible que cobrara quince veces más, pero no cien. En los noventa, en Estados Unidos, no existían límites; todo era aceptable. Se utilizaron fuertes incentivos para romper los límites anteriores, y dichos incentivos funcionaron. Uno valía lo que era capaz de ganar. Punto. Existían incentivos para cambiar el criterio de lo que está bien y lo que está mal, o de lo que es aceptable y lo que no. Y estos incentivos dieron resultado.
La globalización ha significado que las cuestiones que aquí hemos comentado —sobre la función que le corresponde al Gobierno, las limitaciones de los mercados, el modo en que la economía conforma a los individuos y a la sociedad— se estén debatiendo a escala global. En este momento estamos elaborando las reglas del juego, pero esas reglas están siendo redactadas por instituciones económicas internacionales en las que determinados países e intereses particulares —así como determinadas ideologías— tienen una gran influencia. Y aunque en Estados Unidos a menudo se habla del «Estado de derecho», su pretensión de instaurar medidas unilaterales refleja un rechazo del estado de derecho a escala internacional. Estados Unidos está a favor de unas reglas del juego globales, pero le preocupa que la Organización Mundial del Comercio o el Tribunal Penal Internacional puedan transgredir su soberanía. En resumen, está a favor del estado de derecho en la medida en que se adapte a sus deseos.
En gran parte del mundo actual, no obstante, existe un debate sobre si existe una crisis del capitalismo. La serie de escándalos desde Enron en adelante dejaron claro que los problemas eran profundos: si Enron no hubiera quebrado, nadie habría podido investigar lo que había estado pasando y la manipulación del mercado de la energía por parte de la compañía, que llevaba sospechándose hacía tiempo, nunca se habría descubierto. Cada nueva investigación sacaba a la luz más pruebas de sus fechorías. El consejero delegado, que había demostrado tanta habilidad en algunos de los modos de manipular la contabilidad, había demostrado esta misma habilidad en la forma de esconderlo. En la economía de burbuja es fácil esconder hasta las pirámides. Con la recesión económica, las pirámides y los chanchullos han quedado a la vista. La explosión de la burbuja sacó a la luz las argucias que se habían producido al amparo de la burbuja, argucias que, a su vez, habían servido para reforzar la burbuja.
Para los críticos de la economía de mercado, los escándalos que han sacudido Estados Unidos y, en menor medida, también Europa —algunos de los cuales he descrito en este libro— han confirmado sus dudas sobre la globalización. Si el mundo de la empresa se dirige hacia la globalización y si el mundo de la empresa es tan corrupto como parece, necesitamos otra cosa. Sin embargo, los defensores de la economía de mercado apuntan a la prosperidad sin precedentes que ha traído consigo, y no sólo a unos pocos dentro de las economías industrializadas avanzadas. Les gustaría descartar la crisis del capitalismo como una aberración, una ligera irregularidad en una máquina que funciona perfectamente.
Pero, nos guste o no, las que medidas que hoy adoptamos son las que moldean nuestra sociedad. Son un reflejo de nuestros valores, y envían mensajes importantes a nuestra juventud acerca de lo que valoramos. La economía y la sociedad están inextricablemente interrelacionadas. Una sociedad con enormes desigualdades será diferente inevitablemente de otra en la que las diferencias sean limitadas. Una sociedad con un alto desempleo será diferente inevitablemente de otra en la que todo el que quiera un trabajo puede encontrarlo.
La globalización afecta a los tipos de sociedades que se están creando en todo el mundo. Y es por esto precisamente por lo que en el resto del mundo son conscientes de la importancia de las emociones que despierta la globalización: hemos estado promoviendo un conjunto de medidas que está aumentando las desigualdades en el extranjero y, en algunos casos, desautorizando a las instituciones tradicionales.
Existe una visión alternativa, basada en la justicia social y en el equilibrio entre la función del Gobierno y la del mercado. Ésta es la visión que deberíamos esforzarnos por alcanzar.
Quizá, juntos, Estados Unidos y Europa, el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, puedan forjar una nueva forma de democracia global y un nuevo conjunto de políticas económicas que aseguren una prosperidad cimentada en unos nuevos principios que pueda ser compartida por todos los ciudadanos del mundo.
This is another magnificent book by this Nobel prize economist where, through the Clinton administration and the energy crisis like Enron, he teaches us the shadows of the well-known technological «boom» of the 90s and where we have entered a spiral of heart attacks. Highly recommended reading.
The nineties marked the emergence of the so-called New Economy, characterized by increases in productivity that doubled or tripled what was known during the two preceding decades. The innovation economy was important, or it seemed to me, to achieve a better understanding of the reasons that caused a huge drop in productivity in the seventies and eighties, as well as others that explained the resurgence registered in the nineties.
The economy went into recession, showing in a very eloquent way that recessions were not a remnant of the past. The corporate scandals dethroned the high priests of American capitalism: it seemed that the CEOs of some of the most important companies in the United States were profiting at the expense of their shareholders and employees. Globalization – that is, the greater integration between the countries of the world as a result of the reduction in transport and communications costs, on the one hand, and the elimination of artificial barriers, on the other, which had recently been hailed as the beginning of a new world, also seemed to look with bad eyes. The meeting of the World Trade Organization held in Seattle in 1999 was aimed at deepening the opening of the world, under the leadership of the United States; all associated with the name of the city in which globalization was inaugurated and serving as a permanent reminder of Clinton’s contribution in this regard. Instead of achieving these objectives, the meeting ended in riots involving environmentalists, protectionists and other groups concerned about the sometimes devastating effects that globalization had on the poorest, or the absence of democracy that characterized the institutions global economic
Once the bubble of technological values was punctured, the decline of the fortunes of the real economy would not be delayed much, so that the United States would suffer its first recession in a decade. It was clear that the New Economy had not put an end to the economic cycle: the boom was more pronounced than almost all experienced since the end of World War II, but the same could be said of the decline that followed. During the prosperous years, those of us who worked for the Clinton administration were proud of our record figures: employment was growing at a rate unknown until then: ten million jobs were created between 1993 and 1997, and another eight million between 1997 and 2000. By 1994, unemployment had fallen below 6 percent for the first time in four years; and for April 2000, below 4 percent for the first time in three decades. Although the rich got the lion’s share, the bonanza seemed to reach the whole world. For the first time in a quarter of a century, the lower ones noticed an increase in their income: there was an unprecedented reduction in the number of beneficiaries of social benefits (more than 50 percent in six years) and the largest decrease in the poverty since there are statistics to measure this scourge.
It had long been recognized that markets did not always work so well. They produced too much of some things – such as air pollution – and too little of others, such as investments in education, health and science. Nor was it true that they self-regulated themselves; and thus, enormous fluctuations in the level of economic activity were recorded, with the cycles of high unemployment widening, during which periods millions of people with a willingness and ability to work could not find employment. The social and economic expenses generated by these periods were in turn enormous.
Since World War II, the federal government had assumed its responsibilities in maintaining the economy in full employment by virtue of the same law that served to found the Council of Economic Advisers. The recognition that the Government should reserve an important and legitimate role to play in other areas, such as the containment of pollution, is increasingly widespread.
Of all the mistakes we made in the happy nineties, the worst have been due to the lack of fidelity to our principles and the lack of a global vision. We had principles, and as soon as the new government took office, most of us knew what we were against. We were against Reagan’s conservatism. We knew the need for the Government to assume a broader and more diverse role, for the poor to receive more attention, for everyone to enjoy education and social protection, and for environmental deterioration to be contained. But the short-sighted fixation with finances, with the deficit, made us put aside this agenda.
We remained in the defense of civil and human rights, we advocated a new internationalism, for democracy.
Since the beginning of capitalism, there have always been periods of prosperity and crisis. Thus, last century we witnessed one of the most vigorous booms in history, the happy twenties, which would be followed by the worst crisis of all time, the Great Depression, during which one in four American workers were unemployed and others industrialized countries registered similar figures. Since World War II, the fluctuations have been more moderate, the periods of prosperity longer; and those of crisis, shorter and shallower. But as we observed in the previous chapter, as the century approached its end, we experienced the biggest boom in a third of a century: the happy nineties, with growth rates that rose to 4.4 percent, to which also in this case, one of the longest crises that are remembered followed.
After the debacle of the savings and loan entities, new provisions were adopted that required banks to reserve sufficient capital to turn to in case their loan portfolios weakened.
Naturally, the amount of capital a bank needs to cover itself is related to the degree of risk it assumes. Economists circling the problem, including Michael Boskin, agreed that the risk, in this context, went beyond the possibility of bankruptcy: in addition, the danger of a decrease in the value of assets had to be taken into account. From this point of view, the long-term obligations of the State are a risky option, even if any possibility of default is ruled out, because bonds can lose value when interest rates rise. But even when in 1989 the government imposed stricter rules on banks, the Fed decided to allow banks to consider long-term government bonds as a safe option. This made the banks happy, of course, since they increased their profitability in the short term, since it is known that long-term obligations produce
a high profitability
The argument of trust is the last redoubt of those who are unable to find better arguments: when there is no direct evidence that deficits directly affect recovery or adversely affect growth, then it is because of trust. When there is no direct evidence that the reduction of fiscal rates stimulates growth, then it is because of confidence that this happens. The reason why so many find the argument of trust so attractive is that it is extremely difficult to refute. We can measure deficits and evaluate their impact on growth; We can measure fiscal rates and evaluate their impact on growth. But trust is too evasive to measure it accurately.
The prosperity registered in the 1990s not only raises questions about the Fed’s ability to run the economy, but also about the credibility of the Federal Reserve as an institution. Have we managed to create a set of institutional arrangements that respond to the interests of the entire country? Have we given too much weight or influence to a particular sector or a specific subset of the population? Do we need more democratic responsibility? These are complicated questions, but they can not be ignored by a democracy, but discussed again and again. Our institutions have served us well, in many areas … but they have also failed us, and there are no reasons for conformism.
With regard to economic policy issues, during the 1990s, many Americans were convinced that the era of ideology, interests and politics had come to an end. The United States had entered an age of consensus, in which all agreed, within reason, on what was «adequate» in economic policy. It was a proclamation without words, but it served as a brilliant strategy to those whose interests it satisfied. And it worked, for the most part, with impressive efficiency, in the sense that, because of the economic strength, the Americans completely believed it, including those who considered themselves representatives of segments of the population whose interests were being systematically eliminated.
The happy nineties already belong to the past. It has been shown that our leaders were mere mortals. And they made mistakes: some were lucky – involuntary choices – and, as a result of them, we got a firm recovery; others had barely any consequences: we overcame the interest rate hikes of the mid-nineties; others made us pay a very high price, a cost that we will have to compensate in the years to come.
The deregulation of the telecommunications sector paved the way for the unbridled investment bubble, which would burst with such resonance in 2001. Deregulation of the electricity sector led to market manipulation that damaged the California economy, the heart of much of innovation in the United States. The deregulation of banking – and especially the repeal of the Glass-Steagal law – opened new fields for new conflicts of interest, when what was necessary was strict legislation to tackle existing and growing conflicts, which in the end would do so much to undermine Trust in our stock markets. Lax regulation in the accounting sector provided opportunities and incentives for deception or incorrect information.
Markets are delicate things, and mistakes have cost very dearly.
The reasoning that deregulation of telecommunications contributed to the bubble – the gold rush – helps to understand the politics and economics of this deregulation. Those who advocated deregulation said that it would lead to more competition, since more different companies would compete for the same market share. But there was also a faith based on the belief that «the one who gives first gives twice», that is, the belief that the pioneer company in a given market was more likely to achieve hegemony. Companies believed they faced a single-winner game; and consequently they launched into an investor frenzy with the intention of ensuring market dominance. In the end, this omninversora rage came to generate the excess capacity that burned the US economy and brought the descent that would begin in 2001 and last more than two years.
Deregulation could be motivated more by attempts to increase profits than by a real concern for the efficiency of the US economy. After all, much has come to light about the motivations of those who advocated deregulation and a smaller role of the Government when examining the attitudes of these same people towards subsidies to companies and government protectionism. As president of the Council of Economic Advisers, I observed three principles that were almost invariably met among those who came to ask us for help:
First, business people are generally opposed to subsidies … for all but themselves.
Second: everyone is in favor of competition … in all sectors of the economy, except in their own. Neither here was there a flood of arguments to explain why competition in their sector would be destructive, or why in this case it had to be handled with care.
And third: everyone is in favor of openness and transparency … in all sectors of the economy, except in their own. In its sector, transparency could lead to unnecessary disturbances, erode its competitive advantage, and so on.
Thus, most companies saw any subsidies they received or other forms of government intervention as fully guaranteed (and did not feel they had to justify these subsidies and interventions in the peculiar jargon of economists).
The lobbies quickly understood what privatization would bring, so although they traditionally defended the private sector and vigorously attacked any measure that the government undertook, in this case they adopted the opposite position. They opposed the initiative precisely because they knew that this would mean the end of their hidden subsidy. And they won the battle.
One of the great illusions of the nineties was related to the strange business practice of giving stock options -the right to buy shares of a company below its market prices- to executives and then pretending that nothing of value had changed hands. Although the phenomenon of the options did not come from the world of high technology, it was this sector that gave in to use it more than any other traditional sectors. In a time as far back as the seventies, the universal ownership of shares was one of the characteristics that defined the new style of organizing the business of the West Coast of the United States, more collegial and agile than that of the business giants of yesteryear. The options were, of course, a fabulous recruiting tool for small and unprofitable companies that started then, but could never have generated their cash equivalent.
The concern was that, if the shareholders knew the value of the new options (or worse, the ones that were already in the market), the shares of many companies would sink. What they were recognizing, in effect, was that it would be enough for the shareholders to know what their executives were receiving so that they would realize that, consequently, they had less to do with them. It was an argument in the sense that better information made a difference: in my opinion, a favorable argument to reflect stock options as accounting expenses.
Stock options as business thefts: executives who steal money from their most unwilling shareholders. However, when stocks jumped from $ 10 to $ 20 and then to $ 30, few shareholders noticed. They even seemed to win. It was like a game in which there were no losers. But, of course, they lost. The shares were traded at $ 30 instead of at $ 40, or at $ 20 instead of $ 30. Subtlety itself was what allowed so many executives to go unpunished.
I use serious words like «theft» to describe one of several practices that allowed business executives to deprive shareholders of what belonged to them, because stealing-taking something from someone without their consent-is exactly what these executives did. The victims were not in a position to give their consent, mainly because they were not even aware that nothing had been taken away from them. On the contrary, the shareholders were supposed to be beneficiaries of this practice. The use of stock options as a form of compensation arose from the movement for «shareholder value» initiated in the 1980s. The options, it was claimed, served the interests of the managers and those of the shareholders to the same extent. It was a seductive argument, but, as the events would show, false of solemnity.
Those who had enriched themselves economically in the 1990s lobbied to reduce the amount of taxes they would pay on their new wealth. Their goal was to reduce taxation on the huge profits they were reaping, including the stock options with which they were increasingly rewarding top executives. In a fiscal situation in which capital gains already paid less than dividends and other forms of income, investors were encouraged to put more of their money in high-tech firms, which did not offer dividends (many had no profit). with which to pay) but capital gains.
Considering this fixation for balancing the budget, the fiscal cut, however pleasing it was to the richest (and it was the rich who wanted it, few advantages would be obtained from it by low and middle-income Americans), it would not have occurred. having been for the singular mixture between bad accounting and the politics of the moment.
The crash of the 2000 stock market highlights perhaps the biggest problem with the privatization of Social Security: it makes individuals vulnerable to the irrational pessimism of the stock market, just as before it had allowed them to benefit from their irrational optimism. When the stock market was experiencing a boom, many people thought: «If I had invested my money in shares in technology instead of having been forced to pay contributions to Social Security, now would be rich.» At this juncture, they should realize the irrationality of their behavior. If they had invested their money in the typical actions in technology, they would be doomed to a grim retirement. Social Security was created to provide that exactly, security, not risk.
The accounts of a private, individual Social Security would actually exacerbate the fluctuations of the economy: this causes the bubble to increase and the setback to be greater. Nowadays, at least within the Social Security, when the market goes down, individuals are partially isolated from the vagaries of the stock market. If the person had all his money invested in a stock market, and he suffered a fall, in the end this person would begin to worry about his retirement; I would have to save more and consume less. And by consuming less, the economic recession would worsen.
Some of the investments of the nineties were essential to create the New Economy. But the race to be the first, the exaggerated euphoria of the New Economy, led to an excess of investment. Resources were wasted on a massive scale. There is no doubt about that.
We are still well enough so that we do not immediately report this decline in our wealth, but some of the consequences are already beginning to be known: a loss of confidence not only in the markets, and especially in the stock market, but in government. If we do not learn from our mistakes, of which both the private sector and the Government have a part of responsibility, maybe next time we will not be so lucky.
Leadership is important, but above all because it influences the policies that are adopted and because it is necessary to have a perspective of where our economy and society go.
The modern economy has shown the limitations of the invisible hand and of the markets without restrictions. In the happy nineties, we ignored these lessons of modern economics and ignored the lessons of previous decades, as well as those that should have been derived from the debacle of the savings banks. On the contrary, we provide new incentives and better tools for corporate managers to enrich themselves at the expense of others.
There is no more important opportunity than the opportunity to work. Unfortunately, as I mentioned earlier, many countries of the world are still deprived of this opportunity; and in most countries of the world there have been numerous episodes that show that this is true.
We must worry about the equality and justice of those who live today, but also those of the next generations.
Our current growth should not occur at the expense of the well-being of future generations. This is one of the reasons why we are concerned about the degradation of the environment. If we pollute the atmosphere, we change the climate by increasing the level of concentration of the gases that produce the greenhouse effect, as we have been doing for the past two hundred years, with which we can endanger the welfare of our children and our children. grandchildren
This is the reason why we should not only worry about current social justice, but also sustainability, the well-being of future generations, which includes the protection of the environment, the conservation of natural resources, the maintenance of our infrastructures and the strengthening of our culture.
Information is more important than ever. If the Internet has been, in some ways, a strongly democratic force, the increased concentration of media in one country after another has weakened democracy effectively. In Russia we could see the extreme: the television controlled by the state was replaced by a television controlled by the oligarchy, which in turn was replaced by the television controlled by the state. However, during the nineties, restrictions on the media were reduced. In the United States we had the opportunity to demand television and radio stations, in exchange for their use of the airwaves, to lend broad support to the campaign, in an equitable manner; this could have been done in a way that significantly reduced the role of campaign contributions. But these reforms were not in the interests of the media, which benefited from advertising, nor of the corporations, which benefited from the power coming from campaign contributions. Although we did not buy or sell the votes openly, those who wanted the political markets and the buying and selling of politicians to exist triumphed.
The market / State dichotomy is an oversimplification. There is a need to go beyond the markets. There is a need for collective action. But there are several ways to achieve it. Free market advocates not only exaggerate the role of markets, but underestimate the potential of nongovernmental forms of cooperative action as well as the need for the state.
In the nineties, norms and ethics changed. What is considered acceptable is affected by what others do, by what they find acceptable. If CEOs usually charge three times more than a regular employee, it could be admitted that an exceptional CEO received four times more, but not forty. If a CEO charges ten times what a normal employee, it could be admissible to charge fifteen times more, but not 100. In the nineties, in the United States, there were no limits; everything was acceptable. Strong incentives were used to break the previous limits, and these incentives worked. One was worth what he was capable of winning. Point. There were incentives to change the criteria of what is good and what is wrong, or what is acceptable and what is not. And these incentives worked.
Globalization has meant that the issues we have discussed here – about the role of the Government, the limitations of markets, the way in which the economy shapes individuals and society – are being debated on a global scale. At the moment we are developing the rules of the game, but those rules are being drafted by international economic institutions in which certain countries and particular interests -as well as certain ideologies- have a great influence. And although the United States often speaks of the «rule of law», its pretension to establish unilateral measures reflects a rejection of the rule of law on an international scale. The United States is in favor of global rules of the game, but is concerned that the World Trade Organization or the International Criminal Court may violate its sovereignty. In summary, it is in favor of the rule of law insofar as it suits your wishes.
In much of today’s world, however, there is a debate about whether there is a crisis of capitalism. The series of scandals from Enron onwards made it clear that the problems were profound: if Enron had not gone bankrupt, no one could have investigated what had been going on and the company’s manipulation of the energy market, which had long been suspected. , it would never have been discovered. Each new investigation brought to light more evidence of his misdeeds. The CEO, who had shown such skill in some of the ways of manipulating accounting, had demonstrated this same skill in the way of hiding it. In the bubble economy it is easy to hide even the pyramids. With the economic recession, the pyramids and scams have been in sight. The explosion of the bubble brought to light the tricks that had occurred under the protection of the bubble, tricks that, in turn, had served to strengthen the bubble.
For critics of the market economy, the scandals that have shaken the United States and, to a lesser extent, Europe – some of which I have described in this book – have confirmed their doubts about globalization. If the world of the company is directed towards globalization and if the world of the company is as corrupt as it seems, we need something else. However, proponents of the market economy point to the unprecedented prosperity it has brought with it, and not just a few within the advanced industrialized economies. They would like to dismiss the crisis of capitalism as an aberration, a slight irregularity in a machine that works perfectly.
But, like it or not, the measures that we adopt today are those that shape our society. They are a reflection of our values, and send important messages to our youth about what we value. The economy and society are inextricably interrelated. A society with enormous inequalities will inevitably be different from one in which differences are limited. A society with high unemployment will inevitably be different from one in which everyone who wants a job can find it.
Globalization affects the types of societies that are being created around the world. And this is precisely why in the rest of the world they are aware of the importance of the emotions that globalization awakens: we have been promoting a set of measures that is increasing inequalities abroad and, in some cases, disavowing the traditional institutions.
There is an alternative vision, based on social justice and on the balance between the role of the Government and that of the market. This is the vision we should strive to achieve.
Perhaps, together, the United States and Europe, the developed world and the developing world, can forge a new form of global democracy and a new set of economic policies that ensure prosperity based on new principles that can be shared by all citizens. of the world.
David, earth planet , knopfler and a humble man 