La gran brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales — Joseph E. Stiglitz

Sin duda otro magnífico libro de los que según lees crean conciencia, no nos engañemos. Nadie puede negar hoy que existe una gran brecha que separa a los muy ricos —ese grupo al que a veces se denomina el 1 por ciento— de los demás. Sus vidas son diferentes: tienen distintas preocupaciones, distintas angustias, distintos estilos de vida.Es un libro para abrir ojos descarriados. A través de diferentes artículos por publicaciones de EE.UU. nos traslada a una visión global.

A los ciudadanos corrientes les preocupa cómo van a pagar la universidad de sus hijos, qué pasará si algún miembro de la familia cae gravemente enfermo, cómo saldrán adelante cuando se jubilen. En los peores momentos de la Gran Recesión, hubo decenas de millones de personas que no sabían si iban a poder conservar su casa. Varios millones no pudieron.
Los que pertenecen al 1 por ciento —y, mucho más, los que pertenecen al 0,1 por ciento superior de ese 1 por ciento— hablan de otras cosas: qué tipo de avión se van a comprar, cuál es la mejor manera de proteger su dinero de los impuestos (¿qué ocurrirá si Estados Unidos obliga a Suiza a terminar con el secreto bancario? ¿Las Islas Caimán serán las siguientes? ¿Es Andorra segura?).

Cuatro de los problemas más importantes que ha afrontado nuestra sociedad en el último decenio son la gran brecha —las inmensas desigualdades que están creándose en Estados Unidos y muchos otros países avanzados—, la mala gestión económica, la globalización y el papel del Estado y el mercado. Como muestra este libro, esos cuatro aspectos están relacionados. El aumento de las desigualdades es causa y consecuencia de nuestras dificultades macroeconómicas, la crisis de 2008 y el malestar posterior. La globalización, pese a sus virtudes como estímulo del crecimiento, ha agravado casi con toda seguridad las desigualdades, sobre todo por lo mal que se ha gestionado. A su vez, la mala gestión de la economía y la globalización está relacionada con el papel de los grupos de intereses en nuestra política, una política que cada vez representa más los deseos del 1 por ciento. Sin embargo, aunque la política es una de las causas de nuestros problemas actuales, sólo podemos hallar soluciones a través de la política; el mercado no va a hacerlo por sí solo. Los mercados descontrolados generan más poder monopolístico, más abusos del sector financiero, más relaciones comerciales desequilibradas. Sólo mediante la reforma de nuestra democracia, haciendo que nuestro gobierno sea más responsable ante toda la gente y se haga más eco de sus intereses, podremos cerrar la gran brecha y restablecer en el país la prosperidad compartida.

Que la Gran Recesión había creado víctimas es evidente. Pero ¿quiénes eran los autores del «delito»? Si nos fiamos del Departamento de Justicia, que no procesó a ninguno de los líderes de los grandes bancos que habían desempeñado un papel fundamental en este drama, fue un delito sin autor. No estoy de acuerdo, ni lo está la mayoría de los estadounidenses. En tres de los artículos que reproduzco aquí trato de averiguar quién mató la economía de Estados Unidos, para seguir la pista del arco histórico que nos trajo hasta esta situación. Quería investigar más y remontarme más atrás, porque la historia no era sólo cuestión de que «los banqueros prestaron demasiado dinero y los propietarios de viviendas se endeudaron demasiado».
La propia crisis lo demuestra con creces: el derrumbe del mercado fue consecuencia de numerosos fallos en la gestión del riesgo y la asignación de los capitales, errores cometidos por los emisores de las hipotecas, bancos de inversión, agencias de calificación y, en definitiva, millones de personas de todo el sector financiero y otros ámbitos de la economía.
Pero también creo que hubo no poca hipocresía por parte de quienes propugnaban el libre mercado, algo que también prueba la Gran Recesión: los defensores aparentes de la economía de libre mercado.

Lo que no sabíamos era hasta dónde llegaban la depravación moral de los bancos, su voluntad de llevar a cabo prácticas explotadoras y su temeridad. No sabíamos, por ejemplo, hasta qué punto habían concedido préstamos discriminatorios. No sabíamos cómo habían manipulado el mercado de tipos de cambio y otros mercados. No sabíamos lo descuidada que estaba su contabilidad, en sus prisas por suscribir cada vez más hipotecas de alto riesgo. Y no sabíamos hasta dónde llegaba el comportamiento
fraudulento, no sólo de los propios bancos, sino de las agencias de calificación y otros participantes en el mercado. La competencia entre las agencias para dar una buena nota (sólo les pagaban si los bancos de inversión «usaban» sus calificaciones, y sólo utilizaban las más favorables) les había hecho ignorar de forma deliberada informaciones importantes que podrían haberles empujado a poner notas peores.
La intención estaba clara: salvar los bancos para que pudieran seguir suministrando fondos que permitieran funcionar a la economía. Sin embargo, como no impusimos condiciones, el dinero se dedicó a pagar primas gigantescas —desde luego, inmerecidas— a los banqueros. Cuando ya habían pasado años desde la crisis, los préstamos a las pequeñas y medianas empresas seguían estando muy por debajo de los de antes.
El Gobierno asegura que se le devolvió todo el dinero, pero en realidad fue todo una farsa. Los ciudadanos corrientes fueron engañados. Se hizo un enorme regalo a los bancos al proporcionarles dinero en condiciones mucho más favorables que las de otros, y con tipos de interés muy inferiores a los que otros estaban dispuestos a conceder. Fue una auténtica redistribución del dinero de la gente de la calle a los acomodados banqueros. Si se les hubiera cobrado lo que debían, nuestra deuda nacional sería más baja y tendríamos más dinero para invertir en educación, tecnología, infraestructuras: unas inversiones que habrían permitido una economía más fuerte y más prosperidad para todos.

El sistema bancario se ha repuesto en gran parte de sus heridas. La recesión terminó oficialmente bastante pronto. Pero es indudable que la economía no ha recobrado su salud. De hecho, da la impresión de que los daños van a ser duraderos.
Lo que se necesita es, en cierto sentido, fácil de describir: dejar de actuar como hasta ahora y hacer todo lo contrario. Es decir, no gastar un dinero que no tenemos, subir los impuestos a los ricos, reducir la ayuda corporativa, reforzar la red de protección para los más desaventajados y hacer más inversiones en educación, tecnología e infraestructuras.
En cuanto a los impuestos, deberíamos tratar de trasladar la carga impositiva de cosas que consideramos buenas, como el trabajo y el ahorro, a cosas que consideramos malas, como la contaminación. Respecto a la red de protección social, debemos recordar que, cuanto más haga el Estado para ayudar a los trabajadores a mejorar sus aptitudes y obtener una asistencia sanitaria asequible, más libertad tendrán las empresas para competir en la economía mundial.

El capitalismo es tal vez el mejor sistema económico que ha inventado el ser humano, pero nadie ha dicho nunca que vaya a crear estabilidad. En los últimos treinta años, las economías de mercado han experimentado más de cien crisis. Por eso muchos economistas creemos que la regulación y la supervisión del Gobierno son elementos fundamentales para que la economía de mercado funcione. Sin ellas, seguirá habiendo crisis económicas graves y frecuentes en distintas partes del mundo. El mercado no basta por sí solo, debe desempeñar una función el Estado.

En un país en el que se respeta el dinero, solíamos respetar a los líderes de Wall Street. Confiábamos en ellos. Pensábamos que eran una fuente de sabiduría, al menos en cuestiones económicas. Los tiempos han cambiado. El respeto y la confianza han desaparecido. Es una lástima, porque los mercados financieros son necesarios para el buen funcionamiento de una economía. Pero la mayoría de los estadounidenses cree que la gente de Wall Street tiene más probabilidades de poner sus intereses por delante de los del país y que lo disfrazan con todo el lenguaje florido que sea necesario.

Algunas personas observan las desigualdades y se encogen de hombros. ¿Qué más da que esta persona gane y esa pierda? Lo que importa, aseguran, no es cómo se divide la tarta, sino el tamaño de la tarta. Es un argumento profundamente equivocado. Una economía en la que la mayoría de los ciudadanos están peor cada año —como en Estados Unidos— no puede ir bien a largo plazo, por varios motivos.
En primer lugar, el aumento de las desigualdades es la cara de la moneda; la cruz es la disminución de las oportunidades. Cuando reducimos la igualdad de oportunidades, significa que no estamos utilizando uno de nuestros recursos más valiosos —nuestra gente— de la forma más productiva posible. En segundo lugar, muchas distorsiones que generan las desigualdades —como las relacionadas con el poder de los monopolios y el tratamiento fiscal preferente a los grupos de intereses especiales— disminuyen la eficacia de la economía. Esa desigualdad crea a su vez nuevas distorsiones, que vuelven a reducir la eficacia todavía más.
Tercero, y quizá más importante, es el hecho de que una economía moderna necesita una «acción colectiva», es decir, que el Gobierno invierta en infraestructuras, educación y tecnología. Estados Unidos y el mundo entero se han beneficiado enormemente de las investigaciones del Gobierno que desembocaron en la creación de Internet, los avances en la sanidad pública, etcétera. Pero el país lleva mucho tiempo sufriendo la escasez de inversiones en infraestructuras (no hay más que ver el estado de nuestras carreteras y nuestros puentes, nuestros ferrocarriles y aeropuertos), investigación básica y educación a todos los niveles. Y nos esperan más recortes en estos ámbitos.

Cuando un grupo de intereses tiene demasiado poder, consigue imponer políticas que le benefician de forma inmediata en lugar de ayudar a la sociedad a largo plazo. Es lo que ha sucedido en Estados Unidos con la política fiscal, la política reguladora y las inversiones públicas. La consecuencia de que las ganancias de rentas y riqueza vayan todas en una dirección salta a la vista al examinar el gasto doméstico habitual, que es uno de los motores de la economía de Estados Unidos.”
El sector privado en Europa y Estados Unidos ha sido incapaz de crear un gran número de puestos de trabajo de calidad desde principios de este siglo. Incluso en China y otros países con sectores de manufacturación en pleno desarrollo, la mayor parte del aumento de la producción se debe a las mejoras en la productividad, a menudo relacionadas con los procesos automatizados que están destruyendo empleo. Los más afectados son los jóvenes, cuyas perspectivas se verán perjudicadas toda su vida por los extensos periodos de desempleo que están padeciendo hoy.

—El estancamiento de los salarios y el aumento de las desigualdades mientras se incrementaba la riqueza— no corresponde al funcionamiento de una economía normal de mercado, sino a lo que yo llamo «capitalismo de imitación». El problema no está tal vez en cómo funcionan o deberían funcionar los mercados, sino en nuestro sistema político, que no ha sido capaz de garantizar unos mercados competitivos y ha elaborado normas que sostienen unos mercados distorsionados, en los que las empresas y los ricos pueden explotar (y por desgracia explotan) a todos los demás.
Los mercados, desde luego, no existen en el vacío. Debe haber unas reglas del juego, que se establecen mediante procesos políticos. Las grandes desigualdades económicas en países como Estados Unidos y, cada vez más, los que han seguido su modelo económico, conducen a la desigualdad política. En un sistema así, las oportunidades de progreso económico también se vuelven desiguales.
Más que una cuestión de economía, es una cuestión de política. No tenemos que escoger entre capitalismo y justicia. Tenemos que escoger los dos.

Hay un drama que se ha vuelto habitual en Estados Unidos (y otros países industrializados avanzados): los banqueros animan a la gente a endeudarse por encima de sus posibilidades y se ceban especialmente con los que carecen de formación financiera. Utilizan su influencia política para obtener un trato favorable de una u otra forma. Las deudas se acumulan. Los periodistas informan del coste humano. Y entonces llega el asombro: ¿cómo hemos podido dejar que sucediera esto? Las autoridades prometen que van a arreglar la situación. Se toma alguna medida respecto a los casos más escandalosos. La gente pasa a otros asuntos, con la tranquilidad de que la crisis se ha resuelto, pero con la sospecha de que pronto se repetirá.
La crisis que está a punto de estallar en este caso es la relativa a la deuda estudiantil y la financiación de la enseñanza superior. Como la crisis inmobiliaria que la precedió, está íntimamente relacionada con el aumento de las desigualdades en Estados Unidos y el hecho de que, cuando los que ocupan los escalones inferiores se esfuerzan por subir, hay fuerzas que los vuelven a arrastrar hacia abajo de manera inevitable, en ocasiones incluso más abajo de donde estaban.

Decir que Google o que Apple se aprovecharon sin más del sistema vigente sería dejarles irse de rositas demasiado fácilmente: este sistema no surgió por sí solo. Empresas como General Electric presionaron para obtener, y obtuvieron, disposiciones que les permitieron eludir todavía más impuestos. Presionaron para obtener, y obtuvieron, cláusulas de amnistía que les permitieron llevar de nuevo su dinero a Estados Unidos a una tasa reducida especial, con la promesa de invertir el dinero en el país, y se las ingeniaron para averiguar cómo ajustarse a la letra de la ley a la vez que eludían su espíritu y su intención. Si Apple y Google simbolizan las oportunidades que brinda la globalización, sus actitudes en materia de evasión fiscal las han convertido en empresas emblemáticas de lo que puede ir y está yendo mal con ese sistema.
Irónicamente, muchos de los defensores de la globalización no sólo no proponen que se haga nada para ayudar a aquellos a los que perjudica, sino que dicen que los trabajadores deberían aceptar los recortes en seguridad en el empleo y servicios públicos: según reza el argumento, la globalización así lo exige para que podamos seguir siendo competitivos. De hecho, están reconociendo que de resultas de la globalización, a los trabajadores les toca encajar un duro golpe. Ahora bien, si la globalización beneficia al país en conjunto, y si en conjunto los trabajadores están peor, ¿qué quiere decir eso? Significa que todos los beneficios de la globalización —y más— van a parar a la élite, a las grandes empresas y a sus dueños.

Desigualdades políticas por un lado, y políticas que han mercantilizado y corrompido nuestra democracia por otro. Sólo una ciudadanía comprometida puede luchar para restablecer un Estados Unidos más justo, y sólo podrá hacerlo si entiende la profundidad de ese reto y sus dimensiones. No es demasiado tarde para recobrar nuestro lugar en el mundo ni la noción de quiénes somos como país. La desigualdad cada vez más extendida y profunda que padecemos no está impulsada por leyes económicas inmutables, sino por leyes que hemos redactado nosotros mismos.
Mientras que Escocia nos proporciona una nota de optimismo en un mundo de creciente desigualdad, España es un ejemplo de todo lo contrario. Visito España a menudo. Entre las protestas que marcaron la primavera de 2011, las de España fueron particularmente importantes, y se entiende por qué, dadas las dificultades que atraviesa el país. Me dirigí a los jóvenes manifestantes en el parque del Retiro, en Madrid. Me mostré de acuerdo con ellos en que algo fallaba en nuestros sistemas económicos y políticos: teníamos trabajadores en paro y gente sin hogar en un mundo en el que había enormes necesidades insatisfechas y viviendas vacías, y mientras los ciudadanos de a pie sufrían, a aquellos que habían provocado la crisis —los banqueros y sus amigotes— les iba muy bien.

Las economías de mercado no se autorregulan. Sencillamente no se pueden dejar en piloto automático, sobre todo cuando se quiere garantizar que sus beneficios sean ampliamente compartidos. Ahora bien, gestionar una economía de mercado no es tarea fácil; es un ejercicio de malabarismo que tiene que responder continuamente a los cambios económicos. El undécimo plan quinquenal chino ofrece una hoja de ruta para esa respuesta. El mundo observa, asombrado y esperanzado, mientras las vidas de 1300 millones de seres humanos continúan transformándose.
Los servicios públicos australianos son la envidia del mundo entero. Su sistema de atención sanitaria obtiene mejores resultados que el de Estados Unidos, con un coste mucho menor. Tiene un programa de préstamos para enseñanza dependiente de los ingresos que, en caso de necesidad, permite a los solicitantes del préstamo distribuir los pagos a lo largo de más años, y en función del cual, si sus ingresos resultan ser especialmente bajos (quizá porque escogieron empleos importantes pero mal remunerados, pongamos en la enseñanza o en el ámbito religioso), el Gobierno les perdona parte de la deuda.
Australia debería enorgullecerse de sus éxitos, de los que el resto del mundo puede aprender mucho.
En Escocia, hay una visión y unos valores compartidos de forma bastante generalizada: una imagen de la nación, de la sociedad, de la política, del papel del Estado, o valores como la justicia, la equidad y la oportunidad. No todo el mundo está de acuerdo sobre políticas concretas ni en cómo establecer el delicado e imprescindible equilibrio.
No obstante, la cosmovisión y los valores escoceses difieren de los que predominan al sur de su frontera. En Escocia existe enseñanza universitaria gratuita para todo el mundo; Inglaterra, en cambio, ha aumentado el precio de las matrículas, lo que ha obligado a endeudarse a los padres de alumnos con pocos recursos.
Escocia ha subrayado repetidamente su compromiso con el Servicio Nacional de Salud (NHS). Inglaterra ha tomado repetidas iniciativas con miras a su privatización. Algunas diferencias datan de muy antiguo: incluso hace doscientos años, la alfabetización masculina era un cincuenta por ciento más elevada en Escocia que en Inglaterra y las universidades escocesas cobraban una décima parte por sus matrículas que Cambridge y Oxford.

España se encuentra sumida en una depresión. Esa es la única palabra que se puede emplear para describir su economía, en la que casi uno de cada cuatro trabajadores está parado, y la tasa de paro juvenil asciende a casi un 50 por ciento (en el momento en que este libro se entregó a la prensa). El pronóstico para el futuro inmediato es más de lo mismo, quizá un poco peor. Todo ello a pesar de las promesas del Gobierno y de los altos cargos internacionales que recetaron paquetes de austeridad para España, según los cuales, a estas alturas se habría restablecido el crecimiento. Han subestimado reiteradamente la magnitud de la desaceleración que esas políticas iban a provocar, y en consecuencia han sobreestimado en gran medida los beneficios fiscales que iban a derivarse de ellas: las desaceleraciones más profundas desembocan inevitablemente en ingresos menores y en un mayor gasto en programas de desempleo y bienestar social. Pese a que luego intentan echarle la culpa de nuevo a España por incumplir los objetivos fiscales, la auténtica responsabilidad debería recaer sobre sus erróneos diagnósticos del problema y sus recetas consiguientemente equivocadas.
Las implicaciones de la creciente desigualdad en España y su profunda depresión deberían ser profundamente preocupantes de cara a su futuro. No se trata de que sus recursos se estén echando a perder, sino de que el capital humano del país se está deteriorando. En España, las personas cualificadas no encuentran empleo y están emigrando; hay un mercado global para los españoles dotados de talento. Que vuelvan o no cuando la recuperación se produzca —y en el supuesto de que lo haga— depende en parte de cuánto dure la depresión.
Los problemas de España en la actualidad son en gran medida el resultado de la misma mezcla de ideología e intereses creados que (como describe este libro) condujeron a la liberalización de los mercados financieros y otras políticas «fundamentalistas de mercado» en Estados Unidos.
El gran error que ha cometido Europa, incitada por Alemania, fue atribuir las dificultades de los países periféricos, como España, al derroche en el gasto. Si bien es cierto que Grecia había acumulado grandes déficits en los años anteriores a la crisis, tanto España como Irlanda tenían superávits y bajos niveles de deuda en relación con sus PIB. De ahí que el hincapié en la austeridad no hubiera podido impedir la recurrencia de la crisis, no digamos ya solucionar la crisis a la que se enfrentaba Europa.
La vida continúa tras las deudas y las devaluaciones. Y esa vida podría ser muchísimo mejor que la depresión a la que se enfrentan algunos de los países europeos ahora mismo. Empleo este término después de pensarlo bien. Si hubiera una luz al final del túnel, eso sería algo. Ahora bien, la austeridad no contiene ninguna promesa de un mundo mejor en ningún momento del futuro previsible. Ni la historia ni la experiencia nos proporcionan fundamento alguno que nos tranquilice al respecto.
Y si la depresión continúa, son quienes se encuentran en la base y en medio de la pirámide quienes más sufrirán.

La economía no va a recuperarse por sí sola, al menos no dentro de un plazo que tenga relevancia alguna para las personas corrientes. Sí, se acabará encontrando a gente que habite todas esas viviendas embargadas, o acabarán siendo derribadas. En algún momento los precios se estabilizarán o incluso empezarán a subir.
Lo que tenemos que hacer es embarcarnos en un programa de inversiones masivas —como hicimos, poco menos que de forma accidental, hace ochenta años— que aumente nuestra productividad en los años venideros y que también haga aumentar el empleo aquí y ahora. Esas inversiones públicas, y la restauración resultante del PIB, incrementarán la rentabilidad de las inversiones privadas. Las inversiones públicas podrían orientarse a mejorar la calidad de vida y la productividad real, en contraste con las inversiones del sector privado en innovaciones financieras, que resultaron ser algo así como armas financieras de destrucción masiva.
¿Seremos capaces de hacer esto en ausencia de una movilización de cara a una guerra mundial? Puede que no.
Si esperamos mantener una mínima apariencia de «normalidad», hemos de arreglar el sistema financiero. Como ya he señalado, puede que la implosión del sector financiero no haya sido la causa de la actual crisis, pero la ha agravado, y representa un obstáculo para la recuperación a largo plazo. Las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las nuevas, son una fuente desproporcionadamente importante de creación de empleo en cualquier economía, y han sido golpeadas con especial dureza. Lo que hace falta es sacar a los bancos del peligroso negocio de la especulación y hacer que vuelvan a dedicarse al aburrido negocio de hacer préstamos. Ahora bien, no hemos arreglado el sistema financiero; más bien hemos entregado dinero a los bancos a espuertas, sin restricciones y sin condiciones, y sin una concepción de la clase de sistema bancario que queremos y necesitamos tener. En resumidas cuentas, hemos confundido los medios y los fines. Se supone que un sistema bancario está para servir a la sociedad, no al revés.

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