Palacio de injusticia, sin esperanza y sin miedo — Joaquín Navarro/ Injustice Palace, Without Hopes And Fears by Joaquín Navarro

Este es otro interesante libro sobre el juez que formaba parte del programa hoy por hoy de Iñaki Gabilondo y que aborda el tema de la justicia y es para reflexionar.

La lucha por el derecho es la mejor garantía de la democracia. Cuando esa lucha es colectiva y encarna en movimientos, asociaciones y organizaciones nacidas de la sociedad civil produce nuevas formas de contrapoder. Sólo cuando los derechos fundamentales se ejercen colectivamente dan vida a contrapoderes sociales basados en la directa e igual participación de sus miembros. Están dotados por ello de fuerza de gestión, negociación y control para obligar a los poderes institucionales a la satisfacción de los derechos y libertades reivindicados y para impedir las degradaciones autoritarias de esos poderes. Para obligar también a la justicia a comportarse mucho más como un poder de la sociedad en el Estado, es decir, como un contrapoder de singular legitimidad jurídica, que como un un subpoder del Estado frente a la sociedad.
Cuanto más cercano a la realidad de ese contrapoder o, si se prefiere, cuanto más próximo a la realidad social y al pueblo soberano, más lejos estará el poder judicial de la mediatización y manipulación del poder político. Cuanto más contrapoder, más poder y mayor independencia, si ésta es concebida como presupuesto de justicia. Nada mejor que recordar lo que se decía en la declaración preliminar de la Constitución revolucionaria francesa de 1793: «Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros está oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social está oprimido».

Estevill alardeaba de los «poderes omnímodos del juez de instrucción» y lo demostraba en la práctica. Una cincuentena de banqueros y empresarios catalanes fueron desfilando por la cárcel, la inmensa mayoría sin más causa que el arbitrio del juez. Lo llamaban «el lobo», pero era más bien una corneja.
Todo ello acompañado de ingresos multimillonarios que nada tenían que ver con la humilde retribución de juez, ejercicios de cargos empresariales incompatibles con la actividad judicial (fue consejero de la sociedad Sefige, en la que adquirió la mayoría de las acciones) y notorias prevaricaciones. En 1993, con motivo de una sustitución en el juzgado de Ramón Massiá, que disfrutaba de un permiso, cambió la condición de testigos de Enrique Marugán y Lorenzo Rosal Bertrand (el gestor y el presidente que lo expulsaron del grupo Bertrand cuando era su asesor jurídico) por la de imputados, ordenando su busca y captura. Marugán y Rosal pasaron setenta y dos horas en la cárcel, hasta que Massiá regresó y anuló las increíbles decisiones de Estevill. Al declarar sobre estos hechos en el Tribunal Supremo (siendo todavía vocal del Consejo), Luis Pascual manifestó ante el instructor Luis Román Puerta que encarceló a Marugán y a Rosal sin pruebas pero con «íntima convicción».
Con la misma convicción decidió, el 8 de noviembre del mismo año 1993, la prisión preventiva de la cúpula del Banco Vitalicio. Se trataba de un caso de compra de facturas falsas para eludir el pago del IVA, que le sirvió a Estevill para inculpar, entre otros, a Carlos Zurita (cuñado del Rey), aunque la movilización institucional que se produjo obligó al «lobo» a dar marcha atrás.
Las asociaciones judiciales pidieron «mecanismos más cuidadosos» en la elección de vocales, insistiendo Jueces para la Democracia en la necesidad de que los candidatos fueran sometidos a un «examen» del Parlamento, «porque no se puede meter a cualquiera en el Consejo». La Asociación Profesional de la Magistratura recordó la necesidad de recuperar el sistema constitucional de elección de los doce vocales judiciales, añadiendo que cuando Estevill fue designado ya existían «sospechas». Los «Vitorinos» consideraron que la sentencia contra Estevill era un reflejo más de la situación del Consejo. Por la Unión Judicial Independiente, Arturo Beltrán dijo que aquel episodio debía servir para romper amarras con un criterio judicial enfeudado al poder político. Pero quien no se consuela es porque no quiere. La Asociación Profesional estimó que la sentencia del Supremo demostraba la independencia de los jueces y que la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos era «un hecho».
Es decir: si Roldán es condenado hay que celebrarlo porque es una muestra de independencia judicial e igualdad ante la ley. Pero, ¿qué debe hacerse para que sean imposibles o muy improbables los González, Roldanes, Veras, Barrionuevos, Rubios, Salanuevas, Cacerolos, Pujoles, Estevilles y demás tropa?.

Estaba en plena efervescencia la guerra de todos contra los cuatro fiscales de la Audiencia Nacional opuestos a la omertà de las mafias del poder y a su impunidad. El Consejo había aprobado un informe muy crítico del anteproyecto de Secretos Oficiales, una nueva joya inquisitorial y pretoriana con la que Eduardo Serra pensaba blindar adecuadamente, frente a la justicia, cualquier posible actuación criminal del poder.
Todos parecían olvidar el alma del sistema, de la que formaba parte indisociable la inmunidad de González. Tanto, al menos, como la de Pujol. No se podía consentir que un magistrado partidario de que se pidiese el suplicatorio para actuar contra Guerra en el caso Filesa y que había tenido la osadía de contrariar las exigencias —según Pujol— de una «democracia madura» votando a favor de llamar a González a «su proceso», presidiese la sala del Tribunal Supremo encargada del caso Filesa (de ser nombrado, presidiría el tribunal que lo juzgara) y del caso Segundo Marey. Y no se consintió.
El llanto del Gobierno y de los populares no llegó a los puentes del Manzanares, aunque provocó algunas protestas más o menos formularias, singularmente del vicepresidente del Gobierno, Álvarez Cascos. De Vega, eufórico, dijo: «Mis resoluciones no se rigen por criterios políticos… lo importante es aplicar el principio de legalidad en todas las resoluciones».

Se anunció como bálsamo de Fierabrás o pócima milagrosa de Merlín. Durante casi un año, cualquier pregunta o cuestión que se suscitase sobre la problemática de la justicia era atajada con la remisión a lo que dijese el Libro Blanco. Esperar su advenimiento fue casi una exigencia constitucional desde la formación del nuevo Consejo. Algunos se sorprendieron de que, siendo tan accesibles para el mismo los colectivos de jueces, magistrados, fiscales, secretarios, oficiales, etc., y teniendo tan a mano a los miembros de las profesiones jurídicas de mayor incidencia en el mundo de la justicia, las consultas y encuestas del Consejo se realizasen «orgánicamente», a través de jerarquías, asociaciones, colegios, etc. Pudieron también alarmarse ante la circunstancia de que el diagnóstico y tratamiento de los males de la justicia correspondiera al órgano de gobierno de esa justicia en lugar de hacerlo una comisión de expertos o notables absolutamente al margen del mundo que se analizaba. Es muy probable que, de haberse hecho así, las conclusiones y las propuestas hubiesen sido diferentes. Desde luego, no se hubiesen limitado a perspectivas netamente funcionariales, burocráticas, procesales y reglamentistas. Y es más que posible que se hubiesen abordado los problemas más candentes de la justicia española de nuestro tiempo.
Porque, para empezar, lo más importante del Libro Blanco es lo que omite, lo que no se plantea, lo que no dice. Nada dice sobre la politización de la justicia, es decir, sobre la invasión de los órganos básicos del poder judicial por parte del poder político. Fiel a esta clamorosa laguna, el Consejo no habla de sí mismo en el campo político. Su posición constitucional, la mutilación de sus competencias, el modo de elección de los vocales de procedencia judicial, la responsabilidad política del Consejo, su degradación partitocrática por la falta de transparencia y motivación de sus decisiones son problemas silenciados por el Libro Blanco.
En el Libro Blanco, el Consejo no gasta palabra alguna. Se limita a citar «la posición del Ministerio Fiscal» entre las materias «de innegable relevancia» que se dejan fuera del Libro «por razones tanto de extensión como de disponibilidad temporal». ¿Y de disponibilidad institucional y política? El Libro Blanco es en esta cuestión más blanco que en ninguna otra. Tan blanco como la nada. O, en expresión de Borges, como «una helada y laboriosa nadería».
Lo que sí dice el Libro Blanco, hay que retener una afirmación honesta y veraz del presidente del Consejo: la mayoría de las soluciones a los problemas de la justicia no están en manos del Consejo, sino del poder ejecutivo y el poder legislativo. «Este libro es sólo un punto de partida para abrir un gran debate sobre la justicia, que nosotros entendemos debe desarrollarse en el poder legislativo. […] Nadie debe entender ni interpretar este libro como una iniciativa legislativa, sino sólo como una serie de sugerencias realizadas por un grupo de expertos, […] es fundamentalmente un programa de trabajo». Sin embargo, esta confesión de las enormes limitaciones competenciales del Consejo no hace que Javier Delgado se lamente o realice autocrítica alguna: «El Consejo —dijo— no ha reflexionado sobre sí mismo». Hay que agradecer tan penosa afirmación.

El banquillo de los acusados por el caso Filesa fue todo un símbolo de la justicia que complace al príncipe. Después de casi seis años de instrucción, los intocables quedaban intocados. Había sido una trama de financiación delictiva del PSOE, organizada desde su vértice con la colaboración de muy importantes entidades bancarias y empresariales, y sólo doce personas estaban en el banquillo. Ni González, ni Guerra, ni Galeote, ni los poderosos empresarios y banqueros que pagaron por informes y estudios que nunca existieron, en expectativa de los siempre pingües favores del poder, estaban en ese banquillo, tan denso de soldados y sargentos como huérfano de jefes y generales. El banquillo era la viva historia de la Celtiberia judicial más profunda. Si no hay más remedio, que paguen los sargentos Vázquez. El poderoso no está ni se le espera. Un sistema oligárquico es incompatible con los principios de legalidad e igualdad ante la ley.
Lo del GAL ha llegado hasta el hartazgo. Hay que terminar cuanto antes. No se puede agredir día tras día a la opinión pública con bombardeos de diverso calibre sobre los GAL. No se debe paralizar o ralentizar la actividad política y la atención a los grandes temas socioeconómicos del país para detenerse en la contemplación masoquista de los crímenes gálicos o en los rifirrafes de los distintos procesos y sumarios. Juicios rápidos y expeditivos, justicia instantánea, no más espectáculos procesales, más celeridad y menos exhibicionismo.
Es el penúltimo discurso del encubrimiento. Los mismos que decidieron y planificaron hacer imposible la justicia, negar la evidencia, obstruir la investigación, recurrir a todo lujo de ocultaciones, denegar cualquier mínima colaboración en la búsqueda de la verdad, denigrar a los jueces instructores hasta colocarlos al mismo nivel (que ya es benevolencia) de los procesados por terrorismo, malversación, secuestro y asesinato; los mismos que pretenden a toda costa que se les reconozca el derecho a elegir a «sus» jueces y, en definitiva, a que se consagre el derecho a la impunidad de los criminales de Estado; esos mismos dicen que la opinión pública está harta de que los procesos del GAL no avancen rápidamente y exigen medidas para su terminación o, por mejor decir, su liquidación.
González (que el mismo día de hacerse públicas las sentencias había dicho que los magistrados actuaron bajo presión) aseguró que el tema «no le preocupaba personalmente». Su inquietud por lo acontecido era la propia de una persona que «lucha modestamente por la democracia». Y anunció dos consecuencias graves. La primera, que algunos acusados exigiesen, para su defensa, la aplicación de un concepto tan ambicioso del derecho a la tutela judicial efectiva como el utilizado por el Tribunal Supremo, instando la desclasificación de otros documentos clasificados (así lo anunció, casualmente, Barrionuevo). La segunda era que, «a partir de ahora, sólo se declarará secreto y se clasificará como secreto lo que sea irrelevante en términos de seguridad… mientras que lo que sea relevante no será secreto, sino clandestino». «Entonces —concluyó— habremos dado un paso gigantesco en la consolidación de la democracia».

Desde que, en 1993, tras el «felipazo» de Garzón, se consolidan en la Audiencia Nacional las investigaciones sobre los GAL, las cosas se ponen serias. Nadie pudo parar las condenas de Amedo y Domínguez y nadie puede ahora evitar que las declaraciones de éstos den cada vez mayor densidad y profundidad a la instrucción sumarial de la guerra sucia contra ETA. Si en el plano judicial es Garzón el que en mayor medida protagoniza las investigaciones, el impulso de éstas corresponde, dentro de la Fiscalía de la Audiencia, a Eduardo Fungairiño, verdadero coordinador del Ministerio Fiscal en materia antiterrorista, junto a Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Pedro Rubira y Jesús Santos.

Javier Gómez de Liaño reaccionó con gran celeridad ante el «garzonazo». El día 5 de septiembre se dirigió al Consejo negando los hechos que se hacían constar en aquel engendro judicial, solicitando la urgente intervención conciliar para «una completa investigación» de esos hechos y pidiendo, asimismo, «la actuación inmediata del Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones penales y/o disciplinarias pertinentes».
La decisión de Javier no podía ser más «institucional» ni, por tanto, más ingenua. El Consejo acordó, «visto el escrito presentado» por Gómez de Liaño, así como el texto del auto dictado por Garzón (los dos escritos puestos al mismo nivel), y «dada la extraordinaria gravedad de los hechos que en aquéllos se relatan —en el escrito de Javier no se relataba ningún hecho— dar traslado de los mismos al fiscal general del Estado (Jesús Cardenal) para que, en virtud de sus funciones, ejercite las acciones penales correspondientes». «En tanto no se decida la cuestión en el ámbito penal», no resultaba viable «una actuación de la inspección de este Consejo».
Cuando aquella mañana del 29 de septiembre de 1997, hacia las once horas, acompañado por Antonio y por Jesús, llegué a la puerta del Palacio de Justicia (a la puerta del común, no la de González Márquez), una nube de periodistas y cámaras nos esperaba. Pronto empezaríamos nuestro mensaje: los verdaderos conspiradores eran nuestros detractores (el polanco-felipismo, con Añoveros y Garzón a la cabeza); aquél era un proceso político contra los que habíamos salido al paso del linchamiento polanco-felipista de Javier Gómez de Liaño; una farsa demencial y estúpida exigida por Polanco y Cebrián, con el concurso de sectores muy concretos de la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, para culminar la eliminación de Liaño, juntamente con sus compañeros y amigos más próximos, con base en la fábula prevaricadora de Baltasar Garzón.
Pese a todos los pesares, han existido y existen jueces en este país cuya defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la dignidad de su pueblo ha estado muy por encima de cualquier cálculo personal de prudencia o promoción. Recuerdo por todos ellos la figura entrañable de Julián Serrano Puértolas. Fue juez de San Sebastián en el tardo-franquismo, cuando los estados de excepción eran casi norma en las «provincias traidoras». Dos ejemplos bastan para presentarlo. El primero fue su encausamiento del gobernador de Guipúzcoa Valencia Remón, a quien el general Franco tuvo que nombrar apresuradamente consejero nacional del Movimiento para librarlo de la justicia independiente de Julián Serrano. El segundo fue la exhibición de integridad y lealtad a su oficio con Javier Ortiz. Detenido en Burgos, con la singular acusación de haber proyectado la destrucción de la catedral, fue trasladado con sus compañeros a San Sebastián porque allí sería más fácil torturarlos y someterlos a una justicia excepcional. Y lo fue en el sentido que los policías no esperaban. Julián decretó la libertad inmediata de todos los detenidos y ordenó abrir diligencias para la investigación de las torturas. Su toga no fue jamás pisada por la bota del poder. Era una toga limpia, que nada tuvo nunca que ver con la justicia que complace al príncipe.

Quienes estábamos contra la «soberanía» del Ejecutivo en el campo penitenciario y reclamábamos un mayor protagonismo del poder judicial, pues la ejecución de lo juzgado forma parte de su quehacer constitucional, fuimos de pronto asaltados, a traición y sobre seguro, por el decreto del Gobierno Aznar, de 7 de mayo de 1996, por el que Instituciones Penitenciarias se incorporaba al Ministerio del Interior. Nada que ver con el de Justicia. El Gobierno del PP aprovechó la fusión de ambos ministerios en la égida Belloch para, al separarlos de nuevo, atribuir a Interior las desmedidas competencias gubernamentales sobre la realidad penitenciaria. Esas competencias se mantienen y, encima, en manos del ministerio policial por excelencia. Se impone la lógica represiva juntamente con el pretorianismo. Cosas de la seguridad «política» al margen de la seguridad jurídica.
Claro que, con ello, todo seguía igual. Estuvieron muy bien las voces que se alzaron contra una decisión, probablemente inconstitucional (que en todo caso parecía exigir una ley orgánica) y escasamente acorde con la finalidad resocializadora de las penas privativas de libertad.”
La dispersión de presos etarras fue uno de los grandes inventos políticos de la política penitenciaria del felipismo. Pero nadie disimuló sobre sus causas y finalidades. Se trataba, sin aspavientos juridicistas de ningún tipo, de una decisión estrictamente política al servicio de la lucha antiterrorista. Nadie habló de que la dispersión se inscribiese en principios de individualización penitenciaria. Era una política sancionatoria de los reclusos de ETA para evitar su concentración, premiar a los «buenos» y castigar a los «malos». Nada tenía que ver con las exigencias particulares o generales de resocialización.
El Gobierno Aznar quiso maquillar el sistema con lo de la individualización y la resocialización. Jaime Mayor Oreja ha sido el mejor vocero de esa política: «La política penitenciaria defendida por el Gobierno al inicio de la legislatura exige, respecto al colectivo de internos terroristas de ETA, cierta especificidad que armonice, de una parte, un escrupuloso respeto a la legalidad y, de otra, un planteamiento eficiente de lucha contra esa forma de criminalidad».

La jurisdicción castrense va superando a trancas y barrancas las cuestiones de inconstitucionalidad que se plantean por diversos tribunales, ninguno de ellos militar. Las cuatro cuestiones formuladas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en las que se cuestionaba que los jueces y tribunales militares tuvieran el grado mínimo de independencia frente al Ejecutivo fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional en julio de 1995. Sin embargo, hubo dos magistrados discrepantes, Gimeno Sendra y Tomás Vives, para los que el estatuto de los jueces militares no reviste la garantía de independencia e inamovilidad.
Nuestra justicia militar sigue, pese a todo, superando pruebas de fuego (que son las propias de lo castrense). Así, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos desestimó la demanda presentada por el abogado de los «desertores del Golfo», José Luis Costa Mazón, por el cúmulo de irregularidades cometidas durante el proceso contra aquellos dos jóvenes. Entendía Mazón que los jueces militares del caso habían sido dependientes, parciales y no predeterminados por la ley. El tribunal no lo entendió así. Sin embargo, en el caso Piersack (sentencia de 1 de octubre de 1982) había sentado una doctrina que parecía fomentar otra actitud: «Es suficiente constatar que la imparcialidad del tribunal al que incumbe decidir sobre el fondo de la cuestión pueda estar sometida a duda», ya que «los tribunales deben inspirar a los ciudadanos la confianza que es indispensable en una sociedad democrática y esa confianza puede ser eliminada por la propia estructura orgánica de aquellos tribunales».

Galindo ingresó en la cárcel acusado de una decisiva participación en el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y de Zabala. Aunque fue excarcelado gracias al fervor liberatorio de Carlos Granados, Clemente Auger y un tribunal de la Audiencia Nacional apresuradamente reunido en plena canícula, las confesiones de Felipe Bayo condujeron nuevamente a la cárcel al flamante general, que esta vez se negó a pagar la fianza aduciendo su lealtad a los inferiores también encarcelados.
Toda esta escandalosa realidad hubiera ocurrido igualmente, pero sin un general en la cárcel, si se hubiese cumplido la ley. Cuando Galindo fue ascendido a general no había plaza disponible. Su ascenso, igual que el de Jesús del Olmo, fue ilegal. En el caso de Galindo, no sólo ilegal, sino también éticamente reprobable. Sin embargo, ningún conmilitón interpuso demanda alguna contra el ascenso de Rodríguez Galindo. Así, si es condenado por gravísimos delitos contra la seguridad del Estado, contra la vida y contra la libertad, será condenado un general de la Guardia Civil. Es posible que José Bergamín hubiese calificado el hecho como un episodio de «guardiacivilización de nuestras cárceles».

El 19 de enero de 1998 el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) presentó una campaña antimilitarista de insumisión en los cuarteles que forma parte de su batalla por la desobediencia civil. Miembros del MOC denunciaron que «los juicios a los insumisos revelan el ensañamiento del Ejército contra quienes se atreven a cuestionarlo eficazmente, como es el caso de los insumisos en los cuarteles». Ese ensañamiento es un deshonor para todos nosotros.
Eduardo Serra ha calificado reiteradamente a los insumisos de «antisociales» e «insolidarios», comparándolos brillantemente con los defraudadores fiscales. Llevar la libertad ideológica y de conciencia hasta el extremo de arriesgar la libertad, el empleo y el futuro personal y profesional es calificado de «antisocial» e «insolidario». Rechazar incodicionalmente la licitud de la violencia armada, la militarización institucional de la conciencia, la defensa de las armas y de la guerra como instrumento legítimo de solución de conflictos y la propia existencia de los ejércitos es insolidario y antisocial. Lo verdaderamente solidario y generoso es prepararse para la guerra aduciendo que es preciso para conseguir o mantener la paz. Defender las matanzas «buenas» de los ejércitos amigos, obtener pingües beneficios con el comercio —legal o ilegal— de armas, plegarse por temor o por rutina a toda suerte de imposiciones pretorianas y colaborar con la violencia institucional y jerarquizada.
El nuevo Código no respondió a ese negrísimo panorama. Con una prosa legal cuartelera, tipificó diversos delitos «contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria» condenándolos con inhabilitación absoluta de ocho a doce años y multa de doce a veinticuatro meses. Esto para la «insumisión blanda». La más radical lleva aparejada prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a catorce años. Si es en tiempo de paz. Si es en tiempo de guerra, dos a cuatro años de prisión y la inhabilitación. En la insumisión blanda se deja de ser ciudadano (como los ilotas en Atenas). En la dura, se deja de ser persona.
Pese al clamor de protesta de los movimientos y organizaciones pacifistas, de sindicatos y de ONG, el Defensor del Pueblo, siempre fiel a sí mismo y, por tanto, más defensor del Gobierno que del pueblo, no planteó recurso de inconstitucionalidad, limitándose a realizar diversas «recomendaciones» al Congreso y al Gobierno. El Tribunal Constitucional no entendió que la penalidad fuese desproporcionada o la tipificación de los delitos contraviniese los principios de intervención mínima y humanitarismo penal. Leña a los insumisos. Gloria y poder a los pretores.

This is another interesting book about the judge who was part of Iñaki Gabilondo’s program, which deals with the issue of justice and is for reflection.

The struggle for the right is the best guarantee of democracy. When this struggle is collective and embodied in movements, associations and organizations born of civil society, it produces new forms of counter-power. Only when fundamental rights are exercised collectively do they give life to social counterpowers based on the direct and equal participation of their members. They are therefore endowed with the power of management, negotiation and control to force the institutional powers to fulfill the rights and liberties claimed and to prevent the authoritarian degradation of those powers. To also force justice to behave much more like a power of society in the State, that is, as a counter-power of singular legal legitimacy, than as a sub-power of the State towards society.
The closer to the reality of that counterpower or, if you prefer, the closer to the social reality and the sovereign people, the further away the judiciary will be from the mediatization and manipulation of political power. The more counterpower, more power and greater independence, if it is conceived as a budget of justice. Nothing better than remembering what was said in the preliminary declaration of the French revolutionary Constitution of 1793: “There is oppression against the social body when only one of its members is oppressed. There is oppression against each member when the social body is oppressed ».

Estevill boasted of the “omnipotent powers of the investigating judge” and demonstrated it in practice. About fifty Catalan bankers and businessmen were parading through the jail, the vast majority with no other cause than the discretion of the judge. They called it “the wolf,” but it was more like a crow.
All this accompanied by multimillionaire income that had nothing to do with the humble retribution of judge, exercises of business positions incompatible with the judicial activity (he was a director of the company Sefige, in which he acquired the majority of the shares) and notorious prevarications. In 1993, on the occasion of a replacement in the court of Ramón Massiá, who enjoyed a permit, he changed the status of witnesses of Enrique Marugán and Lorenzo Rosal Bertrand (the manager and the president who expelled him from the Bertrand group when he was his legal advisor ) for the defendants, ordering their search and capture. Marugán and Rosal spent seventy-two hours in jail, until Massiá returned and annulled Estevill’s incredible decisions. When declaring on these facts in the Supreme Court (being still a member of the Council), Luis Pascual told the instructor Luis Román Puerta that he imprisoned Marugán and Rosal without evidence but with “intimate conviction”.
With the same conviction, on November 8 of the same year 1993, he decided to prevent the life of the Life Bank dome. It was a case of buying false invoices to avoid paying VAT, which was used by Estevill to indict, among others, Carlos Zurita (brother-in-law of the King), although the institutional mobilization that took place forced the “wolf” to Go backwards.
The judicial associations called for “more careful mechanisms” in the election of vowels, insisting Judges for Democracy on the need for candidates to be subjected to an “examination” of Parliament, “because you can not put anyone in the Council.” The Professional Association of the Magistrature recalled the need to recover the constitutional system of election of the twelve judicial vowels, adding that when Estevill was appointed there were already “suspicions”. The “Vitorinos” considered that the sentence against Estevill was a reflection of the situation of the Council. For the Independent Judicial Union, Arturo Beltrán said that this episode should serve to break ties with a judicial criterion enfeudado to the political power. But whoever does not console himself is because he does not want to. The Professional Association considered that the ruling of the Supreme Court demonstrated the independence of the judges and that equality before the law of all citizens was “a fact”.
That is to say: if Roldán is condemned, it must be celebrated because it is a sign of judicial independence and equality before the law. But what must be done to make the González, Roldanes, Veras, Barrionuevos, Rubios, Salanueva, Cacerolos, Pujoles, Estevilles and other troops impossible or very no probable?.

The war of all against the four prosecutors of the Audiencia Nacional opposed to the omertà of the power mafias and their impunity was in full effervescence. The Council had approved a very critical report of the preliminary draft of Official Secrets, a new inquisitorial and praetorian jewel with which Eduardo Serra thought adequately shielding, in the face of justice, any possible criminal act of power.
Everyone seemed to forget the soul of the system, of which González’s immunity was an inseparable part. So much, at least, like Pujol’s. It could not be allowed that a magistrate supporter of requesting the request to act against Guerra in the Filesa case and had had the audacity to contradict the demands, according to Pujol, of a “mature democracy” voting in favor of calling González to “His trial”, presided over the room of the Supreme Court in charge of the Files case (if appointed, he would preside over the court that would judge him) and of the Second Marey case. And he did not consent.
The crying of the Government and of the popular ones did not arrive at the bridges of the Manzanares, although it caused some more or less formulaic protests, singularly of the vice-president of the Government, Alvarez Helmets. De Vega, euphoric, said: “My resolutions are not governed by political criteria … the important thing is to apply the principle of legality in all resolutions.”

It was announced as a balsam of Fierabrás or a miraculous potion of Merlin. For almost a year, any question or question that arose about the problem of justice was addressed with reference to what the White Paper said. Waiting for his advent was almost a constitutional requirement since the formation of the new Council. Some were surprised that, being so accessible to the same groups of judges, magistrates, prosecutors, secretaries, officials, etc., and having so close to the members of the legal professions of greater incidence in the world of justice, the consultations and surveys of the Council were carried out “organically”, through hierarchies, associations, schools, etc. They could also be alarmed at the fact that the diagnosis and treatment of the evils of justice corresponded to the governing body of that justice instead of making it a commission of experts or notables absolutely outside the world that was analyzed. It is very likely that, had this been done, the conclusions and proposals would have been different. Of course, they would not have been limited to purely official, bureaucratic, procedural and regulatory perspectives. And it is more than possible that the most burning problems of Spanish justice of our time had been addressed.
Because, to begin with, the most important thing in the White Book is what it omits, what does not arise, what it does not say. Nothing says about the politicization of justice, that is, about the invasion of the basic organs of the judicial power by the political power. True to this clamorous gap, the Council does not speak of itself in the political arena. Its constitutional position, the mutilation of its powers, the way of choosing the members of judicial origin, the political responsibility of the Council, its partitocratic degradation due to the lack of transparency and motivation of its decisions are problems silenced by the White Paper.
In the White Paper, the Council does not spend a word. It merely quotes “the position of the Public Prosecutor’s Office” among the matters “of undeniable relevance” that are left out of the Book “for reasons both of extension and of temporary availability”. And of institutional and political availability? The White Paper is in this issue whiter than in any other. As white as nothing. Or, in the words of Borges, as “an icy and laborious nudity”.
What the White Paper does say, it is necessary to retain an honest and truthful affirmation of the president of the Council: most of the solutions to the problems of justice are not in the hands of the Council, but of the executive power and the legislative power. “This book is just a starting point to open a great debate about justice, which we understand should be developed in the legislative branch. […] Nobody should understand or interpret this book as a legislative initiative, but only as a series of suggestions made by a group of experts, […] it is fundamentally a work program ». However, this confession of the enormous limitations of powers of the Council does not make Javier Delgado lament or carry out any self-criticism: “The Council,” he said, “has not reflected on himself.” We have to thank such a painful affirmation.

The bench of those accused by the Filesa case was a symbol of justice that pleased the prince. After almost six years of instruction, the untouchables were left untouched. It had been a criminal financing scheme of the PSOE, organized from its apex with the collaboration of very important banking and business entities, and only twelve people were in the dock. Neither Gonzalez, nor Guerra, nor Galeote, nor the powerful businessmen and bankers who paid for reports and studies that never existed, in expectation of the always penurious favors of power, were on that bench, as dense as soldiers and sergeants as orphans of chiefs. and generals. The bench was the living history of the deepest judicial Celtiberia. If there is no other remedy, pay the Vázquez sergeants. The powerful is not even expected. An oligarchic system is incompatible with the principles of legality and equality before the law.
The GAL has reached the point of satiety. You have to finish as soon as possible. You can not attack the public opinion day after day with bombings of different caliber on the GAL. Political activity and attention to the great socioeconomic issues of the country should not be paralyzed or slowed down in order to stop at the masochistic contemplation of the Gallic crimes or in the raids of the different processes and summaries. Rapid and expeditious judgments, instant justice, no more procedural shows, more celerity and less exhibitionism.
It is the penultimate speech of concealment. The same ones who decided and planned to make justice impossible, deny the evidence, obstruct the investigation, resort to every luxury of concealment, deny any minimum collaboration in the search for the truth, denigrate the investigating judges until placing them at the same level (which it is benevolence) of those prosecuted for terrorism, embezzlement, kidnapping and murder; the same who claim at all costs to be recognized the right to elect “their” judges and, ultimately, that the right to impunity of state criminals be enshrined; they say that public opinion is fed up with the fact that the LAG processes do not move forward quickly and demand measures for their termination or, to put it better, their liquidation.
González (who on the same day the sentences were made public had said that the magistrates acted under pressure) assured that the issue “did not concern him personally”. His concern for what happened was that of a person who “struggles modestly for democracy.” And he announced two serious consequences. The first, that some defendants demanded, for their defense, the application of such an ambitious concept of the right to effective judicial protection as that used by the Supreme Court, urging the declassification of other classified documents (as announced by chance, Barrionuevo) . The second was that, “from now on, only what is irrelevant in terms of security will be declared secret and classified as secret … while what is relevant will not be secret, but clandestine.” “Then,” he concluded, “we will have taken a gigantic step in the consolidation of democracy.”

Since, in 1993, after the “felipe” of Garzón, the investigations into the GAL have been consolidated in the National Audience, things become serious. No one could stop the convictions of Amedo and Dominguez and no one can now prevent the declarations of these give increasing density and depth to the summary instruction of the dirty war against ETA. If in the judiciary it is Garzón who plays the leading role in the investigations, the impulse of these corresponds, within the Audiencia de la Audiencia, to Eduardo Fungairiño, true coordinator of the Public Prosecutor’s Office in antiterrorism, together with Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Pedro Rubira and Jesús Santos.

Javier Gómez de Liaño reacted very quickly to the “garzonazo”. On September 5 he addressed the Council denying the facts that were recorded in that judicial monstrosity, requesting the urgent conciliar intervention for “a full investigation” of those facts and asking, also, “the immediate action of the Public Prosecutor for the exercise of the relevant criminal and / or disciplinary actions ».
Javier’s decision could not be more “institutional” nor, therefore, more naive. The Council agreed, “seen the brief submitted” by Gómez de Liaño, as well as the text of the writ issued by Garzón (the two writings put on the same level), and “given the extraordinary seriousness of the facts reported therein -in Javier’s letter was not related to any facts-to transfer them to the state attorney general (Jesús Cardenal) so that, by virtue of his functions, he may exercise the corresponding criminal actions ». “As long as the matter is not decided in the criminal field,” an action of the inspection of this Council “was not feasible.
When that morning of September 29, 1997, around eleven o’clock, accompanied by Antonio and by Jesus, I arrived at the door of the Palace of Justice (at the door of the common, not that of González Márquez), a cloud of journalists and cameras he was waiting for us. Soon we would begin our message: the true conspirators were our detractors (the polanco-felipismo, with Añoveros and Garzón at the head); that was a political process against which we had gone through the path of the lynching polanco-felipista Javier Gómez de Liaño; a demented and stupid farce demanded by Polanco and Cebrián, with the help of very specific sectors of the National Court, the General Council of the Judicial Power, the State Attorney General’s Office and the Supreme Court, to complete the elimination of Liaño, together with his closest companions and friends, based on the prevaricating fable of Baltasar Garzón.
Despite all the sorrows, there have been and there are judges in this country whose defense of human rights, freedom and dignity of their people has been far above any personal calculation of prudence or promotion. I remember for all of them the endearing figure of Julián Serrano Puértolas. He was judge of San Sebastian in the late Franco regime, when states of exception were almost standard in the “treacherous provinces.” Two examples are enough to present it. The first was his prosecution of the governor of Guipúzcoa Valencia Remón, whom General Franco had to hurriedly appoint as national counsel to the Movement to free him from the independent justice of Julian Serrano. The second was the exhibition of integrity and loyalty to his office with Javier Ortiz. Detained in Burgos, with the singular accusation of having projected the destruction of the cathedral, he was transferred with his companions to San Sebastian because there it would be easier to torture them and subject them to exceptional justice. And it was in the sense that the police did not wait. Julian decreed the immediate release of all the detainees and ordered the opening of proceedings for the investigation of the torture. His toga was never stepped on by the boot of power. It was a clean gown, which had nothing to do with the justice that pleased the prince.

Those of us who were against the “sovereignty” of the Executive in the penitentiary field and we demanded a greater role of the judicial power, since the execution of the judged is part of its constitutional task, we were suddenly assaulted, betrayed and over assured, by the decree of the Aznar Government, of May 7, 1996, by which Penitentiary Institutions joined the Ministry of the Interior. Nothing to do with Justice. The Government of the PP took advantage of the merger of both ministries in the Belloch aegis to, by separating them again, attribute to Interior the excessive governmental competences on the penitentiary reality. These powers are maintained and, above all, in the hands of the police ministry par excellence. The repressive logic is imposed together with praetorianism. Things of “political” security outside of legal certainty.
Of course, with that, everything was the same. The voices that were raised against a decision, probably unconstitutional (which in any case seemed to require an organic law) and hardly consistent with the purpose of resocializing prison sentences were very good. ”
The dispersion of ETA prisoners was one of the great political inventions of the penitentiary policy of felipism. But nobody concealed about its causes and purposes. It was, without juridicistas fuss of any kind, a strictly political decision in the service of the fight against terrorism. Nobody spoke of the fact that the dispersion was inscribed in principles of penitentiary individualization. It was a sanctioning policy for ETA inmates to avoid concentration, reward the “good guys” and punish the “bad guys”. It had nothing to do with the particular or general requirements of resocialization.
The Aznar Government wanted to make up the system with the individualization and re-socialization. Jaime Mayor Oreja has been the best spokesman for this policy: “The penitentiary policy advocated by the Government at the beginning of the legislature requires, with respect to the group of ETA terrorist inmates, a certain specificity that harmonizes, on the one hand, a scrupulous respect for the legality and, on the other, an efficient approach to fight against this form of criminality ».

The military jurisdiction is surpassing the unconstitutionality issues that are raised by various courts, none of them military. The four questions raised by the Administrative Litigation Chamber of the Superior Court of Justice in Seville in which it was questioned that military judges and courts had the minimum degree of independence from the Executive were rejected by the Constitutional Court in July 1995. However, there were two discrepant magistrates, Gimeno Sendra and Tomás Vives, for whom the statute of military judges does not have the guarantee of independence and irremovability.
Our military justice continues, despite everything, overcoming fire tests (which are those of the military). Thus, the European Court of Human Rights dismissed the lawsuit filed by the lawyer of the “deserters of the Gulf”, José Luis Costa Mazón, for the accumulation of irregularities committed during the process against those two young people. Mazon understood that the military judges in the case had been dependent, partial and not predetermined by law. The court did not understand it that way. However, in the Piersack case (judgment of 1 October 1982) he had established a doctrine that seemed to encourage another attitude: “It is sufficient to note that the impartiality of the tribunal that is responsible for deciding on the merits of the matter may be subject to doubt », Since« the courts must inspire citizens with the confidence that is indispensable in a democratic society and that trust can be eliminated by the organic structure of those courts ».

Galindo entered the jail accused of a decisive participation in the kidnapping, torture and murder of Lasa and Zabala. Although he was freed thanks to the liberating fervor of Carlos Granados, Clemente Auger and a court of the National Court hurriedly gathered in the heat of the heat, the confessions of Felipe Bayo again led to jail the new general, who this time refused to pay the bail adducing his loyalty to the inferiors also imprisoned.
All this scandalous reality would have happened equally, but without a general in jail, if the law had been fulfilled. When Galindo was promoted to general there was no place available. His ascent, like that of Jesus del Olmo, was illegal. In the case of Galindo, not only illegal, but also ethically reprehensible. However, no conmilitón filed any claim against the promotion of Rodríguez Galindo. Thus, if it is condemned for very serious crimes against the security of the State, against life and against freedom, a general of the Civil Guard will be condemned. It is possible that José Bergamín described the incident as an episode of “guardiac civilization of our jails.”

On January 19, 1998, the Movement of Objection of Conscience (MOC) presented an anti-militarist campaign of insubordination in the barracks that is part of its battle for civil disobedience. Members of the MOC denounced that “the trials of the rebels reveal the cruelty of the Army against those who dare to question it effectively, as is the case of the rebels in the barracks.” That cruelty is a disgrace to all of us.
Eduardo Serra has repeatedly called insumisos “antisocial” and “unsupportive”, comparing them brilliantly with tax fraudsters. Carrying the ideological and conscientious freedom to the extreme of risking freedom, employment and personal and professional future is described as “antisocial” and “unsupportive”. Reject unlawfully the legality of armed violence, the institutional militarization of conscience, the defense of arms and war as a legitimate instrument of conflict resolution and the very existence of armies is unsupportive and antisocial. What is truly supportive and generous is to prepare for war by arguing that it is necessary to achieve or maintain peace. Defend the “good” killings of friendly armies, obtain huge profits from illegal or illegal trade in weapons, fold out of fear or routine all kinds of praetorian impositions and collaborate with institutional and hierarchical violence.
The new Code did not respond to that very black panorama. With a legal barracks prose, typified various crimes “against the duty of compliance with the social benefit substitute” condemning them with absolute disqualification from eight to twelve years and a fine of twelve to twenty-four months. This for “soft insubordination.” The most radical prison involves six months to two years and absolute disqualification for ten to fourteen years. If it is in time of peace. If it is in time of war, two to four years of imprisonment and disqualification. In the soft insubordination one stops being a citizen (like the Helots in Athens). In the hard, it stops being a person.
Despite the clamor of protest from pacifist movements and organizations, trade unions and NGOs, the Ombudsman, always true to himself and, therefore, more a defender of the Government than of the people, did not file an appeal for unconstitutionality, limiting himself to carrying out various “recommendations” to Congress and the Government. The Constitutional Court did not understand that the penalty was disproportionate or the classification of the crimes contravened the principles of minimum intervention and criminal humanitarianism. Firewood to the insumisos. Glory and power to praetors.

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