Manos sucias, el poder contra la justicia — Joaquín Navarro / Dirty Hands: Government Against Justice by Joaquín Navarro (spanish book edition)

Este es otro de esos libros que consideró esclarecedores y escrito por el conocido como “juez Navarro” me interesa en cuanto radiografía la justicia a través de la historia reciente de nuestro país.

En España vivimos una joven democracia en la que quizás ha llegado el momento de diferenciar la realidad de la apariencia: o lo que es lo mismo, descubrir la certeza o mendacidad de lo que se nos ha dicho y si ello coincide con lo sucedido, en todos y cada uno de los supuestos conflictivos que perturban nuestro sistema político. Por ello, son saludables los intentos que tratan de profundizar en el conocimiento de esa «verdad o realidad» oculta, o en el mejor de los casos trucada o prostituida.
Si una democracia adolescente se quiere que madure y llegue a la «tercera edad» y se haga eternamente joven para los que nos sucedan, no puede estar viciada desde el principio ni puede tener zonas herméticas, opacas, prohibidas o negras que constituyan una especie de losa, a modo de «espada de Damocles» que en el momento más inesperado caiga reabriendo las heridas mal suturadas.
El problema surge cuando se pretende indagar en las zonas prohibidas sin la «autorización ni consentimiento» de los afectados.
A los «Señores del Poder amenazado» no les interesa para nada que las instituciones afectadas recuperen la credibilidad, sino que, caso necesario, perezcan con ellos, porque, en su aberrante planteamiento, las dichas instituciones son parcelas de propiedad privada. Es decir, de servidores del poder y del ciudadano se han convertido en detentadores patrimoniales de ese Poder, y su ansia por conservarlo apenas les permite ver que históricamente quien así actúa acaba en una estrepitosa caída, precisamente por aferrarse a ese poder y haber vuelto la espalda a los ciudadanos.
No sería necesario decir, porque resulta obvio, pero conviene recordar, que, según nuestra Constitución en su art. 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Desgraciadamente en los últimos años se ha asistido a un fenómeno de descapitalización o vaciamiento de este artículo.

Parece claro que es necesaria la existencia de un órgano judicial como la Audiencia Nacional que haga frente con efectividad a las formas de delincuencia transnacional organizada que apuntan en su actuación hacía el corazón de las estructuras del propio sistema democrático, y que, en todo caso, exceden de su extensión y actuación de cualquier ámbito local de competencia y exigen una distribución competencial más amplia. Me consta por experiencia personal que en este ámbito la Audiencia Nacional siempre ha sido alabada en su extensión territorial de competencia en los diferentes foros internacionales donde se ha debatido su existencia, aunque también ha recibido críticas, incluso por quien suscribe, al haberse convertido en algunos aspectos en un cuello de botella en el que se asientan múltiples asuntos sin que se les facilite la salida procesal establecida por la ley.
Cada vez hay más evidencias, y los últimos acontecimientos lo demuestran de que hasta que el Ministerio Fiscal no se integre con la necesaria autonomia dentro del Poder Judicial y en su órgano de Gobierno (previa reforma de éste) no podrá hablarse de auténtica independencia de esta institución cuya cabeza visible es nombrada y sustituida por el Gobierno y por ende con una sumisión teórica evidente, sin ningún tipo de mecanismo de autoprotección que no sea la «actitud heroica» de su titular presentando la dimisión cuando se le impongan determinadas directrices, lo cual puede hacerse o en forma explícita o en forma tácita pero con efectos similares. No me consta que la dimisión sea la regla general en la historia del cargo del fiscal general.

Cuando entran en colisión dos intereses como pueden ser el de la Seguridad del Estado y el de la averiguación de la verdad material en el ámbito penal en supuestos de investigación de fines delictivos graves, el necesario equilibrio entre el interés más instrumental y por tanto sometido a más excepciones, el de la Seguridad del Estado, y el más amplio, fundamental y necesitado de protección, constituido por la defensa y protección de los derechos a la vida, a la libertad, al interés económico del propio Estado, y en su violación por delitos de asesinato, detención ilegal o malversación de caudales públicos, exige que el primero ceda siempre a favor del segundo.
Por tanto, no puede prevalecer la tesis de la ocultación o sustracción de datos, o la de la obstaculización de todo intento de investigación y conocimiento de aquellos elementos necesarios para la misma al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, modificada por la Ley 48/ 1987 de 7 de octubre (art. 2 y 3) o en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28-11-1986, que en su apartado 1.4 otorga el carácter de materia reservada a «todo lo relacionado con la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas». Y ello porque:
a) Esta normativa no puede amparar actividades ilegales.
b) Se consagraría, si triunfara aquella tesis, el principio de impunidad absoluta de determinadas personas y zonas de actividad del Estado.
c) Carece de justificación tanto desde el punto de vista constitucional como desde el de la legislación ordinaria y además sería contraria a toda lógica.

La situación que desde hace un tiempo se vive en España me hace afirmar con cierto pesar y pesimismo que nos hallamos en una especie de encrucijada en la que reina la indecisión, la falta de horizontes y alternativas frente a muchos de los problemas que acucian a la sociedad. Por el contrario, la descalificación, la demagogia, la manipulación y la falta de análisis serio de los problemas se han adueñado de la situación, hasta el punto de que el ciudadano está harto de todos y de casi todo, con el peligro que ello conlleva. Parece como si «alguien se hubiera preocupado de soltar el ronzal de todos los demonios del infierno para que actúen en la tierra».
En España, en poco tiempo, hemos pasado de una situación de represión política y social a una situación nueva, distinta, que precisamente por lo desconocida ha determinado que muchos a los que el pueblo confió abiertamente la esperanza hayan traicionado aquel aval.
Los fenómenos de la corrupción, la crisis de los partidos políticos, la falta de credibilidad en cierta clase política, la ausencia de horizontes en la juventud, el resquebrajamiento del Estado de Bienestar, los ataques a la independencia del Poder Judicial, la intolerancia, la xenofobia e incluso el racismo nos han estallado en plena cara con virulencia. El ciudadano vive día a día con el alma en vilo, pendiente del siguiente escándalo, que espera con el morbo de comprobar si es más grande que el anterior y haciendo buena la frase de Séneca «mañana será peor». De todas formas, cuando la noticia no se produce con el alcance negativo que se esperaba, se experimenta cierto desánimo.
No debemos olvidar, al fin, lo que decía Bobbio al hablar del poder político (el Ejecutivo): «El Poder por el Poder es la forma más degenerada del ejercicio de cualquier forma de poder… Si el fin de la política fuera de veras el Poder, la política no serviría para nada».

Todo sistema totalitario desconoce, impide y corrompe la justicia. Decía Agustín de Hipona que la única diferencia esencial entre una asociación política y una asociación de malhechores es la justicia. La dictadura es, por tanto, una asociación de delincuentes que actúa y detenta el poder por delegación del Jefe, que es el gran capo, il capo di tutti i capi. Los regímenes totalitarios suponen la plenitud de un poder sin verdaderos controles legales e institucionales que, por propia naturaleza, está por encima de las leyes. Es un poder irresponsable o, lo que es lo mismo, «responsable ante Dios y ante la historia». Independiente del Derecho y de la ley e irresponsable ante el Derecho y ante la ley.

Ese peculiar Estado de Derecho necesitaba, como todas las dictaduras, una Administración de Justicia adecuada a sus esencias. La utilización de la justicia y de los jueces como coartada, fachada y aparato ha sido siempre una especialidad de cualquier totalitarismo que se precie. La dictadura franquista no fue una excepción. Primero tuvo lugar la persecución y depuración de los profesionales del Derecho contumaces en el servicio a la República, es decir, a la rebelión. Simultáneamente, las carreras judicial y fiscal (como toda la Administración pública) fueron nutridas por ex combatientes que querían seguir combatiendo y por nuevas generaciones de militantes —al menos formales— del franquismo triunfador, cuyas huestes judiciales eran obligadas a juramentos tan recios como el que tomara el Cid a Alfonso VI en Santa Gadea de Burgos. Al mismo tiempo se practicó un férreo control de todos las puestos judiciales de alguna significación.
Mas esto no era suficiente. Había que evitar las infiltraciones de herejes y perjuros de toda estirpe.

Se aprobaron, finalmente, seis principios esenciales para la democratización y la civilidad de la justicia deseada:
—La abolición de la pena de muerte.
—El pleno respeto a la presunción de inocencia.
—El plazo máximo de detención de veinticuatro horas.
—La completa judicialización del ámbito penitenciario.
—La total gratuidad de la justicia para quienes acreditaran insuficiencia económica.

Los Pactos de La Moncloa vinieron a suspender o a congelar la radical confrontación entre los sectores conservadores y progresistas del llamado «arco parlamentario» (que nunca tuvo ni carcaj ni flechas). La situación económica era muy grave y estaba gangrenada por la inflación, el déficit público y el paro. El Gobierno de Adolfo Suárez tanteó la necesidad de un gran pacto socio-económico que, sustancialmente, moderase las reivindicaciones de los trabajadores domesticando en primer lugar la actitud de los partidos parlamentarios que, mal que bien, asumían la representación de las capas sociales más desfavorecidas. De hecho, desde la inauguración de las Cortes Constituyentes, en julio de 1977, habían menudeado duros enfrentamientos entre los grupos parlamentarios de la oposición, el Gobierno y el partido gubernamental, en cuyo seno se habían instalado determinados residuos franquistas dominados por la nostalgia y, en algún caso, por afanes retardatarios. La propia realidad social, institucional, sindical, militar y policial —preñada de contradicciones y turbulencias encontradas— abonaba inercias…
Son los más tenaces enemigos de la libertad, la dignidad y la independencia que exige la administración de la justicia: la dependencia jerárquica y el conformismo sociopolítico. Ambos refuerzan la imagen del juez-funcionario, titular de un poder burocrático y represivo. Cuando lo que se exigía básicamente, en la dictadura y en la transición, por los sectores más abiertos y progresistas, era la independencia de la justicia frente a todos los demás poderes —públicos y privados—, lo que la realidad ha ido instalando es la figura de unos jueces mucho más independientes del pueblo que del poder.
El resultado ha sido, como ha señalado con sencilla claridad Francisco Gor, que «sigue persistiendo en la realidad la imagen del juez más como detentador de una potestad derivada del Estado, de índole represiva, tendente a la persecución y el castigo de quienes vulneran las normas básicas de convivencia, que como tutelador de los derechos y libertades de la persona, que la Constitución resalta como función imprescindible en una sociedad democrática».

Con la apertura del proceso constituyente, el pueblo español se convertía ya, en su horizonte jurídico y convivencial inmediato, en un pueblo libre que emprendía un largo camino hacia un futuro incierto pero preñado de esperanza. Ni la desmovilización social causada por los Pactos de La Moncloa, ni la multiplicación de prudencias y cautelas intentando tascar el freno de la impaciencia, ni la prolongada duración del proceso (sorprendentemente dilatado), ni la resistencia al mismo de los que se denominaron poderes fácticos, ni la acumulación de los graves problemas causados por una crisis económica muy profunda consiguieron debilitar o desvirtuar esa explosión de esperanza.
Era incontenible la pasión popular por la libertad, por la justicia y por la igualdad. Había prendido tan hondamente en la conciencia y en la ilusión de los españoles que ningún cortafuegos (y se practicaron muchos) podía detener el incendio. No podía ser una pasión inútil.
En un sistema democrático no pueden existir poderes sin legitimación democrática, es decir, sin una vinculación esencial, directa o indirecta, con la soberanía popular. Ya el artículo 1.2 de la Constitución proclama que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Esta afirmación se concreta, en cuanto al Poder Judicial, en el comienzo del artículo 117.1: «La justicia emana del pueblo».

O los jueces son independientes, o en lugar de impartir justicia, la perpetran. O la justicia es independiente de cualquier poder político, social y económico, o no es justicia. Sin una concreta y eficaz garantía de su independencia, el Poder Judicial queda reducido a la nada o se convierte, fatal y necesariamente, en un instrumento grosero y mezquino de represión.

El gobierno y la administración del Poder Judicial no podían estar en manos de otro poder del Estado. Tampoco era posible la existencia de un poder «policéntrico y disperso» (es decir, con tantos titulares como jueces y tribunales existen) sin un órgano constitucional al que se confiaran su gobierno y administración. Este órgano tenía que reunir las características precisas para garantizar la independencia externa e interna del poder judicial, así como su plenitud y suficiencia.
Ni siquiera a la publicidad y transparencia de los debates y de los votos, que deberían ser una mínima exigencia democrática en el funcionamiento del Consejo y obligarían a una razonable objetividad. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como Jueces para la Democracia han denunciado el asombro o la indignación causados por determinados nombramientos, mucho más fronterizos con la prevaricación que con una elemental racionalidad. Así, se han justificado algunas designaciones escandalosas con el argumento de que el designado era mejor gestor; o se ha nombrado para funciones especializadas a quienes llevaban largos años ejerciendo otras que nada tenían que ver con aquéllas; o se ha elegido a candidatos que no reunían los requisitos legales exigidos; o se ha dejado vacante la plaza en cuestión, sin explicar en forma alguna el motivo de tal desprecio a todos los candidatos.
No fue precisamente ejemplar el hecho de que el tribunal del Supremo competente en el «caso Filesa» denegase tramitar la petición de suplicatorio contra Alfonso Guerra solicitada por Marino Barbero. Confieso mi asombro jurídico ante una resolución de cuyos precedentes histórico-doctrinales no tengo noticia. Que el Tribunal Supremo base su denegación en la dificultad técnica de que un presunto delito «de propia mano» pueda ser cometido por alguien que no lo ejecutó materialmente es entrar en análisis asaz exquisitos tratándose de circunstancias y personajes tan señalados. Además, nadie puede negar la posibilidad de una coautoría por inducción o cooperación necesaria. No sé si la resolución, como dijo Barbero, fue impresentable. Pero creo que no despedía «humo de buen Derecho» y que no contribuyó al necesario clima de confianza en la imparcialidad de la justicia y en la igualdad ante la ley penal. La misma Sala —cuya resolución fue recurrida por el Partido Popular— volvió a denegar la petición de suplicatorio. «Sostenella e no enmendalla», al estilo del cristiano viejo.

El Consejo no sólo tiene la facultad de nombramiento de todos los cargos judiciales de carácter discrecional, para cuya función puede elegir libremente, sin necesidad alguna de motivar sus opciones, sino que cuenta también con un instrumento que puede ser decisivo en el control de la «carrera judicial»: la potestad disciplinaria. Algunos expertos han cuestionado la propia existencia de un régimen disciplinario aplicable a jueces y magistrados, afirmando que los jueces del modelo anglosajón no son sometidos a régimen disciplinario alguno y son, sin embargo, referencia precisa para cualquier sistema en el que se respete profunda y rigurosamente la independencia judicial y la dignidad de la función de juzgar.

Es posible que provocase la envidia de muchos gobiernos occidentales ocupados en esto del terrorismo. Concretamente en Italia, sorprendía poderosamente que la prórroga de la detención y la competencia de unos órganos judiciales especializados sean de recibo a la luz de una constitución democrática.
Hubieron de sobrevenir más barbaries y más terrorismo de Estado para que algunos terminaran de comprender la enormidad del problema. Pablo Castellano rectificó públicamente sus anteriores actitudes de defensa de aquella ley nauseabunda que nunca constituyó Derecho. Peces-Barba reconoció en privado —estábamos en plena calle Bárbara de Braganza, en 1988— su equivocación y su rectificación. Estoy seguro de que algunos jueces del Tribunal Constitucional que dictaron aquella sentencia no estarían ahora tan seguros de haber aplicado criterios jurídico-constitucionales acordes, como debe ser, con la realidad social y con la equidad.
Si en la llamada lucha antiterrorista se subvierten y corrompen principios y garantías constitucionales y legales en nombre de la eficacia policial, que se convierte en un poder judicial fáctico, parapetado en la teórica judicialización de su actividad, la lucha contra el narcotráfico no tenía por qué, renunciar a su «chacrita» de Derecho emergente y de excepción, con un poder policial efectivo. Los ex ministros Barrionuevo y Ledesma —apoyados y ayuntados por González— habían perfilado aquel Derecho extraordinario contra el terrorismo. Los ministros Corcuera y De la Quadra —también con el apoyo y la bendición de González— tenían ante sí la gigantesca empresa de proteger la seguridad ciudadana frente al narcotráfico y, de paso, frente a las propias exigencias de la legalidad y la seguridad jurídica.

Tanta porquería se había lanzado contra este juez desde todos los ámbitos del poder felipista, tanto descrédito se había intentado acumular sobre Baltasar Garzón, tan gigantesca había sido la campaña de acoso y obstrucción de la actividad judicial, que la decisión del Tribunal Constitucional era esperada con una tensa alarma. Era inevitable. Estaba clara la falta de fundamentación constitucional de esos recursos. Se formularon sin haber agotado la vía ordinaria y eran, más que otra cosa, nuevos instrumentos de descalificación y desprecio de una justicia representada de forma irreprochable —en el campo jurídico y democrático— por Baltasar Garzón. Pero la expectación y la tensión existían. Bastaba la existencia de unas cuantas resoluciones, como las analizadas, demasiado benignas con el poder político, demasiado atenidas a criterios y principios de oportunidad política más que a exigencias y parámetros jurídicos, para que se diera pábulo a la desconfianza.
La decisión del Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio.

Cualquier juez de instrucción sabe por experiencia que cuando se ordena a la policía alguna investigación que, por unas u otras circunstancias, resulta molesta o «inconveniente», el informe policial acaba por ser siempre el mismo: «Las activas gestiones realizadas no han dado un resultado satisfactorio; se seguirá investigando con la mayor diligencia». Es normalmente el prólogo de un archivo inevitable. O, como se dice en la jerga forense, de un SP (sobreseimiento provisional) que, en la inmensa mayoría de los casos, se convierte en un SD (sobreseimiento definitivo).

«Civilizar» el problema con medidas elementales: legalizar la objeción sobrevenida; desmilitarizar radicalmente la prestación social sustitutoria (igualando su duración al servicio militar), crear un servicio civil alternativo a éste (con absoluta igualdad de trato) e ir decidida y sinceramente hacia la creación de un ejército profesional de dimensiones mínimas (si es que se entendía necesario para algo). Pero no se fue en esta dirección, sino en la contraria: endurecer la objeción y la prestación social sustitutoria y establecer un implacable encarnizamiento represivo de los insumisos.

De nada sirvió la tímida oposición socialista a que se mencionase a la Iglesia católica como única confesión con nombre propio en la Constitución. Algunos consideraban que esto era equiparable a una declaración vergonzante de confesionalidad o a una «confesionalidad solapada». A propuesta del grupo centrista, el Anteproyecto constitucional de 17 de abril de 1978 apareció con su artículo 15.3 redactado así: «Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las correspondientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones».
En el pleno del Congreso del 7 de julio de 1978, el ponente constitucional Gabriel Cisneros Laborda planteó inteligentemente la cuestión: «No es que seamos más papistas que el Papa. Simplemente pretendemos ser constituyentes. Somos ciudadanos de la sociedad civil puestos a la tarea civil de conformar una norma fundamental para una España civil.
La jerarquía católica tenía que combinar la realidad insoslayable de la secularización y la no confesionalidad con la defensa de los principios esenciales de su hegemonía ideológica y práctica en el campo de la enseñanza. Al mismo tiempo, la izquierda parlamentaria se veía obligada a salvar los «mínimos» de una enseñanza pública y laica orientada «a desarrollar el sentido crítico sin valores absolutos previos, religiosos, morales o económicos».

El derecho a una muerte digna cobró especial actualidad con motivo de la petición de Ramón Sampedro, un tetrapléjico gallego, de que se le practicara la eutanasia. Estaba, hacía muchos años, absolutamente inmovilizado en la cama y, a través de la Asociación del Derecho a una Muerte Digna de Cataluña, planteó su petición ante un juzgado de Barcelona. El juzgado denegó las pretensiones de Ramón Sampedro alegando cuestiones formales, como la falta de competencia territorial para entrar en el fondo de la cuestión. Se apeló a la Audiencia Provincial, y ésta dictó una sentencia que tuve la oportunidad de comentar en su momento.

La actitud de Belloch es inentendible: no ha explicado por qué se ha concedido sistemáticamente el indulto a los torturadores, por qué no existe ni un solo torturador en nuestras cárceles, por qué todos ellos han seguido perteneciendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por qué se ha seguido practicando hasta fechas bien recientes la política del ascenso, la condecoración y el perdón de los verdugos, por qué se ha indultado a los reincidentes. El sabe muy bien que la tortura constituye un elemento esencial del terrorismo de Estado y que los torturadores son aliados objetivos y muy valiosos del terrorismo que se practica contra el Estado. Y sabe perfectamente que la impunidad de los verdugos es el caldo de cultivo de nuevos verdugos y de nuevas impunidades. Ojalá el comportamiento del ministro y del , Gobierno en relación con seis de los torturadores de Tomás Linaza.
No cabe hablar en justicia de la lucha contra la tortura y la impunidad de los torturadores en nuestro país sin una mención expresa a la actuación de la Asociación contra la Tortura, creada en 1985 por un grupo de abogados madrileños. Fue su presidente, hasta la muerte, Fernando Salas, un lúcido militante de los derechos humanos contra todas las manifestaciones del terrorismo de Estado. Fue también abogado de la acusación popular contra los crímenes del GAL. Creó un Tribunal contra la Tortura que, a partir de 1986, denunció, acusó y juzgó ante la opinión pública a los verdugos disfrazados de servidores del Estado y a sus numerosos cómplices y encubridores. Tuve el honor de trabajar con Fernando en ese Tribunal.

Entre las promesas no cumplidas de la democracia están la transparencia del poder, la eliminación del secreto y el control del poder por los ciudadanos. No es sino la consecuencia de la creciente fuerza de las oligarquías. Lejos de haber sido derrotado o menguado, el poder oligárquico ha logrado definir a la «democracia real» como una competencia entre élites por la conquista del voto popular.
El proceso ha sido descarnado. De las promesas de una democracia participativa, en la que los ciudadanos participasen directamente en las decisiones más importantes para la convivencia y la comunidad, se pasó a la realidad de una democracia representativa, producto en un principio de las revoluciones liberales y de la concepción individualista de la sociedad. Entre el pueblo soberano y sus representantes no debían existir cuerpos intermedios o sociedades particulares. Además, el representante no debería estar sujeto a mandato imperativo. Para que no persiguiese los intereses particulares de sus representados, sino los intereses generales de la nación, aquéllos no podían vincularlo o mediatizarlo con instrucciones o exigencias de ninguna clase.

Que «el Gobierno español se ha distinguido por el afán de blindar a los gobernantes frente a los tribunales, dispuesto incluso a ampliar un fuero especial que, aparte de romper con el principio democrático de igualdad ante la ley, supone dar por sobreentendido que los políticos no deben dimitir por meras sospechas, es decir, eliminan la responsabilidad política y convierten en inaccesible la responsabilidad penal». Es una reflexión acertada pero casi optimista. No es sólo que exista ese afán, esa pugna desesperada por conseguir el derecho a la impunidad. Es que la Constitución y las leyes propician la impunidad y obstaculizan gravemente su eliminación. Es que, como en Las avispas de Aristófanes, el aguijón de la ley y de la justicia no parece hecho para actuar contra los poderosos, sino contra el resto de los ciudadanos y fundamentalmente contra los más vulnerables. Añadía Aristófanes que «los jueces obedecen dócil y ciegamente a los gobernantes de cuya voluntad dependen el sueldo, la consideración y el rango». Si alguien osa acusar a un político del poder, el coro de jueces-avispas canta siempre la misma cantinela: «Nunca hubiese tenido tal osadía ese hombre si no estuviese metido en alguna conspiración». Tanto el Gobierno como prácticamente todos los acusados exquisitos han afirmado la existencia de esa conspiración o de esa conjura. No podemos creer, en forma alguna, que fiscales y jueces mínimamente imparciales puedan compartir esa actitud tragicómica de la obra de Aristófanes.

This is another one of those books that he considered enlightening and written by the one known as “Judge Navarro”. I am interested in justice x-ray through the recent history of our country.

In Spain we live a young democracy in which perhaps the time has come to differentiate reality from appearance: or what is the same, discover the certainty or mendacity of what we have been told and if it coincides with what happened, in each and every one of the conflicting assumptions that disturb our political system. Therefore, attempts that try to deepen the knowledge of that hidden “truth or reality”, or in the best of cases tricked or prostituted, are healthy.
If a teenage democracy is wanted to mature and reach the “third age” and become eternally young for those who succeed us, it can not be flawed from the beginning nor can it have hermetic, opaque, forbidden or black areas that constitute a kind of slab, like “sword of Damocles” that at the most unexpected moment falls reopening badly sutured wounds.
The problem arises when you try to investigate the prohibited areas without the “authorization or consent” of those affected.
The “Lords of threatened Power” are not interested at all in that the affected institutions regain credibility, but, if necessary, perish with them, because, in their aberrant approach, these institutions are privately owned plots. That is to say, the servants of power and the citizen have become patrimonial holders of that Power, and their desire to keep it scarcely allows them to see that historically whoever acts in this way ends up in a resounding fall, precisely by clinging to that power and having returned the back to the citizens.
It would not be necessary to say, because it is obvious, but it is worth remembering that, according to our Constitution in its art. 1.2: “National sovereignty resides in the Spanish people, from whom the powers of the State emanate.” Unfortunately in recent years there has been a phenomenon of decapitalization or emptying of this article.

It seems clear that the existence of a judicial body such as the Audiencia Nacional is necessary to deal effectively with the forms of transnational organized crime that point in their actions towards the heart of the structures of the democratic system itself, and that, in any case, they exceed their scope and performance in any local area of ​​competence and require a wider distribution of powers. I know from personal experience that in this area the National Court has always been praised in its territorial extension of competence in the different international forums where its existence has been debated, although it has also received criticism, even by the undersigned, having become some aspects in a bottleneck in which multiple issues are settled without being provided with the procedural solution established by law.
Every time there is more evidence, and the latest events show that until the Fiscal Ministry is integrated with the necessary autonomy within the Judiciary and its governing body (after reform of this) can not speak of true independence of this institution whose visible head is named and replaced by the Government and therefore with an evident theoretical submission, without any self-protection mechanism other than the “heroic attitude” of its owner, presenting the resignation when certain guidelines are imposed, which It can be done either explicitly or tacitly but with similar effects. I am not aware that resignation is the general rule in the history of the office of the attorney general.

When two interests come into conflict, such as the State Security and the investigation of the material truth in the criminal field in cases of investigation of serious criminal purposes, the necessary balance between the most instrumental interest and therefore subject to more exceptions, that of State Security, and the broadest, most fundamental and most needed protection, constituted by the defense and protection of the rights to life, to freedom, to the economic interest of the State itself, and in its violation by crimes of murder, illegal detention or embezzlement of public funds, requires that the first always yield in favor of the second.
Therefore, the thesis of the concealment or subtraction of data, or that of the obstruction of any attempt to investigate and knowledge of those elements necessary for it under the Law of Official Secrets of April 5, 1968, can not prevail. modified by Law 48/1987 of October 7 (articles 2 and 3) or in the Agreement of the Council of Ministers of 11-28-1986, which in section 1.4 grants the nature of reserved subject matter to “everything related to the structure, organization, means and specific operating procedures of the information services, as well as their sources and how much information or data may reveal them ». And this because:
a) This regulation can not cover illegal activities.
b) If that thesis were successful, the principle of absolute impunity of certain persons and areas of State activity would be enshrined.
c) It lacks justification both from the constitutional point of view and from that of ordinary legislation and would also be contrary to all logic.

The situation that has been experienced in Spain for some time makes me say with some regret and pessimism that we are in a kind of crossroads in which indecision prevails, the lack of horizons and alternatives to many of the problems that beset the society. On the contrary, disqualification, demagogy, manipulation and lack of serious analysis of problems have taken over the situation, to the point that the citizen is fed up with everyone and almost everything, with the danger that this entails . It seems as if “someone had taken care to release the halter of all the demons of hell to act on earth.”
In Spain, in a short time, we have gone from a situation of political and social repression to a new, different situation, which precisely because of the unknown has determined that many people to whom the people openly confided hope have betrayed that endorsement.
The phenomena of corruption, the crisis of political parties, the lack of credibility in a certain political class, the absence of horizons in youth, the breakdown of the Welfare State, attacks on the independence of the Judiciary, intolerance, xenophobia and even racism have exploded in full face with virulence. The citizen lives day by day with the soul in suspense, pending the next scandal, waiting with the curiosity of checking if it is bigger than the previous one and making Seneca’s phrase “tomorrow will be worse”. Anyway, when the news does not occur with the expected negative scope, there is a certain discouragement.
We must not forget, finally, what Bobbio said when talking about political power (the Executive): “Power for Power is the most degenerate form of the exercise of any form of power … If the end of politics were really the Power, politics would not do anything. ”

Every totalitarian system ignores, prevents and corrupts justice. Augustine of Hippo said that the only essential difference between a political association and an association of evildoers is justice. The dictatorship is, therefore, an association of criminals who acts and holds power by delegation of the Chief, who is the great capo, il capo di tutti i capi. The totalitarian regimes suppose the fullness of a power without real legal and institutional controls that, by their own nature, are above the laws. It is an irresponsible power or, which is the same, “responsible before God and before history.” Independent of Law and the law and irresponsible before the Law and before the law.

That peculiar Rule of Law needed, like all dictatorships, an Administration of Justice adequate to its essence. The use of justice and judges as an alibi, façade and apparatus has always been a specialty of any self-respecting totalitarianism. The Franco dictatorship was no exception. First there was the persecution and purging of legal professionals contumacious in the service to the Republic, that is, to rebellion. Simultaneously, judicial and fiscal careers (like all public administration) were nurtured by ex-combatants who wanted to continue fighting and by new generations of militants – at least formal – of the winning Francoism, whose judicial armies were forced to oaths as tough as that The Cid will take Alfonso VI in Santa Gadea de Burgos. At the same time there was an ironclad control of all judicial positions of some significance.
But this was not enough. It was necessary to avoid the infiltrations of heretics and perjurers of every kind.

Finally, six essential principles for democratization and civility of justice desired were approved:
-The abolition of the death penalty.
-The full respect for the presumption of innocence.
-The maximum detention period of twenty-four hours.
-The complete judicialization of the penitentiary.
-The total gratuity of justice for those who prove economic insufficiency.

The Pacts of La Moncloa came to suspend or freeze the radical confrontation between the conservative and progressive sectors of the so-called “parliamentary arch” (which never had a quiver or arrows). The economic situation was very serious and was gangrenada by inflation, public deficit and unemployment. The Government of Adolfo Suárez felt the need for a great socio-economic pact that, substantially, moderate the demands of the workers domesticating in the first place the attitude of the parliamentary parties that, poorly enough, assumed the representation of the most disadvantaged social sectors . In fact, since the inauguration of the Constituent Courts, in July 1977, there had been frequent clashes between the opposition parliamentary groups, the Government and the government party, in which certain Francoist remnants dominated by nostalgia had been installed and, in some case, by delaying worries. The social, institutional, trade union, military and police reality itself – full of contradictions and turbulence – paid inertias …
They are the most tenacious enemies of the freedom, dignity and independence demanded by the administration of justice: hierarchical dependence and sociopolitical conformism. Both reinforce the image of the judge-official, holder of a bureaucratic and repressive power. When what was basically demanded, in the dictatorship and in the transition, by the most open and progressive sectors, was the independence of justice from all other powers -public and private-, what reality has been installing is the figure of judges much more independent of the people than of power.
The result has been, as Francisco Gor has pointed out with simple clarity, that “the image of the judge continues to persist in reality more as the holder of a power derived from the State, of a repressive nature, aimed at the persecution and punishment of those who violate the basic norms of coexistence, that as protector of the rights and liberties of the person, that the Constitution highlights as an essential function in a democratic society ».

With the opening of the constituent process, the Spanish people were already becoming, in their immediate juridical and coexistence horizon, a free people that undertook a long road towards an uncertain future but pregnant with hope. Neither the social demobilization caused by the Pacts of La Moncloa, nor the multiplication of prudence and caution trying to assess the brake of impatience, nor the prolonged duration of the process (surprisingly dilated), nor the resistance to it of those who were called de facto powers , nor the accumulation of the serious problems caused by a very deep economic crisis managed to weaken or distort this explosion of hope.
The popular passion for freedom, for justice and for equality was irrepressible. It had caught on so deeply in the conscience and in the enthusiasm of the Spaniards that no firewall (and many were practiced) could stop the fire. It could not be a useless passion.
In a democratic system there can be no powers without democratic legitimization, that is, without an essential link, direct or indirect, with popular sovereignty. Already Article 1.2 of the Constitution proclaims that “national sovereignty resides in the Spanish people, from whom emanate the powers of the State.” This statement is made concrete, as regards the Judiciary, at the beginning of Article 117.1: “Justice emanates from the people”.

Either the judges are independent, or instead of administering justice, they perpetrate it. Either justice is independent of any political, social and economic power, or it is not justice. Without a concrete and effective guarantee of its independence, the Judicial Power is reduced to nothing or becomes, fatally and necessarily, a rude and mean instrument of repression.

The government and the administration of the Judicial Power could not be in the hands of another state power. Nor was it possible to have a “polycentric and dispersed” power (that is, with as many incumbents as there are judges and courts) without a constitutional body entrusted with its government and administration. This body had to meet the precise characteristics to guarantee the external and internal independence of the judiciary, as well as its fullness and sufficiency.
Not even the publicity and transparency of the debates and the votes, which should be a minimum democratic requirement in the functioning of the Council and would force a reasonable objectivity. Both the Professional Association of Judges and Judges for Democracy have denounced the astonishment or outrage caused by certain appointments, much more borderline with prevarication than with elemental rationality. Thus, some outrageous designations have been justified on the grounds that the appointee was a better manager; or it has been named for specialized functions those who had long years exercising others that had nothing to do with those; or candidates who did not meet the legal requirements have been chosen; or the place in question has been vacated, without explaining in any way the reason for such contempt to all candidates.
It was not exactly exemplary that the court of the Supreme Court competent in the “Filesa case” refused to process the request for a petition against Alfonso Guerra requested by Marino Barbero. I confess my legal astonishment before a resolution whose historical-doctrinal precedents I do not know. That the Supreme Court base its refusal on the technical difficulty that an alleged offense “of own hand” can be committed by someone who did not execute it materially is to enter into analysis asaz exquisite dealing with circumstances and characters so marked. In addition, no one can deny the possibility of co-authorship by induction or necessary cooperation. I do not know if the resolution, as Barbero said, was unpresentable. But I believe that it did not dismiss “smoke of good Law” and that it did not contribute to the necessary climate of confidence in the impartiality of justice and in equality before the criminal law. The same Chamber – whose decision was appealed by the Popular Party – again denied the request for a request. “Sostenella e no enmendalla”, in the style of the old Christian.

The Council not only has the faculty of appointment of all the judicial positions of discretionary character, for whose function it can choose freely, without any need to motivate its options, but it also counts on an instrument that can be decisive in the control of the « judicial career »: the disciplinary power. Some experts have questioned the very existence of a disciplinary regime applicable to judges and magistrates, affirming that the judges of the Anglo-Saxon model are not subject to any disciplinary regime and are, nevertheless, precise reference for any system in which it is deeply and rigorously respected. judicial independence and the dignity of the judging function.

It is possible that it provoked the envy of many western governments occupied in this of terrorism. Specifically in Italy, it was a powerful surprise that the extension of detention and the competence of specialized judicial bodies should be received in the light of a democratic constitution.
More barbarism and more state terrorism had to ensue for some to finish understanding the enormity of the problem. Pablo Castellano publicly rectified his previous attitudes of defense of that nauseating law that never constituted Law. Peces-Barba acknowledged in private-we were in the street Barbara de Braganza, in 1988-his mistake and rectification. I am sure that some judges of the Constitutional Court that dictated that sentence would not now be so sure of having applied juridical-constitutional criteria according to, as it should be, social reality and equity.
If in the so-called fight against terrorism subvert and corrupt principles and constitutional and legal guarantees in the name of police effectiveness, which becomes a factual judicial power, paraded in the theoretical judicialization of its activity, the fight against drug trafficking did not have to , to renounce his “chacrita” of emerging law and of exception, with an effective police power. The former ministers Barrionuevo and Ledesma -supported and supported by González- had outlined that extraordinary right against terrorism. Ministers Corcuera and De la Quadra -also with the support and blessing of González- had before them the gigantic enterprise of protecting citizen security against drug trafficking and, in passing, facing the very demands of legality and legal security.

So much crap had been thrown against this judge from all areas of the power felipista, so much discredit had tried to accumulate on Baltasar Garzón, so gigantic had been the campaign of harassment and obstruction of judicial activity, that the decision of the Constitutional Court was expected with a tense alarm. It was inevitable. The lack of constitutional foundation of these resources was clear. They were formulated without having exhausted the ordinary way and were, more than anything else, new instruments of disqualification and contempt for a justice represented in an irreproachable manner – in the legal and democratic field – by Baltasar Garzón. But the expectation and tension existed. It was enough the existence of a few resolutions, such as those analyzed, too benign with political power, too attached to criteria and principles of political opportunity rather than legal requirements and parameters, to give rise to distrust.
The decision of the Constitutional Court has put things in their place.

Any investigating judge knows from experience that when an investigation is ordered to the police that, for some or other circumstances, is annoying or “inconvenient”, the police report ends up being always the same: “The active steps taken have not given an satisfactory result; it will continue to be investigated with the greatest diligence ». It is usually the prologue of an inevitable file. Or, as it is said in the forensic jargon, of an SP (provisional dismissal) that, in the vast majority of cases, becomes an SD (definitive dismissal).

«Civilize» the problem with elementary measures: legalize the supervening objection; radically demilitarize the substitute social service (equalizing its duration to military service), create an alternative civil service to it (with absolute equality of treatment) and go decisively and sincerely towards the creation of a professional army of minimum dimensions (if it was understood necessary for something). But it did not go in this direction, but on the contrary: to harden the objection and the substitute social benefit and to establish an implacable repressive incarceration of the rebels.

The timid socialist opposition served to mention the Catholic Church as the only confession with its own name in the Constitution. Some considered this to be tantamount to a shameful statement of confessional or “overlapping confessionalism.” At the proposal of the centrist group, the Constitutional Draft of April 17, 1978 appeared with its article 15.3 written as follows: “No religious confession will have a state character. The public authorities will take into account the religious beliefs of Spanish society and maintain the corresponding relations of cooperation with the Catholic Church and other confessions.
In the plenary session of the Congress of July 7, 1978, the constitutional rapporteur Gabriel Cisneros Laborda posed the question intelligently: “It is not that we are more papist than the Pope. We simply pretend to be constituents. We are citizens of civil society put to the civilian task of shaping a fundamental norm for a civil Spain.
The Catholic hierarchy had to combine the unavoidable reality of secularization and non-confessionality with the defense of the essential principles of its ideological and practical hegemony in the field of education. At the same time, the parliamentary left was obliged to save the “minimums” of a public and secular education oriented “to develop the critical sense without previous absolute values, religious, moral or economic”.

The right to a dignified death was especially relevant at the request of Ramon Sampedro, a Galician quadriplegic, to be euthanized. He was, many years ago, absolutely immobilized in bed and, through the Right to a Dignified Death Association of Catalonia, he filed his petition before a court in Barcelona. The court denied the claims of Ramón Sampedro alleging formal issues, such as the lack of territorial jurisdiction to enter into the merits of the matter. The Provincial Court was appealed, and it issued a ruling that I had the opportunity to comment at the time.

Belloch’s attitude is unintelligible: he has not explained why the torturers have been systematically granted a pardon, why there is not a single torturer in our prisons, why all of them have continued to belong to the State Security Forces , why the policy of promotion, the decoration and the pardon of the executioners has continued to be practiced until very recently, why the recidivists have been pardoned. He knows very well that torture is an essential element of State terrorism and that torturers are objective and very valuable allies of terrorism against the State. And he knows perfectly well that the impunity of the executioners is the breeding ground for new executioners and new impunities. Hopefully the behavior of the minister and the Government in relation to six of the torturers of Tomás Linaza.
It is not fair to speak about the fight against torture and the impunity of torturers in our country without expressly mentioning the actions of the Association against Torture, created in 1985 by a group of Madrid lawyers. It was its president, until his death, Fernando Salas, a lucid activist of human rights against all manifestations of State terrorism. He was also a lawyer for the popular accusation against the GAL crimes. It created a Court against Torture that, from 1986, denounced, accused and tried before the public opinion the executioners disguised as servants of the State and their numerous accomplices and accessories. I had the honor of working with Fernando in that Court.

Among the unfulfilled promises of democracy are the transparency of power, the elimination of secrecy and the control of power by citizens. It is but the consequence of the growing strength of the oligarchies. Far from being defeated or diminished, the oligarchic power has managed to define “real democracy” as a competition among elites for the conquest of the popular vote.
The process has been discarded. From the promises of a participatory democracy, in which citizens participated directly in the most important decisions for coexistence and community, we went to the reality of a representative democracy, product of a principle of the liberal revolutions and the individualist conception of the society. Between the sovereign people and their representatives should not exist intermediate bodies or particular societies. In addition, the representative should not be subject to mandatory mandate. So that it did not pursue the particular interests of its represented, but the general interests of the nation, those could not link or mediate it with instructions or demands of any kind.

“Spanish Government has distinguished itself by the desire to shield the rulers before the courts, even willing to expand a special jurisdiction that, apart from breaking with the democratic principle of equality before the law, means to imply that politicians they should not resign by mere suspicion, that is, they eliminate political responsibility and render criminal responsibility inaccessible. ” It is a successful reflection but almost optimistic. It is not just that there is that desire, that desperate struggle to achieve the right to impunity. Is that the Constitution and the laws promote impunity and seriously impede their elimination. It is that, as in Aristophanes’ wasps, the sting of the law and of justice does not seem to be made to act against the powerful, but against the rest of the citizens and fundamentally against the most vulnerable. Aristophanes added that “the judges obey docilely and blindly the rulers on whose will the salary, consideration and rank depend”. If someone dares to accuse a politician of power, the chorus of judges-wasps always sings the same chant: “That man would never have had such boldness if he were not involved in any conspiracy.” Both the Government and practically all the exquisite defendants have affirmed the existence of that conspiracy or that conspiracy. We can not believe, in any way, that prosecutors and minimally impartial judges can share that tragicomic attitude of the work of Aristophanes.

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