¿Están En Peligro Las Pensiones Públicas? — Vincenç Navarro & Juan Torres López & Alberto Garzón Espinosa / Are Public Pensions In Danger? by Vincenç Navarro & Juan Torres López & Alberto Garzón Espinosa (spanish book edition)

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Es un interesante breve estudio sobre el controvertido tema y que debe ser leído, claro conciso y didáctico y que además puede servir para generar debate en el cual nos podemos beneficiar la ciudadanía en última instancia.

Es evidente que se ha propiciado un gran cambio moral y en los valores sociales. El equilibrio social en torno al bienestar colectivo ha sido sustituido por un capitalismo insolidario que rompe con la cohesión social. Se ha debilitado a la sociedad para sostener la convivencia en el individualismo y los ciudadanos han quedado envueltos en una avalancha de mensajes que les impiden entender que su situación es la de otros muchos millones como ellos. Y así, aislados, solo saben gobernarse a sí mismos aspirando a salir individualmente de la frustración y del entorno fantaseado por los grandes medios de información y persuasión que los envuelve.
Lo que quieren lograr con esos discursos es muy sencillo: que sean los bancos y no los poderes públicos quienes manejen el ahorro colectivo, y que ese ahorro se gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no equidad o solidaridad entre una generación y otra.
La privatización de los sistemas públicos de pensiones es, posiblemente, una de las medidas más beneficiosas del capital financiero, puesto que permitiría poner en manos de los bancos y entidades financieras volúmenes ingentes de recursos, quizá suficientes para garantizarles el dominio total sobre las economías y las fuentes de creación de empleo, renta y riqueza. Es decir, del poder.

La seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles.
Según la Organización Internacional de Trabajo es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos.
Originalmente, el sistema de seguridad social se financiaba mediante las cotizaciones sociales a lo que más tarde se añadieron fondos de los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, se financian a partir del salario de los propios trabajadores y de los impuestos que pagaban todos los ciudadanos en proporciones que han variado a lo largo del tiempo y en los diferentes países.
Las reformas sucesivas que se han llevado a cabo en España y la aprobación del Pacto de Toledo (1997) establecieron lo que pasó a llamarse «separación de fuentes de financiación». Lo que quiere decir que las prestaciones contributivas se financian a través de las cotizaciones sociales y que las prestaciones no contributivas y universales mediante las aportaciones del presupuesto del Estado (a través de impuestos generales).
Actualmente, las cotizaciones sociales representan aproximadamente el 88,1% de los recursos de la Seguridad Social, y las transferencias del Estado el 8,9%.

En el modelo contributivo reciben pensiones aquellas personas que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Bajo este sistema los empresarios tienen que destinar a la Caja de la Seguridad Social una parte del salario del trabajador en forma de cotizaciones sociales, las cuales se van acumulando en un fondo del que se obtendrán las pensiones en la época de jubilación. Se dice que es un sistema contributivo porque en realidad el trabajador está destinando forzosamente una parte de su salario a un fondo personal del que se obtendrán en su momento las pensiones de su jubilación.
El modelo universalista o no contributivo, en cambio, está basado en los principios de solidaridad entre ciudadanos y bajo su aplicación reciben pensiones todas las personas de una sociedad con independencia de que hayan trabajado o no a lo largo de su vida.

Cualquier proceso hacia la privatización de las pensiones es contemplado socialmente como una pérdida de beneficios, lo que obliga a darle una suficiente cobertura de legitimación que garantice el convencimiento y la aceptación. Pero experiencias como la chilena mostraban que eso iba a ser muy difícil porque sus costes sociales eran muy evidentes, el número de personas que se quedaban sin pensión o que perdían sus derechos era muy alto y eso advertía de los riesgos de todo tipo que habría que correr si la opción se aplicaba sin más en otros países. Eso llevó a que los organismos internacionales, la patronal y los gobiernos neoliberales optaran por una estrategia menos radical y más disimulada.
Las medidas propuestas incluyen:
Reducción progresiva de las prestaciones del sistema público.
Modificación de los sistemas de cálculo, aumentando los años necesarios para acceder a las prestaciones y los tenidos en cuenta para calcular el montante de las pensiones.
Aumento de la edad de jubilación.
Adopción de mecanismos de indiciación que limitaran la posibilidad de mejora sustancial de las pensiones recibidas.
Apoyo fiscal muy generoso a los fondos de pensiones privados.

Expertos en España como Adolfo Jiménez, Camila Arza, Felipe Serrano, Ignacio Zubiri, Vicenç Navarro entre otros, que han demostrado en repetidas ocasiones y por diferentes vías, que las tesis neoliberales de privatización de las pensiones carecen de fundamento y rigor científico. Importantes instituciones como la Organización Internacional del Trabajo o el Consejo de Europa han mantenido posiciones críticas respecto a las propuestas el Banco Mundial. Incluso algunos líderes políticos como la Presidenta del Gobierno chileno, la Sra. Bachelet, que gobernó un país donde tiene vigencia desde la dictadura un sistema de pensiones privado (que poco a poco se pretende revertir) han afirmado claramente a raíz de su propia experiencia, que el sistema privado que se pretende imponer manifiesta grandes deficiencias.
Algunos autores liberales como Taguas y Sáez han denunciado que el coste de la seguridad social en España amenaza con destruir las bases mismas del sistema de pensiones. Según ellos, el coste pasaría de ser el 7,7% del PIB en 2004 a un 17,9% del PIB en 2059, algo que consideran excesivo a pesar de que no es mucho más alto del porcentaje que actualmente dedican a pensiones países de nuestro entorno como Italia (14%). Este error lo ha hecho también el Banco de España y la Comisión Europea.
Este es uno de los errores metodológicos más importantes

Los grandes banqueros y los lobbies de los empresarios pueden presionar a la Unión Europea para que lleve a cabo las reformas que en ningún país se atrevería a tomar la clase política local por el coste político y electoral que conllevaría. Esta es la opinión explícita de Vincenzo Galasso, un analista liberal en cuyo informe aseguraba lo siguiente:
«Las decisiones aquí propuestas podrían facilitarse trasladando la responsabilidad por su establecimiento a la Unión Europea —y muy en especial a la Comisión Europea— lo cual sería posible por el déficit democrático existente en la U. E. Su falta de tener que dar cuentas a la ciudadanía (acountability) permitiría que fuera esta la que impusiera tales decisiones que se tomarían en contra de los deseos de los votantes existentes hoy pero a favor de los intereses de los que todavía no han nacido».
La carga fiscal en España (porcentaje de los impuestos sobre el PIB) es uno de los más bajos de la UE-15, lo que significa que su capacidad recaudatoria dista mucho de haberse agotado. Y dado que en España el sistema impositivo no es demasiado progresivo y está sujeto a un grado enorme de evasión fiscal (por inoperancia de los instrumentos del Estado destinados a evitarla), se podría lograr un gran incremento de ingresos públicos si se fortalecieran las estrategias de lucha contra el fraude y se llevaran a cabo reformas fiscales que hicieran más justo el sistema.

Cuando un trabajador suscribe un plan de pensiones privado lo que está haciendo en realidad es depositar (ahorrar) parte de sus ingresos en un fondo que gestionará una entidad financiera. Esta invierte ese dinero en el mercado financiero de acuerdo a sus propios criterios, buscando en todo momento revalorizarlo a través de procedimientos la mayor de las veces puramente especulativos, y obteniendo ingresos financieras con dichas operaciones.
La rentabilidad de dichas operaciones dependerá del riesgo asumido y del contexto financiero, pero en todo caso la mayor parte de la misma se la quedará el banco.
Solo una parte de dicha rentabilidad será devuelta al trabajador en forma de «intereses del fondo de pensión» al finalizar su vida laboral.

La actividad y los negocios financieros son cada vez más rentables. Eso ha hecho que la gestión de el recursos que movilizan las pensiones públicas sea especialmente atractiva para los intereses privados. Los recursos que mueve el sistema de pensiones públicas se han convertido en un botín con el que muchas entidades privadas sueñan quedarse.
Salvar las pensiones públicas no solo es imprescindible para garantizar el bienestar y la sostenibilidad social. Es un objetivo posible siempre y cuando los ciudadanos se convenzan de su conveniencia y apoyen opciones de gobierno firmemente comprometidas con su mantenimiento. Como en tantas otras dimensiones de la vida social el que se adopten políticas en uno u otro sentido es, al fin y al cabo, una cuestión de preferencias y, sobre todo, de poder para lograr que estas se transformen en decisiones.

It is an interesting brief study on the controversial subject and that should be read, clear and concise didactic and that can also serve to generate debate in which we can benefit citizenship ultimately.

It is evident that a great moral and social change has been fostered. The social equilibrium around collective welfare has been replaced by an unsupportive capitalism that breaks with social cohesion. Society has been weakened to support coexistence in individualism and citizens have been enveloped in an avalanche of messages that prevent them from understanding that their situation is that of many other millions like them. And thus, isolated, they only know how to govern themselves, aspiring to leave individually the frustration and the environment fantasized by the great media of information and persuasion that surrounds them.
What they want to achieve with these speeches is very simple: it is the banks and not the public authorities that manage collective savings, and that these savings are governed with a view to giving private profitability and not equity or solidarity between one generation and another.
The privatization of public pension systems is, possibly, one of the most beneficial measures of financial capital, since it would allow banks and financial institutions to put enormous volumes of resources, perhaps enough to guarantee total control over the economies and the sources of job creation, income and wealth. That is to say, of power.

Social security is a system designed to protect the population of a society against the economic and social deprivation that could affect them.
According to the International Labor Organization, it is the protection that society provides its members, through a series of public measures, against economic and social deprivation that, if not, would cause the disappearance or a sharp reduction in income.
Originally, the social security system was financed through social contributions to which later funds from the General State Budgets were added. In short, they are financed from the salary of the workers themselves and the taxes paid by all citizens in proportions that have varied over time and in different countries.
The successive reforms that have been carried out in Spain and the approval of the Pact of Toledo (1997) established what came to be called «separation of funding sources». This means that contributory benefits are financed through social contributions and non-contributory and universal benefits through contributions from the State budget (through general taxes).
Currently, social contributions represent approximately 88.1% of Social Security resources, and State transfers of 8.9%.

In the contributory model, pensions are received by those who have contributed throughout their working life. Under this system, employers must allocate to the Social Security Fund a part of the worker’s salary in the form of social contributions, which are accumulated in a fund from which pensions will be obtained at the time of retirement. It is said that it is a contributory system because in reality the worker is forcibly allocating part of his salary to a personal fund from which his retirement pensions will be obtained at the time.
The universalist or non-contributory model, on the other hand, is based on the principles of solidarity between citizens and, under its application, all persons of a society receive pensions regardless of whether they have worked or not throughout their lives.

Any process towards the privatization of pensions is socially considered as a loss of benefits, which forces to give a sufficient coverage of legitimacy that guarantees the conviction and acceptance. But experiences like the Chilean showed that it would be very difficult because their social costs were very evident, the number of people who were left without a pension or who lost their rights was very high and that warned of the risks of all kinds that would have to be run if the option was applied without further in other countries. This led to international organizations, employers and neoliberal governments opting for a less radical and more disguised strategy.
The proposed measures include:
Progressive reduction of the benefits of the public system.
Modification of the calculation systems, increasing the years necessary to access the benefits and those taken into account to calculate the amount of the pensions.
Increase in retirement age.
Adoption of indiciación mechanisms that limit the possibility of substantial improvement of the pensions received.
Very generous fiscal support to private pension funds.

Experts in Spain such as Adolfo Jiménez, Camila Arza, Felipe Serrano, Ignacio Zubiri, Vicenç Navarro among others, who have demonstrated repeatedly and in different ways, that the neoliberal theses of privatization of pensions lack foundation and scientific rigor. Important institutions such as the International Labor Organization or the Council of Europe have maintained critical positions regarding the proposals of the World Bank. Even some political leaders, such as the President of the Chilean Government, Ms. Bachelet, who governed a country where a private pension system has been in effect since the dictatorship (which is slowly being reversed), have clearly affirmed their own experience, that the private system that is intended to impose manifests great deficiencies.
Some liberal authors such as Taguas and Sáez have denounced that the cost of social security in Spain threatens to destroy the very foundations of the pension system. According to them, the cost would go from being 7.7% of GDP in 2004 to 17.9% of GDP in 2059, which is considered excessive even though it is not much higher than the percentage currently dedicated to pensions. our environment as Italy (14%). This error has also been made by the Bank of Spain and the European Commission.
This is one of the most important methodological errors

The big bankers and business lobbies can press the European Union to carry out the reforms that no country would dare to take the local political class for the political and electoral costs that would entail. This is the explicit opinion of Vincenzo Galasso, a liberal analyst whose report stated the following:
«The decisions proposed here could be facilitated by transferring responsibility for their establishment to the European Union – and especially the European Commission – which would be possible due to the democratic deficit existing in the U. E. Their lack of accountability the citizenship (acountability) would allow it to be the one that imposed such decisions that would be taken against the wishes of the voters existing today but in favor of the interests of those who have not yet been born ».
The tax burden in Spain (percentage of taxes on GDP) is one of the lowest in the EU-15, which means that its tax collection capacity is far from being exhausted. And since in Spain the tax system is not too progressive and is subject to a huge degree of tax evasion (due to the ineffectiveness of the State’s instruments destined to avoid it), a great increase in public revenues could be achieved if the strategies of fight against fraud and fiscal reforms that would make the system fairer.

When a worker subscribes to a private pension plan, what he is actually doing is depositing (saving) part of his income in a fund managed by a financial institution. It invests this money in the financial market according to its own criteria, seeking at all times to revalue it through procedures that are mostly purely speculative, and obtaining financial income from these operations.
The profitability of these operations will depend on the risk assumed and the financial context, but in any case most of it will remain the bank.
Only a part of said profitability will be returned to the worker in the form of «pension fund interest» at the end of his working life.

The activity and the financial businesses are increasingly profitable. This has made the management of the resources that mobilize public pensions especially attractive to private interests. The resources that move the public pension system have become a booty with which many private entities dream to stay.
Saving public pensions is not only essential to guarantee welfare and social sustainability. It is a possible goal as long as citizens are convinced of their convenience and support government options firmly committed to their maintenance. As in many other dimensions of social life, the adoption of policies in one or the other sense is, after all, a matter of preferences and, above all, of power to ensure that these are transformed into decisions.

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