Leones contra dioses — John Müller / Lions vs Gods by John Müller (spanish book edition)

Este es otro interesante libro que aborda la crisis en España, las tensiones entre los políticos y los mercados, por ciertos que malos que son los políticos de nuestro país salvo raras excepciones.
El enfrentamiento entre leones y dioses comenzó en enero de 2010. Varias generaciones los habían visto coexistir en armonía. Cada uno tenía su palacio en Madrid y su área de competencia. De hecho, los leones se ponían libremente al servicio de los dioses, aunque siempre ambicionaban imponerles reglas en nombre de la soberanía popular. Zapatero rompió este equilibrio con su experimento keynesiano de 2009 que llevó el déficit público a cifras de dos dígitos, sembrando la imagen de que España era una economía desquiciada y poco fiable.
En el resto de Europa este período es conocido como el de la crisis del euro y condujo al rescate de Grecia, Irlanda y Portugal, y al minirrescate de España. Sin embargo, en nuestro país debería ser llamado la Era de las Rectificaciones, porque el aumento de los costes de financiación del Estado llevó a los políticos a plantearse por primera vez la necesidad de someter sus planes a los límites de la realidad.
El resultado es que España ha cambiado. No como algunos esperábamos ante la magnitud del desafío, pero ha cambiado. Y no tanto por las reformas institucionales como por el ajuste asumido por las empresas y familias a través de los impuestos y recortes que han significado nuevos copagos y la merma de servicios públicos. Y en segundo lugar, porque las circunstancias externas variaron. Sólo así se entiende que en dos años el país pasara de pagar 637 puntos de sobrecoste respecto de la deuda alemana a financiarse a una tasa de interés menor que la de los Estados Unidos. Pero no hay que equivocarse, los mercados no han sido derrotados ni complacidos, simplemente miran hacia otro lado.
Por desgracia para los españoles, la momentánea victoria de los leones no significa el fin de la crisis. Lo que se ha saneado y reformado en la leonera es lo justo para detener las hostilidades, pero nada garantiza que dentro de poco no se vuelva a reproducir el enfrentamiento. Al final, la Era de las Rectificaciones ha sido la gran oportunidad perdida para haber modernizado el país. La sociedad española puso en manos de Mariano Rajoy una mayoría absoluta para que acometiera los cambios necesarios. Su pulso ha sido menos firme de lo que cabía esperar. Tal vez se ha sentido atenazado por un síndrome que el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha resumido perfectamente: “Yo sé lo que hay que hacer, pero no sé cómo hacerlo si pierdo las elecciones”.

En enero de 2010, los banqueros admitían que las entidades financieras estaban muy comprometidas en el sector inmobiliario. La Asociación Hipotecaria Española declaró que los promotores debían a bancos y cajas 325.000 millones que no podían pagar. El 60 % del importe correspondía a las cajas de ahorros. El saneamiento que el sector preveía era del orden de 50.000 millones de euros. Sin embargo, las necesidades de financiación ascendían a 300.000 millones y para eso había que buscar dinero en los mercados internacionales, que estaban cada vez más reticentes. Ese recelo era fruto de la desconfianza en la política económica.
Curiosamente, el Gobierno español declaró que su déficit público en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 sería de un 1,5 % y al final fue del 4,5 %,3 y en los de 2009 había presupuestado un déficit del 5,8 % y acabó siendo del 11,4 %. España no manipulaba las estadísticas (aunque después se descubriría que las comunidades autónomas guardaban facturas en los cajones), pero sus previsiones fallaban más que una escopeta de feria. A los mercados las razones les daban igual, el resultado era el mismo. Zapatero se quejaba de una conspiración internacional para acabar con su credibilidad. La verdad es que la responsabilidad era toda suya, ya que, de tanto ver los Presupuestos Generales del Estado como un mero escollo parlamentario, creía que bastaba una alianza oportunista —«de geometría variable», como él la había descrito en 2008— para aprobarlos. Los PGE eran y siguen siendo la ley más importante de una democracia no sólo porque en ellos se expresan las intenciones políticas del Gobierno o el apoyo parlamentario que éste tiene, sino porque su cumplimiento es reflejo de la seriedad de sus autores.

Ningún presidente español llegó al poder en la España democrática con menos formación en asuntos económicos que José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960). El quinto presidente de la democracia es licenciado en Derecho y básicamente se había dedicado toda su vida a la política. Pero a los electores esto no les importó, porque, aunque parezca increíble, la economía —con la excepción del paro— había dejado de ser una preocupación primordial para los españoles. Parecía que la bonanza económica sería eterna y que España era inmune, primero a la crisis asiática, después a la crisis rusa y por último a la crisis puntocom. Para los políticos, la economía dejó de ser importante cuando cayó el Muro de Berlín, en noviembre de 1989.
El comportamiento de los mercados es uno de los procesos más difíciles de adivinar. Muchos elementos inciden en su conducta. Aunque estén dirigidos por algunas de las personas mejor preparadas (y remuneradas) del planeta, los fondos que forman los mercados financieros suelen actuar a veces casi del mismo modo que las muchedumbres que saquean supermercados o que participan en un linchamiento: su proceder es muy difícil de vaticinar. Aunque Zapatero dejara entrever en Davos la tesis de que existía animadversión contra España en el mundo anglosajón, ésta resulta ser más bien la explicación de un político que de un economista. Aunque el expresidente aprendió mucho de economía, ya que tuvo que tratar con decenas de expertos y leer cientos de informes, sobre todo a partir de 2008, Zapatero fue, es y será sobre todo un político.

En esos días se concretaron los recortes, que terminaron afectando sobremanera a la inversión pública, y se produjo una nueva chapuza, cuya responsable fue la vicepresidenta económica, Elena Salgado. El Gobierno era consciente de que los socios europeos recelaban desde hacía mucho tiempo de su capacidad para imponer un ajuste a los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Salgado había cerrado un acuerdo por el que éstas se comprometían con la reducción del déficit, pero tras la adopción del ajuste era necesario un ahorro adicional de 1.200 millones. De paso, Salgado incluyó en el nuevo acuerdo dos medidas importantes: restringió las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas y aplazó hasta 2012 las de los ayuntamientos a partir de la publicación de la medida. Cuando esto se produjo —en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del lunes 24 de mayo— los alcaldes de toda España montaron en cólera, ya que la decisión impedía endeudarse por igual a los ayuntamientos solventes y a los irresponsables y a muchos les pillaba con operaciones ya en marcha en 2010. La oposición de todos los líderes regionales y locales del PSOE fue casi unánime. Se convocaron plenos extraordinarios en las corporaciones locales para rechazar la medida. Así que Salgado, avergonzada, decidió culpar al BOE y dijo que la inmediata entrada en vigor «era una errata» y que la medida sólo se aplicaría desde el 1 de enero de 2011.
El despilfarro autonómico había alcanzado niveles alarmantes: los canales autonómicos de televisión generaron, sólo en 2008, pérdidas de 1.600 millones. Entre 2003 y 2008, se pasó de 163 fundaciones públicas a 541, de las cuales 344 eran autonómicas. Estas fundaciones, junto con unas 3.500 empresas públicas de toda índole, tenían una deuda viva de más de 44.000 millones que se esperaba que llegaría a 55.000 millones en 2010. A finales de 2009, las entidades locales presentaron un déficit de 48.000 millones, mientras que las comunidades autónomas alcanzaron los casi 100.000 millones.
Si por algo se caracterizó el período entre los veranos de 2010 y 2011 fue por la incapacidad del Gobierno de alejar para siempre el fantasma de un rescate, incluso con la prima de riesgo estable. A esto contribuyó el hecho de que los test de estrés de la banca europea de julio de 2010 no lograron disipar las dudas sobre el sector ni sobre la política de fusiones de entidades buenas con malas que se alentaba desde el Banco de España. Es cierto que en julio de 2010 el Tesoro logró colocar los casi 16.000 millones que necesitaba para sobrevivir al mes con más vencimientos de deuda de todo el año, lo que supuso una caída de la prima de riesgo de más de 80 puntos. Pero el 10 de agosto, el presidente del Gobierno se sintió confiado y prometió que recuperaría algunas obras públicas canceladas o aplazadas. La reacción de los mercados fue inmediata: la prima de riesgo subió de 140 a 162.

El 15 de julio la Autoridad Bancaria Europa (EBA, por sus siglas en inglés) anunció el resultado de los nuevos test de estrés a la banca y las dudas reaparecieron: de las ocho entidades que suspendían las pruebas, cinco eran españolas, dos griegas y una austriaca. Necesitaban 2.500 millones de euros de capital, de los que 1.564 correspondían a las españolas. De nada sirvieron los intentos de relativizar el asunto por parte del gobernador del Banco de España, quien argumentó que España había sido el único país que había sometido todas sus entidades a examen. Sus palabras intentaban ocultar la decepción que existía porque el resultado volvía a situar al sistema financiero español en la primera línea de las dudas y porque se comprobó que la pérdida de influencia de España no había permitido convencer a la EBA de que debía aceptar las provisiones genéricas y las obligaciones convertibles como capital de primera calidad, cuestión que parecía razonable.
Los temores a una nueva recesión siguieron castigando a las bolsas, pero los mercados de capitales comenzaron a estabilizarse fruto de la intervención del BCE. El viernes 5 se había producido un hecho histórico, el famoso sorpasso por el cual la prima de riesgo italiana, que siempre había estado por debajo, pasó por encima de la española. Era una muestra de la profunda desconfianza de los mercados y de sus socios europeos hacia el Gobierno de Silvio Berlusconi, que había prometido muchos cambios, pero no los había hecho. También era una prueba de que la inestabilidad era sistémica, fruto de la desconfianza en el euro.
Zapatero era consciente de que ya no tenía más cosas que ofrecer en el altar de los mercados y no estaba dispuesto a asumir un ajuste laboral profundo como el que le demandaba Trichet. Así que el mismo domingo 7, mientras se reunía el BCE, le encargó a uno de sus colaboradores, José Miguel Vidal Zapatero, primo suyo que trabajaba como asesor en Moncloa a las órdenes de José Enrique Serrano y que es profesor de Derecho constitucional, que empezara a preparar una propuesta para incorporar la llamada «regla de oro fiscal» al ordenamiento jurídico español. Vidal sabía que eso sólo sería eficaz si se inscribía en la propia Constitución. Le trasladó sus dudas al presidente: el asunto requeriría una reforma constitucional. Y Zapatero contestó: «Pues la vamos a hacer.

«¿Y si Rajoy dice la verdad?», pregunté. «¿Y si no tiene un plan B?», planteó lúdicamente Guindal. «Pues ése sería el peor de los casos», repuse. El nuevo presidente no le duraría un asalto a unos mercados que se han llevado por delante a muchos políticos empecinados. Nada sería peor que elegir a un líder que no tuviese claro el enorme envite que le esperaba. Rajoy había puesto de manifiesto en el debate con Rubalcaba una gran paradoja: si había dicho la verdad, no se había enterado de la magnitud de la crisis. Y si realmente estaba enterado, no había dicho la verdad. La única esperanza de que arreglara las cosas era que hubiera engañado a los españoles. Era una paradoja parecida a la de Sam Rogers (Kevin Spacey), uno de los ejecutivos de la película Margin Call, que cuando mandaba a sus brókers a vender su compañía para liquidarla les decía: «Vivimos una situación única: ¡nuestro éxito de hoy supone la destrucción de nuestros empleos!».
La situación real era mucho más alarmante, pero no del todo desconocida para el PP. Si Zapatero cumplía su objetivo de déficit y entregaba el país en el 6 %, Rajoy sólo tendría que ahorrar 16.000 millones en 2012 para situar el déficit en el 4,4 % que marcaba el plan de consolidación enviado a Bruselas. Pero el Gobierno de Zapatero no iba a cumplir. Ya el 10 de noviembre la Comisión Europea anunció que el déficit estaba en el 6,6 % y que estimaba una desviación de 21.000 millones entre 2011 y 2012, lo que equivalía a la mitad de la recaudación anual por el IVA. El exministro socialista Jordi Sevilla estimaba que Rajoy iba a tener que recortar 30.000 millones en 2012, lo que suponía que el déficit de 2011 se situaría en el 7,5 %.

Desde fuera del Gobierno se decía que el nombre del vicepresidente económico marcaría su política: si era De Guindos sería más reformador y si era Montoro sería más recortador. Al final, Rajoy logró que los dos aceptaran pacíficamente ser ministros y anunció que él personalmente encabezaría la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, núcleo operativo de la conducción económica, con la ayuda de Álvaro Nadal. Se dijo entonces que esta bicefalia sería motivo de graves conflictos entre De Guindos y Montoro. No ha sido así, aunque hayan existido roces. Pero el que está más cómodo con la situación es Rajoy, que está contento con ambos.
Al final, la decisión de Montoro acabó demostrándose errónea. No sólo no recaudó lo que esperaba, sino que infligió más castigo a la economía al penalizar el crecimiento, es decir, que dio la razón a las advertencias de De Guindos. Al preferir subir el IRPF en vez del IVA, el Gobierno redistribuyó los costes del ajuste de manera más equitativa en el corto plazo pero también provocó más distorsiones que probablemente hayan anulado esos efectos igualadores en el largo plazo. Por decirlo de manera sencilla, mientras el IVA es un impuesto que sólo distorsiona las decisiones de consumo, el IRPF distorsiona las de consumo y las de percepción de rentas, alterando todos los procesos productivos.
La decisión soberana de España declarar su objetivo de déficit y creía que hacerlo despejaría dudas, daría credibilidad a la formulación de las cuentas de 2012 y pondría fin al pulso entre Montoro y Rehn.
El cálculo del Gobierno fue equivocado. El aviso unilateral provocó un gran malestar entre los funcionarios europeos, un malestar que en los días siguientes fue trocándose en desconfianza hacia Rajoy. En la oficina de Olli Rehn, donde no sabían a ciencia cierta qué juego se traían entre manos los españoles, cundía la decepción. Se temían una cadena de promesas de medidas meramente cosméticas y un incumplimiento generalizado. En el BCE la reacción fue similar. En la mente de muchos ciudadanos europeos empezó a cobrar cuerpo la posibilidad de que España acabara siendo rescatada en pocos meses al ser incapaz de adoptar medidas serias a tiempo. La prima de riesgo, que había dado cien días de tregua a Rajoy desde su elección el 20 de noviembre, se disparó.

Los abusos en la caja madrileña fueron de tal envergadura en la etapa de Blesa que, en junio de 2014, un informe interno de Bankia enviado al FROB descubrió que desde 2003 se había establecido una política para altos cargos que consistía en facilitarles una tarjeta de crédito —«black a efectos fiscales», según la expresión del secretario del consejo de Caja Madrid, Enrique de la Torre— para que pagaran sus gastos personales sin dar explicaciones. No se trataba de gastos de representación. Tampoco de un salario en especie, ya que no existían las correspondientes retenciones fiscales. Por tal razón, los responsables de Bankia reclamaron las cantidades gastadas a cuatro directivos, entre los que figuraban Rodrigo Rato; su mano derecha, José Manuel Fernández Norniella; el exdirector general, Matías Amat, y el exdirector general financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, quienes devolvieron 200.000 euros antes del verano de 2014. A los 82 beneficiarios restantes, que sumaban 15 millones en gastos y entre los que se encontraban destacados empresarios, sindicalistas y políticos, cuyas tarjetas habían sido entregadas en la etapa de Caja Madrid previa a la fusión, los nuevos gestores de Bankia no les pudieron exigir legalmente nada pero se entregó la información a la fiscalía anticorrupción.
Otro caso escandaloso se produjo en febrero de 2011, cuando Rato estaba empeñado en sacar adelante la fusión que originaría Bankia. Se enteró y tuvo que suspender el pago de un bonus de 25 millones de euros a diez exdirectivos de la entidad de la etapa de Blesa. Algo parecido sucedía en Novagalicia Banco, la fusión de Caixanova y Caja Galicia, donde cuatro antiguos ejecutivos se habían embolsado 29,8 millones de euros.
El «Decreto De Guindos 1» tenía un triple objetivo: que bajara el precio de los pisos, que fluyera el crédito hacia la economía y que desaparecieran las entidades financieras no viables. El objetivo inmobiliario, sin embargo, parecía prevalecer sobre los demás. El equipo económico del PP en la oposición, formado por Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, estaba obsesionado con la idea de que la banca sostenía artificialmente los precios de los inmuebles para no tener que asumir pérdidas mayores en el balance cuando estos activos bajaran de precio.

Rato dirigió la fusión de siete cajas —Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja Segovia, Caja de Ávila, Caixa Laietana y Caja Rioja— que formaron el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), propietario de Bankia. La operación, que se presentó públicamente en junio de 2010, contó con la bendición de las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco de España, pero estuvo fuertemente condicionada por intereses regionales, especialmente de los líderes del PP en Galicia y la Comunidad Valenciana. Todos los partidos surgidos en la Transición tenían responsabilidades en la gestión de las cajas. Por eso no fue raro que, en julio de 2009, el PP apoyara con sus votos la creación del FROB, herramienta esencial para reestructurar el sistema de cajas, o que Zapatero y Rajoy acordaran en mayo de 2010 las líneas generales que ambos partidos respetarían en el proceso de fusiones y reconocieran sus áreas de responsabilidad e influencia. Ambos no fueron capaces de alcanzar un pacto de Estado para rescatar a la economía española de la crisis, pero sí para solucionar de la forma que mejor convenía a los intereses de sus partidos el fiasco en que se habían convertido las cajas.
Los hechos que dieron lugar a la tormenta perfecta que se llevó por delante la Bankia de Rato y provocaron el rescate financiero de España cuajaron entre marzo y abril de 2012. La prima de riesgo, que marcó 464 puntos básicos al día siguiente de la elección de Rajoy, bajó hasta 334 puntos el día de su investidura (21 de diciembre) y el 1 de marzo marcó 301 puntos, la cifra más baja alcanzada durante el Gobierno del PP hasta entonces. Desde ese momento no pararía de subir. El efecto del sorpasso conseguido en agosto de 2011 se diluyó y la prima española volvió a situarse por encima de la italiana, no sin que el nuevo jefe de Gobierno transalpino, Mario Monti, jugara sucio sugiriendo en público varias veces que España daba «motivos de gran preocupación en Europa». El 12 de marzo Bruselas respondió al desplante de Rajoy, que se había autoconferido un objetivo de déficit del 5,8 %, y lo fijó en el 5,3 %, lo cual suponía un recorte adicional de 5.000 millones. Para subrayar que la actitud del presidente español no les había gustado nada, Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, dijo, rotundo: «La cifra del 5,8 % está muerta».
Bankia se había convertido en el principal dolor de cabeza de Luis de Guindos en materia bancaria. La posible fusión con Caixabank, que finalmente había seducido a Rajoy y De Guindos como solución óptima, había decaído por el desinterés de Rato, que había comprobado que las estructuras de Gobierno de ambas entidades eran incompatibles y sólo desembocarían en una «carnicería» donde los ejecutivos de Bankia llevaban las de perder. Cualquier posibilidad quedó enterrada el 26 de marzo cuando Fainé anunció la compra de Banca Cívica (la integración de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos y Caja Sol) por 977 millones.
El crédito de Bankia había sido degradado por la agencia Moody’s a comienzos de febrero y lo había dejado al borde del bono basura. Según la firma de calificación, la entidad tenía que hacer frente a vencimientos de 20.000 millones en el curso de 2012 y «tenía una baja capacidad de absorción de riesgos». Bankia se defendía asegurando que la rebaja de sus calificaciones era consecuencia de la bajada del rating soberano de España y no de una situación especialmente mala del banco. El argumento sorprendió en el Ministerio de Economía, donde se consideró imprudente y hasta agresivo.
El primer intento de Luis de Guindos por reformar el sector financiero había fracasado. Tanto el ministro como sus colaboradores más cercanos se daban cuenta de ello a medida que tomaban contacto con el sector y empezaban a conocer lo que había en sus tripas. Desde febrero también habían ido adquiriendo conciencia de que el gran problema era Bankia. En marzo, un informe oficial advirtió por primera vez al FROB que el nuevo deterioro de la situación económica —España había vuelto a caer en una recesión— planteaba dudas sobre el cumplimiento del plan financiero de Bankia.8 La posibilidad de que no pudiera devolver las ayudas públicas y de que, por el contrario, requiriese nuevas inyecciones de capital del Estado comenzó a materializarse.

Los afectados por la estafa fueron en su mayoría personas humildes, generalmente ancianos, que confiaban ciegamente en los consejos de los ejecutivos de sus cajas de ahorros. Muchos de éstos ni siquiera conocían a fondo los detalles del producto que vendían. Hay sentencias que favorecen a empleados de Caja Madrid que adquirieron sus propias preferentes sin conocer exactamente los detalles y que se «autoestafaron».
Al modo engañoso en que se vendieron estos productos financieros se añadió posteriormente el supuesto fraude en su operativa. Cuando la gente se dio cuenta de que el producto era perpetuo comenzó a exigir a sus bancos el reembolso. Éstos quisieron ahorrarse conflictos y ofrecieron devolver la totalidad del dinero colocándole la preferente a otro cliente. En la jerga profesional esto se conocía como operativa de case o colocación. En un mercado transparente, los cambios en la percepción del riesgo tenían que reflejarse, por lo que el valor de venta podía ser igual, mayor o menor. A la CNMV le extrañó que siempre los cases fueran por el 100 % del producto. En septiembre de 2011 emitió un informe demoledor sobre los abusos con la operativa que fue enviado al juez Fernando Andreu, instructor del caso.
En mayo de 2013 Bruselas cuantificaba en 39.637 millones. A eso había que sumar las pérdidas privadas de accionistas y, sobre todo, de ahorradores a los que se había vendido preferentes, un producto que nunca debió comercializarse en la red financiera, y la inestabilidad jurídica que se extendió por el negocio hipotecario al ritmo de la campaña contra los desahucios y de las sentencias europeas que detectaron fallos en el sistema.
La reforma de De Guindos recibió críticas, como la del economista austriaco Christian Felber quien consideraba un error que se fusionaran entidades para terminar creando nuevos bancos sistémicos, pero en cambio el FMI habló elogiosamente de ella al señalar que el Gobierno la había aplicado «en forma firme y categórica» y el resultado había «fortalecido sustancialmente al sistema financiero». En septiembre de 2014, Goldman Sachs aseguraba que la recapitalización de la banca española era uno de los factores fundamentales por los cuales las medidas del BCE estaban teniendo un impacto más beneficioso en la economía española que en la italiana.

La crisis del euro no era sólo una crisis de deuda soberana, no era sólo una crisis provocada por la falta de solvencia de las economías periféricas, sino una crisis fruto de la falta de liderazgo en la Unión Europea, una crisis de gobernanza derivada de la ineficiente estructura de la Unión Monetaria. «Eso ha quedado claro con la reciente reacción del mercado al paquete (de rescate y reformas) de España: no creen que sea una crisis española sino europea», decía Jim O’Neill, el presidente de Global Assets Management de Goldman Sachs, quien había inventado el término BRIC (Brasil, Rusia, India y China) para designar a las economías emergentes.

El 29 de agosto, los representantes de grandes empresas españolas agrupadas en el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), un exclusivo club creado en febrero de 2011 y promovido por miembros del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) que nombraron al frente del mismo al exdirector del Instituto Fernando Casado, le habían advertido al Rey del estigma que suponía para el buen nombre de España el término «rescate». «¿Rescate? Es una palabra maldita. En España no debemos usarla», dijo César Alierta, presidente de Telefónica y del CEC, quien interrumpió a uno de los presentes que empleó el término al referirse a la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) comprara deuda española para reducir la prima de riesgo. Pese a que eran conscientes del coste reputacional, la gran mayoría de los grandes directivos quería que el Gobierno solicitara la ayuda. Incluso no teniendo ningún indicador fiable de cuándo, cómo y en qué condiciones iban a poder acceder a los mercados para financiar a sus empresas.

El gran mérito de la caída de la prima se atribuye a Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo (BCE). Esto es así, pero hay dos factores que los críticos de la actuación de nuestros dirigentes olvidan. El primero es que si Draghi contó con un campo de maniobra cada vez más amplio fue porque Rajoy y Monti provocaron un cambio de actitud en el consejo europeo, especialmente en la olvidada cumbre de junio de 2012. Un segundo factor es que la crisis del euro terminó cuando Berlín cesó en sus pretensiones de expulsar a Atenas de la moneda única, cosa que sucedió a lo largo de 2013. «En realidad, la crisis del euro se acaba cuando Alemania deja de querer echar a Grecia del euro», dice un alto cargo del Gobierno. Ese proceso se inició el 21 de junio de 2012, cuando se constituyó el Ejecutivo del conservador Antonis Samarás, que goza de ciertos apoyos socialistas y de independientes de izquierda. El fenómeno cogió velocidad de crucero a partir de la cumbre Merkel-Samarás del 24 de agosto de 2012, donde la canciller alemana se mostró contraria a la salida de Atenas de la eurozona.
La bajada de la prima de riesgo suponía que la fragmentación de la eurozona se había mitigado y que el euro en Madrid volvía a valer lo mismo que en Berlín. También que desaparecía el riesgo que España representaba para las finanzas europeas. Por otra parte, significa que ya no existe ningún aliciente para que el país emprenda reformas que todavía necesita. La prueba es que en 2013 el espíritu reformista del Ejecutivo en cuestiones de calado casi desapareció. Es un claro trade-off, como dicen los expertos, un resultado positivo acompañado de efectos negativos. Los reformistas pierden a su principal aliado, los adictos a la deuda vuelven a respirar y la política vuelve a campar a sus anchas porque, al menos en esta vuelta, los leones han engañado a los dioses.

La Era de las Rectificaciones en España se extendió entre el 28 de enero de 2010, el día que Zapatero subió al escenario del Foro de Davos y situó la economía española al lado de la griega de Papandreu, y el 17 de enero de 2013, cuando los diarios publicaron que Luis Bárcenas había ocultado dinero en Suiza, destapando un escándalo que afecta de lleno al Partido Popular y a su máximo responsable, Mariano Rajoy. Durante ese lapso de tiempo, la prima de riesgo fue la gran protagonista de la vida española. El sobrecoste que debíamos pagar para conseguir dinero con el que financiar nuestro gasto público era un indicador fácil de entender y se volvió extremadamente popular.
Se puede caracterizar este período como el de las rectificaciones en varias dimensiones. Primero porque es el período en que la economía española se ajusta y digiere los excesos de la burbuja de crédito en la que se había instalado desde su entrada en la moneda única. El resultado es horrible: un desempleo altísimo que ha llegado a afectar a la cuarta parte del mercado laboral y más de la mitad de los jóvenes.
Ante la magnitud de estos desafíos cabe pensar si el Gobierno de Rajoy no ha perdido una oportunidad irrepetible de haber reformado a fondo el país. Rahm Emanuel, el primer jefe de Gabinete del presidente Barack Obama, decía «nunca desperdicies una verdadera crisis; quiero decir con ello que una crisis es una oportunidad de hacer cosas que nunca hubieras pensado hacer antes». Lo que todos sospechamos es que, finalmente, con la prima de riesgo, los políticos hicieron lo que siempre habían pensado hacer: distraerla, engañarla, pero no hacerle frente y cambiar las bases económicas e institucionales en las que basa su capacidad de castigarnos.

Desgraciadamente, la salida de una crisis de endeudamiento donde el sector privado español debe casi 3 billones de euros no será por la vía de adquirir nuevas obligaciones, salvo que regalen el dinero o que se desate una hiperinflación venezolana en la eurozona, sino por el aumento de la tasa de ahorro, como advertía insistentemente David Taguas: «Hay que descartar una expansión del crédito por lo que la atención debería centrarse […] en el ahorro nacional y, en particular, en el ahorro de las familias. Y para ello son imprescindible cambios significativos en una política fiscal que penaliza extraordinariamente el ahorro familiar».
Hay dos grandes rectificaciones donde el Gobierno de Rajoy cambió radicalmente el curso de acción. Una fue la reforma financiera y la otra el proceso de consolidación fiscal. La política de Zapatero y de Miguel Ángel Fernández Ordóñez hacia el sector financiero seguía a la que históricamente había alentado el Banco de España en las crisis, es decir, propiciar fusiones de entidades malas con buenas y suplir con tiempo la falta de recursos. Todo ello rodeado del más absoluto hermetismo. Eso cambió con Luis de Guindos que, tras comprobar que la vieja política era muy lenta, la emprendió contra el 30 % del sector financiero que según el FMI estaba dañado (Bankia y otras fusiones de cajas) en una operación que obligó a España a solicitar un rescate a sus socios europeos. El achatarramiento de activos tóxicos fue tan intenso que supuso empeñar más de 105.000 millones de euros en el sector financiero. De ellos, 55.640 millones han sido desembolsados a través del FROB, de los cuales 41.300 millones procedían del préstamo europeo. A eso hay que sumar los 50.781 millones de deuda senior avalada por el Estado con que la Sareb, el «banco malo», adquirió activos inmobiliarios de los bancos nacionalizados (36.695 millones de Bankia, NCG, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y de otros cuatro bancos que han recibido asistencia financiera (14.086 millones de Liberbank, BMN, Caja 3 y Banco Ceiss).

This is another interesting book that deals with the crisis in Spain, the tensions between politicians and markets, for certain that bad politicians are our country except rare exceptions.
The confrontation between lions and gods began in January 2010. Several generations had seen them coexist in harmony. Each had its palace in Madrid and its area of ​​competence. In fact, the lions freely placed themselves at the service of the gods, although they always wanted to impose rules on behalf of popular sovereignty. Zapatero broke this balance with his Keynesian experiment in 2009 that brought the public deficit to double-digit figures, sowing the image that Spain was a deranged and unreliable economy.
In the rest of Europe this period is known as that of the euro crisis and led to the rescue of Greece, Ireland and Portugal, and the mini-rescue of Spain. However, in our country should be called the Age of Rectifications, because the increase in the costs of financing the State led politicians to consider for the first time the need to submit their plans to the limits of reality.
The result is that Spain has changed. Not like some of us expected in the face of the magnitude of the challenge, but it has changed. And not so much for the institutional reforms as for the adjustment assumed by the companies and families through the taxes and cuts that have meant new co-payments and the reduction of public services. And secondly, because the external circumstances varied. Only in this way is it understood that in two years the country will go from paying 637 points of extra cost to the German debt to be financed at a lower interest rate than that of the United States. But do not be wrong, the markets have not been defeated or pleased, they simply look the other way.
Unfortunately for the Spanish, the momentary victory of the lions does not mean the end of the crisis. What has been cleaned up and reformed in the leonera is just enough to stop the hostilities, but nothing guarantees that the confrontation will not be replayed shortly. In the end, the Era of Rectifications has been the great missed opportunity to have modernized the country. Spanish society put in the hands of Mariano Rajoy an absolute majority to undertake the necessary changes. His pulse has been less firm than expected. Perhaps he has been gripped by a syndrome that the new president of the European Commission, Jean-Claude Juncker, has summed up perfectly: “I know what to do, but I do not know how to do it if I lose the elections”.

In January 2010, bankers admitted that financial institutions were very engaged in the real estate sector. The Spanish Mortgage Association stated that the promoters owed banks and savings banks 325,000 million that they could not pay. 60% of the amount corresponded to savings banks. The sanitation that the sector anticipated was of the order of 50,000 million euros. However, the financing needs amounted to 300,000 million and for that, one had to look for money in the international markets, which were increasingly reluctant. This mistrust was the result of mistrust in economic policy.
Interestingly, the Spanish government declared that its public deficit in the 2008 General State Budget would be 1.5% and at the end it was 4.5%, 3 and in 2009 it had budgeted a deficit of 5.8% and ended up being 11.4%. Spain did not manipulate the statistics (although later it would be discovered that the Autonomous Communities kept invoices in the drawers), but their forecasts failed more than a fair shotgun. The reasons did not matter to the markets, the result was the same. Zapatero complained about an international conspiracy to end his credibility. The truth is that the responsibility was all his own, since, considering both the General State Budgets and a mere parliamentary obstacle, he believed that an opportunistic alliance – “of variable geometry”, as he had described it in 2008 – was enough to approve them. . The PGE were and continue to be the most important law of a democracy not only because they express the political intentions of the Government or the parliamentary support it has, but because its compliance is a reflection of the seriousness of its authors.

No Spanish president came to power in democratic Spain with less training in economic matters than José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960). The fifth president of democracy has a law degree and basically had devoted his whole life to politics. But the voters did not care, because, although it may seem incredible, the economy – with the exception of unemployment – had ceased to be a primary concern for the Spanish. It seemed that the economic bonanza would be eternal and that Spain was immune, first to the Asian crisis, then to the Russian crisis and finally to the dotcom crisis. For politicians, the economy stopped being important when the Berlin Wall fell in November 1989.
The behavior of the markets is one of the most difficult to guess. Many elements affect their behavior. Although they are run by some of the best prepared (and remunerated) people on the planet, the funds that make up the financial markets often act almost in the same way as the crowds looting supermarkets or participating in a lynching: their behavior is very difficult to predict. Although Zapatero let glimpse in Davos the thesis that there was animosity against Spain in the Anglo-Saxon world, this turns out to be rather the explanation of a politician than an economist. Although the former president learned a lot about economics, since he had to deal with dozens of experts and read hundreds of reports, especially since 2008, Zapatero was, is and will be above all a politician.

In those days the cuts were materialized, which ended up affecting the public investment greatly, and there was a new fudge, which was responsible for the economic vice president, Elena Salgado. The Government was aware that European partners had long been suspicious of their ability to impose an adjustment on the municipalities and the autonomous communities. Salgado had closed an agreement whereby they were committed to reducing the deficit, but after the adoption of the adjustment, an additional saving of 1.2 billion was necessary. In passing, Salgado included in the new agreement two important measures: it restricted the indebtedness operations of the autonomous communities and postponed until 2012 those of the municipalities from the publication of the measure. When this occurred – in the Official State Gazette (BOE) of Monday, May 24 – the mayors of all Spain mounted in anger, since the decision prevented indebted equally to the solvent municipalities and the irresponsible and many caught them with operations already underway in 2010. The opposition of all the regional and local leaders of the PSOE was almost unanimous. Extraordinary plenums were convened in local corporations to reject the measure. So Salgado, embarrassed, decided to blame the BOE and said that the immediate entry into force “was a misprint” and that the measure would only apply from January 1, 2011.
The regional waste had reached alarming levels: the autonomous television channels generated, in 2008 alone, losses of 1,600 million. Between 2003 and 2008, it went from 163 public foundations to 541, of which 344 were autonomous. These foundations, along with some 3,500 public companies of all kinds, had a living debt of more than 44,000 million that was expected to reach 55,000 million in 2010. At the end of 2009, local entities presented a deficit of 48,000 million, while the autonomous communities reached almost 100,000 million.
If for some reason the period between the summers of 2010 and 2011 was characterized, it was due to the Government’s inability to permanently remove the specter of a rescue, even with the risk premium stable. This was helped by the fact that the European Bank’s stress tests of July 2010 failed to dispel doubts about the sector and the policy of mergers of good and bad entities encouraged by the Bank of Spain. It is true that in July 2010 the Treasury managed to place the nearly 16,000 million needed to survive the month with more debt maturities throughout the year, which meant a fall in the risk premium of more than 80 points. But on August 10, the President of the Government felt confident and promised that he would recover some public works canceled or postponed. The reaction of the markets was immediate: the risk premium went up from 140 to 162.

On July 15, the European Banking Authority (EBA) announced the results of the new bank stress tests and the doubts reappeared: of the eight entities that suspended the tests, five were Spanish, two Greek and an Austrian They needed 2,500 million euros of capital, of which 1,564 corresponded to the Spanish. The attempts to relativize the matter by the governor of the Bank of Spain, who argued that Spain had been the only country that had submitted all its entities to review, were useless. His words tried to hide the disappointment that existed because the result once again placed the Spanish financial system in the front line of doubts and because it was found that the loss of influence from Spain had not allowed to convince the EBA that it should accept the generic provisions and convertible bonds as first quality capital, an issue that seemed reasonable.
Fears of a new recession continued to punish stock markets, but capital markets began to stabilize as a result of the ECB intervention. On Friday 5 there had been a historical event, the famous sorpasso by which the Italian risk premium, which had always been below, passed over the Spanish. It was a sign of the deep distrust of the markets and their European partners towards the government of Silvio Berlusconi, who had promised many changes, but had not made them. It was also proof that the instability was systemic, the result of mistrust in the euro.
Zapatero was aware that he had no more things to offer at the markets’ altar and was not willing to assume a deep labor adjustment like the one Trichet demanded of him. So the same Sunday 7, while the ECB met, he entrusted one of his collaborators, José Miguel Vidal Zapatero, his cousin who worked as an advisor in Moncloa under José Enrique Serrano and who is a professor of constitutional law, Start preparing a proposal to incorporate the so-called “golden tax rule” into the Spanish legal system. Vidal knew that this would only be effective if it was registered in the Constitution itself. He transferred his doubts to the president: the matter would require a constitutional reform. And Zapatero replied: “Well, we’re going to do it.

“What if Rajoy tells the truth?” I asked. “And if he does not have a plan B?”, Guindal raised playfully. “Well, that would be the worst case,” I said. The new president would not last an assault on markets that have been ahead of many stubborn politicians. Nothing would be worse than choosing a leader who was not clear about the huge stake that awaited him. Rajoy had revealed in the debate with Rubalcaba a great paradox: if he had told the truth, he had not known about the magnitude of the crisis. And if he really knew, he had not told the truth. The only hope that he would fix things was that he had cheated the Spaniards. It was a paradox similar to that of Sam Rogers (Kevin Spacey), one of the executives of the film Margin Call, who when he sent his brokers to sell their company to liquidate them, said: “We live in a unique situation: our success today. It means the destruction of our jobs! ”
The real situation was much more alarming, but not entirely unknown to the PP. If Zapatero met its deficit target and delivered the country at 6%, Rajoy would only have to save 16 billion in 2012 to put the deficit at 4.4% that marked the consolidation plan sent to Brussels. But the Zapatero government was not going to comply. Already on November 10 the European Commission announced that the deficit was at 6.6% and that it estimated a deviation of 21,000 million between 2011 and 2012, which was equivalent to half of the annual collection for VAT. Former Socialist Minister Jordi Sevilla estimated that Rajoy was going to have to cut 30 billion in 2012, which meant that the 2011 deficit would be 7.5%.

From outside the government it was said that the name of the economic vice president would mark his policy: if it was De Guindos it would be more reforming and if it was Montoro it would be more cutting. In the end, Rajoy managed to get the two to accept peacefully as ministers and announced that he personally would head the Delegate Committee on Economic Affairs, the operational core of economic management, with the help of Álvaro Nadal. It was said then that this bicefalia would be cause for serious conflicts between De Guindos and Montoro. It has not been like that, even if there has been friction. But the one who is more comfortable with the situation is Rajoy, who is happy with both.
In the end, Montoro’s decision ended up being wrong. Not only did he not collect what he expected, but he inflicted more punishment on the economy by penalizing growth, that is, he agreed with De Guindos’ warnings. By preferring to raise the IRPF instead of the VAT, the Government redistributed the costs of the adjustment in a more equitable way in the short term but also caused more distortions that probably have annulled those equalizing effects in the long term. To put it simply, while VAT is a tax that only distorts consumption decisions, income tax distorts consumption and income perception, altering all production processes.
The sovereign decision of Spain to declare its objective of deficit and believed that doing so would clear doubts, give credibility to the formulation of the 2012 accounts and put an end to the pulse between Montoro and Rehn.
The Government’s calculation was wrong. The unilateral warning caused great discomfort among European officials, a malaise that in the following days was turning into distrust towards Rajoy. In the office of Olli Rehn, where they did not know for sure what game the Spaniards were coming into, there was disappointment. They feared a chain of promises of purely cosmetic measures and widespread non-compliance. In the ECB, the reaction was similar. In the minds of many European citizens the possibility began to take shape that Spain would end up being rescued in a few months because it was unable to take serious measures in time. The risk premium, which had given a one-day truce to Rajoy since its election on November 20, skyrocketed.

The abuses in the Madrid case were of such magnitude in the Blesa stage that, in June 2014, an internal report from Bankia sent to the FROB found that since 2003 a policy for senior officials had been established which consisted of providing them with a credit card. – «black for tax purposes», according to the expression of Caja Madrid’s board secretary, Enrique de la Torre- to pay their personal expenses without explanations. It was not about representation expenses. Nor of a salary in kind, since there were no corresponding tax withholdings. For this reason, the Bankia managers claimed the amounts spent to four managers, among whom were Rodrigo Rato; his right hand, José Manuel Fernández Norniella; the former general director, Matías Amat, and the former financial general director, Ildefonso Sánchez Barcoj, who returned 200,000 euros before the summer of 2014. To the remaining 82 beneficiaries, who added 15 million in expenses and among which were prominent businessmen, trade unionists and politicians, whose cards had been delivered at the Caja Madrid stage prior to the merger, the new Bankia managers could not legally demand anything but the information was handed over to the anti-corruption prosecutor.
Another scandalous case occurred in February 2011, when Rato was determined to take forward the merger that would originate Bankia. He found out and had to suspend the payment of a bonus of 25 million euros to ten ex-directors of the entity of the Blesa stage. Something similar happened in Novagalicia Banco, the merger of Caixanova and Caja Galicia, where four former executives had pocketed 29.8 million euros.
The “Decree of Sour cherries 1” had a triple objective: to lower the price of the flats, the flow of credit to the economy and the disappearance of non-viable financial entities. The real estate objective, however, seemed to prevail over others. The economic team of the PP in the opposition, formed by Cristóbal Montoro and Álvaro Nadal, was obsessed with the idea that the bank artificially held the prices of real estate to avoid having to assume greater losses in the balance sheet when these assets fell in price.

Rato led the merger of seven boxes -Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja Segovia, Caja de Avila, Caixa Laietana and Caja Rioja- that formed Banco Financiero y de Ahorros (BFA), owner of Bankia. The operation, which was publicly presented in June 2010, was blessed by the authorities of the Ministry of Economy and the Bank of Spain, but was strongly conditioned by regional interests, especially by the leaders of the PP in Galicia and the Valencian Community. All the parties that emerged in the Transition had responsibilities in the management of the savings banks. That is why it was not unusual that, in July 2009, the PP supported with their votes the creation of the FROB, an essential tool to restructure the cashier system, or that Zapatero and Rajoy agreed in May 2010 on the general lines that both parties would respect in the process of mergers and recognize their areas of responsibility and influence. Both were not able to reach a state pact to rescue the Spanish economy from the crisis, but to resolve in the way that best suited the interests of their parties the fiasco in which the boxes had become.
The events that gave rise to the perfect storm that Bankia de Rato took ahead and caused the financial rescue of Spain took place between March and April 2012. The risk premium, which scored 464 basis points the day after the election of Rajoy, fell to 334 points on the day of his inauguration (December 21) and March 1 marked 301 points, the lowest figure reached during the PP Government until then. From that moment I would not stop going up. The effect of sorpasso achieved in August 2011 was diluted and the Spanish premium was again above the Italian one, not without the new head of the transalpine government, Mario Monti, playing dirty suggesting in public several times that Spain gave “reasons to great concern in Europe ». On March 12, Brussels responded to the defamation of Rajoy, which had self-reported a deficit target of 5.8%, and fixed it at 5.3%, which meant an additional cut of 5,000 million. To underscore that the attitude of the Spanish president had not liked anything, Jean-Claude Juncker, president of the Eurogroup, said, resounding: “The figure of 5.8% is dead.”
Bankia had become the main headache of Luis de Guindos in banking matters. The possible merger with Caixabank, which had finally seduced Rajoy and De Guindos as the optimal solution, had declined due to Rato’s disinterest, which had shown that the government structures of both entities were incompatible and would only lead to a “butchery” where Bankia executives had to lose. Any possibility was buried on March 26 when Fainé announced the purchase of Banca Cívica (the integration of Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos and Caja Sol) for 977 million.
Bankia’s credit had been demoted by the Moody’s agency at the beginning of February and had left it on the edge of the junk bond. According to the rating company, the entity had to face maturity of 20,000 million in the course of 2012 and “had a low risk absorption capacity”. Bankia defended itself by assuring that the downgrade of its ratings was a consequence of the lowering of the sovereign rating of Spain and not of a particularly bad bank situation. The argument surprised the Ministry of Economy, where it was considered unwise and even aggressive.
Luis de Guindos’s first attempt to reform the financial sector had failed. Both the minister and his closest collaborators realized this as they made contact with the sector and began to know what was in their gut. Since February, they had also become aware that the big problem was Bankia. In March, an official report warned for the first time to the FROB that the new deterioration of the economic situation – Spain had once again fallen into a recession – raised doubts about compliance with Bankia’s financial plan.8 The possibility that it could not return the public aid and, on the contrary, required new injections of state capital began to materialize.

Those affected by the scam were mostly humble people, generally elderly, who blindly trusted the advice of the executives of their savings banks. Many of these did not even fully know the details of the product they were selling. There are rulings that favor employees of Caja Madrid who acquired their own preferred without knowing the exact details and who “self-accused”.
In the deceitful way in which these financial products were sold, the alleged fraud in their operations was subsequently added. When people realized that the product was perpetual, they began to demand reimbursement from their banks. They wanted to save conflicts and offered to return the entire money by placing the preferred one to another client. In professional jargon this was known as case or placement operative. In a transparent market, changes in the perception of risk had to be reflected, so that the sale value could be the same, higher or lower. The CNMV was surprised that the cases were always for 100% of the product. In September 2011, he issued a devastating report on the abuses with the operation that was sent to Judge Fernando Andreu, the case’s instructor.
In May 2013, Brussels quantified 39,637 million. To this we must add the private losses of shareholders and, above all, of savers that had been sold preferentially, a product that should never be traded in the financial network, and the legal instability that spread through the mortgage business at the rate of the campaign against evictions and European judgments that detected failures in the system.
The reform of De Guindos received criticism, such as the Austrian economist Christian Felber who considered it a mistake to merge entities to end up creating new systemic banks, but instead the IMF spoke appreciatively of it by noting that the Government had applied it “in a way firm and categorical “and the result had” substantially strengthened the financial system “. In September 2014, Goldman Sachs claimed that the recapitalization of Spanish banks was one of the fundamental factors why the ECB’s measures were having a more beneficial impact on the Spanish economy than on the Italian one.

The euro crisis was not just a sovereign debt crisis, it was not just a crisis caused by the lack of solvency of the peripheral economies, but a crisis resulting from the lack of leadership in the European Union, a crisis of governance derived from the inefficient structure of the Monetary Union. «That has been clear with the recent reaction of the market to the package (rescue and reforms) of Spain: they do not believe that it is a Spanish crisis but a European one», said Jim O’Neill, the president of Global Assets Management of Goldman Sachs, who had invented the term BRIC (Brazil, Russia, India and China) to designate emerging economies.

On August 29, the representatives of large Spanish companies grouped in the Business Council for Competitiveness (CEC), an exclusive club created in February 2011 and promoted by members of the Institute of Family Business (IEF) that appointed at the head of it the ex-director of the Fernando Casado Institute, the King had been warned of the stigma that the term “ransom” meant for the good name of Spain. “Rescue? It is a cursed word. In Spain we should not use it, “said César Alierta, president of Telefónica and the CEC, who interrupted one of those present who used the term when referring to the possibility that the European Central Bank (ECB) bought Spanish debt to reduce the premium. risky. Although they were aware of the reputational cost, the great majority of the top managers wanted the government to request the help. Even having no reliable indicator of when, how and in what conditions they would be able to access the markets to finance their companies.

The great merit of the fall of the premium is attributed to Mario Draghi, the president of the European Central Bank (ECB). This is so, but there are two factors that the critics of the performance of our leaders forget. The first is that if Draghi had an increasingly wide field of maneuver it was because Rajoy and Monti caused a change of attitude in the European Council, especially in the forgotten summit of June 2012. A second factor is that the crisis of the euro ended when Berlin ceased its claims to expel Athens from the single currency, which happened throughout 2013. “Actually, the euro crisis ends when Germany stops wanting to get Greece out of the euro,” says a halt Government charge. That process began on June 21, 2012, when the Executive of the conservative Antonis Samarás was constituted, which enjoys certain socialist and independent left support. The phenomenon took cruise speed from the Merkel-Samarás summit on August 24, 2012, where the German chancellor was opposed to the departure of Athens from the eurozone.
The lowering of the risk premium meant that the fragmentation of the eurozone had been mitigated and that the euro in Madrid was again worth the same as in Berlin. Also that the risk that Spain represented for European finances disappeared. On the other hand, it means that there is no incentive for the country to undertake reforms that it still needs. The proof is that in 2013 the reformist spirit of the Executive in matters of draft almost disappeared. It is a clear trade-off, as the experts say, a positive result accompanied by negative effects. The reformists lose their main ally, the debt addicts breathe again and the policy returns to the ground because, at least in this round, the lions have deceived the gods.

The Era of Rectification in Spain extended between January 28, 2010, the day that Zapatero took the stage of the Forum of Davos and placed the Spanish economy next to the Greek Papandreou, and on January 17, 2013, when the newspapers published that Luis Bárcenas had hidden money in Switzerland, uncovering a scandal that affects the Popular Party and its head, Mariano Rajoy. During that time, the risk premium was the main protagonist of Spanish life. The extra cost we had to pay to get money to finance our public spending was an easy indicator to understand and it became extremely popular.
This period can be characterized as that of rectifications in several dimensions. First because it is the period in which the Spanish economy adjusts and digests the excesses of the credit bubble in which it had settled since entering the single currency. The result is horrible: high unemployment that has affected a quarter of the labor market and more than half of young people.
Given the magnitude of these challenges, it is necessary to think whether the Government of Rajoy has not lost an unrepeatable opportunity to have thoroughly reformed the country. Rahm Emanuel, the first chief of staff to President Barack Obama, said “never waste a real crisis; I want to say that a crisis is an opportunity to do things you never thought to do before ». What we all suspect is that, finally, with the risk premium, the politicians did what they had always thought to do: distract it, deceive it, but not confront it and change the economic and institutional bases on which it bases its ability to punish us.

Unfortunately, the exit from a debt crisis where the Spanish private sector owes almost 3 billion euros will not be by way of acquiring new obligations, unless they give away the money or that a Venezuelan hyperinflation is unleashed in the eurozone, but by increasing of the savings rate, as David Taguas insistently warned: “We must rule out an expansion of credit, so attention should be focused on […] national savings and, in particular, on household savings. And for that, significant changes are essential in a fiscal policy that extraordinarily penalizes family savings “.
There are two major rectifications where the Government of Rajoy radically changed the course of action. One was the financial reform and the other the process of fiscal consolidation. The policy of Zapatero and Miguel Ángel Fernández Ordóñez towards the financial sector followed that which the Bank of Spain had historically encouraged in crises, that is, propitiate mergers of bad entities with good ones and make up for the lack of resources in time. All this surrounded by the most absolute secrecy. That changed with Luis de Guindos who, after verifying that the old policy was very slow, undertook it against 30% of the financial sector that according to the IMF was damaged (Bankia and other mergers of savings banks) in an operation that forced Spain to request a rescue to its European partners. The scrapping of toxic assets was so intense that it involved pawning more than 105,000 million euros in the financial sector. Of these, 55,640 million have been disbursed through the FROB, of which 41,300 million came from the European loan. To this must be added the 50,781 million senior debt guaranteed by the State with which Sareb, the “bad bank”, acquired real estate assets from nationalized banks (36,695 million from Bankia, NCG, Catalunya Banc and Banco de Valencia) and from four other banks that have received financial assistance (14,086 million from Liberbank, BMN, Caja 3 and Banco Ceiss).

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